AGLI Recortes de Prensa   Sábado 2  Mayo 2015

Pocas reformas, escasos resultados
EDITORIAL Libertad Digital 2  Mayo  2015

El Gobierno volvió a sacar pecho el pasado jueves con la presentación del nuevo cuadro de previsiones económicas, aprovechando, además, los últimos datos de crecimiento económico avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El PIB creció un 0,9% en el primer trimestre y avanza a un ritmo del 2,6% interanual, la mayor tasa registrada desde el estallido de la crisis. Pero la clave, según enfatiza el Ejecutivo, es que esta buena marcha se mantendrá en los próximos años, ya que la economía nacional está entrando en un nuevo círculo virtuoso por el cual crecerá cerca de un 3% y creará una media de 500.000 puestos de trabajo al año hasta 2018. Será entonces cuando, finalmente, se alcance el ansiado objetivo de los 20 millones de ocupados y una tasa de paro próxima al 15%, según dichas estimaciones oficiales.

Tal y como viene siendo habitual, el discurso del Gobierno vuelve a pecar de excesivo optimismo, inadecuada complacencia y, sobre todo, escasa ambición. En cuanto al crecimiento, es cierto, España crece y crea empleo, pero no lo hace gracias al Gobierno, sino a pesar de él. El PP aprobó una reforma laboral positiva, pero insuficiente, para impulsar con fuerza la indispensable creación de empleo. Además, el Gobierno no cerró del todo dicha normativa y, como consecuencia, muchas de sus ventajas están siendo tumbadas por los tribunales de lo social, descafeinando con ello el espíritu y la eficacia de la reforma. El resto de grandes medidas puestas en marcha por Mariano Rajoy se resumen en el rescate de las cajas de ahorros, a costa de los contribuyentes, una histórica subida de impuestos, un exiguo recorte de gastos, la prolongación del agónico y quebrado sistema de pensiones públicas, así como unas muy limitadas medidas de liberalización económica.

Y el problema es que a escasas reformas, exiguos resultados. Según los pronósticos oficiales, el PIB nacional cerrará 2015 con un avance de apenas el 2% con respecto a 2011, la ocupación apenas crecerá en 17.000 personas durante toda la legislatura, la tasa de paro tan sólo se reducirá en un 7%, España registrará el mayor déficit de la zona euro y la deuda rozará el 100% del PIB, tras disparase más de un 40% desde 2011. Es decir, una combinación de mínimo crecimiento, nulo empleo, un paro superior al 20%, déficit elevado y deuda insostenible a medio y largo plazo. El Gobierno se escuda en que la prometida salida de la crisis tendrá lugar en la próxima legislatura, siempre y cuando se garantice la estabilidad política y el rumbo económico iniciado en el presente mandato, pero lo cierto es que la presente legislatura ya se da por perdida, y el resto no son más que vagas e inciertas promesas. Lo grave es que, hoy por hoy, el futuro de la economía española no depende tanto de nuestras fortalezas intrínsecas como del viento favorable del contexto internacional (tipos bajos, caída del petróleo, impulso de la demanda externa...).

El PP ha perdido una oportunidad de oro para acometer las profundas reformas estructurales que precisaba, y aún precisa, España con el fin de entrar en el selecto grupo de países fuertes de Europa, como es el caso de Alemania y las economías nórdicas. Desde el momento en que el Banco Central Europeo anunció a los inversores, en el verano de 2012, que no permitiría la quiebra de España y otros grandes países, Rajoy, haciendo gala de su indistinguible estilo, se cruzó de brazos y, simplemente, esperó a que la tormenta escampara, confiando en el devenir del destino, al igual que hizo Zapatero... Hasta que la fatídica crisis del euro destrozó sus ilusiones. Tarde o temprano, la dejadez de Rajoy acabará pasando factura, tanto al PP como al conjunto de los españoles.

Más impuestos… esto es la guerra
Fernando Díaz Villanueva www.vozpopuli.com 2  Mayo  2015

En la Revolución Francesa cundió la consigna de “ningún enemigo a la izquierda”. Todos trataban de caer en gracia a los más radicales y afinaban el verbo para parecer más revolucionarios que nadie. Al final la cosa terminó como terminó. Normal. La revolución montoresa, consistente en sacrificar todo lo sacrificable para mantener lo “público”, está operando de idéntica manera. A pesar de que España es uno de los países en los que más impuestos se pagan del mundo, la moda entre los políticos es anunciar abracadabrantes planes de consolidación fiscal que, esta vez sí, acabarán con el presunto –pero nunca demostrado– fraude fiscal que se extiende por el país como una espesa mancha de aceite. Luego, se entiende, nadaremos en la abundancia y la crisis habrá concluido.

Fraude fiscal siempre habrá del mismo modo que, en todo tiempo y lugar, hay delincuentes. Que esté ahí la ley no significa que todos se apresten a cumplirla. En este tema de la fiscalidad, además, no se despachan cuestiones de vida o muerte. Por mucho que se empeñen en repetirlo una y otra vez con el dedo enhiesto señalando a la cámara, no es lo mismo defraudar a Hacienda que estrangular a un niño. Tampoco es lo mismo fumarse el IVA en una factura que asaltar a una viejecita por la calle con una recortada. Es algo obvio, de puro sentido común. Los impuestos están ahí para pagarlos sí, pero no hacerlo –o hacerlo en menor cuantía de lo exigido por la ley– no es motivo para administrar al reo la muerte civil sin juicio ni jurado tal y como se viene haciendo de un tiempo a esta parte.

Parece, sin embargo, que el principal y casi único problema que tiene el país es que hay unos cuantos que olvidan sus obligaciones con Hacienda. Y como ese es nuestro Rubicón, pues nada, hay que apretar las clavijas al personal para que adquiera “cultura tributaria” (vulgo: que afloje sin rechistar). El ministro Montoro inauguró un estilo chulesco, a medio camino entre matón de barrio y funcionario de ventanilla, que han ido copiando uno a uno todos los políticos del espectro ideológico. Un espectro, por lo demás, bastante limitado, inscrito en su totalidad en lo que Javier Benegas acertadamente bautizó hace unos días en estas mismas páginas como “consenso socialburócrata”.

Era lógico y esperable que la muchachada de Podemos se arrancase esta semana por bulerías anunciando un programa fiscal total y absolutamente disparatado. De haberlo presentado hace solo seis o siete años nadie se lo hubiese tomado en serio, pero las cosas han cambiado tanto en España que desbarrar en la oposición es moneda casi tan común como la de robar en el Gobierno. Lo han titulado, con un par, “la reforma fiscal que necesita España”, lo cual demuestra dos cosas: una, que empiezan a decir la palabra España sin sonrojo; y dos, que, puestos a montorear, ellos lo harán mejor y con más ganas.

Así, muy resumido, de disponer del ministerio de Hacienda a su antojo, subirían todas las figuras actuales (IRPF, Sociedades, IVA, Sucesiones y los especiales), incrementarían las cargas sociales al trabajo y se reservan la creación de nuevos impuestos, que lo mismo con todo lo anterior no sacan suficiente y les hace falta un estrujón extraordinario. El de Patrimonio, por descontado, lo devolverían a su antigua gloria, que nunca fue demasiada porque este impuesto es, aparte de aberrante en su concepción misma, una herramienta recaudatoria poco potente. Eso sí, sirve para crear la ilusión entre la hastiada plebe de que el que posee paga por ello. Apelar a la envidia y el resentimiento social puede parecer miserable, y de hecho lo es, pero rinde jugosos frutos políticos. Que se lo pregunten a los autodenominados “hijos de Chávez”, que han dejado Venezuela hecha un cromo tras quince años de siembra intensiva de odio.

En las evoluciones ideológico-fiscales del PSOE no entro porque vienen a consagrar el principio revolucionario que enuncié más arriba. Los de Snchz quieren ahora presumir de grandes redistribuidores y, claro, para eso hace falta exprimirnos antes como toallas de piscina. Del Partido Popular nada se puede esperar salvo que se disuelva ordenadamente y sin armar mucho ruido antes de Nochevieja. Ahora bien, Ciudadanos, esa gran esperanza de la España reacia a pegarse un tiro en el pie, tampoco cambia mucho el discurso de hiperfiscalidad, de atraco sin tasa al indefenso contribuyente que, no contento con dedicar seis meses de trabajo a “lo público”, tiene que soportar el apaleamiento continuo de esta chusma erigida en voz del pueblo. El desfile por las sucursales bancarias durante el último mes de simples asalariados, de parados, de jubilados con el DNI en la boca para dar fe de que no blanquean dinero es una metáfora de nuestro triste sino. Nos lo merecemos, esto y todo lo que nos venga, por cobardes, por fantasiosos, por estatólatras y por creer a puño cerrado que la política nos iba a salvar de nosotros mismos.

Ni militancia obligatoria a los partidos políticos ni a los Estados
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 2  Mayo  2015

La convivencia dentro de los grupos es frágil y conflictiva. Cada individuo tiene unos valores y preferencias particulares que no siempre coinciden con los valores y preferencias de otros individuos: sin embargo, un grupo ha de adoptar decisiones unitarias que subsuman todos esos valores e intereses heterogéneos y a menudo irreconciliables de sus numerosos miembros. La divergencia entre las decisiones del grupo y las preferencias y valores de cada una de las personas que lo integran genera tensiones que es necesario resolver para evitar que la concordia degenere en violencia interna. ¿Cómo lograrlo?

Hace 45 años, Albert Hirschman resumió en tres los métodos para resolver los conflictos dentro de un grupo: lealtad, voz y salida. La lealtad consiste en aceptar las decisiones ajenas sean cuáles sean: mis preferencias se subordinan a las del grupo por cuanto no deseo generar desavenencias internas que pongan en riesgo su cohesión. Por otro lado, la voz consiste en dialogar con los restantes miembros para tratar de consensuar una actuación conjunta. Por último, la salida es la separación del grupo: cuando las diferencias de uno o varios individuos se consideran irreconciliables con las preferencias y valores del resto, procede separarse para coexistir en comunidades separadas en lugar de convivir dentro de una misma comunidad.

Los partidos políticos son un ejemplo paradigmático de grupo especialmente conflictivo, dada la enorme variedad de intereses contradictorios y de agendas propias de cada uno de sus militantes. Todos ellos tratan de engañar a los ciudadanos asegurando que liman sus asperezas internas mediante el diálogo y el consenso cuando, en realidad, el mecanismo más habitual para mantener unido al grupo es la lealtad al líder, sobre todo cuando este exhibe un cierto carisma que lo convierta en caudillo natural para tomar por asalto el poder estatal. Eso sí, los miembros del partido se muestran leales al líder mientras éste les prometa resultados que todos crean poder instrumentar en beneficio de sus muy dispares agendas particulares: pero cuando la perspectiva de acceso y reparto de poder se resquebraja, la lealtad en torno al líder –a su estrategia política, a su autoridad o a sus ideas­– también lo hace. Comienza entonces un período más o menos prolongado de “crisis interna” en el que asoman las críticas e incluso las pretensiones por reemplazar al jefe, y que inexorablemente concluye en una pacificación por lealtad (el líder recupera el poder), por voz (transitoriamente las facciones enfrentadas firman un acuerdo de mínimos a modo de armisticio) o por salida (los críticos abandonan el partido).

La política española no ha sido ajena a semejantes navajeos, componendas o implosiones. Zapatero llegó a la secretaría general del PSOE como acuerdo entre las distintas familias socialistas tras la guerra intestina entre Almunia y Borrell y el fracaso electoral del primero; Rajoy tomó el cetro del Partido Popular como heredero dedocrático de la lealtad de la militancia hacia Aznar; y UPyD ha comenzado recientemente a descomponerse toda vez que los cuadros del partido pidieran la cabeza Rosa Díez y ésta se enrocara en su cargo. También Podemos ha pasado a experimentar este lúgubre sino de toda formación política: la lealtad al hiperliderazgo de Pablo Iglesias arrambló con cualquier voz deliberativa procedente de los círculos y las irreductibles diferencias internas sobre la estrategia a seguir ante los primeros nubarrones electorales han provocado la salida del mismísimo Juan Carlos Monedero.

En principio, todos comprendemos y aceptamos como razonable que la garantía última de la libertad individual en ese microcosmos político que son los partidos políticos sea la posibilidad de salirse: sería absurdo pretender que, por ejemplo, Juan Carlos Monedero deba permanecer encerrado en Podemos acatando decisiones políticas de las que reniega y que incluso pueden atentar contra sus convicciones más profundas. En estos casos, el diálogo entre sus miembros no siempre ha de conducir a una única solución consensuada y provechosa para todos: a veces no es posible llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso para todas las partes (por ejemplo, si unos aspiran a radicalizarse y otros a moderarse, la media-radicalidad o la media-moderación lejos de satisfacer a ambos puede dejarlos a todos descontentos) y exigir una lealtad y obediencia inquebrantable al líder sería equivalente a convalidar la servidumbre. Ni la voz ni la lealtad sirven, por lo que la libertad dentro de un partido político exige en última instancia la posibilidad de secesionarse: esto es, exige preservar la posibilidad de que los disidentes abandonen el partido y de que el resto de militantes respeten esa decisión individual renunciando a recurrir a la violencia.

Pues bien, llegados a este punto, la cuestión que indudablemente deberíamos plantearnos es: ¿por qué consideramos indisociable libertad y salida en el caso de los partidos políticos pero, en cambio, no hacemos lo propio en el caso de una comunidad política mucho menos voluntaria en su origen y mucho más coactiva en su desarrollo como es el Estado? ¿Por qué, en definitiva, no admitimos que el respeto a la libertad individual requiere reconocerle a cada persona las potestades más amplias posibles de separación con respecto al Estado?

La no excepcionalidad moral del Estado
Los Estados modernos se cohesionan en torno al culto democrático. En apariencia, la democracia proporciona un dispositivo mediante el cual los distintos ciudadanos consensuan una voluntad orgánica a la que todos le debemos lealtad. Cargar contra el consenso democrático suele equipararse con querer imponerse sobre los demás: si yo no acepto el juicio de la mayoría es que creo ubicarme por encima de la mayoría. Sin embargo, esta tesis tiene dos problemas esenciales, tal como desarrollo ampliamente en mi próximo libro.

El primero es que no existe ninguna voluntad orgánica. El teorema de la imposibilidad de Arrow ha demostrado que, al transformar un conjunto de preferencias individuales dispersas en una decisión colectiva agregada, tan importante como las preferencias son los procedimientos de agregación de esas preferencias. O dicho de otra forma, si mantenemos los votos individuales constantes pero cambiamos el procedimiento mediante el cual los agregamos (la regla electoral), el resultado de la elección puede ser distinto. Y dado que no existe un procedimiento de agregación objetivamente superior a otro (circunscripciones uninominales o plurinominales, mayorías simples, mayorías cualificadas, ausencia o presencia de segunda vuelta, etc.), no cabrá concluir que exista una voluntad orgánica: más bien, existen diversas vías arbitrarias de agregar las preferencias de algunos individuos para que éstas prevalezcan sobre las preferencias de otros individuos.

El segundo problema es que no podemos equiparar el querer imponerles nuestra voluntad al resto de miembros del grupo con no querer que el resto de miembros del grupo nos impongan a nosotros su voluntad. En el primer caso es verdad que el individuo cree gozar de mayor autoridad política que los demás: mis preferencias son más valiosas que las de otras personas y, por eso, estoy legitimado a imponerme sobre ellas. En el segundo caso, por el contrario, el individuo solo rechaza que las demás personas gocen de autoridad política sobre él: sus preferencias no son más valiosas que las mías y, por eso, no están legitimados para imponérmelas. Es en esta última situación donde la desasociación del grupo cobra sentido y razonabilidad:si mis preferencias devienen irreconciliables con las de los demás, debería poder simplemente separarme de los demás.

Las sociedades abiertas ­–incluyendo su vertiente económica: los mercados libres– son el marco institucional que permite la composición voluntaria de relaciones grupales: cada individuo integra aquellas comunidades ­–o efectúa aquellas transacciones– que ese individuo desea, no las que el resto de individuos desean. Que la mayoría de ciudadanos de una sociedad sea católica, del Real Madrid, de Apple o de Podemos no implica que todos sus miembros sean creyentes católicos, forofos del Real Madrid, consumidores de Apple o militantes de Podemos: tampoco en el caso de que esa mayoría de ciudadanos quisiera incluirlos por la fuerza dentro de sus comunidades. ¿Por qué, entonces, no aplicamos la misma vara de medir con el Estado?

Pues no hay razones muy claras para ello. Uno ciertamente puede argumentar que las bases sociales de la convivencia ­–la defensa y la resolución jurisdiccional de conflictos– constituyen un bien público: es decir, un bien que disfrutan todos por ser consustancial al hecho de vivir en sociedad y al que, por tanto, todos tenemos la obligación de contribuir a sostener en tanto en cuanto no hacerlo impediría su provisión. Pero de reconocer y aceptar esta verosímil circunstancia no se sigue que la separación de un individuo o de un subgrupo de individuos del Estado deba estar prohibida: ni funcional ni geográficamente.

No tiene por qué estar prohibida funcionalmente porque que no podamos desasociarnos de la provisión del bien público “orden público y defensa mutua” no implica que no podamos desasociarnos de todas las restantes materias estatales que indudablemente no son bienes públicos. Por consiguiente, el contracting-out ­–la salida– debería ser permisible en áreas tan variopintas como la educación, la sanidad, las pensiones, las subvenciones a empresas o asociaciones, la prohibición de la producción y distribución de drogas, la legislación estatal en materia laboral o la redistribución igualitarista de la renta. Que en ciertos campos pudiera ser indispensable una provisión estatal conjunta no legitima una expansión de las actividades del Estado a todos los restantes campos imaginables y, por tanto, tampoco legitima el deber de obediencia de un individuo a las intervenciones estatales en tales áreas.

Tampoco tiene por qué estar prohibida geográficamente porque, aun cuando el “orden público y defensa mutua” fuera un bien púbico, no es desde luego un bien público que tenga unos contornos geográficos expresamente definidos. Sabemos que Estados tan pequeños como Liechtenstein son capaces de garantizar la provisión de ese mismo bien público, por lo que no parece haber una justificación muy firme para impedir que un subgrupo de ciudadanos se separe y autoorganice políticamente en comunidades mucho más pequeñas que los Estados actuales.

El respeto a la libertad individual requiere que cada persona pueda optar por desasociarse del grupo cuando aprecie conflictos irresolubles entre las decisiones grupales y sus preferencias o valores

En suma, el respeto a la libertad individual requiere que, tal como sucede con las religiones, con los partidos políticos, con las empresas o con los sindicatos, cada persona pueda optar por desasociarse del grupo cuando aprecie conflictos irresolubles entre las decisiones grupales y sus preferencias o valores. Si no existe una obligación de pertenecer a subcomunidades políticas, si entendemos perfectamente que instituir semejante obligación atentaría contra la libertad personal e incluso socavaría la armonía dentro del grupo, tampoco deberíamos apreciar tal obligación en macrocomunidades políticas mucho más extensas, exigentes y comprometidas como son los Estados modernos: no tiene mucho sentido que como individuos estemos legitimados a no someternos a las decisiones democráticas que adopta un partido político del que originalmente decidimos formar parte y que, en cambio, no podamos evitar someternos a las decisiones democráticas de una comunidad estatal de la que originalmente no decidimos formar parte.

Rajoy, autócrata
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 2  Mayo  2015

La designación de candidatos a cualquier elección es uno de los problemas más difíciles de resolver en todos los partidos políticos de cualquier parte del mundo, pero ese es un problema que se da por resuelto en el Partido Popular, como hemos podido comprobar hace unos días cuando don Mariano Rajoy Brey decidió comunicar a un nutrido grupito de empresarios, periodistas e incondicionales, que él sería el candidato del PP en las próximas generales. No dijo que él querría ser, como modesta y mansurronamente hizo doña Esperanza Aguirre en su momento, y refiriéndose meramente a la Alcaldía madrileña, sino que sería. Y para que no hubiese duda alguna sobre la idoneidad de su elección, aseguró a todos los presentes que con él en la presidencia del Gobierno se iban a sentir mejor.
Afortunadamente y, de momento, esa es una decisión que escapa a los infinitos poderes y saberes de don Mariano Rajoy Brey, porque podría resultar que los españoles no supiesen apreciar en toda su grandeza y significación el generoso gesto de don Mariano al nombrarse candidato y exponerse a que los españoles le den la espalda o, dicho de manera más gráfica, a que decidan olvidarse de lo mucho que le deben y la emprendan a patadas en las augustas posaderas de nuestro peculiar autócrata.

Gritos y susurros
¿Cómo es que don Mariano se ha aprestado a manifestar su voluntad y a ejercer ese singularísimo poder, tan sin fondo como sin fundamento, sin esperar a que unos y otros acudiesen en masa a rogarle que diese ese paso? ¿Acaso ha querido evitar que se puede considerar como adulación y puro pelotilleo el grito unánime de los enardecidos cuadros, militantes y votantes del PP a favor de su autonominación?

En esa formación absolutamente autosuficiente e insensible a las veleidades y los cambios de opinión de las turbas, son muchos los observadores que aseguran haber notado un nada escaso pesimismo acerca de la capacidad de Rajoy para aportar votos a unas urnas que las encuestas anuncian con voluntad decreciente en lo que se refiere al partido que tan eficientemente dirige el señor Rajoy, con el apoyo eficacísimo de doña Cospedal y de un buen número de meritísimos varones duchos en las más diversas disciplinas políticas, la oratoria, la persuasión, el liderazgo y la ejemplaridad, por citar sólo las más relevantes. Parecería como si Rajoy hubiese querido ahogar esas voces apenas susurradas aplicando su espada a romper el nudo de dudas y temores que atenaza a algunos atribulados políticos que no osan decir en público lo que repiten a hora y a deshora en los cenáculos matritenses y provincianos.

Un liderazgo sólido
Ya pueden mesarse los cabellos los politólogos tratando de averiguar cuáles son las cualidades que definen al líder, que en el PP tienen perfectamente resuelta esta cuestión, y un sinfín con ella ligadas. Líder, en la vida del PP, es aquel a quien nadie se atreve a discutir, y a estos efectos se ordenan los estatutos y las disposiciones orgánicas que rigen un partido tan singular, de modo que los Congresos puedan aplazarse a placer, las reuniones de órganos de gobierno y control posponerse de manera indefinida, etc. etc. con la sabiduría práctica adicional de que esas reuniones se celebran de manera tal que ya el mismo orden del día prevé que nadie pueda hablar, no sea que vaya a decir algo inconveniente. Hay que reconocer que este modelo de partido favorece decididamente lo que el franquismo llamaba la ordenada concurrencia de criterios, alquitarada aquí al máximo porque criterios no hay más que uno... y a ti te encontré en la calle.

Corrupción y modelo de partido
Hay quien sostiene que no existe relación alguna entre la corrupción y este modelo de partido, “que nadie se mueva hasta que el mando de la orden”, una especie de democracia de amiguetes que ahora parece quiere imitar el señor Rivera, prohibiendo a todo el mundo decir cosas que no haya dicho previamente él, pero la verdad parece precisamente lo contrario. Se trata de una alternativa muy simple: si no hay forma de hacer política aunque se ocupe un puesto relevante, lo normal es dedicarse a hacer dinero, y ya se sabe que un político no va a poner negocios de poca monta en marcha, de forma que resulta evidente que señores tan listos como Trillo y Pujalte tienen que dedicar sus energías a favorecer la vida de las empresas que se adjudican ejemplarmente contratos públicos. Como no tienen que ganarse el afecto de sus votantes, sino tan solo la benevolencia de Rajoy, que desea no ser molestado, es lógico que inviertan su fértil imaginación y mucha sapiencia en asuntos de su interés.


Falta de control del gasto público
Lo peor que se puede decir de los Parlamentos es que fueron inventados para controlar y evitar los impuestos que querían imponer los monarcas y ahora se han convertido en la máquina inagotable de aumentarlos y justificar el gasto público, tanto para la izquierda, que tiene un pase, porque profesa la curiosa creencia de que gastar lo que no se tiene es una buena manera de enriquecerse, como para la derecha, que dice no profesarla, pero se aplica a gastar todo lo que pueda en beneficio de sus amigos y sus votantes, pero como el que gasta es, mayormente, Rajoy, los segundones tiene que dedicarse, como en la parábola evangélica, a recoger las migajas que caen de la mesa del rico Epulón, y es lógico que quieran que a esa mesa lleguen muchos caudales para que los peanuts sobrantes sean mollares, o sea como lo de Bárcenas. Esta es la consecuencia más grave del consenso socialburócrata del que hablaba Javier Benegas en estas mismas páginas, y el tener bien cerrado el sistema de control del partido ha permitido hacer el milagro de que un partido, me refiero al PP, que prometió la bajada de impuestos los haya subido más allá de lo que hubiera imaginado el mismísimo Varufakis, mediocre imitador, a la postre, de las amnistías de Montoro.

Todo tiene que ver, el exceso de poder de Rajoy, la mansedumbre de sus seguidores, la indulgencia de la Justicia, el interés de los potentados, la corrupción sistemática, el miedo como arma política, el secuestro de la información, ese conjunto de cualidades que nos han conducido a una democracia demediada y jibarizada, a olvidar por completo que la democracia o es un control del poder, o no es nada.

Algo hay que hablar
ARCADI ESPADA El Mundo 2  Mayo  2015

Querido J:

Unas preguntas para arrancar. ¿Cuál es la lengua suiza? ¿Y la italiana? ¿Cuál es la lengua canadiense? ¿Y la alemana? ¿Y la belga? ¿Cuál es la lengua española? Desde hace meses un grupo de personas opuestas al secesionismo catalán, pero no necesariamente opuestas al nacionalismo, que forman parte en su mayoría del colectivo Sociedad Civil Catalana, tratan de que la respuesta a la pregunta de cuál es la lengua española sea tan problemática como la respuesta a cuál es la lengua suiza. El grupo, en el que destaca la filóloga Mercè Vilarrubias, pretende que una ley de lenguas sitúe en el mismo rango de oficialidad el castellano, el catalán, el gallego y el vasco.

En el mapa de los nacionalismos el caso español es relativamente particular. A diferencia de lo que sucede en Bélgica, en Canadá, en Suiza, de lo que sucedía en la antigua Yugoslavia y de lo que por desgracia no sucede en Europa, una lengua común, una koiné propia, por así decirlo, opera con eficacia en todo el territorio. Tanto por sus tensiones nacionalistas como por la existencia de la koiné inglesa, solo el caso británico es comparable. Trasladada a Gran Bretaña (donde, por cierto, no existe el concepto de lengua oficial), la propuesta de Vilarrubias, explicitada por última vez en el artículo del diario El País del 24 de abril, supondría que en el parlamento del Reino Unido se hablara galés o que en la rotulación de los edificios oficiales, en la radiotelevisión pública y en las ceremonias estatales se introdujera esa lengua. Y así pretende hacer la filóloga con las cuatro lenguas cuatro que se hablan en España.

Hay dos maneras de tomarse la propuesta lingüística que, según Vilarrubias, impulsan «sectores reformistas» de Cataluña. Una, como un mero enjuage tercerista que añada más bullshit al aciago discurso público español sobre la cuestión. Es sospechoso comprobar, en este sentido, que ni nuestra filóloga ni sus acompañantes hayan hablado aún del lugar en que quedaría la inmersión lingüística catalana después de promulgada la ley de lenguas. España es el único lugar del planeta donde algunos padres no pueden educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. ¿No te parece, querido amigo, que sería de gran interés saber en qué medida el paso de una a cuatro lenguas modificaría esa cuestión trascendental? ¿Y por qué me recordará la filóloga and friends a esos acérrimos federalistas que jamás responden a la pregunta inicial y obligatoria de qué haría su federalismo con los privilegios vasco-navarros? La segunda manera es tomársela en serio. Dar por hecho que la propuesta no responde a la palabrería general y que la nueva ley supondría una reforma en profundidad del sistema lingüístico del Estado. Para resumírtelo: esa ley permitiría que un hablante del vasco no tuviera que renunciar a su idioma en ningún trato con la España oficial. Desde la Guardia Civil hasta la megafonía de Renfe (¡santo cielo!), pasando por juzgados, televisiones, Congreso y oficinas de Hacienda o cuarteles. De las escuelas ya he hablado unas líneas más arriba. Todo lo que no sea eso, insisto, es charanga y pandereta, completamente impropia de personas respetables.

La reforma implicaría una murga inenarrable y fatídica. Pero yendo a lo contable, implicaría una inversión espectacular. No me pregunto de dónde van a sacar el dinero: ya se entiende que de mi bolsillo. Lo que me pregunto, sobre todo, es cómo justificarían una inversión de esa naturaleza en la España del déficit, la desigualdad y la deuda. No dudo que la ley supondría un plan E específico para traductores, pedagogos, cartelistas y carteristas; pero me temo que no se trata del tipo de plan de empleo que los millones de parados españoles necesitan.

Sin embargo, más que inmoralidad detecto ahí falta de aritmética. La inmoralidad está en otro punto. Los promotores de la ley se muestran en apariencia contrarios al nacionalismo. A algunos de ellos los conozco y aseguraría que su actitud ante el nacionalismo es sincera. El principal de sus reproches es que el nacionalismo ha monopolizado el espacio público. Eso es lo que quieren decir, cuando dicen y decimos, que el nacionalismo es algo más que una ideología. El espacio lingüístico español es una metáfora perfecta de la característica principal del espacio público: no es que al espacio púbico deba acudir cada cual con su ética, sino que cada uno acude allí con la ética común.

Alguien podrá lamentarse de que esa ética no sea catalana, vasca o gallega. Y será un lamento tan legítimo como imposible de satisfacer. Pero la alternativa a la koiné castellana no es la koiné vasca, gallega o catalana: es la desaparición de la koiné. Una lengua suele ser un desgraciado factor de diversidad. Nada que celebrar. Es sorprendente que presuntos antinacionalistas atenten contra el raro ejemplo de unidad que ofrece la lengua española, que es la única lengua española, por cierto. En su propuesta hay una radical incomprensión de lo público, por otra razón. Lo público es neutral y ejemplar. Un modelo a seguir. Así pues, lo que en el fondo pretenden los promotores de la propuesta, hayan pensado en ello o no, es que se reproduzca esa cooficialidad en el conjunto social. La cooficialidad de fronteras. Lo que tan bien retrata aquella patética imagen de un dirigente nacionalista vasco y otro catalán (¡cuyos nombres no consigo recordar!) hablando durante la república con la asistencia de un intérprete.

Last but. La concesión profunda al nacionalismo que supone la propuesta. Su adhesión. Varios de sus promotores reconocen y ensalzan su valor simbólico y eso implica compartir con el nacionalismo que una lengua es algo más que un instrumento de comunicación. La letal plusvalía. Frente al mito, la radical y serena indiferencia de Albert Boadella en Gente que vive fuera: «Algo hay que hablar.» En efecto, algo hay que hablar. Y da lo mismo lo que concretamente se hable. De ahí que la proliferación de lenguas atente contra la función del lenguaje, que es posibilitar la comunicación humana. Y de ahí que sea obligación moral de los hombres trabajar para que el número de lenguas disminuya y abstenerse de someter ninguna de ellas a carísimos tratamientos en la sala de reanimación artificial.

Sigue con salud
A.

Canadá obligará a eliminar una ley por cada nueva ley aprobada
Tras años recortando gasto e impuestos, ahora le toca el turno a la sobrerregulación.
DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ Libertad Digital 2  Mayo  2015

Desde hace dos décadas, Canadá ha dado un giro de 180 grados en lo tocante a su planteamiento económico. Si hasta mediados de los 90 el país norteamericano se caracterizó por desarrollar un modelo de crecimiento en el que el Estado llevaba la voz cantante, los veinte últimos años han supuesto un progresivo movimiento hacia posiciones liberales, al hilo de fuertes recortes del gasto y los impuestos.

Esta apuesta irá a más en los próximos años como consecuencia de la nueva ley contra la sobrerregulación que acaban de aprobar las autoridades canadienses. La norma en cuestión, conocida como la Ley de Reducción de la Burocracia, acaba de entrar en vigor. ¿Qué supone esta nueva regla? En esencia, que por cada nueva ley aprobada, será obligatorio eliminar una de las que ya estén vigentes.

Tal y como ha explicado el ministro Tony Clement, "Canadá es el primer país que adopta una medida así. Durante años, esta máxima ha estado vigente a la hora de desarrollar nuevas leyes. En paralelo, también se ha procurado que cada nueva norma vaya emparejada con un estudio de los costes que acarrea".

La sobrerregulación no es un problema menor: en Canadá, la Federación de Negocios Independientes cree que las distintas normativas vigentes en la actualidad tienen un coste total de 28.000 millones de euros (equivalentes a unos 37.000 millones de dólares canadienses).

Evidentemente, es imposible acabar con todos estos gastos derivados de las leyes, pero el citado estudio sí ve realista un recorte equivalente al 30% que supondría un ahorro de casi 9.500 millones de euros al año. Este tajo se conseguiría acabando con requisitos burocráticos que no afectan a los aspectos más esenciales de las leyes de protección empresarial.

Existe un precedente que apoya la tesis de la Federación de Negocios Independientes: en la Columbia Británica, una de las provincias del país canadiense, una iniciativa de desregulación ha permitido que el coste de las regulaciones empresariales dependientes de dicha instancia gubernamental haya caído un 40%.

El Gobierno nacional es consciente de esta oportunidad para el crecimiento. El primer ministro, Stephen Harper, ha llegado a afirmar que las regulaciones son, a menudo, "un asesino silencioso que mata miles de empleos". Los estudios le dan la razón: uno de cada cuatro empresarios confiesa que solamente por las regulaciones no cree que recomendaría a sus hijos que sigan sus pasos y se dediquen a ser empresarios.

El rescate de CCAA y Ayuntamientos cuesta 185.000 millones de euros
El dinero destinado por el Gobierno a salvar autonomías y entes locales multiplica casi por cuatro el rescate de las cajas.
Libertad Digital

Durante estos años de crisis se ha hablado, y mucho, del rescate público del sistema financiero y su elevada factura para el conjunto de los contribuyentes. Sin embargo, sobre esta polémica cuestión se suelen cometer dos errores fundamentales:

  • En primer lugar, que el Estado español no ha salvado bancos privados, sino cajas de ahorros, entidades semipúblicas dirigidas y controladas por políticos y agentes sociales (sindicatos y patronal).
  • Y, en segundo término, que el coste de dicha intervención, siendo elevado (unos 50.000 millones de euros en términos netos), no explica, ni mucho menos, el histórico aumento que ha registrado la deuda pública desde el estallido de la crisis (unos 650.000 millones extra desde 2007).

Asimismo, llama la atención que haya pasado desapercibido para la mayoría de la opinión pública otro rescate que, aunque más desconocido, ha resultado mucho más oneroso para el bolsillo de los españoles. Y éste no es otro que el plan de salvación orquestado por el PP para evitar la quiebra de comunidades autónomas y entes locales.

Desde 2012, el Gobierno ha aprobado diversos mecanismos de financiación para cubrir los gastos estructurales y las factura pendientes de la Administración territorial, ahogada por las deudas y muy reticente a acometer los drásticos recortes necesarios para cuadrar sus abultados agujeros presupuestarios. Y ello, a pesar de la supuesta descentralización de las cuestas públicas.

Los más importantes son el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores, aunque también se han puesto en marcha otras medidas complementarias para paliar la insolvencia de organismos autonómicos y locales.

Pero el dato más relevante es su alto coste para los contribuyentes. La factura del rescate autonómico y municipal asciende a un total de 184.460 millones de euros durante la legislatura (entre 2012 y 2015), según la Estrategia de Política Fiscal publicada el pasado jueves por el Ministerio de Hacienda.

El dinero destinado al FLA entre 2012 y 2014 ronda los 62.800 millones, mientras que el Pago a Proveedores rozó los 42.000 millones de euros. A ello, cabe sumar la línea ICO (5.397 millones) y otras medidas de liquidez por valor de 23.886 millones de euros. En 2015, todos estos mecanismos son sustituidos por un nuevo Fondo de Financiación, cuya cuantía asciende a casi 39.900 millones, y otras medidas complementarias por valor de 10.700 millones, tal y como muestra el siguiente cuadro.

Aunque el FLA y el resto de mecanismos se crearon con carácter temporal para auxiliar a las entidades territoriales con graves problemas de solvencia, finalmente, se han convertido en medidas permanentes. El Gobierno aprobó un decreto a cierre de 2014 para profundizar "en el proceso de mutualización de la deuda de las Comunidades Autónomas y de Entidades Locales", tal y como recoge la Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 publicado el jueves.

De este modo, el Ejecutivo transformó la naturaleza de estos mecanismos para convertirlos en "un instrumento más de financiación de las Comunidades Autónomas, garantizándose mediante este proceso que las administraciones territoriales puedan financiarse a través del Tesoro Público al menor coste posible". En concreto, creó un mecanismo conjunto de apoyo a la liquidez consistente en el "Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas", así como un "Fondo de Financiación a Entidades Locales", para atender algunas de sus principales necesidades financieras.

Es decir, lo que hizo el Gobierno fue, básicamente, mutualizar la deuda autonómica y local para que todos los contribuyentes españoles paguen de su bolsillo la mala gestión, excesos y desmanes de los políticos territoriales, con independencia de si viven o no en esa autonomía o ayuntamiento, y, por tanto, sin que hayan participado de forma directa en la elección de esos irresponsables gobernantes.

El siguiente gráfico muestra la cuantía del rescate territorial durante la presente legislatura en función de los años y los distintos mecanismos empleados.

La factura total de este masivo plan de salvamento político roza los 185.000 millones entre 2012 y 2015, casi cuatro veces más que el rescate de las cajas de ahorros. De hecho, una parte sustancial del aumento que ha registrado la deuda pública durante este período responde al rescate autonómico y local, una vez excluidas las necesidades de financiación derivadas del déficit presupuestario.

Así, tal y como se observa en el siguiente cuadro, la deuda se ha disparado en casi 30 puntos del PIB entre 2011 y 2015 (más de 300.000 millones de euros), pero de esta cifra unos 12 puntos del PIB corresponderían al FLA y al Plan de Pago a Proveedores (FFPP), mientras que la "recapitalización del sector financiero" apenas representa 3,8 puntos de aumento durante el mismo período.

Esto explica por qué, a pesar de que todas las autonomías han disparado su deuda desde 2011, el dinero que le deben a los mercados crediticios apenas ha crecido, mientras que su deuda pendiente con el Estado (Gobierno central) se ha disparado, tal y como refleja el siguiente gráfico.

Es decir, en lugar de recurrir a los mercados privados para financiarse, el Gobierno ha prestado ingentes cantidades de dinero a autonomías y entes locales haciendo uso del bolsillo de todos los contribuyentes.

El Estado ha sustituido al mercado privado en la financiación territorial, lo cual genera graves incentivos perversos, ya que la devolución, el plazo y la posible condonación de dichos pagos se determinará a partir de ahora por criterios políticos (Gobierno central de PP o PSOE, por ejemplo, perdonando deudas o evitando ajustes a entes en manos de éstas u otras formaciones por motivos políticos a costa, eso sí, del siempre sufrido contribuyente).

****************** Sección "bilingüe" ***********************

NAVARRA, REINO DE ESPAÑA
Una provincia con una lengua común y varias secundarias
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 2  Mayo  2015

En campaña se debate el futuro lingüístico de Navarra. Se miente sobre su pasado. Y se oculta el dinero que se derrocha en el presente en manipular una identidad.

En Navarra hay un problema lingüístico. Mejor dicho, hay una serie de cuestiones abiertas sobre la lengua o las lenguas de los navarros, que vertebran una parte del debate político y que se prestan a interpretaciones más o menos interesadas por las distintas partes. No hay que negar que el debate existe, sino más bien definir sus límites razonables y plantear soluciones.

En el fondo, lo esencial son las soluciones. Las lenguas –y esto ya se ha escrito- son instrumentos de comunicación antes que signos de identidad, son códigos al servicio de las personas y no bienes absolutos a los que las personas puedan o deban someter sus vidas. Tampoco esto debería tenerse que recordar, porque nuestros antepasados actuaron en consecuencia, con sentido común, desde hace milenios; pero una parte de las fuerzas políticas, sociales y culturales de Navarra –una minoría muy activa, pero minoría al fin- ha perdido de vista este razonable orden de prioridades.

Pese a lo dicho en los dos párrafos anteriores, no voy a expresar aquí una opinión sobre el euskera, o al menos el vascuence no va a ocupar el centro de mi reflexión. Porque, como escuché hace mucho de una persona que sabe de educación mucho más que yo, el euskera no es la primera lengua de Navarra –nunca lo ha sido- y no es tampoco la segunda: la segunda lengua más hablada en Navarra es hoy el árabe, y el vascuence sólo la tercera. Así, Navarra, que durante siglos ha sido bilingüe asimétrica, está recuperando por vía de hecho el multilingüismo de los milenios anteriores.

En la tierra que hoy llamamos Navarra se han hablado, que sepamos, dialectos antecesores del actual vascuence, lenguas indoeuropeas precélticas, lenguas célticas, el latín, lenguas germanas, árabe de los invasores musulmanes, romances hispanos nacidos en este solar y hoy mayoritarios –la base de nuestro castellano-, romances ultramontanos traídos por los francos. Hoy, junto a consistentes grupos de eslavófonos, de rumanos y de árabes, por ejemplo, los habitantes de Navarra hablan castellano –la lengua española mayoritaria- y vascuence. Una variedad que, como siempre, los navarros tendremos que gestionar; un cúmulo de problemas, pero también un filón de oportunidades.

Qué hablan los navarros, digan lo que digan sus políticos
En medio de esta campaña feroz en la que no todos dicen todo lo que piensan, nuestros gobernantes deben gestionar los problemas, pero no deben renunciar a hacerlo desde el rigor y la coherencia con sus propias ideas y principios. En el caso de la política lingüística, si consideramos un valor esencial la defensa de los intereses de los navarros de hoy y de mañana, es preciso romper algunos tabúes.

El español es la lengua de todos los navarros. Es un hecho; es nuestra koiné, la lengua materna de una amplísima mayoría –incluso de muchos que aspiran a otra cosa-, la lengua que mantiene unida la sociedad navarra y que mantiene sus vínculos con el resto de España. Es una lengua íntimamente nuestra, no impuesta, que desciende ininterrumpidamente del latín traído por Pompeyo y por los Gracos. El vascuence es una lengua navarra; no es la lengua de todos los navarros ni nunca lo ha sido, sino que coexiste en ciertas comarcas y familias desde hace milenios con la lengua común y se extiende ahora en su conocimiento –mas no en su uso real- por razones exquisitamente políticas (ideas de unos, complejines de otros). Es, de todos modos, una lengua navarra, en su variedad y pluralidad, mucho antes que de ninguna otra provincia de España. Pero esto no evita tensiones derivadas de una determinada ideología, más que de los hechos objetivamente considerados.

Las instituciones han dedicado y dedican medios ingentes a la promoción del vascuence, a financiar su enseñanza y a favorecer su empleo como lengua vehicular en el sistema educativo. Es bueno que sea así, aunque nunca debería aceptarse la imposición legal, administrativa o fáctica de los modelos lingüísticos en o con la lengua minoritaria, especialmente si la voluntad de los padres y de los alumnos no puede ser totalmente libre. Serían precisos ciertos controles y salvaguardias, y cabe pensar en una política más liberal en la atención a la diversidad lingüística, incluyendo el fin de la actual zonificación. Estos retoques siempre se podrán hacer, si los medios siguen existiendo y si se gestionan también en el futuro desde un ideal de servicio a los navarros.

Pero la llamada "atención a la diversidad", en especial en el sistema educativo, se enfrenta a nuevos retos. Hay personas y comunidades humanas que, sin ser navarras, viven y trabajan en Navarra; y sus hijos acuden a nuestras aulas, y requieren una atención diversificada e intensa –si queremos que su escolarización sea más que una ficción-. Y sin embargo nos enfrentamos a un problema de medios evidente: cientos de niños y jóvenes inmigrantes, en muchos casos sin ningún conocimiento del español –figúrense ustedes del euskera- son escolarizados sin que haya suficientes aulas específicas para ellos, apoyos para su aprendizaje lingüístico o profesorado con una capacitación específica en sus lenguas de origen.

Y nuestro principal problema lingüístico radica hoy ahí. Se da la paradoja de que, en determinados Institutos y Escuelas –por ejemplo de nuestra Ribera- no se repara en medios para ofrecer el euskera como asignatura, incluso cuando se trata de uno o dos alumnos e incluso cuando su lengua materna es el castellano. Y mientras tanto no hay medios para atender en auténticas y graves necesidades a cientos de personas a las que acogemos en nuestras aulas y que, por ese mismo hecho, tienen idénticos derechos. De este modo, ni se respetan los derechos del alumnado ni se atiende su diversidad de origen ni se puede dar –ni con buenísima voluntad por parte del profesorado- una educación de calidad.

En este caso, la responsabilidad no es de los gobernantes, sino de todos los que vivimos en Navarra. Los políticos no pueden aumentar ilimitadamente los medios disponibles. Se trata de atender el problema lingüístico y educativo de la Comunidad adjudicando con equidad y justicia, con mesura y sin anteojeras ideológicas, los recursos ya disponibles. En cuanto a las lenguas, la primera necesidad es lograr de toda la población escolarizada un conocimiento profundo, escrito y hablado, de la lengua oficial del Estado, lengua común a Navarra y todas las provincias vecinas. La segunda necesidad, subsidiaria de la anterior, es favorecer el acceso a esa lengua de quienes llegan a nosotros sin poseerla. Y también es importante, pero no más importante, favorecer la tradicional variedad de hablas en Navarra, incluyendo el euskera y sus dialectos, como es importante por último favorecer el dominio de las grandes lenguas europeas. Con medios limitados, sin duda; ojalá sean más y puedan dedicarse aún más al vascuence. Pero entre tanto hay que pedir sentido común en los gestores y altura de miras en todos. De un problema podemos hacer una oportunidad. España y Navarra lo merecen.

Un buzón en Andoain
Santiago González El Mundo del País Vasco  2  Mayo  2015

La familia de Joseba Pagaza va a recurrir la decisión de la alcaldesa de Andoain de retirar el buzón de Joseba, instalado por la familia al cumplirse el duodécimo aniversario de su asesinato el pasado 8 de febrero en el bar Daytona, para que los convecinos pudieran expresar de manera anónima lo que tal vez venían pensando calladamente desde hacía mucho tiempo. Si el recurso no prospera, la alcaldesa ordenará la retirada del incómodo testigo de la indignidad a los agentes de la Policía Municipal que fueron los subordinados de la víctima.

Andoain es uno de esos pueblos en el que sus vecinos de sienten sometidos a un control social severo por los complices morales de los asesinos. Como el Salzburgo de los años 30 que retrataba Stefan Zweig en sus memorias. Se encontró en la calle con un viejo amigo suyo, que iba acompañado por otra persona. Vio cómo su amigo arrastraba a su acompañante hasta un escaparate para darle a él la espalda. Al día siguiente, su amigo le llamó por teléfono para preguntarle si podía ir a su casa. Zweig comprobó que no tenía nada importante que decirle. “enseguida comprendí que, por un lado, quería mantener nuestra amistad, pero por el otro, para no caer en la sospecha de ser amigo de judíos, no deseaba mostrarse demasiado íntimo conmigo en aquella pequeña ciudad.”

Iñaki Gabilondo contó una anécdota calcada de un amigo suyo de Andoain, que se cruzó en la plaza con un amigo que no hizo ademán de reconocerlo. Horas después recibía una llamada suya para disculparse. En la plaza había una persona a la que no quería como testigo de su saludo.

carta buzón JosebaUn pueblo así requiere, más que un buzón, una legión de psicoanalistas, pero eso no está al alcance de la familia Pagaza, que ha hecho lo que ha podido: poner ese buzón en el que dar la oportunidad de explicarse a los vecinos de Joseba. También se comprende la actitud de la alcaldesa, retengan su nombre: Ane Karrere Zabala. Ese buzón la interpela, así como a todos sus votantes, con su carga amenazante de palabras sin firma. De ahí que hayan puesto en marcha la iniciativa que les permita quitar el testigo de su iniquidad.

Lo que pasa es que a veces, la infamia que se enseñorea de pueblos como este es el humus necesario para que crezca solitaria la flor de la dignidad. Un vecino que firma con las iniciales C.G. ha depositado una carta conmovedora en el buzón de Joseba. Se habría conformado con una nota de apoyo a la familia de la víctima. No comprende que una iniciativa como esta pueda molestar a ninguna persona de buena fe. Evidentemente, no es el caso de la minoría que sostiene el Gobierno municipal de Andoain.

Ane Karrere es una sucesora que no desmerece de José Antonio Barandiaran, el alcalde de Andoain aquel 8 de febrero de 2003 en que ETA asesinó a su jefe de la Policía Municipal, sin que a él le pareciera mal. El mal en Andoain cumple la definición canónica de Edmund Burke: “Para que triunfe el mal basta con que los hombres buenos no hagan nada”. Los concejales del PSE, PNV y PP en Andoain superan a los ediles abertzales. Ahora y cuando asesinaron a Joseba. ¿Qué pensará de todo esto –y del buzón, también del buzón-, el secretario general de Paz y Convivencia que nos puso el lehendakari? Pensará que el buzón es cosa de Correos y esa es una competencia que no tenemos transferida.


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