AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 22  Julio 2015

Un modelo autonómico eficiente
Es normal que las comunidades autónomas que aportan más se pregunten a qué se destina su dinero cuando no se sale del agujero intervencionista ni se permite el cambio del patrón de crecimiento
Daniel Lacalle El Confidencial 22  Julio  2015

“There’s nothing going on but the rent, you have to have a J-O-B if you wanna stay with me”. Gwen Guthrie

Ayer se publicó el informe sobre las balanzas fiscales elaborado por el Ministerio de Hacienda. Según dicho informe, Madrid aporta 19.015 millones de euros más de lo que recibe. Es decir, un saldo fiscal negativo 2,5 veces superior al de Cataluña con 7.439 millones de euros. Los mayores saldos fiscales negativos corresponden a Madrid, Cataluña, Valencia (1.450 millones) y Baleares (1.330).

Por el lado contrario, el resto de comunidades autónomas presentan saldos fiscales positivos, es decir, reciben más de lo que aportan. Liderando la lista, Andalucía, con un saldo positivo de 8.531 millones de euros.

El anuncio de dichas balanzas fiscales busca probablemente contrarrestar los mensajes de falta de solidaridad y de expolio de unos y otros, pero a mí me parece que cabe resaltar:
Los que pagan son los mismos desde hace décadas.
Los que reciben, en especial los que más reciben, también son los mismos.

Esa “redistribución” no ha llevado a que esas comunidades autónomas de saldo positivo hayan cambiado y mejorado en facilidad para crear empresas y empleo. Las comunidades autónomas campeonas en Europa en desempleo e intervencionismo son, no por casualidad, las mismas de hace décadas y las que más reciben del resto.

Decía Thomas Sowell que el asistencialismo hace confortable la pobreza e impide que se busque la forma de salir de ella. El modelo autonómico ha pasado, tras décadas de funcionamiento, a ser un modelo de incentivos perversos. Cuanto peor lo haces, más recibes.

Es normal, por tanto, que las comunidades autónomas que aportan más se pregunten a qué se destina su dinero cuando no se sale del agujero intervencionista ni se permite el cambio del patrón de crecimiento.

La respuesta fácil es decir que hay que acabar con las autonomías y centralizarlo todo, pero es una opción complicada y, además, no deseada por una mayoría.

Un sistema autonómico como el español, donde las comunidades tienen muchas más competencias reales que estados federales como Alemania, tiene un problema fundamental: la falta de responsabilidad crediticia. El rescate de las comunidades autónomas deficitarias en 2011-12 es responsable de gran parte del aumento de la deuda de España de esta legislatura. Si añadimos las facturas pendientes que se tuvieron que afrontar, nos acercamos a casi el 30% del incremento de endeudamiento de 2011 a 2014. No se ha generado ninguna responsabilidad política ni crediticia del agujero dejado por muchas. Hasta el punto de que en las últimas elecciones se ha vuelto a nombrar a algún presidente de comunidad autónoma que dejó hasta 1.000 millones de facturas sin pagar en su momento.

Si queremos un estado de las autonomías sostenible, tiene que terminarse el incentivo perverso de que se beneficie el que peor lo hace, que siempre reciban los mismos y no cambie nada, que se instaure un sistema clientelar e intervenido a costa de otras regiones.

Tras décadas recibiendo transferencias y fondos, apelar al victimismo (“es la capital”, “a los catalanes les regalaron la industria”, “los vascos son un paraíso fiscal” y cosas de esas) es, cuando menos, infantil. No solo ha habido tiempo y dinero para salir de la desventaja inicial –si existía–, sino que se ha contado con la mayor época de crédito e inversión financiera directa para acelerar el avance.

Un sistema federal o autonómico no puede sustentarse en la falta de responsabilidad crediticia ni en el rescate eterno. En EEUU, Texas no rescata a Detroit. Ni siquiera Michigan rescata a Detroit. En Alemania, los Lander tienen prohibido incurrir en déficit, mientras en nuestras autonomías hablan del “derecho al déficit” como si endeudarse fuera nuestra exigencia legitima.

Siempre nos hablan de que las comunidades autónomas no gastan mucho porque el 70% va a sanidad y educación, sin hablar de las duplicidades e ineficiencias inaceptables que supone tener decenas de Administraciones paralelas, y sin comentar los desastrosos resultados en informe PISA y la multiplicación de gasto desde que se transfirieron esas competencias.

Responsabilidad crediticia implica que el Fondo de Liquidez Autonómica no se convierta en un premio para el alumno que suspende. Significa que los errores de unos no se cubren desde el bolsillo de otros. Una cosa es la solidaridad y otra la donación. Significa competencia fiscal, saber que si hundimos la autonomía con costes fijos burocráticos e impuestos confiscatorios otros atraerán a nuestras empresas y ciudadanos. Es, en definitiva, asegurarnos de que un modelo de relación abierta entre regiones sea sostenible y no se convierta en un incentivo a cavar el agujero tanto como el menos eficiente. Que sea progresar como el mejor, no justificar como el peor.

Yo estoy convencido de que la fiscalidad debe estar lo más cerca del ciudadano. Estoy convencido de que una comunidad autónoma tiene muchos elementos positivos, tanto en cercanía a los ciudadanos como en fuente de promoción de las características únicas y especiales de esa región. Para crear riqueza, empleo y oportunidades, no comités y observatorios. Porque entonces no estamos buscando un modelo territorial eficaz, sino la argentinización de España, llenar cada subdivisión territorial del máximo de entes burocráticos para que nada cambie.

¡La izquierda sensible proveerá!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22  Julio  2015

Lo peor de la demagogia es que siempre termina por costar ingentes cantidades de dinero o lo que es lo mismo, ingente aumento de la deuda. A la hora de prometer justicia social y redistribución de la riqueza¿? No hay nadie más entusiasta y demagogo que la izquierda. Resulta que PODEMOS, el que prometió asaltar el Cielo capitalista para dar una “paga universal” tuvo que matizar sus palabras y empezar a delimitar su alcance a la vista de lo que suponía acometer semejante mecenazgo para las arcas públicas, es decir para el resto de los ciudadanos que contribuyen con sus numerosos y elevados impuestos al mantenimiento entre otros conceptos de los salarios de los parásitos políticos y enchufados en las diferentes Administraciones del Estado locales, autonómicas y nacionales. Y es que lo fácil es ser generoso con el dinero de los demás y querer encima quedar como un Robín Hood moderno robando a los “ricos” para dárselo a los “pobres”.

Pues esa izquierda demagoga y populista sigue en sus trece, esta vez con el entusiasmo del PSOE liderado por Pedro Sánchez, que relanza el salvavidas de un subsidio al que llaman pomposamente “ingreso mínimo vital”. Su principal objetivo dice es atender a aquellas personas sin ningún tipo de ingresos, estimándose en unas 720.000 familias. Este pequeño dispendio está valorado en unos 6.000 millones de euros que los cerebros del PSOE deberían explicar de dónde van a salir. Mucho me temo que como todas estas generosas iniciativas volvamos a ser los ciudadanos los paganos de un sistema cuyo cáncer reside principalmente en el sobredimensionamiento de unas Administraciones públicas desproporcionadas con la población.

No quiero entrar en la guerra de cifras en las que se basa el PSOE que lleva a decir que en España un tercio de la población está en riesgo de pobreza, cuando la realidad objetiva si evaluamos parámetros coherentes según los expertos lo sitúa en el 7,1%, Es verdad que España tiene una tasa de paro que si así fuera realmente habría llevado hace tiempo a un estallido social. Hay quien aduce que la causa de que no suceda radica en la protección familiar y en la economía sumergida, amén de la picaresca de los subsidios de todo tipo y las generosidad expresada por algunos gobernantes que no dudan en alardear de haber “salvado” a miles de familias, precisamente mediante sistemas como el de los falsos ERE’s en Andalucía.

Cuando se quiere hacer una política de beneficencia hay que tener muy en cuenta su viabilidad. No todo puede resolverse con un aumento de impuestos en un país cuya población ya soporta proporcionalmente la mayor tasa de impuestos de la UE. La demagogia consiste en lanzar promesas que solo intentan atraer el voto de la desesperación en una manipulación miserable del drama humano que supone haber perdido cualquier fuente de ingresos. Medidas no demagógicas serían no seguir con los gastos suntuarios en Smartphones, tablets de lujo y prebendas de una casta política blindada ante las penurias de sus conciudadanos. Lo primero es dar ejemplo de solidaridad y no aumentarse el salario y los complementos de asistencia a los plenos, sesiones de trabajo y demás comisiones, planes de pensiones elitistas y discriminatorias, etc.

Los cálculos menos optimistas cifran en unos 30.000 millones de euros el ahorro que se lograría en una optimización de las Administraciones, eliminación de asesores, administración paralela, cierre de empresas públicas deficitarias. Mucho más si además se volviera a un sistema de administración descentralizada pero sin la parafernalia de las actuales Autonomías y su estructura desquiciada de gestión y representación en forma de mini estados. Eso sí que es una forma lógica de lograr la redistribución de la riqueza.

Sé que para los demagogos como PODEMOS, PSOE, IU y resto de la fauna de la izquierda cada día más radicalizada, es muy difícil sustraerse a la tentación de vender la burra de presentarse como los salvadores de las clases populares afectadas por la quiebra de un sistema económico basado en el ladrillo y los servicios. Lo malo es que esa realidad de país solo puede entrar en una pendiente de empobrecimiento del escaso tejido productivo y en el endeudamiento pernicioso que lo condenaría durante décadas a una redistribución de la pobreza.

De tanto pensar en redistribuir la riqueza, solo lograrán llevarnos a compartir la pobreza extrema.

Institucionalizar la pobreza
EDITORIAL Libertad Digital 22  Julio  2015

Desde finales del año 2007, el pinchazo de la burbuja crediticia ha sumido a millones de españoles en una situación económica de lo más delicada. El golpe habría sido del todo insoportable si España no hubiese contado con una admirable red de asistencia en la que la Iglesia y las familias son la punta de lanza en la lucha contra la pobreza.

Por el contrario, los programas asistenciales impulsados desde los poderes públicos se han revelado del todo insuficientes. Un buen ejemplo lo tenemos en las transferencias monetarias: desde 2009, estas ayudas han reducido la tasa de pobreza en 8,4 puntos, muy por debajo del -24% irlandés o el -16% danés.

Ante esta situación, sorprende que el PSOE insista en atacar el problema de la pobreza por esta vía. Según Pedro Sánchez, la clave para acabar con la miseria es multiplicar por seis el gasto consignado por las Administraciones Públicas a aquellos hogares que atraviesan una situación de mayor emergencia.

Para justificar la medida, Ferraz no ha dudado en "inflar" la pobreza en 10 millones de personas; en paralelo, el partido del puño y la rosa tampoco ha explicado qué medidas fiscales permitirán acomodar el aumento proyectado en el gasto público. Lo primero y lo segundo restan credibilidad a la propuesta y la acercan a recetas populistas como la "renta básica" con la que tanto ha jugado Podemos.

En realidad, con un Estado que gasta alrededor del 45% del PIB, lo que debemos hacer es preguntarnos si tiene sentido seguir financiando una estructura tan pesada a cambio de programas de éxito cuestionable. Sabemos que nuestra burocracia es ineficiente, sabemos que la gestión privada de la sanidad o la educación arroja mejores resultados al tiempo que ahorra dinero y sabemos también que los programas de asistencia social no han dado los resultados esperados.

Por tanto, hay que repensar el gasto público para aligerar la carga que soportan los contribuyentes y orientar los programas sociales hacia modelos centrados en mejorar los resultados y no en aumentar los costes. De lo contrario, corremos el riesgo de institucionalizar la pobreza y perpetuar un modelo político-económico en el que la única respuesta ante la ineficiencia estatal será añadir más capas de ineficiencia estatal.

Podemitas de todos los partidos
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 22  Julio  2015

La obra más conocida y siempre actual de Hayek, 'Camino de servidumbre', está dedicada: "A los socialistas de todos los partidos". La escribió durante la II Guerra Mundial, para subrayar el carácter idénticamente socialista, intervencionista, estatalista y liberticida del comunismo y del nacional-socialismo, o del fascismo, definido por el ex socialista Mussolini como "socialismo nacional" y alternativa al comunismo soviético.

"En el mundo intelectual sigue imperando el paradigma socialista, a veces socialdemócrata, tendencialmente comunista"

En lo que comunistas y nazis, fascistas y corporativistas católicos estaban de acuerdo era en condenar dos cosas: la democracia "burguesa" -la izquierda ofrecía la "democracia popular" y la derecha la "democracia corporativista" u "orgánica"- y el liberalismo capitalista, oscuramente asociado a lo judío. Tras la I Guerra Mundial e incluso al acabar la II era tan aplastante, hoy diríamos tan políticamente correcto, el descrédito de la democracia liberal y del capitalismo que Hayek, figura notable de la London School of Economics, tardó dos años en encontrar un pequeño editor... en Australia.

Pese al milagro alemán, obra de Erhard -de los liberales de la escuela austríaca de 'Ordo'- y pese al propio milagro español que tras la liberalización de la economía en 1959 logró un despegue espectacular y, con los inmigrantes, que luego volvieron, el pleno empleo (hoy impensable), en el mundo intelectual sigue imperando el paradigma socialista, a veces socialdemócrata, tendencialmente comunista. No importa la miseria producida por el socialismo real, o sea, el comunismo, ni la libertad y la riqueza de las sociedades demoliberales y capitalistas. En los medios educativos y periodísticos sigue imperando, como en los años 30 y 40, el descrédito de la libertad, inseparable de la propiedad. Y nada lo prueba como el afán del PSOE, Partido Popular y Ciudadanos en imitar a los comunistas de Podemos en lo peor de su programa: la "renta universal básica", o sea, el sueldo de nacimiento.

Los liberales, Hayek incluido, defendemos que el Estado -con la Ley siempre sobre el Gobierno- debe ayudar a los que, por la razón que sea, no pueden valerse por sí mismos. Y que los más pobres deben poder acceder a la mejor educación. A los podemitas de todos los partidos, hay que decirles que cobrar por nacer, requisito para algún día votar, es subvencionar la pobreza. Y para explotarla, no para combatirla.

A por todas
ANTONIO LUCAS El Mundo 22  Julio  2015

El profesor de lambada de Artur Mas amenaza con ir a por todas avivando la reyerta nacionalista caminito del 27-S, como si fuese el día de la redención esperada. Artur Mas se metió en política para perderlo todo sin dejar de parecer un superviviente de sí mismo. Y con las derrotas consumadas que acumula le ha ido bien en su aventura de no saber por dónde va. Este señor es un coñazo que cada vez se parece más a su mentón. Tiene prevista sus 'corregudes de bous' a la vuelta del verano, lo que indica que va a dar el verano. Esta es la enésima farándula que monta sin detenerse en el cansancio del personal, como esos tipos que terminan follando por pesaos.

La batalla nacionalista resulta rancia por la técnica y por el tema, como le sucede a buena parte de la pintura de Dalí. Y esto la hace vagamente mentirosa. Artur Mas, sin el talento de Dalí, lleva una vida de pancarta donde se anuncia como cirujano y curandero a la vez. Aspira a ser sincero en sus propósitos, pero no tiene derecho a serlo cuando tantas veces ha anunciado que volverá a engañar. Se está construyendo un Estado hogareño hacia dentro y arisco hacia fuera (Umbral) para confiar la hazaña a una unidad de destino en lo universal que va del negocio de La Junquera a la frontera con Castellón. Dalí, ultrainteligente y ambicioso, prefirió hacerse universal y multitudinario sin izar banderines terruñeros en Port Lligat. Además lo pavonaba todo de sarcasmo e ironía, molécula (la del humor) que Artur Mas no tiene. Y se le nota.

"Los territorios que se independizan no suelen plantear una nueva filosofía política, sino que terminan imitando a aquellos de los que se desgajaron"

El juego entre las izquierdas y las derechas nacionalistas en Cataluña tiene mucho de engendro que sólo alcanza sentido en el dinero. Ni proyecto histórico, ni social, ni político, ni propio. Mas, por cierto, proviene de uno de los partidos más corruptos y degenerados de Europa, con la complicidad de sus socios y de sus adversarios, porque la corrupción es una gran familia. Su ejemplo más alto, coherente y claro es Pujol y compañía. Gentes que chamarilean todo el año y nunca cuentan lo que quieren. O lo cuentan mal: "Vamos a por todas". Pero eso es como no decir nada. O como esconder que lo que buscan es, sin más, una España chiquita donde se hable catalán. Es decir, un país que es como este país (rapiñado) y donde seguirán comiendo a la misma hora.

También es un acierto el momento en que el president se propone esta tangana de reivindicarse terruño independiente. Justo cuando Europa empieza a craquelarse seriamente tras la humillación que ha hecho de Grecia una ruina bomba. Al final, los territorios que se independizan no suelen plantear una nueva filosofía política, sino que terminan imitando a aquellos de los que se desgajaron. Igual que las colonias. Las que se quitaron de Londres pasaron muchos años imitando a Londres. Y esto no lo digo yo, sino V. S. Naipaul en 'Una zona de oscuridad' (Debate), un libro excelente que alguien debiera enviar por valija (eso le molará) a Artur Mas. Ahí explica, entre otras cosas, cómo los nacionalismos siempre decepcionan no por guerrilleros o peseteros, sino por miméticos. Quizá por eso la mayoría de los gestos del president son españoles. Y no lo digo por joder.

Buena parte de nuestra modernidad baja de Cataluña. Lo llamaron noucentisme. Barcelona ha sido vanguardia y tantas cosas más. Pero entre unos y otros lo arrasaron sin vuelta atrás. El asunto comenzó a griparse cuando tomaron el idioma de rehén. Pues todo arranca con la palabra. También el delirio. Y la estupidez.

Cataluña: ha llegado el momento del «J'accuse»
Roberto L. Blanco La Voz 22  Julio  2015

Visto desde fuera del capillismo sectario de los nacionalistas, es decir, con la distancia que impone el sentido común más elemental, el desarrollo del desafío secesionista catalán parece una inmensa patochada.

Pues, ¿cómo calificar, si no, ese pacto entre Convergencia y ERC para impulsar un proceso de «desconexión legal» con España, que daría lugar a un «punto de ruptura» consistente en la declaración unilateral de independencia en un plazo de seis meses tras las elecciones autonómicas y que se abriría con la aprobación por el Parlamento catalán de una «ley de transitoriedad jurídica» para mantener el ordenamiento español, hasta no ser sustituido por otro enteramente catalán, y con la creación de «estructuras del Estado» para suplir las existentes hoy en Cataluña?

Una inmensa patochada, sí, lo que no evita que, como en el capricho de Goya, el sueño de la razón produzca monstruos. Y es que cuando aquella acaba por dormirse, todo cabe: incluso ponerse a imaginar un proceso (palabra tótem del nacionalismo) que, no solo contra la Constitución y las leyes, sino contra la historia, la paz civil y la convivencia democrática de una comunidad plural de ciudadanos, acabe dando lugar a todo ese conjunto de majaderías propias de quienes están completamente convencidos de poder transformar sus delirios en política práctica porque nadie se atreverá a poner la sensatez y la ley frente a sus baladronadas.

Ha llegado, en todo caso, el momento de insistir tantas veces cuantas sea necesario que esa sensatez no puede ser ya solo la del Gobierno y el partido que lo apoya.

Lejos de ello, si queremos evitar vernos metidos en una crisis en la que no quede otro remedio que echar mano de las graves medidas previstas en la Constitución y del Código Penal, es ahora, y no más tarde, cuando deben hablar con claridad los partidos defensores de la unidad nacional y, de forma muy especial, el PSOE, saliendo con coraje de su cómodo refugio para no comprometerse (esa tontería del choque de trenes y los separadores y los separatistas); es ahora cuando deben hablar los intelectuales, al menos los que por no estar a sueldo del miedo pueden hablar con libertad; cuando deben hablar los sindicatos y las organizaciones empresariales; y esos profesionales y artistas siempre con la pluma presta para poner su firma al pie; y los parlamentos regionales y los ayuntamientos; y las reales academias; y todas las organizaciones de una sociedad que, dentro y fuera de Cataluña, saben que lo de Mas es solo la huida hacia delante de un político acabado que ha conseguido, desde el miedo y la manipulación, meter a cientos de miles de personas en un callejón que no tiene más salida que el abismo.

Sí, ha llegado el momento de tomar partido (aquel celebre J?accuse de Émile Zola) para evitar que los silencios cobardes de hoy puedan facilitar los desastres de mañana.

La comisión Pujol: otra estafa más
  www.gaceta.es 22  Julio  2015

La “comisión Pujol” del parlamento catalán ha terminado como se esperaba: Pujol es culpable, pero el pujolismo es inocente.

Cuando estalló el “caso Pujol”, la política catalana se conmovió, pero permaneció pasiva. Cuando el asunto llegó a los tribunales, el parlamento catalán creó una comisión. ¿Para esclarecer responsabilidades personales y corporativas? No: para hablar de corrupción en general. Sólo la acumulación de denuncias y evidencias hizo que, finalmente, esa comisión parlamentaria aceptara debatir la trama de corrupción que ha venido anidando en la política catalana desde hace más de treinta años. Y aún así, los grupos mayoritarios se las arreglaron para limitar la investigación al ámbito personal del ex presidente Jordi Pujol y su familia, frustrando cualquier intento por ir más allá. Ahora el parlamento catalán ha votado las conclusiones de la comisión. Lo ha hecho con la vista puesta en un objetivo muy concreto: que la corrupción no reste “legitimidad” al proceso separatista. Jordi Pujol es culpable –aceptan a regañadientes-, pero el pujolismo es inocente.

Sorprende comprobar hasta qué punto la votación parlamentaria se aleja de las conclusiones de la comisión. De todo cuanto allí se ha dicho, se deduce sin sombra de duda que los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol tejieron una densa red de influencia político-económica cuyo alcance salpica no sólo al círculo más cercano al ex presidente, familia incluida, sino también a algunos de sus colaboradores, empezando por el hoy presidente Artur Mas. Desde ese presupuesto, lo lógico habría sido indagar en la identidad de las instituciones públicas y privadas implicadas en la red. Pero no ha habido tal: la presión de Convergencia (y, aún, Unión) y Esquerra Republicana ha salvado a Artur Mas de la quema. Todo se ha sustanciado en una reprobación retórica de Jordi Pujol de la que, por otro lado, Convergencia se ha apartado. “No toquéis al gran patrón”, vienen a decir. Sólo la oposición–PP, Ciudadanos y, esta vez, PSC- se ha apartado de este pacto de la vergüenza, pero sin votos suficientes para que su voz se imponga.

Así las cosas, la verdadera “comisión Pujol” no va a ser esta del parlamento catalán, sino la que instruyan los tribunales, donde van acumulándose las causas. Habrá que ver si las togas logran sobreponerse a la presión ambiente y hacen justicia al margen de consideraciones políticas. Sería terrible que los jueces paguen, también ellos, tributo al proceso separatista.

Empresas y hogares redujeron deuda en 440.000 M€
El endeudamiento de la Administración Pública se ha triplicado
El volumen de deuda total de España ha aumentado con la recesión al pasar del 253% del PIB a finales de 2007 a superar el 320% al cierre de 2014, pero con una clara diferencia: la Administración Pública concentra ahora el 40% del total, frente al 20% que tenía al inicio de la crisis.
Redacción www.elsemanaldigital.com 22  Julio  2015

España es el país que más ha reducido su endeudamiento privado durante la crisis. En total, empresas y hogares han recortado su deuda en más de 40 puntos del PIB, mientras que el endeudamiento de la Administración Pública se ha triplicado, según el estudio Endeudamiento de España: ¿Quién debe a quién?, elaborado por Analistas Financieros Internacionales y editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros .

Dentro del proceso de ajuste del sector privado, el saneamiento ha sido más intenso en las empresas debido a la restricción crediticia, la premura por reducir la dependencia de la financiación ajena, en un contexto de costes de financiación elevados, y la menor necesidad de recursos ante la caída del volumen de negocio. En consecuencia, la deuda empresarial se ha reducido en 30 puntos del PIB desde los máximos de 2010 hasta finales de 2014.

Por su parte, la deuda de los hogares ha caído en 14 puntos del PIB en el mismo periodo, un ritmo menor por el hecho de que esta deuda se materializa en préstamos hipotecarios a largo plazo y está en manos de hogares con restricciones significativas de renta. El año pasado se moderó el ritmo de reducción del endeudamiento familiar, lo que está en consonancia con la recuperación del gasto en consumo, en un contexto de rentas salariales aún deprimidas, y la estabilización de la inversión en vivienda.

El nivel de endeudamiento público casi se triplicó entre 2007 y 2014, hasta acercarse al 100% del PIB. La Administración Central presentaba una ratio de deuda del 84,2% del PIB a mediados de 2014, casi 55 puntos más que al inicio de la crisis, mientras que la de las CCAA es del 21,7%, 16 puntos superior a la de 2007. Las previsiones barajadas por los principales organismos internacionales, incluido el FMI, sitúan en 2017 el año en el que la ratio de deuda pública de España podría empezar a descender.

¿Quién debe a quién?
Los bancos son la principal contrapartida de la deuda por la elevada bancarización del sistema financiero español. Durante la crisis, la deuda de los hogares con los bancos se ha reducido en casi 140.000 millones de euros (un 14% sobre el PIB), hasta los 740.000 millones. En el caso de las empresas, la deuda con el sistema financiero (bancos e instituciones financieras no monetarias) ha disminuido en algo más de 300.000 millones (30% del PIB), hasta los 635.000 millones, que sumados a la reducción de la de los hogares alcanzan el 44% del PIB. La deuda total de las empresas supera los 1,4 billones de euros. Ese desapalancamiento se ha visto compensado por el incremento de la deuda de las AAPP, que han aumentado en más de 600.000 millones su deuda total, hasta superar el billón de euros.

La deuda bruta frente al exterior apenas ha variado en volumen pero con una clara recomposición, reduciéndose fuertemente la contraída por el sistema financiero y aumentando la contraída por las AAPP. La cifra final arroja un saldo de deuda externa bruta cercana a los 1,65 billones de euros, de la cual el sistema financiero sigue siendo el principal deudor con un 50%, seguido de las AAPP con algo más del 30% y finalmente las sociedades no financieras, que soportan de forma directa algo menos del 20%.

Los acreedores de esa deuda son los bancos, con unos 430.000 millones de euros, e instituciones europeas como el Banco Central Europeo (140.000 millones procedentes de las líneas de financiación vivas y 50.000 millones en deuda pública española) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (41.000 millones). En total, entre bancos y las mencionadas instituciones acumulan cerca de 700.000 millones de posición acreedora frente a España. El resto estaría en manos de fondos de inversión, sobre todo, hedge funds, fondos de pensiones y fondos soberanos.

Artur Mas dispara el empleo público: convoca 1.230 nuevas plazas
El gobierno catalán anuncia la contratación de 150 nuevos sociólogos, entre otros nuevos funcionarios.
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 22  Julio  2015

El gobierno autonómico de Cataluña ha aprobado sacar a concurso 1.230 plazas de empleo público. La medida, que rompe un paréntesis de cuatro años sin convocatoria de oposiciones, ha sido anunciada por la consejera de Gobernación, Meritxell Borras, tras la reunión del Consejo Ejecutivo del gabinete que lidera Artur Mas.

De los 1.230 nuevos empleos públicos, 340 se enmarcan en el sector sanitario, 300 a la educación y 70 a la asistencia social. También está previsto que se incorporen 150 nuevos sociólogos, 153 bomberos, 20 inspectores fiscales y 40 técnicos tributarios.

Estas dos últimas categorías se enmarcan en la Agencia Tributaria Catalana que Mas ha impulsado en el marco de su hoja de ruta para la independencia.

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El modelo de financiación es mejorable pero la solidaridad es indispensable
EDITORIAL El Mundo 22  Julio  2015

Con todos los gobiernos autonómicos salidos de las urnas el pasado 24 de mayo ya constituidos y la situación política en Cataluña más tensa que nunca, la financiación autonómica será uno de los asuntos que el próximo Ejecutivo central tendrá que abordar con mayor celeridad cuando arranque la nueva legislatura. El Ministerio de Hacienda publicó ayer las balanzas fiscales de 2012. Y sus datos desmienten el victimismo catalán sobre su aportación al Estado, al tiempo que ponen de manifiesto la necesidad de revisar el modelo actual para hacerlo más equitativo. Todos dicen sentirse perjudicados por el sistema de financiación vigente y en los últimos días, Andalucía, Madrid o Cataluña han anunciado que pelearán por cambiarlo. Revisar la financiación autonómica es un tema peliagudo de enorme complejidad que requerirá la implicación de todos y el establecimiento de unas líneas rojas por parte del Estado. Se puede discutir el peso del reparto, pero no el modelo de solidaridad. Para mantener la cohesión del Estado español es imprescindible que las regiones más ricas transfieran recursos a las más pobres. En este punto, es imposible no detenerse para subrayar que el concierto vasco y el convenio navarro son una excepción que tendrá que ser revisada, por injusta, cuando llegue el momento.

Los saldos fiscales publicados ayer clarifican muchas sombras que pesan sobre este debate recurrente. En primer lugar, erosionan el discurso de Artur Mas sobre el supuesto maltrato que sufre Cataluña respecto al resto de España en el reparto de las transferencias. Madrid y Baleares son las dos comunidades más solidarias en relación a su riqueza, seguidas por Cataluña. La comunidad que preside CristinaCifuentes aporta al Estado más de 19.000 millones (el 9,57%de su PIB), frente a los 7.439 millones de Cataluña (el 3,75% de suriqueza). Además, según publicamos hoy, el Gobierno catalán ha sido el que más ha mejorado su saldo fiscal en la última década al lograr reducirlo 4.400 millones a su favor. Es paradójico que pese a esos guiños a Cataluña, Artur Mas se haya metido en el actual callejón sin salida de retar al Estado con la independencia. No hay que olvidar que el descontento del president comenzó precisamente por los agravios que, según su versión, sufre la Generalitat en el reparto de recursos. Sin embargo, mientras Mas hace ruido con su órdago al Estado, su conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha avanzado esta semana que batallará junto a la Comunidad de Madrid por un modelo más beneficioso para ambas regiones.

Los datos difundidos ayer tenían dos caras. La más favorable es la de Ceuta y Melilla, Extremadura, Canarias y Andalucía, que son las regiones más beneficiadas por los saldos fiscales.Sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz ejemplificó el descontento de todos con el sistema actual al reclamar una reunión urgente con el Gobierno central para consensuar un modelo «más justo» y que no sea «perjudicial» para sus intereses.

El sistema de transferencias que diseñó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha logrado resolver el difícil algoritmo de cómo articular la solidaridad interterritorial y urge su revisión. Pero aunque todo podrá ser discutido, la base del futuro sistema debe ser la misma: que el Estado pueda garantizar que en todo el territorio nacional los ciudadanos disponen de la misma financiación para cubrir los servicios básicos, para lo cual siempre será necesaria la solidaridad.

155: sólo en caso de incendio
CASIMIRO GARCÍA- ABADILLO El Mundo 22  Julio  2015

Tras unos meses de modorra, el problema de Cataluña ha vuelto a las portadas de los diarios y los informativos de radio y TV y ya no dejará de ser noticia durante mucho tiempo. De aquí al 27-S todos los jugadores van a apostar fuerte para que, cuando llegue el momento de contar, sus opciones sean las ganadoras. Después, tras los comicios, Cataluña seguirá siendo noticia porque, saque o no mayoría absoluta el independentismo, las repercusiones políticas del 27-S serán enormes. Inmediatas: las elecciones catalanas condicionarán las elecciones generales; pero también a medio plazo, ya que en función del resultado puede ponerse en marcha un proyecto inédito de secesión; o bien la constitución de un Gobierno de concentración sustentado en alianzas improbables fuera de Cataluña.

En lo que sí existe consenso, a diferencia de otras ocasiones, es en que Mas y su lista unitaria van en serio y están dispuestos a someter al Estado, si logran la mayoría absoluta, a una confrontación que no tiene precedentes: la ruptura de la legalidad y la quiebra de la soberanía nacional.

Los poderes del Estado son conscientes de la profundidad del desafío. La fotografía del Rey, con rostro serio, junto a Mas, con cara de circunstancias, momentos antes de la recepción en Zarzuela, no fue sólo el fruto de la decisión de Felipe VI de mostrar su preocupación ante los ciudadanos, sino el reflejo fiel de la entrevista que posteriormente tuvo lugar. Tras la exposición de su plan de secesión por parte del presidente de la Generalitat, el Rey le recordó que hay unas leyes que debe cumplir, empezando por la Constitución.

Mientras tanto, en el Gobierno se impone la tesis de «no responder a las provocaciones» y esperar a los hechos antes de tomar decisiones drásticas. Lo que está claro, según las fuentes consultadas, es que si se produce una ruptura de la legalidad tras el 27-S, el Ejecutivo pondrá en marcha toda la maquinaria legal que tiene a su disposición, incluyendo la suspensión de la autonomía que establece el artículo 155 de la Carta Magna.

El Gobierno, incluso, podría impedir la celebración de los comicios si en el Preámbulo del decreto de convocatoria del 27-S, que la Generalitat debe aprobar el próximo 5 de septiembre, se habla abiertamente de vulnerar la legalidad. El recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional llevaría a la paralización automática de las elecciones, en caso de que éste lo admitiera, cosa segura.

Sin embargo, esa opción se ve con recelo en el seno del Gobierno. La suspensión del 27-S sería un arma de propaganda extraordinaria en manos de los independentistas. Y no es el momento de dar bazas a Mas, necesitado de votos y maestro en el arte del victimismo.

La opinión mayoritaria (es decir, lo que piensa Rajoy) es que hay que evitar una «guerra de declaraciones» y esperar a ver lo que pasa el 27-S. En medios oficiales se tiene la sensación de que la lista unitaria no logrará la mayoría absoluta, con lo que la crisis política se desplazaría de Madrid a Barcelona.

Aunque hay sectores siempre dispuestos a la batalla, ahora lo prudente (en esta ocasión el presidente acierta) es aguardar a que el 27-S nos diga cómo se conforma el mapa político en Cataluña. El artículo 155, como los extintores, sólo debe usarse en caso de incendio.

La ETA se sale con la suya
Emilio Campmany Libertad Digital 22  Julio  2015

Los habrá que crean que lo más grave que ha ocurrido en España en estos últimos años es la irrupción de los comunistas de Podemos. Los habrá que discrepen y opinen que es el proceso de independencia de Cataluña lo más terrible. Y todos se equivocan. Con ser muy malas estas dos cosas, la negociación con ETA es peor. José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Dios confunda, no sólo negoció con la banda en nuestro nombre, sino que además nos ocultó a sus representados el resultado de esa negociación. Sabemos que la ETA se ha comprometido a dejar de matar, pero no sabemos qué ofreció Zapatero a cambio. También sabemos que Rajoy, debidamente informado, decidió respetar lo acordado al tiempo que resolvió que lo mejor era que nosotros, los españoles, los que tenemos que cumplir lo pactado para que no nos maten, sigamos sin saber a qué estamos obligados.

Siempre tuvimos la sospecha de que la entrega de Navarra a la ETA iba en el paquete negociado. Lo que no sabíamos es cómo lo iban a hacer. Ahora ya sabemos cómo van a empezar a hacerlo. De momento, ya está Bildu gobernando en Navarra, con la Policía Foral a sus órdenes. Y, lo que es todavía más repulsivo, los que tienen las manos tan delicadas como para no querer mover el nogal para no arañárselas, se han apresurado a ir a recoger las nueces, que para eso sí que no se les caen los anillos. Oír a Urkullu y a Erkoreka hablar de la realidad de una posible unión de Navarra al País Vasco da arcadas, sabiendo como sabemos que no es algo ganado en buena lid, sino una concesión extraída a gobiernos débiles y cobardes a punta de pistola, en sentido literal.

Quien crea que la llegada de Bildu al poder en Pamplona no es más que una consecuencia de la voluntad del pueblo navarro expresada en las urnas debería recordar que fue el Tribunal Constitucional el que, sin facultades para hacerlo, pero con el impulso del PP y del PSOE, revocó la sentencia del Supremo que ilegalizaba a Bildu. Si Bildu fuera ilegal, que es lo que debería ser, nada de esto estaría ocurriendo. Encima, los muy cobardes, socialistas y populares, descargaron sobre los hombros de los magistrados del Constitucional, esos peleles que ponen allí para que les hagan el trabajo sucio a cambio de cuatro míseras prebendas, la responsabilidad de la desgracia a la que estamos asistiendo.

En el resto de España, el destino de los navarros, contemplados como señoritos que no pagan impuestos gracias al concierto económico, interesa poco y por tanto poco se hará para evitar que la ETA los incorpore al paraíso verde de Sabino Arana. La única posibilidad que les queda si de verdad quieran evitar ser absorbidos es la de renunciar al cupo y pagar impuestos como todo hijo de vecino. Ya verían cómo en esas condiciones no los querían en las Vascongadas. Y ya verían cómo así estaríamos los demás más dispuestos a defenderlos de la codicia etarra.

¿Círculo virtuoso o círculo vicioso? Esta es la cuestión
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 22  Julio  2015

Es simplemente un tema de sentido común, sin que sea preciso tener muchas luces para entenderlo. España ha conseguido el milagro de ir sobreviviendo a la crisis económica con recesión incluida. Lo ha logrado gracias a que se han tenido en cuenta, por el actual gobierno español, las recomendaciones, a veces duras y gravosas imposiciones, de recortes económicos, reformas legislativas, reducciones de salarios o congelaciones de pensiones, que ha sido preciso adoptar para salir del atasco en el que nos metió la crisis de las sub prime y la fatídica actuación del gobierno socialista de Rodriguez Zapatero, en sus dos legislaturas. Actuaciones que han motivado que, una parte del pueblo español, se haya visto afectado en su trabajo, en sus ingresos, en su nivel de vida y en su bienestar, por los sacrificios que ha sido preciso pedirle para evitar males mayores, como el de ser rescatados y tener que someterse a la dura disciplina de los famosos “hombres de negro”, mucho más rígida y gravosa que la que nos hemos visto precisados a sufrir. Sin embargo, el actual gobierno de España ha tenido que pagar un importante peaje por los sacrificios que ha tenido que pedir a los españoles, aparte del natural desgaste que todo gobierno sufre a lo largo de la legislatura. La pérdida de votos ha sido brutal y su imagen ante los españoles ha quedado notablemente deteriorada.

Lo cierto es que hemos llegado a las postrimería de la legislatura y se está produciendo la enorme paradoja de que, mientras la nación está experimentando innegables progresos en sus aspectos económico, laboral, financiero y en la mejora de su PIB, amén de haber recuperado, de una forma casi milagrosa, la confianza de las naciones de la CE y de los inversores que, con anterioridad, por falta de confianza en nosotros, nos negaban su apoyo o bien exigían seguridades y garantías especiales, lo que redundaba en un aumento espectacular de los intereses de nuestra deuda y un crecimiento espectacular ( rondando los 600 puntos básicos) de nuestra prima de riesgo. Por el contrario, en la actualidad gozamos de la confianza de los inversores, que no dudan en acudir a las subastas de nuestra deuda pública sin la menor desconfianza; lo que se ha traducido en una disminución sorprende de nuestra prima de riesgo y en una reducción notable de los intereses que pagamos por ella.

Sin embargo, hemos llegado a un punto tal en nuestra situación política interior, en el que, por una parte, gracias a los separatistas catalanes y vascos, la unidad indisoluble de nuestra patria se está poniendo en cuarentena y por otra, los eternos enemigos del régimen español, los que no desean que España se recupere y que logre salir, gracias al gobierno actual, de la grave situación en la que, los mismos socialistas que ahora preside el señor Pedro Sánchez, con sus políticas insostenibles, por anteponer a los intereses de España sus propias políticas laborales y despilfarrar el colchón que el señor Aznar había conseguido para el Tesoro de la nación; llegaron a poner al país al mismo borde de la quiebra soberana, a sólo un paso de tener que solicitar el rescate de la CE.

Precisamente, en el momento más delicado, cuando la unidad de la nación resulta más indispensable y la fortaleza del actual gobierno más necesaria, para dar el paso adelante que precisa nuestra nación; un paso que le permitiría ocupar el puesto que se merece en la CE, como una de las naciones de economía más saneada y con mejores perspectivas de crecimiento ( al menos un 3% del PIB) para este mismo año 2015; es cuando, inoportunamente, unos grupos de activistas, unos enviados de Venezuela, unos hijos del bolchevismo que todos creíamos ya desaparecido, han irrumpido en la arena política española, gracias a la imprudencia, al afán de lucro, al poco sentido patriótico y a la evidente malicia de algunos presentadores de las cadenas televisivas 4ª y 6ª; de modo que, con sus habilidades dialécticas y propuestas falaces, convencieran a grupos de españoles que, por estar en el desempleo, por no ver claro el futuro de sus carreras, por pertenecer al sector marginado de la sociedad o por estar integrados en las comparsas de los antisistemas, anarquistas y los seudo intelectuales de la farándula, han sido terreno abonado para que, las semillas de la revolución, haya calado en una parte importante de nuestra sociedad, despertando viejas querellas, rencores que parecían olvidados y reminiscencias de los tiempos de la Guerra Civil que, por extraño que resulte, han conseguido trasmitirse de generación en generación, para resucitar con virulencia después de más de 75 años de su finalización. Los odios en España son imprescriptibles.

Es evidente que, desde la propia UE, los EE.UU y desde todos los países a los que les importa que España siga siendo un país estable, fiel a los principios de la CE, capaz de hacer frente a los compromisos contraídos y mantenerse entre las naciones solventes y fiables que forman la zona del euro, aparte de su posición estratégica como frontera con las naciones africanas y posible muro de contención ante posibles ataques yihadistas pergeñados desde las, cada vez más expuestas, naciones del Magreb; lo que está ocurriendo en nuestra nación, los resultados de las elecciones del 24M con el brusco el viraje a la izquierda, a la extrema izquierda, experimentado por los municipios y comunidades autónomas, les está preocupando. Si lo de Grecia ya ha sido, y sigue siendo un aviso, de lo que le puede suceder a Europa si los populismos que han llevado a gobernar a los comunistas de Syriza, ya no hablemos de que lo que allí ha ocurrido llegara a tener lugar en una nación como España la 7ª potencia económica dentro de la CE.

Si la situación de Catalunya ya ha significado para ella, según Libre Mercado, la deslocalización de más de 1.000 empresas entre enero del 2014 y marzo del 2015 (de ellas 500 se trasladaron a Madrid), todo ello motivado por el miedo de las empresas de quedar en manos de gobiernos independentistas que acaben lacerándolas con impuestos o les impongan condiciones laborales que sean gravosas para sus negocios. Conviene recordar la masiva fuga de capitales de España cuando España se enfrentó a las elecciones de 20N del 2011, cuando salieron del país la friolera de 250.000 millones de euros por miedo a que las izquierdas volvieran a hacerse con el poder. La entrada de Syriza en el gobierno heleno fulminó el superávit primario de las cuentas públicas, fruto del consumo privado y de un repunte de la inversión privada, junto a un acelerón exportador. En menos de 6 meses de gobierno de Tsipras el esperanzador 0’5% positivo quedó reducido a un -3% negativo. Según el Freemarket Corporate Intelligence “el circulo virtuoso en el que parece haber entrado España puede volver a ser un círculo vicioso si el gobierno de España acaba en manos de un Ejecutivo débil, con políticas más laxas” ¿Les dice a usted algo esta advertencia?

Aquellos que prometen rentas básicas, que no son partidarios de relacionarse con la UE, que dijeron que no pagarían nuestra deuda pública o que pretenden estatalizar nuestra economía y aumentar el número de funcionarios en España o intervenir en los beneficios de las empresas o los salarios de sus directivos, estatalizando los bancos y una parte de las empresas privadas. ¿Ya han pensado de dónde van a sacar los apoyos para sostener la economía nacional, pagar la deuda, buscar la inversión foránea o aumentar nuestra oferta de turismo, si aumentan los impuestos, encarecen el IRPF o ponen tasas a los turistas?, ¿Una España comunista para que acompañe a una Grecia comunista? Pregúntenle a Alemania lo que pensaría de esto y lo que decidirían en Bruselas ante una situación semejante.

Quedan unos pocos meses para que España se juegue a cara o cruz su futuro. Los que quieran jugar a lanzar la moneda al aire para saber a quien votar, ya pueden prepararse para renunciar, quizá para siempre, a cualquier posibilidad de recobrar el bienestar pasado. Que nadie piense que los países industrializados, con la amenaza latente del yihadismo, con Rusia decidida a mantener su domino absoluto sobre aquellas naciones que se independizaron cuando la caída del Telón de Acero y la competencia de naciones emergentes como China o la India, sin olvidarnos de Corea del Sur o Japón, van a permitir otra nación en el seno de la UE que dependa del Moscú o, todavía peor, del comunismo bolivariano que domina en las naciones del cono sur de América; créanme, están locos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos espantados la mera posibilidad de una coalición de izquierdas al frente de España. Vade retro.

Líderes para grandes cambios
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 22  Julio  2015

Me disgusta, aunque crean lo contrario, hablar sobre el País Vasco. Como me molestaba, de forma difusa pero apreciable, que me dijeran lo valientes que éramos cuando ETA dominaba el panorama político español con sus asesinatos. Nunca he considerado que hacer lo que uno debe hacer tenga que ver con la valentía y en cualquier caso siempre echaba de menos que apreciaran menos la inteligencia que el valor; también me disgustaba que pudiéramos aprovecharnos en el resto de España de nuestro comportamiento, a mi juicio obligatorio, en Euskadi. Algunos lo hicieron, bien porque era fácil dejarse querer después de estar sometido a grandes tensiones en tu propia tierra, o bien por un cálculo previsor del que entendía su acción como una inversión a largo plazo. No es una crítica general a los políticos vascos porque la mayoría, sobre todo los concejales del PP y del PSE, sólo sacaron de aquella empresa sufrimiento, olvido y la satisfacción personal de poder mirar a los ojos de sus hijos sin avergonzarse, con orgullo por haber defendido la libertad cuando estaba amenazada y la paz cuando no existía. Por lo tanto, aunque mi anterior artículo también fuera sobre la política en mi tierra, no soy un especialista en la política vasca. Sin embargo, el punto final de una larga experiencia muy traumática para todos los españoles, pero muy especialmente para los vascos, ha generado algunos comportamientos y algunas posiciones políticas muy interesantes.

He dejado dicho en alguna parte que no se puede entender lo que está sucediendo en España sin la derrota de ETA. Me explicaré: durante el tiempo que transcurre desde la aprobación de la Constitución del 78 a la lectura del último comunicado importante de la banda terrorista -en el que anunciaba que abandonaba la lucha armada aunque en realidad lo que quería decir era que había sido derrotada por el Estado de Derecho con la ayuda de las fuerzas de seguridad y la valentía gallarda de una parte pequeña de la sociedad vasca-, algunas cuestiones pendientes de la Transición no podían ser abordadas sin fortalecer las posiciones políticas en las que se resguardaba la banda terrorista.

Las consecuencias sociales de la crisis económica, el debilitamiento del crédito de las instituciones y la jibarización de las expectativas creadas por la UE, son causa de algunos de los debates que tiene la sociedad española hoy; pero la derrota de ETA impone también otros debates, postergados por su acción criminal y, sobre todo, nos obliga a ir más allá de la negativa, del rechazo a enfrentarnos a determinados retos políticos, que se plantearán inevitablemente y se solucionarán pacífica y democráticamente, sin el chantaje de los asesinatos, con la contraposición de ideas y proyectos. Si hoy ETA siguiera asesinando no tendríamos el caótico debate planteado por los nacionalistas catalanes y otra parte de la sociedad catalana, y en caso de haberlo propuesto, la negativa a debatir con ellos hubiera sido suficiente. Sin embargo, con ETA derrotada, la pugna de ideas se hace inevitable y tenemos la suerte de tener enfrente a un grupo de personas que han convertido algo que podía ser dramático en un sainete, en el que los nacionalistas catalanes han elegido voluntariamente representar el papel más grotesco y peligroso. Con el debate sobre quién compone las listas electorales arremeten contra un principio básico de la democracia moderna, en contraposición con la democracia griega. Efectivamente, la democracia actual se basa desde hace 300 años en una visión positiva de la pluralidad, en equilibrio siempre inestable entre los derechos individuales y los que podríamos denominar 'políticos'; la democracia antigua, como la pretendida por los nacionalistas, se basa en el ejercicio de una parte de la sociedad de los derechos políticos en la búsqueda de una uniformidad que es para ellos, y lo era para los atenienses, el estado óptimo, el deseado, en contraposición y pugna con la pluralidad, siempre entendida como un mal que debilita a la república. Oscilan entre el humor de Groucho Marx ("nunca pertenecería a un club que me admitiera como socio") y el Saza de 'La Escopeta Nacional', por lo que no es probable que se unan personas serias a sus posiciones; en realidad, todo queda entre personajes como Mas y Laporta. Pero ni la negativa a discutir, ni el desdén que nosotros estamos obligados a rechazar, son una solución.

De la misma manera, el debate sobre el futuro de Navarra ya lo tenemos encima y si lo evitamos, si hacemos como si todo siguiera igual, en pocos años ganarán los que hoy gobiernan en la Comunidad Foral. Se pudo decir sencillamente que era imposible y hasta inimaginable la integración de Navarra en la comunidad autónoma vasca mientras ETA asesinaba a más de 100 personas cada año; hoy, en cambio, es imaginable el debate, son posibles los cambios y no ganaremos con estridencias, ni extremismos apasionados. La amenaza está ahí, si no se definen posiciones alternativas a las de los nacionalistas, distintas al mero rechazo, estos impondrán una solución uniformadora y anticuada a la cuestión planteada, más ahora que el alcalde del Ayuntamiento de Pamplona y la presidenta del Gobierno foral son nacionalistas. Sin embargo, yo creo que son posibles soluciones si aplicamos la razón, soluciones que a la vez preserven las diferencias entre realidades distintas y satisfagan los sentimientos de una parte de los navarros y una parte de los vascos, siendo más eficiente para todos.

¿Por qué no tomamos ese camino y combatimos sus ideas con las nuestras, sus visiones con las nuestras, sus proyectos con los nuestros? Para que esta posición ilustrada y racional fuera posible, los nacionalistas deberían dejar de ver a Navarra como la tierra prometida y los no nacionalistas convencerse de que allí no se juega el futuro de España. No cabe duda que el marco en el que se desenvuelve la política y los objetivos de los sujetos políticos juega un papel determinante. Si en Cataluña asistimos a la síntesis de lo grotesco y el extremismo, en Euskadi, como si todo el mundo estuviera agotado por la presión criminal de ETA, se abren caminos posibilistas; y así vemos como el máximo representante del PNV es capaz de defender a la vez una negociación política con el Estado y la validez de la Constitución del 78, o vemos al secretario general vasco de Podemos decir, ajustándose al sentido común, que el derecho a decidir que esgrimen los nacionalistas para disfrazar su pretensión autodeterminista, no goza de ningún reconocimiento en el ámbito constitucional internacional. Si no vemos una oportunidad para negociar soluciones para los próximos 40 años es que estamos locos y si no vemos que es una magnífica oportunidad para dar una lección práctica a los nacionalistas catalanes es que nuestros políticos se han equivocado de profesión. Todo parece imposible antes de empezar pero una vez iniciado el camino todo es más fácil, en ocasiones evidente.

La única precaución que yo me impondría es que cualquier iniciativa que se tome esté concertada entre los partidos nacionales y que ninguno de ellos trate de sacar ventaja, jugando a la pequeña de los pactos entre partidos para gobernar. No se trata sólo de quien se lleva a su huerto a los nacionalistas en la búsqueda de mayorías parlamentarias, se trata de encontrar soluciones para algunos problemas heredados de la Transición y que están sin resolver debido a la existencia de ETA. La disyuntiva no se plantea entre que todo siga igual y cambios en la política española, sino entre quienes dirigen los cambios: ellos o nosotros. Si los que lideran los cambios son esa amalgama de partidos unidos por una visión de la política buenista e infantil, en la que todo parece posible hasta que llegada la hora de la verdad las ilusiones truequen en frustraciones y las esperanzas en dolorosos sacrificios para la población, el riesgo de perder lo conseguido durante estos últimos 30 años se trasformará en una realidad inevitable. Si por el contrario son los partidos moderados los que no dan la espalda a las reformas necesarias, desacralizando situaciones y realidades, España podrá alargar ese gran éxito de nuestro país que solemos conocer con el nombre de la Transición.

Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

EL DE LA BANDERA ENORME
La abstención cómplice del PSOE en Navarra pone colorado a Sánchez
A.I.M. www.elsemanaldigital.com 22  Julio  2015

Al líder de los socialistas le llueven las críticas por no hacer nada ante la llegada al poder de una presidenta que quiere euskaldunizar Navarra. Cómo será para que "Gara" le aplauda.

A Uxue Barkos le salían las cuentas para ser investida presidenta de Navarra -lendakari la llaman sus socios- independientemente de lo que hicieran los socialistas. Porque los 9 escaños de Geroa Bai, sumados a los 8 de Bildu, los 7 de Podemos y los 2 de la marca foral de IU sumaban mayoría absoluta.

Aun así, Pedro Sánchez se decantó por una abstención cómplice, por no hacer nada por evitar que tome el control de Navarra una presidenta que se reconoce "abertzale" en una comunidad que no lo es y que no tuvo el más mínimo recuerdo para las víctimas de ETA en su discurso de investidura.

¿Casa esa actitud del líder de los socialistas con esa imagen suya delante de una gran bandera de España el día de su proclamación como candidato?

Al PSOE y a Pedro Sánchez les están lloviendo las críticas en las últimas horas por ponerse de perfil ante una presidenta que habla abiertamente de euskaldunizar Navarra.

No obstante, según su líder en la Comunidad Foral, María Chivite, la abstención es "por el bien común". Claro que después añadió que el 70% de la población "no se identifica con el nacionalismo vasco" y que el PSN no estará en "aventuras" como la "construcción nacional vasca".

"Éstas son las consecuencias de la desidia de los partidos constitucionalistas durante las pasadas legislaturas. Y la actitud del Partido Socialista de Navarra, que se ha abstenido en la votación de investidura, da una idea cabal de hasta qué punto la negligencia en la defensa de la España constitucional está en el origen del caos que ahora padecemos. Y esto no ha hecho más que empezar", pronostica Victoria Prego en El Mundo.

Y ABC añade en su editorial, titulado Sánchez no saca la bandera en Navarra: "La abstención implica al PSOE como responsable pasivo de la nueva situación política de Navarra y de la implantación de una agenda y de un discurso cuyo objetivo será la definitiva inserción de la Comunidad Foral en el proyecto panvasquista".

Al menos sí hay un diario que aplaude a los socialistas, Gara: "La dimensión del cambio que necesita esta pauperizada y reprimida Nafarroa es ´profunda´, como bien dijo ayer -por el lunes- Barkos, y requerirá del impulso de todas las personas que, cada una desde su ámbito, creen en una sociedad decente, más libre, basada en los derechos, cohesionada, potente en todos los terrenos que habitan sus ciudadanos. Se trata de un reto inmenso, inabarcable para un solo sector, para una sola tradición ideológica, y debe tejerse en común, gestionando la discrepancia, con responsabilidad y coherencia".

Mas y Rajoy llevan su pelea al TC: 54 recursos esperan sentencia
El proceso soberanista está teniendo efectos colaterales. No sólo a nivel político. El número de recursos de las dos partes frente al TC se ha disparado. Más de medio centenar esperan sentencia
Carlos Sánchez El Confidencial 22  Julio  2015

El proceso de “creación de estructuras de Estado”, como lo denomina el Gobierno catalán, está teniendo un efecto inmediato más allá de la cuestión estrictamente política: un aumento sin precedentes de la conflictividad constitucional. Hasta el punto que ambas partes –el Gobierno central y el catalán– esperan en estos momentos que el Alto Tribunal se pronuncie sobre más de medio centenar de recursos. En unos casos por una cuestión de competencias; en otros, por causas relacionadas con la constitucionalidad de la norma aprobada por una u otra Administración.

El último recurso lo interpuso el Consejo de Ministros el pasado viernes como respuesta a la creación de diversos impuestos sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Pero esta última impugnación no es más que una gota en un océano de recursos. De hecho, en lo que va de año el Gobierno central ha interpuesto ya cinco recursos de inconstitucionalidad.

De las 1.619 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional desde 1980 (incluyendo tanto los recursos sobre conflictos de competencias como las cuestiones de inconstitucionalidad) prácticamente la tercera parte, 538, tienen su origen en litigios entre Cataluña y el resto del Estado. De ese medio millar largo de impugnaciones, 114 acabaron en forma de desistimiento por alguna de las partes, mientras que en otras 370 ocasiones se dictó sentencia por parte del Tribunal Constitucional.

Esto quiere decir que el Alto Tribunal aún tiene que dictar 54 sentencias por leyes u otras normas aprobadas tanto por el parlamento español como por el de Cataluña, lo que da idea de la carga de trabajo que se transfiere al Constitucional. De esas 54 sentencias, 18 recursos los han presentado las autoridades del Estado frente a normas aprobadas en Cataluña, y las 36 impugnaciones restantes contra leyes aprobadas por el Estado y recurridas por la Generalitat, cuyo 'cerebro legal' es, precisamente, un exmiembro del TC, el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, quien preside el Consejo asesor para la Transición Nacional.

O lo que es lo mismo, como han puesto de manifiesto muchos constitucionalistas, se quiere resolver por vía legal lo que en muchas ocasiones no es más que un problema político, algo que explica la alta conflictividad entre el Estado y Cataluña, sobre todo a raíz del despliegue legislativo que dio lugar la aprobación del Estatut. Las cifras son todavía más significativas si se tiene en cuenta que en 2005, siendo ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, se alcanzó un nuevo clima de diálogo que supuso en aquel momento el desistimiento de 85 impugnaciones del Estado contra las comunidades autónomas y viceversa.

La conflictividad que no cesa
Las 54 sentencias que aún debe resolver el TC en relación con Cataluña representan uno de cada tres fallos pendientes y afectan al resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, muy por encima del peso que tiene Cataluña en relación con el resto del Estado, tanto en términos demográficos como económicos (por debajo del 20%). Andalucía, que es la segunda comunidad con mayor conflictividad con el Estado, tiene pendientes apenas 21 resoluciones del Constitucional, lo que supone menos de la mitad que Cataluña.

Hay que tener en cuenta que todas las leyes autonómicas aprobadas son examinadas en la Comisión de Seguimiento de las Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, de cuyo funcionamiento es responsable la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

A partir de los informes que elaboran y remiten a la Dirección General los Ministerios concernidos por cada ley autonómica y tras el correspondiente debate, la Comisión puede acordar tres tipos de decisiones: la presentación de un recurso de inconstitucionalidad; la no presentación de impugnación alguna porque se considere que los argumentos jurídicos en contra son insuficientes o, en tercer lugar, se puede remitir una carta de cooperación a la comunidad autónoma aludida antes de acudir a la vía constitucional, evitando así la conflictividad.

Eso explica que el Estado, por ejemplo, haya recurrido el decreto 16/2015 de la Generalitat catalana por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional. El Gobierno entiende que esta y otras disposiciones se aprueban para un supuesto inconstitucional, que es el de la separación de Cataluña del Estado español, “afectando a la soberanía del pueblo español” y a la exigencia de que la reforma constitucional ha de sustanciarse por la vía y los procedimientos previstos.

Igualmente, en lo que va de año, se ha impugnado que la ley de Presupuestos faculte a la Generalitat la puesta en funcionamiento de nuevos servicios, incluyendo expedientes de ampliación de plantillas o de creación o reestructuración de unidades orgánicas que comporten un incremento global de los gastos de personal.

El Estado, al mismo tiempo, ha impugnado que la Comunidad de Cataluña en su Ley de Medidas Fiscales haya incluido una nueva función de control del espacio y tránsito aéreo para el Servicio Meteorológico. Igualmente, se imponen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento, entiende el Ejecutivo central.

También el Gobierno ha recurrido una modificación general de demarcación de los registros ubicados en Cataluña, con criterios propios para la supresión, reagrupación y modificación de distritos hipotecarios, incluyendo figuras nuevas e incorporando reglas sobre el funcionamiento de los registros, asuntos sobre los cuales la comunidad autónoma carece de competencias normativas de acuerdo con la Constitución y su Estatuto de Autonomía, dice el Gobierno.

Nada indica que se trate de los últimos recursos. Y que, incluso, podrían afectar a la convocatoria formal de las elecciones el próximo 27 de septiembre si el Gobierno central entiende que se produce un fraude de ley al convertir la Generalitat unos comicios autonómicos en un plebiscito sobre la independencia de Cataluña.

Queremos ayuntamientos bilingües
Mercè Vilarrubias Cronica Global 22  Julio  2015

El PSC y Ciutadans acaban de firmar un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Lérida. Es el segundo que hacen estos dos partidos tras el del Ayuntamiento de Calafell. En ambos casos, el pacto establece que los respectivos ayuntamientos respetarán la Constitución y las leyes, lo cual es una muy buena noticia ya que estamos acostumbrados a ayuntamientos sectarios que hacen lo que les parece. Una segunda muy buena noticia es que los pactos también incluyen una revisión de las normativas de usos lingüísticos de los dos ayuntamientos.

A partir de estos dos pactos, se abre un espacio donde ambos partidos pueden hacer mucho en favor del bilingüismo y el respeto a las dos lenguas de Cataluña en las instituciones. En este artículo me tomaré la libertad de imaginar en qué consistiría un plan para dejar atrás el monolingüismo existente hasta ahora e introducir el bilingüismo en estos ayuntamientos.

En primer lugar, el ejercicio del bilingüismo por parte de las administraciones plantea la pregunta de qué forma debe tomar este bilingüismo: los documentos ¿deben estar todos ellos en las dos lenguas o para cada documento debe haber versiones separadas en catalán y en castellano? En mi opinión, es mejor la primera opción porque es más práctica ya que el mismo documento sirve para todos los ciudadanos.

La comunicación de los ayuntamientos se puede dividir en dos áreas: la externa y la interna. Desde mi punto de vista, la primera fase de este plan para introducir el bilingüismo debería centrarse en la externa: conseguir que los ayuntamientos envíen sus comunicaciones a los ciudadanos en formato bilingüe y que la atención telefónica dé la posibilidad de elegir entre el catalán y el castellano. En cuanto a las respuestas a comunicaciones escritas por parte de los ciudadanos con los ayuntamientos, se debería conseguir que éstas o fueran bilingües ya por defecto o se adaptaran a la lengua en la que cada ciudadano concreto se ha dirigido al ayuntamiento. Conseguir estas tres cosas sería un gran paso adelante y muy importante porque es la relación individual de la Administración con cada ciudadano concreto donde la vulneración de los derechos lingüísticos es más evidente.

Entonces está la comunicación externa dirigida a todos los ciudadanos, es decir, las campañas informativas en la calle. Estas, hasta ahora, han sido sólo en catalán. Se podría impulsar que una parte de ellas, fijando un porcentaje que podría ir aumentando con el tiempo, fueran bilingües. ¿ Los pósters y carteles de las celebraciones de las fiestas mayores en catalán y castellano? ¿Las informaciones sobre los eventos culturales de la ciudad en catalán y castellano? ¡Sería histórico!.

La comunicación interna debería ser la segunda fase. Los ayuntamientos, al igual que todas las instituciones de la Generalidad son monolingües. Los recintos físicos tienen toda la información en las paredes y los paneles sólo en catalán y toda la documentación interna que genera cada institución está sólo en esta lengua. Lo máximo que puede hacer un trabajador público es escribir un mail a un colega en castellano pero cualquier texto creado por un funcionario para la institución donde trabaja debe estar "preferentemente" en catalán, y todos sabemos que preferentemente significa exclusivamente. Estas dinámicas son muy difíciles de romper y es previsible una oposición feroz por parte de los partidos nacionalistas a hacer cualquier cambio. Veremos, sin duda, la gran resistencia de los concejales nacionalistas en Lérida y Calafell si el pacto PSC-C 's lleva adelante una modificación pro-bilingüismo. Será difícil modificar los usos lingüísticos internos pero se puede empezar por traducir algunos de los documentos importantes al castellano. Algunos documentos internos ya lo son ahora de bilingües, pero estos son sólo textos con las informaciones importantes para el público general ya que la normativa obliga a disponer de ellos en las dos lenguas. Pero respecto a los documentos importantes de uso interno de los ayuntamientos, éstos están sólo en catalán. Entonces son estos de los que de manera gradual se debería poder tener versión en español. El bilingüismo interno puede ser un proceso largo y tortuoso pero si el externo comienza a rodar con éxito y aceptación ciudadana, el interno será más fácil.

Además, hay algo que se puede hacer y de hecho ya se hace desde el primer día y de forma espontánea a nivel interno, y no sólo en Lérida y Calafell: hablar en castellano a los plenos. Yo no sé si algún concejal había hablado alguna vez en español en un pleno del Ayuntamiento de Barcelona hasta ahora; lo dudo. En el Parlamento nadie había tenido ese "atrevimiento" hasta que, en un día histórico, hace diez años, Albert Rivera lo hizo. Ahora, algunos concejales de Ciudadanos hablan en los plenos en castellano, de forma natural, sin tener que planificar nada, y esto será un gran cambio en el paisaje lingüístico interno de los ayuntamientos. Otros concejales, incluyendo algunos de Ciudadanos, hablarán en catalán y nos encontraremos con lo que deberíamos encontrar más a menudo en el ámbito institucional, con una "conversación bilingüe", donde cada participante habla en la lengua que quiere y nadie se ha sentir violentado ya que todos entienden las dos. Es decir, un reflejo a nivel institucional de lo que ya ocurre en la calle.

Paralelamente a las negociaciones sobre el plan para introducir el bilingüismo, tanto en el Ayuntamiento de Calafell como en el de Lérida, deberían hacer una encuesta ciudadana y preguntar a los residentes del municipio como querrían que el ayuntamiento se dirigiera a ellos, si ya los va bien sólo en catalán o si prefieren comunicaciones bilingües. La respuesta mayoritaria es muy probablemente la segunda. En mi opinión, no es suficiente con que los dos partidos prueben de llevar adelante la promoción del bilingüismo en sus ayuntamientos pro su cuenta. Al ser un tema tan complicado, donde la maquinaria nacionalista se tira agresivamente en contra de manera inmediata, debe tratarse bien, con toda la legitimidad posible, y la legitimidad mayor la da el apoyo ciudadano. Las comunicaciones bilingües son necesarias no sólo porque lo pide C 's y sus votantes, y la mayoría de votantes del PSC, sino también una mayoría de ciudadanos de las dos ciudades. Estos son los datos que se han de esgrimir, la demanda ciudadana a favor del bilingüismo.

Hasta ahora, no hemos dispuesto de datos al respecto, ni a nivel municipal ni de toda Cataluña. Los únicos datos lingüísticas existentes son las encuestas sobre los usos lingüísticos de la población que hace la Generalidad sobre la población de Cataluña cada cinco años además del Barómetro de Barcelona pero todos los datos que resultan de estas encuestas son descriptivos. Preguntan a los entrevistados en qué lengua hablan normalmente, dónde, con cuál se identifican, etc. Pero nunca, desde ninguna institución, se ha preguntado por las preferencias lingüísticas de los ciudadanos. ¿Le gusta tener un ayuntamiento monolingüe? ¿Qué le parece la inmersión? ¿Está satisfecho de subvencionar sólo los medios de comunicación en catalán? Estas preguntas no se han hecho nunca. El Govern dice que todo el mundo está encantado con la política lingüística y rechaza cualquier petición de encuestas en el tema lingüístico. Es hora de que las opiniones de los ciudadanos sobre el uso de las lenguas en el ámbito público comiencen a ser objeto de encuestas y que empecemos a saber qué piensan de verdad.

No será fácil llevar a cabo un plan pro-bilingüismo en Calafell y Lérida. Sólo que se empiece a conocer la propuesta, ésta ya levantará toda la reacción habitual de ataque al catalán. Pero las cosas están cambiando y este tema debe dejar de ser un tabú. Ha llegado la hora de introducir el bilingüismo en los municipios. Que empiecen Lérida y Calafell será un gran paso que otros pueden seguir. Pero, siendo realistas, debemos pensar que será un proyecto a largo plazo; razón de más para ponerse en ello pronto.

Xenofobia disfrazada
Nota del editor 22  Julio  2015

Parece que no pasa el tiempo. Ya han transcurrido decenas de años y seguimos tratando de determinar el sexo de los ángeles, mientras los sexistas de ángeles siguen viviendo del cuento, cometiendo todo tipo de tropelías contra los español hablantes.

Ya estamos hartos de que sigan pretendiendo tomarnos el pelo y el bolsillo. Todo el tinglado de las lenguas regionales tiene por único objeto la expulsión de los español hablantes al hoyo de los desamparados sin derecho alguno mientras los que tienen la desgracia para España y los españoles de conocer una lengua regional siguen pastoreando en esos territorios sin derechos humanos ni constitucionales, para que nadie les pueda dar un empujón del enchufe conseguido por el mero hecho de poder expulsar a los español hablantes por la imposición de condiciones de valoración de experiencia y conocimientos que supone la expulsión de esos territorios de los que no se someten a ser un converso más de la religión y lengua regional con las que nunca llegarán al sumo sacerdocio por carecer de ADN o RH con suficiente regionalidad.

ENTREVISTA A FRANCISCO CAJA
'Artur Mas está dando un golpe de Estado por entregas'
El presidente de Convivencia Cívica Catalana asegura que Rajoy 'actúa ante el órdago secesionista sin inmutarse, como don Tancredo' y considera que el Rey Felipe VI no debió recibir a Mas en Zarzuela.
Agustín Benito Alba  www.gaceta.es 22  Julio  2015

Francisco Caja defiende que el PSC es nacionalista
El profesor universitario y presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, ha concedido una entrevista a Gaceta.es en la que aborda la posible secesión de Cataluña desde todos los puntos: independencia judicial, lista unitaria por la soberanía, artículo 155 de la Constitución, actitud del Gobierno de España, política lingüística, papel del PSC y de Ciudadanos, etc.

-¿Qué le parece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya concluido que la participación en el 9N no constituya ningún delito?
Indica claramente en qué lugar se halla el TSJC. Las instituciones en Cataluña están subvertidas como consecuencia de años en los que se ha destruido la democracia. El TSJC hace resoluciones no sobre la base del derecho sino simplemente políticas. Nosotros hemos recurrido al TS para que de la razón a los padres en cuanto al derecho de sus hijos a recibir una educación bilingüe y el tribunal siempre ha resuelto en contra de este derecho. En Cataluña no hay independencia judicial, uno de los principios de un estado democrático, y este hecho no hace más que confirmarlo.

-La candidatura unitaria por la secesión de Cataluña establece un plazo máximo de 18 meses para proclamar la independencia, ¿qué debería hacer el Gobierno de España si esto se produce?
Ya debería haber hecho muchas cosas, el Gobierno catalán ha dado muestras de no someterse al imperio de la ley. El Ejecutivo central debería haber evitado que se produjera el 9N. Ahora el problema es que no sabemos lo que va a hacer Mariano Rajoy. La única certeza que tenemos es que recurre al TC, pero el gobierno tiene la función de Gobernar, debe tomar decisiones políticas, no debe simplemente acudir a los tribunales. Aquí tenemos un Gobierno que no gobierna y no hace cumplir la ley. PSOE y PP nos han dicho cuando han gobernado que no podían apretar a los nacionalistas y exigirles el cumplimiento de la ley porque en ese caso se echarían al monte, ahora se han echado al monte, están programando un golpe de estado y parece que no pasa nada. Los que vivimos en Cataluña estamos absolutamente desesperados por ello.

-¿Debería haber aplicado el artículo 155 de la Constitución?
El artículo 155 se tenía que haber aplicado hace mucho tiempo. Pero ahora hay motivos más que suficientes para aplicarlo. Simplemente hay que requerir formalmente al Gobierno autonómico que cumpla sus obligaciones y en el caso de que no sea así hacer que se cumpla la ley. En Cataluña estamos al arbitrio de la voluntad autocrática y tiránica de un iluminado, Artur Mas, y de todos sus adláteres.

-¿No sirve entonces la nueva Ley de Seguridad Nacional?
Hay leyes suficientes. No hace falta diseñar una ley especial, tenemos la Constitución y con eso basta para obligar a un gobierno rebelde como es el de Mas a someterse al imperio de la ley.

-¿Qué opinión le merece que Artur Mas no sea cabeza de la lista unitaria, pero vaya a ser presidente si esa candidatura vence en las próximas elecciones autonómicas?
La lista unitaria es un delirio. El proceso es un retroceso a las cavernas y una destrucción del orden democrático. Todo tiene un componente delirante que procede de un señor paranoico como el señor Jordi Pujol y que lleva a que alguien como Artur Mas se esconda en una lista en la que no figura en primer lugar, pero sin embargo quiera ser el presidente de la Generalitat para proclamar la independencia. Este componente delirante exige una actitud valiente y el coraje que parece faltarle al Gobierno de la nación.

-¿Cómo valora la actitud del Gobierno de España respecto al tema de Cataluña?
Tenemos una derecha apocada y desnortada que cree que lo único que importa es la economía, son los últimos marxistas que quedan. Y un presidente que tiene una venda puesta en ojos y ante el golpe de estado actúa sin inmutarse, como Don Tancredo.

-¿Existe una mayoría social en Cataluña contraria al proceso independentista?
Por supuesto. Existe una mayoría que todavía conserva un mínimo de razón y que no se ha dejado engañar por la propaganda política que sin escrúpulos lleva ejerciendo desde hace años en Cataluña sin que el Gobierno central haga absolutamente nada. Ahora se va a recoger la cosecha del desgobierno y de las políticas de cesión con los nacionalismos.

¿Considera adecuado que el Rey Felipe VI recibiera en Zarzuela a Artur Mas?
El Rey debe dar ejemplo. ¿Por qué tiene que recibir a un tipo que no lo admite como Rey? No hay que ceder, hay que mostrarse inflexible con un individuo que está dando ya un golpe de estado por entregas. Lo que debería haber hecho Felipe VI cuando la famosa pitada es levantarse e irse del estadio.

-¿Qué mecanismos tienen el Ejecutivo de Rajoy y los tribunales competentes para hacer que el Gobierno catalán cumpla las sentencias en política lingüística?
Tiene todos los mecanismos que dispone un Gobierno en un estado de derecho y el Gobierno de Rajoy no ha recurrido a ellos. Hay que procesar al que desobedece a los tribunales. Es delito tipificado en el código penal. Si no se hace el estado de derecho se derrumba por falta de fundamentos. La primera sentencia anunciaron que no la iban a acatar. El papel del TSJC ha sido eficaz, ha ido rebajando el contenido de la sentencia y ha permitido que la señora Rigau incumpla la ley. Sin independencia judicial el poder político tiende al exceso y se vuelve autocrático, y en Cataluña no hay independencia judicial.

-Previsiblemente Alicia Sánchez-Camacho será la candidata del PP a la presidencia de la Generalitat, ¿cree que es el mejor activo del partido en Cataluña o está quemada políticamente?
El que está ardiendo es el Gobierno central. Entrar en detalles sobre si Sánchez-Camacho es o no la más adecuada es injusto respecto a ella. El problema no es de personas. El PP es hoy un partido profundamente corrupto y degradado que no va a gobernar en la siguiente legislatura por su propio mérito, por la deriva hacia la nada emprendida desde que eligieron a Mariano Rajoy.

-¿Cree que al PSOE le perjudica en el resto de España su indefinición en Cataluña?
No existe indefinición. El PSC se ha definido claramente: es nacionalista. Hablan de tercera vía, de federalismo, pero ¿en qué consiste realmente el federalismo? Los resultados electorales respecto al PSC son claros, cada vez pierden más votos. Con su política solo favorecen a los soberanistas. Cualquiera que viva en Cataluña les conoce y sabe que son nacionalistas. La señora Marta Mata diputada socialista es la que convenció a Pujol de la inmersión lingüística, es decir, le debemos la miseria actual en relación a derechos y libertades.

-¿Cree que Ciudadanos es el partido que puede contrarrestar con mayor fuerza a las fuerzas independentistas?
Podré opinar de Ciudadanos cuando conozca quién está detrás, solo así tendré criterio para determinar que efectivamente son una fuerza política que puede contrarrestar al nacionalismo, pero sospecho que aquellos que financian al partido de Albert Rivera no están por la labor de defender el orden constitucional y la permanencia del estado de derecho en Cataluña y en el resto de España.


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