AGLI Recortes de Prensa   Viernes 14  Agosto 2015

España, sin Constitución
Emilio Campmany Libertad Digital 14 Agosto  2015

El nuevo ministro de Educación se enfrenta al boicot que las comunidades autónomas no gobernadas por el PP plantean a la Ley Wert. Básicamente, lo que hacen es proponer su paralización con el argumento de que, tras las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo y dada la derrota del PP en la mayoría de las regiones, esa ley, aprobada por las Cortes con el voto exclusivo del PP, ha perdido legitimidad. En palabras de Adelaida de la Calle, consejera de Educación de la Junta de Andalucía, "hoy somos muchas más las comunidades que compartimos el rechazo a la Lomce".

Con independencia de las bondades de la ley y del error que pueda suponer regular algo tan importante como la educación sin consenso, un error que, por cierto, también ha cometido el PSOE, la cuestión es que la Constitución otorga al Gobierno de España y a las dos cámaras legislativas nacionales la competencia "exclusiva" de aprobar la legislación básica en materia de educación. Y a las comunidades autónomas lo que les compete es aplicarla. Tenemos más o menos asumido que, al hacerlo, cada comunidad hará de su capa un sayo y lo hará como Dios le dé a entender, produciendo el efecto que precisamente la Constitución trata de evitar, esto es, que los españoles recibamos una educación diferente según dónde residamos. También tenemos asumido que algunas de esas diferencias afectarán inevitablemente a la calidad. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es defender que, por el hecho de tener encomendada la gestión de esa competencia, las comunidades autónomas puedan imponer al Gobierno y a las cámaras legislativas nacionales reformas de la legislación básica en el sentido que ellas crean conveniente. Al hacerlo asumen una competencia que constitucionalmente no tienen en base a la legitimidad que supuestamente les otorga haber ganado unas elecciones en su región, desdeñando lo que en su momento votamos todos los españoles.

Naturalmente, todo esto es consecuencia del incumplimiento sistemático en Cataluña de las leyes y sentencias en materia educativa, a vista, ciencia y paciencia de quien en cada momento ha gobernado España. Si en Cataluña no se aplica la legislación española, ¿por qué habría de hacerse en el resto de España? Si unos desobedecen impunemente porque son independentistas, ¿por qué no pueden desobedecer otros por estar simplemente en desacuerdo con la ley?

Teniendo en cuenta que quien encabeza la revuelta contra la ley del PP son las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, muy especialmente Andalucía, cabe preguntarse para qué quiere Pedro Sánchez reformar la Constitución, si lo que quieren los dirigentes de su partido es no estar sometidos a ella. No quieren una Constitución, reformada o no; quieren que quien gane las elecciones en su pueblo pueda hacer lo que le venga en gana.

Lo que necesita España no es reformar la Constitución, sino cumplirla y hacerla cumplir, que es lo que todos los políticos que ocupan cargo han prometido hacer, empezando por los del Gobierno.

Algo más que nuevas leyes
J. L. González Quiróswww.vozpopuli.com 14 Agosto  2015

La lápida que cubre el sepulcro de Adolfo Suárez, en el hermoso claustro de la impresionante catedral de Ávila, y al lado mismo del de don Claudio Sánchez Albornoz, otro castellano viejo, presidente de la República en el exilio, exhibe una sencilla leyenda: “la concordia fue posible”. El miedo a la guerra, entonces todavía muy presente, apenas cuatro décadas después de aquella barbarie, fue superado con la fundación de una democracia admirable, por más que ahora se nos antoje llena de defectos, que los tiene.

Me llama la atención la coincidencia ignorante de los críticos, nuevos radicales de izquierda e irredentos radicales de derecha, hacia los errores de la Transición, que también los tuvo, olvidando que gran parte de las peores cosas que ahora lamentamos, como la destrucción de la independencia del poder judicial, la absoluta sumisión del legislativo al ejecutivo, el disparatado y deforme proceso autonómico, los excesos de poder de los partidos, su propensión a consentir la corrupción, el recurso irresponsable y engañoso a la deuda pública, o el autoritarismo de los líderes, son fenómenos muy posteriores a los primeros años de nuestra democracia. Nunca es necesario hacer las cosas mal por el mero hecho de que sea posible hacerlo, y la herencia que dejó la Transición no obligaba, de ningún modo, a empeorar lo que se hubiera hecho mal y, menos aún, a abandonar rápidamente el espíritu de concordia para proceder a implantar cordones sanitarios o nuevas especies de frentismo.

La ruina de la libertad política
En la Transición se hizo bien todo lo que se pudo construir en base a experiencias ajenas, desde la Constitución, la reforma fiscal y unas cuantas normas básicas, a la ley electoral, dígase lo que se diga, especialmente por los que no saben nada de este asunto, pero no hubo la paciencia suficiente para consolidar lo que no se puede improvisar ni copiar en parte alguna, una cultura política de verdad respetuosa, patriótica, generosa y limpiamente competitiva: los socialistas tenían que llegar al poder como fuese, y el Rey tenía que gobernar con ellos para que se borrasen, mágicamente, las supuestas manchas del pasado. La pasión por el poder y por imponer lo que se consideraba la voluntad de la mayoría hizo que se propiciase una dudosa moralidad sólo atenta al cumplimiento de los objetivos y totalmente desdeñosa con la limpieza de procedimientos y medios.

La nueva fuerza y cohesión de los partidos comenzó a ser objeto de culto, y se hizo una lectura insuficiente e interesada del proceso de destrucción de la UCD, aprendiendo del tal lo que menos interesaba, la pasión por la disciplina y la unidad en el interior de los partidos que ha acabado por arruinar completamente la posibilidad de que cumplan mínimamente con su papel constitucional, con su función de cauce de debate y participación y, naturalmente, con nada a lo que pueda llamarse democracia interna, esto es, con la libertad política allí donde mayor falta haría.

El arbitrismo español y la devotio iberica
El proceso no hizo sino alimentar una vieja tradición española, el arbitrismo, la insensata creencia en que todo lo que se necesita para acabar con los males de la patria es una nueva ley, y, de vez en cuando, una nueva Constitución que, al parecer, ya toca. Es pasmoso ver cómo los dirigentes y portavoces del PP se esfuerzan en proclamar todo lo que han hecho, leyes y más leyes, páginas del BOE, para impedir la corrupción, sin haber tocado lo más mínimo aquello que la hace posible, casi necesaria, la ausencia de cualquier clase de controles internos en los partidos, la sumisión al líder y a los distintos escalones de poder que le dan acceso, la moral mafiosa de los que están en el secreto, la absoluta opacidad de sus cuentas, el tener atados y bien atados a los diputados no vaya a ser que, en un descuido, decidan hacer más caso a su conciencia, para el caso de que la conserven, que a la consigna que viene de arriba.

En un sistema como éste, que muy poco o nada tiene que ver con una democracia liberal, se producirán, necesariamente, toda clase de procesos patológicos, toda especie de absurdos. Es digno de ver, en el PP, por ejemplo, cómo estando íntimamente convencidos de que Rajoy representa un obstáculo de cara a una posible victoria electoral, los dirigentes aceptan mansurronamente su continuidad, y hasta se prestan a argumentar que la tal vaya a ser la clave más segura de su éxito, y no lo hacen por estupidez o perversidad, sino por puro cálculo: estiman que a cualquiera de ellos le iría personalmente peor significándose que aguantando disciplinadamente la costalada inevitable, porque en el mal general se conserva el escalafón y el sistema se encargará de proveer algo sustancioso. Se trata de un viejo procedimiento santificado por el franquismo, según el cual hacer política es siempre peligroso, amén de que “En el camino de El Pardo, han levantado una ermita, con un letrero que dice: Maricón el que dimita", y no puede haber peor especie de dimisión que dar la nota diciendo algo ligeramente distinto a lo que dice el que manda.

Sólo las buenas tradiciones pueden salvar a una democracia
Arbitrismo y moral mafiosa apenas dejan espacio a otra cosa que el odio teológico al enemigo, que la tendencia a dibujar a los otros partidos como la pura imagen del mal. Se trata de un fenómeno que es invasivo, porque no hay nada más fácil de transmitir que la idea de que todos los demás son un desastre y que solo los nuestros son puros, eficaces y, sobre todo, decentes, y ese es el combustible que ha avivado el surgimiento de Podemos (contra la casta), aunque ahora, dispuestos a gozar del maná electoral, hayan suavizado sus condenas a los más cercanos, y que atiza de manera inmisericorde las calderas nacionalistas con el “España nos roba” y una abundante suerte de truhanerías similares.

Frente a esa moral de exclusión, se hace necesario construir una actitud perfectamente contraria, el reconocimiento del mérito ajeno, la tolerancia interpretativa, la no demonización del ideario adverso, la renuncia a suponer la pura maldad en quien no sea de nuestra opinión. Se trata de una tarea difícil sin la que serán enteramente inútiles nuevas leyes, hermosas Constituciones. Se trata de sembrar el reconocimiento y erradicar la ingratitud, aceites sin los que no puede funcionar bien nada colectivo. En 1876 se quejaba Cánovas de que nada le sorprendería tanto en España como un átomo de justicia, de buen sentido, de gratitud y afirmaba se contentaría con no ser ahorcado por haber acabado con la guerra civil, rehecho la Hacienda y restablecido el régimen representativo. Acertó, pero no del todo, porque no fue ahorcado, pero un anarquista italiano acabaría por asesinarle mientras descansaba pacíficamente en un balneario.

No cabe ignorar lo mucho que hemos mejorado desde hace décadas, pero será un error seguir buscando la solución en meras reformas legales o constitucionales, mientras no aprendamos que, además de las mejores leyes, una democracia necesita de ciudadanos realmente libres, de conductas cívicas, de partidos que sepan no ser mafias, de la mayor exigencia para con nosotros mismos, sin reservarla única e hipócritamente para los demás.

La recuperación: ¿gracias al PP?
Adrià Pérez Martí www.vozpopuli.com 14 Agosto  2015

Como sabemos, el PP lo fía todo a la economía. Dado que la economía está recuperándose y mejorando sus indicadores, el PP lo ha hecho bien y su política es la acertada. Esa es, al menos, la idea que el Gobierno machaconamente ha repetido, repite y repetirá hasta el día de las urnas. No obstante, si la economía va bien no es por el actual Consejo de Ministros, con su jefe a la cabeza, sino muy a pesar de ellos.

El enorme esfuerzo privado español
La Gran Recesión sufrida se ha caracterizado por lo que se denomina una recesión de balances. Los agentes económicos entraron en la crisis con los mayores niveles de deuda, sólo por detrás de Portugal e Irlanda. Pero gracias a un titánico esfuerzo, España es el país que más ha reducido su endeudamiento privado desde 2011 a 2014: un 14% del PIB en el caso de los hogares, y de 30% de reducción de deuda bancaria en el caso de las empresas (sin contar bancos ni deuda interempresarial). Y ello se ha conseguido gracias a que empresas y familias han tenido que incrementar sus niveles de ahorro para poder pagar sus deudas, por supuesto, dejando de invertir y tratando de mantener algo de dinero para capear la creciente incertidumbre.

Además, este fuerte desendeudamiento ha detraído grandes cantidades de dinero de la circulación del sistema económico creándose un entorno de moderada inflación o incluso deflación, lo que ha atornillado todavía más las tuercas a la situación porque ha incrementado el valor real de las deudas. Igualmente, la inversión ha caído fuertemente, lo que explica la contracción económica que, en España, al tener un mercado laboral tan intervenido y una legislación concursal tan deficiente, se ceba en la mortalidad de empresas y en la destrucción de puestos de trabajo. Todo lo cual ha endurecido, más si cabe, la capacidad de las empresas y familias de contar con ingresos con los que honrar las deudas contraídas durante la burbuja.

Es decir, que, a diferencia de otros países que han acometido un esfuerzo de desapalancamiento similar (como el Reino Unido o Irlanda), en España se ha devuelto la deuda no con inflación ni con cierto crecimiento económico (o al menos sin una fuerte contracción), sino a las bravas: devolviendo céntimo a céntimo las deudas en un entorno económico grave, reestructurándolas o con quiebras e impagos (todo ello bajo una de las contracciones crediticias más agudas sufridas en la Eurozona, sólo por detrás de Chipre o Portugal).

Y, ¿qué significa este esfuerzo? ¿Por qué se llevó a cabo? Ante unas deudas sobredimensionadas, lo obligado es hacerlas sostenibles. Es un proceso que no cabe sortear, ni puede mirarse a otro lado. Es la cruda realidad a la que han debido enfrentarse millones de personas. No lo iba a hacer el Gobierno por ellas (realmente ha hecho lo contrario, endeudarse).

¿Y qué ha hecho el Gobierno?
Lo que ha hecho el gobierno ha sido poner más obstáculos al ahorro, a la inversión y a la flexibilización de la economía evitando que se recomponga más rápidamente. Es decir, debería haber facilitado el proceso de desendeudamiento en lugar de minarlo con impuestos y más deuda.

De hecho, de acuerdo con los datos que el propio Gobierno aporta periódicamente a Bruselas a través de las actualizaciones que realiza de sus Programas de Estabilidad trianuales (el último para 2015-2018), las subidas fiscales que ha soportado el sector privado durante la legislatura popular (2012-2015) han ascendido a la friolera de 117.714 millones de euros. Casi el equivalente a todo el desendeudamiento que han realizado en las condiciones más adversas las familias desde 2011 a 2014 (!).

Si sólo contamos el dinero de los rejonazos fiscales más directos de Montoro (IRPF, IS, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social), el importe asciende a 84.795 millones de euros, lo que supone casi el 20% de todo el desendeudamiento bancario que con sangre, sudor y lágrimas han realizado tanto familias como empresas de 2011 a 2014, según las Cuentas Financieras de la Economía Española.

Y, ¿para qué? ¿Acaso 120 mil millones han sido tan determinantes para un gasto público total durante esos cuatro años de casi 2 billones de euros? Es más que razonable dudar que estas "necesarias" subidas fiscales del PP hayan ayudado a evitar la quiebra de las finanzas públicas de un Gobierno que, por otra parte, sólo ha recortado el gasto en apenas un 0,8% con respecto a la administración Zapatero. Es decir, para que Mario Dragui y el BCE fuese realmente quien evitó la quiebra de las cuentas públicas, ¿hacía falta dificultar, obstaculizar y ralentizar el imprescindible proceso de desendeudamiento de familias y empresas? Esas subidas fiscales cobran mayor importancia si las ubicamos dentro de un necesario proceso de desendeudamiento previo a la recuperación económica. Hubieran venido muy bien a familias y empresas y habrían acortado la lenta agonía recesiva. Sangrar fiscalmente a los agentes económicos en esas circunstancias todavía honra más su esfuerzo.

Lo que podría parecer sensato desde el punto de vista de un gobernante que accede al poder en plena recesión de balances hubiera sido el de favorecer ese proceso de desapalancamiento para acortarlo en el tiempo en la medida de los posible. ¿Cómo? Favoreciendo el ahorro, la inversión y la flexibilidad de los factores productivos. Mermar la renta disponible de familias y empresas no ayudó a que ahorraran lo necesario para desendeudarse, e imposibilitó que la inversión productiva apareciera antes para poder detener la caída del PIB. Por otra parte, la falta de liberalizaciones (a excepción, en cierto grado, del mercado laboral) no permitió que la estructura productiva se reconvirtiera y que sus variables se reajustaran no por la vía del desempleo o las quiebras, sino por la vía del ajuste nominal de precios y costes. Sobre todo en un país que tiene tanto margen para liberalizar y hacer más rápida su economía. Por el contrario, gracias a la postura poco original adoptada por el Gobierno (no tocar el aparato estatal, socializar pérdidas, subir impuestos y en definitiva, no modificar el statu quo), todavía estamos esperando el famoso cambio de modelo productivo.

Conclusión
Que el Gobierno lo fie todo a la economía y proclame que ha mejorado gracias a su gestión, es demasiado simplista e injusto. Su política fiscal ha hecho más difícil la travesía por la crisis de millones de personas. De hecho, este razonamiento demagógico utilizado por el PP recuerda al empleado por el monarca absoluto en un pasaje de "El Principito", de Antoine de Saint-Exupéry: era tan absoluto y universal que era capaz de que el sol le obedeciera cuando le ordenaba que se pusiera, con el pequeño detalle de que sólo daría esa orden cuando anocheciera. Rajoy, con su (ahora) gran sonrisa barbuda y bonachona, parece decirnos cual monarca universal en un patio de colegio: "Mira, la economía va mejor, luego lo he hecho bien... Vótame".

El tercer rescate, un alivio para Grecia, pero no resuelve el problema del euro
EDITORIAL El Mundo 14 Agosto  2015

El Gobierno griego y las instituciones europeas han alcanzado un principio de acuerdo sobre la financiación del tercer rescate -que, al cierre de esta edición, debía ser ratificado aún por el Parlamento heleno- por el que el país recibirá 86.000 millones de euros en plazos escalonados durante los próximos tres años. El protocolo contempla una primera entrega de 25.000 millones de euros que permitirá a Grecia hacer frente a sus pagos inmediatos a los acreedores y contar con liquidez para sus gastos ordinarios. A cambio, Atenas asume los ajustes pactados con sus socios, entre los que figuran el retraso de la edad de jubilación, la subida de impuestos, el final de una serie de privilegios fiscales y la creación de un fondo de 50.000 millones de euros con activos del Estado.

El acuerdo tiene que ser aprobado por todos los miembros de la zona euro -hoy se reúnen sus ministros de Economía para despejar dudas y darle luz verde- y, concretamente, por el Gobierno de Merkel, que necesita contar con la aprobación del Bundestag. No es previsible que surjan dificultades a este respecto.

Es indudable que el pacto negociado a lo largo de las últimas semanas aleja las posibilidades de una salida de Grecia del euro y contribuirá a dar estabilidad a los mercados. Pero la cuestión clave es si será suficiente para que el país pueda volver a la senda de la creación de empleo y el crecimiento económico. Y ello será muy difícil si la Comisión Europea y el BCE no son capaces de poner en marcha un plan de estímulos que permita que la economía griega respire tras siete años de durísimos ajustes, que han supuesto la pérdida de cerca de un 30% de su PIB. Grecia necesita fondos para devolver la deuda y sanear sus bancos, pero también requiere ayudas para invertir en planes que tiren de la actividad económica y generen puestos de trabajo. Esto es lo que no se hizo en los dos planes anteriores de rescate y lo que resulta urgente hacer ahora. La noticia conocida ayer de que la economía helena creció un 0,8% en el segundo trimestre del año en comparación con el trimestre anterior no permite, por desgracia, más que un optimismo muy limitado.

Aunque todos los compromisos pactados se cumplan, no hay ninguna garantía de que haya que negociar un cuarto rescate dentro de tres años, puesto que el colapso de la economía griega es brutal y su capacidad para devolver íntegramente deuda es ahora mínima, por no decir nula.

Esto hay que tenerlo en cuenta para no alimentar falsas expectativas, pero la cuestión esencial es en estos momentos abordar las reformas que permitan al euro consolidarse como moneda, lo que implica debatir asuntos como las mutualización de la deuda, la creación de un verdadero Gobierno económico para la zona y la revisión del papel del BCE.

Todas ellas son cuestiones mayores, pero, como ha propuesto el Gobierno de Hollande, tienen que ser debatidas sin prejuicios para evitar no sólo la asfixia financiera de Grecia sino, además, que países como España e Italia puedan verse a largo plazo en una situación similar. El euro no puede funcionar como un territorio económico dividido entre naciones acreedoras y deudoras, sometidas a la amenaza permanente de un ciclo adverso que haga inviable el pago de sus obligaciones financieras. Hay que iniciar ya el camino de las reformas y tomar decisiones con la perspectiva de que lo que nos jugamos es la construcción de Europa.

Reforma constitucional… ¿por qué?
Antonio Robles Libertad Digital 14 Agosto  2015

Todo el mundo sabe a ciencia cierta por qué se ha impuesto la necesidad imperiosa de reformar la Constitución en estos momentos, pero nadie quiere reconocer la causa. Quien más quien menos la viste de pamplinas y disculpas históricas. Los únicos que dicen lo que pretenden con ella son los involucionistas de Podemos y los rupturistas vascos y catalanes nacionalistas. Los primeros quieren un nuevo proceso constituyente, los otros, tener su propia constitución. Los dos, acabar con la España de ciudadanos libres e iguales, e imponer el territorio por encima de los individuos.

Entre las disculpas de todos los demás, resalta la de remozarla para dotarla de las necesidades de las nuevas generaciones, y así acabar con los problemas que aquejan a la sociedad española actual.

Veamos cuáles son y si es necesario reformar la Constitución para solucionarlos: el paro, la corrupción política, la falta de una economía productiva, el deterioro de la Seguridad Social, el fracaso escolar, la fuga de jóvenes con formación, la falta de recursos energéticos, el déficit público, la insuficiencia de cobertura por desempleo, las condiciones cercanas a la pobreza de capas sociales que hasta la crisis no existían, asegurar las pensiones de las nuevas generaciones y prever las nuevas necesidades de una sociedad en envejecimiento constante, sostener en el tiempo presupuestos adecuados para la investigación y el desarrollo… Seguramente hay más urgencias, pero con estas resueltas seríamos la sociedad del bienestar más desarrollada del mundo.

Pues bien, para resolver cualquiera de estos problemas no se necesita reformar la Constitución. Entonces ¿para qué se quiere reformar? ¿Para encajar de una vez a los nacionalistas en España? ¿Para darles más carrete, a ver si se cansan? ¿Para dotarla de mayor apoyo social que en el 78?

Para esa conllevancia o encaje se diseñó la España de las Autonomías. Ya sabemos para lo que han servido las comunidades desleales, para construir a la chita callando estructuras de Estado durante años y utilizar los presupuestos para romper en las nuevas generaciones cualquier lazo sentimental, cultural y político con España. Darles carrete, es decir, untarlas a costa de extraer de otras autonomías presupuestos que vertebren el territorio nacional, ya no les es suficiente. Lo quieren todo. Y finalmente, ¿saldría más reforzada socialmente una reforma constitucional que diera a los nacionalistas casi todo? En absoluto, cualquier reforma que ceda singularidad, personalidad propia o imponga asimetrías fiscales, culturales o lingüísticas no tendría el apoyo de buena parte de la sociedad española no nacionalista y no lograría convencer a los secesionistas. Y entonces sí que tendríamos un problema. Hoy podemos decir que el mayor apoyo a la Constitución del 78 fue en Cataluña. Después sería el menor. Con permiso del País Vasco.

No falla la Constitución, sino la actitud de los políticos para hacerla cumplir. Es eso lo que hay que cambiar, la cobardía de los políticos para hacerla cumplir. La reforma es una solución a los problemas de los políticos y sus maniobras electorales, no de la política, y menos de España. Y me refiero a todos, a los que gobiernan y a los que esperan gobernar, a viejos y nuevos partidos. Ninguno tiene las agallas de adecuar el lenguaje a la realidad. Los grandes y viejos sopesan riesgos, se encaman y acaban por pactar siempre con los enemigos del bien común. Si alguien no lo sabe a estas alturas, se lo traduzco: al bien común se le llama Estado. Los nuevos de izquierdas quieren enterrar a sus padres e inaugurar la historia; los de centro ya empiezan a limar el lenguaje para ensanchar el campo electoral y facilitar futuras coaliciones de poder. Quizás los únicos que llevan en su programa la radicalidad y la actitud necesaria en su carácter político para hacerle frente al egoísmo reaccionario del chantaje nacionalista sean los de UPyD. Lástima que no sean tan cuidados en la democracia interna. Los únicos consecuentes contra la corrupción política, los únicos en exigir la devolución de la educación, la sanidad y todas las competencias de justicia al Estado, verdaderos pilares desde los que han expulsado a España de sus comunidades.

Mientras tanto, qué hace el PSOE. Un día una cosa y el siguiente otra. De momento, prometer federalismo a unos socios del PSC que están exigiendo asimetría entre territorios. O sea, el camino al Estado confederal, donde se legitime la desigualdad entre territorios. La contradicción ideológica es irritante. Por su condición socialista enarbolan la igualdad social individual y por su comprensión nacionalista exigen desigualdad territorial.

Ante el disparate, los ciudadanos hemos de ser exigentes. Quien proponga una reforma constitucional, que publique en detalle el articulado de su propuesta, por qué la propone y cuáles serán sus beneficios. En el caso del PSOE, unas columnas con las competencias y características del Estado autonómico actual y otras con las del Estado federal. A ver si le encuentra alguna.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber en detalle cada cambio para formarnos un criterio a la hora de apoyarlo o combatirlo. Escamotear, torear o jugar con la buena fe de la gente es la peor forma de corrupción política.

¿Qué es exactamente lo que se quiere que diga la Constitución?
Javier Fernández-Lasquetty Libertad Digital 14 Agosto  2015

La Constitución es la expresión de la voluntad de todos los individuos que componen una nación, en ella establecen las reglas que aceptan para ordenar su convivencia. No es cualquier cosa. James M. Buchanan recibió el Premio Nobel en 1986 precisamente por su teoría de los fundamentos de la democracia constitucional (v. "El cálculo del consentimiento"), conforme a la cual las decisiones sobre la Constitución debían ser unánimes. No mayoritarias, sino unánimes. El 88,5% de apoyo que tuvo la vigente Constitución española (91,1% en Cataluña, por cierto) técnicamente no es unanimidad, pero se le acerca mucho.

Mariano Rajoy acaba de proponer reformar la Constitución. Pero eso no es una propuesta política a los ciudadanos. La propuesta aparecerá cuando se diga qué se quiere reformar en la Constitución y en qué sentido: qué se propone que diga o que no diga la Constitución.

La importancia de la cuestión –y un mínimo sentido del liderazgo, si es que eso existiera– exige que la propuesta no sea, genéricamente, reformar la Constitución, sino proponer qué normas se quiere que pasen a tener rango constitucional. Los demás partidos llevan años proponiendo reformas concretas, equivocadas en mi opinión, pero reconocibles: eliminar la monarquía, federalismo, etc.

Zapatero, cuyas desdichadas decisiones nos han traído hasta aquí, propuso una reforma constitucional concreta. Una reforma absurda, equivocada e inconveniente a mi modo de ver, pero concreta: incluir en la Constitución el nombre de las comunidades autónomas, transformar el Senado en otra cosa distinta de la que es, etc. El Consejo de Estado elaboró un razonable dictamen al respecto, pero una cosa es dar una respuesta razonable a una pregunta desatinada y otra cosa diferente es tomar esa respuesta y ese dictamen como guía para lo que se pretenda hacer ahora. Eso sin contar con el aún más razonable voto particular que contra dicho dictamen emitió José María Aznar.

Se puede pedir el apoyo de los españoles para regular muchas cosas de manera diferente en la Constitución. Se puede proteger mejor la libertad individual y la propiedad privada. Se pueden reformar instituciones que no están garantizando la separación de poderes, como el CGPJ o el TC. Se pueden eliminar muchos frenos constitucionales que impiden hacer reformas económicas profundas. Sin duda, se podría eliminar la desgraciada distinción entre nacionalidades y regiones. Y por supuesto se podría poner aún más claro que si se pretende una ruptura nacional habrá de ser mediante una decisión idénticamente nacional en la que opinemos todos los españoles.

Todo esto se puede proponer como reforma constitucional. U otra cosa. Lo relevante es el contenido, porque el método –la mera reforma de artículos de la Constitucional– es solo un instrumento, no un fin.

Análisis del informe sobre la economía española
El FMI insta a España a establecer copago en sanidad y educación y a hacer reformas en el IVA
 Gaceta.es 14 Agosto  2015

Recomiendan alinear los salarios con la productividad y con la competitividad externa
El organismo insta a mejorar la formación de los parados de larga duración
Sugiere la creación de un contrato único con costes de despido basado en la antigüedad
Cree que podría estudiarse financiar los costes de despidos con la creación de un fondo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado la "sólida recuperación" y el "notable repunte" de la actividad económica en España, pero ha reclamado al Gobierno "esfuerzos adicionales" para afianzar el crecimiento, que incluyan continuar con las reformas en el mercado laboral y con la consolidación fiscal.

En el análisis del informe sobre la economía española del Artículo IV del FMI, los directores ejecutivos elogian a las autoridades españolas por la adopción de "políticas sólidas" y por las reformas llevadas a cabo, en particular las del mercado laboral y la moderación salarial, que han impulsado la creación de empleo y la competitividad, y la del sector financiero.

El FMI asegura que existe margen a nivel regional para ahorros fiscales y eficiencias adicionales, como por ejemplo reduciendo los costes de prestar los servicios públicos de educación y sanidad.

En concreto, propone incrementar los poderes regulatorios de las comunidades autónomas para establecer copagos en estos servicios, aunque incide en que para mantener el acceso a ellos de forma asequible, deben "reducirse o eliminarse" para los grupos más vulnerables o para servicios sanitarios específicos, como prevención, enfermedades crónicas o inmunización.

Asimismo, el Fondo aboga por elevar los impuestos especiales y medioambientales y eliminar de forma gradual el trato preferencial en el IVA, con el objetivo de situar los esfuerzos recaudatorios de España en línea con los del resto de países europeos.

En su opinión, unas condiciones financieras más favorables, gracias a la "sólida" aplicación de políticas económicas y a unas condiciones externas favorables, han mejorado "la confianza y respaldado el notable repunte registrado en España desde la crisis".

El Fondo mantiene que el Producto Interior Bruto (PIB) de España aumentará un 3,1% en 2015 y un 2,5% en 2015, cifras que se sitúan "significativamente por encima del promedio de la zona euro".

Sin embargo, advierte de que problemas estructurales como unas tasas de desempleo aún "elevadas", una persistente dualidad del mercado laboral, una baja productividad y unos niveles todavía considerables de deuda pública y privada continúan planteando "desafíos" para el futuro de la economía española y limitan el potencial de crecimiento futuro.

Asimismo, añaden que otro riesgo "clave" para la economía española sería la "reversión de las reformas ya implementadas", lo que generaría incertidumbre y podría frenar la recuperación, "sobre todo si el entorno exterior se deteriora drásticamente".

En este contexto, subrayan que para respaldar el ritmo de crecimiento a medio plazo es necesario seguir avanzando en la consolidación fiscal y en la sólida implementación de reformas para abordar las rigideces estructurales que aún persisten, así como contar con una condiciones de demanda favorables en toda la zona euro.

En este sentido, advierten de que la volatilidad financiera y la incertidumbre en la región justifican mantener la vigilancia, aunque admiten que la mayor capacidad de resistencia de España, junto con las medidas de política adoptadas a nivel de la zona del euro, ha reducido los riesgos de contagio.

'Nuevos episodios de incertidumbre'
Respecto a Grecia, destaca que pese al acuerdo sobre el tercer rescate, no se pueden descartar "nuevos episodios de significativa incertidumbre y volatilidad", cuyo impacto España puede mitigar con un "claro compromiso" para continuar con las reformas estructurales y colocar la deuda en una senda descendente, lo que ayudaría a afianzar la confianza.

En concreto, el FMI considera "conveniente" seguir mejorando el mercado laboral y las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) crezcan, con el objetivo de generar empleo y promover un crecimiento "más elevado e inclusivo".

En el caso del mercado laboral, recomiendan alinear los salarios con la productividad, la competitividad externa y las condiciones económicas a nivel de las empresas; reducir la dualidad del mercado laboral y mejorar la formación de los parados de larga duración.

En su opinión, esto promovería una crecimiento "rico en empleo" y aumentaría los recursos a sectores más productivos y orientados a las exportaciones". "Existe todavía significativo margen para mejorar el comportamiento del mercado laboral", incide.

Las medidas del FMI
El Fondo sugiere varias medidas como la creación de un contrato único con costes de despido basado en la antigüedad en sectores sin alta rotación estacional para intentar reducir la brecha entre las indemnizaciones por despedido que existe entre trabajadores permanente y temporales, que sigue siendo "muy grande".

Asimismo, cree que podría estudiarse financiar los costes de despidos con la creación de un fondo en el que la empresa podría hacer aportaciones regulares y aboga por eliminar las incertidumbres legales y administrativas que existen en torno al despedido colectivo.

Los directores ejecutivos creen que las reformas llevadas a cabo no han dado los frutos deseados y ven necesarias mejoras, aunque agregan que dado su "significativo alcance", es necesario dar más tiempo a los agentes sociales para que se adapten.

Las Pymes
Respecto a las pymes, ve necesario reducir los obstáculos para que puedan desbloquear su productividad, lo que pasa por implementar la Ley de Mercado Único y una mayor apertura de los servicios profesionales. Además, también sería positivo una revisión de la regulación relacionada con el tamaño de las empresas para fomentar su internacionalización y desarrollar su acceso a financiación.

Por otro, el informe insiste en la necesidad de seguir con una consolidación fiscal "creíble, coordinada y favorable al crecimiento" y hace hincapié en la importancia de encauzar "firmemente" el coeficiente de deuda pública respecto al PIB hacia una trayectoria descendente.

En este sentido, apunta que los esfuerzos de consolidación se han reducido y ve necesario un ajuste estructural de alrededor de medio punto porcentual del PIB al año para garantizar el descenso de la deuda. Por ello, insta al Gobierno a aprovechar cualquier beneficio extraordinario que surja de un aumento del crecimiento o de una reducción de los costes de endeudamiento.

El Fondo reclama a España medidas presupuestarias "ambiciosas y bien especificadas", protegiendo al mismo tiempo a los grupos más vulnerables de la sociedad. Además, agrega que la mejora del marco fiscal regional y la coordinación estrecha entre todos los niveles de gobierno también son esenciales para avanzar en estas iniciativas de consolidación.

Fuente Mundial de Incompetentes
Nota del Editor 14 Agosto  2015

Esos tipos del FMI, en realidd quiere decir Fondo Monumental de Incompetentes, además de otros vicios, siguen dando coba a los gobiernos inútiles y no quieren enterarse de que la ineficacia de estos gobiernos es la culpable de todo.

A ver cuando se enteran de que donde hay que ser eficaces es en la aplicación de los impuestos que deben ser mínimos, lo que implica la erradicación de las multiplicidades de las comunidades autónomas, ayuntamientos, senados y demás disparates. Y que la primera medida que deberían plantear es la derogación de todas las leyes de lenguas regionales para dotar a todos los ciudadanos de las mismas oportunidade, tumbar muros artificiales de unos mercados incomunicados por la inmensa legislación y  eliminar toda la tribu de quienes se lucran con la desgracia de los español hablantes.

Demencial campaña contra el turismo en Barcelona
EDITORIAL Libertad Digital 14 Agosto  2015

Según las propias estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, el año pasado visitaron la Ciudad Condal casi ocho millones de turistas. Eso supone que la economía barcelonesa ingresó miles de millones por toda la actividad que se genera alrededor del turismo, un sector que, en contra de lo que muchos parecen pensar, va más allá de la actividad en los hoteles, los restaurantes y las tiendas de souvenirs.

Barcelona es, además, un caso de éxito con escasos precedentes en el ámbito turístico: sólo dos años antes de aquellos Juegos Olímpicos en los que toda España se volcó visitaban la ciudad 1,7 millones de personas, es decir, que en 25 años esa cifra casi se ha quintuplicado.

Por supuesto, como cualquier otra actividad humana o económica, el turismo genera ciertos inconvenientes, y si el turismo es masivo esos problemas se acrecientan; pero de ninguna de las maneras se trata de complicaciones irresolubles.

Lo que es imposible, eso sí, es que Barcelona vuelva a ser la que era en 1990: eso no va a ocurrir, por mucho que se expulse a los turistas, que parece que sobran a los nostálgicos de aquella ciudad que fue; una ciudad que ha evolucionado y cambiado, como han hecho todas antes y harán todas después, con o sin turismo. Y, además, debería ser innecesario decirlo, supondría un descalabro económico que tendría un impacto atroz sobre Barcelona y sobre los barceloneses. Y no parece que ni la capital catalana ni el resto de Cataluña estén en disposición de permitirse una catástrofe así.

Es cierto que la campaña en contra del turismo es un movimiento que lleva años fraguándose y que no siempre ha estado relacionada con el poder político, pero no lo es menos que el equipo de la ultra Ada Colau ha hecho bandera de ella, con una irresponsabilidad impresionante.

La labor de un responsable político no es demonizar las actividades económicas –y menos aún la más rentable– sino, bien al contrario, fomentarlas y, allí donde surjan problemas, tratar de solucionarlos. Asimismo, una alcaldesa que merezca tal nombre no debería valerse enlodarse en el populismo de la peor estofa sino ponerse a trabajar por el bienestar de sus convecinos, que desde no pasa por estrangular la gallina de los huevos de oro.

LAS CLAVES DE LA NEGOCIACIÓN
A vueltas con la LOMCE: la reválida, paralizada
Doce comunidades autónomas en las que no gobierna el PP se han unido en un encuentro previo a la Conferencia Sectorial de Educación para establecer unos puntos en común con los que presentar sus propuestas al ministro del ramo. El objetivo: “evitar muchas incertidumbres y sufrimiento” al continuar con la implantación de “una ley que, más pronto que tarde, será derogada”
Laura Odene Estrella Digital 14 Agosto  2015

La primera batalla está ganada: la aprobación de las reválidas es retrasada para separar en dos procesos distintos las pruebas de Primaria por un lado y ESO y Bachillerato por otro. Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas españolas se han reunido con el nuevo ministro de Educación del PP esta tarde de jueves en la Conferencia Sectorial de Educación para debatir la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El resultado del encuentro ha dejado como conclusión general que las famosas reválidas, consistentes en una prueba de unas 350 preguntas, aproximadamente, a las que deberán enfrentarse los alumnos de Primaria y Secundaria a partir del curso 2017-2018, serán aplazadas, por el momento, hasta que se pongan en marcha dos nuevos decretos que las regulen de forma más específica y cada una en su ámbito, en lugar de existir una norma exclusiva para todos los ciclos.

Así lo ha dispuesto el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha aceptado la propuesta de las comunidades autónomas de separar en dos decretos distintos las evaluaciones externas de Primaria por un lado y ESO y Bachillerato por otro. Sobre las evaluaciones externas de Secundaria han decidido dejarlas para más adelante, con el objetivo de debatirlas con más tiempo, ya que, según el calendario de la LOMCE, estas pruebas no se van a realizar hasta el curso 2017-2018, según ha explicado en declaraciones a los medios el consejero de Educación de la Rioja, Abel Bayo Martínez, a la salida de la Conferencia.

Esta modificación de la LOMCE es ocasionada por la negativa de muchas comunidades autónomas -aquellas en las que no gobierna el Partido Popular-, las cuales consideran inadecuado aplicar una ley que “más adelante será derogada”. Así lo ha declarado la consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle, en un comunicado consensuado por todas las comunidades declaradas 'antiLomce', quienes han tenido una reunión la mañana de este jueves, previa al encuentro con el dirigente 'popular' sustituto de Wert, para poner en común una posición frente a la reforma educativa y las propuestas que han presentado esta misma tarde al nuevo ministro de Educación.

"Presentaremos un conjunto de propuestas que podrían paralizar el calendario de implantación de la LOMCE con todas las garantías jurídicas necesarias y conservando siempre el interés superior del alumnado. Creemos que es posible evitar muchas incertidumbres y sufrimiento siendo conscientes, como lo somos todos, de que empeñarse en continuar con la implantación de una ley que, más pronto que tarde, será derogada, no es razonable", ha argumentado la andaluza en una comparecencia ante los medios.

Así pues, la puesta en común de las propuestas de las comunidades 'antiLomce' con Íñigo Méndez de Vigo ha conseguido un aperturismo en la aplicación de la polémica LOMCE. Muchos representantes Educativos de algunas comunidades, como el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, han asegurado que ven en el nuevo equipo del ministerio “un cambio radical de actitud” que creen que “hay que saludar”.

Al mismo tiempo, De Vigo ha afirmado en la Conferencia de esta tarde que este curso transcurrirá “con total normalidad” con la implantación de la LOMCE, pues “las leyes hay que cumplirlas”. “La realidad es que el calendario forma parte de la ley y, si se aplicó el año pasado, se aplica éste. Cuando se defiende el Estado de Derecho se defiende en la totalidad y no por partes”, ha sentenciado De Vigo en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación. Así, el sustituto de Wert ha tranquilizado a las familias, docentes y alumnos asegurando que la LOMCE seguirá aplicándose durante el curso 2015-2016 que comienza el próximo mes en las mismas condiciones que el curso pasado.

Asimismo, la valoración general de las comunidades autónomas acerca del encuentro de Educación de este jueves es positiva, y se han mostrado satisfechos ante la actitud de “diálogo”, según han expresado, por ejemplo, los consejeros de Educación de la Xunta de Galicia y de la Comunidad de Madrid, Román Rodríguez, y Rafael Van Grieken, respectivamente.

Íñigo Méndez de Vigo, por su parte, también ha aplaudido la "actitud de diálogo que ha habido en la mesa y el talante constructivo" de todos los participantes en la Conferencia Sectorial de Educación, la primera que preside de Vigo, nuevo ministro de Educación de la Comunidad de Madrid. Así, el consejero gallego ha afirmado también que la reunión ha sido “realmente constructiva”, ya que el ministro ha llegado “con voluntad de diálogo y de intentar buscar puntos de encuentros con las comunidades autónomas”. También se han logrado “avances significativos” en cuestiones técnicas de la aplicación de la ley, que es una ley orgánica “en vigor y que es necesario cumplir”, opinión que comparten muchos de los consejeros que se han encontrado este jueves en la Conferencia.

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El exvicepresidente del Constitucional irá en la lista secesionista de Mas

maría jesús cañizares / barcelona ABC 14 Agosto  2015

El magistrado Carles Viver Pi-Sunyer, Comisionado de la Transición Nacional, se suma a la lista de Junts pel Sí

Junts pel Sí, que está llamada a ser la candidatura más larga de la historia electoral española -el último recuento arroja una cifra que alcanza las 33.000 personas-, incorpora cada día nuevos nombres. El último es el magistrado Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y que actualmente ostenta el cargo de Comisionado para la Transición Nacional. Pi-Sunyer asesora al presidente en funciones Artur Mas en su proyecto de creación de un Estado propio y ahora se ha sumado a una larga lista de representantes de la sociedad civil catalana que se presentarán a las elecciones autonómicas del 27-S y que forman parte de la candidatura secesionista liderada por Raül Romeva. También forman parte de la misma el propio Mas y Oriol Junqueras (ERC).

También se acaban de incorporar el investigador biomédico Pere-Joan Cardona y el empresario Raimon Carrasco, hijo de uno de los fundadores de UDC, Manuel Carrasco i Formiguera. Estos candidatos se suman a la candidatura Junts pel Sí con los expresidentes del Parlamento de Cataluña Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert; el entrenador Pep Guardiola, que cierra la candidatura de Barcelona; el filósofo Xavier Rubert de Ventós; la actriz Sílvia Bel; el escritor Jaume Cabré; y representantes del mundo de la comunicación, el deporte y la cultura del país: Miquel Calçada, Núria Picas y Empar Moliner, respectivamente.

Cataluña ante el desafío secesionista
La lista independentista suma al exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer
También incorpora a Raimon Carrasco, hijo de un fundador de Unió
Europa Press La Voz Libre 14 Agosto  2015

Barcelona.- Carles Viver Pi-Sunyer, magistrado del Tribunal Constitucional a instancias de CiU y vicepresidente de la institución entre 1998 y 2001, y Raimon Carrasco -hijo de Manuel Carrasco i Formiguera, fundador de UDC- se han incorporado a la lista independentista de Junts pel Sí para las elecciones catalanas del 27 de septiembre.

Pi-Sunyer es doctor en Derecho, fue vicepresidente del TC cuando en España gobernaba el PP de José María Aznar, y en los últimos tiempos dirigió el Consejo Asesor para la Transición Nacional. Su nombramiento como comisionado fue recurrido en junio por el Gobierno y el TC lo dejó en suspenso. Por su parte, Raimon Carrasco procede del mundo empresarial y actualmente es secretario de la fundación Institut Guttman.

El tercer nombre añadido a la candidatura es el investigador Pere-Joan Cardona, licenciado en medicina, especialista en microbiología y parasitología e investigador biomédico en tuberculosis. Según un comunicado de Junts pel sí, estos nombres se suman al de los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert; el entrenador Pep Guardiola; el filósofo Xavier Rubert de Ventós; la actriz Sívia Bel; el escritor Jaume Cabré; el periodista Miquel Calçada; la atleta Núria Picas y la escritora Empar Moliner.

Los hijos de Arana y sus relaciones con los nazis
Basque Brotherhood, los neonazis vascos estadounidenses (y 5)
www.latribunadelpaisvasco.com 14 Agosto  2015

La muerte de Jon Mirande no cortó el innegable nexo de unión entre el nacionalismo vasco y los totalitarismos. Este se mantuvo, incluso, fuera de nuestras fronteras. El ejemplo más evidente lo encontramos en Estados Unidos, nación que acoge, desde finales del siglo XIX, a un buen número de oriundos de las Provincias Vascongadas, distribuidos en los estados del medio oeste y, muy especialmente, en los medios rurales de Idaho y Oregón. Muchos de ellos, además, son hijos y descendientes de militantes del PNV, exiliados tras la Guerra Civil. Uno de ellos fue John Alexander Ugarte. En la década de los 70, Ugarte funda –junto a otros simpatizantes del nacionalismo vasco- la Basque Brotherhood, un grupo de carácter abiertamente nacionalsocialista que fundamenta su discurso en contra la inmigración. Si bien Ugarte jamás pisó suelo vasco, no dudó en afirmar que “la llegada masiva de gentes de otras razas pone en peligro la supremacía blanca en Euzkadi”. Sin duda, el desconocimiento de la demografía vasca de Ugarte era supino, pues el fenómeno de la inmigración extranjera en esta región española se inicia –como muy pronto- en los años 90.

La Basque Brotherhood logró cierta implantación en pequeñas poblaciones de economía agrícola y ganadera de Idaho que cuentan con un notable porcentaje de vascos. Diversas fuentes señalan que el grupo fundado por John Alexander Ugarte mantiene excelentes relaciones con grupos racistas norteamericanos como el Ku Klux Klan o el reconstituido NSDAP-AO dirigido por el revisionista Gary R. Lauck. No obstante, se antoja muy complicado poder contrastar tales informaciones. Ambos grupos –netamente secretos y antisistema- no disponen de una membresía formal, portavoces o publicaciones de carácter oficial, lo que dificulta su estudio y seguimiento. No cabe duda que una investigación exhaustiva de la Basque Brotherhood y sus actividades constituirían un documento realmente apasionante.

Bien sea negado, bien sea discutido, la ascendencia del PNV en los grupos neonazis estadounidenses en la actualidad y las simpatías de estos últimos por el ideario y el partido fundado por Sabino Arana en 1895 son hechos irrebatibles. Prueba de ello es que la página web del Libertarian National Socialist Green Party incluye –entre otras formaciones de ideología racista- un enlace al sitio oficial del PNV. Y es que, por encima de los esfuerzos por mostrar un supuesto talante democrático y progresista, el nacionalismo vasco –obra y legado ideológico de Sabino Arana- no es capaz de ocultar su génesis totalitaria.


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