AGLI Recortes de Prensa   Domingo 26  Julio 2015

No es país para leyes
DAVID JIMÉNEZ El Mundo 26  Julio  2015

En un país de políticos de moral tan endeble como los nuestros, con tramas que, como la Púnica, demuestran que la España del pelotazo sigue gozando de inmejorable salud, nada nos gustaría más que creer al Rey cuando dice que en España cumplir la ley es "ineludible". En realidad, estamos en una competición por eludirla.

España ha entrado en una especie de viejo oeste legislativo donde cada cacique local, provincial o regional decide qué leyes son de su suficiente agrado como para molestarse en aplicarlas: Artur Mas cree que es él y no la justicia quien debe decidir cuántas horas de castellano reciben los estudiantes catalanes; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se mofa de la norma que obliga a decorar el consistorio con una imagen de Felipe VI -"no encontraba" un retrato para sustituir al guillotinado Juan Carlos I- y una decena de autonomías han anunciado que no aplicarán la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Si no le importa, me manda otra que se adapte a mis gustos.

El incumplimiento de las leyes nos convierte en un país de pandereta
Hay reparos justificados al texto educativo del ex ministro José Ignacio Wert, y motivos para poner de cara a la pared a esos políticos incapaces de alcanzar un acuerdo que detenga el deterioro en la enseñanza, pero cumplir leyes que emanan de la legitimidad democrática del Gobierno no puede ser opcional. La idea de asumir sólo aquellas normas que nos agradan tiene el pequeño inconveniente de que merma las reglas básicas de un Estado de Derecho y termina convirtiéndonos en un país de pandereta.

La dificultad para dar la vuelta a la creencia de que las leyes no comprometen a todos por igual es que es compartida por los mismos partidos que las proponen, redactan y aprueban. Partido Popular y PSOE llevan tratando de minar la independencia judicial desde antes de que se atribuyera a Alfonso Guerra la frase"Montesquieu ha muerto" (y con él, la idea de que unos poderes deben vigilar a otros).

Rajoy traiciona su proyecto regenerador al mantener una Justicia politizada
Atar en corto a los jueces ha sido desde entonces la determinación, entre otros, de Mariano Rajoy, que cuando hace dos años tuvo que elegir entre cumplir su compromiso electoral de reforzar la independencia de la justicia o debilitarla en beneficio de su partido, optó por lo segundo. La decisión del presidente de instaurar la fórmula más partidista de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de que su partido la criticó durante décadas, es una de las grandes traiciones del proyecto de regeneración que Rajoy decía representar. Y así, hemos asistido bajo su mandato a la dimisión de un fiscal general del Estado harto de intromisiones, al reforzamiento de un sistema por el que las vacantes judiciales que se reparten en función de parentesco político o a la maniobra esta misma semana para evitar la reelección del presidente de la Sala del Supremo encargada de controlar los actos del Gobierno, gracias a los votos de los vocales del PP en el CGPJ. Produce sonrojo que, como recordaba Manuel Marraco en su crónica en este diario, la votación reprodujera "casi miméticamente la procedencia [política] del nombramiento de los vocales". ¿Eran jueces o políticos los que votaban?

Las legítimas exigencias del Gobierno para que se cumpla la ley tendrían mucho más peso si fueran acompañadas de un mayor respeto a la justicia por su parte. Su constante intromisión nos aleja del ideal del abogado Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor, cuando sostiene que la justicia de un verdadero Estado de Derecho "hace a un pobre el igual de un Rockefeller, a un estúpido el igual de un Einstein, y al hombre ignorante, el igual de un director de colegio".

Nuestros políticos siempre han buscado lo contrario: asegurarse un trato privilegiado, haciendo que las carreras de los magistrados dependan de sus decisiones y obligándoles a definirse políticamente para entrar en el juego de los premios y castigos. Si la estrategia no les ha salido bien del todo es porque la magnitud del saqueo de estos años lo hacía imposible y por la dignidad de magistrados dispuestos a sacrificar futuros ascensos por un concepto de la justicia más cercano al de Atticus que al de Mariano Rajoy.

El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo ha enterrado bien hondo
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 26  Julio  2015

La Justicia, entregada de hoz y coz a los designios de la política, sigue entretenida en sus batallas de poder entre la indiferencia de los ciudadanos que la ignoran y el miedo, cuando no el pánico, de aquellos que han tenido la desgracia, como demandantes o demandados, de tener que acudir a ella. El miércoles, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió por 12 votos contra 8 al magistrado Luis María Díez-Picazo nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS). El ganador, de brillante currículum, es gran amigo del presidente del TS, Carlos Lesmes, el mandamás de la cosa, que ha logrado así salirse con la suya. El perdedor, que durante 5 años dirigió satisfactoriamente la Sala y que se presentaba a la reelección, se llama José Manuel Sieira, pero ha tenido la desgracia de haberse enfrentado a Lesmes en el asunto del indulto concedido al kamikaze -remember Gallardón, siempre Gallardón- que en 2003 provocó la muerte de un joven en la autopista AP-7 (un escándalo que Vozpopuli destapó en su día) y desde entonces Lesmes le había puesto la proa. “Se perpetró la injusticia en el seno del órgano de gobierno de los jueces”, resumía Ángela Martialay en este diario.

Los escándalos del poder judicial se suceden por las cuatro esquinas del país. Uno muy concreto, que permanece en la sombra a día de hoy, tiene que ver con la imputación que la juez Mercedes Alaya realizó en mayo de 2014 a 16 consejeros -casi todos altos cargos de la Junta de Andalucía (JdA) o directivos de empresas de su órbita- de la Agencia de la Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) durante el período 2001-2008, que actuaba como pagadora de las ayudas del ERE. La juez entendía que “los imputados contribuyeron al falseamiento de las cuentas de IDEA”, afirmando que “ello resultó trascendental para que se produjera el fraude de los ERE”. IDEA (antes IFA), es una Agencia pública a través de la cual se canaliza la participación de la Junta en empresas de interés regional. El 11 de junio de 2014, Braulio Medel, presidente de Unicaja y uno de los más notorios personajes de la lista, recurrió su imputación ante la Audiencia de Sevilla alegando haber formado parte del consejo rector de IDEA “de manera representativa” y sin que fuera un cargo remunerado. “Nunca he llevado una función ejecutiva ni de gestión”, y por tanto “no hay conducta que me sea reprochable”. Como era de prever, el resto de imputados hizo lo propio aduciendo análogos motivos. La resolución de los recursos recayó en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, que, hasta la fecha, no se ha pronunciado.

Desde entonces ha transcurrido un año largo sin que haya noticia de tales recursos. Conviene recordar que Alaya imputó por segunda vez a Magdalena Álvarez en el caso de los ERE a finales de octubre de 2013, imputación que la afectada recurrió ante la Audiencia de Sevilla. El 5 de mayo de 2014, la misma sección 7ª de la Audiencia rechazó el recurso y confirmó el auto de imputación, afirmando que Álvarez era "una persona respecto de la que resultan visos de haber participado en los hechos delictivos que se investigan". A resultas de esta confirmación, la ex consejera de Economía de la Junta tuvo que dimitir de su cargo de Vicepresidenta del BEI en junio de 2014. De donde se infiere que la misma sección de la Audiencia sevillana que lleva un año largo de silencio en el recurso de los 16 del IDEA, tardó 6 meses en resolver el de doña Magdalena, de tanta o mayor enjundia que el que nos ocupa. Incluso el propio Supremo, con mucha más carga de trabajo que esa Audiencia, ha tardado 10 meses en solventar un asunto tan peliagudo como la imputación de los aforados Chaves, Griñán, Zarrías y Viera en el mismo fraude de los ERE. ¿Qué está pasando en la Audiencia de Sevilla con el recurso presentado por los imputados del IDEA?

Fuentes judiciales de toda solvencia en la capital andaluza han asegurado a quien esto suscribe que los magistrados de la sección 7ª de la Audiencia Provincial (integrada por Javier González Fernández, presidente, Juan Romeo Laguna y Carmen Barrero Rodríguez) habrían supuestamente aprobado ya el pasado mes de abril una resolución confirmatoria de la imputación de los 16 “nominados” por la juez Alaya, sin que hasta la fecha la misma haya sido comunicada a las partes. La Audiencia no respondió el viernes a las aclaraciones que se le solicitaron. Y bien, ¿qué fin se persigue demorando más de tres meses la notificación de dicha resolución? Una primera respuesta vendría marcada por la condición de los afectados como personas de la máxima confianza del PSOE-A, como cargos públicos que han sido a propuesta del partido. En la lista se encuentran personajes como Braulio Medel (ex viceconsejero de Hacienda de la JdA y presidente ejecutivo de Unicaja Banco), Felipe Romera (presidente ejecutivo del Parque Tecnológico de Andalucía), Juan Paniagua (ex director de la Agencia del Agua de Andalucía y ex viceconsejero de Agricultura), Manuel López Casero (ex secretario general de Industria y administrador único de Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía), Jesús Nieto (ex director general de Industria, Energía y Minas), Isabel de Haro (ex presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía), y así sucesivamente. Todos “pata negra” del socialismo andaluz.

Los imputados del IDEA y el futuro de Braulio Medel
Conviene recordar que, a tenor del pacto suscrito entre PSOE-A y Ciudadanos para la investidura de Susana Díaz, todos ellos deberían cesar en los cargos públicos que actualmente ocupan de confirmarse la imputación. La notificación de la resolución supuestamente ya adoptada por la Sección 7ª de la Audiencia de Sevilla podría ser particularmente relevante en el caso de Medel. ¿Teme el PSOE, que ostenta el control de Unicaja, que pueda correr la suerte de Magdalena Álvarez en caso de confirmarse esa imputación? En efecto, el Consejo de Administración de Unicaja Banco se vería obligado en tal caso a suspender o cesar en su cargo al andaluz, un auténtico superviviente del antiguo sistema de Cajas de Ahorros. Y, en caso de no hacerlo, debería ser el Banco de España, facultado como está para actuar en uso de sus facultades de intervención y sustitución (reglamento de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito), el mandatado para poner fin a la larga carrera financiera de don Braulio.

En este contexto cobra especial relevancia el papel de Emilio de Llera, consejero de Interior y Justicia de la JdA y fiscal en excedencia (34 años de ejercicio en Sevilla, donde ha llegado a ser fiscal decano de la Fiscalía Provincial). “Busque usted un juez en Sevilla que no sea amigo mío, búsquelo a ver si es capaz de encontrarlo”, respuesta del propio Llera a un periodista el pasado 14 de julio. Se cuenta en Sevilla que Llera habría estado enviando supuestos mensajes (tratándose de jueces, todo es siempre “supuesto”) a sus amigos los magistrados de la Audiencia, a fin de evitar que la confirmación de la imputación de los de IDEA fuera notificada antes de la investidura de Susana. En situación especialmente comprometida podría hallarse el magistrado Javier González, presidente de la Sección, cuya relación de amistad con De Llera es de sobra conocida.

Así están las cosas en la Justicia española. Politizada hasta la náusea, como el viernes puso de manifiesto la publicación de un escrito remitido por la juez Alaya al CGPJ, en el que cuestiona con gran dureza la capacidad de su sucesora en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla -ese almacén nuclear donde se apilan los ERE, los cursos de formación y los avales a empresas-, María Núñez Bolaños, para asumir con “seriedad” y “rigor” esas grandes causas. Tras afirmar que “la nueva titular me genera una gran inquietud” por “sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal”, Alaya lanza la bomba: “Me inquieta que la señora Núñez Bolaños mantenga una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera”.

El escándalo de los ERE andaluces vuelve a poner de manifiesto el error que para muchos supuso la cesión a las CC. AA. de las competencias de Justicia y de nuevo remite a la necesidad de devolverlas al Estado, vía reforma constitucional, si queremos de verdad recuperar calidad democrática y eficiencia económica. Fue Eduardo Torres-Dulce, entonces FGE, quien en 2012 dio la voz de alarma sobre el error en cuestión, abogando por devolver las competencias traspasadas al Estado si ello fuera posible: “Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar”, advirtió. En parecidos términos se había manifestado la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No deja de resultar significativo, por eso, que uno de los que con más vigor se opuso entonces al debate suscitado por Torres-Dulce fuera precisamente el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, al calificar de “proceso irreversible” la transferencia de competencias a las CC. AA. en materias tales como Educación, Sanidad o Justicia.

El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo enterró
Ni una sola de las macrocausas abiertas ahora mismo supera el filtro de la filiación política de los jueces y magistrados llamados a instruirla y/o juzgarla. Ninguna empresa o empresario inicia un periplo judicial de cierta importancia económica sin antes efectuar una cuidadosa evaluación del juzgado en el que puede caer, y de las filias o fobias políticas del potencial juez de turno. El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo ha enterrado bien hondo. Ningún particular pide hoy Justicia sin antes invocar a los dioses de la suerte. La suerte de tropezar con un juez honrado, capaz de estudiarse adecuadamente los sumarios y dictar sentencia en conciencia. Pleitear contra un cacique local o provincial en un tribunal autonómico es intento francamente suicida. Justicia que, además, hace gala de un corporativismo atroz cuando a un periodista se le ocurre insinuar siquiera la existencia de prácticas corruptas o irregulares en los tribunales. La Justicia como una más de las anomalías de la democracia española, y no precisamente la menos importante, que reclama con toda urgencia su regeneración.

La corrupción política no es un asunto del pasado
EDITORIAL El Mundo 26  Julio  2015

"Bueno tío, pues nada, que me voy de vacaciones. Prepárame pasta". Esta petición se la habría hecho el ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno, al cabecilla de la 'trama Púnica', el empresario David Marjaliza, según el sumario judicial. La zafiedad y sensación de impunidad que deja entrever el extracto de la conversación entre ambos nos alumbra sobre el 'modus operandis' de esta red de corrupción que vuelve a indignar a una ciudadanía ya hastiada por los infinitos escándalos que han salido a la luz esta legislatura.

Las últimas pesquisas del juez que investiga la 'trama Púnica' ofrecen serios indicios de financiación irregular en el PP valenciano, y arrojan luz sobre esta tela de araña organizada para obtener adjudicaciones públicas de forma irregular en distintas regiones españolas -Madrid, Valencia, Murcia y León- a cambio de comisiones de en torno al 3% por contrato para los políticos beneficiarios. Ya hay casi un centenar de imputados, incluido el presunto cerebro, quien fuera 'número dos' del PP de Madrid, Francisco Granados, en prisión provisional.

Pero lo más descorazonador es que se trata de una trama que habría operado casi hasta hoy, es decir, durante la etapa en que casos como la Gürtel, los ERE de Andalucía o los desfalcos de los Pujol dominaban el debate público y los partidos políticos aseguraban que habían aprendido la lección y que la corrupción ya era algo del pasado porque habían puesto en marcha exigentes mecanismos para extirpar la rapiña del sistema. Ahora vemos que no. La Guardia Civil cree que Marjaliza y su compinche en Valencia, el presunto conseguidor Alejandro de Pedro, obtenían contratos a cambio, entre otras cosas, de financiar la campaña del PP de las recientes elecciones autonómicas y municipales del 24-M.

Aunque el ex presidente valenciano Alberto Fabra, que ayer anunció que dejará la presidencia del PP regional la próxima semana, niega los hechos, los indicios dejan en una situación muy delicada a la formación. Tampoco es fácil el escenario para la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tras conocerse que la 'red Púnica' salpica al menos a uno de sus consejeros y a un parlamentario 'popular' actual. Cifuentes, que se ha comprometido a ejercitar tolerancia cero con la corrupción, debe implicarse en el esclarecimiento pleno. Igual que Ciudadanos, la formación que le sustenta en el Gobierno regional, salpicado también por la implicación en la 'Púnica' de su 'número tres' en la Asamblea, Eva Borox.

La corrupción, lejos de ser algo aislado, está incardinada en el corazón mismo de todos los partidos. No puede extrañar así que, según el último sondeo del CIS, sea, sólo tras el paro, el asunto que más preocupa a los españoles. Estamos ante un problema que daña profundamente nuestra democracia, y que tiene mucho que ver tanto con la falta de controles internos en los partidos como con la ausencia de mecanismos eficaces de inspección de sus cuentas, sobre todo en lo que se refiere a las campañas. Las formaciones políticas son maquinarias diseñadas para ganar elecciones que no reparan en gastos para ello, y desgraciadamente son ya demasiados los casos de financiación ilegal con ese fin. En marzo, el Congreso dio luz verde a la Ley de control de la actividad económica de los partidos pergeñada por el Gobierno como medida de choque en plena ebullición del 'caso Bárcenas'. Pero la norma sigue dejando demasiadas lagunas para impedir el recibo de dinero irregular y faltan verdaderos controles independientes. Estamos ante un verdadero cáncer para nuestro sistema que exige una verdadera catarsis de nuestros partidos, antes de que sea demasiado tarde.

Tocarse los cojones
Luis del Pino Libertad Digital 26  Julio  2015

En un rapto de sinceridad solo posible en quien cree no estar siendo escuchado, un exdiputado autonómico del Partido Popular le hacía este comentario a uno de los imputados en la Operación Púnica: "Estoy tocándome los cojones, que para eso me hice diputado".

La frase, junto con otras de un gusto igualmente dudoso, figura en las transcripciones de las intervenciones telefónicas del sumario, que arrojan luz sobre el modo de proceder de la trama. Nada nuevo bajo el sol: comisiones por aquí, concursos públicos por allá, tráfico de influencias por la mañana, regalos lujosos por la tarde y enchufismo por la noche. No falta ni siquiera lo de la compra de billetes de lotería premiados, para blanquear dinero de la corrupción.

Lo que sí varía de una trama corrupta a otra son los pequeños detalles, las anécdotas, las expresiones afortunadas que terminan convirtiéndose en símbolo. Igual que la Gurtel permanecerá asociada en nuestra memoria a lo de "Amiguito del alma, te quiero un huevo", e igual que el caso de los EREs estará ya siempre vinculado a lo de "Mi hijo tiene dinero p'asar una vaca", la Púnica será ya siempre simbolizada por el tío que se hizo diputado para tocarse los cojones.

La verdad es que hay que agradecerle a este buen hombre la sinceridad. Sospechábamos que la mayoría de los diputados de las diecisiete autonomías no hacen otra cosa que rascarse las pelotas a dos manos mientras cobran sueldos, complementos y dietas, pero reconforta ver nuestras sospechas confirmadas por uno de los beneficiarios del chollete. ¡Qué buena manera de ilustrar la verdadera utilidad del estado autonómico: multiplicar por diecisiete el número de personas dedicadas al noble arte del rascapelotismo!

Aunque, en realidad, la cosa es aún peor de como este sincero diputado la describe. ¡Ojalá que los diputados autonómicos se dedicaran simplemente a rascarse las pelotas! Lo malo es que toda esta panda necesita justificar su propia existencia, porque si no, se acababa la rascapelotez. Así que de vez en cuando, el sufrido diputado rascapeloteador saca una de sus manos de la entrepierna y la levanta para votar tal o cual norma legislativa que no solventa nunca ningún problema, pero complica la vida un poco más al ciudadano de a pie.

Así que el tiempo que no dedican a rascarse las pelotas, lo emplean en amargarnos la existencia con legislativo sadismo.

Y ni siquiera queda ahí la cosa. Porque algunos diputados, especialmente activos, aún encuentran tiempo (después de rascarse las pelotas y de aprobar leyes demenciales) para robar a manos llenas el dinero que tanto nos cuesta ganar.

Cobrar de nuestros impuestos por no hacer nada, enterrarnos en montañas de legislaciones inútiles o paralizantes y, si tienen la oportunidad, trincar a mansalva. ¡Esa es la dura vida de los políticos autonómicos españoles!

Permítame el rascapelotudo diputado de la Púnica que le confiese algo: lo que a mí más me molesta no es que ustedes se toquen los cojones, sino lo mucho que nos los tocan a los demás.
- Seguir leyendo: http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/tocarse-los-cojones-13611/

Una España débil
Manuel Molares do Val Periodista Digital 26  Julio  2015

En numerosa prensa extranjera y en muchas cancillerías de países importantes creen que España podría ser un Estado débil, incapaz de enfrentarse contundentemente al desafío secesionista de Artur Mas, y que necesitará la ayuda europea para derrotarlo.

EL New York Times, inclinado últimamente al sensacionalismo que genera lectores, presenta el secesionismo como una nueva aventura, una hazaña literaria romántica como fue la guerra civil.

Breitbart el diario conservador estadounidense de internet, que compite con el liberal Huffington Post, advierte que si el PP pierde las elecciones generales y gobierna una coalición de partidos radicales liderados por un PSOE débil, la débil será España ante las crecientes exigencias independentistas.

También en EE.UU., el influyente Center for Strategic & International Studies, alerta en su informe para el invierno de 2015, “New Perspectives in Foreign Policy”, sobre las ramificaciones del caso escocés, “que crean, con otras rupturas potenciales como en Cataluña, un grave riesgo para el orden político europeo”.

El progresista londinense The Guardian, ve el caso español como atenuante del separatismo escocés e informa con cierta simpatía del catalán sin analizar a fondo las consecuencias que tendría para Europa una Cataluña independiente.

La gran agencia de información económica Bloomberg, seguida por empresas de todo el mundo, pone en duda la capacidad del Gobierno actual para afrontar el desafío, ante el que ha actuado con pasividad e incapacidad de transmitir que esa situación sería un desastre económico, político y social para todos.

Queda un consuelo: altos funcionarios comunitarios han sugerido estos días que posiblemente la Comisión o el Consejo y/o los países más importantes de la UE, como Alemania y Francia, advertirán contundentemente que ninguna región levantisca tendrán lugar en la UE, cuya propia existencia correría peligro por el contagio en otras regiones de los países miembros.

Carpe Diem: la semana fantástica de Rajoy en plena campaña de rebajas
El presidente del Gobierno se ha liberado del yugo de la austeridad impuesto por Bruselas y después de dar al Kaiser lo que es del Kaiser se dispone a devolver a los españoles lo que era de los españoles
José Antonio Navas El Confidencial 26  Julio  2015

El fraude del Eurogrupo, entendiendo como tal la incapacidad manifiesta de Alemania para llevar en volandas a Luis de Guindos hasta la presidencia del mayor cónclave económico y financiero de Bruselas, ha facilitado la amortización anticipada de esa hipoteca que viene pagando Mariano Rajoy a instancias de Angela Merkel desde el primer día de la legislatura que ahora termina. El presidente del Gobierno se siente felizmente liberado del yugo de la austeridad impuesto poco antes de que Zapatero dejase La Moncloa y así se lo ha hecho ver a la canciller germana para que nadie se llame a engaño con la evolución de la política económica que ha de seguir España de aquí a las elecciones generales de finales de año.

El equilibrio de las cuentas del Estado, por supuesto que sí, continuará adornando el discurso oficial como supremo objetivo canónico de la Hacienda Pública, pero la práctica política dicta en estos momentos otras y mucho más urgentes prioridades de actuación. Después de dar al Kaiser lo que es del Kaiser ha llegado la hora de devolver a los españoles lo que era de los españoles. Aunque sólo sea con carácter excepcional, lo mejor se demuestra esta vez como enemigo de lo bueno porque el gasto diferido que implica la claudicación intermitente de la ortodoxia fiscal es menos elevado que el coste terminal de entregar la cuchara a fuerzas que son inmunes a cualquier tipo de responsabilidad presupuestaria.

El gran cambio del PP no es otro que repartir rentas donde antes sólo se pensaba en reducir deudas. La elección quedó muy clara tras el desastre del 24-M

Ni el PSOE de Pedro Sánchez ni mucho menos la tropa de Podemos y sus diferentes plataformas ciudadanas se sienten tributarios de los pecados originales que hayan podido cometer sus antepasados. Limpios de polvo y paja e inflamados por el don de la oportunidad, unos y otros se presentan como legítimos herederos del legado que el Partido Popular ha cosechado con el esfuerzo obligado de unos ciudadanos a los que el sudor y las lágrimas de estos años no permiten ver ningún claro horizonte de futuro. Los éxitos generados por una economía en fase de crecimiento no valen de nada si no van acompañados de un generoso dividendo a cuenta que retribuya desde hoy mismo al contribuyente con buena parte de los beneficios complementarios anunciados para mañana.

Rajoy ha cambiado el paso de su instinto político basado en esperar que los problemas maduren por sí solos para liderar ahora una escalada de medidas económicas pegadas al terreno y que permitan al Partido Popular encarar con garantías la próxima comparecencia en las urnas. El empeño totémico por ganar el crédito internacional y recuperar la confianza de los vecinos comunitarios de arriba se traslada aguas abajo en un intento desesperado por recuperar la confianza de ese millón y medio de electores desengañados que ejercieron un voto repetido de desprecio quedándose en casa durante las dos últimas citas electorales. Sin ellos se antoja imposible que la aritmética parlamentaria otorgue siquiera la esperanza del único pacto potencial de legislatura con los Ciudadanos en mayúscula de Albert Rivera y algún que otro nacionalista minoritario siempre dispuesto a correr en auxilio del vencedor.
El dogma superado de la estabilidad fiscal

El hospital de campaña dirigido por el jefe del Ejecutivo para curar los males que afligen a los españoles ha emitido por fin un diagnóstico definitivo. La solución a un dilema endiablado quedó despejada después del desastroso 24-M cuando Rajoy comprendió que la contumacia de la estrategia de ajuste y saneamiento sólo servía para salir de Palacio con los pies fríos y la cabeza caliente. Reducir deudas o devolver rentas, esa era la cuestión que atenazaba al presidente hasta que los resultados de las elecciones autonómicas y locales mostraron el camino de lo que es, en realidad, el único cambio efectivo en la política del Gobierno. Un viraje forzado en una clara maniobra de tacticismo electoral que trata de camuflarse con nuevas caras al frente del partido y la actualización intrascendente de un logotipo barato y socorrido.

Los responsables de la política económica, encabezados por Cristóbal Montoro como recaudador mayor del Reino, han metido la directa para gestionar la recuperación como si España hubiera salido definitivamente de la crisis. Hasta hace poco, el relato institucional mostraba ciertas cautelas a la hora oficializar el fin de la recesión como una estación de trasbordo para futuras reformas estructurales. Pero el nuevo rumbo político no permite mirar más allá de tres en un burro y debe conducirse con las luces cortas para no cegar a todos los que vienen de frente reclamando qué hay de lo suyo. Más si cabe teniendo en cuenta que al lado corren adversarios muy ligeros de cascos y dispuestos a tirar la casa por la ventana a poco que arrienden una mínima pero suficiente parcela de poder.

El PP es la única formación que está obligada a ganar las elecciones si quiere revalidar su mandato en España. El resto están consentidos para subir a lo más alto del podio aunque no sean los primeros en cortar la cinta de meta. El actual partido gobernante necesita como condición sine qua non ser la fuerza más votada en otoño o, de lo contrario, será despojada del trono en invierno. Rajoy se ha dado cuenta de que no hacen falta muchos números para sacar rápidas conclusiones y sus colaboradores han guardado hasta nueva orden la calculadora automática de esa estabilidad presupuestaria que antes se planteaba como un principio dogmático y ahora se utiliza con un criterio metodológico y de entre tiempo, adaptable a los cambios de la temporada política que viene.

Tras aprobar los Presupuestos, Rajoy comparecerá el próximo viernes para anunciar nuevas medidas sociales dentro de su plan de reconciliación nacional

Ya es primavera en la España de recortes y rebajas, con la pequeña gran diferencia de que la tijera trabaja ahora a favor de obra. No sólo se trata de reducir los impuestos, que también, sino de buscar cualquier resquicio que haga la vida más barata a los ciudadanos. La devaluación interna en materia de precios adquiere carta de naturaleza con el reciente ajuste del recibo de la luz al que seguirán otros de parecido tenor en todos aquellos servicios que dependan de una regulación oficial. La agenda social da para eso y para mucho más como se podrá comprobar también a finales de semana cuando el presidente del Gobierno comparezca ante la nación para hacer balance del curso que termina.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes los Presupuestos del Estado, pero no será el ministro de Hacienda quien chupe pantalla en televisión como suele ser tradicional, sino el propio Rajoy embutido de etiqueta y con la sana intención de sacar algún nuevo conejo de la chistera. ¿Será la subida de las pensiones? ¿Quizá la paga extra de los funcionarios? Probablemente un poco de todo y administrado en sucesivas dosis a través de un BOE que ha de batir palmas de aquí a finales de año. Es el plan de reconciliación nacional acordado con el beneplácito de Europa y anticipado para evitar males mayores. La estabilidad económica puede y debe esperar porque ahora lo único que importa es aprovechar el momento. Carpe Diem.

De la casta a la caspa: la venta del FT y la España de 2015
Paradojas de la vida. Mientras que España se ensimisma en sus miserias provincianas, el mundo avanza. La venta del FT al grupo japonés Nikkei es el último ejemplo de un planeta en movimiento
Carlos Sánchez El Confidencial 26  Julio  2015

Contaba José María Pemán en sus impagables conversaciones con el dictador una anécdota deliciosa. El escritor gaditano -tan reaccionario y retrógrado como fino observador del franquismo (al fin y al cabo tenía hilo directo con el jefe del Estado)- recordaba que Eugenio d’Ors se había refugiado en Pamplona al final de la guerra civil. Y que por entonces se esperaba la visita de Franco a la capital navarra.

El modernista D’ors, henchido de esa vanidad propia de quien cae en brazos de la soberbia, pero dotado de un ingenio prodigioso, encontró así la ocasión para recordar la célebre tertulia que reunía a Goethe y a sus discípulos en Weimar.

-‘Espero que Franco venga a visitarme…’, dijo D’ors a un joven acompañante.
-‘Me parece excesiva ambición, maestro’, le respondió su interlocutor.
- ‘¿Por qué?... Napoleón cuando pasó por Weimar fue a visitar a Goethe’...
- ‘Pero usted no es Goethe’, le replicó el alumno de forma un tanto insolente.
- ‘¡Coño, ni él tampoco es Napoleón!, le contestó iracundo antes de zanjar la conversación.

A España le empieza a pasar lo mismo que al barcelonés. Enredada en asuntos triviales, se mira el ombligo hasta la obscenidad mientras el mundo avanza. Hasta el punto de que el país está enfrascado en asuntos tan zafios como la retirada del busto del anterior jefe de Estado; la página V.O. del ayuntamiento de Madrid; el cambio de nombres de ciertas calles y de algún pabellón municipal. O, incluso, ha vuelto a escena esa cutrez del latrocinio que es la red Púnica, una especie de corrupción al por menor que inevitablemente recuerda a un todo a cien. Por pocos euros le saco guapo en Internet.

Había razones para pensar que el fin del bipartidismo daría lugar a nuevas fuerzas que conectarían con la modernidad. Pero el provincianismo ha echado raíces

El hispanista Paul Preston sostenía hace algún tiempo que en su país, por supuesto, que había corrupción, pero con una sutil diferencia. Mientras que en Inglaterra -o en otras naciones- la corrupción se hace en los despachos sacándole partido al capitalismo mediante operaciones financieras oscuras, aquí todo es más soez y grosero con fajos de billetes de 500 euros metidos en bolsas de plástico. Con razón el nuevo líder del UPyD, el abogado Herzog, suele decir en tono irónico que el problema de España no es la corrupción, sino el amiguismo, lo cual no sería tan doloroso si no fuera porque también existe la cleptocracia de los despachos

El mundo gira
Lo dramático es que mientras el país se mira al ombligo -el caso de los independentistas catalanes es de aurora boreal- el mundo está sufriendo enormes transformaciones que si nadie lo remedia dejarán a España un poquito más en el rincón de la historia.

Había suficientes razones para pensar que el agotamiento del modelo bipartidista del 78 daría lugar a un nuevo escenario político en el que las nuevas fuerzas emergentes serían capaces de conectar con la modernidad proponiendo una nueva agenda pública pegada al siglo XXI. Pero la realidad es que el provincianismo político -y hasta el catetismo- ha echado raíces muy vigorosas. La España de los Botejara campa por sus respetos. También en algunas de las nuevas formaciones que han alcanzado el poder reclamando el cambio político.

El mundo, sin embargo, avanza dejando a las nuevas propuestas en cueros ante tanta anemia intelectual. Y la reciente compra de Financial Times por parte del grupo japonés Nikkei (35 veces el ebitda) es el último ejemplo de lo que se cuece en el planeta mientras el país se recrea en sus propias miserias.

Lo relevante de la operación no es su cuantía, sino por qué se hace y cuándo se hace. Y se hace para lograr una posición de privilegio en el nuevo orden informativo mundial que se está construyendo aprovechando las herramientas que proporciona la nueva era digital, en la que conceptos como la soberanía nacional han dejado de tener un valor simbólico. Que se lo pregunten sino a los griegos. Incluso a Alemania, que con todo su poderío económico, no ha podido echar a Atenas del euro porque el acreedor sufriría casi tanto como el deudor.

La tecnología está sustituyendo al concepto clásico de patria, y eso necesariamente obliga a repensar el modelo de país y de su clase política. Incluso, instituciones formales como el derecho a la intimidad o el sistema político de representación, aparecen completamente desdibujados por las nuevas tecnologías. En particular, por la eclosión del teléfono móvil, que permite superar las fronteras nacionales.

El lector, o el votante, al contrario, de lo que históricamente ha sucedido, ha dejado de ser un cliente ‘pasivo’ que lee noticias o consume programas electorales bajo la luz de la mesa camilla. Por el contrario, construye su propio ideario con un sinfín de fuentes informativas, lo que provoca un nuevo ecosistema ciudadano más complejo y por ende, menos provinciano. Hoy el 30% de los estadounidenses usan Facebook como fuente principal para informarse. Y en el futuro serán muchos más.

Internet se come los viejos periódicos
El mejor ejemplo de ello es, precisamente, la nueva naturaleza de los gigantes de Internet -expresión máxima de la globalización- quienes adquieren los viejos medios (Washington Post o FT) para convertirlos en simples proveedores de contenidos gráficos y audiovisuales, con todo lo que ello conlleva. La figura del editor, clave en los últimos 200 años de periodismo, está llamada a desaparecer salvo en formatos pequeños.Hoy hay lectores y en el futuro habrá clientes.

Hay un dato que se suele olvidar pero que resume hacia dónde va el planeta. En 2050, apenas el 10% de la población vivirá en los países que hoy se consideran avanzados, lo que explica el interés de las empresas más globalizadas en controlar el mercado de la información, necesariamente tributario de las nuevas tecnologías.

Mientras el país se mira al ombligo, el mundo está sufriendo enormes transformaciones que si nadie lo remedia dejarán a España en el rincón de la historia

El reciente acuerdo alcanzado en la OMC sobre desarme arancelario entorno a las tecnologías de la información por valor de 1,3 billones de dólares (más que el PIB de España) es un buen ejemplo de hacia dónde va el mundo mientras el país mira a la luna de Valencia. O el Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU, irrelevante en el debate político en la España de 2015. O el desplazamiento del centro económico del planeta hacia el Pacífico gracias a la revolución del transporte de mercancías, que ha abaratado de manera inimaginable el comercio en pocos años.

El mundo, sin embargo, no sólo cambia económicamente, también políticamente. Si al final de 1945 apenas una veintena de países podían ser considerados democracias, hoy más de un centenar de naciones se rigen de acuerdo a la soberanía popular, lo que convierte a Internet en una democracia sin barreras. Y la consecuencia, como no puede ser de otra manera, es que la democracia pierde peso en la agenda de las políticas públicas en favor de la diplomacia y la inteligencia económica. Hoy, por ello, en la sociedad de la información, tanto el buen gobierno como la calidad de las instituciones son cada vez más determinantes al tratarse de economías abiertas que tienen que competir en un mismo mercado.

Uno podría pensar que este tipo de cuestiones serían hoy lo relevante en una sociedad avanzada y madura que dejó atrás la dictadura hace 40 años, y que entonces mató a los viejos demonios familiares que tantas tragedias habían traído. Pero la realidad es muy distinta. Hay quien quiere reescribir la historia para volver a caer en ella.

La caspa ha sustituido a la casta y hoy, incluso, hay quien discute la prevalencia del mercado como sistema de asignación de los recursos, lo cual devuelve al país al siglo XIX. Este divorcio entre la agenda pública y las necesidades de los ciudadanos -con la complicidad de muchos medios de comunicación que juegan al populismo barato- es lo que explica los altos niveles de frustración, como revelan las encuestas del CIS, sobre la credibilidad del sistema político y de los propios mass media. Pensábamos que habíamos descubierto el futuro y al final es la misma basura de siempre. McLuhan lo dijo con una frase más certera: seguimos mirando el futuro a través del espejo retrovisor.


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La prótesis caducada del catalanismo en España
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 26  Julio  2015

Desde hace años, miles de catalanes llevan prótesis caducadas, cuya fecha de deterioro irreversible fue manipulada para venderla y colocarla en 30 hospitales de la Generalidad. Desde hace un siglo, España alberga en su interior el nacionalismo catalán como una prótesis supuestamente benigna que ayuda a mantener el equilibrio del Estado. Pero igual que las prótesis adulteradas por la administración pujolista -Convergencia Democrática de Cataluña, antes de la confesión del Muy Poco Honorable Pujol que la llevó a la fosa- hace tiempo que los dolores provocados por la prótesis catalanista deberían haber alertado sobre el riesgo que para la salud pública revisten ese catalanismo llamado integrador y ese nacionalismo llamado moderado, que no son ni una cosa ni la otra. Ambas son prótesis retóricas caducadas que fatalmente provocarán invalidez o septicemia en el cuerpo intervenido por unos galenos que han convertido la estafa en el negocio del siglo. Para ser precisos, los 101 años pasados desde la creación de la Mancomunidad Catalana como órgano teóricamente administrativo que era en realidad el embrión del Estado Catalán instalado como prótesis en el Estado Español.
De Prat de la Riba a Cambó y Pujol

Nada ha cambiado desde Prat de la Riba –primer presidente de la Mancomunidad- o Francesc Cambó, alevín de Prat en el Centre Escolar Catalá, que desembocó en la Lliga Regionalista Catalana, el partido de la derecha catalanista que pastoreó Cambó hasta la guerra civil, en la que se convirtió en devoto propagandista de Franco. De Prat a Cambó y a Pujol hay una constante inalterable: deslealtad de fondo y suavidad en la forma, un estilo untuosamente clerical que sustituyó al feroz carlismo trabucaire con el que la Cataluña conservadora combatió durante todo el siglo XIX al liberalismo español. La Renaixença, madre de la Lliga, siempre consideró intolerable la Constitución de Cádiz y toda forma de soberanía nacional que supusiera merma de privilegios y tradiciones, por lo común redundantes. El invento genial del catalanismo tras la crisis del 98 fue convertir la defensa de esos privilegios en ideario político, en hacer de la desafección industria y del proteccionismo a los intereses catalanes una alcabala para la paz civil.

Como fruto de unas clases dirigentes cuyos intereses particulares no admitían fácilmente una defensa general, el discurso nacionalista siempre ha consistido en una apelación sentimental a los de casa para defender de los de fuera algo espiritual, sagrado, innegociable, pero que de inmediato se negociaba con ese poder lejano y opresor –Madrit-, siempre tan a mano. La paz civil catalana, el bálsamo de esos delicados sentimientos heridos sin saberlo pero secularmente por toscos castellanos y vagos andaluces podían ser objeto de una cura inmediata y paradójica gracias a unos cirujanos de papel moneda –los catalanistas- que curaban los agravios con aranceles. Lo malo es que el milagro catalanista duraba poco. En realidad, nada, porque aún no se habían secado en la Gaceta o el BOE los decretos que favorecían a ciertos intereses catalanes y ya estaban reproduciéndose las espirituales e incurables llagas que aliviaban por un rato el doctor Prat, o Cambó, o Pujol.

Desvergüenza en Barcelona y en Madrid
El inmoral recurso a la queja de los ricos catalanes contra los pobres "castellanos" –así llamaban y llaman al resto de los españoles- encontró acomodo no menos inmoral en el Gobierno español, del que, por supuesto, en la Corona de Aragón o de España, siempre han formado parte catalanes. En Madrid, sean progresistas o conservadores, liberales o proteccionistas los que ocupen el Poder, tienen un principio universal, porque es común a todos, y particular, porque siempre se aplica a Barcelona: negociar un pacto de insatisfactoria satisfacción, con el que nunca se consideran satisfechos los catalanistas pero al que se han ido acostumbrando todos los Gobiernos. En rigor, pagar el chantaje catalanista es casi un hábito presupuestario.

El genio de Pujol ha consistido en aprovechar el poder mediático de la Izquierda, y en particular de los retro-antifranquistas Polanco y Cebrián, que a diferencia de la enemistad histórica entre socialistas y nacionalistas, han hecho suya la leyenda negra del franquismo en Cataluña que inventó el nacionalismo de los años 70, el de CDC y el PSUC, Vázquez Montalbán y Pujol, el pujolismo-leninismo. Así se ha reescrito la historia de Cataluña al modo soviético, como si Cambó y la flor del catalanismo nunca hubiera ido a Burgos a implorar a Franco la salvación de vidas y negocios. Como si la Transición la hubieran hecho catalanes y vascos, antifranquistas todos, con algún intelectual progre travestido de Conde Don Julián. O como si el 23F los separatistas catalanes no hubieran dormido todos en Perpiñán y Juan Carlos no hubiera llamado a Pujol para decirle: "Tranquil, Jordi, tranquil".

Viendo esta semana el enésimo espectáculo de agravio a la nación española, en la figura del Rey –haciendo lo que Rajoy no quiere hacer y él no debería- y en la retirada del busto de Juan Carlos I en el Ayuntamiento de Barcelona, era inevitable recordar –yo lo he hecho en La ciudad que fue- aquella Cataluña del tardofranquismo y la transición a la democracia, traída por consenso de franquistas y comunistas, pero que tuvo en Tarradellas, no en Pujol, el símbolo de reconciliación cívica, de la concordia de verdad, no la de la propaganda de Cambó. De aquella Cataluña nada queda. Y de aquella ilusión plenamente española que allí se sentía, menos. Hoy, los herederos intelectuales del pujolismo-leninismo son Mas, Xavi y Piqué.
Todos han querido creer a Pujol

El nacionalismo de Jordi Pujol, heredero natural y discípulo aventajadísimo de Prat y de Cambó, ha destruido aquella Cataluña y ha corrompido fatalmente España. Pero no lo ha hecho solo o por un talento especial para el engaño, sino por la voluntad de engañarse de todas las instituciones, empezando por la Corona, siguiendo por todos los gobiernos de Madrid, continuando por casi todos los partidos políticos españoles y terminando por la aplastante mayoría de medios de comunicación. Todos ellos han presentado la prótesis catalanista, la incrustación de CiU en los órganos de poder del Estado, empezando por el CGPJ y el Constitucional como un mal necesario, casi providencial para conseguir tres cosas: evitar la existencia de una ETA catalana, mostrar a los etarras que pueden lograr sus objetivos sin matar y, por supuesto, pactar los presupuestos en Madrid.

Ha dado igual que el PP o el PSOE tuvieran mayoría absoluta: Pujol ha sido interlocutor privilegiado de la Zarzuela y de la Moncloa, mediador de todos los enjuagues empresariales en Cataluña, árbitro de concesiones, fusiones, indultos y prevaricaciones. Un modelo de corrupción tolerable y tolerado, inimitable pero imitado. Salvo Juan Carlos I, todos los Presidentes del Gobierno han sido inquilinos temporales de la Moncloa; Pujol, dueño absoluto de la Generalidad de Cataluña, hasta sin ocuparla. No hay un solo dilema ético en la vida política de los últimos 35 años, desde que en 1980 Pujol llegó al Poder, en el que el nacionalismo catalán haya sido un factor ético, de lucha contra la corrupción o el deterioro de la democracia. De hecho, ha sido la garantía de su ruina. La prótesis catalanista sólo nos ha acostumbrado a cojear. Ahora, caducada en su función e infectada en sus prestaciones, sólo nos permite dos alternativas: o la extirpamos o nos mata.

Debilidad del Estado
Alejo Vidal-Quadras www.vozpopuli.com  26  Julio  2015

El discurso del Rey en la entrega de diplomas a los nuevos jueces que ha tenido lugar recientemente en Barcelona ha sido objeto de numerosos comentarios por las referencias que Don Felipe hizo en presencia de Artur Mas a la necesidad del cumplimiento de la ley. La cínica respuesta del Presidente de la Generalitat afirmando que él jamás se la había saltado cuando incluso está procesado por la convocatoria de la consulta ilegal del 9 de noviembre es una buena muestra del tipo de desaprensivos que lideran la aventura independentista catalana. Este episodio incita de nuevo a la reflexión sobre el grado de contundencia adecuado por parte de las altas instancias del Estado frente al desafío separatista cuyos impulsores, por su parte, intensifican día a día su agresividad verbal y sus gestos de rechazo al orden constitucional vigente y a las instituciones que lo encarnan.

Hasta ahora tanto el jefe del Estado como el Presidente del Gobierno han evitado el enfrentamiento directo y se han limitado a declaraciones genéricas sobre el respeto a las normas que nos obligan a todos, los beneficios de la unidad y la certeza de que nadie vulnerará la Constitución. Esta estrategia, que sus protagonistas sin duda consideran prudente, pero que otros pueden ver como pusilánime, no ha dado sus frutos. Por el contrario, los secesionistas se muestran crecientemente envalentonados y siguen adelante con sus maniobras para llevar a cabo lo que denominan "desconexión" de Cataluña y España. Dado que la fecha del 27 de Septiembre se aproxima peligrosamente y la lista que agrupa a la práctica totalidad de las fuerzas separatistas es una realidad, no parece descabellado intentar un cambio de registro en los mensajes lanzados desde La Zarzuela y La Moncloa a la ciudadanía para que cobre conciencia de la gravedad del envite.

El argumento de que planteamientos más incisivos sólo conseguirán enardecer a los nacionalistas y que lo mejor es mantener un tono suave para no empeorar las cosas es desmentido por los hechos. La situación es precisamente la inversa: la falta de firmeza en los pronunciamientos de Felipe VI y de Mariano Rajoy envía la señal a los subversivos de que tienen el camino allanado porque nadie se atreverá a pararles los pies. Además, esta debilidad retórica del vértice político de nuestra democracia es percibida por los ciudadanos de Cataluña y futuros votantes en las llamadas elecciones plebiscitarias como inseguridad y cobardía, lo que anima a los partidarios de la separación y desmoraliza a los que desean seguir siendo españoles. Este mismo enfoque es válido a la hora de juzgar la conveniencia de que las opciones que están a favor de la sociedad abierta y de los valores constitucionales se agrupen también en una única lista. No hay que temer las acusaciones de frentismo en el momento en que los independentistas han reunido todos sus efectivos con el fin de sacar el máximo provecho a nuestro sistema electoral sin ningún escrúpulo ideológico o personal.

Una observación imparcial de los acontecimientos indica que ya vamos con retraso en la obviedad de que se impone una mayor claridad y severidad en las manifestaciones públicas de los máximos responsables del Estado en relación al golpe con el que Artur Mas y sus secuaces se disponen a liquidar la obra de la Transición y de paso a España como Nación democrática, ilustrada y europea. La técnica del avestruz es ineficaz, contraproducente e indigna.

Las balanzas fiscales o las cuentas de la lechera del independentismo catalán
Antonio Maqueda www.vozpopuli.com 26  Julio  2015

Las balanzas fiscales no deben confundirse con el dividendo fiscal que tendrían los catalanes fruto de la independencia. Los datos difundidos esta semana en el fondo revelan que el saldo fiscal se evaporaría en el supuesto de una secesión.

Hacienda ha vuelto a publicar las balanzas fiscales, unos datos que la Generalitat siempre retuerce en su provecho para propagar la idea de que Cataluña está maltratada y que en cualquier caso su economía sería mucho más próspera si se independizase. La lógica que aplican los independentistas se antoja inapelable: si tienen un saldo fiscal negativo respecto con el resto de España de unos 7.000, 8.000 o 10.000 millones de euros, imagínense qué podrían hacer con esos dineros si se independizasen y no tuviesen que entregarlos a esos vagos andaluces y extremeños que han montado auténticas redes clientelares a costa de los bolsillos de los catalanes. Y por supuesto esa inyección extra de recursos haría de Cataluña una economía perfectamente sostenible por sí sola, convertida gracias a sus distinguidos prohombres en una especie de Suiza o Dinamarca del Mediterráneo…

Sin embargo, las balanzas fiscales así aplicadas más bien parecen las cuentas de la lechera. En el fondo, los apologetas del independentismo juegan a confundir tres conceptos: la financiación autonómica, las balanzas fiscales y el dividendo fiscal.

Empecemos por el sistema de financiación. ¿Les parecería bien que Amancio Ortega tributase por IRPF lo mismo que cualquier español medio? Hoy por hoy el sistema tributario español es progresivo, lo que implica que los que más tienen pagan un porcentaje mayor de sus rentas. Y como en Cataluña hay más gente pudiente que en otras regiones, entonces lógicamente tributan más. De ahí el saldo fiscal deficitario que presentan Cataluña o Madrid con respecto al resto de España. Tamaño déficit no es más que el reflejo de que esos territorios son más ricos. Sin embargo, el objetivo de la financiación autonómica consiste en garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso similar a los servicios públicos y puedan recibir la misma cobertura con independencia de que vivan en una Comunidad rica o pobre.

A fin de cumplir con este propósito, primero se homogeneizan las competencias y los impuestos como si todas las CCAA tuviesen los mismos. Y, a continuación, se examina cuánto toca de financiación por cabeza teniendo en cuenta el coste que suponen factores como el envejecimiento de la población, la dispersión de los habitantes o la insularidad. Una vez se ponderan esas variables en el cálculo, se obtiene el habitante ajustado, el único parámetro que sirve para medir si una comunidad está bien o mal financiada a falta de que se invente otro. Y según ese esquema, los resultados difundidos por Hacienda son meridianamente claros: Cataluña se sitúa en la media y por lo tanto está adecuadamente financiada para atender sus servicios. De hecho, las que según estos cálculos pintan peor son Valencia, Murcia, Canarias y Andalucía. Por el contrario, País Vasco y Navarra se embolsan el doble de financiación que el resto de Comunidades a pesar de tratarse de dos de las Autonomías con mayor renta per cápita.

¿Y en el caso de la independencia?
Como ya hemos apuntado, a los prohombres del nacionalismo catalán les gusta hacer un uso espurio de las balanzas fiscales para poder decir que esos saldos a favor de Cataluña serían poco menos que el dividendo fiscal de la independencia. Imagínense qué bien iría la economía catalana tan pronto dejase de sufrir el expolio al que le somete el Estado español. Sin embargo, el saldo fiscal dista muchísimo de corresponderse con el dividendo fiscal. Veamos por tanto en qué consisten las cuentas de la lechera del independentismo...

La Generalitat ha llegado a declarar que sufre un déficit fiscal con el resto de España de hasta 15.000 millones de euros. Sólo que para llegar a esas cifras el govern contabiliza muchas rúbricas que engordan ese saldo fiscal pero con las que no podría contar en el caso de una hipotética secesión. Por ejemplo, se anota más de 1.000 millones de euros de déficit que Cataluña mantiene con la UE y no con España por tratarse de una región más rica. Se apunta como ingresos propios el IVA que abonan ciudadanos de otros territorios cuando compran productos catalanes, el IRPF de no residentes o las cotizaciones de empleados de empresas catalanas ubicados fuera de la comunidad catalana.

Y otro tanto ocurre con multitud de partidas que la Generalitat distribuye como más le conviene. Por ejemplo, sólo contabiliza los gastos de numerosos organismos del Estado en la medida en que éstos tienen sede en Cataluña. Y ello a pesar de que los catalanes se benefician igual que el resto de la Agencia Española de Medicamentos, la de Seguridad Alimentaria, el BOE, el Instituto Nacional de Consumo, el de Turismo o el Consejo de Seguridad Nuclear, por decir sólo algunas. De forma igualmente torticera, también se minusvaloran muy sustancialmente los desembolsos por la Policía, Defensa, Exteriores, la carga de intereses o, en general, toda la estructura del Estado. Si se compra material médico en Madrid para toda España, eso se imputa en la capital aunque luego una parte se vaya a usar en la comunidad catalana. Si se invierte en una carretera o un AVE que va hacia Barcelona, únicamente se computa en el debe de Cataluña lo allí efectivamente desembolsado, por más que los catalanes sean los que más se beneficien de lo gastado en la infraestructura a lo largo de Aragón.

Y la traca final consiste en que la Generalitat no contabiliza todo el déficit en el que incurre el Estado para pagar en Cataluña, entre otras cosas, las prestaciones de desempleo o las pensiones, un agujero que asciende al entorno de los 6.000 millones de euros según las balanzas fiscales publicadas esta semana por Hacienda con el método diseñado por Ángel de la Fuente. Y ello significa que el déficit de Cataluña con respecto al resto tan sólo ascendería en 2012 a los 1.220 millones y no a los 7.439 millones que tanto se han publicitado durante esta semana.

La razón que esgrimen los nacionalistas para borrar ese déficit de los saldos se resume en que se genera una deuda que la terminarán pagando los catalanes con sus impuestos. Sin embargo, semejante discurso implica no entender cómo funciona el endeudamiento público. La deuda nunca se amortiza con impuestos. En la práctica sólo se reduce mediante privatizaciones o, sobre todo, por la vía del crecimiento del PIB, el cual crece hasta diluir la ratio de deuda sobre PIB como fue el caso durante los mandatos de Aznar y Zapatero.

Aún así, cada vez que se discute esta treta de neutralizar el déficit, los economistas catalanes como Xavier Sala i Martín insisten en el argumento de que España está usando la visa de Cataluña para sufragar los gastos.

Sin embargo, no parece nada serio contar con ese déficit y consiguiente endeudamiento como si fuese un dividendo fiscal de la independencia. Claramente se trata de las cuentas de la lechera. Máxime cuando ese saldo de sólo 1.200 millones se vería rápidamente evaporado al perder mercado en España, desaprovechar economías de escala, financiarse a tipos más altos y costear toda la instauración de un nuevo Estado…O sea, que en el caso de una segregación no tendrían dividendo fiscal sino más bien lo contrario.

A los nacionalistas habría que recordarles que durante los últimos años la visa de Cataluña no tenía crédito incluso estando dentro de España y de Europa. ¿O nadie se acuerda ya de que los bonos patrióticos ofrecían unos intereses absolutamente impagables por parte de la Generalitat? Los secesionistas sencillamente venden un retorno fiscal que no existe como tal. Mediante argumentos zafios, confunden el endeudamiento con un gran dividendo fiscal.

La fecha del gran Armagedón catalán: 27 Septiembre
“Hoy, el Apocalipsis ha dejado de ser una mera referencia bíblica para convertirse en una posibilidad muy real. Nunca antes en el acontecer humano se nos había colocado tan al límite, entre la catástrofe y la supervivencia.” Javier Pérez de Cuellar
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 26  Julio  2015

Se podría decir que Catalunya ha sido tocada por la mano de la diosa mexicana de la mala suerte, Mayáhuel, o que la diosa griega Atea ( en griego: ruina, insensatez, engaño) la diosa de la fatalidad, decidida cebarse en ella y no abandonarla hasta que de ella no quede un ápice de sus antiguo esplendor; devorada, como hizo Saturno con sus propios hijos, por quienes han pretendido, movidos por su locura independentista, convertirla en un verso suelto dentro de la ortodoxia de los versos rimados. Lo cierto es que, aún proponiéndoselo, sería imposible crear una situación más aberrante que la que, en la actualidad, existe dentro de esta autonomía, si es que se nos permite utilizar tal término cuando, para unos, es una nación independiente; para otros, debería ser un estado federal dentro de una confederación española y, para la Constitución y los que todavía creemos en su validez, una simple autonomía de la nación española.

Es evidente que el entramado político que, hoy en día, existe en la región catalana, seguramente sería motivo de un estudio de doctorado en politología como ejemplo de lo que no se debe hacer, de la manera de conseguir que una comunidad acabe arruinándose y de lo que, en sociología, se podría considerar como el paradigma de la forma más eficiente de enfrentar a unos ciudadanos con otros, crear odios entre ellos y destruir las familias de la forma más eficiente posible. El primer responsable de este desaguisado en el que estamos metidos los catalanes, fue el señor Artur Mas que, enrabietado por el fracaso conseguido en la anteriores elecciones autonómicas, en las que su partido perdió 12 escaños, se lanzó, sin pensar en las consecuencias, a proclamar su intención de conseguir la independencia para Catalunya. Desde entonces todo se puede decir que ha ido manga por hombro ya que, en lugar de gobernar a los catalanes y ocuparse de sus problemas para intentar resolverlos; todo el ámbito político de la autonomía (tienen registrados la friolera de 125 partidos distintos) ha estado enfrascado en conseguir encontrar algún hueco legal por el que conseguir el camino a la independencia y, los contrarios a ella, empeñados en impedirles que se salgan con la suya.

Lo cierto es que, desde las últimas autonómicas, el Parlamento de Catalunya está formado por: CDC, UDC (recientemente separada de la anterior), ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, C´s y CUP-Alternativa. Entre tanto parece que ha irrumpido con fuerza el grupo de Podemos que ha formado parte de la agrupación BComú que ha aupado, a la alcaldía de Barcelona, a Ada Colau, una activista profesional, distinguida en su lucha contra los desahucios, que ya ha dado muestras de lo que está dispuesta a hacer que, como ella ya dijo, consistirá en no cumplir con las leyes que a ella no le parezcan bien. Como era de esperar, toda esta diferencia de programas electorales, complicado con la intención de conseguir una lista unificada de cara a las anunciadas elecciones de 27 de Septiembre, ha sido la causante de continuas discusiones respecto a quien se va a llevar el gato al agua cuando se celebren los comicios. Llevan meses, si no años, discutiendo entre CDC, ERC y el partido de Durán cómo se debe enfocar la consulta independentista. El TC, el TS, el Parlamento español ya han coincidido en que no existe medio alguno para que Catalunya pueda intentar separase de España. Advertencia que también han confirmado desde Bruselas y las principales naciones de la UE, advirtiéndoles que una Catalunya fuera de España no va a tener cabida dentro de la Europa comunitaria.

Contrariamente a lo que pretende Artur Mas ( el astuto) consistente en utilizar a las izquierdas independentistas para que le ayuden a conseguir la victoria, para después desprenderse de ellas para seguir gobernando con mayoría de CDC; no parece que le vaya a resultar tan fácil como a él le parece. Veamos, si ya el señor Raúl Romeva, ”, un comunista acérrimo con misión de “cabeza de turco, parece que se puede negar a ceder su puesto de primero en la lista conjunta, para cedérselo al señor Mas, en el caso que consiguieran la mayoría necesaria; ahora aparece otro personaje, un tal Luis Rabell, presidente de las Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que ha sido elegido por la candidatura “Catalunya si puede”, un grupo que se presenta apoyado por Podemos, ICV y EUiA, con el que no se contaba, pero que parece decidido a crear problemas y que estará por ver si, llegado el momento, estaría dispuesto a aliarse con el independentismo catalán.

Por otra parte, no parece estar claro qué es lo que sucedería si los partidos, no independentistas, del Parlamento Catalán, en el caso de que el “no” a la propuesta independentista, como es muy probable que se produzca, llega a materializarse. El partido del señor Ribera, que anda jugando un juego muy peligroso de amagar y contraamagar, como ha sucedido hoy, cuando ha votado en contra de una propuesta de C.Cifuentes del PP, aunque fue uno de los que la apoyó en su investidura como presidenta de la comunidad de Madrid. El señor Ribera, al que hemos alabado en numerosas ocasiones, tiene el peligro de “morir del éxito” y no saber valorar sus posibilidades electorales para luchar con éxito con los dos partidos tradicionales, que se han ido alternando en el gobierno de España, el PP y el PSOE. Sería una lástima que tanto el PP catalán (actualmente con pocas expectativas de mejorar su posición en el Parlamento catalán) el PSC y C’s no tuvieran la necesaria flexibilidad para que, si ganase el “no” al independentismo, no fueran capaces de unirse para poner en Catalunya un gobierno de centro que acabase, de una vez, con esta locura de deriva independentista que viene azotando, con grave perjuicio para su desarrollo, a la comunidad catalana.

Es cierto que, en estos últimos días, se ha notado un cambio importante en la reacción de las instituciones a medida que la fatídica fecha del 27S se va acercando y, en Catalunya, parece que se vuelve a producir una reactivación, que durante estos últimos meses parecía amortiguada, en pro de conseguir la independencia. Posiblemente sea verdad lo que, las últimas encuestas, vienen señalando respecto a un aumento notable de las personas que se apartan de la opción secesionista, seguramente alertados de las graves consecuencias que, para los catalanes, traería una aventura fuera de Europa y separada de España; sin embargo no debemos olvidar que la grave preocupación que existe entre los españoles y catalanes que habitamos en esta autonomía respecto a los posible incidentes, ataques, presiones o amenazas que se puedan producir por los grupos de exaltados que puedan salir a las calles para evitar que, los que no aceptamos separarnos de la patria, tengamos problemas para ir a votar.

Lo cierto es que, no son precisamente buenas noticias lo que viene sucediendo en los ayuntamientos ocupados por nacionalistas y comunistas en los que parece que han decidido no cumplir con la ley y, como ha sucedido con el alcalde de Santiago, que se ha negado a entrar en la iglesia, cuando le correspondía hacerlo, no como particular, sino como representante de todos los ciudadanos de la ciudad de Santiago, en Galicia; den ejemplo de insubordinación al ordenamiento jurídico. Mucho nos tememos que ya no baste la firmeza de SM el Rey, al que aplaudo por sus palabras y su seriedad en los actos de Barcelona, ni las reiteradas advertencias de la Vicepresidenta, Sáez de Santamaría o del mismo señor Rajoy, respecto a que no se van a consentir aventuras independentistas. Mucho nos tememos que, si se quiera aplicar el 155 de la Constitución, y se van a tomar medidas para incapacitar a los nacionalistas que se niegan a cumplir con sus deberes constitucionales; sea preciso tener previsto un dispositivo disuasivo lo suficientemente numeroso y bien pertrechado para evitar que las calles de Barcelona y las principales ciudades de Catalunya se conviertan en verdaderos focos de terrorismo urbano, vandalismo y, no quisiéramos ser cenizos, de posibles agresiones a los transeúntes o a las fuerzas de orden público.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con gran preocupación como los ánimos se soliviantan a medida que se acerca la fecha crítica de las elecciones catalanas. España no puede consentir que las leyes que nos rigen sean olvidadas por quienes hace tiempo que dejaron de cumplir la Constitución y hoy ocupan cargos de importancia en la Administración Pública.

Entre la corrupción y la disolución
en un Estado de Derecho, imponer la ley nunca debería ser "una amenaza", sino la obligación más inmediata y obvia de cualquier gobierno.
Carlos Estaban Gaceta.es 26  Julio  2015

"Si el electorado catalán no modifica sustancialmente sus actuales tendencias de voto, a partir del 27 de septiembre podría empezar a producirse una crisis de Estado cuya gravedad sólo sería comparable al golpe de Tejero de 1981. La amenaza no es de hoy, sino que ha venido gestándose a la luz del día, paso a paso, desde hace cuatro años e incluso desde hace una década".

No me digan que no podría ser el comienzo de un editorial de La Razón o a ABC. Y, sin embargo, es Carlos Elordi escribiendo en una de las publicaciones más rojas de mi carpeta de favoritos, Zona Crítica, de eldiario.es ('La catástrofe ya es inevitable'). Por supuesto, más adelante se aclara de qué pie cojea el autor, y la penúltima frase parece un chiste macabro que contradice todo lo anterior: "La crisis catalana es un motivo más para alejar a esa clase el poder", como si la nueva clase de poder -en este caso sería Barcelona en comú- no estuviera jugando exactamente al mismo juego.

Pero, quitando los inevitables tics ideológicos, Elordi no deja de tener razón: hemos dejado que el huevo de la serpiente eclosione y escandalizase ahora es pasablemente hipócrita.

Público insinúa incluso en el primer titular de primera esos tanques en la calle que tanto gusta imaginar a los nacionalistas y a la izquierda radical: 'El Gobierno tendrá lista la nueva Ley de Seguridad Nacional justo antes del 27-S', con un subtitulo aún más gracioso: "Y amenaza a Mas con usar "todos los instrumentos constitucionales para imponer la Ley".

En una democracia normal, en un Estado de Derecho, imponer la ley nunca debería ser "una amenaza", sino la obligación más inmediata y obvia de cualquier gobierno. Es avisar de que uno se va a saltar a la torera la legalidad lo que constituye una amenaza, especialmente grave cuando quien así actúa es una de las autoridades del Estado.

'La retirada de símbolos de la Corona afecta a varias ciudades', abre El País, asombrado ante las tempestades de aquellos vientos que sembró diligentemente durante décadas. A la derecha, como información casi de consuelo, nos glosa los últimos datos del Euskobarómetro: 'Los vascos quieren seguir en España con Urkullu al frente'. La independencia pura y dura solo la quiere un cuarto de los vascos, la mayoría relativa (35%) quiere seguir como están, un 29% se inclina por el federalismo y solo un 7% aboga por ser gobernados directamente por Madrid.

Para ABC, la noticia del día son las última informaciones sobre la Operación Púnica, que viene a confirmar lo que todos sospechábamos y yo llevo sosteniendo durante años: la política atrae con preocupante frecuencia a lo peor de cada casa. Un busto recortado de Granados sobre unos billetes, muy al estilo de fantasía de ABC, acompaña el titular: 'El socio de Granados cobró diez millones de euros por servicios no prestados'. Pasa tanto, a tantos y tan deprisa que ya no recuerdo si alguien puso o no la mano en el fuego por este tipo cuando empezaron las acusaciones. La cosa es que lo suyo no fue precisamente un arrebato pasional de un momento, contó con la confianza de sus compañeros de partido y gobierno autonómico y ninguno en casa dijo nunca esta boca es mía.

El drama de la corrupción se resume en un simple dato: desde los ERE a la Púnica pasando por el Himalaya de casos que se acumulan en los juzgados, ni un solo corrupto ha sido denunciado por su propio partido que, naturalmente, ha jurado una y mil veces luchar incansable e implacable contra la corrupción.

La Púnica -que tiene nombre de cupletista, por cierto- también abre la primera de El Mundo: 'El juez vincula la 'Púnica' con la financiación del PP el 24-M'. Los sumarios parecen corresponderse más con el funcionamiento interno de la familia Corleone que con un partido, quizá porque la diferencia es inquietantemente reducida.

A La Razón, comprensiblemente, estas cosas feas que sacan las vergüenzas al PP no le dan para abrir, aunque el caso es demasiado sonado para que no le dedique un rinconcito en su primera: 'El socio de Granados recibió 10 millones en billetes de 500 euros por facturas falsas'.

No, La Razón prefiere abrir con una foto de Pujol Senior cargado de maletas y un titular y un sumario cargado de comillas que les ahorren un disgusto: 'La "fuga" de los Pujol'. 'Un año después de su fortuna oculta, el expresidente "huye" a su refugio del Pirineo "muy dolido con Mas".

Pero si esa es la foto, no es el titular principal, que corresponde a 'Retirar el retrato del Rey solo conlleva una multa de 1.500 euros'. No sé exactamente la pena que Marhuenda querría ver vinculada al simbólico acto en cuestión, pero no viene mal recordar que su partido, exactamente igual que los otros, llevan décadas sin aplicar pena alguna a deslealtades bastante más graves y de mayor calado en Cataluña y el País Vasco.

Subvenciones públicas a los medios
La Diputación Foral de Guipúzcoa, en manos del PNV y del PSE, dilapida 1.296.828 euros en mantener artificialmente decenas de medios de comunicación en euskera
www.latribunadelpaisvasco.com 26  Julio  2015

La Diputación Foral de Guipúzcoa, en manos del PNV y del PSE, acaba de publicar en el Boletín Oficial de la provincia la concesión de un total de 1.296.828 euros en subvenciones a varias decenas de medios de comunicación que trabajan exclusivamente en vascuence. De este modo, periódicos, radios, televisiones y proyectos web que apenas reúnen ante sus informaciones a un puñado menguante de lectores, oyentes o espectadores ven garantizado artificialmente su futuro gracias a los fondos públicos destinados a impulsar el “uso social del euskera”.

Concretamente, y tal como el lector puede consultar en los documentos que adjuntamos al final de esta información, nacionalistas vascos y socialistas vascos regalan 659.895 euros a las publicaciones periódicas editadas en euskera dentro del territorio guipuzcoano. Otros 349.933 euros de los fondos de todos los ciudadanos se destinan a potenciar las tecnologías de la información en vascuence y 257.000 euros más al mantenimiento artificial de las emisoras de televisión que transmiten en este idioma que apenas habla habitualmente el 10% de los vascos. Las estaciones de radio que emiten en esta lengua recibirán 30.000 euros de las arcas públicas.
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