AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 14  Octubre 2015

Cambiar el Estado para acabar con los déficits crónicos
Editorial www.vozpopuli.com 14 Octubre 2015

No es nuestra intención mediar en la pelea electoral que ha estallado a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Bruselas y el cumplimiento de los límites de déficit público, porque nos parece un ejercicio en extremo banal a la luz de una evidencia demoledora: desde que estalló la crisis allá por el verano de 2007, todos y cada uno de los PGE han sido papel mojado, circunstancia que cumple al que ahora transita por las Cortes. Dicho lo cual, conviene salir de la discusión sobre las cifras y los diferentes artilugios contables que se han venido utilizando por parte de los sucesivos Gobiernos para enmascarar la realidad de un Estado que, año tras año, tiene que pedir prestados miles de millones no para invertir y crear riqueza, sino para sostener la estructura elefantiásica que pudo sobrevivir mientras duró el modelo especulativo de nuestra economía, regado además con fondos estructurales de la UE. El final de ambas circunstancias dejó al descubierto nuestras miserias, sin que hasta la fecha nadie se plantee hincar el diente a un problema que, con Bruselas o sin ella, nos condena a ser una sociedad low cost con un Estado de high class.

Sabemos que lo políticamente correcto sería entrar en disquisiciones sobre la disputa entre el Gobierno español y la Comisión Europea (CE), cuyo comisario de Economía ha suscitado serias dudas sobre la veracidad de unos PGE para 2016 preparados deprisa y corriendo por el Ejecutivo, pero ese no es el problema, al menos desde la perspectiva de cambio que viene patrocinando Vozpópuli desde su nacimiento: para este diario ha habido mucho de ingeniería financiera y poco de realismo con visión de futuro a la hora de tratar de hacer de España un país creíble en lo político y honrado en lo económico-financiero, encomiable objetivo que necesariamente pasaba por una refundación integral del Estado. Por desgracia, la traición sin paliativos a los preceptos constitucionales terminó transformando ese Estado en una máquina clientelar al servicio de los dos partidos dominantes que, con la eficaz ayuda de nacionalismos y regionalismos varios, han acabado por convertirlo en un queso gruyere agujereado por la corrupción y la ineficiencia.

Por tanto, la cuestión no estriba en unas décimas más o menos de déficit, habitual juego que se traen los gobiernos nacionales con una CE que, según convenga, aplica unas u otras varas de medir. Como ya se ha señalado en este diario, en los ocho años que van de diciembre de 2007 a diciembre de 2015, la deuda pública española habrá aumentado en 700.000 millones de euros, lo que supone un ritmo de incremento de unos 87.000 millones por año o 7.300 millones por mes. Un 57% de aquella suma ha ido a pagar el exceso de gasto en pensiones, sanidad, educación, seguridad, justicia, etc., no cubierto con la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales. Pero casi el 31% (217.000 millones) fueron a parar al servicio de la deuda pública. Endeudarse para pagar intereses es algo que en cualquier familia o empresa privada sería calificado de auténtica locura. Una situación insostenible en el tiempo que no solo hipoteca el crecimiento económico, sino que pone en peligro la paz y prosperidad de los españoles.

España no puede seguir aumentando su deuda
¿Qué importa, desde esta perspectiva, tres décimas arriba a abajo en el objetivo de déficit público para el año en curso? Lo importante es que España no puede continuar indefinidamente acrecentando su deuda ni siquiera en el caso de que su economía creciera en la misma medida, porque los datos disponibles indican que eso no va a ser así ahora ni, previsiblemente, en el futuro inmediato. La prueba es que la renta per cápita de los españoles sigue estancada en niveles de 2003, y nuestra convergencia con la media de la Unión Monetaria mantiene las distancias derivadas de una crisis que ha sido especialmente dañina para nuestro país. Sin dejar de reconocer que la sensación de caer al abismo ha desaparecido, no es menos cierto que la renuncia a reestructurar una empresa sobredimensionada como es el Estado español, hipoteca sobremanera la superación airosa de los problemas en el medio plazo. El crecimiento de nuestro PIB sigue siendo tan frágil y dependiente de factores exógenos –euro, petróleo y tipos de interés- como ha sido siempre, razón de más para que los partidos políticos levanten la vista de lo inmediato e impulsen cambios drásticos que tienen poco que ver con lo que nos intentan vender a diario.

El Gobierno del PP puede que haya fabricado un Presupuesto ad hoc para el tiempo electoral, y eso es reprobable, pero no es esa la falta más significativa que habría que apuntar en su pasivo. Lo principal y lamentable es que después de haber tenido todo el poder y la legitimidad para intentar cambiar España, no lo ha hecho, conformándose con echar mano de las medidas de siempre -subir impuestos a clases medias y empresas penalizando a quienes laboran día a día-, ello para mantener un modelo territorial del poder público plagado de ineficiencias, que ha terminado por convertirse en el verdadero obstáculo a salvar a la hora de mantener los servicios públicos que una sociedad moderna y democrática reclama. Hay, pues, que reformar el Estado, meterle mano a la estructura de nuestro ingobernable e insostenible, por gastador, Estado de las Autonomías, asunto para el que ni PP ni PSOE parecen tener respuesta. Todo lo demás es hojarasca. Valdría la pena, por eso, que quienes piden la confianza del pueblo español expliquen de forma clara y precisa cómo piensan administrar los recursos públicos, siempre escasos, y qué modelo de Estado contemplan para acabar con lacras que nos avergüenzan como españoles y nos indignan como demócratas.

Del Partido Popular al Partido Progresista y de las LGTB
El Partido Popular, sencillamente, ya no existe. Lo que hoy lleva esas siglas no tiene nada que ver con la marca que recibió once millones de votos hace cuatro años.
Editorial  www.gaceta.es 14 Octubre 2015

Nuestro periódico ha sabido que el PP abandona la cuestión del aborto en su próximo programa electoral. Era inevitable: después de la palmaria traición a su electorado, mantener la ficción del “partido pro vida” habría sido una burla cruel. En Génova piensan que “esas cosas” ya no “compensan”. ¿Y los católicos? Para la cúpula del PP, los “católicos” son un sector minoritario al que basta con darle ciertas libertades en materia de enseñanza y un canal de televisión episcopal. Y punto. Al fin y al cabo, hasta ahora les ha funcionado. Los platos de lentejas siempre han servido para comprar primogenituras.

En realidad la cuestión del aborto no pertenece a la esfera de las convicciones religiosas, sino que es más bien materia de filosofía, de antropología, pero precisamente ahí está el problema: el modelo antropológico del PP, es decir, su idea del hombre y de la sociedad, es la misma que defienden el PSOE o Ciudadanos, a saber, una suerte de individualismo narcisista que oscila entre el “último hombre” de Nietzsche y el “complejo de Narciso” de Christopher Lasch. El PP ya no representa un modelo de sociedad distinto al que ha impuesto la izquierda. Por eso no puede entender el derecho a la vida como un imperativo que vaya más allá del interés individual inmediato. Por eso tampoco puede entender que la nación sea algo más que un consenso constitucional. Por eso no ha sido capaz de elaborar una política de familia. Por eso ha asumido todos los postulados –filosóficamente insostenibles- de la ideología de género y se ha lanzado a abrazar la causa del lobby gay, incluidos los privilegios particulares para “mujeres de ambos sexos”, como dijo Cristina Cifuentes en un lapsus que, más bien, es lo que Freud llamaba “acto fallido”.

Hace pocos días, el diputado guipuzcoano Azpiroz abandonaba el PP sin más ruido que un discreto artículo en “El diario vasco”. Azpiroz se ha significado desde hace años en la defensa de dos principios: la nación española y el derecho a la vida. La traición del PP es tan ostentosa que Azpiroz se ha marchado. Hay que suponer que otros –quizá no muchos: el poder es adherente- optarán por la misma vía. Porque el Partido Popular, sencillamente, ya no existe. Lo que hoy lleva esas siglas no tiene nada que ver con la marca que recibió once millones de votos hace cuatro años. Rajoy, Cospedal, Soraya y demás cofrades han deformado al PP hasta lo irreconocible.

Del Partido Popular hemos pasado a otra cosa: llamémosla Partido Progresista y de las LGTB. Impuestos altos, nación desfalleciente, democracia intervenida, ideología de género, “memoria histórica” hemipléjica, tecnocracia rampante… ¿Qué más? No, no hace falta más. O sí, lo peor de todo: una derecha social emasculada, silenciada, neutralizada, cautiva de unas siglas fetiche, paralizada por la disyuntiva “o el PP, o el caos”. Pero no: el caos es el PP. El Partido Progresista y de las LGTB.

La resaca del Día de la Hispanidad
Fernando Zurita  www.gaceta.es 14 Octubre 2015

Presidentes que permiten plebiscitos contra la unidad, líderes que discuten el concepto de nación española, pseudoactores que maldicen nuestras tradiciones, políticos neosnobs que afirman un supuesto genocidio español en las Indias, deportistas manifiestamente incongruentes, jefes de Estado incapacitados por textos constitucionales…resaca, al fin y al cabo, del Día de la Hispanidad. Y es que hay algo que admiro de los enemigos de España: su capacidad de unión en torno a su objetivo común y la tenacidad con que erosionan la inercia de aquellos que permanecen impasibles ante el agravio constante.

Escribo estas líneas después de ver el primer capítulo de la sexta temporada de The walking dead. El argumento central de la serie tiene que ver con la supervivencia de un grupo de personas cuya existencia se ve amenazada por un mal exterior. El conjunto es heterogéneo y mantiene distintos puntos de vista a la hora de enfrentar los problemas. Sin embargo es la unidad, la firmeza y el sentido común lo que finalmente les ayuda a encararlos y salir airosos de las complicadas circunstancias que se les plantean.

No hay desfiles, ni banderas ni palabras que valgan cuando quien es depositario de la defensa de España fractura, vacila y mantiene planteamientos alejados del sentido común. Podría pensarse erróneamente que las reiteradas afrentas van dirigidas a la esfera personal del individuo, debiendo ser quien se considere agraviado aquel únicamente legitimado para adoptar las medidas oportunas. No es así. Las manifestaciones a las que por desgracia ya nos hemos acostumbrado por parte de sujetos del todo indeseables, distan mucho de poderse encuadrar dentro del cajón desastre en que se ha convertido la intocable libertad de expresión. Esa que lo mismo sirve para blasfemar contra la herencia cristiana de España, sin cuyo modelo sería interesante ver cómo estaríamos, o para denigrar sus símbolos.

Si estamos de acuerdo en que la idiosincrasia nacional española se materializó en Estado a través de un texto normativo, la nación adoptó la dignidad necesaria para ser defendida de cualquier ultraje, no importando el modo en que se produzca ni el origen del mismo. De otro modo el pueblo español, como depositante del poder punitivo en manos del Estado, tiene todo el derecho a exigir de éste el resarcimiento por los daños causados cuyo alcance se manifiesta erga omnes. La inacción por parte de quien debe encargarse de castigar las conductas, hace saltar por los aires un doble objetivo: el de la prevención especial, indicándole al sujeto que comete la injuria que su conducta conlleva una consecuencia; y el de la prevención general, advirtiendo al conjunto acerca de lo que ocurre cuando se actúa de una determinada manera.

Las situaciones descritas al inicio se reflejarán irremediablemente en los resultados de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Éstos van a exhibir un triunfo de lo sentimental frente a lo pragmático. El grupo de tecnócratas que han guiado los destinos de España estos últimos 4 años, han adoptado la función de gestores empresariales como si sus decisiones no tuvieran repercusiones en las emociones de la gente. En Cataluña ya sabemos quién se ha llevado el gato al agua en este campo. Falta confirmar si será extensible al resto de España.

El aviso de Bruselas es un serio revés para el Gobierno
EDITORIAL El Mundo 14 Octubre 2015

La decisión de la Comisión Europea de poner en duda el cumplimiento del objetivo de déficit público de 2015 y 2016 supone un duro varapalo para el Gobierno. Y la constatación de que ha sentado muy mal en el Ejecutivo y en el PP la tenemos en las primeras respuestas de algunos de sus representantes.

Mariano Rajoy se limitó a comentar desde Nueva York que "España no va a incumplir el déficit", sin aportar más información. Pero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, criticó con dureza las predicciones del comisario Moscovici - que presentó el dictamen- al decir que "lo único que hacen es legitimar la astrología". Y en un alarde de originalidad, el portavoz 'popular' en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó que el aviso de Bruselas "tiene que ver con los gobiernos del PSOE y de Podemos" formados tras las últimas elecciones autonómicas, "dos fuerzas amantes del gasto público".

La Comisión dice en su informe que el déficit público español va a terminar en el 4,5% este año -por el 4,2% que prevé el Ejecutivo- y el 3,5% en 2016 -frente al 2,8% del Gobierno-. Pero el aviso va mucho más allá de unas décimas. Pone en cuestión la política económica de Rajoy, que en el último año de legislatura ha titubeado respecto a la línea de austeridad en la que ha basado su labor de gobierno. Además, desecha buena parte de la estrategia electoral del PP, que adecuó la fecha de los comicios a la aprobación de los Presupuestos de 2016, a través los que el Gobierno pretendía seguir "devolviendo" a los españoles los esfuerzos de la primera parte de la legislatura. Por eso la oposición no ha perdido el tiempo. Ayer Pedro Sánchez exigió a Rajoy una explicación en el Parlamento porque "ha mentido" a los ciudadanos.

Ni es cuestión de décimas ni de prospectiva. Es cierto que todavía es muy pronto para saber cómo van a cerrar el ejercicio los ingresos y los gastos del Estado -sumando los de las autonomías, los ayuntamientos y la Seguridad Social- y cómo va a afectar a las estimaciones de crecimiento el frenazo de las economías emergentes. Pero la cuestión de fondo es que el Ejecutivo ha llegado a este final de legislatura con algunas cifras macroeconómicas cogidas con pinzas y en cuanto ha levantado la mano en el rigor se las ve y se las desea para cumplir objetivos. Al reducir los impuestos o devolver la paga extra a los funcionarios, por ejemplo, fía el control de las cuentas al incremento de los ingresos fruto de la mejora de la actividad. Eso es lo que pone en duda Bruselas para este año y, sobre todo, para el siguiente. Y eso es lo que duele en un Gobierno que ha hecho del control del presupuesto el 'leit motiv' de su acción.

El tiempo dirá quién tiene razón, pero, como hemos repetido en numerosas ocasiones, al Gobierno que más reformas ha emprendido en la democracia -y hay que ponerlo en su haber- le ha faltado decisión para culminar la imprescindible reducción del gasto público en el aparato del Estado y en el de las comunidades autónomas, que también ha sido su responsabilidad. Desde luego, eso es compatible con una etapa de crecimiento como la que vivimos, pero, al final, salimos de la crisis sin haber empezado a resolver algunos de los graves problemas del país.

El perfume de la sospecha
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Octubre 2015

La sospecha no hace sino crecer en el caso ERE y las demás macrocausas. La juez Alaya, se recordará, optó a un puesto al que legítimamente tenía derecho en la Audiencia Provincial en la convicción de que, como en otros muchos casos ha ocurrido, podría seguir con los sumarios que estaba instruyendo hasta culminarlos. Ese fue el principio del fin de su intervención en los macrocasos, especialmente el caso ERE, el caso del fraude en los cursos de formación y el caso de los avales arbitrarios de la Junta a empresas amigas. Todo hacía presagiar que sería el juez ayudante de Alaya, Álvaro Martín, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura como ella, quien "heredaría" el Juzgado de los macrocasos. De hecho, ya era el juez de apoyo de la magistrada Alaya en tales asuntos, ocupándose de los sumarios ordinarios para que la titular se dedicara de lleno a los supersumarios. Todo parecía natural y normal, pero en esto, apareció inesperadamente y sin que se sepa todavía por qué la juez María Ángeles Núñez Bolaños.

Fue inesperado porque su candidatura a la titularidad del juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla no se presentó hasta el último momento. Fue inesperado porque era una juez de familia que nunca había manifestado interés alguno por un juzgado penal. De hecho, no aparece en su trayectoria "ponencia ni preocupación por otros ámbitos judiciales. Sin embargo, solicitó el puesto de la juez Alaya en un juzgado de instrucción penal para el que carecía de experiencia, contando sólo con la antigüedad en el escalafón", como subrayó Luis Escribano, editor de El Demócrata Liberal.

Es más, ni siquiera es conocido todavía si la juez Bolaños optó a otros juzgados a los que podía haber aspirado. Tras ingresar en la carrera judicial hace 21 años, siempre estuvo en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: Ayamonte, Carmona y Jaén y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva. En marzo de 2004 pasó a un Juzgado de Primera Instancia (Familia), no solicitando nunca jamás un juzgado de instrucción hasta el momento en que la juez Alaya pidió su plaza en la Audiencia. Jueces de dicha Audiencia confesaron a Libertad Digital su perplejidad por la situación oliéndose ya desde lejos un perfume con aroma de sospecha. En el año 2012, pudo haber optado a los juzgados de instrucción número 8 y número 13 de Sevilla. pero, ¿lo hizo? Si lo hizo, no lo consiguió. Más aún, ¿solicitó la juez Bolaños otros juzgados de instrucción en la misma convocatoria, por ejemplo el número 17? ¿O sólo pidió el juzgado de la juez Alaya y por qué? Nadie lo ha dicho todavía, pero lo consiguió.

La segunda andanada del perfume de la sospecha procede de su matrimonio con el psiquiatra forense Julio Guija, divorciado, que fue aupado por la Junta a los cargos que ahora ocupa, ascensos de los que se ocupó en su momento Libertad Digital y allí pueden repasarse los hechos.

La tercera fragancia anómala procedía de la amistad del matrimonio Guija-Núñez Bolaños con el que fuera en su día fiscal en Sevilla y hoy es consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, alguien al que la juez Alaya llamó, en su informe al Supremo, "notorio detractor" de su instrucción. Fue uno de los argumentos que esgrimió la orginaria titular del juzgado de las macrocausas para pedir al Supremo que no fuera la juez Núñez Bolaños la que instruyera.

Luego nos ahumó el sahumerio procedente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, presidido por Lorenzo del Río, un presidente que aceptó que la Junta de Andalucía le haya estado pagando el alquiler de un piso en Granada sin luz y sin taquígrafos. O sea.

Después vinieron los mimbres de lo que ya se veía venir como una instrucción de las macrocausas, digamos distinta y distante de la desarrollada por la juez Alaya. Recuérdese que la primera decisión de la nueva titular del juzgado número 6 fue anular un auto de su antecesora. Luego troceó el caso ERE, algo a lo que se oponía la juez y así sucesivamente hasta que Alaya recomendó al Tribunal Supremo que no instruyera más sus macrocasos. Pero he aquí que todo fue presentado ante la opinión pública, sobre todo desde los medios "amigos" de la Junta como un insulto de la juez Alaya a la legítima titular o, como segunda opción, como una pelea barriobajera de togadas.

Finalmente, llegaron los inciensos repulsivos procedentes de los ilustres imputados que habían querido ascender, vía fuero, al Tribunal Supremo creyendo que encontrarían comprensión y auxilio. Pero, vaya por Dios, el juez Barreiro hizo suyas las tesis de Alaya sobre la pirámide de la responsabilidad de lo ocurrido en las altas instancias de la Junta y se vio como última oportunidad de salvación la vuelta al juzgado de instrucción número 6 si en él ya no estaba la pérfida Alaya. Y así ha sido. Nada más conocerse la llegada de la juez Bolaños a los sumarios que acusan a la Junta de Andalucía de haber urdido los entramados escandalosos, los Chaves, Griññán, Zarrías, Viera y decenas de altos cargos, desde ex consejeros, viceconsejeros, directores generales, delegados de la Junta y un largo etcétera de personajes e intrusos, han visto el cielo abierto y han puesto rumbo al sur. Un ejemplo de los cambios: la juez Alaya nunca quiso conceder árnica económica al ex director general Francisco Javier Guerrero, que lleva años diciendo que está arruinado. La nueva juez ya le ha concedido casi 18.000 euros. Para colmo, se ha sabido que se ha fugado, justamente ahora, el cerebro financiero de Vitalia, la principal intermediaria de los ERE que había acusado al PSOE de estar en todas las salsas.

¿El resultado? Se ha proyectado la película de la incompatibilidad visceral. Según el guión, ambas juezas no podían seguir juntas en el mismo juzgado, opción largamente deseada por una Junta de Andalucía que veía venir un otoño hirviente de interrogatorios y declaraciones de socialistas de pro y alcurnia en plena campaña de las elecciones generales, que ya veremos si ahora se producen. Al final ha ocurrido lo que se sospechaba. Alaya ha quedado fuera de la instrucción de los casos de su vida, quizás los casos de corrupción más importantes de la historia de la democracia, gracias a una componenda en ciernes para contentar a tirios y troyanos. Que Álvaro Martín, el juez de apoyo cuando Mercedes Alaya era la titular, sea el único apoyo ahora de la juez Bolaños, que de instrucción penal sabe mucho menos que los fiscales. En los mentideros de los juzgados sevillanos, son éstos los que realmente llevan el caso regidos por una Fiscal Jefe que no oculta simpatías políticas.

Claro que aún puede argumentarse la presencia de un tráfico extraordinario de coincidencias en vez de por una conspiración. Libertad de opinión hay.

Alaya, la juez que se enfrentó a la corrupción en Andalucía
EDITORIAL El Mundo 14 Octubre 2015

EL TRIBUNAL Superior de Justicia de Andalucía acordó ayer por unanimidad que la juez Mercedes Alaya no instruya el caso de los ERE ni ninguna de las otras macrocausas que inició. La decisión, que aún debe aprobar el Consejo General del Poder Judicial, puede considerarse procesalmente correcta y, en cierta medida, previsible, teniendo en cuenta que la propia Alaya logró la plaza en la Audiencia de Sevilla que había solicitado. Lo relevante, en todo caso, es finiquitar cuanto antes la instrucción de un macrosumario que arrancó hace cinco años, que suma más de dos centenares de imputados y que integra los principales procesos contra la corrupción en la Junta de Andalucía.

Desde junio, Alaya venía ejerciendo la instrucción de los ERE y el delito societario de Mercasevilla en comisión de servicios, si bien la magistrada solicitó que le dieran los cursos de formación y los avales de la Junta a empresas. Finalmente, no instruirá ningún caso porque el Alto Tribunal, según explicó ayer en un comunicado, entiende que el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -del que Alaya era titular hasta que en junio fue sustuida por María Ángeles Núñez Bolaños- "debe variar por las especiales circunstancias que concurren". Sin embargo, el Tribunal de Andalucía no aclaró cuáles son estas circunstancias especiales.

Mercedes Alaya es la juez que se enfrentó a la corrupción en Andalucía, con escasos recursos y en un entorno plagado de obstáculos políticos y judiciales. El inicio de la investigación se sitúa en en 2009, cuando los dueños del grupo de restaurantes La Raza denunciaron el intento de extorsión que sufrieron por parte de los directivos de la empresa pública Mercasevilla a cambio de conseguirles una ayuda de la Consejería de Empleo. Este caso llevó a descubrir las prejubilaciones ilegales en el caso de los ERE y el denominado fondo de reptiles, una partida desgajada de los Presupuestos con la que la Junta abonó prejubilaciones fraudulentas en empresas públicas y privadas. Alaya abordó entonces nuevos sumarios, como el de los cursos de formación y el de los avales que la empresa pública Idea concedía a compañías próximas a los diferentes Ejecutivos socialistas.

En el caso de los cursos de formación se indaga un fraude de más de 2.000 millones de euros, mientras que la trama de los falsos ERE -141 millones desviados ilegalmente- acumula 263 imputados, entre ellos, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El Tribunal Supremo ya se ha declarado incompetente para juzgar los ERE por la ausencia de aforados, pero la renuncia a sus actas de parlamentarios de los dos ex presidentes y de otros ex altos cargos de la Junta -como Gaspar Zarrías o José Antonio Viera- acredita el fundamento de las investigaciones de la magistrada.

Puede aducirse que la labor de Alaya no está exenta de errores en la fase de instrucción, y quizá el principal fue eternizar un proceso cuyas dimensiones son difícilmente asumibles para un juzgado infradotado de medios por parte de la Junta. Tampoco fue edificante el cruce de acusaciones con su sucesora cuando ambas pugnaban por liderar la instrucción de la macrocausa.

Sin embargo, resulta innegable el descomunal trabajo desarrollado por Alaya a la hora de escarbar allí donde ningún magistrado se había atrevido antes en Andalucía. Acusada por sus adversarios de vedetismo mediático y de situarse demasido cerca del PP, la realidad es que sin la labor de Alaya hoy no podríamos calibrar con rigor las cloacas del poder socialista andaluz. Su tenacidad ha permitido escudriñar el derroche impúdico de dinero público que la Junta impulsó y amparó al socaire de la hegemonía política que el PSOE ejerce en esta comunidad desde la Transición.

Que la instrucción aún no haya acabado, un lustro después de iniciarse, supone un obstáculo para la regeneración política en Andalucía. En julio, sin aguardar a los pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia de Sevilla, la juez Núñez Bolaños decidió trocear en tres piezas la macrocausa de los ERE: la política, sobre el diseño ilegal del fondo de reptiles que financió durante una década a la trama;la de pagos y sobrecomisiones abonadas a aseguradoras, intermediarios y sindicatos; y una tercera sobre cada ayuda concedida a las empresas. Este giro equivale a subdividir la causa en otras 200 micropiezas, lo que puede condicionar las resoluciones. Al juzgarse por separado, algunos delitos quedarían prescritos.

En aras del esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, de evitar la impunidad de quienes cometieron esos delitos, Núñez Bolaños debe cerrar cuanto antes el macroproceso. Algo que ya debió hacer Alaya, lo que no invalida su tesón y su solvencia a la hora de rastrear las miserias del régimen socialista en Andalucía.

Imposición lingüística en las aulas
UPyD acusa al Gobierno de no garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña
Considera que en Cataluña se da "franquismo educativo", porque obligan a estudiar en una sola lengua, el catalán
 www.lavozlibre.com 14 Octubre 2015

Madrid.- El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha acusado este miércoles al Gobierno de no garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña y, por tanto, estar incumpliendo la ley.

Además, ha exigido explicaciones al Ejecutivo en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre su "dejación de funciones" en el caso de la familia de Balaguer (Lérida) que sufrió acoso por pedir educación bilingüe, porque "fue el propio colegio quien facilitó la identidad del niño".

En opinión del diputado de UPyD, en Cataluña se da "franquismo educativo", porque obligan a estudiar en una sola lengua, el catalán, mientras que Franco obligaba a estudiar en castellano. Martínez Gorriarán ha resaltado como la tasa de fracaso escolar es 20 puntos más alta entre los estudiantes castellanoparlantes que entre los catalanes.

En su respuesta, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha negado esta acusación y ha explicado que el Gobierno "está firmemente comprometido" en que los alumnos que desean recibir parte de su formación en castellano lo puedan hacer y ha recordado que la Lomce garantiza que incluso lo puedan hacer en centros privados que sufragará el Estado.

"Este gobierno garantiza la libertad de las familias y los derechos de los padres" para que reciban educación en castellano en Cataluña, manifestó el titular de Educación.

INTERPELACIÓN
En la sesión parlamentaria de este miércoles la líder de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, también ha lanzado una interpelación al ministro de Educación para que se garantice el uso del español en toda España. En el pleno de la próxima semana, último de esta legislatura, se votará su moción consecuente.

Así, ha lamentado que en la actualidad se siga teniendo que defender "lo obvio", que es poder vivir y hablar en castellano en cualquier ámbito. "Se ha pervertido hasta el uso del lenguaje y otra palabra, la normalización. Vivo en una parte de España que la utilización de esta palabra ha pervertido su verdadero sentido", ha subrayado Díez.

Es más, ha alertado de que "algunos" han construido la lengua como un "elemento identitario", cuando "debería ser lo contrario, de construcción".

"El objetivo de esta interpelación es que se utilicen ambas lenguas. Elegir la lengua en la que se educan los hijos y la lengua en la que te comunicas en la adminsitración. Libertad de opción e igualdad de acceso. (...)El castellano es además la lengua nacional común, no sólo la oficial de todas las administraciones", ha defendido la portavoz de UPyD en el Congreso.

Méndez de Vigo, por su parte, ha coincidido con ella en que las distintas lenguas no deberían ser elemento de disputa y ha recordado que la Constitución establece el marco para que se utilice el castellano como lengua vehicular en la educación, al mismo tiempo que ha señalado que los ciudadanos tienen derecho a utilizar la lengua que deseen.

"Salvando cuestiones puntuales o dificultades de algunos ciudadanos, que las hay, las acciones del Gobierno en materia lingüística han estado siempre a encaminar esta realidad", ha sentenciado, pidiendo también a Rosa Díez que no se atribuya el "monopolio de la unidad de España".


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“No nos frenarán tribunales ni constituciones”
EDITORIAL Libertad Digital 14 Octubre 2015

En 2012 el presidente de la Generalidad, Artur Más, proclamó desafiante que "ni tribunales ni constituciones" pararían el proceso secesionista. Dos años después, el 9 de noviembre de 2014, en Cataluña se perpetró una consulta secesionista clamorosamente ilegal.

Ese oprobioso 9-N no es el único, pero sí uno de los más claros ejemplos de desobediencia por parte de la Generalidad; tanto a la Constitución –muy clara al defender la indisoluble unidad de la nación española y al señalar que la soberanía nacional reside en el pueblo español– como al Tribunal Constitucional, que hasta en tres ocasiones prohibió la celebración de cualquier consulta en ese sentido.

El tiempo dirá si el 9-N queda impune. Por lo pronto, el juicio contra los imputados por un delito de desobediencia –el presidente Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau– no ha podido arrancar de forma más bochornosa. En primer lugar, por el show organizado por los separatistas a las puertas del tribunal en apoyo de los primeros llamados a declarar –Rigau y Ortega–, en el que han participado todos los miembros del Gobierno regional y hasta el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca: es indignante que el abogado de una infanta de España, padre además de la Constitución, haya brindado apoyo a los promotores del más grave desafío institucional al ordenamiento jurídico español.

Por otra parte, aunque ha de celebrarse que el TSJC haya emitido un comunicado en el que denuncia el acoso nacionalista, pues "cuestiona la legitimidad de los jueces y tratar de influir en su toma de decisiones", cabe sospechar de la independencia del tribunal, presidido por un magistrado nombrado a propuesta del partido al que pertenecen los imputados, el descompuesto CiU, y de ERC, el otro gran impulsor del proceso secesionista.

En segundo lugar, tan vergonzosas como el hecho de que los imputados se hayan negado a contestar a las preguntas del fiscal y a las de la acusación particular son las respuestas dadas al juez por Rigau y Ortega: la consejera de Enseñanza ha asegurado que no dio órdenes de ningún tipo para que se abrieran los institutos, que todo fue voluntario y espontáneo y que no tenía la sensación de haber hecho nada contrario a derecho, sino de cumplir un "mandato del Parlament". Ortega, por su parte, y a diferencia de Rigau, ha asumido toda la responsabilidad de la logística del 9-N, aunque ha coincido con su excompañera de Gobierno en que no fue "consciente" de desobedecer al TC ni a ninguna otra autoridad del Estado.

Precisamente contra el "mandato del Parlament" iba dirigido el primero de los tres pronunciamientos del TC que los imputados despreciaron. Eso, por no hablar de los numerosos testimonios de funcionarios que desmienten la supuesta espontaneidad del aquelarre liberticida celebrado aquel día. Y aunque sea cierto, tal y como ha declarado la ex vicepresidenta Ortega, que Mariano Rajoy se dedicó a "menospreciar antes y después" el 9-N, que "pudo haberlo impedido pero no hizo nada", resulta patético que los imputados recurran a las declaraciones del presidente del Gobierno como prueba de descargo a la hora de pretender que no tenían la "sensación" de haber hecho nada contrario a derecho.

Queda por ver ahora qué declara Mas cuando le toque acudir al tribunal. Lo que no queda por saber es qué pretende: seguir adelante con su golpe de Estado. Y son las propias instituciones del Estado las que deben abortarlo.

Por qué el PP ha perdido Cataluña y acaso España

Javier Orrico  Periodista Digital 14 Octubre 2015

El PP comenzó a perder Cataluña el día en que sirvió la cabeza de Aleix Vidal-Quadras, adobada y en bandeja, cual Juan el Bautista, al Herodes Pujol que ya entonces llevaba quince años construyendo mafia y nacionalismo en inextricable conjunción. Y la terminó de perder con el último vídeo en catalán de la campaña electoral reciente, con el cual reconocía que los nacionalistas llevaban razón y jugaba, una vez más, a contentarlos, a halagarlos, a tratarlos como al adolescente enrabietado que son. El PSOE había entregado Cataluña mucho antes, cuando regaló el cinturón obrero y castellanohablante a los señoritos de Boccaccio del PSC, los cuales inmediatamente pusieron sus votos al servicio de la ‘construcción nacional de Catalunya’ que estos días culmina en la CUP, la agrupación de charnegos de extrema izquierda que van a hacer posible la operación separatista.

A partir de ese momento los niños dejaron de llamarse Manuel, Antonio o Roberto, para catalanizarlos obligatoriamente si querías que tuvieran futuro. Hasta el club de fútbol Español de Barcelona se catalanizó, bajo la especie de que así demostraba que se podía ser español en catalán -algo que nadie había dudado nunca, al menos desde la Constitución del 78-, sin entender que de lo que se trataba era de demostrar que se podía ser catalán en español, que es lo que se prohibió desde entonces. Se suprimieron hasta los topónimos, y queda para la historia de la estupidez, el escarnio y el totalitarismo la decisión de eliminar nombres como Gerona o Lérida, Tarrasa o Villafranca (o La Coruña, Fuenterrabía, Mondragón) de la propia lengua española para exigir su uso en catalán. No sólo se expulsaba la lengua española de la vida oficial, se la intervenía y pervertía hasta en su léxico. Pero, lógicamente, no hubo reciprocidad, y en catalán se siguió usando Saragossa, Terol, Osca o Mùrcia, y, sobre todo, 'Madrit'. Pero, ¡ay! si alguien en 'Madrit' decía 'Sabadel' y no 'Sabadey'... La asimetría, el embudo, siempre lo mismo, siempre tragando, y si no, eras un 'facha'.

Lo que ambos, PP y PSOE, le ofrendaron a la xenofobia organizada fue, pues, nada menos que los argumentos. Sobre todo, el esencial, el lingüístico, el de que la lengua de los catalanes de hoy es únicamente el catalán. Uno de los componentes del fascismo fue siempre la melancolía por lo perdido, la recreación de un pasado mítico que sólo puede recuperarse torciendo la Historia y mintiendo sobre el presente. Querer "vivir en catalán" significa ignorar el paso del tiempo y la realidad de la presencia de otras lenguas y otras gentes, de las que, implícitamente, estan reclamando su expulsión o invisibilidad. Que no les molesten. No ha habido en Europa, desde el conflicto yugoslavo, ninguna manifestación de odio étnico como esta exigencia de 'vivir en catalán', este deseo de regresar al pasado, a la pureza perdida, que está detrás de todo el nazionalismo. Obviamente, salvando la distancia en la consideración y uso de la violencia. La Cataluña ‘nazionalista’ se sueña y se quiere monolingüe, lo cual no es cierto desde que una dinastía castellana comenzó a reinar en Aragón a principios del siglo XV. Y mucho menos cuando fue necesario acceder al mercado que los hizo ricos.

Han pasado seiscientos años, y hoy la sociolingüística (y un paseo por Barcelona) nos aporta verdades irrebatibles: el catalán es lengua materna de menos del 40% de los catalanes; el 54% tiene como lengua materna el español; y el resto tienen otras lenguas como maternas. Y no se olvide que las lenguas maternas son imposibles de imponer (todavía recuerdo a unos imbéciles abertzales en televisión diciendo que no les habían dejado aprender su lengua materna: se ve que Franco les había puesto madres 'fascistas' de alquiler).

Por eso, dirigirse a los catalanes sólo en catalán es falsear la realidad, aceptar la mentira melancólica sobre la que han construido un sistema de castas ejercido desde los apellidos (repasen la lista de ‘Junts pel si’) y la sangre, y, por tanto, asumir sus falacias. Contra ellas el PP sólo ha ofrecido miedo, catástrofes, y al Ministro de Exteriores discutiendo con 'Bolivaret' Junqueras. Un vídeo dirigido a los catalanes debe ser rodado en ambas lenguas, porque ambas lenguas son hoy las lenguas catalanas. Y en ambas lenguas deberían estar los carteles, los topónimos y, por supuesto, las aulas. En las dos. Si hubiera Estado.

Habia una vez un circo...
Vicente A. C. M.  Periodista Digital 14 Octubre 2015

No sé cómo describir la imagen del desfile de todo el Gobierno de la Generalidad hacia el Juzgado del TSJC donde van a declarar-o dar su mitin espectáculo- como imputadas las Consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, acompañando a la primera como “La Santa Compaña” y cantando "Els Segaors". Y tampoco sé cómo describir el paripé de una vista donde el juez designado lo fue por elección directa de CiU y ERC. Lo que sí que puedo describir es la cobardía de quien tuvo en su mano evitar el que se hubieran cometido los sucesivos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos y además contribuyó a seguir financiando con el dinero de todos los españoles el proceso secesionista encabezado por ese Gobierno de la Generalidad en pleno, incluido el ausente Artur Mas y un Parlamento, el de Cataluña, deslegitimado para ejercer la representación de los españoles de esa comunidad autónoma. Una dejación de funciones injustificable y que debería llevarle también al banquillo de los acusados.

No es de extrañar que los acusados nieguen “la mayor” y se declaren hipócritamente inocentes de todo y de no tener conciencia de estar cometiendo ninguna ilegalidad, ya que lo que se produjo fue “un proceso consultivo” y no un referéndum aunque siempre se refirieran así a esa "consulta" sin garantías alguna en su control, obviando que esa farsa también fue prohibida por el Tribunal Constitucional. Además, la Sra. Rigau cínicamente afirma que “siguió el mandato del Parlament” como si esa Institución tuviera preeminencia sobre las sentencias del Tribunal Constitucional. Dentro de escasos minutos le toca el turno a su compañera de Gobierno Joana Ortega, que supongo que seguirá la misma línea de defensa de negar todo y aducir “obediencia debida”. Esa historia ya la conocemos de otros juicios más famosos.

Mañana le tocará el turno al principal cabeza visible del movimiento secesionista, uno de los herederos del clan Pujol y que hace gala de los mismos tics mafiosos desde que en ese Parlamento de Cataluña le dijo al representante del PSC Sr. Maragall aquello de “entonces no habrá Estatuto” como respuesta a su acusación de que CIU tenía un problema y ese era el del 3% refiriéndose al cobro ilegal de comisiones por obras públicas concedidas. No es casual el que ahora se vayan conociendo datos de cuentas en paraísos fiscales fuera de España, siempre negadas como en el caso de los Pujol. Pero está por ver que el juez instructor de la causa no decepcione y finalmente corrobore que la politización de la Justicia de forma tan escandalosa es el cáncer de esta sociedad podrida desde las Instituciones y en las que no se puede confiar para impartir Justicia.
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Lo primero que deberían hacer las acusaciones, tanto la Fiscalía como la particular Manos Limpias, ante la desfachatez del juez por no renucniar, es recusarle por razones evidentes de incompatibilidad manifiesta al haber sido designado por aquellos que van a ser juzgados, estando comprometida su imparcialidad. Lo segundo es que el caso abandone el TSJC ,órgano muy poco fiable en una situación de extrema gravedad donde alguno de sus miembros incluso ha llegado a participar en la elaboración de una Constitución para la nueva república de Cataluña tras la secesión, y se traslade la causa al Tribunal Supremo de España o a la Audiencia Nacional como mal menor, otra Institución cuya politización no solo es evidente sino vergonzosa en las actuaciones de alguno de sus jueces estrella.

Este Gobierno no solo ha permitido que se consume una traición continuada desde la convocatoria formal del referéndum en el que el Presidente del Gobierno de la Generalidad con publicidad total puso su firma ante el aplauso de sus conmilitones, sino que ahora permanece impasible ante la farsa que se está representando en Barcelona con esa escenificación de desafío secesionista y la chulería y cinismo de los principales responsables que se escudan en la complicidad culposa de directores de Institutos públicos usados como colegios electorales y funcionarios desleales, de los que solo unos pocos han decidido no callar. Las pruebas son abrumadoras sobre los métodos mafiosos y rastreros que desde las más altas instancias del Gobierno de la Generalidad se usaron para llevar a cabo esa burla a la legalidad en forma de simulacro de referéndum sin ningún valor legal ni legitimidad y desobedeciendo de forma consciente la sentencia del tribunal Constitucional, algo ya habitual en esta pandilla de delincuentes y traidores a España.

En cualquier caso, circula una teoría por la que el PP estaría buscando desesperadamente llegar a pactos con los nacionalistas para asegurarse el Gobierno de España tras unas elecciones generales nada halagüeñas y garantizarse su continuidad en el poder. Estos pactos irían por la misma vía que hasta ahora, la de las concesiones en forma de reconocimiento en la Constitución de España de Cataluña y El País Vasco como naciones con estatus equiparables a un Estado Federal con una autonomía total excepto Defensa, Banco Central permaneciendo en el euro y representación internacional en todos los foros de la UE manteniendo las “embajadas” comerciales. Igualmente se haría del Senado una Cámara de corte Federal con mayor poder legislativo superior al del Congreso de los Diputados en cuestiones de financiaci´n y territoriales. De ese modo no sería necesario el que CDC cediese a las pretensiones de la extrema izquierda en un pacto anti natura y consiguiese lo mismo pero sin una declaración formal de independencia. Lo malo es que esta teoría parece coincidir con lo que algunos dirigentes de la UE y las grandes empresas del IBEX verían como una solución admisible. Pero como siempre, seguro que la realidad superará a la ficción.

¡Que pasen un buen día!

Anoche escribí al presidente
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO El Mundo 14 Octubre 2015

Como es natural, no sé cuáles son los planes del presidente del Gobierno ni de todos aquéllos que pueden decidir sobre las listas electorales del PP. Pero, dado que durante los últimos siete años he sido diputada en sus filas, anoche comuniqué al presidente Rajoy mi deseo de no volver a formar parte de su candidatura.

No podría ir en las listas porque no encuentro argumentos suficientes para defender la gestión del Gobierno ni para pensar que el presidente Rajoy actuaría de forma distinta a como lo ha hecho hasta ahora. No podría porque creo en la responsabilidad del liderazgo y en la política como una suma de convicciones, coraje y capacidad de desafío. Ni la hipótesis de una renovación profunda de las candidaturas del PP ni la incertidumbre que provoca el resto de opciones políticas pueden compensar lo que me parece un hecho incontestable: en estos cuatro años de mayoría absoluta, la democracia ni se ha regenerado ni se ha defendido.

Es verdad que el presidente Rajoy evitó el rescate y que la economía se recupera. Pero el Gobierno ha despreciado la política y ha desoído todas las alarmas. Ni las advertencias internas y externas, ni la grave pérdida de poder autonómico y municipal, ni la irrupción de un poderoso adversario en el espacio electoral del PP le han movido a la rectificación. Desde mayo hemos asistido a una renovación cosmética, a una convención sin propuestas y a una campaña catalana errática. La confianza es un bien delicado y escurridizo. Para mí, la actitud del presidente Rajoy ante el reto separatista catalán ha sido determinante.

Éste es, a mi juicio, el itinerario del fracaso:

1. El 9-N, el Gobierno abdica de su responsabilidad constitucional de hacer cumplir la ley en Cataluña. Su inhibición genera una profunda sensación de desamparo. Diluvia sobre mojado: sobre las sentencias lingüísticas incumplidas, sobre las esteladas impunemente desplegadas en los mástiles institucionales y sobre el empeño con que el Gobierno minimizó como "pantomima" la consulta secesionista. El Gobierno traslada la responsabilidad al Tribunal Constitucional y al fiscal general del Estado. Pero es inútil. El fiscal replica con una dimisión irrevocable en defensa de su dignidad. A la erosión del PP se suma la erosión de las instituciones.

2. El PP designa su candidato a la Generalidad apenas dos meses antes de las elecciones, cuando las encuestas anticipan una catástrofe que sólo puede imputarse parcialmente a la gestión de la crisis económica. En los malos augurios influyen el deterioro de la imagen de Alicia Sánchez-Camacho y su estéril apoyo parlamentario al desleal Artur Mas. Pero, sobre todo, influye la incapacidad del Gobierno para erigirse en principal garante de la libertad, la igualdad y la ley.

3. En pleno verano el presidente Rajoy abre la puerta a una reforma constitucional. El anuncio revoluciona la precampaña catalana. Para mal. No sirve a su propósito de desactivar la acusación de inmovilismo y legitima a los que dan la Constitución por amortizada. Se deja de hablar de la agresión del nacionalismo a los principios constitucionales para hablar de los cambios constitucionales necesarios para encajar al nacionalismo. Los portavoces del PP se ven obligados a hacer malabarismos dialécticos para concretar aspectos de una reforma que es puro humo electoralista. Tres semanas más tarde, el PP da marcha atrás. En el aire queda la sospecha de que el PSOE ya no es el único partido que no sabe qué hacer con España.

4. La decisión de reformar el Tribunal Constitucional, anunciada en vísperas de la campaña, es bien vista por muchos catalanes hartos de vivir a la intemperie del derecho. Pero el PP no la rentabiliza, y no precisamente por un exceso de pudor institucional. El oportunismo delata la oportunidad perdida. Si la reforma era imprescindible, ¿por qué no se abordó antes del 9N? Si el reto es tan serio, ¿por qué lo llamaron "pantomima"? El desafiante "se acabó la broma" se disuelve en un desolado "el Estado lleva tres años de broma".

5. El ministro de Exteriores irrumpe en la campaña como insólito protagonista de un debate con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. La mera celebración del debate consagra una falsa bilateralidad entre Cataluña y España y supone una claudicación de la política y de la razón. El ministro remata su intervención con una apelación simétrica a la responsabilidad: "Oriol, se os quiere, no rompamos". Ni las declaraciones de Obama, Cameron, Merkel y Sarkozy son capaces de disipar la desconfianza hacia un Gobierno cabizbajo.

6. A pocos días de las elecciones, el periodista Carlos Alsina le pregunta al presidente del Gobierno por qué los catalanes habrían de perder la nacionalidad española una vez independizados. Mariano Rajoy -que teóricamente lleva tres años madurando la respuesta del Estado al separatismo- vacila, duda, no responde. No le dice que lo que plantea es política y jurídicamente absurdo. No le contesta que es grotesco querer ser ilegalmente independientes y constitucionalmente españoles a la vez. Se pierde. Y con él pierde el PP.

Hasta aquí el itinerario.
Hace unos días, el diario 'La Vanguardia' anunciaba en su portada: "Rajoy dejará fuera de su campaña el debate catalán". No sé si será cierto, pero se trataría del reconocimiento definitivo de un fracaso que es el resultado inevitable de haber asumido tres viejas falacias políticas.

La primera es la de creer que el centro se define, no en función de criterios económicos o morales -más o menos intervención del Estado; mayores o menores reservas en asuntos como el aborto-, sino de la cercanía con el nacionalismo. En otras grandes democracias del mundo, el nacionalismo es despreciado por xenófobo, liberticida y radical. En España, a los que lo combatimos nos llaman extremistas. El presidente Rajoy tenía la oportunidad y la obligación de desafiar este paradigma, herencia lamentable del franquismo. Tendría que haber insistido en que la democracia española no tiene una deuda con el nacionalismo, sino que el nacionalismo tiene una deuda con la democracia, a la que ha tratado con deslealtad. Y tendría que haber reagrupado a todos los ciudadanos que compartimos un suelo transversal de valores democráticos comunes para forjar una centralidad española basada en la razón y la verdad. Y no lo hizo.

La acción del Gobierno también se ha visto lastrada, literalmente, por el mito de que el inmovilismo propio garantiza la desmovilización ajena. Esto es falso siempre y sobre todo ante el primer problema político español. El separatismo no es un movimiento reactivo sino una reacción en movimiento. Se alimenta de mitos prefabricados y odios preconcebidos. Y un Estado democrático debe hacerle frente en defensa del pluralismo y la convivencia. Los resultados de una Cataluña partida dramáticamente en dos mitades obliga a preguntarse: ¿Qué habría sucedido electoralmente si el constitucionalismo hubiera contado desde hace tres años (¡y desde hace 30!) con el apoyo y la movilización del Estado?

Por último, tampoco la letanía gubernamental acerca de "los problemas reales de la gente" tiene fundamento. Durante cuatro años, los españoles han reclamado una mayor sensibilidad hacia las personas golpeadas por la crisis, menos vacilaciones contra la corrupción, la despolitización urgente de la justicia, más democracia interna en los partidos, una rotunda deslegitimación histórica y política de la violencia etarra, un amparo inequívoco a las víctimas del terrorismo y, por supuesto, una defensa nítida y emocionante de lo que nos hace ciudadanos y une como españoles. La respuesta del Gobierno ha sido tecnocracia y plasma. El Gobierno ha actuado como si los ciudadanos tuvieran una cartera donde habitan el corazón y la cabeza, y como si los votantes del PP fueran votantes cautivos. No lo son. No lo somos.

Hace nueve años dejé este periódico para incorporarme al Partido Popular. Estaba convencida de que era el mejor instrumento para defender mi idea de España. Un país reconciliado consigo mismo y con su pasado, alejado de la vieja retórica del fracaso y del adanismo pueril. Una nación plenamente europea en su oposición al nacionalismo identitario. Una democracia dispuesta a defenderse y sin miedo a renovarse. Una España de ciudadanos juntos y distintos, libres e iguales.

Creo que el Partido Popular puede seguir siendo ese partido. Pero no con este presidente y no sin un nuevo proyecto. No estaré en las listas del PP, pero seguiré trabajando para que España tenga el partido moderno, valiente, adulto y central que merece y necesita.

Cayetana Álvarez de Toledo es diputada del PP y portavoz de Libres e Iguales

Escuela Marià Manent
El escandaloso adoctrinamiento a niños de 11 años en un colegio de Premià de Dalt
Los alumnos de 6ª de primaria tuvieron que responder a unas preguntas sobre las elecciones catalanas con clara intencionalidad
Redacción www.lavozlibre.com 14 Octubre 2015

Barcelona.- El adoctrinamiento independentista está presente en todas las esferas de la sociedad catalana. Desde los colegios e institutos públicos hasta los medios de comunicación autonómicos. Este ejemplo que mostramos a continuación es especialmente escandaloso.

Se trata de un ejercicio escolar que tuvieron que realizar el pasado 28 de septiembre los alumnos de 6ª de primaria de la Escuela Marià Manent del municipio barcelonés de Premià de Dalt. Los estudiantes, de solo 11 años, se sometieron a una prueba en la que debían analizar los resultados de las elecciones catalanas celebradas un día antes. Debían interpretar los titulares y gráficos de las portadas del día siguiente a esos comicios de ‘La Vanguardia’ y ‘El Periódico de Catalunya’.

El cuestionario al que debían contestar los escolares, íntegramente en catalán, es de los más revelador:

1.- ¿Qué tipo de elecciones se celebraron ayer en Cataluña? ¿Qué han votado los catalanes?
2.- ¿Por qué crees que eran especialmente importantes estas elecciones?
3.- ¿Qué quiere decir que ‘El sí se impone’?
4.- ¿Puedes explicar el gráfico ‘Atribución de los 135 escaños’?
5.- ¿Cuántos escaños ha conseguido Junts pel Sí y CUP conjuntamente?
6.- ¿Qué porcentaje de votos ha conseguido Junts pel Sí y CUP conjuntamente?
7.- Haz tu valoración personal explicando lo que sepas sobre estas elecciones y el proceso soberanista que se pretende llevar a término en Cataluña.

Como se puede comprobar, las preguntas están claramente encaminadas a encumbrar los resultados de las fuerzas independentistas, eligiendo además la portada de ‘La Vanguardia’ que tanta polémica causó ese día dada su interpretación interesada de los resultados, con el titular “El sí se impone”. No hay que olvidar, asimismo, que este ejercicio estaba destinado a niños de tan solo 11 años, siete menos que la edad mínima para poder votar.

Societat Civil Catalana, entidad que defiende la permanencia de Cataluña en España, ya ha pedido explicaciones a través de Twitter a la Consejería de Educación de la Generalitat ante lo que consideran una “prueba evidente de politización en las aulas”.

 


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