AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 2  Septiembre 2015

Un Gobierno que no se atreve a asumir su responsabilidad
EDITORIAL Libertad Digital 2 Septiembre  2015

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no sólo tiene el deber de cumplir la ley y las sentencias, también el de hacerlas cumplir. El presidente de la Generalidad, Artur Mas, viene incumpliendo todas las resoluciones judiciales que le obligan a poner fin a la coactiva e ilegal inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña con la misma sensación de impunidad con la que desobedeció las sentencias del Tribunal Constitucional que le habían prohibido taxativamente la celebración de una consulta secesionista el 9 de noviembre del pasado año. El sedicioso mandatario regional ya ha anunciado su intención de hacer una no menos ilegal declaración unilateral de independencia en el caso de ganar las elecciones autonómicas del próximo día 27.

Ante estos hechos, el Gobierno podría hacer cumplir la ley y las sentencias instando el procesamiento de los gobernantes autonómicos catalanes por los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones e incluso malversación de caudales públicos. Esto es, de hecho, lo que se atrevió a hacer el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al presentar una querella contra Artur Mas y otros miembros del Gobierno secesionista catalán por la consulta del 9-N.

No es menos cierto que Torres Dulce dimitió poco después de presentar esa querella, que viene acumulando tanto polvo como las desobedecidas sentencias de los más altos tribunales contrarias a la inmersión lingüística.

Por otra parte, si el Gobierno de Rajoy no quiere ver a los gobernantes nacionalistas sometidos al mismo Código Penal que rige para el resto de los españoles podría, al menos, intervenir directamente la Administración regional catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución. En este caso, se trata de una decisión estrictamente política que, si bien en sí misma no supondría para los gobernantes secesionistas ninguna consecuencia penal, al menos sí les apartaría de las responsabilidades de gobierno y del acceso a los caudales públicos con los que están financiando su ilegal y carísimo proceso de construcción nacional.

Por cosas mucho menos graves, como el incumplimiento de los topes de déficit, Montoro aseguró a comienzos de la legislatura que al Gobierno no le temblaría el pulso a la hora de intervenir una comunidad autónoma, cosa que, además de la Constitución, contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Es evidente que a Rajoy le tiembla el pulso tanto para suspender la autonomía de Cataluña como para instar el procesamiento de sus gobernantes regionales, por graves que sean los delitos en que hayan podido incurrir. Y para ocultar ese temblor no se le ha ocurrido otra cosa que tratar de pasarle la papeleta al Tribunal Constitucional. No otra cosa significa el anuncio de un rocambolesco cambio legislativo por el que no sería responsabilidad de su Ejecutivo el cumplimiento de las sentencias, sino del propio TC, que pasaría a tener facultades para poner multas y "acordar la suspensión de autoridades o empleados públicos".

Con este cambio legislativo, el Poder Ejecutivo traslada al Judicial la obligación de garantizar que las sentencias no queden en papel mojado. Para colmo, este cambio legislativo lo ha anunciado el candidato del PP catalán, Xabier García Albiol, con lo que se ha dado la impresión de que se trata de una ley electoralista y ad hoc.

Para acabar con la impunidad de los gobernantes nacionalistas no hay que hacer una ley específica para ellos, sino aplicarles la que ya impera para el resto de los españoles. Y es que de nada servirá ningún cambio legislativo si el Gobierno de la nación sigue situando a Artur Mas por encima de la ley.

La solución al separatismo no está en el Tribunal Constitucional
 Gaceta.es 2 Septiembre  2015

El Gobierno despide el curso político con una idea sorprendente: reformar la ley del Tribunal Constitucional para que éste pueda sancionar a los gobernantes o funcionarios que no cumplan las sentencias del propio tribunal. El problema existe, pero es dudoso que esta sea la mejor solución. Ante un cáncer de garganta, el Gobierno receta lecciones de canto. Cualquier cosa menos actuar como un verdadero poder ejecutivo.

Es una evidencia que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen un valor limitadísimo. El propio Gobierno de la nación, tanto hoy como ayer, ha incumplido diversas disposiciones del TC, generalmente en materia de transferencia de competencias. Mucho más escandalosos son los incumplimientos que conciernen a derechos y libertades fundamentales, y ahí la palma se la llevan ciertos gobiernos autonómicos, y en particular el catalán. Es precisamente la deriva separatista del nacionalismo catalán lo que ha movido al Gobierno Rajoy a recurrir a esta reforma del Tribunal Constitucional. Oportuna, sí. Oportunista, también. Pero, sobre todo, muy elocuente acerca de la incapacidad del PP para entender el sentido de la palabra “política”.

El ciudadano de a pie asiste al espectáculo y no sale de su asombro. ¿Quiere decirse que en nuestro ordenamiento jurídico y político no existían ya medios legales para imponer el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional? Un Estado de Derecho sólo es tal si se cumplen las leyes. Si no, es un parodia. Un Estado constitucional sólo es tal si la Constitución tiene fuerza de ley. Si no, es una farsa. Para que las leyes y la Constitución se cumplan es menester que alguien las haga cumplir: si no, se consagra la injusticia. En recta doctrina política, la garantía del cumplimiento de las leyes descansa sobre el poder ejecutivo, o sea, sobre el Gobierno. Por eso la fuerza coercitiva del Estado no es una fuerza tiránica, sino legítima y necesaria. ¿Acaso en España no era así?

Nuestra Constitución atribuye claramente el imperativo de “hacer guardar la Constitución y las leyes” a instancias muy concretas: al Gobierno, por supuesto, pero también a los tribunales ordinarios, a las Fuerzas Armadas y hasta al propio Rey. No existe, pues, un problema de imprevisión legal al respecto. Ahora bien, lo que ha venido ocurriendo en España desde 1978 es que el poder ejecutivo ha renunciado expresamente a su potestad de hacer cumplir la Constitución, y muy concretamente en Cataluña. Por miedo, por cobardía o por connivencia con el poder autonómico, el Gobierno de la nación ha permitido que en Cataluña se construya –y va ya para cuarenta años- una realidad política al margen de la Constitución. El problema se hizo palpable con la vulneración sistemática de los derechos ciudadanos en materia lingüística y educativa: numerosas sentencias han condenado al gobierno catalán por estas violaciones, pero el poder ejecutivo no ha tenido valor para imponer el cumplimiento de la ley. Ahora el problema asciende a una fase nueva –y definitiva- con la amenaza inminente de ruptura de la unidad nacional. Y el poder ejecutivo, una vez más, renuncia a ejercer sus funciones y deposita el problema en los despachos del Tribunal Constitucional… que no tiene ninguna capacidad ejecutiva.

El Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, aún menos una instancia ejecutiva: es un órgano de carácter doctrinal y político, sin capacidad procesal. Si ahora se le otorgan funciones judiciales, como quiere el PP, su naturaleza quedará completamente alterada. Para empezar, habrá que dotarle de medios para que pueda instruir procesos, escuchar a las partes, juzgar, dictar sentencias… Sin duda el TC necesita una reforma a fondo, porque hay pocos órganos más desprestigiados en nuestro abanico institucional, pero ¿alguien ha pensado en los esfuerzos necesarios para que acometa esa nueva función? Y aún otra cosa: ¿Podrá hacerlo siendo, como es, emanación directa de las clientelas de los partidos políticos? ¿No es precisamente esta una de las causas de que sus sentencias queden tan frecuentemente en papel mojado?

La política no es sólo reglamento y consenso. La política es, desde el alba de los tiempos, también y sobre todo decisión. El poder ejecutivo –cabe recordárselo al gabinete Rajoy- no se llama así por la conocida marca de calcetines, sino porque ejecuta, verbo que viene del latín exsecutio, que significa “cumplir”, “realizar”, “hacer” algo. Esa es su única función. El PP, que tiene alergia a la política, afronta un problema determinante como el del separatismo catalán desviando el fuego hacia una instancia inútil. Lo dicho: ante un cáncer de garganta, el Gobierno receta lecciones de canto. Y entonces, ¿para qué sirve exactamente el Gobierno?

El independentismo catalán mas que ideología es casi una religión
Mario Conde Gaceta.es 2 Septiembre  2015

Hay que ser un ignorante cósmico de la Historia de España, del proceso de su construcción en la agregación de Castilla y Aragón, para tomarse a broma a los independentistas, y de manera muy sustancial a los catalanes, que son los mas viejos en el arte de intentar romper la unidad de eso que llamamos España. El independentismo es mas que una ideología política. Alcanza casi la categoría de una religión basada en postulados alejados de la racionalidad económica y social para fermentar en los campos de emociones prefabricadas y apelaciones a una historia pasada como si tuviéramos necesariamente que repetir el futuro importando el pasado sin tamizarlo por las experiencias del presente.

Si alguien se cree que el independentismo desapareció en Cataluña con la derrota del siglo XVII o con los decretos de Nueva Planta de Felipe V, es que no tiene la menor idea de como funciona ese “hecho religioso”. De ahí que renaciera a raíz del error de incluir las “nacionalidades” en el texto de la Constitución de 1978. En ese instante comenzaron de nuevo a frotarse las manos porque sabían que trabajando con tesón y en la oscuridad, escondiéndose bajo los apelativos de nacionalistas no independentistas, podría trazar una hoja de ruta que les condujera al edén deseado. Mas de uno debió pensar:”estos españoles son idiotas; no se enteran de qué va a la fiesta”

Y los sucesivos gobiernos, en un alarde de ignorancia histórica que se tradujo en una imperdonable imprudencia política —excluyo el dolo con cierto pudor— les entregaron el arma que necesitaban: la educación, y cometieron el error de que la idea independentista fructificara en la semilla de la lengua, como si el catalán no fuera un derivado del romance al igual que el castellano o el gallego.

Y cuando el independentismo creyó llegado su momento y comenzaron a salir a la luz las ideas claves de su ideología religiosa, los gobiernos, en otro alarde de ignorancia sideral, despreciaron el proceso tomándoselo a bromaDesde “esos locos no van a ninguna parte” hasta afirmaciones sin mas fundamento lógico que una dialéctica de semiguerra, no se enteraron de la hoja de ruta. Y no será porque alguno no lo anunciamos con claridad en las pantallas de Intereconomía, y no porque fuéramos mas listos que los demás, sino porque conocíamos mejor la historia y disponíamos de información.

Y lo expusimos: señores, van a edificar sobre dos columnas: España nos roba y España no nos quiere. A continuación van a sembrar el falso derecho a decidir. Y como saben que jamás será autorizado el referéndum secesionista por ser en estos instantes contrario a la constitución, van a cometer el fraude de Ley de unas elecciones autonómicas convertidas ni mas ni menos que en plebiscito de la independencia mediante una lista única.No se lo creyeron y siguieron ignorando y diciendo que con esos bueyes no iban a ninguna parte. Pues han llegado al 27 de Septiembre. Y el Plan, confeccionado desde hace muchos años, se ha cumplido a rajatabla. Ante la ineptitud de los sucesivos gobiernos capaces de cometer una tremenda irresponsabilidad para con España.

Y ahora de nuevo por la puerta de atrás con este proyecto de Ley Orgánica que quiere convertir al Tribunal Constitucional en un delegado del gobierno para paralizar la independencia catalana mediante la potestad sancionadora y la capacidad de suspender a Gobernantes. No se si es verdad que está inspirado en el modelo alemán o austriaco, pero es que me da igual. Jurídicamente es un despropósito de primer orden. El TC dicta sentencias referidas a si un acto o una norma se ajustan o desajustan a la constitución. Si quieren pueden tipificar como delito agravado el incumplimiento de sus sentencias. Pero eso exige un proceso. No puede imponerse pena alguna, y menos penas graves, sin un proceso. Eso es un desastre juridico. Que atribuyan la competencia al Tribunal Supremo, que busquen procedimiento de urgencia, que legislen medidas cautelares, pero no este desperfecto mayor consistente en pena sin proceso con todas las garantías.Y políticamente, como es un medida ad hoc para un momento histórico y para unos españoles —los independentistas catalanes— es una ley ad casum y es normal que vean los catalanes en el Tribunal Constitucional una instancia política, —ya lo creía, ahora lo corroboran— un instrumento de vestimenta aparentemente judicial para hacer lo que el gobierno de la nación no se atreve hacer, para actuar por la puerta trasera cuando tienen la principal de acceso abierto, que es el articulo 155 de la Constitución.

Y ahora, el gobierno, asustado apela a Europa. Y me imagino la cara de los europeos cuando vean qué cosas hacen los españoles con la producción de leyes especiales.Creo que esta norma contribuirá a aumentar el numero de independentistas. ¿Y qué va a hacer? ¿Suspender a Mas? ¿Para que le sustituya el Vicepresidente? ¿Y suspender al Vicepresidente y asi sucesivamente? ¿Mutar con 30.000 euros? ¿Tan barata es la independencia de Cataluña? Alguien ha perdido la memoria histórica y ahora la cabeza

¿Necesitamos un tribunal constitucional?
José García Domínguez Libertad Digital 2 Septiembre  2015

Como es sabido, en un alarde de alegre frivolidad veraniega el Partido Popular pasó de postular una muy perentoria reforma de la Constitución a desdecirse de tal propósito en el plazo de apenas una semana. En otro alarde paralelo, aunque de simple ignorancia en este caso, la señora Andrea Levy, del mismo partido, pretendió ridiculizar la posibilidad de que se suprimiese la institución del Tribunal Constitucional, sin duda tomando la idea por risible extravagancia improvisada. Lo que revela que, entre otros muchos tratados sobre la materia, Andrea Levy tampoco conoce la doctrina sobre el particular expuesta por el académico Santiago Muñoz Machado, acaso el administrativista más importante con que cuenta nuestro país, en su ya célebre Informe sobre España.

Parece evidente, pues, que el vicio de la lectura no forma parte de los pecados inconfesables de la flamante secretaria de Programas de los de Rajoy. Pero como no hay dos sin tres, el Partido Popular vuelve ahora sobre el asunto. Esta vez para hacer ejecutivos los mandatos de ese órgano del Estado que, pese a su impactante nombre, no forma parte del Poder Judicial. Un parche Sor Virginia, otro, a fin de tratar de contener una erupción de ineficiencia operativa que comienza a reclamar un diagnóstico crónico. Y es que, cuando resulta clamorosamente evidente que ni los tribunales ordinarios ni el Ejecutivo resultan capaces de garantizar que los derechos amparados por la Carta Magna gocen de una protección eficaz en el plano de la realidad, cuestionar el modelo de justicia constitucional vigente en España se antoja un imperativo de sentido común.

Cuando, como aquí ocurre, una ley contraria a la letra y el espíritu de la Constitución puede mantenerse vigente durante años, el problema no es la ley sino su custodio. Cuando un presidente del Gobierno, pongamos un Aznar López, permite que se persiga la lengua española en un región al renunciar a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra cierta norma autonómica, el problema no es Aznar López sino la limitación legal que restringe a unos pocos la legitimación para promover tales recursos. Cuando un juez renuncia de entrada a presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC porque sabe que eso alargaría el caso durante años y años, los que tardaría el TC en emitir una sentencia al respecto, el problema no es el juez sino el propio Tribunal Constitucional.

Pero las soluciones existen. Sin ir más lejos, la constante invasión competencial de los parlamentos regionales en materias de titularidad estatal, una plaga más virulenta y nociva que la del mosquito tigre, podría contenerse en el acto si los jueces ordinarios dispusieran de la potestad de inaplicar las normas que consideren contrarias a la Constitución. De entrada, no se aplica y punto. Ya resolverá en su día la instancia superior. Tal vez a la señora Levy se le antoje chaladura asombrosa, pero justamente eso es lo que hace a diario cualquier tribunal norteamericano que crea amenazada la Constitución por una ley cualquiera de los estados. Y si allí se puede hacer, aquí también. Opine menos y lea más, Levy. Lea, mujer, lea. Y no lo demore, que ahora está en la edad.

Tarde, mal y nunca
Ignacio Gomá Libertad Digital 2 Septiembre  2015

Nos enteramos que, a menos de un mes de las elecciones pseudoplebiscitarias catalanas, el PP se descuelga con una propuesta que pretende incluir en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de normas destinadas a posibilitar la inhabilitación y la imposición de multas a quienes incumplan las resoluciones de dicho Tribunal.

Si pudiéramos acercarnos al problema que se nos plantea en Cataluña sin demasiada pasión, podríamos hacer como el famoso jurista italiano Norberto Bobbio cuando decía que frente a toda norma jurídica podemos plantearnos un triple orden de problemas: si la norma es justa o injusta (lo que corresponde a la Filosofía del Derecho), si la norma es válida o inválida (lo que corresponde a la Ciencia Jurídica) y si la norma es eficaz o no lo es (lo que correspondería a la Sociología del Derecho). Intentémoslo.

Desde el punto de vista de la Ciencia del Derecho, no hace falta ser un especialista en Derecho Constitucional para apercibirse de que algo falla en esta propuesta. No sólo porque ya exista el famoso artículo 155 de la Constitución, que autoriza al Estado a adoptar las "medidas necesarias" si una Comunidad Autónoma no cumpliera la Constitución o las leyes; o porque nuestro Código Penal ya establezca en su art. 410 multa e inhabilitación para las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, o porque el Título XXI hable de los delitos contra la Constitución –incluyendo su derogación o modificación total o parcial–, o el XXII se refiera al orden público incluyendo al delito de sedición (quienes se alcen para impedir el cumplimiento de las leyes); no, no es sólo que esas cuestiones, con un mínimo de sentido común, puedan subsumirse en tipos ya existentes, sino que además se violenta la esencia del Tribunal Constitucional, que no es la de un tribunal inserto en la Administración de Justicia, sino la un órgano constitucional, el llamado legislador negativo, destinado a velar por el ajuste a la Constitución de leyes y resoluciones judiciales, pero no a la ejecución de sentencias ni a sancionar su incumplimiento.
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Pero, con ser el análisis desde la Ciencia del Derecho poco halagüeño, no lo es mucho más el que nos depara el de la Filosofía del Derecho, destinado a examinar su justicia. Porque, siendo una de las características de la ley su generalidad (sí no formalmente, si en su espíritu), no cabe duda de que una iniciativa como ésta adolece de un vicio de legitimidad derivado de la evidente condición oportunista de estar pensada para un caso muy concreto, lo que quizá podría facilitar su impugnación… ante el propio Tribunal Constitucional, que, en su sentencia 166/86 (Rumasa), establece como límites constitucionales de las leyes singulares el principio de igualdad, la división de poderes y la reserva de generalidad en las leyes que impiden o condicionan el ejercicio de derechos fundamentales. Tendría gracia.

Con todo, quizá es el análisis desde la Sociología del Derecho el que más me incita a la crítica. Suelo decir que el Derecho, más que una ciencia, es un arte (ars boni et aequi), que consiste en saber producir modificaciones en la realidad mediante el establecimiento de reglas. Y si queremos cambiar las cosas con eficacia ha de exigirse habilidad, oportunidad, decisión y legitimidad. Con todo el tiempo que llevamos procrastinando con el asunto autonómico, admitiendo abusos e incumplimientos por razones de política a corto plazo, ¿alguien se cree que a un señor que pretende independizarse le va a asustar una multita o la inhabilitación de un cargo del que quiere cesar para pasar a ser presidente de un Estado? Es más, ¿no supone el uso torpe y torticero del Derecho un refuerzo de la posición de los incumplidores? Quienes quieren defender el Estado de Derecho deben comprender que, al menos en este punto, la diferencia no está sólo en los fines sino, sobre todo, en los medios, que se deberían haber usado antes y mejor, y con la máxima legalidad y legitimidad. Veremos si se usan así los que aún quedan.

Ignacio Gomá, notario, editor del blog ¿Hay Derecho?

El imperio de los miedicas
Juan M. Blancowww.vozpopuli.com 2 Septiembre  2015

"Permítanme manifestar mi firme creencia: a lo único que debemos temer es al propio miedo, ese terror sin nombre, irracional e injustificado que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir el retroceso en avance". Estas palabras de Franklin D. Roosevelt en 1933 resultan proféticas: una ola de temor infundado embarga a Occidente ocho décadas después.

Si escuchamos los medios de comunicación, o los comentarios en la calle, se diría que vivimos en un mundo repleto de riesgos y peligros, un entorno extremadamente inseguro, sin precedentes históricos. Miedo a morir, a enfermar, a ingerir alimentos que no son "naturales", a la contaminación, a inevitables ondas electromagnéticas, a catastróficos accidentes. Temor a un enjambre de supuestos pederastas que acecharían a los niños en cualquier parque, colegio, en Internet. A los terroristas que amenazan un día sí y otro también nuestra seguridad. A un pavoroso calentamiento global que anegaría ciudades enteras, un renovado Armagedón capaz de arrasar nuestra civilización desde los cimientos. Cualquier rumor, cualquier noticia dispara la alarma.

O pánico a hablar libremente de ciertos asuntos, más aún a escribir sobre ellos, si no es de forma anónima, aprovechando la cobertura de Internet. Una notable autocensura que, lejos de responder a espeluznantes consecuencias, altamente improbables, proviene del singular canguelo ante la perspectiva de repudio a quienes osan marchar a contracorriente, romper el tabú. Hay miedo a lo que pudieran pensar los demás. El informador, el intelectual, el ciudadano medio, todos se han vuelto extremadamente temerosos, cobardes, asustadizos de su sombra.

Sin embargo, nunca fue nuestro entorno más seguro que ahora. Gracias al progreso técnico, los riesgos de enfermedad, muerte o accidente han disminuido considerablemente; casi todos los miedos actuales son inventados, imaginados o exagerados. Infundados en términos de probabilidad y riesgo. A más seguridad más temor, un pánico irracional que paraliza, condiciona la vida de mucha gente. ¿Cómo explicar tamaña paradoja?

Cerebro primitivo e información sesgada
En su libro, Risk: the Science and Polítics of Fear, Dan Gardner considera que tan injustificado miedo es consecuencia de tres factores: la naturaleza del cerebro humano, formado en el paleolítico, la dinámica de la información actual y la manipulación interesada por parte de políticos y otros grupos de presión. Como consecuencia, el sujeto comete colosales errores a la hora de estimar los riesgos. Objetivamente, es infinitamente mayor el riesgo de infarto mortal que el de ataque terrorista. Pero el segundo amedrenta mucho más que el primero.

Según Gardner, la evolución estableció una mente con dos sistemas para procesar la información, dos cerebros distintos, con funcionamiento muy diferente. El cerebro primitivo, patria del instinto, de las emociones, de los gustos, de los impulsos, funciona con gran celeridad de manera inconsciente. Trabaja en términos de bueno o malo, con fuerte carga emocional y obtiene conclusiones con muy pocos casos factuales. Aunque genera notables sesgos, resultaba muy útil para sobrevivir en entornos muy peligrosos. Era mejor asustarse y huir con celeridad ante la visión de un tronco flotando en el río que detenerse a evaluar si se trataba o no de un cocodrilo.

Como contrapunto también disponemos de un cerebro racional, patrimonio del pensamiento consciente y calculador, que actúa con mucha más lentitud, matizando o corrigiendo parcialmente las apreciaciones del cerebro primitivo. Pero pocas veces refuta la primera impresión, raramente contradice completamente la emoción, cuyos marcadores implican un fuerte anclaje. Sin el pensamiento racional, que requiere formación, tiempo y esfuerzo, un sujeto podría pasar la vida asustado de un tronco flotando en el agua.

El hombre paleolítico adquiría conocimiento sobre riesgos de su propia experiencia y de las historias contadas por sus compañeros. La mente evaluaba los peligros con un puñado de casos que reflejaban, con cierta aproximación, los peligros. Hoy día la información proviene básicamente de los medios. Y se encuentra muy sesgada pues las noticias de sucesos son por definición excepciones: caso contrario no serían noticia. Así, la parte primitiva del cerebro tiende a considerar las muertes violentas, los accidentes catastróficos como algo común, bastante probable, aunque sean, por suerte, fenómenos extremadamente raros desde el punto de vista estadístico. Pero la machacona repetición mediática los hace parecer muy frecuentes. Que miles de millones de personas finalicen el día sanas y salvas no es noticia capaz de vender periódicos o atraer televidentes.

Demasiado fácil asustar, manipular, engañar
La actual mente primitiva percibe mucho más peligro en los sucesos causados por la humanidad que en aquellos generados por la propia naturaleza. Suscita enorme pavor la energía nuclear pero mucho menos los volcanes, los rayos, o la caída de meteoritos. Produce horror el calentamiento global si está generado por la actividad humana pero mucho menos si se trata de un fenómeno natural. Una apreciación un tanto irracional pues, llegado el caso, el efecto final sería el mismo. Pero existe una explicación. Nuestro instinto tiende a inflar considerablemente los peligros que contienen carga emocional: en este caso, cuando existe alguien a quien poder culpar. Los interesados difusores de la información conocen muy bien estos mecanismos.

Así, resulta muy fácil asustar, manipular, engañar con un señuelo a la parte primitiva y emocional de nuestro cerebro. Salir del engaño, descubrir la verdad, juzgar con objetividad, requiere asimilar, ordenar, procesar con rigor grandes cantidades de información, un enorme esfuerzo de análisis y racionalización que pocos están dispuestos a acometer. Naturalmente, hay quienes se aprovechan de ello. Ciertos empresarios hacen su agosto. Los políticos compiten por asustar a los votantes, una política del miedo dirigida a justificar su intervención en cualquier aspecto de la vida ciudadana o inflar el presupuesto con partidas innecesarias para el ciudadano. Ciertos grupos de presión consiguen apoyo, ventajas, prebendas. Incluso, encuentran en el extendido temor un caldo de cultivo estupendo para vender modernas religiones laicas, esos nuevos "ismos" siempre dispuestos a salvar a la humanidad a un precio asequible.

Asistimos a un proceso de conformismo creciente, de contagiosa pereza mental, en el que demasiados individuos quedan anclados en la primera impresión, el impulso, el sentimiento, la emoción, sin molestarse en dar el siguiente paso. La sociedad se infantiliza, el lenguaje se simplifica y la fuerte corriente impulsa a los diarios a potenciar el contenido de magazine, dirigido a la parte más primaria del lector, mientras relegan el debate, el pensamiento, el razonamiento.

Es necesario preservar la capacidad crítica, mantenerse escéptico ante informaciones alarmistas, saber que los políticos, los medios, ciertas organizaciones, tienen interés en aventar con profusión la fragua del miedo. Es imprescindible recopilar información fiable, procesarla, formarse una idea cabal de los verdaderos riesgos. Y tener siempre presente que el cobarde muere muchas veces; el valiente sólo una.

Podemos y la Química del carbono
Amando de Miguel Libertad Digital 2 Septiembre  2015

Es asombrosa la gran capacidad que tiene el carbono para combinarse de mil formas con otros elementos para constituir las más dispares moléculas. Pueden ser abonos, medicinas, venenos, todo tipo de materiales plásticos. El mundo que nos rodea ya no se entiende sin esa versatilidad.

Pues bien, en el mundo político nos toca vivir ahora en España un fenómeno análogo. El poliedro Podemos presenta tantas caras como enlaces posibles con otros partidos. En realidad, Podemos no es propiamente un partido sino un movimiento totalitario o, si se quiere, antidemocrático. La paradoja es que se sirve del sistema democrático para "asaltar" el poder. Es lo que hizo Hitler en su día y luego bonitamente disolvió todas demás las fuerzas políticas. Ahora no será tan burdo.

En la historia reciente también hemos visto democracias populares u orgánicas del más distinto pelaje. Todas apelan al "pueblo". Los de Podemos dicen "la gente". Su ideal es el de las "asambleas ciudadanas", a imitación de las asambleas de la Fácul. Nada de representación burguesa.

Alguien se podría preguntar cómo es que una formación antidemocrática tiene tanto éxito en España. Muy sencillo. En el fondo, la mentalidad de los españoles actuales no es muy favorable a la democracia. Ni siquiera los partidos establecidos aceptan las reformas que nos conduciría a una democracia plena. Más que un Estado de Derecho, en España tenemos un Estado de partidos con fuertes elementos intervencionistas, oligárquicos y caciquiles. Es lo nuestro, para qué vamos a engañarnos. Puede que sea la fórmula castiza hacia la democracia. De ahí que estemos siempre en perpetua transición.

Si el razonamiento anterior fuera correcto, la consecuencia lógica es que Podemos fagocitará al resto de la izquierda y asaltará el poder. Instalado en el cual disolverá todas las demás fuerzas políticas. Es inexorable que de una bellota brote una encina, no un manzano.

Cierto es que la sociedad no es tan fatalista como la naturaleza. Es decir, cabe siempre el efecto de la libertad humana. Menos mal. Pero habría que demostrar que la derecha en España se halla dispuesta a serlo, y no una versión camuflada de una especie de centro socialdemócrata. No otra cosa es la tendencia irrefrenable a aumentar el gasto público, las "políticas activas de empleo", las subvenciones de todo tipo. ¿A qué se debe la querencia por gastar mucho? Está claro, porque así se tiene más poder; por ejemplo, para nombrar cargos a dedo. Lo malo es que un erario crecido exige más impuestos, tasas, multas, licencias, permisos, inspecciones, etc. Es lo que tenemos. En esas condiciones el terreno queda abonado para la hegemonía de Podemos, con ese nombre o con cualquier otro. Propongo el de Queremos, ya que lo suyo es el voluntarismo, la utopía, la acción.

En los comentarios políticos, lo normal es que el autor confunda la realidad futura con sus deseos. A mí me pasa lo contrario. Presagio el porvenir no querido para ver si mis compatriotas hacen algo para evitarlo. Gracias les sean dadas.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

La anomalía de la ultraderecha española
David R. www.latribunadelpaisvasco.com 2 Septiembre  2015

El avance de los grupos y partidos de ultraderecha en Europa es una obviedad, grupos como Amanecer Dorado en Grecia, el Frente Nacional en Francia (primera fuerza política, según las últimas encuestas), el NPD en Alemania o el avance por toda Europa de Pegida (Patriotas Europeos contra la islamización de Occidente), actualmente con franquicias en Austria, Bulgaria, Holanda, Noruega, Italia, Francia, Dinamarca, Suiza y España, en donde, por ejemplo “Amanecer Dorado” está inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior desde finales del pasado año.

Hay un denominador común en todos ellos: la islamofobia. Hay otros, pero la inmigración musulmana es el más importante y ya es el principal motivo de preocupación de, por ejemplo, los alemanes, con un 62% en las encuestas (julio del presente), seguido por el problema griego con un 38% y en tercer lugar el desempleo con un 9%. En algunos países del este, las cifras llegan a ser más destacables.

Se percibe la inmigración, especialmente la musulmana, que es la mayoritaria, como un problema económico porque genera gastos reales y visibles que se imputan exclusivamente a los inmigrantes y se consideran cantidades a retraer de otras partidas presupuestarias a nivel administrativo local, nacional o europeo.

También se considera un problema de seguridad, y el incremento de atentados por parte del autodenominado Estado Islámico y la progresiva extensión de un difuso califato y de una yihad de difícil comprensión, cambia la percepción de seguridad en Occidente. Y alimenta la convicción de que el invisible e hiperterrorífico enemigo es potencialmente cualquier musulmán, ya sin distinción de sexo o edad. El yihadismo radical lo está "haciendo muy bien", su hiperterrorismo genera un pánico substancial que cambia la sociedad.

La cuestión religiosa en su versión más radical de la interpretación del Corán y el trato diferenciado a las mujeres no ayudan a un percepción/recepción positiva de esas personas y de esa religión, que en todo caso tiene como Ley Fundamental "El Libro".

Esto ocurre en toda Europa, pero el avance generalizado de la ultraderecha no se produce de la misma manera en España, y esto es una anomalía sociológica y política que se corregirá. Futuros e inevitables atentados en el territorio nacional o contra nacionales en el extranjero (militares, cooperantes, empresarios, turistas, misioneros, periodistas o diplomáticos) catalizaran la corrección de la anomalía.

La actual dispersión de los grupos políticos y sociales de ultraderecha (España en Marcha, Falange, España 2000, Impulso Social, Soberanía y Libertad, Movimiento Social Republicano, Democracia Nacional, etc.) y la ausencia de un líder sólido es parte y elemento causal de la anomalía, pero esto también se corregirá en función de unas encuestas que poco a poco irán incrementando las expectativas electorales. Los resultados también animarán las uniones; cabe tener en cuenta que, en las pasadas elecciones europeas, estos grupos españoles, desunidos, sumaron 78.000 votos.

Los elementos de unión serán el concepto de nación española, el antieuropeísmo, la islamofobia, el rechazo al inmigrante en general, el ataque a políticas radicales de izquierda y nacionalismos separatistas, la defensa de las tradiciones y las expectativas electorales realistas. Los éxitos de movimientos homólogos o parecidos en Europa, se convierten, lógicamente, en un ejemplo a seguir y en un elemento racionalizador y justificativo.

Cuestión de tiempo que la anomalía desaparezca.

Solo la espada de Occidente acabará con la barbarie yihadista
Eduardo García Serrano Gaceta.es 2 Septiembre  2015

Los flujos migratorios que la devastadora barbarie del Estado Islámico está provocando en el Medio y Próximo Oriente han convertido en papel mojado todos los planes, la logística y las previsiones de la UE para ordenar la inmigración, asentarla en el seno de sus sociedades y vertebrarla en el andamiaje de sus naciones-estado.

Todos esos códigos, leyes y reglamentos han mostrado la utopía de sus principios al evidenciar la ineficacia de su operatividad sobre el terreno. Entran por la Europa más pobre con la intención de llegar a la Europa más rica mientras ésta protesta, desde la cómoda lejanía de la presión en sus fronteras, por el trato que les dispensa la Europa menos próspera. Todo es un clamor políticamente correcto contra ella. Hungría es el paradigma. Pero ninguno de los Estados europeos, tan humanistas como protetones, está dispuesto a allegar los recursos militares indispensables para acabar con el origen del drama y de tanto sufrimiento. O sea, con el Estado Islámico.

La imagen en los telediarios de un niño acunado por la fatiga y mecido por la deshidratación frente a una alambrada en brazos de una mujer fragilizada por el pánico conmueve las conciencias. Cierto. Tan cierto como que la imagen de los verdugos del Estado Islámico decapitando cristianos provoca una fugaz indignación que no va más allá del tiempo pautado del telediario y de la efímera charla de sobremesa.

Aliviar las consecuencias de la barbarie yihadista con botiquines de urgencias, raciones de campaña, agua mineral y abriendo nuestras fronteras no va a solucionar el problema. Un aforismo clásico asegura que "la espada no es la solución a todos los problemas, pero hay problemas que sólo se solucionan con la espada". Mientras Europa no desenvaine la espada para amputar el brazo que empuña la gumía con la que los bárbaros degüellan la Civilización Cristiana en la orilla sur del Mare Nostrum, el Viejo Continente no tendrá más misión que la de cocinar el rancho de los refugiados en las alambradas de sus fronteras.

Las 13 rosas, otro mito de la izquierda que gusta a la clase política
Juan E. Pflüger Gaceta.es 2 Septiembre  2015

Las 13 rosas, nombre con el que se conoce a 13 jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939 tras ser condenadas por un tribunal, son una clara muestra de la “corrección política” impuesta desde la izquierda. La misma placa que colocó el Ayuntamiento de Madrid en 1988 en el lugar en el que fueron fusiladas ya deja clara la fábula montada desde la izquierda radical que ha calado en la sociedad. En dicha placa se puede leer que “dieron su vida por la libertad y la democracia”, una mentira que demostraremos en esta entrada de blog. Pertenecían, en su mayor parte, a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) la rama juvenil del comunismo en España que aspiraba a implantar en nuestro país un régimen tan libre y demócrata como lo era el de Stalin en la URSS, país desde el que se financiaban y al que había escapado, tras la Guerra Civil, su máximo dirigente: Santiago Carrillo.

Las JSU, a las que pertenecían la mayoría de las 13 rosas, habían tenido una destacada participación en la represión republicana en Madrid durante la Guerra Civil. No en vano, esta organización política controlaba y dirigía directamente cinco checas donde se torturó y asesinó a cientos de personas. Está perfectamente documentado en los papeles del PCE que bajo control de su organización juvenil se encontraban las checas de Mendizabal 24, la de la calle Rimundo Lulio, la de Santa Isabel 46, la del Convento de las Pastoras de Chamartín y la de la calle Granda 4. Además, participaron en la acción represiva de varias otras cárceles de partidos políticos y tuvieron un papel destacado en las sacas cometidas para asesinar a miles de presos sin mediar juicio alguno. Quienes las presentan como garantes de la democracia suelen olvidar, entre otros, este detalle: a ellas se les juzgó, pero ellas participaron en una organización que asesinó sin juicio a miles de personas y que, en el momento de ser detenidas, se había convertido en un grupo terrorista dirigido por José Pena, Severino Rodríguez y Federico Bascuñana.

Las 13 rosas fueron condenadas a muerte, pero no estaba prevista su ejecución hasta que el 29 de julio de 1939 un comando de las JSU asesinó al comandante Isaac Gabaldón, a su hija Pilar de 16 años –hubiera cumplido 17 unos días después- y al chofer que conducía el vehículo, Luis Díaz Madrigal. La acción terrorista decidió a la autoridad judicial a la ejecución de las sentencias de muerte que se encontraban paralizadas. Entre las casi 70 sentencias se encontraban las de las 13 rosas.

Varias de ellas eran destacadas dirigentes y activistas del grupo terrorista en el que se habían convertido las JSU:
Ana López Gallego era la responsable de la rama femenina de las JSU. Recibía órdenes directamente de Manuel González Gutiérrez y había tenido una destacada participación en la organización del atentado frustrado que pretendían realizar durante el Desfile de la Victoria y que tenía como objetivo el asesinato de “la mayor cantidad de público asistente”, como declaró ante el juzgado la propia terrorista. Su cometido era el trasporte del explosivo, para ello se valía de jóvenes militantes de entre 15 y 17 años que por su edad, no levantaban sospechas.

Joaquina López Laffite fue la secretaria general del Comité Provincial de las JSU. Su casa se usaba para celebrar las reuniones de dicho comité y en ella se planificaron varios de los atentados que prepararon desde la organización juvenil comunista. Había organizado una red, en la que participaban varias de las 13 rosas, que preparaba a jóvenes comunistas para que intimaran con falangistas a los que sacaban información para señalar las víctimas de sus atentados.

Carmen Barrero Aguado era miembro del Comité Nacional de la organización y una de las personas de mayor responsabilidad en la toma de decisiones junto a Pena, Rodríguez y Bascuñana.

Pilar Bueno Ibañez era la mano derecha de López Laffite en el Comité Provincial y el enlace de ésta con Barrero.

Dionisia Manzanero Salas era la responsable de mantener el contacto entre las diversas ramas del grupo terrorista y rendir cuentas ante Bascuñana, dirigente encargado de los comandos terroristas que perpetraban los atentados.

Ante estos datos sorprende que políticos, partidos y personalidades de diversos ámbitos sigan brindando homenajes a quienes se convirtieron en terroristas tras resultar derrotados en una guerra.

No solamente los actuales dirigentes de las Juventudes Comunistas, desde Podemos a representantes de Ciudadanos no tienen ningún empacho en mostrar su admiración por estas 13 mujeres condenadas a muerte, pero que callan sin ningún rubor ante los miles de asesinatos cometidos por ellas y sus asociados durante la Guerra Civil.

Esta forma de actuar no ha pasado desapercibida entre los usuarios de redes sociales, especialmente Twitter, que han afeado su conducta a quienes muestran esta “memoria histórica” selectiva vendida a la corrección política impuesta desde los sectores de la izquierda más radical española.

Puedes comentar el blog con el autor en @Juanerpf

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Huir de la propia responsabilidad

Emilio Campmany Libertad Digital 2 Septiembre  2015

Este PP de Mariano Rajoy tiene una forma de entender la división de poderes que habría dejado estupefacto a Montesquieu. Según el Gobierno, el Gobierno no tiene la competencia de ejecutar las leyes, esto es, de imponer su cumplimiento cuando esa ejecución provoque rechazo o polémica. De forma y manera que, en tales casos, el Ejecutivo pierde la competencia. Entonces, el ejecutor será el Poder Judicial, que decidirá si procede o no aplicar la ley. Es lo que pasó por ejemplo con Bildu. El Gobierno del PSOE instó la ilegalización de Bildu, y cuando ya no convino ilegalizarlo por lo de la negociación con ETA, en vez de retirar la instancia, aceptó la idea del PP de que fuera el Tribunal Constitucional quien asumiera la responsabilidad revocando la sentencia del Supremo.

Así que, como el Judicial desempeña ahora funciones que tradicionalmente correspondían al Ejecutivo, para compensar el Ejecutivo se atribuye las del Judicial y se ocupa de designar a los altos cargos de la Magistratura para que, en los casos que sea necesario, el Judicial decida lo que el Ejecutivo quiera sin tener que asumir éste la responsabilidad.

Hoy encontramos un nuevo ejemplo de este perverso sistema incorporado a esa Constitución no escrita que hemos poco a poco anexionado a la de 1978. Como el Ejecutivo no puede aplicar el artículo 155 de la Constitución, ése que le atribuye la responsabilidad de intervenir las comunidades autónomas donde se incumplan las leyes o se atente gravemente contra el interés general, decide reformar la Ley del Tribunal Constitucional para que sea éste el que lo haga. ¿Y por qué no puede aplicarse el artículo 155? Pues por lo visto porque eso sería un escándalo, lo que, conforme a la doctrina del PP, hace que en la práctica esté derogado.

Porque, no nos equivoquemos, objetivamente la reforma que propone el PP es innecesaria. Nuestro ordenamiento otorga al Ejecutivo poder de sobra para intervenir contra cualquier cargo de una comunidad autónoma que pretenda proclamar unilateralmente la independencia de su región. Lo que pasa es que las leyes actuales, que creían en la división de poderes tradicional cuando fueron redactadas, atribuyen esa función al Ejecutivo. Ahora hay que dársela al Judicial porque el Gobierno no quiere o se siente incapaz de ejercerla.

Y sin embargo, hay un problema. La ley que se pretende aprobar nada menos que por el trámite de urgencia, radicalmente inadecuado para algo tan importante, es, como ha reconocido implícitamente García Albiol, una ley ad hoc, elaborada y dictada para el concreto asunto de la independencia de Cataluña aquí y ahora. Una ley ad hoc no es una ley, por mucho que formalmente conserve su carácter general. Y es lo que nos faltaba, combatir el proceso de Artur Mas con una ley carente de legitimidad y echando sobre el Tribunal Constitucional la responsabilidad que corresponde en realidad al Gobierno.

El "Euskovasquismo"
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 2 Septiembre  2015

Desde Krutwig, inspirador principal del abertzalismo etarra sustitutivo del racismo de los seguidores de Sabino Arana, la lengua como seña de identidad de la nación se constituyó en el centro ideológico del invento euskalherriako.

Euskal Herria será sinónimo a “pueblo vasco”, imitando el wolk alemán hitleriano. Hoy nadie podría, desde el plano antropológico, definir la idea de pueblo, puesto que de forma acelerada las comunidades son cada vez más híbridas; y no prevalece el concepto de etnia, pues, afortunadamente, no existen grupos endogámicos, cerrados en su desarrollo evolutivo, étnicamente puros. La Euskalherria de Krutwig, definida en su obra “Baskonia” es la comunidad lingüística. Por eso es ficticio que las siete provincias o herrialdes constituyan dicho ámbito cultural pues, en sentido estricto, si lo definiéramos por su extensión lingüística, la de su uso social, esa Euskalherria tendría unas dimensiones no superiores a la mitad de los siete herrialdes agrupados. Pero, además, la Euskalherria de Krutwig llegaría a las lindes de Santander (ciudad), gran parte de la Comunidad de la Rioja, Huesca, y por supuesto la región de Aquitania francesa (la antigua Gascuña, derivación toponímica de Vasconia), lo que engarzaba con el planteamiento hitleriano del reparto de Europa en grupos étnicos, lo cual no deja en nada buen lugar al planteamiento.

Los fundamentos ideológicos de ese ámbito pretendidamente lingüístico están condimentados con las siguientes bases:

1º.- El euskera es lengua nacional de Euskadi (ahora Euskalherria). Idea falsa, salvo que desligáramos de ese ámbito pretendidamente político gran parte de sus territorios en los que durante siglos ha sido el castellano lengua dominante, siendo muy residual la lengua euskara. El proyecto nacionalista de “construcción nacional de Euskadi (ahora Euskalherria)” plantea la independencia como paso final, por lo que necesita una lengua nacional. Por ello se han destinado considerables partidas presupuestarias para euskaldunizar la sociedad, para lo que necesitaban la principal herramienta de impregnación nacionalista: la escuela. Lo realmente lamentable es que la izquierda y la derecha no nacionalista no cuestionen el proceso y no se opongan a esos proyectos de socialización cultural que es una verdadera colonización.

2º.- El euskera, única lengua propia. Otra idea ficticia, pues el castellano, lengua española para diferenciar de lenguas de España, nació de la mano de Vasconia, como bien dice Sánchez Albornoz, cuando describiendo el proceso de la reconquista decía que era la abuela de España, pues desde la cornisa cantábrica se desarrollaron los impulsos de reconquista cristiana de las tierras musulmanas al tiempo que germinaba lo que ahora llamamos “castellano”. Por tanto, no es menos propio el castellano que el euskera. Ambas lenguas desarrollaron líneas de convergencia lingüística fundiéndose con vocablos que comparten. Por otra parte, los territorios no tienen lenguas. Son los hablantes los que las poseen. Y por tanto, las lenguas son “propias” de las personas que son sus usurarios naturales. Con el concepto de “lengua propia” se ha tratado, con cierto éxito sociológico, de contraponer la idea de “lengua impropia” (erderaz), con una finalidad nada democrática y un planteamiento totalitario, estigmatizando al hablante castellano. De esto saben incluso más que los vascos los catalanes, a los que se les multa por poner palabras o expresiones castellanas en los rótulos comerciales.

El planteamiento de que el castellano es una lengua impuestas, aparte de ridículo es absolutamente falso desde un desarrollo historicista. Supera los límites de este artículo demostrarlo, pero es una evidencia.

Muchos ciudadanos, en total soledad y orfandad política, no han podido –sabido- defenderse contra el poder “euskovasco”, soportando políticas discriminatorias y asumiendo como una realidad admisible la imposición lingüística, incluso, en muchos casos, sacrificando a sus hijos en el altar de la construcción nacionalista.

3º.- El euskera signo de identificación del pueblo vasco. Se trata de reconocer el euskera como signo más visible y objetivo de identificación nacionalista. Según esta idea, el 85% de la sociedad vasca debería quedar fuera de ese ámbito ideológico-cultural. Pero lo más paradójico es que se asocie lo “erderaz” (castellanohablante) con lo antivasco o se ponga en la picota de enemigos de lo vasco a quienes cuestionamos las políticas nacionalistas de construcción nacional mediante el idioma.

Muchos ciudadanos consideran al euskera como su identidad pedida, lo cual es un mito que carece de verdad histórica o antropológica. Y, por tanto, asumen su condición alienante, avergonzándose de no estar entre los elegidos por los nuevos “moisés” del éxodo político nacionalista.

4º.- El euskera como medio de “integración” de los ciudadanos en el pueblo vasco. (Expresión asociada a la de “normalización”, que tiene connotaciones racistas).

Se trata de reconocer al euskera como instrumento de integración en la comunidad nacionalista, lo que supone, en la práctica, el principal elemento de desvertebración de las comunidades naturales históricas que estaban antes de la llegada del “euskovasquismo”.

5º.- Principio de justificación histórica.
Como el euskera –según el ideario nacionalista- se habló en el pasado y fue arrebatado a los vascos por un enemigo exterior –España- es razonable su actual imposición y queda plenamente justificado cualquier objetivo que se marque el poder para su implantación obligada.

La verdad histórica es la gran víctima del nacionalismo. Cualquier nacionalismo que se precie necesita reinventar la historia y adaptarla a su ideario.

8.- Principio de territorialidad en la declaración como lengua oficial.
Es como si las hectáreas fueran las poseedoras de los códigos lingüísticos y no los hablantes. Según este principio el castellano no sería la lengua española pues donde más hablantes lo utilizan es en el continente americano.

9.- El euskera como instrumento de diferenciación.
El nacionalismo euskovasco usa el vascuence como instrumento de diferenciación, no importando que la interdependencia cultural entre territorios en España comparta más elementos comunes que los que los diferencien. La idea de la diferencia va asociada al concepto de superioridad y de supremacía étnica, tal como Sabino Arana supo transmitir a sus acólitos con claridad cristalina.

10.- El euskera se hace carne. Al estilo de la liturgia cristiana. No importa que los asistentes a las manifestaciones que promueven su difusión desconozcan el uso con registros cultos de la lengua. Lo importante es pertenecer a la tribu. La lengua es la excusa.

LOS ABERTZALES SE HACEN CASTA
Los abertzales usan el Código del PP y los Presupuestos de UPN
Pascual Tamburri El Semanal Digital 2 Septiembre  2015

Uxue Barkos y su Gobierno se querellan por informaciones y opiniones en los medios y en las redes. ¿Apelan a la que ellos llamaban "Ley Mordaza"? ¿Les sirven los Presupuestos de UPN y PP?

Para empezar bien el primer curso escolar de dominio abertzale, la noticia en los medios no ha podido ser más escandalosa: el Gobierno de Navarra denuncia a un diario (La Gaceta) y a dos cuentas de Twitter por vincular un Instituto público con ETA. Un pleito que pone sobre la mesa los límites de la libertad de expresión, por una parte, la divulgación de los hechos públicos, por otra, y el uso de los medios públicos, en último término.

Antes de entrar en el detalle del asunto, que va a acompañarnos por lo menos unos meses, tengo que confesar mi primera impresión: me alegro. Y me alegro porque el Gobierno de Uxue Barkos, Geroa Bai, EH Bildu y José Luis Mendoza se siente ofendido al ser llamado etarra, proetarra, colaborador de ETA o formador de terroristas. Lo que es lógico y está muy bien, porque a nadie en sus cabales le alegra que le comparen o asimilen a esa gentuza maloliente, a esa fétida morralla de ideología asesina, marxista, totalitaria y antiespañola, amén de mentirosa. Es un insulto grave para la mayoría de los españoles, y por tanto la grandísima mayoría de los navarros. Pero al ser un Gobierno de base abertzale y radical en el que hay individuos y partidos que han colaborado con grupos, personas y actos batasunos y derivados (siendo Batasuna parte del movimiento terrorista) era de temer que se sintiesen orgullosos y honrados, o al menos no ofendidos, de ser llamados etarras. Pero no, lo ven como un insulto y lo denuncian. Bien está, aunque supongo que les hará enfrentarse con los muchos de sus votantes, simpatizantes, afiliados y cargos que sí se siguen sintiendo orgullosamente afines a la sangre y alérgicos al jabón.

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, se sintió ofendido por la información publicada en el digital "La Gaceta de los Negocios" desde el 15 de agosto sobre el IES Iturrama de Pamplona, y por varios comentarios al respecto en twitter. Mendoza habla de "afirmaciones absolutamente falsas", del "honor del personal del centro" y explícitamente de delito. Aunque no se aclara del todo si se piensa que ser llamado ´proetarra´ es delito o si el delito radicaría en divulgar los hechos que daban pie a tan asqueroso adjetivo.

Vamos primero a los hechos, que en sustancia son cuatro. 1. El IES Iturrama es un centro público del modelo D en Pamplona, con unos 700 alumnos y unos 65 docentes, en el que se imparte la ESO y el bachillerato, incluso Bachillerato Artístico. 2. Un informe de la Guardia Civil "elaborado en el año 2013, recoge que de los 87 navarros detenidos por vinculaciones terroristas en Navarra desde 2005, un 19,5% ha estudiado en el Iturrama". 3. En realidad, un porcentaje aún mayor de docentes del Centro ha tenido relación con la izquierda abertzale ("por su equipo docente ha pasado el terrorista Gorka Lorán Lafourcade, que en la Nochebuena del 2003 intentó volar el tren Irún-Madrid en la estación de Chamartín"). 4. La militancia abertzale, durante gran parte de la vida del Centro, no parece reprimirse sino estimularse ("durante el recreo del día 3 de octubre del año 2008, alumnos de edad comprendida entre los 12 y los 17 años realizaron un homenaje a terroristas de ETA"), y basta ver su decoración militante más que habitual, o la presión de palabra y de obra contra los que no comparten ese punto de vista. Son hechos, y en esto no hay debate.

Las opiniones son otra cosa. Pero es curioso que Uxue Barkos, que hablaba de "Ley Mordaza" cuando era oposición, ahora pretende usar la mordaza contra los que señalan hechos incómodos. Yo no sé si los que se quejaban de "ley mordaza", ahora pretenden denunciar a tuiteros por hacer uso de su libertad de expresión, usando la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma penal del PP vía artículo 510 del Código Penal ("Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses…") y dando la razón a Eulogio López. Hay motivo de debate: ¿queremos libertad de expresión, o no? Podemos no quererla, pero entonces díganlo ustedes. No sean hipócritas y digan: "queremos libertad de expresión sólo para los que piensan como nosotros", que es lo que se deriva de esta conducta del Gobierno abertzale, de Barkos y de Mendoza.

En todo caso, aunque los hechos pueden y deben ser recordados, y algunos creemos que por coherencia en esto debe haber libertad de información y libertad de expresión, la verdad es que no todo el mundo puede decir cualquier cosa. Por ejemplo: no es criticable que el IES Iturrama vaya a recibir mimos del Gobierno actual, o al menos nadie en UPN, y seguramente tampoco en el PP, debería criticarlo. Es verdad, "el departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a destinar 725.000 euros a las obras de ampliación y reforma del instituto Iturrama", más que nadie y habiendo Institutos muy necesitados cosa que puedo certificar en primera persona. Pero ellos usan los Presupuestos que han heredado del Gobierno de Yolanda Barcina y José Iribas, y libremente asignan el dinero a quien ellos quieren, para que tengan más y mejores aulas y medios. ¿Que son afines a ellos? Es lo lógico, lo absurdo sería, por ejemplo, gobernar tres décadas favoreciendo a tus enemigos, financiando su propaganda, nombrando a sus agentes, promoviendo su red dentro de lo público. Sería… ¿absurdo y suicida, no?

El consejero Mendoza hace muy bien en hablar de "graves insultos". ¡Les han llamado etarras, que es lo peor de lo peor! Y es coherente al dar apoyo y dinero a los suyos. No es coherente usando ahora la "mordaza" que criticaban. Y no es coherente usando medios públicos para querellarse contra la evidencia de unos hechos que son públicos y notorios. Tiene su gracia, eso sí, que treinta años de UPN con o sin PP, dos legislaturas de Barcina y cuatro años de Iribas no hayan cambiado las cosas salvo para peor. Y tiene aún más gracia que Barkos y Mendoza, con sus recentísimos directores generales Petrizan, Elorz y Lacarra, estén usando los medios legales creados por el PP y los medios administrativos legados por UPN para hacer… lo que siempre supimos que iban a hacer. Mérito de unos y demérito de otros, guste o no saberlo.

Un problema del 3% y otro de jueces
Eladio Del PradoCronica Global 2 Septiembre  2015

Parece mentira, pero el 3% sigue vigente. Diez años van desde que Pasqual Maragall lo denunciara en el Parlament. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Nada de nada. Bueno, el 3% o más. Dicen que el 5%, el 10%, o incluso que se llegó al 20%. Una pregunta ingenua, ¿hay jueces en Cataluña?

Es como las 'meigas' en Galicia. 'Haberlas, hailas', pero no se ven. Los jueces tampoco. Diez años y no se ha movido un folio. Es mucho peor de lo que se pensaba.

Así que, tras el registro de la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya, se demuestra (presuntamente) que el 3% sigue con Artur Mas como jefe. Oiga, ¿no estaba ya cuando Maragall lo denunció en el Parlament? Sí, pero de jefe de la oposición. ¡Ah! Pero ya era el jefe de CDC, ¿o no? O sea, que siempre ha estado ahí. Con Pujol y siempre. ¡Vaya tela!

La frase fue genial. Sin desperdicio. "Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%". Genial. Se supone (con muchas dudas) que la frase caló entre los catalanes. Era el sello de corrupción de CDC, pero ¡oh sorpresa! ningún proceso judicial ha hablado del 3% con referencia al partido. ¿Hay jueces en Cataluña?

Dudas y más dudas. 'Caso Adigsa', hasta un 20% por adjudicar obras. Diez años y va para largo. No hay prisa. 'Caso Palau', más de lo mismo. CDC, Millet y Montull. 2,5% para vosotros, 1,5% para nosotros. ¿Hay más que repartir? Pregunta a Pujol o a Mas que ellos sabrán. Papeleo y tiempo. Aburrimiento. Todo pasa y luego se olvida. Otro 'caso' tapará al presente. ¿Hay jueces en Cataluña?

Blanqueo de capitales. Dinero en mano. Influencias. Ordenadores en otros despachos. Todo muy revuelto. Sin orden ni concierto, pero con la pasta por delante. Y los jueces llevan diez años mirando al Mediterráneo con música del admirado Serrat.

No pasa nada. No pasará nada, han pensado siempre. Y, de momento, no se han equivocado. Unos van a Andorra, otros pasan la ITV gratis y los jueces se relajan en los conciertos del Palau. Y así diez años y los que vendrán. Ante el nuevo curso que empieza me asalta una pregunta ingenua. ¿Hay jueces en Cataluña?

ENTRE 1930 Y 1935
Los rupturistas catalanes trataron de pactar con Hitler
 Gaceta.es 2 Septiembre  2015

Un artículo de 1983 del 'Diari de Barcelona' relata las relaciones que mantuvieron los nacionalistas con el gobierno de Hitler antes del inicio de la Guerra Civil.

En los años 1930 los líderes de la Alemania nazi mantenían contactos con la agrupación nacionalista radical catalana Nosaltres Sols! y el partido político independentista Partit Nacionalista Català (PNC), explica el 'Diari de Barcelona'. De acuerdo con el artículo, la cooperación fue tan estrecha que antes del inicio de la Guerra Civil en España un grupo de nacionalistas catalanes llego incluso a ofrecer a Hitler desplegar sus bases militares en el territorio del futuro Estado catalán a cambio de "recibir entrenamiento en el manejo de aviones y en la preparación de explosivos".

Por su parte, los nazis, que acababan de llegar al poder en Alemania, trataban complacer de cualquier manera a los nacionalistas catalanes y otros grupos independentistas radicales en Europa. En aquel entonces el principio hitleriano de "divide y vencerás" funcionaba con éxito mientras sirviera a los intereses del Fuhrer. Cataluña, según opinan los historiadores, era la región donde operaba la red de espionaje y propaganda nazi mejor organizada de toda Europa.

Además: ¿Por qué Hitler nunca logró invadir Suiza?
En julio de 1935, durante una visita a Alemania, uno de los líderes de Nosaltres Sols! entregó al ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, un memorándum que tenía que demostrar con una lista de beneficios que la colaboración entre Alemania y el separatismo catalán estaba destinado a tener éxito. No obstante, los independistas no recibieron ninguna respuesta del ministro.

A pesar del fracaso con Goebbels los partidarios de la independencia no se desanimaron y en 1936, cuando la situación en España empeoraba después de las elecciones, presentaron en el consulado alemán en Barcelona un nuevo proyecto ampliado de memorándum.

Sin embargo, las esperanzas de los radicales catalanes se fueron al traste por la decisión de los gobiernos de Alemania e Italia, que no estaban seguros de la fidelidad catalana, de apoyar decisivamente a Franco una vez empezó la Guerra Civil Española. En aquel momento los teutones ya entendían que una futura Gran Cataluña que incluyera Islas Baleares y Valencia podría facilitar la penetración francesa hacia Gibraltar gracias a las vías férreas que unían los dos países.

Obra de Javier Barraycoa y Manuel Acosta
La historia de Cataluña, en un nuevo cómic libre de prejuicios y mitos nacionalistas
Jacobo de Andrés www.latribunadelpaisvasco.com 2 Septiembre  2015

Además de organizar numerosos congresos y charlas a lo largo y ancho de Cataluña, Somatemps, un grupo de académicos catalanes que quieren difundir una visión histórica de esta región libre de los prejuicios y de los mitos nacionalistas, ha dado un paso más en su profusa actividad y ha decidido zambullirse en el siempre complicado mundo del cómic.

Según se explica desde la web de “Dolça Catalunya”, “había que explicar a los niños la verdadera historia de Cataluña, la que TV3 y las madrasas nacionalistas nos escamotean todos los días”, y, para ello, Javier Barraycoa y Manuel Acosta han dado luz a un tebeo clásico que, con las magníficas ilustraciones de Joan Alonso, ofrece al lector una historia límpida libre de los estragos ideológicos que cotidianamente se hacen desde el mundo independentista catalán.
 


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