AGLI Recortes de Prensa   Lunes 7 Septiembre 2015

Deuda de Madrid ¿Despilfarro o corrupción?
Roberto Centeno El Confidencial 7 Septiembre  2015

La infausta Transición, la mayor estafa política, económica y social a todo un pueblo de la historia de Europa, donde al contrario que en otros países en los que los totalitarismos dieron paso a democracias reales, en España una casta política incompetente y venal nos robaría la democracia, imponiéndonos una oligarquía de partidos sin separación de poderes y donde los diputados no representan a los ciudadanos; dividiría al país en 17 trozos contrarios a la realidad geográfica e histórica, no para gestionar mejor sino para robar y enchufar a cientos de miles de familiares y amigos. “La democracia está muy bien pero lo importante es crear buenos empleos para los demócratas”, diría cínicamente el socialista Enrique Múgica. El resultado sería una explosión de nepotismo, despilfarro y corrupción como jamás se ha conocido.

Como consecuencia España crece desde 1975 por debajo de su potencial. De una renta per cápita relativa a los 9 países centrales que entonces constituían la CEE del 81,4%, alcanzada desde el 56% en 1959 (cifras de FUNCAS) gracias a un crecimiento económico espectacular durante 17 años, lo que nos convertiría en la octava potencia económica mundial –hoy se ha desplomado al 72,1% de esa misma media (estimación FMI para 2015). Con igual renta per cápita que Irlanda en 1975 (10.000$), hoy nos superan en un 46% y es el país áas rico de la UE. Con una potente producción industrial que representaba el 36% del PIB, igual a la de Corea del Sur, hoy es del 14%. Con una enseñanza pública excelente, la tercera de Europa, hoy estamos en la cola. Es inaudito el sectarismo y la vileza moral de personas “informadas” que ocultan estas evidencias irrefutables sobre nuestra posición económica relativa, la única que mide la eficacia de un sistema político.

Lo sucedido en Madrid, cuya gestión en los últimos ocho años va a ser auditada, es una buena muestra del océano de enchufismo, derroche y deshonestidad que asola hoy todo lo público, y que ha llevado a nuestra capital a tener la mayor deuda de Europa que el nuevo gobierno califica de “ilegítima en un 80%”. ¿Por qué para cada tarea que antes necesitaba una persona hay ahora 3?, ¿para qué necesita Madrid una Asamblea con 128 diputados – más de mil en toda España- donde la mayoría en definición de uno de ellos se “están tocando los cojones”, y cuando no se los tocan mucho peor, porque están legislando para dividir España? Esta es la la Transición “modélica”, dos millones de empleados públicos a dedo, más de 3.000 empresas públicas inútiles, 36.000 millones de euros dilapidados en duplicidades entre AAPP, un Senado, unas diputaciones y 17 reinos de taifas inútiles. Un despilfarro anual del 10% del PIB: ¿cuándo alguien va a auditar España?

Auditar la mayor deuda municipal de Europa
Pero nadie va a auditar esta cueva de Ali Babá en que la casta política ha convertido nuestra Patria, ni siquiera Eurostat que tiene la obligación grave de auditar la Contabilidad Nacional cuyas incoherencias son clamorosas igual que ocurrió con Grecia, pero al menos si se va a auditar Madrid. Durante su campaña electoral Esperanza Aguirre afirmaría: “no pienso pisar el Palacio de Cibeles, no voy a tener un Ayuntamiento megalómano”, refiriéndose a los megaproyectos ejecutados y absolutamente innecesarios realizados por sus compañeros del PP, y que han sido y son un expolio al pueblo de Madrid, que ha visto como todo el aumento de una presión fiscal creciente y asfixiante va destinado a pagar gastos financieros y amortizar deuda de proyectos megalómanos que jamás debieron realizarse. Solo el IBI se ha multiplicado por 3 desde 2009 para atender a un servicio de la deuda, que ha pasado del 9,5 % de los ingresos corrientes en 2009 al 34% en 2014, un auténtico disparate.

La auditoría, responsabilidad del nuevo concejal de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato, tiene toda la justificación del mundo. Madrid es la capital más endeudada de Europa y la razón de ese endeudamiento no está en absoluto justificado, pero puede no llegar a nada si la forma de realización no es creíble. Para empezar es un error hablar de auditoría “popular”, cuya connotación de arbitrariedad y sectarismo le quita credibilidad , aquí hay que dejarse de apellidos equívocos y hablar de auditoría a secas. Y para seguir, no puede ser realizada por la nueva Subdirección de Auditoría creada al efecto –y que sin duda es un acierto– porque siendo ella quien debe promoverlas no es quien pueda hacerlas, porque aunque lo hicieran en la forma más honesta posible, sus conclusiones se tomarían más como manipulación política que como un análisis serio de la realidad.

Por ello, la auditoría debería ser encargada a un tercero con experiencia y credibilidad, por supuesto siempre bajo la supervisión de la Subdirección General, o no servirá para nada. Deloitte es la auditora con más experiencia en temas urbanísticos pero como trabaja para las grandes constructoras eso la inhabilita. La opciones sería Price entre las multinacionales y Auren, la número uno española. No se que hará Carlos Sánchez, pero si no lo hace desperdiciará una oportunidad de oro de poner en manos de la Justicia, con el marchamo de objetividad y seriedad, hechos escandalosos que han endeudado a los madrileños para varias generaciones.

Dicho esto, las acusaciones mayores se refieren a la M-30 , a la remodelación del Palacio de Comunicaciones y las obras olímpicas realizadas antes de habérsenos adjudicados los Juegos, algo insólito en el mundo. Caja Mágica es el ejemplo que escoge, aunque no es la única inversión olímpica injustificada. En todas ellas la diferencia entre la cifras presupuestada y el coste final es disparatada, pero esto por si solo no representa prueba de despilfarro o corrupción, para detectar presuntas irregularidades hay que mirar mucho más a fondo.

En el caso de la M-30, la cifra presupuestada ( 1.700 millones de euros) y el coste final (6.300 millones) no son comparables, porque el coste final lleva muchas más cosas, como amortizaciones, intereses y costes de explotación y mantenimiento, durante 30 años que explican buena parte de la diferencia. En concreto en las obras no parece que se haya incurrido en costes injustificados, trabajaron unas 15 empresas y las liquidaciones fueron entre un 8 y un 10% superiores a lo presupuestado, algo absolutamente normal. Es en la concesión de la explotación y el mantenimiento donde está el problema, un contrato a 25/30 años al que se presentaron solo 3 o 4 empresas, las de mayor garantía Ferrovial/ACS y FCC/Sacyr. Todos los informes técnicos señalaban que la segunda era la mejor oferta, pero sobre todo y aún en caso de igualdad la primera era mucho más cara, ¿por qué razón se adjudicó a Ferrovial/ACS?, este es el tema central que la auditoría tendrá que investigar.

La inversión siguiente, la remodelación que no construcción del Palacio de Correos, es sin duda la más escandalosa ya que de un lado la desviación presupuestaria es del 1.200 por cien –un presupuesto inicial de 40 millones se convertiría en un costo final de 530- algo inédito en el mundo, y de otra era una obra absolutamente innecesaria fruto de la megalomanía casi infinita de Alberto Ruiz Gallardón. A efectos comparativos, la sede del BCE en Frankfurt, 30 veces mayor, con dos torres de cristal inclinadas de 45 plantas, con jardines suspendidos, cascadas y un gigantesco atrio entre ambas, costaría 1.300 millones de euros, y provocaría enormes manifestaciones por considerarla un gasto suntuario inaceptable en medio de una crisis. Y lo mismo con la Caja Mágica y demás obras olímpicas cuyas adjudicaciones e incrementos de costo de hasta el 400% deberán ser investigados a fondo.

Cómo reducir el grueso de la deuda de Madrid
Sin embargo, y con independencia de los hechos lícitos o ilícitos que ponga al descubierto la auditoría, el Ayuntamiento puede sacar si lo desea la parte de su deuda derivada de la M-30 y que constituye el grueso de la total. Es una deuda a largo plazo y cómoda de pagar, porque se hace a lo largo de la vida del contrato de explotación y mantenimiento, pero que no tendría por que figurar como deuda, lo que permitiría a Madrid ceder a otros el dudoso honor de ser la capital más endeudada del mundo desarrollado. Lo que esta haciendo el Ayuntamiento hoy es pagar a las empresas concesionarias una especie de “peaje en la sombra”, fórmula con la que otras AAPP financian infraestructuras sin que su coste figure como deuda. Pero para ello es necesario que Bruselas lo acepte, algo que no puede plantear el Ayuntamiento sino que tiene que ser gestionado por el Gobierno, único interlocutor válido para ello.

Este procedimiento se intentó al principio pero Solbes se negó tramitarlo por puro sectarismo. La argumentación para conseguirlo es clara: los pagos del Ayuntamiento a la concesionaria no son un compromiso firme, sino que dependen de que se cumplan unos ciertos estándares de calidad en la explotación y en el mantenimiento, por lo que de algún modo la concesionaria está corriendo con un cierto nivel de riesgo que es lo que hace la diferencia para que la deuda sea computable o no. Ustedes se preguntarán, bueno ¿y por que el PP no lo hizo cuando gano por mayoría en 2011?. Por pura y total incompetencia. La señora Botella tendría que explicar por qué no pidió esto al Gobierno cuando pudo hacerlo, y Montoro y Rajoy tendrían que explicar por que no les ha dado la gana liberar a Madrid grueso de su deuda si es que la alcaldesa lo pidió.

Pero ahora Sánchez Mato si piensa que la deuda de Madrid es socialmente ilegitima, lo primero que tendría que hacer, con independencia de la auditoría, es demostrar que el contrato de explotación y mantenimiento de la M-30 es un “peaje en la sombra” que lo es, y acto seguido exigir al Gobierno que pida a Eurostat el no considerar deuda la inversión pendiente de amortizar de la M-30. Mato demostraría así el desastre de gestión del PP y liberaría formalmente a Madrid – lo que es esencial cara a los mercados financieros- del grueso de su deuda.

Y finalmente esta el tema de los servicios externalizados prestados por solo 6 empresas –ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Dragados y Sacyr– que representa más de un tercio del gasto total municipal, y de los que Mato afirma que no son más baratos –como afirmaban Gallardón y Botella– sino más caros que la gestión pública, y utiliza para demostrarlo el informe del Tribunal de Cuentas de 2011 según el cual el coste por habitante de la gestión externalizada es un 71% superior al de la gestión pública en la limpieza viaria, y un 27 % superior en la recogida de residuos sólidos.

Sánchez Mato acusa abiertamente de esta situación a “la corrupción de los que desde el ámbito municipal la han promovido”, algo gravísimo que de ser probado podría llevar al procesamiento y condena de los responsables. Sin embargo le puede ser difícil anular los contratos vigentes, y ahí mi consejo a Sánchez Mato sería renegociar los contratos con las concesionarias para la reducción de los costes al nivel de la gestión pública, y solo si no aceptan resolver los contratos. La experiencia práctica es que en que en los contratos con las AAPP hay tanto que ocultar, que no parece razonable que una gran empresa con proyección internacional prefiera pleitear a negociar. Y por supuesto ir a muerte en la auditoría en la posible corrupción de altos cargos, en este tema y en todos los demás. ¡Vale ya de impunidad en 40 años de saqueo de España!.

Si el 20D fuera el 27S
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 7 Septiembre  2015

Si las elecciones Generales se hubieran celebrado cuando aconsejaba el interés general, la integridad nacional y la seguridad institucional, la fecha elegida habría sido el 27S. Al hacerlas coincidir con las autonómicas catalanas, la participación hubiera sido, con toda seguridad, mucho mayor, logrando lo que dice que quiere el PP: que vote el mayor número posible de catalanes para derrotar la lista de «Juntos por el Sí (odiamos a España)» gestada en La Vanguardia y que alinea a la banda de Mas, ERC, los columnistas del medio y los titiriteros y futboleros de guardia, léase Guardiola. Por cierto, Del Bosque y las cloacas deportivas, como antes Cardenal, el boixo noi de Moncloa, critican que a Piqué lo piten donde juega. Pero el fondón central de las bombas fétidas y el escupitajo al currito de la Selección, el que se burlaba de los «españolitos» del Madrid, dice que pitar el himno de España es libertad de expresión. ¿Por qué hasta TVE (!!!) abronca la libertad de expresión de los pocos aficionados de Oviedo que sestearon con «La Roja», antes Selección Nacional de Fútbol? ¿Es que la libertad de expresión, para Del Bosque y su colla, se limita al Nou Camp?

Estoy seguro de que la sanción al Barça, cierre del campo y aviso de expulsión de la Liga de esa España a la que afrenta institucionalmente -insisto: Guardiola cierra esa lista de Menos a Mas- concienciaría decisivamente a los que, marginados en Cataluña, sólo votan en las Generales porque creen que las Autonómicas no van con ellos. Y es cierto: van contra ellos. Pero si Rajoy quisiera más participación, con poner las Generales el 27S, ordenar el furbo y no financiar las embajadas de la archiquebrada Generalidad -50.000 millones de euros-, se vería que «la broma» va en serio.

Y tanto que va. Pero no altera la pachorra partidista de Rajoy, que espera recoger la Pedrea de los votos del caos catalán y el miedo español. Tampoco el cainismo del PSOE, que, tras arrepentirse González (patriota de sabadete: sólo seis días), anuncia la reedición, con podemitas y separatistas, del espíritu del Prestige y el 13M -con el agit-prop de la SER y las teles progres-, cuando la cosecha sangrienta del 11M, cebada en Perpiñán, hundió a Rajoy. Pancismo y sectarismo, PP y PSOE, ven cómo el golpismo catalán se lleva por delante a España. Y les da igual.

La 'pinocho' Carmena al desnudo: 'lex dura, sed lex'

Alberto Artero El Confidencial 7 Septiembre  2015

Manuela Carmena es juez antes que alcalde. Esto es esencial para comprender hasta qué punto ha manipulado la voluntad de los electores con falsas promesas para auparse al sillón municipal. Su pertenencia a la judicatura le impide excusarse en una presunta ignorancia de la norma para justificar lo que va a devenir en un incumplimiento sistemático de su programa, especialmente en la parte más utópica del mismo. Como ella sabe mejor que nadie, lex dura, sed lex, qué se le va a hacer. En un estado de derecho, ni cabe saltarse la ley ni oponerse arbitrariamente a ella. El paso de los meses la va a dejar en pelota picada ante aquellos que depositaron en ella su esperanza, huyendo de la Esperanza. No se alterará lo más mínimo, no crean. Para el populismo la culpa es siempre del empedrado. Abran paso a la Operación Asfalto.

La primera en la frente la han recibido la semana pasada cuando a la despelotada eclesial Rita Maestre -esa que entiende ‘castizo’ como la necesidad de crear una casta del frente popular y ha promocionado a su padre a subdirector de la Agencia Tributaria madrileña- no le quedó más remedio que anunciar que la venta de viviendas públicas a Blackstone era “difícilmente revertible” (sic). Más allá del neologismo estulto de la interfecta -el adjetivo correcto es ‘reversible’, con ese, de acuerdo con la RAE; hay que leer más- lo que queda claro es que una cosa es la percepción social de una transacción y otra bien distinta si se ajusta o no a la legalidad. Esta no admite arbitrariedad: los contratos hay que cumplirlos, cláusulas indemnizatorias incluidas. Y, siendo así, el ajo de las compensaciones financieras puede no justificar el pollo de la demagogia. Se siente.

Poco a poco se irá comprobando como la ilegitimidad -esto es, la oposición a la ley, ilegalidad elevada a la categoría de ‘okupa’- no era tal y como la habían cacareado en los Círculos durante meses o sigue propugnando aún, con verborrea rancio-comunista, algún concejal despistado que no ha dudado en afirmar que el 80% de la deuda del Consistorio es ilícita. Busquen, comparen y, si encuentran alguna irregularidad, denúncienla, sea sobre pagos o comisiones. Pero esto de considerar todo aquello que no responde a su forma de ver la sociedad como algo a destruir, por muy fundado y justificado en su origen que esté, es más propio del ISIS que de una sociedad democrática, qué quieren que les diga. Y muestra la verdadera cara de los que proponen resolver de manera unilateral los compromisos adquiridos en el pasado por el Consistorio. Dejen de pagar los créditos, ya verán lo que pasa.

Nos vamos a encontrar en breve con otro ejemplo de cómo la realidad se puede imponer a la ficción propugnada durante la campaña por Ahora Madrid. Es el caso de la remunicipalización de los servicios de limpieza de la capital. De nuevo la ley entra en acción. Y lo que dice el derecho laboral es que el adjudicatario de esa contrata, sea público o privado, debe hacerse cargo del personal asignado a la misma. Es decir: no sólo renunciaría el Ayuntamiento madrileño a los ingresos derivados del canon de la licitación sino que tendría que convertir en empleados públicos a todos los que ahora trabajan para las compañías privadas con la consecuente gestión de personal, material, vehículos, amortizaciones y similares. Una ‘grandísima’ idea que, al final, se traduciría en más gasto, más deuda (¿legítima?) y mayores impuestos. Qué cosas. En última instancia, viva el gatopardo, todo seguirá como hasta ahora porque, ¿saben qué?, cualquier otra opción es irracional. Claro que con estos…

Donde parece que sí puede triunfar la cosa del populismo es en la creación de un parque de pisos e, incluso, de una banca pública. Nada podría hacer más feliz al sector. Mientras que el primero les permitiría sacar de su balance gastos asociados a activos adjudicados de difícil venta -en la idea de que sería el Ayuntamiento el que haría frente a los IBIs, mantenimientos, seguridad y suministros de las mismas- la segunda reduciría sustancialmente la presión social sobre su ‘maltrato’ a los más desfavorecidos, trasvase de clientes incluido. En la ruina del proyecto -remedo del desastre que supuso esas líneas ICO destinadas a los marginados del crédito- estaría su margen adicional de beneficio. Ambas iniciativas, no sólo no castigarían a la industria bancaria sino que ésta sacaría partido de las mismas. Justo lo contrario de lo que pretenderían sus impulsores. Pero de donde no hay…

Sea como fuere y como no podría ser de otra manera, el Gobierno de la Ocurrencia de Madrid se ha encontrado con una barrera insoslayable, la de la ley. Oponerse a ella de manera arbitraria genera ruido pero da pocas nueces. Más bien al contrario. Carmena y su equipo deberían dedicarse, no tanto a deshacer lo andado por muchos a lo largo de la Historia, con más o menos acierto, sino a dejar su propia huella a través de iniciativas que respondan a su base social, dios nos pille confesados. El agravio tiene las patas muy cortas, al igual que la tergiversación. La alcaldesa es juez, condición que no ha perdido con su nombramiento. Si a alguien le corresponde un ejercicio de responsabilidad con el marco jurídico vigente es a ella. A ver si lo asume de una vez por todas y deja sus fantasías animadas de ayer y hoy. Si no, acabará paseando en porretas por el Edificio de Correos, despojada del falso hábito de revolucionaria de barrio con el que se había cubierto para conquistar el voto.

Al tiempo.
Buena semana a todos.

El peor enemigo de Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 7 Septiembre  2015

Es difícil causar tantos estragos en tan poco tiempo, pero a fuerza de insensatez y fanatismo Artur Mas lo ha conseguido: por su culpa, Cataluña está viviendo uno de los momentos más patéticos de su historia reciente. Económicamente quebrada, culturalmente devastada, socialmente desquiciada, Cataluña se ha convertido en una suerte de contraejemplo dentro y fuera de España; en la prueba fehaciente de que también en la vieja Europa puede haber sociedades demencialmente comprometidas con su suicidio, al modo como en América se vienen suicidando desde hace ya tanto tiempo la argentina y la venezolana.

Artur Mas tiene una tremenda responsabilidad en este estado de cosas. Como epígono del abominable pujolismo y como propulsor del neonacionalismo catalán, del que no cabe decir una sola cosa positiva: es tan malo, patético y tóxico como parece. Supone una amenaza de primer orden no sólo para Cataluña sino para el resto de España. Y como tal hay que afrontarla.

Los poderes públicos han de volcarse en el combate de esta lacra. Han de poner toda la maquinaria del Estado en marcha para que los separatistas no sigan socavando las instituciones y la convivencia con indignante impunidad. Su derrota debe ser definitiva y ejemplar.

Pero la ciudadanía también ha de implicarse. Especialmente la catalana. Las elecciones del próximo día 27 deben ser la tumba del peor enemigo de Cataluña, el secesionismo liberticida. Y es que si alguien se merece un voto inapelable de castigo ese es el infausto Artur Mas, así como el estupefaciente Junqueras y el resto de la tragicómica banda separatista.

La careta socialdemócrata de Podemos
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 7 Septiembre  2015

La derrota y absoluta claudicación de Tsipras ante Merkel no sólo ha dinamitado la estrategia populista en Grecia (hasta el punto de que Syriza se ha descompuesto y la casta de Nueva Democracia aspira a recuperar el Gobierno), sino que también ha supuesto un jarro de agua fría para Podemos. Syriza ha ilustrado que, en apenas seis meses, es posible devastar hasta cotas insospechadas una economía que parecía imposible que cayera más bajo: un terrible panorama que, con razón, ha enervado las suspicacias de los votantes españoles acerca de un posible Gobierno de Podemos (de ahí su caída libre en las encuestas) y que, en consecuencia, está obligando al partido morado a reconsiderar su táctica electoral.

En un reciente debate de Fort Apache, Pablo Iglesias reconocía que, tras el fracaso de Syriza, la política del choque de trenes unilateral contra Merkel ha dejado de ser viable. El farol de amenazar con salir del euro para que los alemanes nos sigan costeando la burbuja estatal española ya no cuela, toda vez que los alemanes han demostrado que están dispuestos a que el euro se rompa. Y, según Pablo Iglesias, esto supondría un desastre económico mayúsculo para los países periféricos:

Tú sales del euro y dices "podemos devaluar", algo que no está mal pero que provoca que no puedas importar absolutamente nada (…) Es verdad que puedes decir que eres un país muy barato y que puedes traer muchísimos turistas, pero tienes que imponer un corralito inmediatamente.

Pero si Podemos rechaza salir del euro en la coyuntura actual no es tanto por el desastre y el sufrimiento que acarrearía a la población española, sino porque un empobrecimiento generalizado de semejante magnitud condenaría a Podemos –o a Syriza– a perder las siguientes elecciones. De nuevo Pablo Iglesias:

Los bolcheviques contaban con la ventaja de no tener que presentarse a las elecciones. Entonces, cuando tú les dices a un montón de ciudadanos que tienen dinero en euros en el banco que se lo conviertes en nuevo dracma… es que tú te tienes que presentar a las elecciones. Si a mí me das el margen de 20 años en los que no tengo que presentarme a las elecciones, a lo mejor sí [a lo mejor sí me planteo salir del euro].

Es el miedo a perder el poder, y no a depauperar a una generación entera de españoles, lo que tácticamente está llevando a Podemos a renunciar a la peseta.

Así las cosas, ¿a qué aspira Podemos? Esencialmente a dividir a la socialdemocracia europea para que abandone los programas de austeridad y recupere algunas políticas keynesianas basadas en la obra pública y en la redistribución de la renta; a insertar una cuña ideológica en los partidos de izquierda para forzarles a escoger entre morir haciendo seguidismo de Merkel o virar hacia un keynesianismo más duro. En palabras resignadas de Pablo Iglesias:

La única alternativa que veo en un horizonte enormemente poco pretencioso es volver a una política de inversiones desde el Estado, una política neokeynesiana que plantee ciertas formas redistributivas.

Es decir, la gran revolución que plantea Podemos en el corto plazo es regresar a la política económica de Zapatero previa a 2010: Plan E, aumento de las transferencias estatales a los sectores dependientes e hiperendeudamiento público. La rebelión de la izquierda anticasta es la rebelión de una izquierda imberbe que se niega a despertar del sueño de la burbuja y que sigue confiando en la omnipotencia estatal para superar las leyes de la economía, de la contabilidad y de la física misma: ante una recesión, endeudarnos para gastar; ante una crisis de solvencia, imprimir para no tener que pedir prestado; ante una elevada inflación, establecer controles de precios para seguir gastando mediante la imprenta monetaria.

Mas, al igual que sucedía con la salida del euro, no pensemos que Podemos abraza esta revolución de hojalata por convencimiento ideológico, sino por mero tacticismo político. Los dirigentes de Podemos siguen pensando que el capitalismo es intrínsecamente malvado y que debería ser eliminado y suplantado por otros modelos de planificación estatal; pero hoy por hoy no les queda otra que encogerse de hombros ante su incapacidad para impulsar su proyecto liberticida dentro del contexto actual. Otra vez Pablo Iglesias:

Todo eso no es cuestionar la economía de mercado, tampoco el mal intrínseco al capitalismo, eso es hacer política con los instrumentos que tienes. Si tuviéramos armas nucleares y un ejército enorme, pues de otra cosa estaríamos hablando. Hablamos de un país del sur de Europa que no tiene petróleo; porque, claro, si Tsipras tuviera petróleo entonces podría decirles a los alemanes: "Ahí os quedáis que yo controlo el precio del petróleo a nivel mundial"; pero este no es el caso de Grecia y no es el caso de España. ¿Qué puedes hacer? Bailar con esos mínimos elementos que tienes.

Sin petróleo (Venezuela) o armas nucleares (URSS), ni el socialismo del s. XX ni el del s. XXI son viables: a Podemos sólo le queda por reconocer que con petróleo y con armas nucleares tampoco han sido históricamente viables, sino que más bien han concluido en fracasos estrepitosos.

En definitiva, después del fracaso de Syriza, Podemos se reafirma en abrazar tácticamente la socialdemocracia neokeynesiana como única forma de alcanzar y retener a medio plazo el poder político. Porque sólo desde el poder político podrán ir construyendo la hegemonía política que les permita avanzar en su objetivo estratégico a muy largo plazo, a saber, enterrar el orden social liberal y la economía de mercado. Caduco pragmatismo socialdemócrata a corto plazo, fanática ideologización liberticida a largo plazo. La moderación de hoy es sólo la careta para estructurar el cambio institucional radical de mañana.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Las bromas se tienen que acabar

JORGE DE ESTEBAN El Mundo 7 Septiembre  2015

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, dijo, en la presentación de la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que "la broma se ha acabado". Naturalmente, se refería al delirio secesionista de los nacionalistas catalanes que tras continuas transgresiones de la ley, conocerá su punto álgido el 27 de septiembre. Ahora bien, junto a esta «broma» catalana, hay que recordar que todos los Gobiernos de Madrid, y especialmente los que presidió Rodríguez Zapatero, iniciador de este embrollo nacional en que nos encontramos, echaron también un cuarto a espadas.

En efecto, fue la voluntaria permisividad de ZP, ante la creación de un nuevo 'Estatut' para Cataluña que no era necesario, la que iba a desencadenar todo lo que ha venido después. Es más: los propios nacionalistas catalanes no daban crédito a su candidez, como se demuestra por lo que dijo el Consejero de Gobernación del tripartito, Joan Carretero, en una entrevista en 'La Vanguardia' del 19 de marzo de 2006, afirmando que, cuando se aprobó en el Parlament el nuevo 'Estatut', "todo el mundo votó, sabiendo que iba en broma" (sic). Y siguiendo con las bromas, hay que recordar el papel que el Presidente Mas le hizo padecer a nuestro Jefe del Estado en una reciente audiencia. En efecto, sólo cabe considerar como una broma, que el Presidente de una parte importante de España acuda a una entrevista con el Rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, para explicarle cómo va a ser el proceso secesionista que han desencadenado en Cataluña. Si esto hubiera ocurrido en un país serio, el señor Mas hubiera salido del Palacio de la Zarzuela en una ambulancia camino de un psiquiátrico o en un furgón policial para la cárcel. Sin embargo, aquí "no va passar res".

Pero retrocedamos unos años atrás. El 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución española por referéndum nacional, alcanzando en Cataluña un 88% de los votos emitidos por el 67% de los electores que participaron. Cabe afirmar, por tanto, que fue precisamente en Cataluña donde se dio una de las cifras más altas tanto de participación ante las urnas, como de votos afirmativos. La gran mayoría de catalanes querían esa Constitución que les reconocía su vieja aspiración a la autonomía. Pues bien, 36 años después, hay que preguntarse qué ha ocurrido para que haya una mayoría significativa de ciudadanos catalanes que desean la secesión. La explicación radica en que tanto los Gobiernos de Madrid, como los de Barcelona, no se han tomado en serio la organización territorial que permitía, dentro de unos límites, nuestra Constitución.

Sea lo que sea, debemos afrontar la realidad explicando, por una parte, cómo se ha llegado a esta fuerte tendencia centrífuga del Estado y, por otra, si existen posibilidades aún para poder superar o embridar las tendencias secesionistas de Cataluña. De este modo, se pueden enumerar algunos de los muchos errores cometidos por los distintos Gobiernos de Madrid, dando continuas facilidades a los nacionalistas catalanes. Fue un error que en el Real Decreto-Ley electoral de 1977 no se estableciese una barrera eficaz para evitar que los partidos nacionalistas pudiesen entrar en el Congreso, dejando que su campo de acción fuese únicamente el Senado. La barrera del 3% de votos en una circunscripción no ha servido de nada. Otra cosa hubiera sido exigir que todos los partidos que se presentasen a las elecciones al Congreso, propusiesen listas de candidatos en más de 5 circunscripciones. Fue un error que el Título VIII de la Constitución, siguiendo el nefasto ejemplo de la II República, adoptase el «principio dispositivo», que ha permitido a los nacionalistas exigir el aumento constante de competencias e incluso nuevos Estatutos, con lo que nuestra Constitución sigue sin tener un diseño definitivo del Estado. Fue un error que el intento de racionalizar el caos autonómico que significó la LOAPA lo inutilizase el TC. Fue un error no reformar la Ley del referéndum, en el sentido de haber establecido un quórum de participación de al menos el 50% de los electores que voten en este tipo de consulta, al mismo tiempo que se debería exigir una mayoría cualificada para la victoria del sí o del no. Si esto hubiese sido así no se habría aprobado el 'Estatut' de 2006, puesto que no participó ni siquiera el 50% de los electores.

Fue un error permitir la inmersión lingüística en Cataluña, negando la enseñanza en español como lengua vehicular. El lavado de cerebros que se ha conseguido con la enseñanza en catalán y con una historia manipulada explica, después de 36 años, que exista una corriente favorable a la secesión por parte de los más jóvenes. Fue un error que el Estado haya renunciado a hacer cumplir la Constitución, las leyes y las sentencias que se refieren a cualquier materia y, especialmente, al derecho de los residentes en Cataluña que quieren recibir las enseñanzas en español. Fue un error, aún más grave, permitir la serie de presiones de todo tipo que se hicieron sobre el TC para conseguir una sentencia favorable al 'Estatut', como, por ejemplo, una manifestación encabezada por el Presidente de la Generalitat.

En fin, desde entonces hasta la fecha, sería enormemente largo enumerar la serie de desobediencias o de actos ilegales que continuamente ha realizado el Gobierno catalán ante la pasividad de los Gobiernos de Madrid. Pero baste con destacar dos cuestiones concretas: la primera, es que a pesar de la prohibición de que se celebrase un referéndum sobre el inexistente derecho de decidir, se acabó celebrando con las famosas urnas de cartón sin que interviniese la autoridad. Y la segunda es que hasta dos años después de haberse creado la Comisión para la Transición Nacional de Cataluña, el Gobierno no recurriese ante el TC un organismo ilegal que tiene como objetivo organizar la independencia de Cataluña y la creación de un nuevo Estado. En este caso, la broma ya es una broma pesada. En definitiva, los diferentes Gobiernos de Madrid, pero especialmente los dos últimos, han dado todas las facilidades para que triunfe el secesionismo catalán.

Llegados aquí se podría pensar qué solución se debería haber adoptado para evitar la locura del proyecto de los nacionalistas catalanes. Sólo quedan, a mi juicio, dos posibilidades para intentar salvar el atolladero que se nos viene encima. Una primera sería llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes, prometiendo que en un nuevo Estado Autonómico tanto Cataluña como el País Vasco, podrían tener una situación de preeminencia sobre el resto de las regiones, lo que sería volver al origen en el sentido de diferenciar entre nacionalidades y regiones. Por supuesto, esto difícilmente lo aceptarían los propios nacionalistas catalanes y vascos, pero las demás regiones lo admitirían mucho menos. Ese es el grave dilema en que se encuentra hoy inmersa España.

Y, la segunda, sería recurrir a nuestro ordenamiento puesto que posee una panoplia de medidas jurídicas que se pueden aplicar en una situación extraordinaria como es la actual: por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución, el artículo 410 del Código Penal o, en un caso extremo, la Ley de la situaciones de excepción. Sea lo que fuere, el Gobierno ha decidido añadir una medida más en este conjunto, mediante la reforma de la LOTC para establecer que las sentencias del TC puedan ser ejecutadas por él mismo. Por supuesto, esta reforma exprés tiene una finalidad concreta frente a las próximas elecciones catalanas, pero eso no implica que sea inconveniente o inconstitucional. Ciertamente, sigue el camino ya esbozado por otras Constituciones europeas como la alemana o la austriaca. Concretamente esta última establece en su artículo 146.2 que «correrá a cargo del Presidente Federal la ejecución de la mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional. La ejecución se realizará por los órganos de la Federación de los Estados, incluyendo el Ejército federal, que fuesen encargados de este cometido según el criterio del Presidente Federal y con arreglo a sus instrucciones».

Dicho de otro modo, una sentencia que no se pueda cumplir equivale a una mera recomendación ética, porque sin coerción no es jurídica. El inventor, por decirlo así, de la jurisdicción constitucional, el Abate Sieyès, decía que la naturaleza del poder le lleva a intentar expandirse y, por tanto, a transgredir los marcos que se le habían asignado. De ahí la necesidad de instaurar un control constitucional, que debería ejercer un Tribunal especial como un poder neutro de naturaleza política y jurisdiccional. La proclamación por la Ley del respeto a la Constitución no basta, porque toda Ley debe ser aplicada coactivamente.

Por ello el artículo 118 de nuestra Constitución señala que las sentencias en general deben cumplirse, pero en lo que respecta a las del TC, reguladas en el artículo 164, no se establece una vía rápida y eficaz para su ejecución. En definitiva, la proposición de Ley presentada por el Gobierno de Rajoy, al margen de que debería haber sido aprobada mucho antes y de que era muy recomendable el consenso con otros partidos, es indiscutible que llena una laguna jurídica. Ciertamente, aunque el texto sea en general válido, su forma y plasmación técnica deja mucho que desear. Por ejemplo, distingue entre «sentencias y resoluciones» del Tribunal, cuando las sentencias son también resoluciones, por lo que debería decir las «sentencias y otras resoluciones» del Tribunal. Pero lo más discutible es algo con lo que coincido con mi colega y discípulo, el procesalista Lozano-Higuero, esto es, el hecho de que la ejecución de las sentencias las pueda iniciar de oficio el propio Tribunal, ya que debería ser siempre a instancia de parte.

Sea lo que fuere, es posible que no se produzca la Declaración Unilateral de Independencia en la fecha que prevén Mas y Junqueras, pero lo que sí queda claro es que hay un núcleo muy importante de catalanes que seguirán pidiendo la secesión. Y ante ello, si el Gobierno no tiene ningún tipo de propuesta capaz de interesar, de ilusionar o de motivar a los catalanes que no desean la independencia, podemos enfangarnos en un peligroso periodo de seísmos jurídicos. Por lo demás, Artur Mas ya no está solo: un humorista puede ganar las elecciones presidenciales en Guatemala.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y Presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro es 'El naufragio del Estado de las Autonomías' (Iustel).

Mas pone en jaque al Estado, aunque sigue retrocediendo
EDITORIAL El Mundo 7 Septiembre  2015

LA PRIMERA lectura de la encuesta que hoy publica EL MUNDO sobre las próximas elecciones en Cataluña es inquietante porque la lista única formada por CDC y ERC, que se presenta bajo la denominación Junts pel Sí, obtendría una horquilla entre 62 y 65 escaños, cerca de la mayoría absoluta.

Con el apoyo de los ocho o nueve escaños de CUP, partido de extrema izquierda nacionalista, Artur Mas y Oriol Junqueras podrían proclamar unilateralmente la independencia. Esto es una realidad aritmética que confiere a los próximos comicios un carácter decisivo para el futuro de Cataluña y de España.

Mas señaló hace unos días en su comparecencia en el Parlament que puede ser injusto pero que lo único que va a contar es la mayoría en escaños. Esas no son las reglas de juego en una democracia pero sus palabras expresan la obsesión por culminar el proceso soberanista tras estas elecciones a cualquier precio. La encuesta que publicamos corrobora que puede conseguir esos 68 escaños que marcan el listón de la mayoría si logra el respaldo de la CUP, una formación antisistema que ha instigado la violencia en la calle. Sus líderes ya han dicho que están dispuestos a votar a favor de la independencia y a aliarse con Mas en este viaje a ninguna parte.

Pero nuestra encuesta puede ser interpretada también en una segunda lectura como un serio aviso a los nacionalistas, ya que la intención de voto de Junts pel Sí no llega al 40%. CiU y ERC por separado lograron el 44,4% hace tres años y sumaron 71 escaños, muy por encima de lo que predice este sondeo. Ahora retroceden a pesar de haber instrumentalizado un movimiento ciudadano con la adhesión de la ANC y de Òmnium, dos entidades de cierto arraigo popular.

Hay un dato absolutamente demoledor para Artur Mas que le debería llevar a reflexionar. La formación que lideraba en las elecciones autonómicas de 2010 logró 62 escaños y más de un 38% de los votos en solitario. Desde entonces, no ha hecho más que perder respaldo en las urnas. Por eso, la proclamación unilateral de la independencia sería una temeridad y una burla a las leyes de la democracia, ya que con menos del 40% del apoyo de los catalanes, y sumando la abstención, Mas y Junqueras tendrían el aval de menos de una tercera parte de la población. Los números no salen.

Según revela hoy nuestra encuesta, el 46% de los catalanes está en contra de la independencia frente a un 44% que se declara a favor. Ello sugiere que los nacionalistas podrían perder en una consulta directa a los ciudadanos, muy divididos en torno a esta cuestión.

En cuanto al resto de formaciones, Ciudadanos es la única que avanza de forma importante, mientras que PSC y PP prosiguen su retroceso. El partido de Albert Rivera, que no concurre como cabeza de lista, pasaría de 9 a 17 escaños, situándose como la segunda fuerza más votada. Todo un éxito que demuestra que el electorado valora su labor de oposición y su tenacidad frente al nacionalismo en condiciones muy adversas.

El PSC, antaño la fuerza más votada en Cataluña, sólo conseguiría un raquítico porcentaje del 11% de los votos y en torno a 14 ó 15 escaños, la tercera parte de los que llegó a tener cuando gobernaba Pasqual Maragall. Ahora conserva 20, su mínimo histórico. Su declive está ligado a sus vaivenes ideológicos y a su coqueteo con el nacionalismo, que le ha pasado factura. Si los socialistas quieren sobrevivir en esta comunidad, tendrán que volver a sus orígenes.

Al PP también le salen francamente mal las cuentas. Pierde apoyo y sigue sin encontrar unas señas de identidad propias en Cataluña. Lograría solamente 13 escaños, seis menos de los que tenía. Estas previsiones hay que tomarlas con precaución, ya que es pronto para saber el impacto de la candidatura de García Albiol, que podría remontar.

En el último lugar de las fuerzas que lograrían entrar en el Parlament, UDC, el partido de Duran Lleida, sólo obtendría un modesto 4% de los votos con una exigua representación de tres escaños, un resultado testimonial que augura el fracaso de su iniciativa.

Por delante de PSC y PP, el tercer partido más votado sería la coalición Catalunya Sí que es Pot, formada por Podemos e ICV, que superaría el 12% en porcentaje de votos con 15-17 escaños. Unos resultados modestos, pero no desdeñables en un mapa político tan fragmentado. La coalición se ha distanciado del nacionalismo de Mas y parece que no le va a secundar en su hoja de ruta soberanista. Podemos tiene mucho que perder si se suma al nacionalismo cada día más ofensivo para muchos españoles que encarna Artur Mas, que ayer publicaba una carta abierta en 'El País' en la que aseguraba que España "insulta, maltrata y amenaza" a una Cataluña que ya no puede vivir bajo el yugo del Estado. Erigiéndose en representante de la comunidad y todos sus habitantes, Mas advertía que ya no hay marcha atrás y que no acatará las leyes ni obedecerá las resoluciones del TC si se interponen en el camino a la independencia. Algo insólito en quien encarna la máxima autoridad institucional en Cataluña.

Por tanto, ya no cabe más que decir ni esperar de un gobernante que desprecia la legalidad y ofende a quienes no se pliegan a sus designios. Mas dejaba muy claro en su carta abierta a los españoles que ya no existe margen para la negociación: o se acepta el derecho a la secesión de Cataluña o se rompe la baraja.

En gran parte, el mal ya está hecho porque el nacionalismo ha fracturado la sociedad catalana y ha dividido a los ciudadanos, algo que choca con la tradición de acogida de esas tierras. En lugar de tapar las grietas que existían, Mas no ha hecho más que agrandarlas con sus políticas excluyentes en materia de lengua y educación. Ahora presume de defender la libertad y respetar a las minorías cuando en realidad ha decidido ignorar la voz de la mitad de la población con un comportamiento sectario. Su intransigente actitud confirma lo mucho que nos jugamos en estas elecciones, que por supuesto no son plebiscitarias ni le dan derecho a Mas a vulnerar las leyes, pero en las que frenar al nacionalismo es esencial para que Cataluña tenga un futuro de prosperidad y los catalanes puedan convivir fraternalmente, sean cuales sean sus querencias.

El manifiesto del secesionismo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 7 Septiembre  2015

Cuando alguien escribe una carta, epístola o artículo, como prefieran llamarle dirigida a un colectivo y la firma, asume de modo completo su autoría y responsabilidad al expresar su opinión personal, incluidas alusiones, calificaciones y descalificaciones personales, sobre el tema del que se trate. Sin embargo, cuando son un grupo –los abajo firmantes- se transforma el escrito en un manifiesto donde la autoría queda mancomunadamente asumida y todos y ninguno puede señalarse como el autor indiferenciado. Así que en el caso de Felipe González y su artículo epistolar publicado en el periódico El Páis titulado “A los catalanes”, no existe lugar a dudas sobre su autoría e intencionalidad. Sin embargo, en la respuesta en ese mismo medio, El Páis, titulada “A los españoles”, está firmada por los cinco primeros candidatos por Barcelona de la famosa lista de “Junts pel Sí”, Raül Romeva, Carme Forcadell, Muriel Casals, Artur Mas y Oriol Junqueras, así como la firma de Lluís Llach, Germá Bel y Josep Maria Forné, cabezas de lista de esa coalición secesionista por Gerona, Tarragona y Lérida. O sea el no va más del independentismo beligerante catalán. Así que evidentemente se trata de un manifiesto de la coalición de partidos por la independencia de Cataluña como toma de posición ante las críticas vertidas por Felipe González.

Parece evidente también el que la citada carta de González ha escocido y dado en el clavo en cuanto a las verdaderas razones que mueven a este independentismo, al que González califica de “aventura ilegal e irresponsable" y donde señalaba a Artur Mas como el principal instigador. Tal es así que en el manifiesto califican el escrito de González de “libelo incendiario”. Sin embargo, solo ha bastado una semana para que el mismo González, sufriera otro bandazo en su fe y convicciones expresadas en su epístola y se haya lanzado a exigir una reforma de la Constitución en la que se reconozca a Cataluña como Nación en base a su lengua y cultura. Un giro copernicano que parece no haber llegado a tiempo para que este manifiesto no hubiera visto la luz, ya que el autor de las críticas y objetivo de sus furibundas respuestas sí la había visto cual San Pablo derribado por el rayo y había entonado el “mea culpa” abjurando de sus creencias.

No obstante, a pesar de que este manifiesto está, como siempre, lleno del victimismo característico del nacionalismo catalán, merece ahondar en él y apurar su lectura para verificar lo que ya sabíamos, nunca les ha bastado todo lo que han ido obteniendo en base a su chantaje por el apoyo a la gobernabilidad del Estado, ese al que consideran el culpable de todos sus males. España no, el Estado español, o sea, el Gobierno y todas las estructuras que conforman el Estado, Organismos, Altos Tribunales, Diputaciones, Delegaciones del Gobierno, Parlamentos autonómicos y sus Estatutos, Juntas Municipales, etc. Alguien debería explicarles que España es un Estado tal y como dice la Constitución en su artículo 1 "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho..."y por tanto es metafísicamente imposible diferenciarlos. España es una Nación constituida como Estado.

Hablan con total cursilería del amor de Cataluña por España no correspondido, cual damisela despechada y se ponen como desinteresados promotores de la industrialización, obviando los aportes esenciales de otras regiones de España en el bien común y en la prosperidad. Posteriormente enarbolan la bandera de la libertad y de su “lucha” contra las dictaduras. Desde luego no es tal el caso en cuanto a su actitud colaboracionista y entusiasta tras la victoria y dictadura de Franco. Su victimismo vuelve a salir con el tema de la lengua que dicen fue sometida, mintiendo de forma descarada ya que jamás hubo algún tipo de persecución y el catalán convivió perfectamente en esos territorios, siendo relegado por la misma burguesía que se expresaba en español. Clasismo puro y duro.

Y ahora viene la traca final, el porqué del hartazgo: “Catalunya hace siglos que busca un encaje con el resto de España. Casi se puede decir que ésta búsqueda forma parte de nuestra naturaleza política. Pero cuando un tribunal puso una sentencia por delante de las urnas. Cuando durante cuatro años se ofendió la dignidad de nuestras instituciones. Cuando se cerraron todas las puertas, una tras otra, con la misma y tozuda negativa, la mayoría de catalanes creyó que hacía falta encontrar una solución.” O sea que el ofendido es aquél que desafía y viola la legalidad. El mundo visto al revés por los ojos de un visionario, en este caso de unos sediciosos visionarios, los “abajo firmantes”.

Y finalmente la amenaza: “No hay vuelta atrás, ni Tribunal Constitucional que coarte la democracia, ni Gobiernos que soslayen la voluntad de los catalanes.”

Pues bien, creo que el Gobierno de España, ese del Estado español, debe recoger el guante lanzado por estos sediciosos y demostrar que el mandato que tiene de los españoles contempla la defensa de la Ley, de la Constitución y de la Unidad de España. Ningún exaltado sedicioso puede poner en riesgo lo que hemos construido entre todos. Hay un Gobierno y ha de cumplir con su deber. No se trata de amores o desamores sino de hacer que se cumpla le legalidad vigente.

De nazis y separatistas
josé garcía domínguez ABC Cataluña 7 Septiembre  2015

Un escrito periodístico del presidente Felipe González a cuenta del “prusés” está provocando algún revuelo en el gallinero separatista. De muy antiguo es sabido que nuestros golpistas son almas en extremo delicadas, criaturas de finísima piel. Nadie se extrañe, pues, de que pensadores de la categoría de Carme Forcadell o Joan Tardà, mentes siempre prestas al razonamiento sutil y el juicio matizado, hayan montado en cólera al ver su alegre proceder contra la legalidad asociado a otros propios de la Europa de los años treinta. El problema de nuestros muy irritables separatistas es que les sobra testosterona pero les faltan lecturas. Nuestros golpistas presumen agravio intolerable que se vincule la doctrina que inspira su praxis cotidiana con la propia de los fascistas y nacional-socialistas en su día. Y sin embargo, se asemejan como gotas de agua. Que ellos aún no lo sepan, es otra cuestión. Y es que, por ignorar, nuestros patriotas de hojalata desconocen quién fue Karl Schmitt, por más señas el jurista de cabecera de un tal Adolfo Hitler.

A fin de cuentas, el hilo argumental con que Artur Mas y su gente tratan de legitimar el afán de ignorar la letra de la Carta Magna se corresponde a la perfección con la doctrina jurídica schmittiana, es decir hitleriana. En tanto que pauta teórica, el decisionismo, que así se llama al pensamiento legal abrazado por los camisas pardas, se fundamenta en la premisa de que el Derecho depende en última instancia de una decisión política. Schmitt postula que “como todo otro orden, el orden legal se funda en una decisio´n y no en una norma”. Consecuencia lógica, en las situaciones extremas, esto es cuando corra peligro el destino de la nación, la voluntad política se situará por encima de la ley. Ergo, llegado el momento (el momento de dar un golpe de Estado, por ejemplo) el líder providencial se ve liberado de toda atadura normativa. Como, aquí y ahora, el mesías Mas. Igualito.

De abogados catalanes e inquisiciones castellanas
Jesús Laínz Libertad Digital 7 Septiembre  2015

En el número de mayo de 2014 de Món Jurídic, revista del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, se publicó una carta de un colegiado juzgando poco ejemplar al dominico san Raimundo de Peñafort para ser considerado patrón de los abogados catalanes, dado su esencial papel en el establecimiento de la Inquisición en el reino de Aragón. La respuesta de la revista consistió en una reivindicación del santo catalán y una sutil mención a Castilla como la región predominantemente inquisitorial.

Javier Nart, recién elegido eurodiputado, me comentó el asunto y decidimos escribir una carta al alimón, carta que fue enviada a Món Jurídic. Habiendo transcurrido quince meses sin que se haya publicado, la traemos aquí para demostrar, una vez más, la omnipresente intoxicación ideológica nacionalista y el cerrojazo a las voces discordantes.

En referencia a la carta de D. Albert Rodulfo Giménez, publicada en el número de mayo, sobre su rechazo a que san Raimundo de Peñafort sea el patrón de los abogados catalanes, cabría señalar que pretender culpar en el siglo XXI a un hombre del XIII, introductor de la Inquisición en el reino de Aragón, por las ideas propias de su tiempo sería tan absurdo como condenar al ostracismo histórico a Carlomagno por no haber instituido el sufragio universal o a Julio César por no haber respetado el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Respecto a la respuesta de Dª Cristina Gómez Nebrera, diputada responsable de la Biblioteca del ICAB, culminada con la habitual excusa de culpar de todo mal a los eternamente perversos españoles recordando que "las actuaciones políticas de la inquisición se desarrollaron sobre todo en Castilla durante los siglos XVI y XVII", sería conveniente tener presente que el fenómeno inquisitorial, lejos de ser cosa de castellanos, fue universal en una Europa caracterizada precisamente por las guerras de religión. Al reino de Aragón, por cierto, llegó dos siglos antes que a Castilla. Y en todos los países europeos gozaron de instituciones semejantes, incluidos unos países protestantes que, aunque no suela recordarse, provocaron muchos más muertos por intolerancia religiosa y superstición que los católicos. Recuérdese, por ejemplo, a Calvino y Miguel de Servet.

Esa imagen, tan arraigada entre nosotros tras un siglo de propaganda nacionalista, de unos castellanos intolerantes y fanáticos frente a unos catalanes librepensadores casa mal con la realidad de unos hechos comprobables en cualquier libro serio de historia. Porque la Cataluña medieval y moderna no se distinguió ni del resto de España ni de la Europa de su tiempo. Por ejemplo, el mayor pogromo de la España medieval, el de 1391, acabó con la vida de miles de judíos catalanes, sobre todo en Gerona, Lérida, Perpiñán y Barcelona, ciudad que se destacó por haber aniquilado prácticamente toda su comunidad hebrea. En 1348 Cataluña también se había distinguido por su furia antijudía al acusar a los hebreos de ser los causantes de la peste negra, lo que desembocó en grandes matanzas sobre todo en Tárrega, Cervera, Gerona y Barcelona. La misma legislación antijudía que se dictó en Castilla se dictó en Aragón. Por ejemplo, en su Regiment de la cosa pública (1392), Francesc Eiximenis aconsejó que, por cometer idolatría en tierra de cristianos, los judíos "sean perseguidos y expulsados del mundo por ser los principales enemigos de la comunidad".

Finalmente, recuérdese que en tiempos mucho más cercanos, en 1827, decenas de miles de catalanes malcontents se alzaron en armas para protestar contra los ministros liberales de Madrid y reclamar la reinstauración de la monarquía absoluta… y de la Inquisición.

Está claro que nada de esto encaja en la fábula imperante, pero convendría ir dándose cuenta de que el nacional-narcisismo, además de un inmenso error histórico, es de una cursilería insoportable.

Javier Nart, col. nº 8.263 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Jesús Laínz, col. nº 2.036 del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.

PP y PSOE ya no se pueden rendir
José García Domínguez Libertad Digital 7 Septiembre  2015

Poco dura la alegría en la casa del pobre. A Felipe González, tras airear en la portada de El País un escrito henchido de inopinada firmeza a cuenta del prusés, le ha faltado tiempo para envainársela ante un muy severo Juliana. Lo que ayer era gallarda denuncia de una deriva fascistoide en Cataluña, hoy es sumiso reclamo de que se obedezca a ese asalariado de la Fundación Sabino Arana, el que postula mentar en la Carta Magna a la nación catalana. Al tiempo, otro alegre aliado de sus sepultureros, García-Margallo, el vocero oficioso de Rajoy en la materia, anda postulando por ahí que se ceda la totalidad del IRPF a Cataluña. Aunque él haya dicho "a las autonomías", ya nos entendemos. Estamos, pues, en lo de siempre: una carrera, otra más, entre los dos viejos partidos de la vieja alternancia por ver cuál de ellos ofrenda más regalos al separatismo catalán por ver de calmar su furia centrífuga.

Diríase, sin embargo, que ni González ni Margallo, dos viejos políticos acostumbrados a las viejas marrullerías de la vieja pax madrileña, han entendido nada de lo que está ocurriendo en España de un tiempo a esta parte. Entre otras cosas, no han entendido lo principal: que su tiempo ha pasado. Porque el tiempo de la claudicación permanente ante los nacionalistas, queridos Felipe y José Manuel, se ha acabado. Se ha acabado para siempre. Y se ha acabado para siempre porque, aunque lo deseasen con todas sus fuerzas, ni PP ni PSOE podrán rendirse de nuevo ante los avezados chantajistas de la Plaza de San Jaime.

Y no podrán porque, a partir de ya, el precio de sus medrosas claudicaciones sería tener que renunciar a gobernar España. Sí, queridos Felipe y José Manuel, la disyuntiva a la que se enfrentan sus respectivas formaciones a partir de ya va a ser simple: o ceder, como de costumbre, ante los nacionalistas o mandar. Y ello por una razón más simple todavía, a saber, porque ni PP ni PSOE podrán ocupar de nuevo La Moncloa sin el asentimiento de Ciudadanos. Y Ciudadanos, mira por dónde, nació justo para eso: para no claudicar jamás ante los separatistas. Jamás. Por tanto, José Manuel y Felipe, ya saben ustedes lo que hay. Son lentejas. Obren, entonces, ustedes y los suyos en consecuencia. ¿Lo entenderán o habrá que volver a explicárselo en diciembre?

Política hispanoamericana y separatismo catalán
Xavier Reyes Matheus Libertad Digital 7 Septiembre  2015

La semana pasada, Roger Albinyana y Albert Royo, responsables máximos de la acción exterior del Gobierno de Artur Mas, se presentaron ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento de Uruguay para explicar el sesgo soberanista que la Generalitat quiere imprimir a la cita electoral del 27-S. El enlace que hizo posible tal desembarco fue el diputado Jorge Meroni, vicepresidente de la Comisión y perteneciente al oficialista Movimiento de Participación Popular (MPP). Tras declarar a los medios uruguayos que "este referéndum va a ser una demostración de cuál es la voluntad del pueblo catalán en cuanto a la independencia", Meroni resumió los resultados de la sesión afirmando:

Seguiremos con atención este proceso, pero creemos fervientemente en la autodeterminación de los pueblos, y eso es algo en lo que ni Uruguay ni sus diputados ni el Gobierno uruguayo pueden tener injerencia.

Salta a la vista que, entre todos los países iberoamericanos, Uruguay tiene características que lo hacen especialmente idóneo para vender el proyecto de una república catalana. Con una población que es casi la mitad de la que habita la comunidad autónoma gobernada por Mas, la antigua Banda Oriental, que formó parte del virreinato del Río de la Plata, es un oasis de civismo y de calidad de vida en medio de la azarosa Sudamérica. Frente a la izquierda caótica y agresiva del socialismo del siglo XXI, cuyo discurso primitivista y reivindicador de los pueblos originarios conecta sin disimulos con el separatismo abertzale, el socialismo sui géneris iluminado por la figura ascética y paternal de José Mujica luce un aura humanista mucho mejor avenida con la personalidad catalana, mientras que, siendo Uruguay un país de gente mayoritariamente blanca, no desdice de la cultura occidental en la que afirma Cataluña su propia identidad.

Todo ello al menos en principio, porque si atendemos al perfil de Jorge Meroni advertimos que ha sido una de las voces más discrepantes frente a la distancia que ha tomado la diplomacia de su país con el régimen de Nicolás Maduro. En abril, el diputado rechazó con vehemencia las declaraciones en las que el recién estrenado canciller Rodolfo Nin Novoa comparaba la represión que hoy sufren los opositores venezolanos con la ejercida en su día por la dictadura militar uruguaya, pues, según afirmó Meroni, el descontento social en Venezuela "es muchas veces inducido por sectores de la derecha". Por otra parte, la causa secesionista de Cataluña se suma ahora, en el entusiasmo del diputado, a la de Corea del Norte, de la que Meroni recibía en junio una delegación con la que se mostraba orgullosamente en Twitter, a la vez que abogaba por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Montevideo y el Gobierno de Kim Jong Un.

Hay que reconocer, sin embargo, que en Hispanoamérica no es necesario topar con la izquierda de signo revolucionario y antiimperialista para descubrir una corriente de opinión hostil a la obra de la civilización española. Todo el sentido nacional de las repúblicas creadas en aquella parte del mundo a partir de 1810 se edificó sobre los tópicos de la leyenda negra, y si por algo pueden los hispanoamericanos minusvalorar hoy la independencia de Cataluña es por venir planteada como una simple sucesión de estratagemas burocráticas e interpretaciones sofísticas de la ley, sin que haya en tal esfuerzo nada de la gloria épica que puebla de batallas y de mártires la memoria histórica de los países del Nuevo Mundo. No parece probable que Artur Mas entusiasme a nadie allende los mares como para que se le proclame sucesor de Bolívar, de San Martín o de Artigas; pero es evidente que apelar a "la opresión por parte de España" es hablar en los mismos términos en los que allá se han escrito todos los manuales de las historias patrias.

Ahora bien: si hubo algo de España que fue plenamente naturalizado en el esfuerzo por forjar las culturas nacionales de Hispanoamérica, ello no es otra cosa que la lengua. Aunque hoy en día parece ya caduco el viejo ideal de la Hispanidad, abandonado al fin por las excolonias por rechazo a su aliento neoimperial, fue en virtud de la comunidad lingüística que la otrora Madre Patria se transformó en nación hermana para recomponer un espacio de identidades compartidas. Y fue durante este proceso cuando la literatura dio a Hispanoamérica un protagonismo en la vida del idioma que hoy, aunque sin un Darío ni un García Márquez, la gente allí sigue reivindicando, siquiera por su peso demográfico: alrededor del 90% de los hablantes están del lado americano. En términos numéricos, al despreciarse el español, como hace la política lingüística de la Generalitat, se vuelve la espalda en mucho mayor medida a la cultura hispanoamericana que a la de España.

Pero, junto a eso, los aliados hispanoamericanos de Mas tendrían que hacer una pirueta digna de los historiadores que hoy asesoran la intentona separatista para desmarcar a Cataluña y a los catalanes de la política colonial española. Ningún país mejor que Cuba, el paladín del antiimperialismo contemporáneo en América Latina, para dar constancia del importante papel que representaron los catalanes en cuestiones como el tráfico de esclavos y la participación en la sacarocracia que dominó la vida de la isla en sus últimas décadas de sujeción a España. Aunque en el trabajo titulado Cuba i el catalanisme: entre l'autonomia i la independència Lluís Costa muestra que los planteamientos del autonomismo cubano han podido servir de inspiración a los catalanistas, el profesor de la Universidad de Gerona no puede sino suscribir afirmaciones como la del historiador habanero Ernesto Chávez Álvarez al explicar que los catalanes que marchaban a Cuba actuaban "con un marcado sentimiento españolizante e integracionista después, más orientado hacia el sentido clasista que propiamente étnico; porque entre ellos actuaría con más fuerza el factor clase que el factor étnico". Y hasta tal punto estaba identificado el poder económico colonial en Cuba con los catalanes que se recuerda aquella cuarteta:

En el fondo del barranco
canta un negro con afán:
"Dios mío, quién fuera blanco
aunque fuera catalán".

El legado de España en Hispanoamérica, como quiera que se juzgue, está inevitablemente consubstanciado con el de todas sus regiones, incluida Cataluña. En los llanos de mi Venezuela natal, por ejemplo, no hay pájaro más representativo que el turdus nudigensis, al que se llama con una palabra que, según el filólogo Julio Calcaño, es "puro catalanismo": paraulata, de paraula ("palabra"), probablemente por la expresividad de su canto. Y, evocada el ave en canciones, versos y coplas tradicionales, su nombre no resulta extranjero ni exótico a lo que todo venezolano reconoce como su lengua vernácula y nacional: el español.


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