AGLI Recortes de Prensa   Sábado 5 Septiembre 2015

Una gran oportunidad perdida para reformar la Administración
EDITORIAL El Mundo 5 Septiembre  2015

Los funcionarios van a recibir "en las próximas semanas", un 26,2% de la paga extra que el Gobierno les retiró en 2012, según anunció ayer Soraya Sáenz de Santamaría. Además, se les devuelve un día más de los 'moscosos' y se les restituyen los denominados 'canosos', otros días libres de los que disfrutaban los empleados públicos con mayor antigüedad y que habían desaparecido con los primeros recortes del Ejecutivo 'popular'. A esto se une que en sectores clave, como la educación o la sanidad, las comunidades han vuelto a incrementar plantillas, bien por nuevas contrataciones bien por la reposición de las bajas por jubilaciones, lo que está aliviando la carga de trabajo de este colectivo.

Los funcionarios afrontarán las próximas elecciones de diciembre de una forma mucho más confortable de como empezaron la legislatura. Los empleados públicos tienen derecho a que se les restituyan las condiciones laborales perdidas en un momento de crisis económica, como cualquier trabajador, pero no cabe duda de que estas medidas se suman a otras aprobadas por el Gobierno para preparar a los españoles frente a los próximos comicios, como el adelanto a julio de la rebaja del IRPF prevista para enero de 2016. Sáenz de Santamaría las justificó ayer por la buena evolución de las cuentas del Estado gracias al incremento de los ingresos. Es cierto que el déficit público cayó en julio un 17% respecto hace un año, pero también lo es que a mitad de año se encuentra en el 2,44% del PIB y el objetivo para final del ejercicio es del 2,9%.

Pero al margen del juego electoral que pueden proporcionar al Gobierno los funcionarios en un momento dado, la reforma del sector público sigue siendo la gran asignatura pendiente de esta legislatura, que se ha caracterizado por los recortes. Publicamos hoy un informe de la OCDE que pone negro sobre blanco el gran coste que supone para el presupuesto -para los españoles que pagan impuestos, en definitiva-, el sector público español. Según el estudio, el número de personas que viven de un empleo público -funcionarios, empleados públicos, parlamentarios,...- suponen el 15% de la población activa y concentran el 24,9% del gasto total del Estado, el segundo más alto de la Unión Europea. En Italia, por ejemplo, con el mismo porcentaje de empleados públicos que España, la masa salarial sólo es del 19,8% de su presupuesto.

Esto dice dos cosas. En primer lugar, como los sueldos de los funcionarios están tasados, el gran despilfarro se encuentra en el resto de los salarios que paga el Estado. Es inconcebible que el sueldo del presidente de la Sepi triplique al del presidente del Gobierno, por ejemplo. Después, denota la ineficiencia de un sector público sobredimensionado tanto en las administraciones -central, autonómica, local- como en esa pléyade de empresas, fundaciones y demás, incluso parlamentos, que viven del erario.

En la legislatura de la austeridad, el Gobierno del PP, con mayoría absoluta y con el mayor territorial que nunca ha tenido el mismo partido, ha sido incapaz de redimensionar un sector público desmesurado que, a pesar de los recortes salariales a los funcionarios y de las congelaciones de plantillas, ha seguido consumiendo recursos como siempre. Es una de las rémoras con las que este país afronta la recuperación económica. Y esa imprescindible reforma será mucho más difícil de acometer en un futuro próximo porque todo hace pensar que el próximo Ejecutivo no tendrá las manos tan libres para tomar este tipo de decisiones duras como el actual, al necesitar de acuerdos para gobernar.

Menos cálculos electorales y más hechos
EDITORIAL Libertad Digital 5 Septiembre  2015

El PP entró en campaña electoral hace meses, lanzando guiños de todo tipo a grupos de presión, colectivos sociales y redes clientelares, con el fin de recuperar parte del voto perdido de cara a los comicios generales previstos para diciembre. El último gesto se ha producido este viernes, tras la decisión del Consejo de Ministros de desbloquear la devolución del 26% de la paga extra a los funcionarios. Ésta y no otra es la razón por la que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha apresurado a aprobar los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2016.

El discurso oficial de Moncloa gira, básicamente, en torno a dos ejes: España crece y crea empleo gracias a las políticas del Gobierno, y, ahora que la recuperación está en marcha, es el momento de devolver a los ciudadanos parte de los esfuerzos y sacrificios realizados. El problema es que ambos mensajes resultan engañosos y maniqueos. Para empezar, España crece, sí, pero no gracias al Gobierno, sino a pesar de él. El único mérito que se puede atribuir el PP en materia económica es la reforma laboral, cuya mayor flexibilidad, aunque todavía insuficiente, ha permitido acelerar la creación de puestos de trabajo en los dos últimos años.

Sin embargo, el resto de los avances que ha registrado la economía nacional se deben, exclusivamente, al sector privado. Las familias y las empresas se han apretado el cinturón para reducir su deuda en cerca de 500.000 millones de euros; los trabajadores ha aumentado su productividad de forma muy sustancial, mientras que el tejido empresarial es mucho más competitivo, modificando así, poco a poco, la estructura productiva del país.

El Estado, por su parte, primero con el PSOE y ahora con el PP, ha disparado el déficit, aumentando la deuda hasta niveles históricos, al tiempo que ha subido todos y cada uno de los impuestos que soportan las familias y las empresas. Como consecuencia, España sigue presentando hoy el segundo déficit público de la zona euro, una deuda próxima al 100% del PIB, un esfuerzo fiscal desorbitado, entre los más altos de la UE, y una estructura administrativa sobredimensionada, cara e ineficiente. En este sentido, la devolución de los esfuerzos que tanto pregona el PP consiste en mantener una presión fiscal muy elevada (familias y empresas pagan hoy más impuestos que en 2011) y en repartir prebendas presupuestarias a base de aumentar, una vez más, el gasto público.

Moncloa se esfuerza ahora por contentar a los votantes desconfiados y elegir meticulosamente la fecha idónea para las elecciones con el fin de revalidar su mandato. Sin embargo, al PP le hubiera ido mucho mejor a nivel político si, en lugar de realizar tantos cálculos electorales, hubiera aprovechado la legislatura para acometer las profundas reformas estructurales que sigue necesitando España para crecer y crear empleo sobre bases sólidas, escalando así puestos en el ranking de países más ricos y prósperos del mundo. La complacencia, por desgracia, ha sido la tónica que ha caracterizado al Gobierno de Rajoy, en lugar de la responsabilidad, la ambición y el sentido de Estado que necesita España para corregir los graves defectos institucionales que aún padece el país.

Y es que, como bien ha advertido el Círculo de Empresarios esta semana, en España todavía queda mucho por hacer. De hecho, queda casi todo. El sector público tiene que eliminar su inmenso agujero fiscal y empezar a registrar un superávit primario (descontando el pago de intereses) del 1% del PIB anual para ir amortizando su elevada deuda; urge reformar en profundidad el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad, transitando hacia un modelo mixto de capitalización, tal y como ha sucedido en la inmensa mayoría de países desarrollados; es fundamental profundizar en la flexibilización del mercado laboral para acabar, de una vez por todas, con la inaceptable lacra del paro; reformar las políticas activa de empleo y el sistema de prestaciones para facilitar la reincorporación de los parados al mercado laboral; hay que reducir el tamaño de las administraciones públicas y rebajar los impuestos; así como mejorar la eficiencia de los servicios públicos, sobre todo en materia educativa; fomentar el aumento del tamaño empresarial; o reforzar la seguridad jurídica y aligerar el funcionamiento de la Justicia, garantizando, además, de una vez por todas su independencia del poder político, entre otros muchos aspectos clave para crecer y crear empleo.

No basta con que el PIB suba para recuperar todo el terreno perdido en estos largos años de crisis o conformarse con sufrir un paro estructural de dos dígitos, triplicando la media de la OCDE, tal y como ha sucedido en los últimos 30 años España tiene que acometer reformas muy profundas y serias para asegurarse un futuro prometedor de riqueza y empleo a medio y largo plazo. El PP no debería aspirar a menos, en lugar de contentarse con realizar lo mínimo e imprescindible para que el país no quiebre, al tiempo que hace malabarismos electoralistas para tratar de conservar el poder.

Se juega y nos la jugamos todos
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 5 Septiembre  2015

A partir de ya y en menos de cuatro meses España y los españoles todos, más incluidos que nunca los catalanes nos jugamos asuntos de tal calado y trascendencia como en ocasiones hace siglos que no nos hemos jugado. Y quizás aún no somo conscientes de ello.

Oyendo hablar a algunos políticos, a ciertos opinadores y escuchando tanto a gentes de concisión y gobierno como a las del común de la gente a uno le asalta, y no deja de sobrecogerle un tanto, que en muchas de ella perciba que no se esta midiendo ni aquilatando en su dimensión el trance por el que a nada vamos a estar pasando. Creo sinceramente que no somos en la gran mayoría conscientes de lo que puede suceder y de lo que puede sucedernos. Y ello me preocupa mas que nada.

La sociedad española parece afectada por un extenso y profundo síndrome de superficialidad, de frivolidad y de una completa falta de responsabilidad. Me malicio de que nos ha podido llegar hasta aquí: educación, perdida de valores, principios, éticas y de cultura de trabajo y esfuerzo arrumbado por aquello de más me des que más me merezco y todo han de resolvermelo porque ahí están mis derechos mientras que mis deberes se perdieron. Eso y más cosas pero en cualquier caso por ahí andamos. Mi impresión creciente que galopa a nada que se me ocurre poner la televisión es que la sociedad española en ciertos asuntos y fondos ha sufrido un retroceso y un daño neuronal no se si irreparable pero ciertamente muy dañino. La sociedad española no parece entender que es responsabilidad suya en primer lugar lo que aquí vaya a suceder. Y reitero, aunque no se lo crean, a sucedernos.

Ya se lo malos y perversos que son los políticos, ya se que se han convertido en los apestados y que tienen toda la culpa. Desde luego se han ganado muy a pulso el “cartel” que tienen. Pero no solo son los políticos. Lo que sucede nos incumbe, nos afecta, somo arte y parte, todos. Y la irresponsablidad es soberana. Como el pueblo soberano.

Ante nosotros y en esto corto espacio de tiempo se abren tales incógnitas que mas bien parecen despeñaderos y precipicios y a los que nos asomamos como si la caida posible no tuviera que ver con nosotros. Estamos a menos de tres semanas de que pueda producirse una ruptura de la propia nación o al menos de que algunos trastornados-porque racional mente lo son, lo intenten.

Pues bien, ante ello algunos, muchos, dirigentes políticos y quienes incluso aspiran a gobernarnos juegan con ello, andan por ahí declarativos sopesando como ello puede beneficiarlos en este u otro sentido. Todos lo hacen un poco pero resulta desolador que la palma se la lleve el jefe de la oposición Pedro Sánchez, que flirtea y equidista con la hoguera. Y no será porque no le advierten sus “mayores”. Porque Felipe Gónzalez, Alfonso Guerra, Josep Borrel más claro y mas preciso no han podido decírselo. Pues ni caso. Y muchos jugando. El nuevo partido izquierdista- en esto hay que decir que quien siempre ha estado en su sitio y lugar, sin complejo alguno ha sido Ciudadanos- los podemitas acompañando en el jueguecito, haciendo fintas y declarando derechos a decidir en exclusiva y troceados para algunos que es lo mismo que decir que nos lo expropian a todos los dem

Ese primer punto, que pudiera ser de muy, muy difícil retorno y que en cualquier caso va a acabar en frustración, trauma y heridas de muy dolorosa cura lo tenemos ya encima. A la vuelta misma de la esquina.
Pero ese solo es uno, porque en diciembre llega el set definitivo donde lo que se haya dilucidado en parte ya en septiembre puede tener remedio o complicarlo aún mas, saber estar en sitio y forma o entrar en enjuagues que sean simplemente rendiciones , en suma tener responsabilidad de Estado o para que se me entienda y acuño, ponerse a hacer el ZP, que es una hipótesis que cada vez se acerca más a lo que nos puede alumbrar el año nuevo.

Porque esto y ese año no solo va a ser un cambio de gobierno. En esta ocasión hay tales y tan diferentes ingredientes que nos jugamos todo y cuando lo digo es porque hasta la propia Constitución, que fue y es lo que ha hecho de España lo que es desde que salimos de la Dictadura, hasta nuestro propio sistema y no exagero hasta incluso una forma de vivir y de sentir la vida puede cambiarnos a partir de ese momento. Aunque ahora nos parezca a todo punto imposible. Pues he de decirle que es posible. Tan posible que, en ocasiones y visto lo que esta pasando y por donde respira la “peña”, hasta la veo probable

La deuda ciudadana y la ciudadana Maestre
Pablo Molina Libertad Digital 5 Septiembre  2015

Los podemitas situaron desde el principio como elemento central de su proyecto totalitario la promesa de expurgar la deuda pública acumulada por los gobernantes de la casta. Desde su etapa perrofláutica, una de las exigencias más jaleadas por las bases de este movimiento ultraizquierdista fue el rechazo del pago de la deuda, que ellos, con su profundidad analítica y su altura moral, consideraran "ilegítima". ¡Se va a enterar la Troika!, amenazaban alegremente, con la irresponsabilidad adolescente que les sigue caracterizando aún hoy, cuando han comenzado, para nuestra desgracia, a tocar poder.

Tsipras iba a marcar el camino, pero el payasete griego hundió la economía del país, arruinó a sus compatriotas, aceptó todas las exigencias de las instituciones europeas con la mejor de sus sonrisas y ha terminado convocando nuevas elecciones, no sin antes destruir también la coalición marxista que le llevó al poder. He ahí el referente de nuestros podemitas. Un ganador nato.

Pero la evidencia de que las recetas que propone la podemidad son la garantía del desastre absoluto no es suficiente para que los analfabetos que dirigen el movimiento renuncien a sus disparates. Sobre la deuda ciudadana, la nuez que vertebra la razón de ser de la podemidad, los dirigentes de Pablemos siguen con la coleta hecha un lío.

Y en estas ha llegado Rita Maestre a poner un poco de orden entre tanto desvarío. La portavoz del Ayuntamiento madrileño no tiene ni idea de economía ni de finanzas internacionales. Lo suyo es escrachar católicos en sostén, pero como la solvencia intelectual en el movimiento podemita no la otorga la condición individual de cada uno sino el puesto que ocupa en la jerarquía, la ciudadana Maestre ha tratado de explicar qué va a pasar con la deuda madrileña y esa auditoría de infarto que llevan meses anunciando.

¿Y qué van a hacer los podemitas con la deuda del Ayuntamiento madrileño? Pues nada, lógicamente. Es decir, pagarla, como es su obligación, porque dirigir el consistorio de la capital de un país desarrollado no es organizar revueltas contra las viejecitas que oran en una capilla apartada.

Sin embargo, es tremendamente divertido, y muy aleccionador para los corticos que todavía confían en estos jovenzuelos fanáticos, ver cómo los líderes podemitas tratan de evitar el reconocimiento de que sus medidas son de una estupidez sin precedentes y, por eso mismo, imposibles de realizar.

Al final, en Madrid y Barcelona tendrán que fijarse en el Kichi, mi ídolo, el único estadista de postín de esta jarca de marxistoides sin desbastar, que convoca un consejo ciudadano por sorteo para decidir si paga o no la deuda de Cádiz, seguramente tirando una moneda trucada: cara, no pagamos; cruz, pagamos. Y a presentar ante el noble pueblo al verdadero responsable de que Podemos no cumpla sus promesas de impago de la deuda: el puto azar.

Responsabilidades privadas y públicas
Jesús Banegas www.vozpopuli.com 5 Septiembre  2015

Desde cualquier óptica ética, tanto en la educación de los niños como en el ejercicio de cualquier tipo de responsabilidad personal “predicar con el ejemplo·” siempre ha sido una obligada referencia moral que sin embargo no opera en la política.

No solamente la corrupción es el mas popular contra-ejemplo de las conductas ejemplares que cabría exigir a los políticos, sino que en el día a día del ejercicio del poder sobresalen todo tipo de comportamientos políticos alejados de lo que cabría considerar como conducta ejemplar.

La ejemplaridad debería ser una condición necesaria para gobernar y su ausencia una condición necesaria para dimitir de un responsabilidad política.

“El Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando los mismos estándares que se aplican a los juicios de las conductas privadas” sostiene el filósofo Michael Huemer; y ¿quién puede estar en desacuerdo con él?

Para el autor, la “autoridad política es una propiedad moral en virtud de la cual el Gobierno puede obligar –coactivamente- en ámbitos no permitidos a cualquier otra persona y los ciudadanos deben obedecer en casos a los que no estarían obligados con otras personas”. La “legitimidad política” –derecho a legislar- corresponde al Gobierno, mientras que la “obligación política” –de obediencia- afecta al ciudadano.

En un Estado de Derecho ninguna autoridad política debería imponer obligaciones que no esté obligada a cumplir también. Sin embargo a nivel normativo los políticos y las administraciones públicas en general se cuidan mucho de aplicarse las reglas con las que obligan a la sociedad.

En los últimos años estamos asistiendo a una verdadera avalancha legislativa de crecientes obligaciones legales a los administradores de las empresas que presenta dos problemas muy criticables: el primero nos coloca como país en una ridícula posición de liderazgo en un ámbito menos relevante que muchos otros relacionados con las facilidades al desempeño de la función empresarial y por tanto a la creación de riqueza donde estamos a la cola; y el segundo, aún más grave, las responsabilidades patrimoniales y penales de los administradores privados no son de aplicación a los púbicos, es decir a los funcionarios públicos ni a los cargos políticos.

“¿Por qué no empieza el regulador dando ejemplo en vez de lanzar sermones a las empresas?” escribía Rafael Mateu de Ros –Expansión 10-4-15- con motivo de las últimas recomendaciones de la CMNV a las empresas cotizadas.

La asimetría entre las responsabilidades de los ciudadanos y las administraciones públicas, siendo muy grande, no hace sino crecer; lo que cuestiona la legitimidad del poder político.

El principio: “la ley es igual para todos incluso para quien la promulga”, acuñado pioneramente en España hace más de cinco siglos y ahora de moda como consecuencia de los escándalos políticos que han venido aconteciendo recientemente, debiera extenderse en el sentido de la frase anterior de Huemer: de lo contrario estaríamos –en realidad estamos- ante una burla de la filosofía del derecho.

El enorme déficit público acumulado en España en los últimos años como consecuencia de numerosas actuaciones de los gobernantes sin que por ello hayan sido enjuiciados o puestos en cuestión, hace necesario abrir una reflexión profunda que conduzca a la reforma del régimen de responsabilidad ante terceros de los administradores públicos, para equipararlo con el de los administradores privados. Si los consejeros de las empresas tienen responsabilidades patrimoniales y penales en la quiebra de una empresa, ¿cómo es que los responsables políticos de haber llevado España a ser un “Estado fallido” -según el riguroso análisis de Manuel Conthe en El Mundo el 6-8-15- no tienen responsabilidad alguna sobre tamaño desmán?

Es incomprensible que a las empresas se les exija un código de buen gobierno que impone, por ejemplo, la presencia en los consejos de administración de un mínimo de un tercio de miembros independientes y, en cambio, las instituciones públicas –incluidos los órganos reguladores de los mercados- estén regidas por “la cuota partitocrática” –sostenía recientemente Rafael Mateu- que excluye necesariamente a los consejeros independientes.

En España no existe ninguna vía para demandar a un funcionario público, salvo la penal. Es más fácil actuar contra un consejero de una empresa privada que contra un funcionario público, lo que exige la reforma del régimen de responsabilidades de los políticos ante terceros para poder usar la vía administrativa.

Existe una generalizada percepción en la sociedad de que hay una gran irresponsabilidad política en el manejo del dinero público y, sin embargo, ningún administrador público se responsabiliza nunca de nada. Mientras la responsabilidad condenatoria se aplica con frecuencia a médicos, arquitectos o ingenieros por errores o problemas derivados de su ejercicio profesional, apenas se aplica a jueces y políticos.

Hay un claro desequilibrio entre lo que se exige a las compañías privadas y a la Administración Pública. La opacidad con la que actúan los poderes públicos contrasta con las exigencias a las que están sometidas las empresas privadas. “¿Por qué las empresas están obligadas a presentar cuentas todos los años y las instituciones tardan años?”. ¿Para que sirve el Tribunal de Cuentas?.

Las empresas privadas, y en especial las sociedades cotizadas en Bolsa, están sometidas a cada vez más normas para garantizar su buen gobierno. Las decisiones de sus administradores están sometidas a estrictos criterios de transparencia y de responsabilidad civil y penal. Sin embargo, eso mismo no ocurre con nuestros políticos, ni con las personas que ocupan cargos en las instituciones públicas. ¿Por qué no son aplicables los criterios del buen gobierno corporativo a las administraciones públicas? ¿No debiera modificarse el régimen de responsabilidad de autoridades y funcionarios para que pudieran estar sujetos a responsabilidad directa, igual que ocurre con los gestores de las empresas privadas?

La asimetría entre las responsabilidades de la “sociedad civil” y la “política” se extiende también a cuestiones tales como:

Las administraciones públicas siguen retrasando pagos a los proveedores, sin que medie responsabilidad alguna de los responsables públicos que los ocasionan.
Los plazos administrativos son ejecutivos contra los ciudadanos, pero no para las administraciones públicas.
Las administraciones públicas pueden embargar las cuentas bancarias de los ciudadanos, incluso injustificadamente, sin que los responsables sean penalizados por ello.
En procedimientos penales se están produciendo continuamente filtraciones a los medios de comunicación sin que nunca haya habido investigación de culpabilidad con consecuencias.

Es hora de que la sociedad civil exija ejemplaridad a los responsable políticos para que el ejercicio de su “legal” poder democrático esté “legitimado” por una recta conducta moral.

Democracia por defecto
Gabriela Bustelo www.vozpopuli.com 5 Septiembre  2015

Alumbra el día en España. Y apenas despunta el Astro comienzan los augurios y los reproches. Se sabe lo que va a suceder. Lo que pudo suceder. Lo que debió suceder. Y, por supuesto, se sabe de economía. Hoy todo menda que se prodiga sabe de números con saña. En la marea cotidiana de datos que escupen los terminales mediáticos y redes sociales se mezclan datos financieros con un corta-pega catatónico que versiona y personaliza, generando una mole amorfa de información que, de hecho, es desinformación. Por si esto fuera poco, el devenir español porfía en el esperpento, con los políticos enzarzados en torneos pueriles sobre quién sabe más historia comparativa, o quién embute mejor el presente en alguna antigüedad más o menos remota. Entre tanto, el millón basculante de jóvenes cuyo voto zanja las generales va a su bola, como se suele decir, por completo ajeno a los remakes de la apoltronada Transición.

Política epistolar
Pero los brujos de la tribu siguen vendiendo la moto, ahora en formato epistolar, para seguir rentabilizando la falsa sinceridad que tan buen resultado da en España. Josep Antoni Duran i Lleida, oscense catalanizado de profesión sus nacionalismos, nos abre su corazoncito en un artículo-carta donde asegura sentirse herido por la comparación que hace Felipe González –en otra emotiva epístola previa– entre el proceso secesionista catalán y la “aventura” [sic] alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado. Mientras los camaleones políticos se mandan cartas de amor, el bochinche de periodistas y agitadores de las redes sociales se escandaliza porque el PP ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley para que el Tribunal Constitucional pueda multar o suspender funciones a los políticos y líderes que incumplan sus sentencias, en un sobrevenido intento de frenar al independentismo catalán. ¿Es un tren, es un avión? No, es España un mes cualquiera.

El ejemplo español
¿Sabía Merkel todo esto cuando ha dicho que Alemania debería seguir el ejemplo de España? Esperemos que no se ponga a estudiar español, siguiendo el ejemplo de su admirado Rajoy, que parece haber pasado el verano estudiando alemán a escondidas. Si el presidente español se comunicara con los españoles tan fluidamente como con Merkel, saldría reelegido en diciembre. En todo caso, esta semana ha sido importante para España, porque Alemania ha reiterado públicamente su confianza en la recuperación económica y en la capacidad de este Gobierno para contener la corrupción catalana disfrazada de nacionalismo. La burda maniobra de Artur Mas y sus oligarcas compinches para forzar a los catalanes a reclamar una independencia que solo va a beneficiar económicamente a la cúpula política (como hemos vuelto a constatar esta semana con las revelaciones sobre los cobros del 3% de CDC) es un caso de psicología de masas que se acabará analizando en las academias de historia y sociología, como hoy se hace con Hitler.

Y entonces llegó Guerra
Pero al sainete de la rentrée le faltaba un hervor y entonces apareció Alfonso Guerra, uno de los pocos españoles que se han arrogado el lujo de decir a intervalos La Verdad, como un dios olímpico transmutado en “Supertacañón” del Un, dos, tres. El caso es que le funciona, porque la verdad deja al personal estupefacto. Pues bien, cual marciano que acabara de bajarse de un ovni, nuestro buen Guerra ha inaugurado septiembre haciéndonos saber que los catalanes están practicando, atención, “un golpe de estado a cámara lenta”, apoyados por los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y la patronal. Amnésico –y afásico– con el abultado historial del PSOE, el veterano político andaluz se dice pasmado ante la inactividad de este Gobierno, tal vez recordando la hiperactividad de las legislaturas de Felipe González, cuando se aprobaron las leyes orgánicas que han convertido a España en una mole de corrupción política liderada por el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular y los partidos nacionalistas.

Política teatral
El miedo al golpismo –sufrido en todas sus formas hasta fechas muy recientes– nos ha llevado a una democracia sobreactuada que no resuelve los problemas sino que los parchea, alargándolos durante décadas, en una suerte de neofranquismo democrático cuyo reparto de poderes –como ya dijo el propio Alfonso Guerra en otra de sus confesiones estelares– no existe.

XAVIER HORCAJO PRESENTA SU NUEVO LIBRO
‘Los Pujol se escondieron para eludir a los inspectores de Hacienda’
El conocido periodista de Intereconomía TV publicaca ‘El Hundimiento’, un relato equilibrado y riguroso que analiza al milímetro la estafa social del líder político y de su familia.
Fátima G. Manzano Gaceta.es 5 Septiembre  2015

¿Por qué los Pujol no están en la cárcel?’. Ésa es la pregunta clave a la que sólo puede contestar una persona: Xavier Horcajo. Lo hace a través de su nuevo libro, ‘El Hundimiento’, en el que se narran las vergüenzas del clan después de que en el pasado julio, el cabeza de familia se viera obligado a reconocer, mediante un comunicado, que había sido un “expoliador de la economía catalana”, en palabras del propio autor.

La nueva obra del presentador de ‘La redacción abierta’ analiza minuciosamente cómo ha sido la investigación de uno de los mayores casos de corrupción destapados en Cataluña a raíz de ese preciso instante y cómo la familia ha intentado sortear con éxito, de momento, a la justicia. “Se escondieron en casa de uno de los hijos, de Josep, para que Hacienda no pudiera notificarles nada”, adelanta Xavier Horcajo.

Pero eso no es todo. El análisis va mucho más allá. De hecho, la clave del relato reside en que no sólo se documentan las andanzas de los perseguidos, sino también las de los perseguidores. “El lector no sólo conocerá cómo los Puyol han intentado evadir sus responsabilidades, también se cuestiona la labor de otras instituciones”, señala.

De hecho, Xavier Horcajo no sólo señala la falta de responsabilidad por parte de la Agencia Tributaria o la nefasta labor del resto de formaciones políticas, sino que revela la ineficacia de la UDEF para encontrar “testigos de cargo”, del CNI “y las cloacas del Estado como el comisario Villarejo, que han pagado por información podrida, vieja o falsa…”.

En el libro, en el que también se rinde homenaje a todos aquellos que se “han dejado el pellejo” en la investigación, desgrana al lector los tremendos errores de éstas y de otras instituciones con todo lujo de detalles. “Nadie se explica cómo no se tomaron medidas cautelares contra ellos. Ni siquiera les bloquearon las cuentas o les retuvieron el pasaporte”, subraya.

No es la primera vez que Xavier Horcajo dedica una obra completa a la familia Pujol. En 2013 ya publicó ‘La Pasta Nostra’, un testamento político en el que agrupó toda su investigación y que decidió ofrecer a las nuevas generaciones una vez que se trasladó a Madrid.

Sin embargo, en esta ocasión, el autor emplea además una fórmula infalible: referencias cinematográficas que ayudarán al lector a comprender aún mejor la magnitud de los hechos. En palabras del periodista, un libro “muy divulgativo”, narrado en forma de thriller.

Lista unitaria, pensamiento único y la tiranía de la minoría
josé rosiñol ABC Cataluña 5 Septiembre  2015

La paradoja de la sociedad catalana es que, gracias a un poder público al servicio de una ideología privada, a unos medios de comunicación al servicio de la manipulación, se ha creado una minoría virtual y mediática

Una de las peores consecuencias de esto que llaman «prusés» será el poso sociológico en forma de tolerancia e interiorización de ciertos postulados que rayan -y traspasan- los límites de la ética democrática. Evidentemente, ello no es algo banal, ni mucho menos inocente. Se trata de una acción consciente de instrumentalización y transvaloración de la moral democrática. Naturalmente, el separatismo no se saldrá con la suya, no romperá España, pero creará una profunda fractura entre los catalanes y una gran frustración entre los que han creído en los cantos de sirena nacionalistas.

Entre estas externalidades negativas, una de las de mayor calado es la superposición de lo colectivo sobre lo individual, lo socializado sobre lo privado, la sumisa intromisión en la sagrada esfera privada del individuo. Esa tendencia a colectivizar, ese esfuerzo totalizante, es una aberración en la cultura democrática, va en dirección contraria a la esencia de las democracias liberales, anteponer intereses políticos a las libertades sociales y privadas es una práctica más propia de tiempos pretéritos. En Cataluña, los practicantes y apóstoles del separatismo ven normal hacer una campaña puerta a puerta preguntando por el grado de pureza independentista y, de paso, caer en la tentación de hacer un listado de buenos y malos catalanes. Todo ello en un ambiente «¡festivo y democrático!» ¡Hasta qué punto puede llegar a pervertirse el lenguaje! La única explicación plausible para este tipo de comportamientos en democracia es el virus de la superioridad moral que el nacionalismo ha inoculado en parte de la ciudadanía.

Pero ello no es todo. Vemos cómo se toma igualmente como normal el crear un sentido de unanimidad tras el dogma nacionalista, unanimismo con el que alimentar la espiral de silencio, el miedo a ser señalado por algún dedo siempre dispuesto a convertirse en acusador o censor. Hay libros bien subvencionados y difundidos como: «¿Y si hablamos con el vecino del segundo? La independencia explicada a los indecisos», cuya portada es un solitario balcón sin estelada rodeado de banderas independentistas y dos vecinos preguntándose precisamente eso: ¿Y si hablamos con el vecino? Con el raro, con el no iniciado, con el refractario.

Y llegamos a lo simbólico, la necesidad de hacer actos públicos de adhesión al régimen nacionalista, de encuadrar debidamente a los ciudadanos, de utilizar la masa como símbolo, llega al paroxismo con las «Marchas de las antorchas», en la víspera del archimanipulado 11 de septiembre. Podremos contemplar como en algunas poblaciones catalanas una serie de personas adultas marchan por la noche con antorchas encendidas reclamando la ruptura con el resto de España. Desde luego, el simbolismo es sintomático, y los paralelismo claros, por mucho que les pese a los promotores.

Decía John Stuart Mill que una de las formas de opresión al individuo era la tiranía de las mayorías. La paradoja de la sociedad catalana es que, gracias a un poder público al servicio de una ideología privada, a unos medios de comunicación al servicio de la manipulación, se ha creado una minoría virtual y mediática que pretende imponer su voluntad a una mayoría diversa, atomizada y poco organizada. Es una perversión más, estamos ante la creación de una tiranía posmoderna de las minorías.

De papel
miquel porta perales ABC Cataluña 5 Septiembre  2015

la actividad bibliográfica del nacionalismo catalán no tiene freno. En tres años de «proceso» se han publicado cientos de libros sobre la cosa. A ello, añadan ahora -más papel- el volumen «Aportacions catalanes universals». El libro -tapa dura y prólogos de Artur Mas, Núria de Gispert y Xavier Trias: uan garantía de rigor- quiere dar a conocer a «los ciudadanos de Cataluña y de todo el mundo las aportaciones al progreso de la humanidad hechas por el pueblo de Cataluña en el decurso de la historia». En total, 223 aportaciones. Voy a saciar -un resumen de las 742 páginas del libro- su curiosidad: el astrolabio más antiguo del mundo occidental, las asambleas de paz y tregua medievales, el calendario cristiano adoptado internacionalmente, el primer Parlamento, la idea de confederación, el atlas mundial más antiguo, la máquina automática de secar café, la pistola larga, las leyes sobre los ciclones tropicales, el cálculo de la composisión del aire, el reactor aplicado a automóviles y aviones, la fiesta de Sant Jordi, los refugios atiaéreos, el Chupa Chups, el Cacaolat y el Cola Cao.

El libro obedece a tres objetivos fundamentales: aumentar la autoestima del nacionalismo catalán en su combate por la independencia; señalar la supremacia de una Cataluña -como asegura la Exposición de Motivos de los Estatutos de la AMI- en vanguardia «del trabajo, la ciencia, las artes y el pensamiento» frente a a unas «élites españolas de habla castellana, dedicadas a la gran administración, el ejército y la judicatura»; mostrar al mundo que Cataluña es una gran nación silenciada por una España que le niega el derecho a constituirse en república independiente. Los promotores llevarán el libro a Bruselas, Londres, París, Berlín, Washington, Nueva York, México y el Vaticano. Parece que el catalán es un nacionalismo de papel. Por cierto, el 3 por ciento y el incumplimento de la legalidad democrática no figuran entre las aportaciones catalanas universales que pretenden causar asombro. Faltaría más.


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Carga explosiva con detonante temporizado.
Vicente A. C. M Periodista Digital 5 Septiembre  2015

Lo que no se les puede negar a estos sediciosos catalanes del “junts pel sí” es que rodean todo lo que hacen de una parafernalia mediática llena de oropeles, salones majestuosos y entornos de empaque como lo fue en su día el mismísimo Palacio de la Generalidad usado por el delincuente Artur Mas en clarísimo delito de sedición, o como hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona. Su enésima “hoja de ruta hacia la independencia” contempla, “con rigor”, bajo la premisa de un “mandato democrático de la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña”, todas las directrices encaminadas a una declaración de independencia formal con Constitución y todo en un plazo de 18 meses. Eso sí, la declaración solemne inicial de apertura del proceso incluirá una apelación al diálogo con el Estado español. ¡Todo un detalle!

Creo que se han agotado ya todos los argumentos legales, democráticos y hasta lógicos que se han usado para desenmascarar a estos promotores de un acto de sedición tipificado no solo en la Constitución de España, sino en su legislación penal. Es evidente que nunca van a reconocer nada de ello, puesto que su único objetivo es alcanzar con mentiras y engañando a su sociedad una meta que saben positivamente que no van a conseguir y menos de esta forma unilateral. Es inútil gastar energías en intentar convencer a quienes son plenamente conscientes de que su única salida es mantener su posición y avanzar haciendo oídos sordos a todo y a todos siguiendo al guía de su Hoja de Ruta a la que piden “preservarla con coraje y tozudez sin distraerse por el ruido”.

Su cinismo se constata al declarar que cada paso contiene “una alta carga de democracia” y que “Mientras otros confían en tribunales y leyes que prohíben, nosotros confiamos en las urnas y la democracia”. Claro, es que las leyes solo se cumplen si no interfieren con nuestros propósitos y lo que importa es lo que digan un puñado de sectarios y enfervorecidos separatistas y no lo que opinen millones de españoles únicos depositarios de la Soberanía Nacional reconocida en la Constitución. ¡Ah que esa Ley tampoco les vale! Han decidido que son solo ellos los que tienen el derecho a definirse como les venga en gana y a decidir lo que les venga en gana. Pues no señores, la ley existe y su incumplimiento tiene consecuencias y deberán asumir sus responsabilidades.

Eso claro está si el Gobierno de España tiene el coraje y la tozudez de cumplir con su deber, cosa que hasta ahora no ha hecho y por la que igualmente se le deben pedir responsabilidades. Pero nunca es tarde y así habrá el eximente del arrepentimiento si finalmente actúa como le exige la Constitución, las Leyes y su responsabilidad ante todos los españoles. Y aquí solo quiero hacer una advertencia a quienes con su actitud remisa y cobarde, han dejado que se llegue a esta situación. Los españoles han dado muestras suficientes de estar muy por encima de sus gobernantes y han protagonizado épicos episodios en la Historia. Muchos de sus enemigos han intentado destruir a esta gran Nación y no lo han conseguido. Así que ahora que nadie piense que existe una sola posibilidad de que sea diferente.

Si el Gobierno no cumple con su deber, que no dude que final y espontáneamente habrá una reacción para reconducir la situación. Esta no es una carga de democracia sino una carga explosiva con un detonante, temporizado al día 27 de septiembre, que debe ser desactivada de forma ineludible y urgente.

La "broma" de un Estado que no funciona
Nuestro Estado funciona mal y ahora hay que parar atropelladamente eso que Alfonso Guerra denomina 'golpe de Estado en cámara lenta'
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 5 Septiembre  2015

El 27 de septiembre del pasado año, Artur Mas dictó un Decreto de convocatoria de consulta popular sobre la conversión de Cataluña en un nuevo Estado y su carácter independiente de España. Se amparó en la ley de consultas que previamente había aprobado el Parlamento catalán. La fecha de la convocatoria era el 9 de noviembre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno, suspendió cautelarmente el decreto y sus anexos (luego, el 25 de febrero de este año, el TC determinó en sentencia definitiva que parte de ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N eran normas nulas por anticonstitucionales).

Pese a la suspensión, la consulta se celebró como “proceso participativo”. Hubo censo, colegios electorales y recuento oficial. Y el presidente de la Generalitat recabó para sí toda la responsabilidad de la iniciativa. Mucho antes de que todos estos hechos ocurrieran, en marzo de 2014, el TC ya había sentenciado la inconstitucionalidad de la declaración parlamentaria catalana según la cual el Principado era un “sujeto político soberano”.

Resulta de toda evidencia que las resoluciones del TC no se cumplieron. El órgano de garantías constitucionales, sin embargo, y ateniéndose a su ley reguladora, nada dijo ni nada hizo. El Gobierno no pudo o no quiso evitar el 9-N y sólo en diciembre de 2014 interpuso una querella criminal contra Artur Mas, su vicepresidenta y su consejera de Educación, por varios delitos, entre ellos el de desobediencia, sin que desde su admisión el 23 de aquel mes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya haya llamado a declarar al presidente de la Generalitat ni a sus consejeras.

El procedimiento discurre a un ritmo lentísimo. Mientras tanto, Artur Mas, pese a las sentencias del TC, siguió y sigue con el proceso soberanista bajo la amenaza de que si su lista unitaria obtiene la mayoría absoluta el 27-S (se refiere a escaños, no a votos populares) iniciará el proceso definitivo para la independencia catalana.

Es rigurosamente cierto que el Gobierno, a través del ministerio fiscal, y éste de oficio, pueden acudir a los tribunales de justicia, si las sentencias del TC se desacatan. Ya lo ha hecho. Pero la realidad es tozuda: la premiosidad de la jurisdicción ordinaria ofrece campo libre al infractor de las sentencias del Constitucional hasta convertirlas en papel mojado.

Nuestra Constitución prevé que los jueces y tribunales no sólo dicten sentencias sino que también las ejecuten (artículo 117), previsión que no reza para el Tribunal Constitucional. En el artículo 164 de la Carta Magna se establece que sus sentencias tendrán el “valor de cosa juzgada” y contra las que no cabe recurso alguno y, dispone, además, que los efectos de esas resoluciones serán “frente a todos” salvo que la propia sentencia diga otra cosa. Pero la Constitución no faculta –tampoco su ley reguladora- al TC a establecer medidas de ejecución coercitivas de sus decisiones, sean provisionales o definitivas.

Esta situación de hecho, que no de derecho, es a la que banalmente, con impropiedad, se ha referido García Albiol calificándola como una “broma” que se acabaría con la proposición de ley del Grupo Popular que facultará al TC a ejecutar sus propias sentencias mediante la imposición de importantes multas y, sobre todo, la inhabilitación y suspensión de funciones, de funcionarios y autoridades que las desacaten. Se prevé que el propio Gobierno asista al Tribunal y actúe incluso estando en funciones. Se trata, en consecuencia, de una ley que afecta al bloque de constitucionalidad para -en última instancia- disponer de arsenal jurídico (efectivo, no como el actual) para evitar el desacato de Artur Mas y sus aliados.

La proposición de ley del PP es tardía (¿por qué no la propuso hace muchos meses?), es electoralista (atiende la reclamación de sus votantes que acusan al Gobierno de inacción), es prepotente (se vale de la mayoría absoluta en un asunto que requiere consenso cuasi constitucional) y es alevosa (se ha eludido la calificación de la Mesa del Congreso por la individual de su presidente y la urgencia le exime de los dictámenes no vinculantes pero sí preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal en los procedimientos normales). El Gobierno tiene, además, la posibilidad de a través del Ministerio Fiscal excitar el celo del instructor de la querella contra Mas y, desde el punto de vista político, proponer al Senado, al amparo del artículo 155 de la Constitución, medidas de intervención sobre el autogobierno catalán (no necesariamente su suspensión).

Hechas todas estas consideraciones, quedan tres más que son esenciales:

1) Es cierto que, por unas razones u otras, Artur Mas y la Generalitat no han acatado las sentencias del Tribunal Constitucional y que el Gobierno no ha sido celoso en utilizar sus facultades para la ejecución de esas resoluciones

2) Es cierto también que el Gobierno no ha asumido acciones políticas en el conflicto que plantea la Generalitat transfiriendo la responsabilidad de resolver el entuerto al TC que ya ha declarado que el asunto requiere de un tratamiento, además de legal, político y

3) El Gobierno no ha querido entrar a reformar la Constitución cuando es también evidente que el TC ha perdido consistencia en el sistema, de tal manera que habría que haber suprimido todo el Título IX de la Constitución y haberlo sustituido por la regulación de una Sala especial del Tribunal Supremo lo que hubiera evitado la permanente sospecha de politización que atenaza al TC.

La reflexión última es que nuestro Estado funciona mal y ahora hay que parar atropelladamente eso que Alfonso Guerra denomina “golpe de Estado en cámara lenta”. Y que la “broma” a que se refería García Albiol -cuya presencia en el registro de la proposición de ley fue un desatino político ya que no es parlamentario- es que el Estado, durante estos últimos años muestra disfunciones no reversibles sin una reforma de la Constitución.

No sólo hay que cambiar el Senado, introducir la ordinalidad en la financiación autonómica, reformular federalmente el sistema de atribución de competencias, entre otros extremos, sino también plantear la supresión del Constitucional y su benéfica sustitución por una Sala del Supremo, profesional y con todas las facultades de ejecución de sus sentencias que no permitan que impunidades como las de Mas se produzcan.

La proposición del PP -que durará vigente sólo meses y no es inconstitucional- es un remiendo de urgencia con un contenido político oportunista que es significativo de uno de los muchos agujeros negros de nuestro sistema político-constitucional. Un paliativo sin demasiada vigencia futura. Esa es la gravísima “broma”, señor García Albiol: que consiste en parar a Mas cuando hace mucho tiempo que debió hacerse con la aplicación de la ley, la ejecución de las sentencias y el ejercicio de la política.

Junts per l´ocultació del 3%
Juan Francisco Martín Seco Republica 5 Septiembre  2015

Jamás he estado de acuerdo con el aforismo “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”, ni con ningún otro de corte parecido como “los amigos de mis enemigos son mis enemigos”. Sin embargo, el nacionalismo catalán, como fiel seguidor de Carl Schmitt, se fundamenta en el binomio amigo-enemigo, secesionista o no secesionista, por eso no tienen inconveniente en meter en el mismo saco a todos los que no voten la lista de Junts pel sí (aun cuando la pluralidad sea total) y calificarlos en conjunto de militantes del PP y seguidores de Aznar.

Lo cierto es que Aznar gobernó durante sus primeros cuatro años de mandato con el apoyo de CiU, y es que Convergencia es el partido que en más aspectos se identifica con el PP. En los temas realmente importantes, los económicos y los sociales, aquellos en los que muchos españoles se juegan el pan de su familia y otros privilegios y prerrogativas-, se han movido al unísono. Si hiciéramos un repaso de las actas del Congreso de los diputados, quedaríamos sorprendidos al constatar cuántas veces CiU y PP han votado en la misma dirección, y comprobaríamos también cómo los gobiernos de turno de ese Estado español, en este momento tan denostado, han contado con la colaboración de Convergencia para aprobar las medidas más regresivas.

Pero es más, un examen detallado descubriría cómo CiU ha sido el mayor aliado, y portavoz en el Congreso, de los grupos económicos de presión. Las aspiraciones de estos han llegado muchas veces al Parlamento bajo la forma de enmiendas que CiU tramitaba. Por citar tan solo dos casos de épocas muy diferentes. La Ley de Auditoría de 1988, la primera que se elaboraba en España, establecía la obligación de que las sociedades tuviesen que cambiar de firma auditora, tras nueve años de contrato, medida muy saludable si se quiere evitar que el clientelismo ponga en cuestión la independencia y la objetividad que deben presidir la actividad auditora. Los nueve años pasaron, la fecha fatídica se acercaba y las firmas más importantes veían con preocupación que se pudieran quedar sin clientes, al tiempo que las grandes corporaciones iban a verse sometidas a la incomodidad de tener que cambiar de auditora. Recurrieron entonces a CiU, que se prestaron gustosos a proponer una enmienda en una de las leyes que se estaban tramitando en el Congreso, creo recordar que fue en la de sociedades anónimas, para que tal plazo de nueve años fuese eliminado. Nunca más se supo de esa condición, y hoy las empresas pueden contratar a la misma firma auditora ilimitadamente.

El otro caso es más reciente, se refiere a las SICAV y su utilización con fraude de ley por las grandes fortunas. En 2004, la Agencia Tributaria, tras una serie de inspecciones, había comenzado a levantar actas a un conjunto de sociedades, compuestas en su totalidad por los grandes patrimonios del país, que se consideraba que no cumplían los requisitos requeridos para constituir una SICAV y que, en consecuencia, deberían tributar por el régimen común (el tipo del impuesto de sociedades al que tenían que someterse era del 35% en lugar del 1%). Todos los principales capitales se pusieron alerta y reclamaron el apoyo de CiU, que presentó una enmienda a la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas tributarias para el impulso a la productividad (vaya paradoja), por la que se le retira la competencia a la Agencia Tributaria y se le atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde entonces, las grandes fortunas de este país, gracias a CiU (y ciertamente a otros muchos), continúan utilizando con fraude de ley un régimen fiscal privilegiado que no está diseñado para ellas.

No obstante todo lo anterior, partidos como Esquerra Republicana o personas como Romeva, que se consideran de izquierdas, no tienen ningún empacho en ir en la misma lista que Convergencia; y es que los enemigos de mis enemigos (y en este caso el enemigo es el Estado español) son mis amigos. Para el nacionalismo, Cataluña se configura, adquiere fuerza y entidad por la oposición a España. “España nos roba”. El binomio Cataluña-España es el eje sobre el que gira todo el discurso nacionalista, amigo-enemigo. El enemigo es el Estado español, pero también alguien más, porque todo aquel que no es amigo se convierte en enemigo. Quien no se declara independentista es de los otros, un traidor a Cataluña, del PP, un facha.

El criterio político amigo-enemigo delimita y se superpone al criterio ético de bueno-malo. Es bueno lo que beneficia al independentismo y no hay nada malo si se puede cubrir con la senyera. La corrupción en Cataluña no existe. Se tapa por todos los medios al alcance y cuando ya resulta imposible ocultarla se mira al dedo en lugar de a la luna, y se dice que es un ataque a Cataluña.

El pasado 28 de agosto, el juez del Vendrell, el predeterminado para el caso, en el curso de un proceso que se sigue por la probable existencia de comisiones del 3% en contratos públicos, ordenó registrar la sede de Convergencia y la de la Fundació Catalanista i Democràta (CatDem), vinculada a esta formación política, así como las de cuatro ayuntamientos sospechosos y que en su momento estaban regidos por Convergencia. La reacción de este partido ha sido la esperada, atribuir el registro a una maniobra política para incidir sobre los resultados del 27-S y perjudicar a la candidatura independentista.

La historia es antigua. Después de la confesión de Jordi Pujol y todo lo que va descubriéndose de su familia, adquiere nuevos tintes el caso de Banca Catalana, y cómo el presidente de la Generalitat convirtió lo que era una exigencia de responsabilidad personal en un ataque a Cataluña. El fiscal no estaba tan descaminado. Las imágenes de aquella época, de un Pujol gritando indignado y haciendo ver a la muchedumbre la persecución a la que se sometía a Cataluña, vistas ahora son patéticas. No obstante, como acabamos de presenciar, se continúa repitiendo con distintos actores la misma obra de teatro: atacan a la lista soberanista, atacan a Cataluña; es de los nuestros, es amigo, tapemos sus vergüenzas.

En Cataluña se han tapado las vergüenzas unos a otros, al menos con un cierto silencio cómplice; y si no, cómo interpretar que hace diez años Pascual Maragall denunciase ya el 3%, y que enseguida reculase ante la amenaza de Mas de no apoyar el nuevo Estatuto que se estaba discutiendo. Por cierto, el hecho da la medida de lo que le importaba a Mas el Estatuto de Cataluña, que tanto defiende ahora. No sé si en Cataluña habrá más o menos corrupción que en otras partes de España, pero lo que sí es cierto es que se ha ocultado sistemáticamente tapándola con la bandera.

Ante el binomio amigo-enemigo, desaparece la dualidad verdad-mentira. Es verdad lo que ayuda al secesionismo, y de ahí todo un discurso que no se sostiene y que nos haría reír si las consecuencias no fuesen tan trágicas, pero que sirve para embaucar al personal. Esa idea del Estado español persiguiendo y esclavizando a los catalanes, cuando en ninguna otra etapa Cataluña habrá gozado de más liberad y de una mayor cota de autogobierno. Cataluña oprimida y esquilmada, cuando es una de las Comunidades con mayor renta per cápita de España. El Estado español como el enemigo de Cataluña, cuando han sido catalanes los que han participado en una proporción bastante mayor que los naturales de otras Comunidades en el diseño y gobierno del propio Estado.
Cómo no tomar a risa el discurso victimista de Mas, al descubrir que es el presidente de Comunidad Autónoma que más cobra. Un 40% más que el de Madrid, un 50% más que el del País Vasco, que son los que le siguen en el ranking, y casi tres veces lo que percibe el último de la cola, el de Cantabria. El propio presidente del Gobierno central cobra bastante menos, casi la mitad. Los catalanes estarán oprimidos por el Estado español, pero el presidente de la Generalitat parece que no. Y es de suponer que ese mayor nivel retributivo se haya irradiado poco a poco al resto de la pirámide y serán los consejeros, los directores generales y los subdirectores, etc., en general todos los niveles de la Administración, los que con toda probabilidad estén a un nivel retributivo más elevado que sus colegas del resto del territorio español. Vamos, lo propio de una Comunidad oprimida y esquilmada.

www.martinseco.es

El farol del 155
Javier Somalo Libertad Digital 5 Septiembre  2015

Suscribo de principio a fin el artículo de Alfonso Guerra en la revista Tiempo titulado "Elecciones trucadas" sobre Cataluña y el cumplimiento de la ley en su doble y necesaria vertiente: cumplir y hacer cumplir, sin alternativas.

Pero, ¿de dónde viene esta especie de "LOAPA invertida" de Cataluña como un día expresó el propio Guerra, es decir, el blindaje del gobierno autonómico sobre el nacional? Pues de los sucesivos gobiernos nacionales desde Adolfo Suárez –ni mucho menos el más culpable– hasta Mariano Rajoy. Procede, de hecho, de aquella misma LOAPA que se declaró en su práctica totalidad inconstitucional pese a emanar de la propia Constitución y que jamás llegó a asomarse al BOE tras una magistral carambola que marcó la transición de la UCD al PSOE.

Alfonso Guerra, además de razón, tiene un grave problema. ¿La Ley? Pero, ¿de quién fue la idea de que era mejor repartirse a los jueces entre los políticos? ¿Quién presumió de oficiar el funeral de Montesquieu? De haber incluido ese mea culpa, el artículo de Guerra habría sido tan redondo como increíble. Es cierto que el socialista parece arrepentido de haber votado a favor del Estatuto catalán que consideró "cepillado" por el Tribunal Constitucional al que ahora encargarán que haga el trabajo del Gobierno pero el caso es que cada vez que estos arrepentidos tuvieron la oportunidad pusieron su piedrecita en el muro. Opinan en contra, actuaron a favor. Los políticos de izquierda y derecha que lloran la leche derramada y que ahora, por comparación, brillan más que antaño fueron los artífices y son los responsables.
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El texto de Alfonso Guerra es incompatible con su no tan antigua actuación política; su arrepentimiento –si lo hubiera– ya no tiene consecuencias. Si acaso, podría contribuir a que la defensa de la unidad de España no sea cosa de derechas o izquierdas sino de sentido común. Pero como por aquí flaquea, es mejor pedir a James Cameron o a Angela Merkel que promocionen la cosa del imposible encaje de una Cataluña no española… en Europa.

Sin embargo, lo importante no es la opinión reciente de Alfonso Guerra sino la actuación del Gobierno del PP respecto a ese "anuncio de un verdadero golpe de estado" del que habla –es el último en hacerlo– el socialista.

Tienen miedo a la ley aquellos que deben aplicarla en vez de los que la violan. Se temen sus efectos como El País temía a George W. Bush el 11-S, el mismo día en el que cayeron las torres sobre miles de personas, sobre el mundo entero, en realidad. Buscan atajos, parapetos, escondrijos con tal de no imponer la Constitución a un régimen asentado, y orgulloso de estarlo, en la más profunda ilegalidad. Hay sensación de culpa aunque, por lógica, cuanto más grave sea el delito más dura ha de ser la ley. Pero contra los faroles, órdagos.

Son legión los que han tratado de equiparar el artículo 155 de la Constitución con una columna de tanques. Puede que haya tanques en La Diagonal pero están en el punto de partida no en el destino. Y vistas las intenciones de las plataformas y asambleas que pretenden y se arrogan la construcción nacional catalana –con presupuesto–, ni siquiera estoy recurriendo a una metáfora. Golpe de Estado, dice Guerra… es el último en decirlo.

Cuando la ley pierde su carácter disuasorio deben desencadenarse las consecuencias, ni más ni menos que las derivadas de su aplicación. Y, sin embargo, llegados al punto de imposible retorno, el Poder prefiere deslegitimarla proponiendo –imponiendo– una reforma absolutamente innecesaria. No hace falta prohibir el robo de coches rojos, ni siquiera el robo de coches. Lo que está prohibido es robar. Se pueden acordar leyes y es preceptivo debatirlas más o menos en su fase de elaboración pero en su aplicación, en su cumplimiento, no caben acuerdos ni debates como los que llevamos sufriendo hace décadas con el nacionalismo. Está claro: el artículo 155 de la Constitución española se ha revelado como todo un farol, un ogro, el coco al que se alude a sabiendas de que, al final, nunca viene. Y los nacionalistas de derechas que han gobernado España con izquierdas y derechas lo saben muy bien.

Descubierto el farol y con tal de no abrir la Constitución por la página adecuada, la salida del PP ante la encerrona ha sido delegar su responsabilidad de gobierno en el Tribunal Constitucional a través de una reforma que, dicen, refuerza los mecanismos de éste ante un eventual incumplimiento, como si la violación por parte del gobierno de Cataluña estuviera inédita, por venir. "Es bueno", ha dicho esta semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, "que nadie tenga la intranquilidad" de que se desoyen los dictamines del Constitucional. O sea, que además de que hasta ahora los dictámenes eran oídos y religiosamente observados, los instrumentos del Estado de Derecho en caso de sordera eran insuficientes. "Mentira", respondió ya en su práctica retirada, Rosa Díez. Pues sí, mentira y doble.

Dentro de los que estamos en contra de la improvisación del Gobierno predominan aquellos que critican que se haga en periodo electoral, con protagonismo del candidato gubernamental a las elecciones catalanas Xavier García Albiol, por la vía de urgencia y con rodillo parlamentario. Crítica formal, acuerdo en el fondo. Lo más grave es que se abre un camino innecesario con tal de no transitar por el marcado legalmente. Es todo lo contrario a cumplir y hacer cumplir la ley. Es dejación de funciones, vaya. Huelga decir que si Rajoy hubiera decidido aplicar la ley como procede, el PSOE de Pedro Sánchez tampoco habría estado a su lado y si no, que Guerra pregunte al galán por el 155 y no espere un segundo para verlo huir.

"Ya era hora de que [Rajoy] hiciera algo", dicen, por el contrario, los que apoyan la medida de Rajoy. Quise percibir ese cambio cuando el presidente dejó de decir "eso no va a pasar" –mientras pasaba e incluso después– para atreverse a decir que "lo vamos a impedir". Pero ni por esas: "La independencia no se va a producir", ha dicho este mismo viernes su vicepresidenta acompañando la sentencia, como acostumbra, con un remangue de chaquetilla y sin sonrojarse por caer en la terminología nacionalista de colonia y metrópoli. El caso es que, acostumbrados al silencio, al pelotón, al paso del tiempo, los dubitativos se abrazan a Rajoy porque hace algo, no porque sea lo correcto.

La semana que viene arranca el aquelarre de la Diada que abre la campaña electoral catalana. Pase lo que pase será determinante para las generales sobre todo en lo que respecta al partido de Albert Rivera que, ahora sí, se somete a escrutinio nacional consciente de que la Cataluña que le animó a entrar en política es una cuestión de Estado. Quizá por eso, Mariano Rajoy quiera apartar el cáliz hasta Navidad, para conservar lo que más aprecia: tiempo.

Las elecciones se vienen, las elecciones se van… y muchos en Génova creen que como sean el 20 de diciembre acabarán coreando el estribillo completo: "y nosotros nos iremos y no volveremos más".

Una proposición inconsistente e incoherente

Javier Gómez de Liaño www.elespanol.com 5 Septiembre  2015

La ejecución de una sentencia es el epílogo del drama, el último acto del rito. ‘Ite missa est. Ite iudicatum est’.
(Piero Calamandrei. ‘Processo e Democrazia’).

El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva no se limita a obtener una resolución dictada por un tribunal independiente que dé respuesta a la pretensión planteada, sino que se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia.

Este preámbulo, al igual que la cita del gran jurista florentino, uno de los padres de la Constitución italiana de 1948, y los dos adjetivos aplicados al título del presente artículo, viene a cuento de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de reformar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que, en palabras de la Exposición de Motivos de la proposición, responde a “la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar” el cumplimiento de las resoluciones de sus decisiones, lo que “obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real”.

Se trata de un proyecto legislativo que, aparte de algunas voces elogiosas, empezando por las del propio Gobierno, en boca de la señora vicepresidenta, y las de un par de colectivos judiciales, ha merecido críticas tan severas como la de ser un “disparate” -Felipe González dixit-, tratarse de una “chapuza” propia de la “extrema derecha” -comentario de Pedro Sánchez, líder del PSOE-, consistir en una reforma ad hoc con nombres y apellidos, o que la innovación tiene toda la pinta de ser un atajo electoralista del PP que coloca al supremo intérprete de la Constitución en una situación comprometida.

Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos utilizados por quienes se oponen a la reforma son bastante certeros y sus discrepancias de criterio están justificadas. Es más. La impresión generalizada, en la que se incluyen expertos y profanos en la materia, es que los populares no pretenden defender exclusivamente una posición jurídica.

Expresiones tan torpes como la de “se ha terminado la broma”, pronunciada por el candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 27-S, borran cualquier apariencia de juridicidad. Por cierto, una presencia, la del señor García Albiol, en el trámite de registrar la proposición que resultaba fuera de lugar y que recuerda aquello que Cela decía de que en España es difícil que cada cual sepa estar en el sitio exacto que le corresponde en el momento justo.

Nada hay más estrafalario que un político, sea parlamentario o no, erigido en jurista de prestigio o con hechuras de profeta, supuesto este último que se agudiza cuando el mesías, que encima apunta maneras de leguleyo, resulta un lírico partidario de “leyes de emergencia”, también llamadas “para salir del paso” o para dar gusto a clamores populares. Con actitudes como éstas se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un guiñol y también en un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas.

¿A estas alturas alguien puede ignorar que la función de los tribunales consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿No dice la Constitución (artículo 118) y otras leyes (artículo 17 Ley Orgánica del Poder Judicial) que es obligado respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones que han ganado firmeza y sean ejecutables? ¿No habíamos quedado en que el incumplimiento de una resolución judicial puede ser constitutivo de los delitos de desobediencia y/o prevaricación (artículos 410 y 404 del Código Penal)?

Aunque a la vista está que todavía quedan indecisos, parece evidente que a la primera pregunta corresponde el no y al resto, un sí. Rotundamente: nadie puede, legítimamente, negarse a cumplir lo ordenado por un tribunal sin merecer el dedo apuntador del Ministerio Fiscal. Distinto es que el ciudadano medio piense que el poder judicial en España tiene un perfil muy bajo, cosa que atribuye a determinados responsables políticos o parapolíticos que padecen de un infinito complejo de superioridad respecto a los hombres de leyes a los que consideran ruedas del auténtico poder y minúsculos rodamientos fáciles de engrasar.

No cabe duda de que desde hace años vivimos un preocupante proceso de inflación legislativa, o, mejor dicho, de hipertrofia legislativa. Hoy se fabrican leyes por el mero afán de producir y de la cadena de montaje salen productos que no resuelven los problemas de la manera más adecuada. Lo expresaba muy bien el profesor García de Enterría cuando hablaba de una sociedad inundada por una marea incontenible de leyes y reglamentos. O sea, lo que Ortega y Gasset denunciaba cuando hablaba del mal de una “legislación incontinente” y lamentaba que la legislación en los últimos tiempos se hubiera convertido en “una ametralladora que dispara sin cesar”.

Además de inconsistente y de incoherente, la reforma es imprudente. Lo digo por la alta velocidad imprimida a la proposición a través del procedimiento de urgencia, lo que implica, al tratarse de una Ley Orgánica, preterir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sabido es que la vida de las instituciones se desenvuelve entre aciertos y errores, pero lo que uno no se imagina es que llegada la hora de escribir su historia, algunos amanuenses estén empeñados en hacerlo a golpe de dislate.

Ante la iniciativa y los comentarios que ha provocado, es de temer que algo grave pueda estar pasando en el partido del Gobierno. Después de dar vueltas a esta nueva vena legislativa, se me ocurre si acaso el PP no querrá imponer una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo cuando las circunstancias lo demandaban. Esto que acabo de apuntar precisaría de mayor explicación, pero como la mesura merma las ganas de hacerlo, baste con dejar anotado el supuesto no lejano en que ante la resistencia a acatar una decisión del propio Tribunal Constitucional, poco o casi nada se hizo para corregir el desatino, consecuencia de una estrábica, reactiva e inútil pasión nacionalista que roza el ridículo.

Dicho con los debidos respetos, a mí me parece que bajo esa reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, lo que subyace es una sutil y cínica voluntad de que las naturales potestades del Tribunal Constitucional necesiten de la tutela del Gobierno y un descarado propósito de dejar en entredicho, una vez más, la neutralidad del órgano, olvidando que la misión del Alto Tribunal es regular lo que resulta adecuado a la Constitución y lo que se opone a ella. De ahí que no sea extraño que cuando a los ciudadanos se les pregunta por él, la mayoría opine que es un órgano que se mueve empujado por los torpes émbolos de la peor política y un recinto donde se respiran espesos vientos partidistas.

Si se trata de reforzar la autoridad de la cosa juzgada implícita en las decisiones del Tribunal Constitucional, las medidas o remedios a adoptar deben llevarse a cabo por las Cortes Generales con calma, sin sobresaltos, utilizando exclusivamente la razón jurídica en el sentido que Hobbes decía, como perfeccionamiento de la conciencia humana; es decir, con habilidad técnica y sentido común. Y con el mayor acuerdo posible, pues resulta evidente que caben diferentes enfoques técnicos que es necesario reconducir con estrategia de consenso y no con voluntad de enfrentamiento.

“Enséñame un código y te diré quien manda”, suele decirse. Pues no. No es eso.

España / El desafío independentista
Pedagogía contra el soberanismo
Joan Planes. La Razon.  5 Septiembre  2015

Cincuenta carpas y 40 puntos de información están desplegados en la avenida Meridiana

La plataforma unionista Societat Civil Catalana (SCC) está llevando a cabo su particular campaña de cara a la Diada del 11 de septiembre, y especialmente, por las elecciones del 27-S. La entidad coloca durante estos días una seria de paradas en la avenida Meridiana, que es precisamente la amplia zona en la que se celebrará la denominada Via Lliure, la marcha independentista del 11-S.

La campaña durará hasta el próximo día 10, se llama «Operación Meridiana», y el principal objetivo es denunciar la «manipulación política de la historia», y el «fraude democrático» de estos comicios autonómicos. Son en total 50 carpas, y 40 puntos de información, en los que se informa a los ciudadanos. La iniciativa cuenta con 150 voluntarios, que se reparten en diferentes turnos.

Buena respuesta
La gente está respondiendo muy bien, según explicaron algunos de los voluntarios a LA RAZÓN. Muchas personas, tanto vecinos como personas que no residen en Cataluña, se están acercando estos días a las paradas para recabar información. Los puntos están situados estratégicamente en diferentes enclaves de la citada avenida barcelonesa, siempre con una gran afluencia de transeúntes.

Los puntos en común de los ciudadanos y de los voluntarios de SCC están claros, y se traducen en críticas a la gestión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a los que la mayoría tildaron de «poco democrático», y también con la idea de que lo mejor para Cataluña es seguir dentro de España.

En las paradas de SCC se reparten folletos que denuncian la «manipulación histórica» que se presenta por parte de los nacionalistas, especialmente en lo referente a los hechos de 1714. La entidad también denuncia que la Diada de este año se celebre precisamente en una de las zonas de Barcelona con más castellanohablantes, en uno de los distritos de la capital catalana menos nacionalistas. Achacan un interés partidista, que además coincide con el inicio de la campaña electoral.

La entidad también está aprovechando esta campaña para darse a conocer en Barcelona. Alguno de los voluntarios admitió a este diario que mucha gente aún no los conoce, por lo que ahora es el momento ideal. El gran repertorio de paradas que se está realizando en la «Operación Meridiana» así lo facilita.

SCC presentó en abril de 2014 un manifiesto que suscribieron miles de personas en el que se destaca que «los catalanes han progresado con el resto de españoles, gracias a la unión de esfuerzos, el diálogo, la democracia y el respeto a la pluralidad». «No hay ningún argumento político, económico o afectivo que justifique los enormes costes sociales del proceso independentista», añadía.

La campaña de SCC insiste en que «no queremos la independencia ni nos conviene», y que se «comprometen a trabajar para una Cataluña que lidere una España moderna y europea». Ésta es la idea, que corroboró un matrimonio de Salamanca que estaba visitando una de las paradas. Se mostraron en desacuerdo con el proceso independentista y desearon que Cataluña siga siendo una parte importante de España.

En definitiva, SCC quiere explicar a los ciudadanos que se acerquen a las paradas organizadas en la avenida Meridiana las ventajas de que fracase el proceso soberanista y de que Cataluña siga junto a España. Y no han escatimado recursos. Además, cabe destacar que llevarán a cabo actos el propio 11 de septiembre, el 12 de octubre y también el 6 de diciembre. SCC está realizando también una campaña muy activa en las redes sociales.

Suministro de latas de ofensas para indepes
oti rodríguez marchante ABC Cataluña 5 Septiembre  2015

Tal vez llegue tarde todo este suministro de latas, y se deberían haber ofendido hace ya mucho tiempo con las perogrulladas de González y con la visión de los empresarios

Igual que Popeye acude a las espinacas cuando flojea, el nacionalismo de anteojeras a lo que acude es a las ofensas, que las tiene ya enlatadas y ordenadas en la despensa para ir abriéndolas en el momento que necesiten sacar músculo. Un par de latas de ofensa y se les sube el color verde a lo Hulk. En el interior de esas latas, en realidad, no tiene por qué haber nada comestible, y basta con que ponga «ofensa» en la etiqueta. No es raro ver, tal y como hizo ayer, a Artur Mas enlatándose a sí mismo y poniéndose la etiqueta de ofendido…

«No creo en las casualidades», dijo solemne ante en Parlament y ante la ofensa de la Fiscalía, empeñada en abrir la lata del 3 por ciento. Y no es raro ver estos días a los habituales de la Tuna separatista abrir latas de ofensas al natural y en escabeche gracias a los últimos suministros de conservas «la ofensa» enviados desde ese fastidioso lugar llamado España. La primera lata la dio el expresidente González con su carta realmente ofensiva, pues la llenaba de topicazos y descripciones obvias de la situación que ya admite todo el mundo (salvo Rahola), tan de sentido común que han llevado a los lumbreras como Toni Comín a llamarle burro a González (burro, precisamente, el animal que siempre sabe dónde pisa y que abre el camino).

Luego les proporcionaron otra lata los empresarios catalanes, ofendiéndolos con sus premoniciones ruinosas para una Cataluña pequeña y aislada. Y ahora les ofende el Gobierno al procurarse armamento legal para evitar los bailecillos grotescos de Artur Mas (o es que nadie ha visto el vídeo de los Mosqueteros con las manitas juntas cuando se adornan con un indescriptible baile en el que precisamente el seños Mas ensaya unos pasos rumberos que lo incapacitan, no ya para presidir un proceso político serio, sino una simple colla de bolingas). Tal vez llegue tarde todo este suministro de latas, y se deberían haber ofendido hace ya mucho tiempo con las perogrulladas de González y con la visión de los empresarios, por fin despiertos de su anestesia local, pero ahí lo tienen, alimento fresco para indepes, y que les permite esgrimir todo el músculo en forma de lágrimas (la lágrima es el músculo del buen nacionalista). Tanto quejío, soleá y llanto, que hasta la plantilla del Barça considera ya que no ganará esta Liga, tras la ofensa arbitral de los dos partidos que se han jugado de ella.

“El Gobierno vasco deja la memoria de las víctimas del terrorismo en los defensores de la banda terrorista ETA”
www.latribunadelpaisvasco.com 5 Septiembre  2015

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha asegurado que el Gobierno nacionalista vasco debe adoptar una postura clara en torno a la construcción de una memoria que señale a la banda terrorista ETA como responsable de la mayor conculcación de derechos humanos registrada en Euskadi durante las últimas décadas.

El Colectivo ha añadido que dejar en manos de los municipios vascos la gestión de la memoria pública supone permitir que quienes justifican a la banda terrorista ETA construyan la memoria de sus víctimas, “una irresponsabilidad política que constituye un peligro terrible para las nuevas generaciones”.

COVITE considera preocupante el intento del Gobierno vasco de difuminar el fenómeno terrorista equiparando el asesinato selectivo de seres humanos perpetrado por grupos terroristas en Euskadi y los abusos policiales producidos en los municipios vascos. Dicha maniobra, insiste el Colectivo, “blanqueará el pasado criminal de la banda terrorista ETA, característica diferencial del País Vasco”.

COVITE ha realizado este pronunciamiento con motivo de la reunión del lehendakari Iñigo Urkullu (PNV) con 128 alcaldes de municipios en los que ha habido víctimas de atentados terroristas y de abusos policiales. Si bien el Gobierno vasco ha expuesto que el encuentro se producía para fomentar homenajes a las víctimas fallecidas en los municipios, COVITE, con la vista puesta en la autodenominada izquierda abertzale, resalta el sinsentido “de reclamar homenajes a quienes justifican el asesinato selectivo de seres humanos a manos de ETA y se niegan a condenar el historial criminal de la banda”. Según las víctimas vascas del terrorismo, “cualquier gesto de homenaje que no vaya acompañado de una condena expresa del terrorismo es un atentado contra la inteligencia de la ciudadanía y un ejercicio de cinismo que promueve la perpetuación de la cultura del odio en el País Vasco”.


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