AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 20  Mayo 2015

El despertar cívico de las clases medias
ELISA DE LA NUEZ El Mundo  20  Mayo  2015

¿Asistiremos el próximo domingo al primer acto del despertar cívico de las clases medias en España? Ojalá, porque la imprescindible regeneración democrática sencillamente no es posible sin ellas, como ha demostrado la Historia de otros países que se enfrentaron con los mismos problemas antes que nosotros y consiguieron solucionarlos. El diagnóstico sobre el tremendo deterioro de nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho está hecho desde hace tiempo; la relación entre buenas instituciones y progreso económico, sociedades abiertas e inclusivas y, en definitiva, el buen gobierno está también muy estudiada. La corrupción que tanto parece preocupar -por fin- a los españoles es sólo el síntoma de una enfermedad institucional grave, la sustitución, en la práctica, del Estado moderno y fuerte que establece nuestra Constitución (lo que los expertos denominan «El Estado weberiano») por un Estado débil y clientelar, presa fácil de todo tipo de intereses, empezando, claro está, por los intereses de los más poderosos. El caciquismo, que durante un tiempo llegamos a pensar que era algo de otra época, ha vuelto con fuerza, si es que alguna vez llegó a irse. Para demostrarlo ahí tienen dinastías de caciques como la de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón que surgen en el siglo XIX y que llegan hasta hoy sin solución de continuidad. Cierto es que Carlos Fabra está en la cárcel pero su hija es todavía diputada en el Congreso por el PP.

Conviene insistir en que el caciquismo y el clientelismo son consustanciales a la forma de hacer política de los viejos partidos, con sus listas cerradas, su falta de democracia interna, su financiación irregular, su ocupación de todas y cada una de las instituciones, y en definitiva, su control casi total sobre el dinero de los contribuyentes que es el que permite, no lo olvidemos, atender a la cada vez más extensa clientela. Existe todo un entramado de personas físicas y jurídicas que no tendrían posibilidades de prosperar económica y hasta socialmente en entornos realmente abiertos y competitivos. Son aquellos que por falta de capacidad, mérito, esfuerzo y profesionalidad tendrían muy complicado conseguir un contrato o un puesto de trabajo de un nivel parecido a los que obtienen en el sector público gracias al patronazgo de un partido político. O los que sencillamente nunca han trabajado en otra cosa que en la política o en sus aledaños. Para entendernos, son los que le deben todo al partido.

Pero ¿cómo desmontar un Estado clientelar e ineficiente y alcanzar un Estado realmente eficaz y moderno? Ciertamente no es tarea fácil y suele llevar bastante tiempo. Otros países han necesitado -además de ese imprescindible despertar cívico de las clases medias- lo que los expertos han denominado una «coyuntura crítica», generalmente encarnada en una guerra. Afortunadamente, ahora un acontecimiento bélico no es previsible ni tampoco parece necesario. Creo que nuestra tremenda crisis económica, que se ha llevado por delante el bienestar de tantas familias (se calcula que ha desaparecido un tercio de la clase media) y ha incrementado en nuestra sociedad la desigualdad y la injusticia de manera tan notable puede funcionar perfectamente como coyuntura crítica a estas alturas del siglo XXI.

Pero, además, contamos con un instrumento esencial: al menos formalmente, es decir, «aspiracionalmente» nuestro Estado es un Estado moderno. Si se fijan bien, no oirán ustedes a ningún político negar que tenemos un Estado homologable con el de otras democracias avanzadas, con instituciones razonablemente diseñadas, con un Estado de derecho sólido. Otra cosa es la realidad, claro, porque sencillamente muchas de nuestras leyes no se cumplen, o sobre todo no se cumplen por quienes se lo pueden permitir, que no somos la mayoría. Pero nadie a estas alturas se atreve a defender que el mejor modelo para España es el del Estado clientelar, que el capitalismo de amiguetes es una versión avanzada del capitalismo, que hay «caciques buenos» (salvo algún cacique gallego que sí se atrevió a decirlo) o que alguien que ocupa un puesto público relevante no esté ahí «por sus méritos» aunque los méritos se reduzcan de forma notoria a su relación con alguien importante. De ahí también la proliferación de CVs amañados, tesis plagiadas y carteras de clientes inventadas. Es precisamente de esa imposibilidad de reconocer cómo funcionan realmente las cosas de la que procede la perpetua esquizofrenia en la que vive instalada la vieja clase política, de Mariano Rajoy a Susana Díaz; no hay manera de hacer coincidir lo que dicen con lo que hacen; porque lo que hacen de verdad, sencillamente, no se puede contar.

Por esa razón, más que de rehacer nuestras instituciones desde cero se trata de revigorizarlas, de devolverlas a su verdadero ser. O dicho de otra manera, de intentar que las leyes (desde las que predican la independencia del Poder Judicial hasta las que establecen la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional) se cumplan de una vez. Por todos, pero en primer lugar por los que debieran ser sus garantes y protectores, los propios responsables políticos. Y por supuesto por los más poderosos. Porque eso es precisamente lo que caracteriza a un Estado de Derecho moderno: que no hay nadie «intocable». Sin duda, es crucial para conseguirlo la labor de jueces independientes y profesionales; pero los jueces son siempre agentes que actúan una vez que el daño ya se ha producido. De ahí la importancia de reactivar los controles previos, los controles preventivos. Recordemos que la mejor forma de luchar contra los delincuentes o los corruptos no son las patrullas externas sino las internas.

¿Cuáles son esos controles internos? Pues son básicamente los que proporciona la existencia de una Administración meritocrática, neutral y profesional. La relación entre la debilidad de estos controles y el aumento de la corrupción es muy significativa, como se deduce del estudio que presentamos hoy en Madrid la Fundación ¿Hay Derecho?, una iniciativa de la sociedad civil en defensa del Estado de Derecho. Allí donde esos controles preventivos han sido sistemáticamente desmontados es donde más incidencia alcanza la corrupción política. Nada sorprendente, por otra parte. La arbitrariedad y el abuso están siempre ligados a la falta de controles y de rendición de cuentas. Si un alcalde puede cesar libremente a un interventor molesto o reducir el sueldo a un secretario de Ayuntamiento demasiado escrupuloso con el cumplimiento de la ley sin ningún problema, a cambio de obtener un buen número de votos favoreciendo ilegalmente a amigos y conocidos ¿por qué va a dejar de hacerlo? Los incentivos están claros.

El mérito, la capacidad, el esfuerzo y la profesionalidad son, precisamente, los valores esenciales de las clases medias porque son los valores que permiten a cualquiera, sea cual sea su origen, llegar a formar parte de ella. Por eso las clases medias son siempre las principales interesadas en salir de la trampa que supone un Estado débil y prisionero de los intereses de unos pocos (que para ellas será siempre «extractivo») para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente moderno. En definitiva, el tipo de Estado que proclama nuestra Constitución. Nos toca por tanto a los que nos consideramos «de clase media», es decir, a la mayoría de los españoles, despertar cívicamente. Sencillamente porque si somos suficientes podremos exigir que lo que proclaman nuestras leyes se haga realidad. Este año electoral nos ofrece una gran oportunidad, conviene no dejarla pasar si no queremos retroceder a sociedades pretéritas y tener que reescribir el clásico de Joaquín Costa Oligarquía y caciquismo en pleno siglo XXI.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, fundadora de Iclaves y editora del blog ¿Hay derecho?.

Y ahora hurgaré en la basura…
Editorial www.gaceta.es  20  Mayo  2015

Un sólo diputado o concejal puede bastar para decidir quién gobierna. El voto minoritario va a dejar de ser meramente testimonial.

Esperanza Aguirre dijo que votar a VOX era tirar el voto. Después ha invitado a los candidatos de Vox a volver al PP. En otros términos: primero os tiro a la basura y después hurgo en el basurero. Muy mal ha debido de ver Aguirre el paisaje para cambiar tanto su perspectiva. Y es que, encuestas en mano, despreciar al chiquitín se ha convertido en un juego muy arriesgado. Los votos de Ciudadanos y Podemos van a valer su peso en oro. Incluso VOX, a pesar del tenaz bloqueo impuesto por la mayoría política y mediática, empieza a contar en numerosos lugares. Por ejemplo, en Madrid.

Todo indica que estas elecciones van a marcar el fin del avasallador bipartidismo que hemos venido viviendo en España en los últimos años. Seguramente la vida política seguirá pivotando sobre las dos grandes formaciones –PP y PSOE-, porque es difícil creer que la presente crisis de ambas vaya a llegar hasta el colapso, pero las nuevas formaciones –Podemos, Ciudadanos, Vox- van a ser cada vez más determinantes a la hora de dar y quitar mayorías. Entramos en una fase de, por así decirlo, bisagras múltiples. Un sólo diputado puede bastar –lo hemos visto en Asturias- para decidir quién gobierna. El voto minoritario va a dejar de ser meramente testimonial. Los grandes van a tener que inclinarse ante los pequeños.

Eso no es malo. Por un lado, la oferta ideológica se amplía, y buena falta iba haciendo en un panorama donde el PP se ha dedicado a aplicar el programa de ingeniería social de la izquierda y el PSOE se ha enredado en mil componendas bancarias y empresariales. Por otra parte, el poder va a estar en más manos, y eso también iba haciendo falta, porque la inmensa mayoría de los casos de corrupción que han devastado nuestra democracia obedece al hecho de que ha habido demasiada gente con demasiado poder durante demasiado tiempo. Hay que esperar que el nuevo paisaje altere también el indecente reparto bipartidista del pastel público (y privado) en la Justicia, la comunicación, la banca, etc. Una vez más, hace falta.

Durante demasiados años los dos grandes partidos han tirado literalmente a la basura las aspiraciones de sus votantes. Lo que ha hecho el PP con la derecha social en esta legislatura es clamoroso, pero también el PSOE, aunque con menos ahínco, ha defraudado las expectativas de la izquierda social, especialmente en materia de corrupción. Era inevitable que el edificio se quebrara. Ahora quedarán pendientes muchos problemas estructurales de la democracia española, empezando por la propia viabilidad de la unidad nacional, pero al menos se abren expectativas nuevas para salir del callejón donde unos y otros nos han metido. Buena noticia.

No, votar a un partido pequeño no será tirar el voto a la basura. Los grandes lo saben mejor que nadie.

Camino de la basura
Emilio Campmany Libertad Digital  20  Mayo  2015

Cuando hay que tomar una decisión, no es infrecuente que la moral aconseje un camino y las consideraciones prácticas, otro. Es un dilema que se da, por ejemplo, cuando se nos ofrece un ascenso para sustituir al amigo arbitrariamente despedido. La conciencia exige rechazar un puesto que es fruto de una injusticia. Desde un punto de vista práctico, sin embargo, esa actitud es estúpida porque el amigo se quedará igualmente sin trabajo, el puesto irá a parar a otro y la única consecuencia visible será haber dejado pasar una ocasión de ascender sin haber conseguido para el amigo en paro ningún beneficio.

Algo parecido pasa con el voto útil. Se presenta a las elecciones un partido que dice pensar como nosotros, pero que cuando gobierna hace exactamente lo contrario para congraciarse con quienes no le votan, abusando de la convicción de que, con tal de impedir que ganen los otros, le seguiremos votando pase lo que pase. Votar a cualquier otro partido que diga defender las ideas que supuestamente defiende el PP y de las que el PP reniega cuando gobierna es, como dice Esperanza Aguirre, tirar el voto a la basura. Las encuestas le dan la razón. Y, sin embargo, para que una decisión inútil empiece a dejar de serlo lo primero que hay que hacer es tomarla.

Volviendo al ejemplo del amigo despedido, desdeñar su puesto puede ser inútil si el siguiente a quien se le ofrece lo acepta. Pero ¿y si lo rechaza siguiendo a lo mejor nuestro ejemplo? Si todos a los que se les hace la oferta reaccionaran igual, el que cometió la injusticia se verá obligado a repararla. Y para que eso pueda pasar lo primero que tiene que ocurrir es que a quien primero se la formulen se niegue a aceptarla, que es lo que dará al siguiente la ocasión de hacer lo mismo. No hay justificación moral a dejarse convencer de que hay que seguir votando al PP. Tan sólo hay consideraciones prácticas. Pero si nos rendimos a ellas no sólo renegaremos de nuestros principios, sino que además estaremos socavando el esfuerzo de quienes, pensando como nosotros y enfrentados al mismo dilema, prefieran obrar en conciencia.

Me dirán que no es necesario tirar el voto a la basura para huir del PP y que se puede votar a Ciudadanos. No lo discuto para aquellos que vean reflejadas sus ideas en su programa. No es mi caso, ni creo que lo sea el de quienes confiaron en el programa del PP. De forma que estoy decidido. El día 24 me dirigiré con paso firme a depositar mi voto en la basura, el lugar donde el PP arrojó mis principios cuando decía que eran los suyos.

La trampa de la gobernabilidad
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com  20  Mayo  2015

La irrupción de nuevas opciones en el panorama político español, con la previsible fragmentación de parlamentos y consistorios, ha suscitado en dirigentes, candidatos y sesudos comentaristas cierta fijación, una súbita preocupación por las dificultades que entrañará formar gobierno en autonomías y ayuntamientos. Los partidos emergentes parecen reacios a apoyar a los tradicionales para constituir una nueva mayoría. Estaría en peligro nada menos que la "gobernabilidad". Ya lo dijo, desesperada, Susana Díaz: los andaluces no pueden estar sin gobierno. Ya será menos. Quizá sea ella quien no aguanta sin formar un ejecutivo. Nuestros políticos suelen confundir los intereses de la ciudadanía con los suyos propios.

No son los españoles quienes salen perjudicados por falta de gobierno: son sus políticos. El bloqueo del ejecutivo no implica la paralización de los servicios de la administración. Como mucho, se ralentiza el intercambio de favores, la ampliación de redes clientelares o el generalizado latrocinio. Y cesa temporalmente esa infernal cadena de producción de tramposas leyes, normas y regulaciones. ¡Semanas o meses sin reglamentar hasta los aspectos más nimios de la economía o la sociedad! También puede llegar la repetición de las elecciones, tal como contemplan los disparatados estatutos de autonomía.

“Gobernabilidad”, interesante palabra que significa en el peculiar lenguaje político "manga ancha para asignar prebendas y cargos". O reparto de favores a periodistas afines. Las elecciones autonómicas y municipales son fuente inagotable de puestos para colocar a los propios. Algunos países crecen cuando sus políticos duermen.

Riesgo de un nuevo cambalache
Pero deben sosegarse los que muestran inquietud, pesadumbre ante el peligro de inestabilidad. La pretendida ingobernabilidad sólo permanecerá hasta que cesen las elecciones previstas para este año. Después, es muy probable que comience el festival de cambalaches, apaños, enjuagues y componendas que caracteriza a la política española.

Las opciones emergentes van dando crecientes muestras de insustancialidad, intención de preservar la esencia del statu quo. Nos sorprenden con parches, ocurrencias, propuestas arbitristas, críticas poco consistentes al régimen de embuste y demagogia de las últimas décadas. Y una poco disimulada inclinación al pacto, a apoyar a las opciones tradicionales en el momento en que ya no implique pérdida de votos. Un enfoque electoralista muy alejado de los principios y valores que deberían mantener a ultranza quienes abogan por la regeneración. Corremos el riesgo de padecer otra "Transición", un nuevo reparto de la tarta entre los que estaban y los que llegan.

Nadie ha osado señalar la profunda reforma que necesitan las Autonomías. Convertidas en patios de Monipodio, paraíso de caciques, ninguna trapacería o bribonada les es ajena. Ninguno habla de reducir sus mastodónticas administraciones, más dirigidas a colocar partidarios que a prestar servicios. Ni de racionalizar las competencias, asignadas en el pasado por mera conveniencia política, no para prestar mejor servicio al ciudadano. No hay candidato que señale con el dedo a esos parlamentos autonómicos que, al igual que Congreso o Senado, se han convertido en una reunión de indolentes, cuya actividad se limita a pulsar botones sin criterio o conocimiento de causa. Todos prefieren subir impuestos a recortar administraciones: demasiada gente para colocar.

Cambiar las reglas del juego
Los partidos continúan revolcándose en la política ordinaria, la del día a día, en una etapa crucial que exige un cambio completo de reglas de juego. Siguen con la cantinela de prometer gastar más, aunque lo llamen "hacer", "construir", "conceder" o "establecer". Compiten en la loca carrera por subir impuestos. O exhiben inútiles gestos de cara a la galería, como la exigencia de renuncia de Chaves y Griñán. ¿Sólo ellos? Cualquiera diría que, desapareciendo estos dos pájaros de cuenta, la política andaluza (o incluso española) quedaría impoluta, libre de mácula. Otros que confunden responsabilidad política y penal. El ambiente desprende un penetrante aroma a política antigua, trufada de disimulos para no perder votos.

Los partidos emergentes deberían ser conscientes de que no ganaron los apoyos por méritos propios, o por su cara bonita, sino por la denodada podredumbre de los tradicionales. Sus votantes buscan un cambio profundo, un replanteamiento sustancial de la política, no renovadas ocurrencias o majaderías. Ni aspirantes con más oportunismo que principios, meros imitadores de las trapisondas de sus antecesores. La ciudadanía responsable desea una nueva hornada de dirigentes que aspiren al poder, no como un fin en sí mismo, sino como medio para reformar el caduco sistema político. Personas dispuestas a arriesgar, no individuos propensos a repetir el ritual de la política española: agitar el enjuague, la componenda, el reparto de cargos.

El sistema debe impulsar gobiernos capaces de desarrollar eficazmente su labor tras un cambio de reglas que fomente una política de altos vuelos, con la mirada en el horizonte, no en el mero día a día. Tras unas reformas que garanticen separación de poderes, controles y contrapesos, limpieza de la vida pública y, sobre todo, la capacidad de la ciudadanía para supervisar a sus representantes.

El sistema bipartidista que conocimos se encamina hacia el colapso. Se abrirá una nueva etapa, distinta en caras y estilos. Pero, al igual que en la Italia de los 90, corremos el serio peligro de que las reformas queden demasiado cortas, que el nuevo régimen reproduzca los vicios del anterior. Si algunos no se lo toman en serio, la regeneración política se demorará mucho más de lo que debiera.

Que acabe ya la campaña, por favor
Almudena Negro www.vozpopuli.com  20  Mayo  2015

La campaña electoral que estamos padeciendo y que ya ha traspasado su ecuador, me está resultando aburridísima. El rídiculo de alguno de los candidatos, además, es que no tiene límites. Ya no son sólo las extravagantes naumaquias del simpático Carmona, un político que no cae mal al respetable pero que nadie se toma en serio. En este sentido, como magníficamente disecciona Alberto Lardiés día a día en este digital, las promesas y actuaciones de algunos no pueden ser tomadas en serio por nadie. De la moneda propia de Ada Colau a las ocurrencias del Obama gallego pasando por el cambio de sexo de San Isidro de los de Podemos. Y, sin embargo, todo parece indicar que al menos uno de ellos podría obtener asiento en el sorteo de cargos públicos del próximo 24 de mayo. Y es que Colau, una propietaria con mucha jeta travestida en defensora de pobres y deshauciados, incluso puede ganar las elecciones en su demarcación, lo que dice bastante del estado moral de la infantilizada y nihilista sociedad barcelonesa. Que no es mucho peor que la del resto de España.

Todos sabemos, desde que lo verbalizara ese gran caradura llamado Tierno Galván –¡el que no esté colocado que se coloque!–, que los programas y promesas electorales están para ser incumplidos

Confieso que la subasta de muñecas chochonas y perritos piloto en que las élites extractivas, las oligarquías, han convertido la campaña electoral de las elecciones administrativas que se celebrarán el próximo domingo –a ver si llueve– me aburre soberanamente. Porque todos sabemos, desde que lo verbalizara ese gran caradura llamado Tierno Galván –¡el que no esté colocado que se coloque!–, que los programas y promesas electorales están para ser incumplidos. Y a eso se han atenido todos, hasta el momento, y lo que te rondaré morena. Son quienes estos días prometen grandes dádivas con dinero público, asumiendo por tanto que no es de nadie y ocultando que caso de cumplir tendrían que saquearnos aún más vía impuestos. Son quienes hablan un día sí y otro también de democracia, la cual confunden con un democratismo (la Ersatzreligion que todo lo inunda) de baratillo. Esos que rehúyen cualquier debate serio acerca de la ausencia de libertad colectiva, esto es, de libertad política. Ya saben: división de poderes y representación. Todo lo demás es farfolla. Pero resulta que cuela.

Desde Ciudadanos, ese espejismo que como ya sucediera con Podemos comienza a desinflarse lentamente, se exige al resto de formaciones políticas para poder llegar a acuerdos, o sea a los ansiados sillones, la celebración de elecciones primarias internas. No se sabe si para, una vez celebradas, si no gusta el candidato cambiarlo, como han hecho los naranjas, por ejemplo, en el madrileño e histórico Móstoles. Una injerencia absurda en la vida del resto de partidos estatales, a quienes quieren obligar a modificar sus estatutos de régimen interno, que, y esto es lo grave del asunto por cuanto tiene de cortina de humo, no tiene nada que ver con regenerar nada. Porque aquí no hacen falta primarias, que son un teatrillo desde los tiempos de Borrell y Almunia como todos sabemos. Primarias que, en todo caso, no son más que una forma de elección interna de partidos, asociaciones o lo que ustedes quieran. Nada que ver con la democracia, aunque la mayoría no se entere y recite la letanía de la democraciainternadelospartidos.

Empero, lo que sí hace falta y urgentemente, si de verdad se quiere democracia, es que exista representación. Es decir, que podamos elegir directamente, en circunscripciones uninominales, a nuestro concejal, a nuestro diputado. Y además, a nuestro presidente y a nuestro alcalde. Además de implementar una suerte de impeachment que permita revocar de su cargo a los políticos mentirosos. Claro que, de proponerse acabar con el sistema de listas cerradas y bloqueadas que permite la partitocracia, se liquidaría el sistema oligárquico establecido el mítico año de 1978 que tanto defienden, acaso inconscientemente, los dirigentes de Ciudadanos, consumidos por los tópicos y la corrección política.

Es por eso que los partidos estatales tradicionales, el Partido Popular y el PSOE, comienzan, a decir de los entendidos en la materia, a remontar lentamente en intención de voto. La experiencia es un grado, mientras que la errada sobreexposición mediática de las nuevas promesas, Iglesias y Rivera, se les ha terminado por volver en contra, porque en el fondo hacen oposición y no proponen gobierno ni medida regeneradora real alguna. Y lo que les queda. Los trackings internos que manejan en Génova 13 tranquilizan a los populares. A este paso Rajoy se sale con la suya. Tanto da. No hay alternativa.

Mítines, ¿para qué?
Ignacio ruiz quintano ABC  20  Mayo  2015

A unos que tapiaban un cementerio les dijo Valle-Inclán: «Empeño inútil, pues los que están dentro no van a querer salir y los que están fuera no van a querer entrar». Es la misma absurdidad que uno ha visto siempre en los mítines: los que están fuera no se van a convencer y los que están dentro ya están convencidos.

Mítines, ¿para qué? Para mover dinero y justificar la financiación estatal de los partidos, en virtud de la cual el liberal ha de costear los gastos del comunista, quien a su vez ha de costear los gastos del liberal, aunque la socialdemocracia, que es lo que tenemos, es lo bastante cínica para legislar a sabiendas de que el liberal y el comunista, en este sistema, vienen a ser lo mismo.

Hoy, sin ir más lejos, un profesor de Calidad de Gobierno (?) en la Universidad de Gotemburgo escribe con la solemnidad digna de su cargo que «España tiene un sistema proporcional» (para esto no hace falta ser profesor universitario), «pero en la práctica se transforma en mayoritario» (para esto sí hace falta ser profesor universitario, o en su defecto, abogado de los chistes de abogados que contaba Reagan).

Aparte el movimiento de dinero, los mítines sirven para paquear a la competencia con consignas que son las larvas de los titulares de prensa que son los renacuajos de los tertulianos que son las ranas de lo que los profesores universitarios llaman «opinión pública». -La democracia es el régimen de la opinión pública -dicen, quedándose tan anchos como Madison al redactar su Constitución.

Los tertulianos rumian los titulares salidos de las consignas de los mítines, y entonces aparecen los encuestadores, que recogen lo sembrado, y con eso, convenientemente aventado, la jugada va alargándose hasta el día del Juicio, que son las votaciones.

De estudiante uno empalmaba las resacas de «Pentagrama» y «El Escalón» (aquella «Mari Pili» de Poch) con los mítines de la «Gonzalidad» (en ellos se bebía, y en uno en que hablaba Tierno me quedé tan dormido que al despertar el dinosaurio se había abierto).

Ahora que me dicen de volver a un mitin, y con esto de que, según Albert Rivera, estamos ante la Segunda Transición, había pensado en ir a una conferencia de Trevijano, el «Maverick» que decían los espías de Kissinger, anunciada en Madrid para hoy, pero me dicen que se ha suspendido, con lo que me veo en la Primera Transición, pero sin Poch, y con Carmona, que quiere ser Tierno y que a mí me ha escrito una carta encabezada con «estimada vecina».

Pobres ingleses, que para ponderar la fuerza de su sistema acostumbraban decir que el Parlamento puede hacerlo todo, menos que un hombre se convierta en mujer. Nosotros estamos en Carmona, el alcaldable que hace vecinas de los vecinos. Y en Lapuente, el profesor que hace mayoritario lo proporcional. Y en Pablemos, el timonel con voz de «tomtom» que quiere hacer una BBC en Telemadrid.

Pablemos, que tiene de sabio que no sabe nada, ignora que en la Edad Media cualquier predicador franciscano comenzaba sus sermones hacia las cinco de la mañana, duraban unas diez horas y reunía diariamente a más de cinco mil personas.

Diputaciones: lo barato, sale caro
Raúl Conde El Mundo  20  Mayo  2015

La visión urbana del medio rural suele ser distante y altanera. Las metrópolis se pelean por organizar Juegos Olímpicos y construir aeropuertos descomunales. Pero reniegan de los trasvases, las centrales nucleares o los almacenes de residuos radiactivos, artefactos tan positivos y estupendos que ninguna gran ciudad puja por ellos, pese a los réditos económicos que acarrean. En 1975, la mitad de la población española vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes. Ahora el 80% se concentra en el 12% de los municipios. España consolidó a lo largo del siglo XX una tendencia que ha ahormado su actual fisonomía: una aglomeración concentrada en Madrid y las capitales periféricas alrededor de la industria y el turismo y unas bolsas enormes de despoblación en el interior y el oeste. En este contexto, y no sólo el de la crisis, hay que encuadrar el debate sobre la fusión de ayuntamientos y la eliminación de las diputaciones, resucitado por Ciudadanos en la campaña de las municipales.

La manga ancha con la que se ventilan las obras en la ciudad se torna en lupa microscópica cuando se explora la España paupérrima. La ruta del despilfarro se extiende desde Finisterre hasta el Cabo de Gata, pero no lleva el sello de los ayuntamientos más modestos.

Nadie cuestionó -hasta la implosión del ladrillo- la quiebra de las radiales madrileñas, el fiasco del AVE o el coste del soterramiento de la M-30, que se presupuestó en 1.700 millones de euros y acabó en más de 6.000. La prensa pone el foco en Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll, insignes representantes de la celulitis que gangrena la política de proximidad, porque es cierto que los partidos han parasitado instituciones útiles para la Administración local. Sin embargo, la mugre de la corrupción y el enchufismo tapona el hecho de que sin los fontaneros y los técnicos de las diputaciones, los pueblos con menos de 5.000 habitantes (el 84% de los 8.112 municipios españoles) tendrían mucho más difícil salir adelante. De hecho, no saldrían.

Abordar el futuro de las diputaciones desde una perspectiva estrictamente económica forma parte también de esa manera displicente con la que otean el campo los barandas que habitan algunos despachos de la Castellana o la Diagonal.

Antes de la guerra, paseando bajo el tórrido sol de la Castilla estival, Ortega y Gasset habló del "gran tapiz de España" que conformaba la red de caminos que atan los paisajes unos a otros. "Si una noche desapareciesen; si alguien avieso, los sustrajera, quedaría España confundida, hecha una masa informe, encerrada cada gleba dentro de sí, de espaldas a las demás, bárbara e intratable" (Notas, Espasa-Calpe, 1955).

Plantear la eliminación de las diputaciones no debería ser tabú, pero teniendo presente que no se puede prescindir de una estructura de gobierno que garantice el acceso a los servicios básicos en los pueblos pequeños. Recalco: básicos. Porque los lugareños no exigen hospitales ni institutos de secundaria en cada aldea. Piden infraestructuras y un nivel de inversiones razonable. Piden también que se entienda que la principal causa de la despoblación es la desigualdad.

El endeudamiento de las diputaciones se disparó un 34% entre 2008 y 2012, según los balances del Ministerio de Hacienda. En ese periodo, el pasivo de estas instituciones pasó de 4.826 millones de euros a frisar los 6.500. La Ley de Bases de Régimen Local les otorga un papel ambiguo, pero lo cierto es que su función se ha convertido en un activo para los pueblos que necesitan como el comer un ente que coordine servicios supracomarcales. Otra cosa, ciertamente, es que deban plantearse reducir su número de funcionarios para ganar en capacidad real de inversión.

Las diputaciones son instituciones fundamentales en las provincias de tierra adentro, aquellas en las que los pueblos pequeños dependen de su asistencia para recaudar tributos, arreglar una carretera o recoger la basura. Cualquier opción alternativa pasa por profundizar en la descentralización del gobierno. Un ejemplo a seguir puede ser el de Aragón, donde se ha llevado a cabo un proceso de comarcalización en el que se ha dotado a las comarcas de capacidad jurídica y administrativa y en la que se han reforzado las competencias de las mancomunidades, en detrimento de las diputaciones que, allí sí, podrían dejar de tener sentido.

UPyD lleva años reclamando la eliminación de municipios, una medida que podría suponer un ahorro de 5.000 millones de euros a las arcas públicas. El PSOE comenzó a denostar las diputaciones cuando dejó de gobernarlas y el PP se aferra a este modelo precisamente ahora que controla casi todas. El eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart propuso recientemente en Guadalajara la "fusión fría" de municipios con menos de 500 habitantes y la creación de mancomunidades, propuesta estrella de su partido para la campaña del 24-M. Lo hizo en una provincia con 288 términos municipales, de los que el 95% tiene, precisamente, menos de 500 habitantes. Y lo hizo con el señuelo del ahorro sin tener en cuenta que no son los pueblos los culpables de que la deuda municipal se haya disparado.

Todos los municipios de la provincia de Soria suman 32 millones de euros de deuda, mientras solo el agujero de las cuentas de Madrid rebasa los 5.936 millones. En la lista de las 20 localidades más endeudadas de España no figura ninguna de menos de 20.000 habitantes, según el Ministerio de Economía.

No hay que irse a los villorrios de la meseta que comparten secretario y auxiliares desde hace muchos años para encontrar derroche en el gasto público. Quizá sería mejor escarbar más cerca. De los casi 35.000 millones de deuda acumulada por las administraciones municipales en España, más de 25.500 se concentran en localidades de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia.

En La lluvia amarilla, un texto extraordinario para comprender la soledad del páramo, Julio Llamazares pone lo siguiente en boca del personaje de la novela, Andrés de Casa Sosas: "La lluvia ha ido anegando mi memoria y tiñendo mi mirada de amarillo. No sólo mi mirada. Las montañas también. Y las casas. Y el cielo. Y los recuerdos que, de ellos, aún siguen suspendidos. Lentamente, al principio, y, luego ya, al ritmo en que los días pasaban por mi vida, todo a mi alrededor se ha ido tiñendo de amarillo como si la mirada no fuera más que la memoria del paisaje y el paisaje un simple espejo de mí mismo".

La España desértica, que parece destinada a ser solo un suministrador de ocio para el urbanita, pierde capital humano chorros. En Galicia y Asturias se venden aldeas enteras por el precio de un apartamento en Chamberí. Y el país sangra con un desequilibrio territorial que no tiene parangón en el resto de Europa. El envejecimiento de la población y la dispersión geográfica de la mayoría de la superficie española aconsejan meditar mucho el modelo de gestión en la Administración local. Porque a veces lo barato, sale caro.

Los enemigos de la libertad, contra la bandera nacional
EDITORIAL Libertad Digital  20  Mayo  2015

Decenas de ayuntamientos catalanes mantienen colgadas en sus fachadas banderas secesionistas haciendo caso omiso a la Junta Electoral Central, que el pasado jueves ordenó su retirada de todos los edificios públicos y de los locales electorales durante la campaña.

Aunque retirar la bandera de España de un edificio público, así como colgar una bandera como la estelada, que no pertenece a ninguna ciudad o comunidad, sea un delito, con total independencia de que se esté o no en periodo electoral, no debe extrañar la cantidad de veces que se perpetra, habida cuenta de la clamorosa impunidad que lo acompaña.

Conviene recordar que la Administración regional catalana, inmersa en un desafío al Estado no menor como fue la ilegal consulta secesionista, ha sido siempre la principal destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica, financiación extraordinaria que le ha permitido afrontar los costes de su carísimo como ilegal proceso de construcción nacional. Precisamente uno de los organismos más implicados en este proceso secesionista, la Asamblea Nacional Catalana, es el que ha hecho un llamamiento a la desobediencia a la Junta Electoral Central, como también lo han hecho no pocos representantes de CiU.

Otro gallo cantaría si, además de gobernantes dispuestos a cumplir y hacer cumplir la ley, proliferaran sentencias como la que ha multado con 1.500 euros al alcalde de Calldetenes por no colgar hasta hace unos meses la bandera de España en el Ayuntamiento. Se trata del primer alcalde en ser multado en Cataluña por este motivo. Esperemos que no sea el último.

Aunque a algunos el uso de las banderas les pueda parecer una mera cuestión identitaria, algo emotivo pero de menor importancia, lo cierto es que la bandera nacional simboliza, sobre todo, las libertades y los derechos de todos los españoles. No es casualidad que quienes los quieren conculcar no quieran verla ondear.

Venezuela, del 'socialismo del siglo XXI' a plataforma del narcotráfico y el blanqueo
Editorial El Mundo  20  Mayo  2015

De la mano de Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista, Venezuela se ha convertido en una enorme plataforma para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Así al menos lo afirmaba el lunes The Wall Street Journal en una información que avanzaba algunos datos de la investigación que lleva a cabo la Justicia estadounidense y que señala al que fuera mano derecha de Hugo Chávez y actual presidente de la Asamblea Nacional como el «jefe del cártel».

Cabello, que disputó a Maduro la presidencia del Gobierno tras la muerte de Chávez, es un auténtico poder fáctico en el país gracias a su control absoluto del estamento militar. Su privilegiada posición le ha permitido crear una red delictiva a través de la cual controla parte del comercio ilegal de cocaína -que, procedente de Colombia, utiliza el territorio venezolano como escala-, y cuyos beneficios son blanqueados en paraísos fiscales. Junto a él, EEUU investiga también desde hace años, al menos a media docena de altos cargos del régimen, sobre los que pesan graves acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero formuladas por ex colaboradores arrepentidos y desertores del Ejército venezolano que han decidido cooperar con la Justicia norteamericana. De momento, las denuncias no alcanzan al presidente Maduro, pero el régimen ya ha comenzado a desplegar su estrategia de amordazamiento para que sus ciudadanos no puedan conocer los hechos. Desde la semana pasada, 22 directivos de los medios críticos El Nacional, Tal Cual y La Patilla tienen prohibida la salida del país por haberse hecho eco de una información publicada por el ABC en la cual un ex escolta de Chávez involucraba a Cabello en el tráfico internacional de drogas. Una vez más, Maduro utiliza sus armas represivas: amenazas, descalificaciones, criminalización de la prensa libre y la denuncia de una conspiración de EEUU para derrocar el régimen.

Mientras, Venezuela continúa sumida en una de las mayores crisis económicas de su historia. La población, cada vez más desafecta al Gobierno, ha visto reducido su poder adquisitivo en un 20% y el nivel de desabastecimiento alcanza ya al 40% de los productos básicos. El sueño utópico del socialismo del siglo XXI que prometiera Hugo Chávez se ha trocado en una pesadilla que amenaza con llevar el país al colapso.

El nacionalismo manda en la educación catalana
Un profesor no nacionalista, humillado y discriminado en Sabadell
Guillermo Moreno www.gaceta.es 20  Mayo  2015

Tomás Saz ha sido apartado de su puesto por no plegarse a consignas nacionalistas. El centro, que se negó a dar su opinión sobre el caso y no se dignó a hablar en español a este medio, humilla al profesor por no compartir su ideario,

No sólo sufren acoso en Cataluña los padres y alumnos que solicitan tener las horas de clase que estipula la ley en español. También lo pasan mal los profesores que ejercen la docencia en el idioma común de todos los españoles o que muestran una ideología contraría al nacionalismo.

Tomás Saz, profesor interino desde hace ocho en el Instituto de Sabadell, está viviendo un auténtico calvario y sufriendo mobbing por su manera de pensar. Según relata a gaceta.es “lo que sufro no es un acoso directo, es peor. Los alumnos se niegan a ser receptivos, se niegan a aprender y no captan lo que les explicas. Los chavales están en clase predispuestos a desacreditarme porque vienen con la lección aprendida por sus tutores, que hacen muy bien su trabajo. Cuando llegan los resultados y tengo que suspender a muchos alumnos es cuando empieza lo peor, ya que el resto de profesores desacreditan tu trabajo, te ningunean y señalan que tu manera de enseñar no es la correcta. Y no me pasa a mí sólo por ser interino. También le ha pasado a profesores titulares que, curiosamente, tampoco quieren saber nada del nacionalismo catalán”

El profesor habla de actuaciones estudiadas desde la dirección y el profesorado para mermar su moral, bajarle la autoestima y hundirle en situaciones casi depresivas. “La actitud de mis compañeros de profesión es lo peor. Te faltan al respeto, te humillan, no te consideran profesor y uno se hunde. Los chicos hablan con sus tutores, que les señalan a los profesores que ellos consideran despectivamente españoles y les ponen en nuestra contra. Cuando doy clase es cómo si hablase a la pared. Pero esto viene de lejos. Cuando entro por la mañana en el instituto ya oigo gritos en plan mofa de “Yo soy español, español, español”, o dicen “Visca Cataluña” a mi paso. Con ellos ya estás infravalorado desde el principio porque se ha pasado cualquier línea de respeto. Noto el rechazo hacia mi persona”.

Tomás Saz lo reduce todo a una cosa: independentismo. “Así es, no es cuestión de que yo de las clases en catalán o español. Yo hablo perfectamente el catalán pero las doy en español porque lo estimo oportuno. Es cuestión de ideología, de despreciarme porque yo defiendo España, la constitución, las leyes…, y cada vez que digo algo de esto se hace el silencio. Levanto ampollas y les mata. Pero yo no me voy a callar ni esconder lo que siento. El director me ha llamado al orden varias veces, muy indignado por decir que yo estaba en España y que Sabadell forma parte de España. Aquí el que no participa en su ideología es marginado. Y yo no soporto el adoctrinamiento que hacen de unos chicos que tienen unos padres que son andaluces o extremeños y que en sus casas hablan en español. Aquí el objetivo es captarles para la causa nacionalista. Y por eso yo no paso”.

El docente interino fue apartado de sus clases tras el segundo semestre. Le relegaron de su puesto de trabajo. “Ahora soy un profesor sin alumnos y con nómina. La dirección del centro me mandó el 13 de mayo unas instrucciones sobre el cumplimiento de mi horario laboral muy severas. Para no despedirme me han colocado en un sitio donde me dedico a realizar archivos de literatura y lengua para los alumnos de bachillerato. Estos trabajos se cuelgan en la web del centro y los alumnos los consultan para sus deberes y exámenes. Pero no quieren que me mueva con libertad por el instituto y pretenden que mi presencia en el centro se ajuste estrictamente a mi horario laboral. También tengo prohibido acudir en otras horas ni me permiten acceder a la sala del profesorado ni a otras aulas del centro.

El profesor, harto de su situación, pretende que se queja llegue a cuanto más gente mejor y mandó una serie de correos electrónicas desde su cuenta. Su sorpresa vendría cuando una apreja de mossos de d´esquadra le abordó alertándole para que no mandase más emails: "Me dijeron que podían aparecer denuncias de delitos e injurias que justificarán porque me habían quitado de mi puesto de trabajo. Y me vinieron a decir que me podían inhabilitar, con lo que podría perder mi puesto de trabajo. Lo que afectaría a mi vida personal, que está pasando por un momento complicado".

Sin palabras
Este medio ha intentado ponerse en contacto con el Instituto de Sabadell para escuchar el punto de vista de Joan Albert Vicens, director del centro y firmante de la nota que impedía al profesor interino estar en fuera de su horario, entrar en la sala de profesores y ejercer la docencia. Después de dos días dando largas a gaceta.es, cuando parecía que el director iba a dar su opinión sobre el caso del profesor interno, una trabajadora de dicho centro nos dice que “el director no tiene absolutamente nada que decir”. Todo ello sin emplear en ningún momento de la conversación ni una sola palabra en español, a pesar de que este periodista llegó a comentar en algún momento que no entendía lo que le estaban diciendo.


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