AGLI Recortes de Prensa   Martes 12  Mayo 2015

La sociedad culpable
Javier Benegas vozpopuli.com 12  Mayo  2015

Desde que los efectos de la crisis afloraron con toda crudeza y, con ellos, la España política se dio cuenta con estupor de que sus vergüenzas estaban a la vista de todos, incluso de aquellos que se negaban a verlas, extender el concepto moral de “culpa” más allá de las altas instituciones, involucrando por activa y por pasiva a esas otras más elementales, como puede ser la familia y, desde ahí, a cualquiera que pasara por la calle, ha sido una constante.

En efecto, cuanto más evidente se ha ido haciendo la corrupción del modelo político, cuando incluso los prohombres hasta ayer mitificados se han visto involucrados en los escándalos más bochornosos, mayor empeño ha habido por parte de la clase política en desplazar la responsabilidad de tanto desafuero a la sociedad española en su conjunto.

Desde el propio Gobierno, a lo largo de esta legislatura, se ha propagado todo tipo de acusaciones, casi nunca sustanciadas de forma convincente. Al más puro estilo del "calumnia que algo queda", se ha asegurado que 200.000 trabajadores estafaban al sistema de salud obteniendo fármacos de manera gratuita mediante la cartilla sanitaria de un familiar pensionista; que hay entre nosotros demasiados consumados maestros que engañan a las compañías aseguradoras con siniestros amañados; que el fraude fiscal es una constante, en especial entre los empresarios, profesionales liberales y autónomos; y, para terminar esta breve muestra, la última, que uno de cada cinco parados y el 10% de los ocupados cobran en negro. En definitiva, que somos –los de “abajo”– el vivo retrato de la desvergüenza. Y que, entonces, de lo otro vayamos a reclamar al maestro armero.

No se trata de negar la veracidad de informaciones tan oportunas como sensacionales, sino evitar caer en la trampa de tomar el todo por una parte. Porque el hecho de haya quien engañe a la compañía que asegura su automóvil no implica que tal cosa sea ni mucho menos una práctica extendida. Como tampoco puede tomarse como evidencia inapelable que, según un determinado estudio, la mayoría de españoles tengan el convencimiento de que los autónomos defrauden por sistema al fisco. Al fin y al cabo –he aquí la trampa– se trataría de una percepción y no de una evidencia. Y es más que posible que tal percepción sea errónea (afuerza de ser amplificada por reiteradas “informaciones” al respecto) y, por tanto, que la cifra real de defraudadores sea bastante menor de lo que algunos quieren que pensemos.

El caso es poner en cuestión los mimbres con los que, en teoría, se hace ese cesto más grande que llamamos instituciones, es decir, lo ya sabido, que los políticos no vienen de Marte sino que proceden del mismo lugar que el resto de los mortales. Así pues, si la sociedad es manifiestamente corrupta desde su base, deberíamos ser comprensivos con los escándalos que se producen, un días sí y otro también, en las alturas.

Esa sería una idea, pero no la más importante. La fundamental es que el fallo no estaría en el sistema, es decir, en nuestro modelo político tal cual está concebido, sino que sería la idiosincrasia de este pueblo el origen del problema. Por lo tanto, lo mejor sería no exagerar en las soluciones. Bastaría, pues, con hacer una renovación “sensata” y comedida de los agentes políticos, algunas reformas controladas (por ejemplo, la omnipresente reforma tributaria para que el Estado, o el pesebre, no quiebre) y cambiar algunos incentivos, para que la crisis política y económica desaparezca. En definitiva, se trataría de vendernos una maniobra reformista bastante prudente que, de una parte, limitaría su impacto en la clase dirigente y, de otra, mantendría en lo sustancial el actual statu quo y sus poderosas inercias.

Sin embargo, el argumento que la sustenta: que la sociedad española y sus instituciones más elementales, tal cual es la familia, contribuyen decisivamente a la corrupción del sistema es una falacia de libro. No se sostiene porque a todas luces, por más que exista una parte sustancial de la sociedad española que dependa de los enjuagues políticos, del dinero del presupuesto y del favor y la picaresca, o que crea que con más Estado se acabará el problema, resulta evidente que es abajo, en la sociedad llana donde ha tomado fuerza la idea de que no podemos seguir por este camino. Pero, por más que el ciudadano común intuya que el desastre está a la vuelta de la esquina y que algo hay que hacer al respecto, su obligación no es guiar a los políticos, sino que han de ser los políticos los que le guíen. Al fin y al cabo, el españolito de a pie no puede dedicar tiempo y esfuerzo a resolver problemas institucionales sin que su economía doméstica se resienta y su familia le ponga de patitas en la calle.

Desgraciadamente, y este es uno de los más graves problemas, líderes, lo que se dice líderes, tenemos muy pocos o ninguno. De hecho, la extrema precariedad intelectual de nuestras “élites”, su falta de competencia y entereza, resultan mucho más que alarmantes.

Así pues, es el modelo institucional español el que, de arriba abajo y no de abajo arriba, ha hecho que actuar de forma correcta tenga un coste tan elevado que muy pocos estén dispuestos a asumirlo. Son las más altas instituciones, suplantadas por organizaciones con intereses particulares, las que han hecho que, desde el político con ínfulas hasta el funcionario de la escala más básica, ninguno se atreva a ir en dirección contraria, porque todos tienen la certeza –las expectativas– de que nadie va a hacerlo, porque estas son las reglas del juego.

En un sistema tan degradado, que castiga a quien hace lo correcto con la segregación y la pérdida de oportunidades, carece de sentido acusar a las familias de actuar de forma poco ejemplar y arremeter contra el común por no tomar decisiones contrarias al orden informal establecido. No se puede generar un ecosistema perverso y luego criticar al ciudadano de a pie por adaptarse para sobrevivir como buenamente puede.

Así pues, mejor no seguir por ese camino. España necesita un cambio tan profundo, un golpe de timón tan arriesgado, que mejor trabajar para que los españoles se quieran a sí mismos, en vez de denostarles para darle un aire que no se merece a la actual clase dirigente. Si queremos y exigimos ser mejores, toca dar ejemplo, bajarnos del púlpito y marchar hombro con hombro con el denostado populacho.

La voracidad de Montoro y sus maniobras de distracción
EDITORIAL Libertad Digital 12  Mayo  2015

Tal vez no haya habido un político en España que, en el ejercicio de su cargo como ministro de Hacienda, haya defraudado tanto a sus votantes como Cristóbal Montoro. Y no lo decimos sólo por la sorprendente voracidad fiscal que ha demostrado el otrora partidario de la reducción de los impuestos y del gasto público, también por las veces que ha adoptado una actitud amenazante hacia diversos colectivos –periodistas, actores, políticos de la oposición–, más propia de un sátrapa tercermundista que de un político liberal-conservador.

No menos decepcionantes y escandalosas han sido las numerosas filtraciones de investigaciones de Hacienda, que han violado el derecho a la intimidad de los perjudicados, o las veces en que técnicos de su Ministerio han cambiado de criterio respecto a lo que constituye un fraude fiscal, como sucedió clamorosamente en el caso de la Infanta Cristina.

No se sabe si para hacer olvidar todo lo anterior, o la no menos controvertida amnistía fiscal, a la que se acogieron en 2012 cerca de 30.000 personas, el ministro ha sometido a valoración del CGPJ el informe del anteproyecto de la ley orgánica sobre el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal.

Se dirá con razón que no es lo mismo publicar los nombres de los contribuyentes que están siendo investigados por Hacienda que, tal y como pretende el anteproyecto de ley, los de aquellos que, por sentencia firme de un tribunal, hayan sido condenados por un fraude fiscal. Con todo, el difícil equilibrio que debe mantener la lucha contra el fraude para no vulnerar derechos individuales al honor, a la intimidad y la protección de datos,debe ser establecido y dirimido por el Tribunal Constitucional, y no por un órgano consultivo como el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, ¿qué validez otorgar a la guía que ofrece este órgano consultivo –tanto o más politizado que cualquier tribunal, cuyos vocales y presidente son nombrados directamente por los partidos políticos– si, tras cuatro horas de deliberaciones, se divide por la mitad y tiene que ser el voto de Carlos Lesmes, en su calidad de presidente, el que dirima la cuestión?

Entiéndasenos bien. Nada tenemos a favor del fraude fiscal, pero lo tenemos todo en contra de la voracidad, casi confiscatoria, de este ministro y de que la lucha contra el delito se convierta en excusa para amedrentar o vulnerar los derechos del ciudadano. Tiempo habrá de ver perfilado el anteproyecto de ley, pero no sería la primera vez que los gobernantes apelan al interés general para vulnerar derechos individuales

A la espera de ello, sólo queda constatar que España, desde que Montoro es ministro de Hacienda, es un país más hostil para quien paga sus impuestos sin serlo tanto para el que elude esa obligación

Desigualdades electorales
Mikel Buesa Libertad Digital 12  Mayo  2015

Dado que estamos en tiempo de campaña, bueno será que, una vez más, hagamos un repaso por las desigualdades que nuestro sistema electoral reserva a los contendientes en los próximos comicios. Sorprendentemente para un país como España, en el que por lo común todos queremos ser iguales, aunque haya veces en las que alguno quiere valer más que los otros, se suele hablar poco de este asunto. Las miserias que nos reserva ese sistema se ignoran, cuando no se ocultan al debate público.

Empecemos por las primeras, que son las que se asocian a la financiación de los gastos electorales. Éstos, como se sabe, están limitados con la idea de que no le cuesten demasiado al Estado, aunque lo que se dice es que, de esa manera, los partidos que se presentan se sitúan, más o menos, en pie de igualdad. Pero no se menciona que las subvenciones con las que, al fin y al cabo, se pagan la mayor parte de esos gastos están reservadas sólo a unos pocos contendientes. En concreto, a los que obtienen representación. Si no ganas, te quedas sin nada. Y si vences, dependerá de lo que hayas obtenido para que te toque mucho o poco en el reparto, porque los dineros públicos se distribuyen en función de los votos cosechados y también de los escaños logrados.

Imaginemos por un momento que un partido que se presenta en diez pueblos relativamente pequeños de una provincia logra sacar un concejal con mil votos en cada uno de ellos. De acuerdo con la norma que regula las subvenciones, ese partido, que habrá conseguido 10.000 votos, a 54 céntimos el voto, y diez concejales, a 270,9 euros por edil, recibirá del Estado 8.109 euros. Pongamos ahora otro partido que considera que mejor que los pueblos son las capitales y se presenta en la de la provincia, donde con 10.000 votos obtiene un concejal. A la misma tarifa, este segundo partido percibirá 5.670,9 euros; o sea, un treinta por ciento menos que el otro, aunque haya convencido al mismo número de ciudadanos. Ventajas de la diversificación del riesgo, diría un economista, aunque de lo que hablamos es de si hay igualdad en las condiciones con las que cualquier candidato puede competir por la concejalía de un Ayuntamiento. Claro que, para desigualdad, la de un tercer partido que, aunque le hayan votado 10.000 electores, no ha obtenido ninguna representación debido a que en ninguno de los sitios en los se ha presentado ha llegado al mínimo para obtener un acta. Porque en este último caso, de acuerdo con las reglas de reparto de los dineros, no le corresponde nada.

Las subvenciones electorales, en consecuencia, acaban teniendo un efecto conservador. Suelen beneficiar sobre todo a los que ya estaban allí para llevar los asuntos municipales o autonómicos y se lo ponen muy difícil a los que quieren romper el statu quo. Y eso que no hemos hablado hasta ahora de las que se dan para pagar los envíos de papeletas a los domicilios de los electores. Esto sí que son palabras mayores, porque para acceder a estas subvenciones un partido tiene que presentarse al menos en la mitad de los municipios de más de 10.000 habitantes que haya en la provincia y, además, sacar algún concejal en la mitad o más de estos últimos. En este caso, te dan 0,22 euros por elector, lo que no es moco de pavo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, al partido que cumpla esas condiciones le caen en su bolsa 1.337.725,4 euros.

Conviene anotar adicionalmente sobre estas últimas subvenciones que, en su justificación política, se asocian a la inexistencia en España del secreto del voto. La OSCE lo viene reiterando en todos sus informes sobre las elecciones españolas, porque sus observadores contemplan atónitos que, en nuestro país, las papeletas están depositadas en mesas al alcance -sobre todo, visual- de cualquiera, mientras los colegios electorales apenas están dotados de cabinas. En casi todo el mundo, para votar hay que pasar por la cabina porque es allí donde están las papeletas; y, de paso, uno se lo monta en intimidad y secreto. Pero aquí no. No hace falta, les dicen a esos observadores, porque como las papeletas se llevan desde casa… ¡Naturalmente! Pero de casa sólo se pueden llevar las papeletas de unos pocos partidos, porque los demás, por sus resultados previsibles, no pueden soñar con ellas; y no digamos las candidaturas individuales o las agrupaciones de electores. Interesante esta conjunción entre la pasta electoral y la revelación pública del voto.

Pero no todo acaba en el dinero. También está el acceso a los espacios reservados por cada ayuntamiento para la propaganda electoral y a los medios de comunicación públicos. Lo de los primeros es bastante sencillo: o estás listo para pedirlos antes que otros o te queda la morralla, los sitios recónditos y los horarios imposibles. En cuanto a los segundos, la cosa se complica, porque para que las candidaturas de un partido salgan en los telediarios o en los noticiarios de radio -estamos hablando de los de las cadenas públicas- hay que tener pedigrí. Esto sí que es conservar el statu quo, sencillamente porque esos medios están reservados a los partidos que, antes de las elecciones, ya estaban representando a los ciudadanos. Los nuevos se quedan fuera, sin más. O casi, porque la Junta Electoral acaba de admitir a los que en las elecciones europeas sacaron el 5 por ciento de los votos. La televisión nacional, en función de esto último, metió a Podemos y a Ciudadanos en la parrilla, aunque ha tenido que sacar al partido de Albert Rivera porque se ha quejado el de Rosa Díez para defender su posición, no vaya a ser que, como dicen las encuestas, la pierda y en todas partes.

Esto de la televisión pública tiene su aquel. Recuerdo una anécdota de cuando yo hacía campaña electoral en Madrid, en la que me tocó acudir a un debate en la Facultad de Derecho de la Complutense para hablar de las oportunidades de la juventud. Allí estábamos candidatos de todos los pelajes y había uno de Izquierda Unida que iba acompañado por un equipo de Telemadrid. Cuando le tocó el turno, miró directamente a la cámara y soltó un discurso de un minuto sobre un tema que no tenía nada que ver con el acto que nos convocaba. Ese mismo mediodía lo vi en el noticiario autonómico. Lo curioso era que ese candidato decía todos los días lo mismo, porque ya se ve que eso de esforzarse para hilar un discurso no le iba bien. Y además daba lo mismo, porque ya se sabe que, en la tele, lo importante es reiterar el mensaje. Son las cosas de la desigualdad electoral: unos tienen que dar codazos para salir de la invisibilidad y otros apacientan felices el rebaño de votantes. Lo malo, o tal vez lo bueno, es que ese rebaño, de vez en cuando, se dispersa hasta que deja de ver a los pastores mientras éstos se contemplan extasiados en la televisión.

Se acaba la paciencia con Grecia pero hay que velar por el euro
EDITORIAL El Mundo 12  Mayo  2015

Europa está cada vez más dividida sobre la conveniencia de que Grecia permanezca en el euro. El Eurogrupo fracasó ayer en su intento de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Syriza para desbloquear las nuevas ayudas que el país necesita para pagar las pensiones o las nóminas de sus funcionarios. De poco ha servido el intento del primer ministro heleno, Alexis Tsipras, de apartar de las negociaciones con laTroika al ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, para facilitar un pacto. Las diferencias entre Atenas y sus acreedores (los países del euro y el FMI) no son sólo de formas, también afectan al fondo, puesto que la izquierda radical sigue enrocada en su negativa a hacer las reformas que sus prestamistas le reclaman para sanear su economía. Prueba de ello es la intención del FMI de descolgarse de los programas de ayuda a Atenas que habrá que poner en marcha a partir del 30 de junio, cuando expira el segundo rescate. La irresponsabilidad de Tsipras supone una amenaza para otros países, como España, que han hecho esfuerzos titánicos en esta crisis. Por suerte, si la tensión llegara al extremo y Grecia abandona el euro, las consecuencias para nosotros serían hoy mucho menos dramáticas que hace unos años gracias a los mecanismos del BCE para proteger a los países de la moneda única.

La economía griega es una bomba de relojería. Atenas pagó ayer, con un día de adelanto, los 753 millones de euros que tenía que devolver hoy al FMI, pero nadie sabe si será capaz de afrontar el 5 de junio el siguiente desembolso que contempla el segundo rescate. Los programas de asistencia de la Troika habían empezado a mostrar sus primeros frutos de forma muy tímida a finales del pasado año, cuando el paro en Grecia había comenzado a reducirse levemente y la economía a crecer. Pero el nuevo gobierno de coalición de Syriza y la derecha nacionalista ha dado al traste con esa mejoría y, hasta la fecha, su logro económico más llamativo ha sido intensificar la fuga de capitales por el temor a un impago. Estamos asistiendo a un círculo vicioso que no encuentra su fin. De aquí a final de año, Grecia tendrá que negociar un nuevo rescate que rondará los 50.000 millones de euros en una situación de extremada debilidad. Los países e instituciones acreedoras exigen a Tsipras unas reformas que chocan frontalmente con sus promesas electorales y que el Ejecutivo heleno amenaza con someter a referéndum. Este desafío no ha intimidado a los líderes europeos, que han mostrado su indiferencia ante esa posible consulta. Pero esa actitud ha acabado con la paciencia del FMI, que quiere desmarcarse de futuras ayudas, lo que obligará a Europa a hacer un mayor desembolso. El organismo ya trabaja en un programa de contingencia para evitar que la salida del euro de Grecia salpique con virulencia a sus países vecinos.

España sería uno de los más afectados. Según Goldman Sachs, si Atenas abandona la moneda única la prima de riesgo subiría hasta 400 puntos. Grecia ha recibido ya 250.000 millones de euros en ayudas. Europa tiene músculo para seguir asistiendo a su socio y evitar un nuevo brote de crisis. Sin ceder al chantaje de Tsipras, debe encontrar una fórmula que garantice la estabilidad de la zona euro para evitar males mayores.

El 15-M no puede utilizar la jornada de reflexión en beneficio de Podemos
EDITORIAL El Mundo 12  Mayo  2015

El movimiento 15-M tuvo hace cuatro años el saludable efecto positivo de servir de aldabonazo a la sociedad civil para que tomara conciencia de sus libertades y supiera que están ahí para que el ciudadano, haciendo uso de las mismas, pueda influir en el debate público y virar el rumbo de una acción política obsoleta, ajena en muy buena parte a sus intereses. Las manifestaciones de aquellos días hicieron visible el hartazgo de la opinión pública y, especialmente, de las nuevas generaciones con un sistema de partidos esclerotizado, que ha devenido en una nociva partitocracia, y pusieron el foco sobre una ineludible regeneración institucional que el Gobierno ha venido soslayando. No es extraño que, a la luz de ese hito, la suma que arrojan los dos grandes partidos en sondeos y elecciones haya ido descendiendo y que enfrente surjan opciones políticas que pugnan por capitalizar el desencanto. Hasta aquí, las fuerzas tectónicas que subyacen al 15-M sí son, efectivamente, transversales.

Pero sería ingenuo obviar que las bases más activas del 15-M proceden de la izquierda radical, despojado este término de connotación peyorativa. Desde ese origen y con el objetivo de instrumentalizar su éxito con un interés partidista concreto ha llegado, para quedarse, Podemos. Por eso y porque a la formación de Pablo Iglesias le beneficia más que a ninguna otra la agitación ideológica en las calles en vísperas de las elecciones municipales, se puede ver la mano de su facción más extremista detrás de la convocatoria de un calendario de movilizaciones con la excusa del cuarto aniversario del 15-M, aunque se prolongará hasta después de la efeméride e incluye una concentración -«asamblea de contenido político»- en Sol durante la jornada de reflexión. Éste quizá sea un concepto anacrónico, pero mientras la ley lo recoja debe cumplirse y la Junta Electoral tiene que evitar que nadie juegue con ventaja. El manifiesto con el que se llama a participar es un compendio de recetas de Podemos, con alusiones a los desahucios, al «control de las entidades bancarias» o a la «anulación de la deuda ilegítima».

No hay peor manera de violar el espíritu del 15-M, genuinamente apartidista y asambleario, que intentar apropiárselo en exclusiva para los fines egoístas de una formación en particular. Y el de saltarse la ley tampoco es el mejor camino para acceder a las instituciones. Podemos pasa por momentos de crisis porque algunos dirigentes reprochan a su cúpula que se haya encastado, desconectándose de los círculos e imponiendo sus decisiones en estricto sentido vertical, de arriba a abajo, al estilo de los partidos tradicionales que denosta. Nada más opuesto al 15-M. La sospecha de que ahora lo rescata del armario para insuflarse oxígeno mientras retrocede en las encuestas es legítima, porque ya ha jugado con ese movimiento en beneficio propio otras veces, y porque si nada tiene que ver con la iniciativa debería desmarcarse oficialmente cuanto antes.

Viva el desgobierno andaluz
La presidenta en funciones de la Junta andaluza ha centrado su discurso en augurar que el desgobierno actual conducirá a Andalucía a la parálisis y al bloqueo
Javier Caraballo El Confidencial 12  Mayo  2015

Casi dos años estuvo Bélgica sin gobierno, y el conflicto, ya enquistado, sólo comenzó a solucionarse cuando llegaron los primeros informes de la evolución del país. Periódicos del todo el mundo reprodujeron en noviembre de 2011 que Bélgica había alcanzado la histórica cifra de 500 días sin gobierno y, para asombro general, el resultado era que todos los indicadores económicos habían mejorado. El paro, el PIB, el déficit público, el salario mínimo.

¿Cómo era posible? Europa crecía tímidamente, varios países, entre ellos España, seguían cayendo en el pozo y Bélgica, sin gobierno, crecía por encima del dos por ciento. Hubo ciudadanos que hasta convocaron fiestas en las calles para celebrarlo. El miedo debió cundir entonces entre la clase política belga porque un par de meses después las negociaciones entre francófonos y flamencos comenzaron a avanzar y cuando se cumplió el día 541 sin gobierno, tomó posesión un gabinete nuevo. Las cosas en el país volvieron a instalarse en la normalidad y Bélgica volvió a ser un país como todos los de su entorno.

A ver, no es que haya que celebrar el desgobierno como tesis política, pero tampoco hay que dramatizar, como nos enseña el ejemplo de Bélgica. Es conveniente recordarlo, sobre todo estos días en los que Andalucía va a cumplir dos meses desde las últimas elecciones sin que se haya podido constituir un nuevo gobierno, y ya va por ahí la presidenta en funciones, Susana Díaz, sembrando el apocalipsis de un horizonte sin planificación sanitaria, servicios paralizados y caos en colegios e institutos cuando llegue el nuevo curso escolar. No es verdad, obviamente. Un país sin gobierno sólo conduce directamente al caos en aquellas naciones en las que la parálisis política las convierte en un estado fallido.

En una democracia asentada como la española, con un Estado de derecho y una economía estables, la falta temporal de gobierno no supone el caos necesariamente. De hecho, como ocurría en Bélgica, en los periodos en los que los partidos políticos no llegan a un acuerdo para sacar adelante la investidura de un nuevo presidente, es un gobierno en funciones el que adopta las decisiones necesarias para garantizar el mantenimiento de todos los servicios ya establecidos.

Si miramos hacia atrás en los últimos meses, comprobaremos que, en realidad, Andalucía lleva sin gobierno desde diciembre del año pasado. Fue entonces cuando se tomó la última decisión de envergadura en esta comunidad, la aprobación de unos nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía que son los que estarán vigentes durante todo 2015 y que se prorrogarían automáticamente en los años sucesivos si la parálisis continuase en ‘modo belga’. Ese automatismo en la prórroga presupuestaria es, de hecho, la mejor demostración de que se garantizan los servicios públicos esenciales, con independencia de los acuerdos o desacuerdos parlamentarios.

La estrategia que ha puesto en marcha Susana Díaz, y con ella al unísono todos los dirigentes del PSOE en sus mítines de esta campaña electoral de municipales y autonómicas, es repetir a cada instante que Andalucía está abocada al bloqueo y a la parálisis, “una situación surrealista”, dice ella para remarcar lo apocalíptico. Pero, al margen de la imprecisión, porque como vemos los servicios públicos están garantizados con el gobierno en funciones, lo que cada día se percibe con más nitidez es que, en el fondo, todo forma parte de una estrategia política para acorralar a la oposición y desgastarla, fundamentalmente al Partido Popular. Como se ha advertido aquí, y se ha visto después, en realidad Susana Díaz no plantea ninguna negociación a los demás partidos para salir del bloqueo actual, sino que lo que hace es descargar en todos ellos, sobre todo en Mariano Rajoy, la responsabilidad de que no haya gobierno. Que la hagan presidenta, sin más.

Vayamos a un ejemplo práctico que quizá se ha pasado por alto. En la primera sesión de investidura frustrada, llamó la atención una frase de la presidenta, porque apenas encajaba con el resto del discurso. Hablaba de los problemas de la vivienda, y los grandes planes de futuro, cuando dijo: “Sen~orías, les estoy hablando, por ejemplo, de poner ascensores en edificios donde viven muchas personas, mayores o dependientes, que no pueden pisar la calle hace años por la sencilla razón de que no pueden bajar las escaleras. En ellos, y no en nosotros, debemos pensar continuamente”.

Es verdad que existen graves problemas de movilidad en toda España, por edificios que no están adaptados, sobre todo en zonas humildes y deprimidas; de hecho, existen programas en casi todas las autonomías que alertan de aquellos que son ‘Prisioneros en sus casas’. Eso es cierto, pero tampoco deja de ser una más de las muchas injusticias que afectan a las personas con dependencia, los primeros olvidados por los presupuestos de la crisis. Y es llamativo, además, porque la Junta de Andalucía ya legisló hace cinco o seis años sobre este tipo de viviendas y aprobó unas ayudas que no ha entregado, como reconoce la propia Susana Díaz.

En su afán de dramatizarlo todo, llega a decir en un mitin de esta campaña electoral que en Andalucía hay “diecisiete millones” de edificios que necesitan ascensor. Pero en Andalucía sólo hay ocho millones y medio de habitantes… En fin, que todo lo que tendría que hacer la Junta andaluza es cumplir, sin más, con aquello que se comprometió hace años; no hace falta un nuevo gobierno para eso porque ya está legislado y olvidado. Pero Susana Díaz ha decidido retomarlo, otra vez, como discurso político que se cierra con esa coletilla populista: “En ellos, y no en nosotros, debemos pensar continuamente”. Más que un mensaje subliminal contra la oposición, es una jugarreta evidente. Contra la oposición y contra los ciudadanos.

¿Dónde vas Albert Rivera?
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12  Mayo  2015

¿Dónde vas triste de ti?...voy en busca de Susana que hace tiempo no la vi. Y en efecto, Albert Rivera acaba de cometer el desliz de reconocer de forma inconsciente y antes de tiempo su acuerdo con Susana Díaz al decir que “no van a ser como IU una comparsa”. Pues ya está, a quien interese, parece que a pesar de haber negado como San Pedro tres veces el pacto antes de que cantase el gallo de las elecciones del 24 de mayo, este ya se ha producido. Eso sí de manera discreta y sin luz ni taquígrafos, al más puro estilo de la casta. Porque alguien fiel a sus principios nunca renunciaría a las condiciones que consideraba “sine qua non” como paso previo a una abstención en la sesión de investidura de Susana Díaz. Y la verdad es que lo bueno de ser como Ciudadanos y Albert es mantener la ambigüedad y poder sacar tajada de todos.¿No les recuerda esa historia a un "deja vue" del nacionalismo catalán? Sus ofertas son como sus principios, amoldables a las peticiones del cliente, como aquello de Groucho Marx de “estos son mis principios, pero si no le gustan aquí tengo otros”.

Como San Pablo, creo que he visto la luz y ahora sé cuál es la verdadera cara de esta joven promesa de la izquierda-centro-derecha moderada, o lo que sea esa cosa indefinida y heterogénea que representa Ciudadanos a nivel nacional de la que aún no conocemos sus Estatutos y ni siquiera ha celebrado su Convención General. La verdad es que deberíamos haberlo sospechado tras sus antecedentes en el Parlamento de Cataluña, donde se ha limitado de forma siempre suave y cortés a ser la voz del “pepito grillo” que ha convivido sin pestañear con la “inmersión” lingüística que propiamente ha sido la asfixia del español como lengua vehicular en igualdad de condiciones como manda la Constitución, aunque el Tribunal Supremo la haya rebajado al 25% como precio de amigo.

Y no crean que este episodio de Andalucía no va a tener repercusión en las fenomenales expectativas electorales cuando se conozca la sordidez, que no solidez, de los principios éticos que ha esgrimido como precio a su compromiso de dejar gobernar a la opción más votada, que no mayoritaria. Simplemente al decir que no va a ser un comparsa, está justificando su posición al no ser requerido su apoyo con posterioridad, ya que si PODEMOS, con más diputados (15 por 9) también se abstiene, puede vender su apoyo con más contra prestaciones y alguna que otra Consejería, sustituyendo a IU como socio de Susana.

Algunos me dirán que esto es política ficción, pero solo tienen que esperar unas semanas antes del verano y de que se cumplan los dos meses de plazo para la convocatoria de nuevas elecciones en Andalucía. Volverá a salir a relucir la “gobernabilidad” ese palabro tan de moda últimamente y que solo demuestra el sentimiento de la casta por los resultados electorales que les van a apartar del Gobierno y de los carguitos. Mi decepción ha sido comprobar que la única esperanza de regeneración política ha terminado contaminada por el fango. Solo buscan que los ciudadanos no sepan los apaños hasta que sea muy tarde.

¿Dónde vas Albert Rivera?¿Dónde vas triste de ti? Más que a ser una mera comparsa, a ser solo el hazmerreír. ¿Y ahora qué conciudadanos?

Rigau y la muerte del catalán
Vicente Torres Periodista Digital 12  Mayo  2015

Hay que precisar que cuando esta señora habla de 'la muerte del catalán' no se refiere a ningún señor nacido en Cataluña, lo cual sería preocupante, sino al idioma catalán.

A mí, particularmente, no me preocupa demasiado la muerte de la lengua catalana, inglesa, española o cualquier otra, aunque tampoco me gustaría que ocurriera.

Hecho el preámbulo, también conviene señalar que hay distintos modos de ver las cosas. Rigau las puede ver de una manera, los columnistas subvencionados (y hoy le he leído a uno muchas burradas) pueden opinar algo muy parecido, y yo creo que la mayor amenaza para la lengua catalana procede de Rigau y similares, pues la obligación de usar una lengua es el mayor veneno que se le puede dar.
A los columnistas subvencionados y a las personas como Rigau se les nota, además, el rancio imperialismo, y un cinismo desmesurado en sus ansias por magnificar ciertos detalles del pasado, olvidando otros, y olvidando el futuro, no el que quieren crear ellos dictatorialmente, sino el que vendrá, se pongan como se pongan.

Una cosa es fomentar el uso de una lengua, mediante los estímulos adecuados y otra muy distinta y totalmente contraria a los usos democráticos es imponerla por la fuerza.

La gente tiene que hablar y se tiene que entender en una lengua o en otra y lo que debería esperar de los políticos es que estos organicen bien las cosas y procuren resolver los problemas que se van planteando. Nada que ver con lo que hacen los nacionalistas, que piensan que se les paga el sueldo para que creen problemas donde antes no los había, porque la gente se aburre y se tiene que distraer con algo.

Los nacionalistas han conseguido incluso que Rita Barberá gaste un dinero que no tiene en rotular unas calles que ya estaban rotuladas. Con subir un poco más el IBI todo resuelto.

Telemadrid: agencia de colocación del PP y 328 millones perdidos en la ‘era González’
En la sangría que vive la televisión regional, el ERE sobre el 74% de los trabajadores, declarado improcedente por el Supremo, ha frenado la debacle pero no ha equilibrado todavía las cuentas
D. Forcada El Confidencial 12  Mayo  2015

La candidata del Partido Popular a la Puerta del Sol, Cristina Cifuentes, volvió a señalar ayer que sigue sin tener claro qué hacer con el futuro de ese pozo sin fondo en el que se ha convertido la radiotelevisión pública madrileña durante los últimos lustros. Un ente alejado de la ecuanimidad informativa, que en 2013 echó a la calle a 861 trabajadores, que ha reducido su cuota de pantalla a mínimos históricos al tiempo que ha externalizado todos sus programas a productoras afines, y que ha tenido unas pérdidas millonarias, por encima de los 300 millones de euros, durante la era de Ignacio González. Una cuenta que se suma a la que ya desembolsó su predecesora, Esperanza Aguirre, que hizo lo propio entre 2003 y 2012 con otros 855 millones. Demasiados nubarrones sobre la torre de Telemadrid, que tan buenos servicios ha prestado siempre al partido que rige la Comunidad.

Las dudas de la candidata Cifuentes, que no descarta incluso cerrar Telemadrid, no son nuevas. Ya se expresó de igual forma a principios de abril y, de igual manera, el pasado 4 de mayo, el PP fue –junto a Ciudadanos– el único partido regional que se ausentó del acto convocado en la Asociación de la Prensa de Madrid por los sindicatos y comités de empresa bajo el lema “Salvemos Telemadrid”.

En los últimos cuatro años de gestión del PP de Ignacio González, la televisión regional –fundada en 1989– ha enterrado más de 300 millones de euros en pérdidas, en una cifra que solo se conocerá con detalle al cierre oficial de las cuentas de Telemadrid correspondientes al año 2014, pendientes aún de ser presentadas ante el registro mercantil. En esta sangría, el ERE sobre el 74% de los trabajadores, declarado improcedente por el Supremo, ha frenado la debacle pero no ha equilibrado todavía las cuentas de la tele.

Telemadrid tuvo que compensar, en 2011, unas pérdidas por valor de 117,76 millones de euros a sumar a los 102,53 millones aportados el año anterior por idéntico motivo, según recogen las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. En 2012, la cifra se elevó otros 114,3 millones de euros y en 2013, último dato del que hay registro, hasta los 96,95 millones.

El ERE del año 2013 tuvo, en un principio, un coste estimado por la propia televisión de 55,2 millones de euros, cifra que se ha incrementado en casi 20 millones más fruto de la sentencia definitiva del Supremo, que elevó las indemnizaciones a los trabajadores hasta los 45 días en vez de los 20 que se abonaron con un tope de 20 mensualidades.

Para este 2015, el presupuesto de la cadena es de 97,6 millones de euros. A falta de la confirmación definitiva, en el año 2014 Telemadrid podría haber cerrado, por primera vez en años, con un superávit de 6,58 millones.

Pero si la sangría económica es muy acuciada, no menos llamativa ha sido la pérdida de espectadores sufrida por la cadena, que conservaba un 6,4% de share en 2012 y que, a día de hoy, se mueve en porcentajes dos puntos por debajo. Y todo en un contexto en el que Telemadrid se ha convertido en reiterados casos –como ya publicó este diario–, en una agencia de colocación de familiares, allegados y afines al Partido Popular, que han ocupado cargos de relevancia en las principales áreas de los informativos y en los ámbitos de gestión de la cadena. El mismo partido que ahora debate si echar el cierre definitivo a la maltrecha televisión de los madrileños.

TERTULIA POLÍTICA EN 'ROJO Y NEGRO' (RADIO 4G)
Daniel Portero: "La entrevista de Évole a Rekarte me sirve como prueba para demostrar que ETA era una asociación genocida"
"En la entrevista, Rekarte dejó claro que ETA era una estructura jerarquizada y eso nos sirve para la causa ante la Audiencia Nacional"
Periodista Digital 12  Mayo  2015

Pretendemos asemejar a ETA con el nazismo, buscamos la destrucción en todos los sentidos de esa 'chusma'

Iñaki Rekarte, ex jefe de un comando de la banda terrorista ETA y responsable de colocar un coche bomba en Santander el 19 de febrero de 1992 causando la muerte de tres personas e hiriendo a otras 19, no dejó indiferente a nadie en la entrevista del programa ’Salvados’ de laSexta de Jordi Évole.

En ella, mostró su arrepentimiento pidiendo perdón por el daño causado a las familias de las víctimas. Rekarte llegó a reconocer que "ser de ETA te convertía en héroe, celebraban atentados y nos protegían en casas".

Sobre sus declaraciones, este lunes 11 de mayo de 2015, en el programa de 'Rojo y Negro' de Radio4G ha estado Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, que ofreció su punto de vista y se felicitó porque ese vídeo puede resultarle más que valioso para conseguir que ETA sea declarada una asociación genocida.

¿Qué te pareció la entrevista de Jordi Évole a Iñaki Rekarte en laSexta?
Me quedo con lo importante, sobre todo en las acciones legales que llevamos a cabo en la Asociación, que es que dejó claro que ETA era una estructura jerarquizada, quien Mujika Garmendia alias ‘Pakito’ era quien daba las órdenes y decía que se asesinara indiscriminadamente. Nos beneficia de cara a un posible testimonio de él en la causa que llevamos de genocidio en la Audiencia Nacional, y que Mujika Garmendia es uno de los acusados.

Y se queda con lo positivo de la entrevista:
En nuestra asociación estamos juzgando a casi 55 jefes de ETA por ordenar el genocidio de muchos españoles, en delitos que están prescritos, y el testimonio de ayer es valiosísimo en ese sentido. ETA asesinaba indiscriminadamente y estos eran ovejas como él se describió.

Es importante judicialmente porque queremos acabar con ETA en todos los sentidos, y si demostramos que ETA ha sido una organización genocida la comparamos con el nazismo y eso es lo que pretendemos. Lo hemos conseguido en Parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados, nos queda la Audiencia Nacional.

Estoy contento porque ese vídeo me sirve como de prueba para demostrar que eran unos asesinos genocidas, que es lo que busco, la destrucción de ETA y la de toda esa ‘chusma’.



******************* Sección "bilingüe" ***********************
La inmersión lingüística y la hipocresía política

Sonia Sierra Cronica Global 12  Mayo  2015

Siempre me he hecho la siguiente pregunta: si la inmersión lingüística es un sistema tan lleno de bondades como proclaman sus valedores, ¿por qué recurren a mentiras para defenderla? En los últimos días se han sucedido dos noticias relacionadas con el tema, a saber, el anuncio de la ampliación del plazo de la matrícula en los centro catalanes por no incluir la casilla obligatoria con respecto a la lengua materna y la ratificación de la obligatoriedad de dar un 25% de clases en lengua española (es decir, la asignatura que enseña esa lengua y una más) a los alumnos que así lo han solicitado. Y, como es habitual, políticos de la mayoría del arco parlamentario se han lanzado a faltar a la verdad para justificar su rechazo.

Abrió la veda la Consejera de Enseñanza en persona, con un artículo en La Vanguardia que parte de una premisa falsa ya desde el mismo título: “No separaremos a los niños por razón de lengua”. Según Irene Rigau, el sistema catalán se asienta sobre la intención de que, una vez finalizado el período escolar, todos los alumnos van a dominar por igual el catalán y el español independientemente de la lengua familiar –el concepto “lengua materna” hace años que desapareció de Cataluña-, el barrio, el pueblo o la ciudad en la que se viva. Pues muy bien, señora Consejera, ya nos explicará usted cómo van a tener el mismo nivel de español y de catalán todos los niños si tanto aquellos que viven en un pueblo pequeño de la Cataluña interior, sin apenas contacto con la lengua española como los que viven en la periferia de Barcelona reciben el mismo tipo de educación: todo en catalán menos la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. ¿Los niños castellanohablantes necesitan unas 20 horas de catalán a la semana para dominar esa lengua mientras que los catalanohablantes con dos horas a la semana de español ya tienen bastante? Cuesta de creer, la verdad. Ya sé que su respuesta será que en cada escuela adaptan en número de horas según el contexto, pero lo cierto es que por más que se le ha reclamado una relación de escuelas en las que se imparten alguna clase en español, siempre se ha negado a darla.

Sigo todavía en el primer párrafo del mencionado artículo y continúan las falsedades: después de 34 años, la inmersión lingüística queda avalada por los resultados y por el reconocimiento internacional y científico. Eso, según Rigau, claro, porque la realidad es que Cataluña tiene unas cifras elevadísimas de fracaso escolar y abandono escolar temprano. Además, ni un solo organismo internacional ha reconocido las virtudes de la inmersión sino todo lo contrario: el Consejo de Europa ya ha avisado en más de una ocasión que los padres han de poder escoger la lengua de enseñanza de sus hijos. Por otra parte, un sistema así no es utilizado en ningún lugar del mundo y en países como Canadá, está prohibido expresamente por su Constitución.

En lo del reconocimiento científico sí tiene razón la señora Rigau, pero se olvida de especificar que los únicos estudios que le reconocen los méritos son los realizados en Cataluña y que se basan en falsedades como la comparación del resultado de las pruebas PISA realizadas en Cataluña con otras CCAA para demostrar el nivel de los alumnos catalanes en lengua española cuando la realidad es que, en Cataluña, esas pruebas siempre se han realizado en catalán. ¿De verdad cree que la comunidad científica internacional puede tomar en serio estudios que se asientan sobre mentiras? Por supuesto que no, es todo para autoconsumo.

¿Cómo se puede defender algo tan discriminatorio y socialmente injusto y, además, presumir de ser de izquierdas?

Al margen de eso, nadie pide que se separe a los niños por razón de lengua y la Consejera lo sabe perfectamente. Aun así, Rigau articula todo su texto sobre esa idea. Resulta inadmisible que un alto cargo político falseé la realidad de esta manera, pero llevan años haciéndolo y aquí no pasa absolutamente nada. Y los nacionalistas catalanes no son los únicos: junto a ellos también han salido en defensa del catalán los socialistas. Resulta incomprensible que los mismos partidos que dicen apostar por hacer algunas asignaturas en inglés, consideren un “ataque” al catalán que se haga una sola asignatura más en español. Para ello han utilizado, como no podía ser de otra manera, los mantras habituales y su preferido es, sin duda, el de la cohesión social, puesto esta vez en boca de Rocío Martínez-Sampere.

Uno de los medidores de la cohesión social en educación es la igualdad de oportunidades y, si por algo se caracteriza el sistema de la “escola catalana” es porque condena a los niños a la desigualdad por razones económicas: si sus padres tienen dinero, podrán optar por una educación plurilingüe como suelen hacer muchos de los políticos como Mas, Junqueras y Montillas, que defienden la “escola catalana” para los hijos de los demás pero no para los propios. En caso de no poder pagar una escuela elitista, la única opción que tienen los niños catalanes es el sistema monolingüe que les ofrece la escuela pública y las concertadas más económicas. ¿Cómo se puede defender algo tan discriminatorio y socialmente injusto y, además, presumir de ser de izquierdas? Misterios de la política catalana. Bueno, no solo catalana, porque Pablo Iglesias ha venido de visita a Barcelona para apoyar a Ada Colau y, como ella, se ha manifestado firme defensor de la inmersión lingüística. Igual le pasa como con la unidad de la lengua catalana, que en la próxima entrevista o mitin ya ha cambiado de opinión pero, de momento, ahí lo tenemos apoyando al nacionalismo catalán.

Reforma constitucional y Cataluña: tanto monta…
José Antonio Yturriaga vozpopuli.com 12  Mayo  2015

El 27 de Abril asistí en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a un interesante debate acerca de “La reforma constitucional y Cataluña”, en el que actuó de ponente el profesor Santiago Muñoz Machado, autor de un estudio sobre el tema. Salí con mal sabor de boca, pues la situación no puede ser más desoladora.

Reforma de la Constitución y situación en Cataluña
A juicio del ponente, la Constitución necesita ser reformada por obsoleta. La separación de poderes no está asegurada, los partidos políticos –que han patrimonializado las instituciones– carecen de democracia interna, el Senado es una cámara inservible, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) están colonizados por los partidos y el servicio público de la justicia está desprestigiado, el TC no puede ser el garante del equilibrio de los poderes y de la defensa de la Constitución, la organización territorial del Estado ha dado paso a un desmesurado y descomunal crecimiento de las estructuras públicas… La Constitución y las leyes nacionales no se cumplen y el Estatuto ha dejado de ser una referencia en Cataluña. De ello se deduce que España debería tener un porvenir reformista, si los gobernantes desearan mejorar las instituciones, pero existe una sólida trama de intereses resistente a cualquier cambio y la reforma de la Constitución se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos, con perfiles identitarios en Cataluña.

El Gobierno y el PP se muestran reticentes a la reforma y niegan su necesidad, mientras que los partidos nacionalistas, especialmente los catalanes, desprecian e ignoran la CartaMagnapor considerarla superada. El Gobierno ha consentido reformas encubiertas de la misma al tolerar que se sustituyan decisiones que deberían ser materia de reforma constitucional por simples actuaciones legislativas de las Comunidades Autónomas. El Presidente Artur Mas pedalea a piñón fijo en la “Vuelta por etapas” hacia la independencia. Tras el precalentamiento de las Diadas de 2013 y 2014 con las grandes manifestaciones de tinte soberanista, siguieron las declaraciones del Parlament reconociendo el “derecho a decidir” del pueblo catalán, el simulacro de referéndum del 9-N y la disolución del Parlamento.

El próximo paso serán las elecciones autonómicas calificadas indebidamente de “plebiscitarias”, pues difícilmente cabe conciliar la elección por el pueblo de sus representantes en un régimen de democracia indirecta con el plebiscito, que es un procedimiento de democracia directa. Luego vendrán la elaboración de una Constitución catalana y la declaración unilateral de independencia. El proceso está ya en curso, ante la pasividad del Gobierno central frente a la abierta rebeldía de la Generalitat, que incumple impunemente la Constitución y las leyes estatales, hace caso omiso de las sentencias de los Tribunales y va poniendo en pie la estructura del futuro Estado catalán, siguiendo las directrices del Consejo Asesor para la Transición Nacional. La independencia no requerirá un acto formal explícito, como en 1934, y caerá como fruta madura mediante la confirmación de una situación de hecho.

¿Están vinculados los dos temas?
De un lado, la Constitución necesita ser reformada y, de otro, la Generalitat y los partidos nacionalistas propician la separación de Cataluña, pero –aunque estrechamente vinculados– se trata de dos hechos independientes. El problema catalán se podría resolver teóricamente sin necesidad de modificar la Constitución y una reforma federalizante de ésta –que es la solución que parece contar con más seguidores– sería probablemente rechazada por los nacionalistas catalanes. El Consejo Asesor se ha opuesto a la fórmula federal, porque “Cataluña se diluiría como un territorio con posiciones minoritarias en el conjunto de la Federación”. Las posiciones en Cataluña y en el resto de España sobre la modificación del Titulo VIII son sensiblemente diferentes, como señaló el profesor Josep María Vallés, para quien era indispensable una reforma de la Constitución, que tenga en cuenta la existencia de una “conciencia nacional” en Cataluña. Emilio Lamo de Espinosa reconoció que hay en Cataluña una minoría secesionista que está creciendo por el descarado apoyo de la Generalitat y que, si existe un cierto malestar, también se siente en el resto del país. Es preciso regenerar la democracia y ofrecer un proyecto ilusionador a nivel nacional. Hay que reformar España para reformar Cataluña, pero la independencia de ésta no es negociable.

Necesidad de una reforma de la Constitución por amplio acuerdo
Como no parece haber consenso suficiente para la reforma de la Constitución, es imprescindible, según Muñoz Machado, afrontar las soluciones específicas que la situación política de Cataluña demanda. No es posible aceptar una independencia por la que Cataluña se desvincule de la Constitucióny continúe por la senda de la creación de las instituciones imprescindibles para la secesión. El profesor García Roca ha estimado que sería posible llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional si realmente se deseara. Aunque no sea necesario hacer todas las reformas a la vez, algunas deberían ser inminentes. Entre ellas ha citado la inserción de una “cláusula Europa” que reconozca la cesión de soberanía a la UE, la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y dela Carta de Derechos Fundamentales dela Unión, la ampliación del catálogo de derechos fundamentales, la conversión de algunos principios rectores en derechos, el cambio del sistema electoral del Congreso y de las funciones del Senado, la democratización interna de los partidos políticos, la supresión de la discriminación en la sucesión ala Corona, la flexibilización del sistema parlamentario –con facilidades para la creación de Comisiones de Investigación, la iniciativa popular y la democracia participativa–, la mejora en la designación de los miembros del TC y del CGPJ, la recuperación del recurso previo de anticonstitucionalidad en relación con los Estatutos de Autonomía y la flexibilización del procedimiento de reforma constitucional.

Sobre estas sugerencias sería posible forjar un amplio acuerdo, pero no cabe decir lo mismo con respecto a otras recomendaciones como la integración política de las nacionalidades, la distribución de competencias entre el Estado y sus entes territoriales o la regulación de la financiación económica de las Comunidades Autónomas. La Constitución contiene disposiciones para hacer frente a los incumplimientos de las Comunidades, que llegan hasta la declaración del Estado de excepción (artículo 116)­­ o la suspensión de la autonomía (artículo 155), aunque también contiene otras menos radicales, a las que no ha recurrido el Gobierno central para hacer frente a la insumisión de la Generalitat. La imposición por el Estado de medidas de fuerza, que no cabe descartar del todo al ser constitucionales, no ofrecería una solución definitiva. Dicha solución debería lograrse con un acuerdo de naturaleza política en el que participen todas las fuerzas políticas constitucionales, para lo que habría que buscar, en opinión de Vallés, un clima favorable a la negociación y a la transacción. El Gobierno central tendría que salir de su letargo e involucrarse con los demás partidos en la elaboración de la reforma de la Constitución, acotando de antemano su alcance y las líneas sojas que no se podrían traspasar, como el principio de la unidad y de la integridad territorial de España. Todos los partidos, nacionales y nacionalistas, deberían actuar con rigor y sentido de Estado en busca de soluciones realistas y viables que consigan el mayor acuerdo posible. Han de respetar las normas establecidas en la Constitución –presente o futura– y observarlas lealmente. Más allá de estos límites, estima Muñoz Machado, sólo están “los regímenes confederados o la ruptura del Estado y la independización de sus fragmentos”. Según el Presidente del Centro, Benigno Pendás, hay que mantener el debate abierto, buscar la “conllevanza” entre los distintos pueblos y Comunidades, y encontrar un proyecto atractivo común para toda la Nación. ¡Que así sea!

Los golpistas denuncian un golpe
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 12  Mayo  2015

No sabía si reír o llorar leyendo el titular de prensa: “Los partidos denuncian un golpe de Estado contra el catalán”.

Dice Wikipedia que “golpe de Estado” es la toma del poder político, de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Eso es lo que han hecho, de forma sutil y con artes subrepticias, los partidos que configuran el Parlament, excepto PP y Ciudadanos que sí abogan por el Estado de Derecho y el imperio de la Ley. Es decir, el cumplimiento de las resoluciones y sentencias de los tribunales de justicia que aplican la ley, y que, en caso de disconformidad se pueden recurrir a instancias jurisdiccionales superiores hasta llegar al Tribunal de Estrasburgo.

El que el Tribunal Supremo ratifique las sentencias anteriores de otras instancias judiciales y ordene como mínimo un 25 % de vehiculización de la enseñanza catalana en castellano no es un golpe de Estado, es el imperio de la ley, señores de CIU, PSC, ERC, ICV y CUP. Que CIU, que es un partido independentista, al igual que ERC, e ICV y CUP que son partidos que tratan de subvertir el orden constitucional, se opongan a los tribunales de justicia no es una novedad. Lo que es, una vez más, un escándalo, es que los socialistas, que constituyen la amalgama en torno a la cual se configura el bipartidismo junto con el Partido Popular, se opongan a la ley, al Estado de Derecho. ¿Qué podemos esperar de un partido como el Partido Socialista que permite estas aberraciones entre sus propios conmilitones? Yo me atrevo a pedir, visto lo visto, el voto para los dos partidos con visión de Estado. Los únicos que hay en el panorama político: PP o Ciudadanos. Y si a ustedes no les gusta el estado de corrupción que apesta el panorama político, ya saben lo que les queda. Solo una opción.

Los que han dado un golpe de Estado, en grado continuado, y con acciones que subvierten el orden constitucional son los que denuncian que el Tribunal Supremo ponga las cosas en su sitio. Nos colocaron un Estatuto Catalán abiertamente inconstitucional; nos aplicaron el rodillo en escuelas, institutos y universidades catalanes obligando a todo hijo de vecino a estudiar en catalán poniendo el castellano como lengua extranjera, conculcando las prescripciones y convenciones de diferentes instancias internacionales que recomiendan respetar la lengua materna como vehículo de aprendizaje; vulneran de forma impune y descarada las sentencias de los diferentes tribunales que, conforme a la Constitución Española, obliga a respetar la voluntad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación y la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos, etc. Y éstos, que hacen de su capa un sayo, mientras que los gobiernos socialistas miraban para otro lado, ahora dicen que “El Estado” hace un “golpe de Estado”. ¿Pero qué chiste es este?

Hombre. Si se me permite disentir, yo no entiendo por qué tiene que ser un 25% del currículo educativo el que se imparta en castellano. ¿Y por qué no el 50%? ¿No es igual de cooficial el castellano que el catalán? Pero no seré yo quien cuestione la justicia de la sentencia del Supremo.

Aquí, una vez más, queda en evidencia que las lenguas se utilizan como instrumento al servicio de los intereses políticos, vulnerando el principio II de la Convención de Derechos del niño de la ONU, que dice que los gobiernos deben poner por encima de cualquier disposición de gobierno el “interés superior del niño”. En Cataluña y País Vasco se hace justo a la inversa. El niño o la niña es lo último en el orden de prioridades. En primer lugar está la “construcción nacional”.

Wert, el ministro, me decepciona una vez más diciendo que en el País Vasco y en otras comunidades se cumple el principio de respeto a la voluntad de los padres. No es así, señor ministro. O no se entera o no quiere enterarse. Aquí, donde vivimos los vascos, no se atiende la demanda de los padres de educación en lengua materna. La mayoría de los vascos tienen como lengua materna el castellano, nos guste o no –a mí me gusta pues 400 millones de habitantes del mundo tienen como primera lengua la mía y eso me abre puertas en el mundo-. Sin embargo, señor ministro, los niños se ven obligados a estudiar en una lengua que no es la del contexto, la mayoritaria, ni la suya propia. Pues, señor ministro, una vez más tengo que decir que las lenguas no tienen derechos, los derechos son los de los hablantes. Y debe prevalecer, el “superior interés del niño”. ¿El Estado español no suscribió la Declaración Universal de Derechos del Niño? Yo creo que sí.

Y no confundamos la falaz argumentación de que el castellano ya lo aprenden los niños en la calle. Eso es una patada a la realidad. Los niños asimilan los registros coloquiales, pero no los cultos. Y todo aquel que haya pasado por un aula sabe que la “comprensión verbal” abre puertas al universo del conocimiento si es amplia, pero restringe la capacidad cognitiva si es limitada. Aunque, la verdad, yo no creo que esas personas que se empeñan en empobrecer la cultura –la buena y la universal- de nuestros niños y jóvenes lo entiendan. Ellos mismos, tengo la impresión, tienen los niveles de captación de significados un poco escasos.

ETA, genocida

David R.  www.latribunadelpaisvasco.com 12  Mayo  2015

Recientemente, el Congreso aprobó por 276 votos a favor y 34 en contra la moción, fruto de una iniciativa de UPyD, en la que se pide a la Justicia que determine si los crímenes cometidos por ETA puede considerarse delito de genocidio o lesa humanidad. La declaración es fruto de una transaccional presentada por el partido antes mencionado.

Desde una perspectiva jurídica, el genocidio es un delito recogido en el artículo 607 del Código Penal, dentro del Capítulo II del Título XXIV. La descripción es contundente y amplia. Cuando se habla de genocidio se habla de delitos contra la comunidad, internacional y concretamente los que se cometan con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y con tal intención se mate a alguno de sus miembros, agredir sexualmente o causar lesiones de las prevista en el artículo 149 del Código Penal, someter al grupo o cualquiera de sus miembros a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud o cuando les produjeran lesiones de las previstas en el artículo 150 del mismo Código. También supone genocidio llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros y/o adoptar cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción o bien traslado forzoso de éstos o causar cualquier tipo de lesión.

En esta ocasión, me quedo en el análisis de los múltiples delitos cometidos por ETA-m en términos de posible genocidio. Y ocurre que, efectivamente se dan las circunstancias jurídicas y los hechos comprobables para que se substancie un procedimiento al respecto, ¿por qué?. Básicamente por la concurrencia de actuaciones de la banda terrorista. No solamente ha asesinado a casi mil personas, y ciertamente gracias a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, hemos tenido "suerte", pues su pretensión era matar a muchas miles de personas inocentes más; cabe recordar los intentos de masacres en las que fracasaron o no realizaron (Vaguada de Madrid, Torre Picaso, cuartel de Inchaurrondo, etc. La lista es muy larga)

Además, con su actuación terrorista durante cuatro décadas, ETA consiguió no sólo desplazar aproximadamente al 7% de la población de Euskadi (expulsarlos), sino que condicionó el ambiente social hasta extremos que hoy siguen latentes en las conversaciones, incluso entre miembros de la misma familia. Su horrible rastro también ha afectado a la salud de las personas que se han visto implicadas directa o indirectamente en lo que ellos llaman “conflicto”.

Y, desde luego, ha condicionado al tejido empresarial y sus actividades y, por lo tanto, a la economía, especialmente a las inversiones, tanto en sentido de inversión directa como en el sentido de fuga de inversiones a otros lugares del territorio nacional; es muy difícil cuantificar cuantos miles de millones de euros ha supuesto el "impuesto revolucionario". Pero es real que se duplicó el costo de la autovía de Leizarán, que se paralizó la central nuclear de Lemóniz y que casi logran detener la actual construcción del tren de alta velocidad.

En este sentido, el resultado de su actuación es técnicamente incuantificable, pero cualquier persona de bien puede hacer un ejercicio de cualificación. Por supuesto que existe un caso de genocidio, o como mínimo la pretensión del mismo, yo que creo que sí ha ocurrido y que deja una huella que tardará más de una generación en superarse, y es muy procedente que el Congreso de España solicite al Poder Judicial que investigue estos extremos.

En Euskadi estamos viviendo el olvido de un genocidio, y sería muy lamentable que con más de 300 asesinatos sin resolver se obviase la dimensión del tamaño del crimen organizado cometido. En el caso de ETA-m, la definición de genocidio es pertinente y se ajusta a derecho. Imaginemos: ¿Qué escenario tendríamos si ETA-m hubiese conseguido todos sus objetivos "militares"?, ¿De cuántos miles de muertos hablaríamos?, ¿Qué modelo de sociedad sufriríamos?

Seguro que usted no podría leer este artículo porque este periódico no existiría, y yo probablemente estaría en el campo santo

Navarra puede acabar siendo Euskadi
Cayetano González Libertad Digital 12  Mayo  2015

En las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 24 hay muchas cosas en juego: algunas muy importantes para el futuro de nuestra nación, otras que lo serán menos e incluso habrá cuestiones secundarias o anecdóticas. Entre las primeras, las importantes, no hay ninguna duda de que se encuentra lo que pueda pasar en Navarra. Y las cosas no pintan bien para los que pensamos -y defendemos- que el Viejo Reino tiene que seguir como hasta ahora, siendo una comunidad foral y española.

La encuesta del CIS de la pasada semana dibujaba un panorama muy preocupante para el futuro de Navarra. Según ese estudio demoscópico, UPN sería la fuerza más votada, con 11-12 escaños de un total de 50. Este resultado supondría que la formación foralista tendría 7-8 escaños menos que ahora. Muy pegado a UPN aparece Podemos, con 11 escaños, seguido de una de las marcas de ETA, EH-Bildu (7), el PSN (6), los nacionalistas de Geroa-Bai (5), Ciudadanos (4-5), el PP (3) e IU (2).

Con este mapa electoral, la alianza de los partidos favorables a la integración de Navarra en la Comunidad Autónoma Vasca alcanzaría los 25 escaños (la mayoría absoluta está en 26), mientras que en el otro bloque, UPN, Ciudadanos y PP, tendrían entre 18 y 20. En cuanto a los 6 escaños del PSN, lo prudente es no contar con ellos para seguir defendiendo la españolidad de Navarra, ya que la postura de los socialistas navarros es enormemente confusa y cambiante, pero su objetivo es claro: impedir a toda costa que el centroderecha, representado fundamentalmente por UPN, siga gobernando en Navarra. Si para eso tienen que abstenerse en el pleno de investidura del nuevo presidente del Gobierno de Navarra, o incluso apoyar opciones que propugnan el cambio de estatus político, lo harán. Pedro Sánchez ha dicho, en referencia a toda España, que los socialistas están abiertos a pactar con todos, menos con el PP y con Bildu. Quizás se tenga que emplear a fondo en Navarra para que lo segundo sea verdad.

La integración de Navarra en esa Euskadi idílica y pastoril que parió Sabino Arana ha sido un objetivo prioritario de los nacionalistas de todo signo. Durante muchos años, en las manifestaciones o actos políticos organizados tanto por el mundo de ETA como por el PNV, o su escisión Eusko Alkartasuna, la consigna Nafarroa Euskadi da (Navarra es Euskadi) era de las más repetidas y coreadas por los asistentes. El PNV, a la hora de poner en marcha el Gobierno vasco tras la aprobación del Estatuto de Guernica (1979), eligió a un navarro, Carlos Garaikoetxea, como su candidato a lehendakari, y hubiese querido que Pamplona fuera la capital de la Comunidad Autónoma Vasca y sede, por tanto, de las instituciones vascas. Al final esa elección recayó en Vitoria, fundamentalmente porque la Diputación Foral de Álava cedió al nuevo Gobierno vasco el Palacio de Ajuria-Enea como sede de la Lehendakaritza y un centro geriátrico sin estrenar, así como suena, que fue ocupado por las diferentes consejerías.

ETA ha tenido también la integración de Navarra en Euskadi como uno de sus objetivos prioritarios. Para imponer su proyecto totalitario ha asesinado en la Comunidad Foral a 42 personas: guardias civiles, policías nacionales, militares y políticos de la derecha, como los cargos públicos de UPN Tomás Caballero y José Javier Múgica. También intentó, sin conseguirlo, acabar con la vida del que fuera entonces director del Diario de Navarra, José Javier Uranga, persona luchadora y defensora de la españolidad de su tierra.

En el proceso de negociación política que Zapatero llevó a cabo con ETA durante su primera legislatura en La Moncloa, la cuestión de Navarra estuvo muy presente tanto en las conversaciones que a tres bandas tuvieron en Loyola el PSE, Bildu y PNV como en las reuniones en Oslo entre el entonces presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y la dirección de ETA. Así se pone claramente de manifiesto en las actas de esas reuniones y en lo que los propios protagonistas han contado posteriormente.

Durante la elaboración de la Constitución, por la presión del PNV y de la propia ETA y por los temores y complejos que de la UCD de Adolfo Suárez, así como por la postura tibia del PSOE, se incluyó en el texto una disposición transitoria -la cuarta, todavía vigente- por la que se regula la forma en que Navarra podría integrarse en la Comunidad Autónoma Vasca. Una disposición que, a la vista de lo sucedido en todos estos años, los diferentes Gobiernos del PP –tanto el de la mayoría absoluta de Aznar como el de Rajoy- podrían haberse planteado derogar, ya que es políticamente una irresponsabilidad y un suicidio mantener indefinidamente abierta esa puerta. Pero ni Aznar entonces ni Rajoy ahora tuvieron el coraje para afrontar ese problema, que afecta muy seriamente a la estabilidad institucional no sólo de una parte de España, sino al propio sistema constitucional.

Quizás en la noche del 24-M, y a la vista de los resultados electorales que se produzcan, se inicie el camino para la integración de Navarra en Euskadi. Si esto sucede, será un triunfo fundamentalmente de ETA, porque el PNV en Navarra es inexistente desde la escisión que sufrió en 1986. Para que ese proceso de integración se ponga en marcha será imprescindible el apoyo a las fuerzas nacionalistas de un partido como Podemos. ¿Alguien tiene alguna duda de que los de Pablo Iglesias apoyarán ese proceso? La razón principal para hacerlo es que con ello herirán de muerte al sistema institucional que hemos conocido hasta la fecha.

Como telón de fondo, una pregunta inocente: ¿les importan algo a Rajoy y a Sánchez esta situación y sus previsibles consecuencias?

El escalofriante mensaje electoral del exetarra Rekarte
La entrevista en televisión al exmiembro de la banda terrorista ha sido el mejor mensaje electoral para que el próximo 24 de mayo los partidos proetarras no entren en las instituciones
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 12  Mayo  2015

EH-Bildu es una opción política al alza en el País Vasco y Navarra. Hegemónica en Guipúzcoa, tiene enorme penetración en Vizcaya y en la Comunidad Foral. Estará presente en la mayoría de los ayuntamientos vascos, muchos navarros, en las tres Diputaciones Forales y en el Parlamento Foral navarro.

Sus dirigentes dicen no ser los sucesores de la banda terrorista ETA, pero no le piden que se arrepienta de sus crímenes; que reconozca el daño infligido a las víctimas y que se disuelva. Los electores de EH-Bildu son, en muy buena medida, los que antes optaban por las diversas marcas electorales que de la izquierda abertzale han sido.

La gran operación política que corresponde a sus líderes –demediados siempre por la larga sombra de ETA– consiste en blanquear la trayectoria de la organización terrorista, hacer pasar por gudaris a sus pistoleros y elevar su causa a la categoría política de conflicto con el Estado.

Es seguro que la democracia española –que ha puesto casi novecientas víctimas mortales– ha ganado policialmente a ETA. Pero no es nada seguro que le haya vencido en el terreno de las ideas y de los valores. De haberlo hecho, militar en EH-Bildu se consideraría, allí y fuera de allí, hacerlo en una fuerza política totalitaria y, por lo tanto, excluida de la comunidad democrática.

El sistema español, sin embargo, a través del Tribunal Constitucional –tan estricto en algunos temas y tan laxo en otros– ha determinado que EH-Bildu, Sortu y todas las marcas proetarras son legales. El día 24 puede que muchos de sus representantes se abracen, triunfantes, a ese siniestro personaje que es el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, que cuando oficiaba de redactor jefe de EGIN redactó el infame título de “Ortega sale de la cárcel” cuando la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones de su secuestro, que duraba ya 532 inhumanos días.

Jordi Évole –tan discutido y tan discutible– consiguió el domingo un Salvados antológico al entrevistar durante casi una hora, al ritmo de verbosidad que imponían los silencios necesarios en esa conversación, al exetarra Iñaki Rekarte.

Es un hombre sinceramente arrepentido que ha escrito un libro demoledor (Lo difícil es perdonarse a uno mismo, editorial Planeta) y que también lo estuvo en la entrevista del domingo por la noche en laSexta.

El resumen de lo que dijo es sencillo, nítido y brutal: ETA es un trágico error de la historia vasca y española en general que jamás sirvió a ideal alguno; que asesinó por un dinamismo bestial impuesto por mínimas elites de sanguinarios dirigentes, una organización delictiva que se cobijó –y se sigue cobijando– en el silencio y el miedo de los vascos (de los que están; no de los que nos hemos tenido que ir) y que, como dijo el que fuera asesino de cinco personas, es una losa sobre generaciones y generaciones de vascos.

Quedan por resolver 347 asesinatos perpetrados por ETA. Queda por saber cómo y quienes han estado financiando con el chantaje a la banda terrorista. Quedan por dilucidar muchas complicidades. Por eso, votar a EH-Bildu o a cualquiera de sus marcas es un acto supremo de inmoralidad, no sólo política, sino también meramente humana.

El escalofriante alegato de Rekarte –harían falta cientos como el suyo para que la sociedad vasca recuperase su integridad deteriorada– ha sido el mejor mensaje electoral para que los epígonos del terrorismo no ocupen, agraviándonos a todos, puestos de responsabilidad en Ayuntamientos y Diputaciones vascos y navarros el próximo 24 de mayo.

Violencia verbal
Francesc MorenoCronica Global  12  Mayo  2015

Leo que Mas le dice a Iglesias que "la violencia verbal degenera en violencia física". Sin duda, tiene razón. Lo que me llama la atención es su sensibilidad con lo que dicen los demás y no con lo que él y los suyos llevan repitiendo desde hace años. Que si España nos roba, que me quieren romper las dos piernas, que Cataluña está amenazada de muerte, que si los disidentes son quitacolumnistas o botiflers.

El alto grado de utilización de las bajas pasiones por algunos sectores del nacionalismo catalán no admite discusión

Por recordar algunas expresiones frecuentes. ¿No es eso una violencia verbal que puede degenerar en otro tipo de violencia?. Generar victimismo, generar odio, es una forma de violencia verbal. Si esta violencia verbal va asociada a un proyecto político que no triunfará y que, por tanto, generará frustración en muchos de los ciudadanos que se han creído el discurso político, las probabilidades de que de la frustración se pase a la violencia no son desdeñables. O, acaso, ¿que se lancen loas a Terra Lliure en un acto de la ANC no es producto del clima de tensión y confrontación creado por Mas?

La doble moral, la hipocresía es común en política. Pero el alto grado de utilización de las bajas pasiones por algunos sectores del nacionalismo catalán no admite discusión. Por eso me permito recordar al todavía President que espero que cumpla su palabra y convoque elecciones para dejar de serlo, que eso de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, es propio de quien ha perdido toda conexión con la realidad. Si usted se siente amenazado por el discurso de un político sin poder, imagínese como nos sentimos los ciudadanos catalanes amenazados por el Jefe de Gobierno que debería ser la garantía de nuestra tranquilidad y debería amparar nuestra libertad de expresión.

Usted culpabiliza a Iglesias por una posible violencia física en base al viejo aforismo jurídico "de que lo que es causa de la causa, es causa del mal causado". Pues aplíquese la máxima y deje de hacer victismismo y de demonizar a los disidentes.

Arrancan de cuajo diez de las 73 placas que recuerdan el lugar en el que ETA asesinó a diferentes personas en San Sebastián
www.latribunadelpaisvasco.com 12  Mayo  2015

Consuelo Ordóñez: “Nuestras instituciones mantienen intacta la cultura del odio”

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, COVITE, ha denunciado la retirada de una decena de las 73 placas que esta asociación acababa de colocar en distintos puntos de San Sebastián en los que fueron asesinadas 96 personas en atentados terroristas.

Ordóñez ha atribuido la autoría de estas desapariciones a personas "llenas de maldad" que están retirando las placas porque "la cultura del odio en este país no ha cambiado absolutamente nada". "ETA ya no nos mata, pero la cultura del odio está intacta", ha recalcado Ordóñez, quien ha asegurado que "nuestras instituciones son responsables" de esta situación porque "nunca han trabajado precisamente este tema" y "no hablan a nadie de lo que ha pasado en la historia más reciente". "Lo ocultan estratégicamente, de eso son responsables nuestras instituciones, de mantener intacta la cultura del odio", ha recalcado.

Para la dirigente de COVITE, esta situación "es el reflejo de lo que hay hoy, y de los nuevos tiempos" en los que "la mentalidad fanatizada basada en la maldad y la cultura del odio no han cambiado".

Ordóñez, hermana del concejal del PP donostiarra asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, ha pedido al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, en manos de la formación proetarra Bildu, que "no tome ninguna decisión de quitar" las placas y que "respete" sus "fundadas razones para haber llevado a cabo esta acción de dignidad, necesaria y urgente".

Ha recordado además que la acción de COVITE está motivada por el "incumplimiento" del mandato que el pleno hizo al Gobierno municipal de Bildu en mayo de 2014, que "obliga a recordar a los asesinados en los lugares que fueron asesinados".

Según ha podido saber “La Tribuna del País Vasco” de vecinos que han visto la retirada de las placas, éstas habrían sido “arrancadas” por personas, “del barrio”, próximas a la autodenominada “izquierda abertzale”. “Todos les conocemos y todos sabemos lo que han hecho y, sobre todo, lo que hicieron en el pasado. Son los mismos perros rabiosos de siempre”, explica María T. R., una mujer que asegura que ayudó a colocar varias de las placas a miembros de COVITE. “Volveremos a ponerlas tantas veces como haga falta; hasta que los asesinos se den cuenta de lo que hicieron a esta sociedad”.


Recortes de Prensa   Página Inicial