AGLI Recortes de Prensa   Jueves 3  Septiembre 2015

Secesión gratis total
Cristina Losada Libertad Digital 3 Septiembre  2015

La propuesta de reformar la ley del Tribunal Constitucional para garantizar la ejecución de sus resoluciones será todo lo mala que se quiera. Es electoralista, como lo son casi por definición las decisiones de un gobierno en período preelectoral, y no sólo las de un gobierno: han sido igual de electoralistas las reacciones en contra. ¿O el alto voltaje retórico de la oposición no guarda relación alguna con que haya elecciones a la vuelta de la esquina? Por lo demás, y entre otras malas cosas que ya se han puesto negro sobre blanco, carece del básico consenso que debería presidir las reformas que afecten a instituciones fundamentales del Estado. Claro que pensar que se podía haber forjado un consenso entre PP y PSOE en ese punto es una bonita ingenuidad.

El proyecto será malo, pero su presentación ha sido todo un test del estado en que se encuentra la política española para afrontar una posible declaración secesionista en Cataluña. En cuanto se ha dicho que las resoluciones del guardián de la Constitución deben contar con más garantías de ejecución, se ha levantado un coro rugiente: ¿cumplir las sentencias del TC? ¡Pero qué abuso más intolerable!

El líder Sánchez oteó la reforma desde el otro lado del charco y la atribuyó a un empeño de Rajoy por legislar para la extrema derecha de su partido. Hombre, si todo lo que pretende esa extrema derecha es que se cumplan las resoluciones del alto tribunal y se preserve el orden legal y constitucional, quizá debería felicitarse Sánchez. Puede que no lo tenga presente, pero en tiempos la extrema derecha estaba radicalmente en contra de la Constitución. Lo raro, raro es que no esté el PSOE a favor de que las decisiones del TC sean algo más que un papel destinado al archivo.

Si a unos les despierta una repugnancia visceral la idea de hacer cumplir las resoluciones del TC, a otros les parece una amenaza, una llamada a la confrontación y hasta un procedimiento inquisitorial. Ah, dicen los sabios, es que estamos ante un problema político y no se hace política a golpe de sentencias. Bueno, esto último no sería necesario si no hubiera políticos decididos a dar golpes contra la legalidad. Es inquietante, en cualquier caso, que tengamos tantos partidarios de que la política transcurra por cauces opuestos a la ley.

Esta panoplia de reacciones airadas compone un mensaje alentador y reconfortante para los que han anunciado que proclamarán la independencia de Cataluña. Porque el mensaje que envían es que hacer cumplir la ley es cosa extravagante y peligrosa, y si se trata de la Constitución, todavía más. Un mensaje que lleva implícita la promesa de un premio extra: incumplir saldrá gratis.

El nacionalismo ya ha venido disfrutando de ese gratis total; hiciera lo que hiciera, incumpliera lo que incumpliera, el coste era cero. Pero ahora que ha subido la apuesta y amenazar con romper por las bravas un país también puede esperar tranquilamente que no tenga ninguna consecuencia negativa. A este paso, la medida más contundente que querrán tomar la mayoría de los partidos cuando el parlamento catalán proclame la independencia será tal vez, ¡y con mucho cuidado para no herir sentimientos!, la de crear una comisión.

El estado de broma

ARCADI ESPADA El Mundo 3 Septiembre  2015

A Xavier García Albiol, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalidad, le gusta presentarse como el hombre de las verdades amargas. Su crédito se afianzó el martes. Al salir de la reunión parlamentaria donde él y el portavoz popular, Rafael Hernando, habían presentado la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional, el señor García Albiol zanjó imperial: «La broma se ha terminado». Una verdad amarga, sin duda, pero incontestable. El señor García Albiol declaraba, y quién va a llevarle la contraria a hombre tan vehemente, que hasta aquel instante iniciático, y respecto al pleito catalán, el Gobierno de la nación había estado de broma. Ni los más inoportunos se habrían atrevido a tanto.

El largo estado de broma, que García Albiol da por acabado, es el principal lastre de esta iniciativa de reforma del Tribunal Constitucional. Y lo que da argumento a los que la tildan de chapucera, apresurada y oportunista. El Gobierno se ha pasado media vida calificando de pantomima la consulta del 9 de noviembre organizada por el Gobierno de la Generalidad. Esa manera de rehuir sus graves responsabilidades en la desaparición transitoria del Estado en Cataluña ya se vio comprometida con la querella presentada (y admitida) contra el presidente Mas por el fiscal general del Estado.

La reforma del Tribunal Constitucional solo remacha la inconsistencia de la pantomima gubernamental. No habría habido 9 de noviembre, al menos en la versión democráticamente humillante en que lo conocemos, si el Gobierno hubiese aprobado la reforma y, en consecuencia, el Tribunal Constitucional hubiera podido ejecutar sus resoluciones como un tribunal convencional. Es decir, no habría habido 9 de noviembre si el Gobierno no se hubiese tomado a broma la arrogancia desleal del poder autonómico y hubiese legislado preventivamente contra ella.

Hay razones técnicas para discrepar de la reforma. Las resume muy bien el aforismo inglés 'Grandes casos dan malas leyes'. Legislar 'ad hoc', en el filo cortante de los hechos, no parece una práctica recomendable. Pero la hipótesis de que el Gobierno, ante la agresión a la democracia que planea el gobierno nacionalista, haya decretado el fin de las vacuidades sería una excelente noticia constitucional.

Tanques, togas y tricornios
Pablo Planas Libertad Digital 3 Septiembre  2015

El presidente de la Generalidad, Artur Mas, no anda sino que flota porque sospecha que la reforma del Tribunal Constitucional tiene algo que ver con él. Astuto como es, no anda desencaminado. Sin embargo, el problema de los convergentes no es el TC y sus sentencias, que incumplen con reiteración y deleite. A un nacionalista, un magistrado del TC le provoca el mismo espanto que a un mantero la Guardia Urbana. Nada. En cambio, el atisbo de un tricornio tras el tres por ciento le causa sudores fríos. Ahí sí que le tiemblan las piernas. Los tanques por la Diagonal son los agentes de la Benemérita sacando cajas de la sede de Convergencia.

En cualquier caso, la reforma del Constitucional para que sean los magistrados quienes se coman el marrón de empurar a Mas no ha sido bien acogida por los separatistas, y eso puede que sea, de lo malo, lo mejor de la iniciativa. El artista invitado, García Albiol, candidato del PP y entre tanto exalcalde de Badalona, tiene la virtud de sacar de quicio a los adversarios. Su "se ha acabado la broma" genera ronchas y picores en los componentes de Juntos por el 3%. ¡Quién se ha creído que es!, exclaman indignados. Y a los efectos de andar por el Congreso y reformar leyes no les falta razón. Albiol no es nadie, pero les tiene comida la moral y no lo soportan. Tanto a su favor.

Mas, soberbio como siempre, ha respondido: "El Gobierno central se plantea cargarse el Estado de Derecho y eso sí que recuerda a los años treinta". Hasta ahí podíamos llegar, murmura Mas ante sus pretorianos. Aquí y ahora, el único que puede cargarse el Estado de Derecho es él, y no necesita ayuda. Le sobra con TV3%. Sobreactúa el president porque está contra las cuerdas, tres por lado. Ni siquiera el parapeto emocional de la independencia le vale ante la constatación de que el 3% no es un invento de Madrid sino el encofrado de la gran estafa convergente, la esencia, sustancia y ceniza del pujolismo que no cesa, el modus operandi, la mordida consuetudinaria del régimen nacionalista, la Masfia.
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Es probable que la corrupción influya entre poco y nada en el voto separatista. Juntos por el 3% será la lista más votada y sólo una muy alta participación podría convertir ese resultado en una victoria pírrica y una derrota práctica. Pero el futuro de Mas no sólo depende de las urnas, la Guardia Civil y el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, para Romeva y Junqueras sólo hay un 3% de probabilidades de que Mas repita como president si todos juntos ganan las elecciones.

El caballo de Troya
 Gaceta.es  3 Septiembre  2015

El Estado Islámico está aprovechando la ola de refugiados para introducir a sus militantes en los países europeos. Un Caballo de Troya.

Tres mil ochocientos yihadistas del Estado Islámico, provistos de pasaportes sirios, pueden estar entrando en Europa aprovechando el caos de la ola migratoria. La información policial que hoy publica gaceta.es eleva todas las alarmas. Consta que el Estado Islámico ha robado esos pasaportes en blanco, así como otros miles más, en diferentes comisarias iraquíes y sirias del territorio que ahora controla. Consta igualmente que esos pasaportes han sido rellenados con las identidades de militantes yihadistas. Los números de serie de estos documentos son conocidos, pero pocos puestos fronterizos tienen la capacidad técnica para identificarlos entre la marea humana que se agolpa a las puertas de Europa. Así el EI está sacando partido de la ola de refugiados para introducir a sus militantes en los países europeos.

Los aqueos lograron rendir Troya, después de un largo asedio de diez años, por el procedimiento de abandonar el sitio y dejar varado en la playa un gigantesco caballo de madera. Los troyanos tomaron aquel caballo no como una amenaza, sino como una ofrenda a los dioses, y lo introdujeron en la ciudad. Casandra y Laocoonte adivinaron el peligro, pero nadie les escuchó: todos, ansiosos de paz, prefirieron creer que el caballo era un regalo. Después, como es sabido, el vientre del caballo se abrió y de él descendieron decenas de guerreros aqueos que abrieron las puertas de Troya al grueso de la fuerza griega, que acechaba en el exterior. Troya desapareció para siempre. Los que habían advertido del riesgo no corrieron mejor suerte: a Laocoonte se lo comieron dos serpientes y Casandra terminó violada y cautiva. Esa es la historia del Caballo de Troya, uno de los grandes temas clásicos de la cultura europea. Es lógico que una Europa que ha abjurado de su identidad haya olvidado también estas cosas.

Los buenos sentimientos tienen su sitio. El realismo político, también. Un realismo sin sentimientos puede ser atroz, pero un moralismo sin sentido de la realidad es suicida. El Estado Islámico y el yihadismo en general han declarado la guerra a Europa. De nada sirve que los europeos pretendan vivir como si la cosa no fuera con ellos. El Caballo de Troya no es una ofrenda a los dioses. Es una amenaza bien cierta. Los europeos deben tomar conciencia. Aunque, como todo el mundo sabe, la maldición de Casandra era que nadie atendió nunca a sus profecías.

Derechos humanos o negocios
Aleix Vidal-Quadras Gaceta.es 3 Septiembre  2015

Es bien sabido que la República Islámica de Irán es uno de los Estados del mundo donde las violaciones más graves de los derechos humanos se producen con mayor frecuencia e intensidad. Desde que el actual Presidente, Hassan Rouhani, tomó posesión de su cargo hace dos años se han ejecutado en aquel país a cerca de dos mil personas, la mayoría de ellas disidentes políticos o críticos de la situación imperante. El régimen fundamentalista creado por el Ayatolá Jomeini en 1980 es una máquina de triturar seres humanos. En 1988 treinta mil opositores a la teocracia tiránica que oprime a Irán perdieron la vida en el patíbulo, casi todos sin juicio ni garantías procesales. A día de hoy sus familias no saben dónde llorar a sus seres queridos porque fueron enterrados en fosas comunes de paradero desconocido. Se estima que hasta la fecha más de cien mil reos han sido liquidados sin piedad. Las mujeres son objeto de un trato degradante, sufriendo discriminaciones sociales, laborales y educativas de los más diversos tipos. La policía religiosa propina palizas y arresta a las iraníes que considera que llevan el velo mal puesto o cometen acciones tan indecorosas como dar la mano por la calle a su novio. Una vez en la cárcel con frecuencia son violadas por sus guardianes y torturadas con saña, además de sometidas a vejaciones sin cuento. Las comunicaciones en la red son censuradas, al igual que de forma periódica el régimen procede a la requisa de antenas parabólicas para evitar que sus ciudadanos tengan acceso a las cadenas de televisión internacionales o al canal del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, el principal grupo opositor a la dictadura de los clérigos que desde el exilio lleva sosteniendo en alto durante tres décadas la bandera de la alternativa democrática a la pesadilla totalitaria que oprime ferozmente a sus connacionales. A toda esta serie de atrocidades se suma la labor incansable del régimen iraní de promoción del terrorismo y de exportación del extremismo rigorista islámico en todo el mundo.

Pues bien, este es el sistema con el que las potencias occidentales han firmado un acuerdo para ralentizar, que no eliminar, su programa armamentístico nuclear. Y, por sorprendente e indignante que resulte, en el transcurso de las largas conversaciones sostenidas para cerrar el trato ni Estados Unidos ni la Unión Europea han hecho la menor alusión al tema de los derechos humanos y las libertades civiles. Federica Mogherini, John Kerry y compañía se han ceñido estrictamente al ámbito de la dimensión bélica de las actividades de Irán en relación a la energía atómica sin ni siquiera rozar los crímenes cometidos diariamente contra sus propios ciudadanos por el Gobierno de Irán. Hubiera sido natural, tratándose de potencias teóricamente comprometidas con los valores democráticos y dotadas de sensibilidad humanitaria, que por lo menos hubiesen intentado introducir un capítulo referido a derechos humanos en las negociaciones con sus interlocutores iraníes. No ha sido así y, como es natural, sus interlocutores iraníes han interpretado que tienen luz verde para incrementar la represión, tarea sangrienta a la que están entregados con entusiasmo.

El acuerdo nuclear, que por supuesto la parte iraní no cumplirá, sólo servirá para descongelar los activos del régimen retenidos por las sanciones y para abrir la puerta de la economía iraní a las inversiones y a los negocios de las grandes empresas francesas, británicas, alemanas, italianas, españolas y americanas. Todo ello al precio de aumentar el sufrimiento del pueblo iraní y de reforzar a unas elites políticas, religiosas y militares cuyo objetivo sigue siendo la hegemonía sobre Oriente Medio y la destrucción de Israel. El negocio no puede ser peor, pan para hoy y guerra y destrucción para mañana.

Trump arremete contra Bush por hablar español durante la campaña electoral
europa press washington ABC 3 Septiembre  2015

«Es un buen hombre. Pero debería dar ejemplo hablando inglés mientras está en Estados Unidos»

El candidato republicano Donald Trump ha criticado este miércoles a uno de sus principales contrincantes, el ex gobernador de Florida Jeb Bush, por hablar español durante la campaña electoral.

«Me gusta Jeb. Es un buen hombre. Pero debería dar ejemplo hablando inglés mientras está en Estados Unidos», ha dicho Trump, un día después de que Bush le criticase en unas declaraciones en español durante un evento en Miami: «Si no estás totalmente de acuerdo con Trump eres un idiota, eres estúpido, tienes poca energía, bla, bla, bla», dijo.

No es el primer enfrentamiento verbal entre ambos candidatos, que compiten por ser el candidato de los republicanos en la carrera por la Presidencia. «Me ataca cada día con barbaridades, con cosas que no son ciertas», denunció Bush, quien está casado con una mexicana desde hace 41 años y habla español de manera habitual durante sus intervenciones.

En estos momentos, el exgobernador de Florida es más popular entre los hispanos que entre la población de raza blanca. Una encuesta de ABC/Washington Post difundida este miércoles muestra que Bush es visto positivamente por un 43 por ciento de hispanos, frente a un 39 por ciento de blancos.

La cadena estadounidense Univision recoge también las palabras del director de campaña de Jeb Bush, Danny Díaz, quien dice que parece que Trump «se propone él solo a destruir el Partido Republicano».

Cataluña, ante el desafío secesionista
Los empresarios catalanes alertan de que ya se notan los efectos del proceso separatista
Han salido empresas de Cataluña al resto de España, ha caído la inversión extranjera en la Comunidad y se ha disparado el bono catalán
Europa Press La Voz Libre 3 Septiembre  2015

Madrid.- El presidente de los Empresarios de Cataluña, Josep Bou, ha asegurado que "sin llegar a poner un pie en la independencia" ya se está produciendo la salida de empresas de Cataluña al resto de España, ha caído la inversión extranjera en la Comunidad y se ha disparado el bono catalán.

En declaraciones a Antena 3, ha explicado que desde 2014 se ha producido "una deslocalización de 987 empresas de las cuales 246 se han deslocalizado a Madrid", así como "un descenso" de la inversión extranjera en Cataluña del "15,8%" cuando en el resto de España ha aumentado un "9,8%" y "el bono catalán se ha disparado un 40%".

En este sentido, Bou ha recalcado que estos son efectos del proceso secesionista que se está produciendo en Cataluña y, por eso, ha insistido en que la independencia "sería un disparate absoluto".

Así, ha afirmado que sus informaciones son "siempre" de "fuentes profesionales" y que como no son políticos no pretenden "agradar a nadie". "Intentamos decir lo que creemos que es mejor para la economía de Cataluña, de sus empresarios y sus trabajadores", ha añadido.


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Secesión y corrupción
EDITORIAL Libertad Digital 3 Septiembre  2015

Se suponía que los registros efectuados el pasado viernes por la Guardia Civil en la sede de su partido iban a alterar la pretensión de Artur Mas de convertir su comparecencia en el Parlamento catalán de este miércoles en un mitin para explicar el carácter plebiscitario de las elecciones autonómicas del 27-S. Sin embargo, lejos de dar explicaciones que cuestionen la necesidad de llevar a cabo esos registros o la validez de los numerosos documentos que apuntan a una financiación irregular de su partido a través de comisiones procedentes de la adjudicación de obra pública, el presidente de la Generalidad se ha dedicado a reivindicar sus pretensiones de secesión política para no tener que dar ninguna explicación sobre este caso de corrupción económica.

Liderar un ilegal proceso de construcción nacional no da derecho a ningún partido ni líder político a no ser investigado por financiación irregular. Tampoco se lo da el hecho de que estemos en vísperas de unas elecciones autonómicas, que el presidente de la Generalidad quiera otorgar a éstas un ilegal carácter plebiscitario respecto de la independencia de Cataluña. Artur Mas no puede escudarse en que la Fiscalía y la Guardia Civil dependen de las estructuras del Gobierno central para no dar explicaciones sobre las supuestas mordidas de su partido ni, menos aún, utilizar esta dependencia como prueba de la ilegítimidad de las labores de investigación.

Tampoco el hecho de que esta actuación judicial se haya filtrado a la prensa invalida unos registros que forman parte de una investigación sobre el supuesto pago de comisiones de la empresa Teyco, controlada por la familia de Carles Sumarroca –cofundador de CDC–, que se remontan a la época en que Artur Mas era secretario general de Convergencia y, por tanto, responsable del funcionamiento del partido.

Hay que lamentar las filtraciones y la teatralidad en las actuaciones judiciales, pero lo cierto es que en los registros efectuados en la sede de Convergencia y en la fundación Catdem a nadie se esposó ni se detuvo teatralmente, como sí ha ocurrido en otros casos, incluidos los que afectan a algunos miembros del PP. Por otra parte, la filtración no altera el fondo del asunto: una verdad no se convierte en mentira por el hecho de que se filtre ni una mentira deja de serlo porque se mantenga en secreto.

Es cierto que el proceso de reforma soberanista del estatuto de autonomía catalán permitió a Convergencia hace diez años lograr que Pasqual Maragall se retractara de su célebre acusación del 3%. Sin embargo, sería surrealista que el actual y mucho más grave proceso secesionista sirviera de tapadera de lo que ya entonces era un secreto a voces. Pero a eso aspira Convergencia, tanto como los que le acompañan en Junts pel Sí.

Duplicidad de atribuciones.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Septiembre  2015

Estupidez y ridículo. La reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional es el mayor despropósito político y jurídico perpetrado por un Gobierno que no merece semejante calificativo. Un Tribunal llámese como se llame está para emitir sentencias en razón de sus competencias, o como se suele decir de “aquello de lo que entiende” y siempre se acaban con el “cúmplase”. Lógicamente no es labor de ese Tribunal ir más allá de su labor prevista por los legisladores y la propia Constitución y convertirse en algo más como ejecutor de sentencias, lo que es una labor exclusiva de las FFyCCSE dependientes del Ministerio de Interior y por tanto del Gobierno de la Nación.

Por otra parte, ya están otros Tribunales que sí que entienden de otras leyes, penales, mercantiles, etc. que aplican con rigurosidad y cuya jerarquía está muy bien delimitada en cuanto al largo camino que existe hasta que una determinada sentencia llega a ser firme. Los famosos recursos, que a nivel nacional terminan todos cuando es el Tribunal Supremo el que dicta sentencia. Querer cambiar al Tribunal Constitucional sacándole de lo que le es propio, es de una torpeza supina que bien podría ser considerada como una delegación de funciones injustificable y con marcado acento político en esta etapa de desafío secesionista y campaña preelectoral de unas elecciones autonómicas deformadas y tramposas que el secesionismo ha transformado en plebiscitarias.

La pregunta es ¿por qué el Gobierno de Mariano Rajoy se muestra totalmente remiso a hacer que se cumpla la Constitución y prefiere usar política e instrumentalmente al Tribunal Constitucional para que haga esa poco grata labor? Sencillamente por puro cálculo electoral ante las próximas elecciones generales. El PP no quiere ser “el malo” de la película y asumir el coste político de ordenar la suspensión de la Autonomía de Cataluña en los casos previstos por la Constitución y cuya obviedad no necesita de aclaraciones, ni matizaciones por parte del Tribunal Constitucional. Por otro lado, no existe una dependencia jerárquica entre ningún Tribunal y las FFyCCSE para que estas actúen como garantes del cumplimiento de esas sentencias. Esa labor, como dije está en manos del Gobierno y de su Ministro de Interior.

La incongruencia se manifiesta cuando a este Tribunal Constitucional se le atribuye una especial eficacia, a la hora de hacer efectivas sus sentencias, que de modo flagrante se incumple con las sentencias del Tribunal Supremo. Son muchos años de desidia, de mirar para otro lado por parte de quienes tenían la responsabilidad de hacer cumplir las sentencias del mayor tribunal de España. Sin embargo, buena prisa que se dieron para cumplir con una sentencia no vinculante de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos y hacerla extensiva con “la suelta” de etarras, asesinos, violadores, etc. sin reparo alguno y sin ninguna consideración, ni búsqueda de amparo legal al Constitucional. Eso es cinismo, hipocresía y una vez más, cobardía manifiesta.

Se vuelve a equivocar el PP, el Gobierno de Mariano Rajoy y su salida de pata de banco electoralista, extemporánea e injustificable. Su sola propuesta clama contra toda la lógica jurídica y solo conseguirá ahondar en lo que nunca debió suceder, que el Tribunal Constitucional se haya convertido con el tiempo en el máximo intérprete de cualquier asunto penal, mercantil y hasta de Junta de Vecinos de viviendas. No se precisan más atribuciones sino que se garantice el cumplimiento de las Sentencias de todos los Altos Tribunales y eso solo se consigue de un modo, implicando a las FFyCCSE y procediendo a la neutralización (identificación, detención y puesta a disposición judicial) de los delincuentes, siendo tales todos aquellos que vulneran las leyes y las sentencias de forma voluntaria y consciente. Creo que es tan sencillo como eso. Lo demás es dejación de responsabilidades y también debe tener consecuencias no solo políticas sino penales, como la de denegación de socorro contemplada en la Ley.

Sr. Rajoy, deje de ver cómo podría evitar ponerle el cascabel al gato. Dedíquese a cumplir con su obligación. Gobierne y haga cumplir la Ley con los medios, bastante concisos y numerosos, dispuestos al efecto. Si no se atreve por falta de valor y le domina el “miedo escénico” con el vértigo del fracaso y del qué dirán, por favor, dimita ya. España no se merece gobernantes incapaces de defender la Ley.

Por favor, díganselo a Sánchez
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 3 Septiembre  2015

Un tribunal ha de tener como elemento esencial y necesario de su actividad y función la capacidad y los instrumentos para dar cumplimiento a sus sentencias. De lo contrario ¿de que sirve?.

El Tribunal Constitucional, el máximo instrumento judicial en cuanto a derechos y deberes constitucionales, no tiene competencias penales, no dicta sentencias de tal tipo, aunque si puede afectarlas si conculcan principios y derechos fundamentales. Sus sentencias ante todo se refieren a leyes y actuaciones de instituciones y personas que puedan vulnerar tales derechos. Sentencias, aunque fueran en su momento tan controvertidas como la legalización de Bildu, que han de ser acatadas. Y lo han sido. Con excepciones flagrantes

Pero ¿que sucede cuando de manera contumaz un gobernante o una institución, se niega a acatar tales sentencias y hace un continuo y deliberado ejercicio de que su propósito es violarlas y destruir precisamente ese marco legal, constitucional, de garantías de derechos y deberes de todos?. Pues que, de no tener los instrumentos precisos para hacer cumplir sus sentencias, queda sin sentido, reducido a un papel mojado, sin capacidad para ejecutar lo que dicta. Es entonces, perentorio, dotarlo de ellos.

Esa, y no otra, y por supuesto aplicable al señor Mas y a los separatistas catalanes y a cuantos otros pretendan transitar por tal camino aprovechando ese vacío legal, es la voluntad, el espíritu y la letra de la reforma planteada, y que hasta ahora no se había visto preciso llenar porque nadie había llegado a tal grado de sedición contra la ley de leyes y establecido una hoja de ruta para destruirla. A nadie se le podía pasar por la cabeza el no acatar las sentencias, y no se le había pasado a nadie, hasta que se ha llegado a tal momento de disparate y pretensión de auténtico golpe contra las leyes, la Constitución y el Estado. Que no lo digo yo, que lo han bautizado así por Europa y como tal lo identifica el presidente socialista Felipe Gonzalez.

Para ello lo que quiere concretarse y legislarse es algo tan simple como dotarlo de los instrumentos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones y que para ello sea el propio Tribunal quien supervise y controle su cumplimento y poder, en base a ellos, solicitar al poder publico y sus administraciones, comenzando por el propio Gobierno, el auxilio necesario y los medios para hacerlas cumplir de manera preferente. No es su función la penal, en absoluto, pero si ha de tener la capacidad de inhabilitar para un cargo a quien viola precisamente los sus deberes constitucionales, que antes que nadie esta obligado a cumplir y a hacer cumplir, que conculca y viola, en suma, las propias leyes por la que está en ejercicio de tal cargo.

Es algo lógico, obvio y absoluta racionalidad y sentido común que, amen de la pataleta, revoltijo y rasgar de vestiduras de los cínicos que pretenden ciscarse, impunemente, en todo ello, que no ha tardado en salir Pedro Sánchez afirmando que hacerlo es algo de Extrema Derecha. O sea, que defender que el Tribunal Constitucional pueda hacer cumplir sus sentencia y defienda los derechos, deberes y libertades constitucionales es fascista. O sea, ya estamos con el PSOE exactamente en las antípodas de sus principios, ya estamos con ZPedro haciendo y diciendo exactamente lo contrario a lo que con tal claridad exponía González. En suma haciendo el Zapatero, equidistando y al hacerlo ponerse de nuevo al lado de los secesionistas con los que por otro lado corre alborozado a pactar por toda España.

Pedro Sánchez pudo en algún momento ser percibido como una esperanza. Reconozco que, aunque muy desconfiadamente, la tuve. Hoy su sectarismo, su cortedad de miras, su única pretensión de conseguir el poder a cualquier precio y pacto, que cada día resulta más evidente y que ayer volvió a demostrar fehacientemente hace que se comience a percibir como una amenaza a la estabilidad de la nación , en su vertebración, en su economía y en sus propios principios. Su futilidad, su inconsistencia, su falta de valores y del más mínimo sentido de estado y nación lo hacen un Zapatero redivivo y de segundas dadas.

En todo el asunto catalán la responsabilidad del antecesor como gobernante fue de una insensatez absoluta llevando al PSOE a la hecatombe y al PSC a la marginalidad. Ahora Sánchez entiende que ha de proseguir esa senda y que el eje de su campaña en Cataluña es el ataque al Gobierno y a quienes pretenden defender la ley. Le responden muy bien las palabras de González, que tras explicitar su preventiva y lógica crítica a Rajoy, expresaba con contundencia que ello “No puede llevar a una posición de equidistancia entre los que se atienen a la ley y los que tratan de romperla”. Pues eso, que se lo digan por favor a Sánchez.

La reforma del TC: ¿necesaria o inoportuna?
Jorge Galindo www.vozpopuli.com 3 Septiembre  2015

El PP está dispuesto a llevar adelante una reforma de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Explicado rápido y mal, el objetivo es dotar al mismo de capacidad para hacer cumplir sus sentencias. Así, el TC podrá "acordar la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos”, las multas a imponer serán bastante más elevadas (de 3.000 a 30.000 euros, cuando antes no pasaban de la primera cifra), y un proceso penal por desobediencia en tribunales ordinarios será viable.

No es muy habitual que todas las asociaciones de profesionales de la judicatura se pronuncien a favor de una medida, pero la decisión de reforzar las capacidades del TC prácticamente lo ha conseguido. De esta manera, Pablo Llarena, presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), piensa que "nadie puede negar la conveniencia" de la reforma. Conrado Gallardo, presidente de la (según ellos) menos partidista Foro Judicial Independiente (FJI), afirma que “me parece bien y es necesario. Hemos visto a veces como sus peticiones se quedaban en nada por falta de medios para hacerlas eficaces”. E incluso Joaquim Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, ha venido a aceptar que es buena idea intentar que las decisiones del Tribunal “no queden en papel mojado”.

De hecho, resultaba un tanto extraño que las sentencias de una instancia tan elevada como el TC no estuviesen respaldadas por un poder de ejecución y una garantía de cumplimiento mayor por parte de los implicados en cada proceso. No es solo el Govern de la Generalitat de Catalunya, Convergencia o la lista soberanista de Junts Pel Si lo que debe preocuparnos: las posibles sentencias del Constitucional abarcan tanto como la norma a la cual hacen referencia, garante de los derechos (¡y deberes!) a los que llegamos por pacto, y que ninguna institución puede saltarse por muy democrática que se considere. Pues la Constitución es, en realidad, la última línea de defensa de la democracia.

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El Partido Popular ha comenzado el curso político con una tentativa de decretazo. La intención de dar al Tribunal Constitucional una mayor capacidad para hacer cumplir sus sentencias no podría ser más oportuna para los intereses electorales de los conservadores en Catalunya. Aunque aún no haya empezado oficialmente, la campaña ya va a toda máquina. El PPC no ha hecho sino perder enteros en los últimos tiempos, y el polémico García Albiol, por sus coqueteos con el racismo, no parece ser el salvavidas que necesitan. Albiol lo sabe, y probablemente por ello pidió a Génova una mayor implicación política. Que ahora le ha sido concedida.

No son novatos, los populares, en este negociado. Como nos recordaba Pablo Simón, el Plan Ibarretxe ya incitó al gobierno de Aznar a una reforma de otra ley fundamental en la definición de castigos. En este caso, el Código Penal. Una enmienda diseñada para meter en la cárcel a quien convocase un referéndum ilegal. Distinta norma, mismo objetivo: potenciar el perfil de ‘salvador de España’ que tiene o pretende tener el PP a costa de nuestro ordenamiento jurídico.

La reforma actual es, si cabe, más inoportuna. Y lo es porque en tres semanas y pico los catalanes votarán. La acción de Madrid está destinada con poca duda a influir en el resultado de las elecciones. En este sentido da un poco igual si lo logrará o no, si es, como algunos piensan, una ‘ayuda’ más para fabricar independentistas o de si servirá para contenerlos. O tal vez consigue ambas cosas al mismo tiempo. Porque quizás lo que más conviene a cada extremo es que el otro siga existiendo, siga creciendo, porque el de acá sin el de allá nada es.

* * *
Los dos textos anteriores constituyen dos pequeños artículos en uno. Mientras dudaba sobre cuál de los dos enfoques tomar para esta pieza, decidí que no tenía que decidirme. Se puede defender al mismo tiempo que una reforma determinada es necesaria pero resulta muy inoportuna. Lo curioso es lo poco que se ha visto esta postura entre medios, partidos, políticos y opinólogos. En su lugar observamos más a menudo enmiendas a la totalidad, acusaciones de inconstitucionalidad incluso, enfrentadas a apoyos sin fisuras a una medida calificada de ‘urgente’ o hasta ’valiente’. Y es que, una vez más, la guerra de trincheras deja poco espacio a los matices. Que son los únicos que, de verdad, pueden salvar a España.

Cataluña y la pedagogía del miedo
José García Domínguez Libertad Digital 3 Septiembre  2015

Dicen que quieren votar, que lo que más desean es que votemos todos, pero convocan las elecciones justo en medio de un puente para que no vote nadie. Son tan cínicos como desleales. Y es que, para ganar, necesitan a los idiotas. Sin ellos, están perdidos. En su primigenio significado etimológico, es sabido, los idiotas eran los ciudadanos que se abstenían de participar en el gobierno de la polis. Bien, pues en Cataluña hay 700.000 idiotas (los tenemos contados). Son los que siempre se presentan a votar en las elecciones generales pero que, por norma, no comparecen si se trata de elegir a los diputados del Parlament. Que el golpe de Estado que anda fraguando Artur Mas fracase o no dependerá en última estancia de que seamos capaces de movilizar a esa masa amorfa el próximo 27 de septiembre.

Una masa crítica que, por lo demás, se concentra en el área metropolitana de Barcelona. Porque, a día de hoy, no existe una sola Cataluña, sino tres. La de las comarcas interiores, la Cataluña profunda, está perdida para la causa de los leales: el separatismo allí es absolutamente hegemónico, su poder resulta tan absoluto como incontestable. Ahí no hay nada que hacer. En la segunda Cataluña, la del litoral, la correlación de fuerzas se antoja mucho más equilibrada, incluso con una ligera mayoría para el bando de los leales. Por último, en la gran Barcelona, un territorio que se extiende hasta las lindes del antiguo cinturón rojo, el separatismo sigue siendo minoritario, claramente minoritario. Algo que se volvió a constatar en el simulacro de referéndum del 9-N, cuando en el grueso de sus núcleos urbanos la participación nunca pasó del 15%.

Por eso resultará crítico tensar al máximo el clima emocional a lo largo de la campaña. El independentismo catalán, a diferencia del vasco, carece casi por completo de apoyos significativos entre las capas populares. Es un movimiento por entero burgués, parejo a lo que representa la Liga Norte en Italia, que encuadra a unas clases medias y medias-altas que en su momento constituyeron la base poblacional del franquismo sociológico. Gente por definición medrosa, con una aversión casi genética al riesgo. De ahí que se imponga, y cuanto antes, hacer pedagogía del miedo, esa emoción instintiva, fundamental para la supervivencia del ser humano desde sus orígenes, donde cumplía la función de despertar los sentidos ante un peligro cierto.

Los separatistas llevan meses endulzando el golpe a ojos de la opinión pública con el argumento quimérico de que la asonada carecería de consecuencias para los cómplices de Mas y su gente. Esa percepción popular, machaconamente labrada a diario por la prensa oficiosa, debe ser alterada de raíz. Desde Artur Mas en persona hasta el último agitador callejero de la ANC, tienen que empezar a notar en la nuca el aliento del Estado de Derecho. A esos efectos, la zanahoria del pacto fiscal (léase privilegios para Cataluña similares a los del País Vasco y Navarra), argumento con el que viene coqueteando el candidato del Partido Popular en las últimas horas, resulta contraproducente para la causa de los leales.

Los golpistas tienen que saber que no habrá ningún premio y sí, en cambio, castigos. Los caramelos no los van a parar. El miedo, sí. Los pensionistas tienen que saber que perderían su pensión. Los ahorradores tienen que saber que sus depósitos bancarios podrían ser incautados por el Estado en el caso de que una hipotética república catalana no abonase su parte alícuota de la deuda pública. Los funcionarios de la Generalitat tienen que poseer la certeza de que se juegan su carrera si cooperan de forma activa o pasiva con el golpe. Y los idiotas tienen que votar. Son cobardes. Funcionará.

El desdén vasco hacia Cataluña
A menudo surgen girones continuos de crispación, de enfrentamiento, embates constantes que sólo sirven para alimentar el discurso del agravio del independentismo catalán
Javier Caraballo El Confidencial 3 Septiembre  2015

Es un afamado profesional de San Sebastián, que nada tiene que ver con la política, el que pone el acento en algo que, en la vorágine diaria del torbellino catalán, nos está pasando desapercibido: “Lo interesante de todo esto es el desdén con el que el PNV está contemplando todo el proceso catalán. Ni sí ni no, ni bien ni mal; indiferencia. No encontrarás por ahí ni una sola muestra de apoyo o solidaridad con los independentistas catalanes, a pesar de lo que puedan creerse ellos o de los intentos soterrados por encontrar algún guiño de complicidad”, sostiene el tipo después de resaltar el momento dulce de estabilidad política y electoral de los peneuvistas. “En todo caso, mirarán de reojo, que es lo que vienen haciendo desde que Artur Mas se lio la manta a la cabeza. Claro, que así les va a unos y a otros…”

Ciertamente, es curioso el paralelismo entre los dos nacionalismos, el catalán y el vasco, en los últimos diez años por ejemplo, desde el Plan Ibarretxe hasta la actualidad. Lo que le ocurrió al PNV cuando aceleró el proceso independentista con el Plan Ibarretxe es que, después de años de tensar la cuerda, el proceso soberanista encalló en el Congreso de los Diputados, como era previsible, y el lehendakari Ibarretxe contestó, como ahora Artur Mas, con la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias. El objetivo era el mismo, obtener una abultada mayoría absoluta que le sirviera de respaldo para el siguiente paso de insubordinación institucional, pero los nacionalistas acabaron, sin embargo, perdiendo varios escaños. Y unos años más tarde, acabaron incluso desalojando, por primera vez en la democracia, el gobierno de Ajuria Enea a favor del único lehendakari socialista, Patxi López.

Desde que el PNV regresó al Gobierno vasco, en las elecciones de 2012, lo único que no se le ha ocurrido es lanzar un nuevo órdago al Estado, ni desempolvar el ‘plan Ibarretxe’, como le propone Bildu con insistencia, aprovechando el río revuelto de Cataluña. Más bien al contrario, el lehendakari Urkullu habrá anotado bien en sus cuadernos de estrategia política que lo que valora el electorado vasco, por encima de todo, es la estabilidad que ha propiciado en la comunidad. En el último Euskobarómetro, en julio pasado, el momento dulce de los nacionalistas vascos se reflejaba en la aprobación generalizada de la gestión del Gobierno vasco, del lehendakari y del partido, en todas sus facetas. De modo que la única previsión en la actualidad del PNV es la del crecimiento electoral, tanto en las elecciones en el País Vasco como en las generales de final de año.

Lo más destacado para los nacionalistas vascos, sin embargo, es que esa estabilidad electoral que han vuelto a conseguir, espantando el ascenso de Bildu, primero, y de Podemos, después, está íntimamente relacionada con el abandono de las aventuras independentistas. De hecho, sólo tres de cada diez vascos piensa en la actualidad en la independencia, un porcentaje que sigue descendiendo. Tan clara está la relación entre el crecimiento electoral y la estabilidad política que el propio director del Euskobarómetro estaba seguro de que el PNV no iba a desestabilizar su posición. El lehendakari –dijo- “ha podido ver como su política de moderación, de mano tendida, de alianza con el PSE, de alianza centrípeta y mixta, izquierda/derecha, autonomista/nacionalista, es la que mejor resultado le está dando. No creo que se le ocurra derrochar el capital político como hace el señor Mas en Cataluña”.

Ese es el desdén con el que los nacionalistas vascos contemplan el avispero catalán; la caída vertiginosa de Artur Mas y la voladura de CiU, la fuerza política que era hegemónica en Cataluña, simétrica al PNV durante treinta años. Y esa tendría que ser la trayectoria que describa el proceso catalán si en las próximas elecciones el frente independentista no logra la mayoría absoluta que se ha fijado, que ellos mismos han fijado, como línea roja que marca la victoria o la derrota de las elecciones plebiscitarias del próximo 27 de septiembre. Y eso es lo que, razonablemente, debería suceder; que el pueblo catalán, como le ha ocurrido a la mayoría del pueblo vasco, repare en que la mayor virtud del nacionalismo es la estabilidad política. “El clima que hay en la sociedad vasca es de una gran tranquilidad”, como añadía el euskobarómetro anterior. De ahí que, a la luz de lo ocurrido en Euskadi, podamos concluir que el peor de los errores que se está cometiendo para intentar frenar a los independentistas catalanes es el de persistir en una estrategia equivocada y persistente que sólo conduce a engordar a los separatistas.

Los independentistas catalanes lograron la unidad y construyeron un discurso ilusionante. Un milagro de manipulación social que ha hechizado a muchos

Los independentistas catalanes entendieron hace tiempo que la unidad era su principal baza, y la han logrado. Y, a partir de ahí, han construido un discurso que a una gran parte de los catalanes les parece ilusionante. Ese es el delirio, justamente: haber obrado ese milagro de manipulación social que ha hechizado a tantos. Pero si ha ocurrido así es, en gran medida, por la equivocación de los contrarios. Las fuerzas que rechazan la independencia de Cataluña sólo son capaces de transmitir nostalgia y apocalipsis. En vez de transmitir serenidad, confianza y firmeza, en lugar de ofrecer una imagen de unidad de todas aquellas fuerzas que no quieren la independencia, se ofrecen, consciente o inconscientemente, girones continuos de crispación, de enfrentamiento, embates constantes que sólo sirven para alimentar el discurso del agravio del que se nutre, exclusivamente, el independentismo catalán.

Se trata, en suma, de aquello que reflejaba aquí mi compañero Juan Soto Ivars tras el ‘pulso’ dialectico que presenció, y retrató, entre un independentista y un españolista: “Yo prefiero que Cataluña siga siendo parte de España, pero Alsina –el independentista- fue mucho más convincente que Planas –el españolista-. El bloque independentista acribilla a la población con argumentos, que serán válidos o no lo serán, pero los partidos españoles aluden a los sentimientos y, en el mejor de los casos, pronostican que Cataluña irá al desastre si decide independizarse. Argumentos positivos para mantenernos unidos, se leen muy pocos”. Hace un par de meses, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se sinceró en una entrevista de radio en Cataluña y dijo que la estrategia de los independentistas consistía en “colarle goles al Estado”. Pues eso, Juan, pues eso.

A mis amigos catalanes
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 3 Septiembre  2015

El ex presidente Felipe González publicó hace unos días, utilizando el diario 'El País', una carta dirigida a todos los catalanes en estos momentos en los que se juegan tanto por la irresponsabilidad de los dirigentes independentistas. Tuve interés en ver lo que sucedía en las redes sociales, terreno que no suelo frecuentar por higiene mental, y si en alguna ocasión lo hago me revisto de recelo y precaución, debido a que en las utilizadas por la generalidad, no es posible la discusión y favorecen los linchamientos a quienes no piensan igual; sustraigo por supuesto de esta negativa impresión a blogs solventes en los que se puede debatir seriamente sobre cuestiones diversas. El caso es que después de navegar por las redes sociales no pude encontrar un argumento sólido en contra de la carta del ex presidente, pero sí pude comprobar el daño que había hecho a los independentistas por la multitud de descalificaciones que sufrió el autor de la misma. Ya saben, cuanto más se utiliza la descalificación, menos razones y más miedo tiene su autor.

Por otro lado detractores de la carta, ubicados en el ámbito constitucional, le han hecho notar la contradicción entre su posición y las dudas del PSC, la posición equidistante de la dirección actual del PSOE entre los independentistas y el Gobierno de Rajoy y también han echado en falta una crítica a su pasado pactista con Pujol. Pero la carta, pudiendo tener otros contenidos, es la de un ex presidente, no la de un militante de base del Partido Socialista. Se trataba de poner a los independentistas ante el espejo de su irresponsabilidad, no era una carta sobre su gestión durante sus mandatos presidenciales. Decía Sócrates: "Supongo, Gorgias, que tú también tienes la experiencia de numerosas discusiones y que has observado en ellas que difícilmente consiguen los interlocutores precisar el objeto sobre el que dialogan", en este caso se trata de un debate sobre las consecuencias que tendrán las próximas elecciones autonómicas catalanas utilizadas por una amalgama de aventureros independentistas para satisfacer sus intereses. Todo lo demás referido al pasado de Felipe tendrá su tiempo, que no es el que estamos viviendo, y su lugar; probablemente el más ajustado se encuentra ya en las secciones de historia de las universidades.

En cualquier caso, el mejor ejemplo del acierto del ex presidente del Gobierno ha sido la furibunda reacción de sus adversarios. Su influencia ha sido utilizada correctamente y no se le puede pedir más. Pero los que no tenemos esa influencia y por lo tanto tenemos una responsabilidad menor en todo lo que está sucediendo en Cataluña o lo que teníamos que decir ya lo dijimos hace tiempo, podemos adentrarnos en otros terrenos que son importantes, tal vez de mayor alcance que unas elecciones autonómicas pero que sin embargo hoy por hoy no son urgentes. La reacción de los que consideran a González un enemigo, como antes consideraron a tantos otros que nos atrevimos a discrepar de la opinión dominante sobre Cataluña, me ha llevado a pensar en la minoría de catalanes que han tenido durante estos últimos años la valentía poco común de oponerse a la política de Pujol, de expresar su desilusión con la de Maragall o de hacer público su bochorno con el pacto de Montilla con ERC, error reconocido hace unos días por Carme Chacón; minoría que fue silenciada en su tierra y descalificada por amplios sectores en el resto de España. ¿Cómo han vivido durante estos años estos amigos intelectuales, políticos, artistas, o simplemente ciudadanos con un valor superior a la media? En Cataluña han sido tratados como personajes atrabiliarios en el mejor de los casos o como peligrosos desestabilizadores de la idílica democracia catalana; en Madrid eran calificados sencillamente de fachas o de españolistas sin remedio, en fin lo peor de lo peor. Siempre recordaré el griterío a las espaldas de Albert Rivera mientras era entrevistado en plena calle por un canal de televisión privado de ámbito nacional; fue el mejor ejemplo del enfurecimiento enloquecido de las masas, injusta chusma enardecida, ante un enemigo desposeído para ellos de todos los derechos propios de un ciudadano. De esa minoría, unos se aburrieron de un ambiente plomizo que escondía el autoritarismo populista vestido de mediocridad, y se marcharon; otros, desilusionados por la escasa reacción de una ciudadanía prisionera de un nacionalismo que aparentaba civilidad, también pusieron tierra por medio; no pocos siguieron con cabezonería, intentándolo una y otra vez, siempre rodeados de silencio e incomprensión, y allí han seguido luchando en soledad. Pero todos, los que se quedaron y los que se fueron, siempre dispuestos a dar una nueva batalla, convencidos de tener razón y por lo tanto de poder ver cómo se da la vuelta a la situación.

Los vascos que padecimos una situación parecida, agravada por la posibilidad real de perder la vida y la seguridad de haber perdido la libertad, teníamos por lo menos el reconocimiento al valor. El reconocimiento del valor no es nunca suficiente para la gente inteligente, y éstos a los que aquí recuerdo lo son y mucho, pero al fin y al cabo algo era algo. Los disidentes catalanes ni siquiera han tenido eso.

Justamente esa cobarde irresponsabilidad es la que me han recordado las reacciones contra la carta de Felipe González. Siempre se llega a una situación social imposible cuando los dirigentes políticos no son capaces por cobardía o comodidad de defender principios y reglas del juego. El 27 de septiembre tiene muchos responsables. Desde luego, en primer lugar, Artur Mas y los suyos, pero también somos responsables los que no defendimos la España democrática en Cataluña, los que no denunciaron la política educativa de la Generalitat, los que renunciaron a responder a los exabruptos de los nacionalistas por comodidad o por complejo, los que miraron a otro lado cuando se quemaban las imágenes del Rey o se silbaban los símbolos democráticos de la nación, los que asentían ante la grandilocuencia entrecortada de algunos líderes políticos o de opinión catalanes, siempre dispuestos a vender la idea de que la culpa era de Madrid, travestido para ellos de alpargata, pandereta, vagancia y picaresca. ¡Cuánto cálculo miope, cuánto miedo a la reacción clerical de un grupo que dominaba con mano de hierro la sociedad catalana y que algunos en el resto de España siempre creyeron legítimamente acreedor y, lo que es peor, adornado de una superioridad que sólo la ignorancia les prestaba! Y se nos olvidó que lo que no se defiende, siempre se pierde.

Hoy, en un momento crucial, en el que nos vemos obligados por su irresponsabilidad y nuestra comodidad a confrontarnos electoralmente como si nuestra vida dependiera del resultado, característica de sociedades inmaduras, no puedo dejar de sentirme orgulloso de estar con los que siempre defendieron la democracia sin adjetivos, la libertad individual y el derecho a discrepar sin necesidad de convertirse en héroes. Sé que estoy con los que han tenido la razón y el nervio moral para defenderla, sé que estoy con el futuro de Cataluña y de España, que renunciaron a la vez y con gesto manifiesto a lo peor de nuestra historia.

Todo lo que hagamos, desde los puntos de vista ideológicos más diferentes para ganar a los que nos devuelven las estantiguas de nuestro pasado, debe ser bien recibido pero con un matiz fundamental: no equivocar los tiempos y las pretensiones de los independentistas. Ellos han considerado, equivocadamente a mi juicio, que la debilidad del Estado -crisis económica, política e institucional, recordemos la abdicación de Rey Juan Carlos en esta legislatura- les ofrecía la mejor oportunidad para conseguir sus objetivos a través de las elecciones-trampa del 27S.

Paradójicamente su apuesta electoral impide a los catalanes elegir con normalidad en estas próximas elecciones autonómicas; y en ese sentido recuerdo un pasaje del Libro XXXI de Tito Livio: "vosotros pensáis que lo que se trata es si se ha de hacer la guerra o no; y no es así. Lo que se trata es si esperáis al enemigo en Italia, o si iréis a combatirlo en Macedonia, porque Filipo no os permite escoger la paz". Por lo tanto se trata de obtener un resultado que impida a los independentistas llevar a cabo su pretensión o, en caso contrario, las tensiones y los conflictos se prolongarán en Cataluña durante mucho tiempo. Hasta para negociar es imprescindible ganar las elecciones, si se pierden no habrá diálogo, ni negociación, ni serán posibles los pactos. En fin, lo que es justo reconocer es que hagamos lo que hagamos, los primeros en alertarnos de lo que iba a suceder son todos aquellos hombres y mujeres a los que llevo refiriéndome a lo largo de todo este artículo y a los que mando un fuerte abrazo. Yo, amigos catalanes, estaré para lo que me digáis.

Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Éxodo interior
joan carles valero ABC Cataluña 3 Septiembre  2015

Toca a su fin el exilio interior de muchos catalanes en una suerte de huida en el silencio ante el atronador sonido de los tambores independentistas. Vaya por delante que considero que todo dogmatismo produce intolerancia en cualquier campo porque considera la propia verdad como la única posible, lo que comporta negar la búsqueda de toda verdad y, por tanto, la necesidad de dialogar, de escuchar a los otros, de confrontarse de forma auténtica en la variedad de lo múltiple.

El discurso de John Milton al parlamento de Inglaterra (1644) sobre la libertad de impresión sin censura se mantiene como la más elocuente defensa de la libertad de prensa. Recomiendo su lectura a los responsables de los medios públicos de la Generalitat. Milton recuerda que en las Escrituras se compara la verdad con una fuente caudalosa: «Si sus aguas no fluyen en movimiento continuo, acaban por corromperse en una charca fangosa de conformidad y tradición». Lo que viene siendo la charcha ponzoñosa del oasis catalán del 3%.

Los medios públicos de la Generalitat han sometido al exilio interior a la variedad de lo múltiple para entregarse a su verdad única: la causa independentista. Y haciéndolo, han liquidado la verdad, lo que supone también finiquitar la libertad. Del mismo modo, cuando se acaba la libertad se hace imposible la búsqueda de la verdad. Porque la libertad de discusión televisada o radiada permitiría a los catalanes reunir los fragmentos dispersos de la verdad en sus múltiples manifestaciones.

En el escenario europeo asistimos a la exhibición cotidiana de acreedores y deudores que han dejado meridianamente claro lo que supone el discurso soberanista en la Unión Europea: el trágala del caso de Grecia si quiere seguir en el club. Pero en el teatro europeo ha aparecido una multitud de extras que deambulan por las fronteras con la misma pena que acabó con Antonio Machado en Colliore. Su tumba se ha convertido en el memorial del medio millón de españoles que en su huida tras la guerra civil malvivieron hacinados en las playas del municipio fronterizo galo. Sin embargo, hay candidatos secesionistas que se empecinan en repetir la historia.

Es el caso del intelectual Germà Bel, número uno de Junts pel Sí por Tarragona. En una acalorada conversación durante las jornadas del Círculo de Economía en Sitges, me planteó que «ellos», cuando proclamen la independencia de Cataluña, ofrecerán facilidades a los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona para que se vayan a España. La poesía suele ser carne de éxodo, pero lo que permanece lo fundan los poetas.


 


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