AGLI Recortes de Prensa   Domingo 30 Agosto 2015

¡Cómo nos toman el pelo!
Juan Laborda www.vozpopuli.com 30 Agosto  2015

La continua ola de calor que recorre nuestro país empieza a tener ciertos efectos secundarios en la salud de nuestros gobernantes. En plena vorágine de unos mercados financieros que han empezado a enseñar la patita de lo que será el próximo ciclo de aversión al riesgo global –lo de estos días es un mero aperitivo–, aquellos que nos desgobiernan han salido en tromba para asegurarnos que su impacto en la economía española será insignificante. O bien desconocen los datos, o bien mienten descaradamente. Personalmente prefiero la ignorancia a la mentira, pero si les digo la verdad me da igual.

Llevamos años donde las medias verdades, los embustes, la ausencia de un debate sosegado, la falta de propuestas de futuro que merezcan la pena y la defensa de intereses espurios constituyen el pan de cada día. Si ello lo aderezamos con unos medios de comunicación controlados por el Totalitarismo Invertido íbero, donde los periodistas se ven sometidos a continuas presiones y coacciones, el panorama no puede ser más sombrío y desolador. Solo queda la ciudadanía. Solo queda nuestra rebeldía, si es que aún tenemos alguna pizca de dignidad, para decir basta, para definir nosotros solitos qué país queremos y, llegado el momento, barrer toda esa porquería tóxica que nos asfixia.

La deuda nos asfixiará
España tiene que captar anualmente entre 250.000 y 300.000 millones en el exterior para refinanciar su deuda. Si aumenta la aversión al riesgo en los mercados financieros, si los mercados desconfían de nosotros, estamos en un grave aprieto. No hay margen de soberanía nacional para un país tan endeudado como el nuestro para aplicar políticas que pongan en entredicho la sostenibilidad y devolución de su deuda. Pero ahí los tienen -PP, PSOE y Cs- garantizando ante todo el pago de la deuda. O no saben o mienten. Da igual. Ya se enteraran de la que nos va a caer encima.

Tal como sostienen Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, economistas profundamente ortodoxos, en Financial and Sovereign Debt Crisis: Some Lessons Learned and Those Forgotten, “... las causas que originaron la crisis económica no solo no se han corregido sino que han empeorado. Los niveles extremos de deuda implican quiebras al estilo de los años 30... La carga de la deuda en países desarrollados se ha convertido en un evento extremo utilizando cualquier media histórica y requerirán de una ola de condonaciones de deuda, negociadas o no."

En el caso de nuestro país, la carga de la deuda del Estado Central en 2014 alcanzó un récord histórico, se aproximó a los 35.000 millones de euros. A pesar de los bajos tipos de interés de las nuevas emisiones de deuda, el stock de deuda acumulado durante en el período de Rajoy "el austero" elevó la carga financiera hasta situarse en el 3,5% del PIB. La mera reversión a la media histórica de las primas de riesgo situará el pago de intereses correspondientes al Estado Central por encima de los 50.000 millones de euros. Por cierto, olvídense de los Presupuestos Generales del 2016, papel mojado. No saben, no entienden las dinámicas del dinero, de la deuda, de los ciclos de aversión-propensión al riesgo en los mercados financieros. Sumemos a ello Latinoamérica, el euro, la desaceleración de la economía global, unos bancos occidentales y patrios cada día más sistémicos, más apalancados, más infra-capitalizados. Todo les da igual.

Ahora salen ufanos a predicarnos lo bien que va nuestra economía, donde unos datos absolutamente incoherentes nos hablan de un crecimiento dirigido por consumo privado en un contexto de estancamiento de rentas de las familias y de desapalancamiento o reducción de su deuda. A ello agreguen el aumento del consumo público –la defensa de los intereses de la superclase hace que Alemania y los acreedores "ideológicos" miren para otro lado– dirigido por gasto en defensa. Para colmo vuelve la deflación –obviamente por deuda, "a la Mundell"–.

Acreedores ideológicos y ausencia de inversión productiva
Los datos positivos del PIB solo reflejan la enésima huida hacia adelante patria, aprovechando la propensión al riesgo de los mercados, el apoyo de ciertos "acreedores ideológicos" y las ayudas del Banco Central Europeo –ese mismo que en la crisis griega demostró su falta de independencia–. Todo es fachada, todo está cogido con alfileres, empiezan a florecer artículos que dudan sobre los datos de España. Lo único que debe quedar claro es que solo hay un crecimiento económico financiado con más deuda total y externa, pero que no se canaliza hacia nuevas inversiones productivas que nos permitan garantizar un mayor crecimiento nominal futuro, y de esta manera repagar la deuda sin problemas.

Todo el capital foráneo que llega a nuestro país se dirige a financiar al Tesoro y a ciertas emisiones de deuda corporativa. Una gran parte es "ideológico", de defensa de la superclase global -ya hablaremos de ello en su momento, cuando toque-. Pero con ese dinero ni el gobierno ni las empresas están modernizando el aparato productivo, basta ver la evolución de disponibilidades de bienes de equipo. Simplemente financian consumo, así como el pago de dividendos, remuneraciones de ejecutivos y recompra de acciones. Si aumenta la aversión al riesgo, en un contexto donde no está garantizado un crecimiento nominal sostenible en el tiempo, España entraría en un círculo vicioso: crisis de deuda soberana, crisis bancaria, crisis de deuda externa, crisis de Seguridad Social, y reactivación de la recesión de balances privados. Lo de Grecia será un juego de niños. En definitiva, ¡nos toman el pelo!

Tres formas de abusar en Andalucía
Javier Caraballo El Confidencial 30 Agosto  2015

Transparencia y austeridad. No hay discurso publico en España, sobre todo tras la severa crisis del bipartidismo, que no incluya esas dos palabras. Deben pensar los asesores, los hacedores de discursos, que la pócima no es efectiva si en la marmita no se introducen esos dos términos, junto a las descalificaciones del adversario político, que se jalean, junto a las promesas de infraestructuras del momento, que son obligadas, y junto algún golpe de pecho enfático, del tipo de “tolerancia cero” contra la corrupción.

En medio de ese brebaje, tolerancia y austeridad se han convertido en referencias obligadas porque se incluyen en los discurso como un compromiso más del ejercicio del cargo público. Acaso el más grave. Todo esto deriva, a ver, de la severa crítica que el personal realizó en forma de rechazo contra la clase política por sus privilegios, que son antiguos, pero que durante la crisis económica se reflejaban en la cara angustiada del personal como insultos descarados, desafiantes.

Desde entonces se promete austeridad y transparencia, pero cualquier repaso de las administraciones demuestra que nada de eso es real. Andalucía, por ejemplo, una de las comunidades en la que con más énfasis se promete austeridad por el pasado de corrupción y despilfarro que se arrastra con los ERE y todos los escándalos que le sucedieron. La austeridad y la transparencia no existen; no existen al menos a la altura de las exigencias ciudadanas o de las mismas proclamas políticas. Estas son sólo tres formas de abuso. O de despilfarro, como gusten.

Las cesantías ‘democráticas’
La Junta de Andalucía, que tantas veces se reclama como ‘pionera’ en las política más diversas, desde la bioética hasta las relaciones internacionales, también fue pionera en 2005 en un paquete de medidas que denominó de “impulso democrático”. Lo que no se podía sospechar es que en el ‘impulso democrático’ se incluyó una indemnización a los diputados y altos cargos una vez que cesaran en su puesto. Lo inició la Junta de Andalucía y luego lo imitaron las demás administraciones del Estado, porque en los parlamentos la única discrepancia que no existe es la de las retribuciones. Este año, como la presidenta Susana Díaz decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones, las cesantías se han anticipado. De modo que con cargo al presupuesto este año se han pagado casi 600.000 euros a una treintena de altos cargos por el hecho de dejar de serlo.

El ‘espíritu democrático’ justifica las cesantías con el argumento de que, de esta forma, el alto cargo no se ve obligado a regresar inmediatamente a su antiguo puesto de trabajo e incurrir en alguna incompatilidad. De acuerdo en eso, pero ¿qué pasa cuando no existe incompatibilidad posible bien por la naturaleza del cargo anterior del responsable político o, sencillamente, porque carecía de ocupación anterior? Diego Valderas, por ejemplo, que fue vicepresidente andaluz por la cuota de Izquierda Unida. Va a cobrar más de cien mil euros, a razón 4.186,70 euros al mes, en concepto de cesantías. ¿Dónde está la incompatibilidad de Valderas si era butanero cuando se inició en política, en 1979, y la abandona ahora, a punto de alcanzar la jubilación con 62 años? Como Valderas, que sólo es el ejemplo más reciente, muchos otros. Hasta el afamado director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el principal imputado de los ERE, cobró cesantía cuando salió del Gobierno andaluz. ¿Impulso democrático? ¿Incompatibilidades? Por favor…

El despilfarro de Canal Sur
Nadie, ningún partido político cuestiona una profunda reforma de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a pesar de que, su sola existencia, supone un agravio objetivo en época de crisis y de recortes para cientos o miles de empresas que han tenido que cerrar sus puertas, entre ellas muchas de medios de comunicación. Sólo entre 2007 y 2014, los años de la crisis, la RTVA ha recibido de los presupuestos públicos de la Junta de Andalucía 1.250 millones de euros, a pesar de lo cual acumuló una deuda de 147 millones de euros.

De forma general, Canal Sur, con una plantilla de 1.467 trabajadores y una cuota de pantalla de 8%, acumula pérdidas diarias de 61.692 euros. En este 2015, la RTVA ha recibido de la Junta de Andalucía 164 millones de euros. Y todo ello, encabezado por una superestructura directiva y política, blindada de los recortes, aunque mínimos, que se imponen en la plantilla. Son intocables los directivos de la cadena y son intocables los cargos políticos del consejo de administración, que siguen cobrando salarios y dietas por encima de toda lógica y razón. El 42% de los andaluces declara no ver nunca Canal Sur, según el Barómetro que elabora otro organismo, el Consejo Audiovisual de Andalucía que es, en sí mismo, otro despilfarro más.

Las dietas de vacaciones de los diputados
Otra legislación ‘pionera’ de la política andaluza: las incompatibilidades de los cargos públicos. La legislación más restrictiva de España, y acaso del mundo civilizado, está en la Junta de Andalucía. Por prohibir, se prohibió incluso que un alcalde pudiera ser diputado en la Cámara andaluza con la excusa de la no acumulación de cargos, aunque en realidad aquella medida la impulsó la mayoría socialista para lastrar el grupo parlamentario del PP que, en la anterior legislatura, estaba plagado de alcaldes.

Por eso se prohibió el doblete a los alcaldes, pero no a los concejales. En ese mismo paquete, se aprobó también que los diputados no pudieran cobrar dietas de otros organismos públicos. Un diputado andaluz cobra 3.020 euros brutos mensuales, más un complemento de dietas semanales que oscila entre los 200 y los 500 euros. Por pertenencia a comisiones y órganos parlamentarios, también se suman más retribuciones. ¿Dónde está la trampa? Lo avanzó hace unas semanas El Confidencial, aunque las incompatibilidades son estrictas, el 21 de julio pasado se aprobó un dictamen para que los concejales puedan cobrar también dietas en sus ayuntamientos. Claro que lo más llamativo ha sido lo ocurrido en agosto, un mes declarado inhábil a efectos parlamentarios, sin actividad alguna, en el que los 109 diputados han cobrado su sueldo y las dietas semanales por asistencia. Dirán que no es importante, “el chocolate del loro”, pero también eso se concreta: sólo en dietas de parlamentarios andaluces un millón y medio de euros al año.

Las auditorías de infarto y la insensatez de Ciudadanos
Carlos Sánchez El Confidencial 30 Agosto  2015

A los viejos partidos, dado su acostumbrado oportunismo ideológico, se les suponían altas dosis de irresponsabilidad política, pero sorprende que una formación nueva, o casi nueva, a la que se debe conceder necesariamente el beneficio de la duda, caiga en los mismos errores de insensatez y populismo.

Ciudadanos, como se sabe, ha avalado, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, la creación de sendas comisiones de investigación sobre los últimos ocho años de gestión del Partido Popular. En principio, nada que objetar. Parece evidente que es una buena práctica política que los nuevos gestores ordenen escudriñar los expedientes administrativos por si se detecta la existencia de alguna irregularidad, y, en su caso, llevarla ante el juzgado de guardia. Sobre todo, cuando el PP, en las dos últimas décadas, ha monopolizado el poder en la región y ha puesto en marcha proyectos “megalómanos”, como por fin ha reconocido Esperanza Aguirre, que han supuesto dilapidar cientos de millones de euros.

Prácticas similares se van a llevar a cabo en otros municipios y comunidades autónomas, lo cual es, igualmente, un ejercicio de transparencia loable y necesario. La debilidad de los contrapoderes ha arrasado la política española prácticamente desde la Transición, lo que ha provocado un evidente déficit democrático. Algo que explica la proliferación de casos de corrupción. En muchos casos, derivados de la existencia de lobbys repugnantes que han arruinado a la ciudadanía hasta crear ciertos espacios de impunidad que sólo por la crisis han saltado a la palestra. Es muy probable que sin recesión muchas de las tropelías cometidas nunca hubieran salido a la luz. Nada menos que unos 1.700 casos de corrupción contabilizados hasta la fecha.

Lo que sorprende, sin embargo, es que esa fiscalización de la cosa pública se presente a la opinión pública como una auditoría, cuando la ley, y hasta el sentido común, restringe el uso de ese término a instituciones -públicas o privadas- de carácter independiente. Precisamente, para salvaguardar el rigor analítico. Parece evidente que una auditoría realizada por el adversario político no cumple un mínimo de independencia. Sería lo mismo que poner a Javier Arenas a fiscalizar las cuentas de la Junta de Andalucía durante las tres décadas largas de gobierno socialista.

Pues bien, Ciudadanos ha respaldado la creación en el ayuntamiento de Madrid de una nueva subdirección general de Auditoría de Deuda y Políticas Públicas. Al frente de este departamento de pomposo nombre estará Álvaro Sánchez Martí, funcionario municipal, pero bajo la dirección política de la economista Bibiana Medialdea, dirigente de Podemos, cuya militancia es evidentemente legítima, pero que por razones obvias está incapacitada para ejercer de censora de cuentas en el sentido legal del término.

Un esperpento
El esperpento es todavía mayor si se tiene en cuenta que el responsable de Hacienda de Madrid, el concejal Carlos Sánchez, ha dicho que “va a ser una auditoría de carácter ciudadano porque se va a evaluar la labor municipal en función de su impacto sobre la gente”. Se suponía que las elecciones se convocaban, precisamente, para eso, para evaluar la gestión de los gobiernos salientes y nombrar uno nuevo, pero ahora resulta que los madrileños van a engrosar en masa el cuerpo de interventores-auditores. Como dijo Sánchez, de lo que se trata es “que sea la gente la que hable y decida si un contrato financiero es lesivo o no para los intereses municipales”. El disparate en estado puro.

El absurdo sube de tono cuando la alcaldesa Carmena ha dicho que en “uno o dos meses” estarán listas esas auditorias de infarto sobre miles de expedientes administrativos para un municipio con un presupuesto de casi 4.400 millones de euros. A las empresas del Ibex les saldría más barato contratar a los nuevos ‘auditores’ del ayuntamiento de Madrid y se ahorrarían mucho dinero en pagar los elevados emolumentos de las Big Four (Deloitte, EY, PwC y KPMG).

El caso es todavía más delirante en la Comunidad de Madrid, donde Podemos, PSOE y Ciudadanos han abierto nada menos que una 'causa general' (ellos mismos lo han calificado así) sobre los últimos ocho años de Gobierno conservador. El término 'causa general' puede parecer muy moderno, pero, como sabe la jueza Carmena, compañera de viaje de Podemos, inevitablemente retrotrae a la Inquisición.

El proceso inquisitorial en el Santo Oficio se basaba, precisamente, como explicaba a sus alumnos el profesor Tomás y Valiente, en que la actividad indagadora (la comisión de investigación) al estar dirigida por quien ha de juzgar (la mayoría parlamentaria) determina la culpabilidad o inocencia del reo (los anteriores gestores). Es decir, la imparcialidad del juez, esencial en cualquier proceso penal moderno, no existe, por lo que esa práctica ha sido eliminada del ordenamiento jurídico, toda vez que nada tiene que ver con el Derecho, sino con la venganza. En este caso, política.

Pues bien, en la Comunidad de Madrid se ha decidido abrir una ‘causa general’, vieja expresión del Santo Oficio, en la que el reo no sabe de qué se le acusa, sino que será el propio tribunal indagador-sentenciador, quien manejará a su antojo el procedimiento sin que por medio exista el principio de contradicción. En la Asamblea de Madrid esa mayoría del tribunal sentenciador está asegurada porque Ciudadanos, Podemos y PSOE han decidido que los acuerdos de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones “se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado, según el número de diputados con que cada grupo parlamentario cuente en el Pleno”. Por lo tanto, lo que se presenta como una comisión de investigación paritaria (tres miembros por partido) es únicamente un vendetta política.

El Partido Popular, en ese sentido, no hace más de que tomar su propia medicina. Allí donde ha tenido mayoría absoluta, y cuando se ha visto obligado a crear comisiones de investigación, ha hecho exactamente lo mismo, imponer el rodillo, por lo que quien a hierro mata, a hierro muere, que dice el saber popular.

El bisoño Aguado
En el caso de la Asamblea de Madrid, sin embargo, existe una particularidad. El punto 5 del acuerdo de investidura que en su día firmaron el líder de Ciudadanos, el bisoño Ignacio Aguado, y la presidente Cifuentes, obliga la realización de una auditoría “externa” de los últimos ocho años de Gobierno (¿por qué no doce o catorce?).

Parece evidente que ningún auditor externo puede hacer fiscalizaciones generales del sector público más allá de que se haga en alguna sociedad irrelevante que no forme parte de la espina dorsal de la Comunidad. Entre otras cosas, porque lo prohíben de forma taxativa las leyes.

El ordenamiento jurídico, y hasta la propia Constitución, deja bien claro que la fiscalización interna corresponde a la Intervención General del Estado, mientras que el control externo incumbe al Tribunal de Cuentas o, en su caso, a las cámaras regionales de cuentas. Pero en ningún caso a empresas privadas. Es paradójico, en este sentido, que quienes pretenden salvaguardar el patrimonio público estén dispuestos ahora a poner en manos de auditores privados información sensible, como son los contratos que firma la Administración con proveedores particulares. O, incluso, los contratos laborales de los trabajadores del sector público. Y lo que lo no es menos sorprendente. Se pretende extender la mancha de aceite de la corrupción sobre cientos de funcionarios que ha visado esos contratos mediante la apertura de una ‘causa general’.

Es evidente, sin embargo, que es un ejercicio de transparencia y de salud democrática conocer qué ha pasado en los últimos años. Pero dejando bien claro que una cosa es la censura política y otra muy distinta el análisis riguroso de las cuentas públicas.

Para lo primero, lo mejor es crear una comisión verdaderamente independiente formada por expertos (como se hace en los países anglosajones más avanzados), y que posteriormente sean los partidos políticos quienes saquen legítimamente sus conclusiones. Por supuesto, llevando a los tribunales las irregularidades que se puedan detectar. Para lo segundo, basta con reforzar los medios de las cámaras de cuentas sacando de sus entrañas todo el politiqueo y el compadreo que rezuman, y que explica que sus miembros sean a menudo parte del problema y no de la solución.

Eso es, desde luego, mejor que caer en aquello que le decía un militar a Lawrence de Arabia: “Un hombre que dice la mentira, como yo, esconde la verdad; pero un hombre, como usted, que dice medias verdades, no sabe dónde está la verdad”.

¡Es la educación, estúpidos!
DAVID JIMÉNEZ El Mundo 30 Agosto 2015

Viéndose inferior a las potencias occidentales, sin recursos naturales y estancado en su desarrollo, Japón tomó en 1872 la decisión que cambiaría su destino y con el tiempo convertiría su sociedad en la más avanzada del mundo. El Código Fundamental de Educación, aprobado ese año, fue el principio de una transformación basada en la idea de que la ciudadanía era el principal recurso de la nación y que su futuro dependería de su capacidad para prepararla mejor. El modelo ha sido seguido por otros países asiáticos, modernizados en tiempo récord gracias a apuestas similares. Singapur, que en los años 60 compartía índices de desarrollo con Kenia, tiene hoy la tercera mayor renta per cápita del mundo. Taiwán, Corea del Sur y China se han sumado al club de naciones punteras que invirtieron en educación y han visto cómo sus sociedades eran transformadas en apenas una generación.

Por supuesto, también se puede hacer lo contrario: dar la espalda a la educación, limitar las posibilidades de quienes deberán sacar tu país adelante y emprender un viaje seguro hacia la decadencia. Es la opción elegida por España.

Los escolares españoles comenzarán en pocos días un nuevo curso con una ley educativa recién aprobada -la séptima en tres décadas- que los gobiernos autonómicos han decidido aplicar a su antojo y que de todas formas tiene fecha de caducidad, porque todo el mundo sabe que la oposición la derogará el día que llegue al poder.

Arranca así otro año con los profesores de colegios, institutos y universidades desmoralizados. Escuelas donde la autoridad ha sido invertida en favor de los alumnos. Modelos de enseñanza anticuados. Y una cultura educativa que arrincona la excelencia y promueve la mediocridad, que inevitablemente se extiende después a la empresa o la política. Un estudiante japonés de secundaria tiene hoy los mismos conocimientos que un graduado de universidad español, según la OCDE. No tenemos una universidad entre las 100 mejores del mundo. En matemáticas, ciencias o comprensión lectora, nuestros alumnos están lejos de los países con los que deberán competir en un mundo globalizado. España es líder en la Unión Europea en fracaso escolar, con una tasa del 21,9% que dobla la media comunitaria.

Todos los defectos de ese bipartidismo que tantos dan prematuramente por muerto, su falta de sentido de Estado y la nula visión ante cualquier asunto que no proporcione beneficios electorales, han quedado plasmados en tres décadas de negligencia educativa, agravada por los daños adicionales ocasionados por las comunidades autónomas. Los socialistas tienen mucho más ante lo que responder porque, como recordaba Vicente Lozano en una reciente columna en este diario, los estudiantes españoles han vivido bajo sus leyes educativas 28 de los últimos 30 años. Pero los populares han tenido la oportunidad de corregir la situación y han optado por lo contrario.

En un momento de crisis que nunca fue sólo económica, cuando más falta hacía tomar el camino japonés y poner en marcha nuestro Código Fundamental de Educación, ese gran plan sin intereses partidistas ni sectarismos, nuestros líderes han vuelto a fallar a las nuevas generaciones.

El Gobierno recortó las partidas de educación al poco de llegar al poder, impuso a las escuelas una mayor concentración de alumnos por clase -ahora dice que permitirá este año volver a los ratios de 2012-, forzó el despido de miles de profesores y dejó a niños sin libros de texto, porque sus familias no podían pagarlos. Las becas se redujeron. Y, finalmente, se optó por aprobar sin consenso una ley que ya está siendo desmontada y que siempre tuvo entre sus objetivos contentar a la parroquia propia.

El ministro que con tanta determinación ha fracasado en poner las bases de un nuevo modelo educativo, José Ignacio Wert, ha sido premiado con un destino dorado en París, junto a su pareja. Es su mensaje final a los estudiantes: para qué hacer méritos, si al final tu futuro va a depender del favorcillo del padrino de turno. ¿Puede haber prueba más contundente de la necesidad de un plan de rescate de la educación que la incompetencia de dirigentes que no pueden siquiera llegar a un consenso sobre las normas de convivencia, ciudadanía y moral que deben enseñarse en las escuelas?

Kido Takayoshi, el ministro de educación del emperador japonés Mutsuhito y uno de los impulsores de la reforma educativa japonesa del siglo XIX, explicó la necesidad de su plan asegurando que sus ciudadanos no eran inferiores a los americanos o los europeos, salvo en que no disponían de la misma determinación para educar a su población. Tampoco un estudiante español es más torpe que un japonés: simplemente tiene la inmensa desventaja de que su educación académica está en manos de políticos incapaces de entender que es en las escuelas donde empieza a transformarse un país. Parafraseando a Bill Clinton y su lema sobre la economía, «¡es la educación, estúpidos!».

@DavidJimenezTW

¿El castellano será oficial?
Carles Enric LópezCronica Global  30 Agosto  2015

Uno de los aforismos más recordados del filósofo Heráclito fue: "Este mundo --el mismo para todos-- no lo hizo ningún Dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que según medida se enciende y según medida apaga". Suponemos que en el imaginario catalán Heráclito debió nacer en Vic o en Manresa, pero ciertamente la ciudad de Éfeso estaba un poco más lejos.

Si la cuestión de la oficialidad o no del castellano en una Cataluña independiente aún no la tienen clara --o, perdón por la vulgaridad, no tienen los huevos de decirlo claramente por miedo a perder votos--, qué esperamos del resto

Decíamos Vic o Manresa porque lo del fuego eterno del griego sí que ha llegado aquí. Una llama en forma de idioma, el castellano. Ya ven, "según medida se enciende y según medida se apaga". Raül Romeva, siguiendo a otro clásico, debe multiplicar los panes y los peces del independentismo. Y sabe que debe descabalgar a los más radicales de su discurso. Mientras Romeva dice que enciende el castellano en Cataluña ("será oficial"), su número tres, la ultra radical Casals, dice lo contrario ("solo lo será el catalán").

Obviamente, no es una cuestión baladí. Pero tristemente sí que es un nuevo tema clave escondido en la mentira. Una mentira prostituida por los silencios del independentismo más cavernícola. Todo a un mes de las elecciones. Ellos todavía no han sido capaces de dar una respuesta unitaria pública. Lo que dice muy poco de esa lista. Si eso aún no lo tienen claro --o, perdón por la vulgaridad, no tienen los huevos de decirlo claramente por miedo a perder votos--, qué esperamos del resto. ¿Funcionan por ideas, o funcionan mintiendo a sabiendas para engañar a la gente?

Recordemos, falta un solo mes para el día de las elecciones. Aún muchos temas claves se encienden según medida. Aún no sabemos nada del idioma, nada de la nacionalidad, nada de tantas cosas, que todo se convierte en una improvisación total. En un caótico festival del humor, si no fuera por lo que nos jugamos. Piden confianza, piden dogma y fe, pero ofrecen silencios. Silencios que alguien como Heredoto sabía gestionar. Quizás la familia de la lista cree que este mundo es distinto por ser catalán y por eso les da igual informar o no informar. Dar datos o dar respuestas. Como son diferentes, sólo quieren apagar y encender su fuego, no según medida, sino simplemente según le pida su familia. Y con las cosas de familia esos no juegan.


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La corrupción de Convergencia, las tensiones políticas las mentiras económicas abren la campaña catalana
Pablo Sebastián Republica 30 Agosto  2015

El resultado de las elecciones catalanas del 27-S no permitirá, ni por asomo, la independencia de Cataluña al margen de la legalidad. Pero si un grave deterioro de su vida política, económica y social camino de un Parlamento catalán fraccionado y casi imposible de gobernar, donde la izquierda populista- como ya ocurre en el ayuntamiento de Barcelona- intentará hacerse con el poder catalán si se confirmara el fracaso de la intentona secesionista que en nombre de la burguesía ‘sentimental’ y nacionalista catalana lideran Convergencia y Artur Mas y sus aliados de la izquierda radical de ERC y Oriol Junqueras.

La campaña electoral de las elecciones ‘plebiscitarias’ y autonómicas del 27 de septiembre en Cataluña ya está en marcha en medio de una nueva escalada de tensiones políticas, agitadas por los escándalos de la corrupción que implican a Convergencia Democrática (CD) y a su líder Artur Mas, y que contaminan la candidatura secesionista de ‘Juntos por el sí’ participada por Oriol Junqueras con ERC y un grupo de candidatos independientes y organizaciones secesionistas.

Corrupción que, unida a las flagrantes mentiras sobre la pretendida independencia de Cataluña y el derecho de autodeterminación y a las falsas ventajas económicas y fiscales de una Cataluña independiente (léase el demoledor libro de Josep Borrell ‘Cuentas y cuentos de las independencia), garantizan una campaña electoral de máxima tensión política que abundará en la fractura política y social de los ciudadanos catalanes y entre Cataluña y el resto de España.

Una campaña donde no solo van a actuar, como ocurrió hasta ahora, los políticos catalanes y medios de comunicación de esa Comunidad, mayoritariamente controlados por el nacionalismo secesionista, sino que en ella se van a volcar todos los dirigentes políticos españoles y medios de comunicación nacionales –públicos y privados- para una obligada clarificación del burdo y falsario proceso secesionista.

Y falta por ver si en todo ello también se implican –como ocurrió en el referéndum de Escocia- las grandes empresas y entidades financieras catalanas y españolas a fin de dejar clara la inviabilidad económica de la independencia, además de imposible desde el punto de vista legal y constitucional.

Hoy mismo, en el diario El País el ex presidente del Gobierno, Felipe González, hace un llamamiento y advertencias a los catalanes -que debió de haber hecho González hace tiempo al PSC de Maragall, Montilla y a Zapatero-, donde dice que nunca habrá negociación con quien rompe la legalidad. Y se espera que, también hoy, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy hable de la campaña en su intervención de apertura del curso político que se producirá en Pontevedra. De igual manera se espera que desde los partidos emergentes de Podemos y Ciudadanos se lidere otro tipo de protagonismo en la campaña catalana, al que se sumará Unió, el partido escindido de CiU que lidera Duran i Lleida.

Sin duda las investigaciones de un juez catalán sobre el cobro en serie de comisiones de corrupción de la empresa Teyco, en el beneficio de Convergencia Democrática, y que no cesan de arrojar indicios sobre la verdadera implicación del partido que lidera Artur Mas ha estallado en el corazón de la campaña. Y amenaza la credibilidad y la estabilidad de la candidatura de ‘Juntos por el sí’, desde donde Junqueras pide a Mas ‘hechos’ que lo alejen de la sospecha y de la corrupción, lo que no será fácil que ocurra porque la responsabilidad política de Mas en este caso y en otros muchos de la corrupción de Convergencia está probada y ya veremos si no acaba convertida en responsabilidad penal.

La respuesta de los independentistas, especialmente de Mas, de decir que ‘el Estado hace guerra sucia en la campaña electoral’, es decir la vuelta al victimismo y al discurso de las ‘agresiones de España’, no es suficiente para convencer a la sociedad catalana, que viene de conocer con estupor el reguero de corrupciones de la familia Puyol, liderada por el líder y fundador de Convergencia, Jordi Puyol, y cuando este partido tiene embargada sus sedes por los escándalos del Palau de la Música de Barcelona. Lo que podría facilitar un pancarta en la Diada del próximo día 11 de ‘Convergencia y los Puyol nos roban’.

Si a todo ello unimos el tobogán de malas noticias económicas que llegan a España de Grecia, China y Brasil y que afectan a los mercados internacionales, incluido el español, veremos que los riesgos que hoy planean sobre el presente y futuro político de Cataluña (y de España) son importantes.

Sobre todo si se añade el riego mayor de la inestabilidad política ante el deterioro del bipartidismo en España y el auge de movimientos populistas –como los que ahora gobiernan las primeras alcaldías del país-, y especialmente ante la fragmentación política catalana que se anuncia para el día después del 27-S, un Parlamento catalán muy difícil o imposible de gobernar, con hasta ocho fuerzas políticas allí presentes (CD, ERC, PSC, PP, Ciudadanos, Podemos, Unió, CUP). Lo que hará muy difícil la formación de un Gobierno que, en principio, podría estar entre los independentistas y la izquierda populista y radical, salvo que el españolismo –PP, Ciudadanos, PSC y Unió- consiguiera un resultado sorprendente que les permita gobernar.

Un panorama bien oscuro para Cataluña provocado por Artur Mas que, en el caso de facilitar un gobierno independentista y de cumplir Mas su promesa de declarar la independencia de Cataluña en el Parlamento con la sola mayoría de los diputados secesionistas, obligaría al Estado español a suspender la autonomía y varias instituciones de Cataluña, lo que tendría también repercusión en la situación política, económica y social de Cataluña, y en el conjunto de España.

Y es, en medio de este preocupante panorama político, cuando se abre la campaña electoral de los comicios del 27-S que, además del riesgo que incluyen, también podrían provocar un fracaso fulminante y por muchos años del independentismo catalán, como consecuencias del ‘seny’ –sentido común- y realismo de las clases medias catalanas que esperamos que no se suban al carro de la locura independentista con la que muchos de los dirigentes y fundadores de Convergencia esperan eludir y tapar –con la vadera estelada- sus enormes responsabilidades en la corrupción, el abuso de poder y el incumplimiento de la legalidad.

ERC, cómplice en la corrupción
Editorial La Razon 30 Agosto  2015

No deberían sobreactuar su indignación con Artur Mas los dirigentes críticos de ERC tras la última operación judicial sobre la presunta corrupción que afecta a Convergencia. Ni se trata de una investigación nueva, surgida por sorpresa, ni se pueden llamar a engaño los mismos que se han pasado décadas denunciando el clientelismo político de la derecha nacionalista catalana. Más aún si cabe, cuando todas las sospechas tomaron cuerpo con el llamado «caso Palau» y, fundamentalmente, con la paladina confesión del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de que durante décadas había mantenido oculto parte de su patrimonio en paraísos fiscales. No. Los registros efectuados por la Guardia Civil el pasado viernes en las sedes de CDC y en ayuntamientos históricamente dominados por los convergentes son sólo una parte de la más amplia investigación sobre la corrupción y la financiación ilegal que afecta al partido que hoy dirige Artur Mas y que llevan a cabo desde hace tiempo diversos juzgados de Cataluña y de la Audiencia Nacional. Baste con recordar que a CDC le embargaron su sede por orden de un juez hace más de tres años.

Todo esto era sabido cuando Oriol Junqueras accedió a participar en el engendro político de Juntos por el Sí y ni Joan Tardá ni Marta Rovira ni Alfred Bosch –por citar a tres de los dirigentes de Esquerra que más indignados se muestran con Oriol Junqueras, como hoy revela LA RAZÓN– se opusieron públicamente y con firmeza a diluir sus siglas, su ideología y sus convicciones en una lista impulsada por Artur Mas. Un acto que, además, sustraía al conjunto de la ciudadanía catalana uno de los instrumentos principales del ejercicio político en democracia, como es la dicotomía entre un partido de gobierno obligado a rendir cuentas de sus actos ante las urnas y una oposición impelida, al menos, a presentar una alternativa de gestión. Muy al contrario, abducidos por el señuelo independentista tendido por el presidente de la Generalitat, los dirigentes de ERC se han convertido en la muleta del Gobierno convergente catalán, han respaldado sus políticas y, sobre todo, han renunciado a ejercer la función que les habían encomendado sus electores. Y ahora, encima, se encuentran con que pueden acabar de comparsas de CDC para tapar sus vergüenzas bajo las quejas victimistas a las que nos tiene acostumbrado el nacionalismo. Ya no basta con fingir indignación y reclamar transparencias que nadie espera ni cree. Si ERC no quiere que se la vincule con las tramas de corrupción que investiga la Justicia, no tiene otra salida que romper con una lista unitaria que sólo es un instrumento de Artur Mas y CDC para capear el temporal y ganar tiempo. Luego, cuando las urnas hablen, no habrá lugar para excusas.

Dime con quien andas....
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Agosto  2015

Creo que el refranero español, ese del saber popular al estilo “Sancho Panza”, tiene un amplio repertorio para definir el concepto de que si dos cabalgan juntos es porque comparten el mismo destino. La lista unitaria del secesionismo catalán, sin cabeza visible pero con un conocido y camuflado y entusiasta impulsor, se está viendo afectada y puesta en entredicho por la siempre molesta actuación de la Fiscalía y de la investigación judicial que sigue empeñada en destapar la corrupción que durante décadas ha asolado Cataluña, eso sí con la actitud tancredista del Gobierno de España de turno. Y todo ello hasta que la amenaza del secesionismo ha aparecido de forma más real y cercana con un Artur Mas desbocado y dispuesto a pasar a la Historia de su alienación onírica de la independencia de Cataluña.

Dicen que tirando del hilo se llega al ovillo, o sea que en cualquier acto delictivo lo normal es que queden flecos sueltos que conduzcan a su esclarecimiento. Lo malo es que en una sociedad acostumbrada a “pasar por caja” como forma de contribuir supuestamente al famoso objetivo de la “Construcción nacional por la independencia”, se ha impuesto la conocida ley de la “omertá” o del silencio, no el administrativo precisamente. Así que asuntos como la inexplicable y nada creíble fortuna del Clan Pujol quedan tamizados y blanqueados por un Parlamento de mayoría nacionalista, secesionista, en el que el cuestionado se atrevió a afear la conducta de los parlamentarios por siquiera dudar de su patriotismo y de sus explicaciones.

No hace falta recordar aquél célebre y vergonzoso espectáculo de un tolerante PSC, con un Pascual Maragall que en una de sus trifulcas habituales parlamentarias se atrevió a decir lo de “ Ustedes los de CiU tienen un problema y se llama 3%”, en clara referencia al tema por todos conocido de la supuesta tarifa mínima de peaje por obra pública realizada, a lo que el representante de la entonces muy unida CiU, el ínclito Artur Mas le respondió, “entonces no habrá Estatuto” refiriéndose al engendro inconstitucional que posteriormente aprobaron Sus Señorías del Parlament y que el PP no tuvo otro remedio que denunciar al Tribunal Constitucional. En ese momento el PSC y CiU cabalgaban “junts per l’Estatut”.

Los tiempos son ahora diferentes. El PSC se ha convertido en algo irreconocible y se asemeja más a un apéndice del independentismo y su influencia es casi nula en la sociedada catalana. Su intento de nadar y salvar la ropa no convence a nadie y su actual líder Miguel Iceta no tiene ni de lejos el carisma de aquél Pascual Maragall pletórico al que Zapatero llegó a prometer en campaña que aprobaría todo lo que viniera de Cataluña, lo que meses después tuvo que rectificar ante la obviedad de la deriva de un texto inasumible que concedía de facto una pseudo independencia de España en unas relaciones en plan de igualdad. Tampoco CiU es lo que era, pues tras la deriva secesionista irracional y suicida de CDC con Artur Mas envalentonado, ha visto romperse su alianza y ya no cabalgan juntos.

Y ahora viene la prueba de fuego tras la aceleración sorpresa, que algunos califican de intencionada, del celo de la Fiscalía en su afán por destapar todo el entramado de corrupción del famoso 3%. ERC, principal socio e implacable marcador de cerca de Artur Mas y su Hoja de ruta, ve cómo este asunto puede salpicar de forma sustancial y negativa una campaña electoral donde los cimientos de la supuesta nueva nación se sustenten sobre la duda de una corrupción en la que ERC se siente ajena y de la que obviamente no obtuvo ningún beneficio. No es muy inteligente el que la opinión pública, tras el espectáculo del Parlamento con Jordi Pujol, equipare a unos con otros por aquello de que cabalgan juntos.

Será por eso por lo que Oriol Junqueras parece pedir en bambalinas aclaraciones y actuaciones claras a Artur Mas que no dejen lugar a dudas de su compromiso en la lucha contra la corrupción. Igual es que se esté planteando el que lo mejor en estos momentos es cabalgar sin esta poco confiable compañía. Y la verdad es que no le necesitan para nada.

Sea un buen patriota: no se meta en política (sobre la gran coalición catalana)
Manuel Cruz El Confidencial 30 Agosto  2015

Cuando, hace algunos meses, Felipe González declaró no ver con malos ojos la posibilidad de una gran coalición PP-PSOE en el caso de que en el país se produjeran unas circunstancias extremas, no faltaron voces autorizadas que pusieron el grito en el cielo. El argumento fundamental del escandalizado rechazo era que la mencionada coalición significaba el fin de la alternancia y, en consecuencia, el ocaso del debate político.

El argumento resultaba ciertamente atendible, pero no deja de ser curioso constatar que algunas de las mencionadas voces críticas tenían timbre catalán, y por añadidura llevaban tiempo manifestando sus simpatías hacia el procés que está teniendo lugar por estas latitudes. Me atrevo a calificar de curiosa la constatación porque esas mismas voces en todo momento habían guardado un respetuoso silencio ante la versión soberanista de la gran coalición. ¿O acaso merece ser considerado de otra manera lo que ha ocurrido a lo largo de la presente legislatura en Cataluña, donde el partido del gobierno (CiU) hizo suyo la práctica totalidad del programa electoral del primer partido de la oposición, ERC, y éste, en justa correspondencia, se convirtió en su permanente respaldo parlamentario (sin que su líder, Oriol Junqueras, perdiera el estatuto formal de líder de la oposición), esto es, en un fiel aliado que formó frente común con el gobierno frente a los ataques del resto de partidos opositores?

Por supuesto que el argumento con el que se pretendió justificar esta peculiar alianza fue el de la trascendencia del momento histórico que estamos viviendo. Nada nuevo, tampoco en esta ocasión. A fin de cuentas, es el mismo argumento que en todas partes utilizan quienes acuerdan tal tipo de coalición. Pero probablemente enredarse a discutirlo nos apartaría de lo esencial, que son los daños políticos que un acuerdo así comporta (sean cuales sean las razones que intenten justificarlo). Y si empezábamos señalando que, según sus críticos, el perjuicio colectivo causado puede resumirse en que queda consagrada la ausencia de política, entonces parece obligado preguntarse: ¿es esto lo que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos?

La respuesta solo puede ser afirmativa, y bastará con constatar lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas para confirmarlo. La mera existencia de la lista Junts pel Sí promovida por Artur Mas, en la que éste ha conseguido agrupar, además de a lo que queda de su propio partido y a ERC, a las asociaciones soberanistas (ANC, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència) y a un número indeterminado de personalidades sin adscripción política precisa, aboca a una situación sobre la que vale la pena reflexionar aunque sea brevemente.

Pensemos, en primer lugar, en el previsible escenario de la próxima campaña electoral. ¿En qué va a quedar la ineludible rendición de cuentas a la que vienen obligados en democracia los gobiernos en el crucial momento de las elecciones? ¿Alguien imagina a Raúl Romeva, que tan crítico se manifestó con los recortes llevados a cabo por el govern de la Generalitat en la presente legislatura, saliendo en defensa de los mismos? Obviamente no, porque ni él, ni las dos personas que le suceden en la lista (Carme Forcadell y Muriel Casal) han sido colocadas ahí por Mas y Junqueras para eso, sino para encabezar un presunto proyecto de futuro. Ahora bien, en esa tesitura, ¿quién responde ante la ciudadanía por lo realizado en estos tres últimos años?

Pero aceptemos, todo lo provisionalmente que haga falta, que, en efecto, la situación actual en Cataluña es tan excepcional desde el punto de vista histórico que ha de ser valorada con unos parámetros diferentes, esto es, los de la nueva etapa de plenitud nacional que se pretende alcanzar. Situados ahí, ¿es el caso que se esté informando a la ciudadanía catalana de los planes que los políticos soberanistas tienen, no ya para un futuro lejano, sino para el día después de las elecciones? Sobre el papel está clara su hoja de ruta para el supuesto de que obtengan la mayoría a la que aspiran (aunque hayan tenido sus problemas para determinar quién tomaría el mando durante la travesía, como acredita la pintoresca secuencia de declaraciones y rectificaciones que ha tenido lugar en las últimas semanas por parte de Romeva respecto al papel de Artur Mas en caso de victoria: que si no está escrito en ningún lado que éste tenga que ser el president del nuevo govern de la Generalitat, que si el acuerdo entre CDC y ERC fija que lo será, que si, en efecto, lo será pero por un período transitorio...). Ahora bien, nada se nos ha dicho respecto a una posibilidad que no parece en absoluto inverosímil, a saber, que siendo la lista del Junts pel Sí la ganadora, no obtenga el respaldo suficiente como para materializar su proyecto independentista.

¿Qué harán si se produce tal circunstancia? ¿Renunciarán a gobernar? Si no renuncian y asumen la tarea de formar gobierno, como parece razonable, ¿cuáles serán las políticas que llevarán adelante? No parece una pregunta fácil de responder, a la vista de la composición de la mencionada lista. Una composición no sólo heterogénea sino, en algunos aspectos, representativa de intereses sociales y económicos abiertamente contradictorios (apenas puestos en sordina para la ocasión), que no permite vislumbrar, hojas de ruta hacia la independencia aparte, en qué podrían ir de acuerdo.

Pero la otra opción, ciertamente extraña desde una perspectiva democrática, la de que la lista ganadora renunciara a gobernar (o que, al quedar en minoría, se produjera un acuerdo entre otras fuerzas que sí sumaran la mayoría necesaria para formar gobierno) dejaría abiertos prácticamente el mismo orden de problemas: ¿desde qué perspectiva se podrían plantear las tareas de oposición las personas que hubieran sido elegidas? ¿Quién iba a ser el líder del correspondiente grupo parlamentario? ¿El número uno de la lista, hasta ayer mismo, como aquel que dice, miembro de ICV? ¿El número cuatro, presidente de CDC y neoliberal entusiasta? ¿Cabe pensar que se opongan a lo mismo un bussines friendly que un admirador de Varoufakis?

Por desgracia para la normalidad democrática, lo más probable es que en un escenario así los muñidores de la lista del Junts pel Sí renunciaran a gobernar pero no al poder, y nos vieramos abocados en un lapso muy breve de tiempo a unas nuevas elecciones (de hecho, el pasado 12 de agosto, en un artículo publicado en El Punt Avui, Oriol Junqueras ya dejaba el aviso de que la lista en cuestión: "No tiene otra razón de ser que la voluntad inequívoca de llevar a cabo la independencia". Habríamos transitado de esta manera de un escenario de gran coalición difusamente germánico, a una situación política que algunos gustan de denominar italiana. Pero, sea cual sea el nombre elegido para definirla, lo que parece claro es que la política propiamente dicha -esto es, el debate sobre las propuestas de diferente signo que se le ofrecen a los ciudadanos como respuesta a sus problemas de todo tipo- se ha ido volatilizando en Cataluña en estos últimos tiempos. Aquellas voces críticas respecto a la idea de gran coalición a las que me refería al principio del presente papel acertaban en el reproche pero erraban por completo en el destinatario. También esto es curioso, con lo cerca que lo tenían.

Educación manda a quienes piden castellano al colegio de Artur Mas
esther armora / barcelona ABC 30 Agosto  2015

La elitista escuela Aula escolariza alumnos que reclaman enseñanza bilingüe en Cataluña
Educación manda a quienes piden castellano al colegio de Artur Mas

La escuela de éliteAula de Barcelona, que ha formado a los prohombres de la burguesía catalana, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, escolarizará a algunos de los alumnos a los que el Ministerio de Educación ha avalado para que reciban enseñanza también en castellano durante el curso 2015-2016.

Entre los centros a los que asistirán estos alumnos se encuentran, además de la escuela Aula, el Sant Peter’s School, el Europa o el Hamelin de Alella. Su coste anual oscila entre los 8.000 y los 10.000 euros y los padres denuncian que no hay centros públicos o concertados que ofrezcan esta opción en Cataluña.

Se da la circunstancia de que este colegio privado –cuya matrícula supera los 600 euros mensuales– fue también el que eligió el presidente Mas para educar a sus hijos, liberándoles así del «yugo lingüístico» que su propio gobierno impone en la escuela pública y concertada, en la que el catalán es la lengua hegemónica.

En su web oficial, la escuela Aula, fundada en 1968 por el ilustre pedagogo Pere Ribera i Ferran, destaca que «incluye el uso de las cuatro lenguas vehiculares (catalán, castellano, inglés y francés) para cursar diferentes materias. Tras la fundación de este centro de élite que pregona el plurilingüismo y la internacionalización como valuartes de su proyecto pedagógico, se encuentran nombres de grandes personajes del mundo político, económico y social de Cataluña. De hecho, sin el respaldo económico de un grupo de ilustres familias como la del fallecido Antonio Lara (director general del Grupo Planeta), el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, o la del propio padre de Artur Mas, la escuela no hubiera tenido el impulso que la ha convertido en referente. El actual presidente de la Generalitat formó parte también durante años del consejo de administración de la empresa gestora, Aula Escuela Europea S.A.

En cumplimiento del apartado 4 de la disposición adicional 38 de la Lomce, el Gobierno ha reconocido a un total de 36 alumnos el derecho a obtener este curso compensación por los gastos de escolarización en español, según Convivencia Cívica Catalana (CCC).

«No somos pocos. Yo llevé en persona 200 peticiones al Ministerio»
M. A. M. fue el primer padre que formalizó la solicitud de enseñanza bilingüe para su hijo. «La envié a la consejería catalana en julio de 2014 y todavía espero respuesta», denuncia a ABC. En septiembre de 2014 matriculó a su hijo en un centro privado bilingüe de Alella (Barcelona). «No había ninguno público ni concertado que no aplicara la inmersión», declara. En noviembre de 2014 materializó su petición en el Ministerio para que le costeasen los estudios. El pasado junio obtuvo el visto bueno. «Sentí una gran emoción porque se me reconocía un derecho legítimo», dice M. A. M. No obstante, él ya ha pagado casi 8.000 euros, de los que le devolverán 6.050. «Llevo dos años sin vacaciones», se lamenta, y desmiente que sean pocas las familias que han apelado a la Lomce. «Yo llevé en persona 200 peticiones», concluye.
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