AGLI Recortes de Prensa   Jueves 22  Octubre 2015

Ladrones que acusan a España de robar a Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2015

Ningún partido político –incluido el de Mariano Rajoy– hizo la más mínima crítica a la detención del extesorero del PP Luis Bárcenas; pero los nacionalistas han puesto el grito en el cielo por que la Guardia Civil haya detenido este miércoles a Andreu Viloca, administrador de CDC y de su fundación afín CatDem, acusado de mediar en el cobro de las famosas comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones de obra pública. Durante el registro de la sede central de Convergència, también ha sido detenido Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalidad. Igualmente han sido objeto de escrutinio los Ayuntamientos de Olot y Sant Fruitós de Bages, así como las empresas Urbaser, Rogasa, Copisa y el Grupo Soler.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye de forma indiciaria al tesorero del partido de Mas un total de seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

El presidente de la Generalidad se ha envuelto en la bandera catalana y ha atribuido los registros y detenciones policiales a una supuesta persecución del Gobierno a Convergència y a él mismo. Mas ha llegado al extremo de afirmar que se siente "pieza de caza mayor" y de acusar a la Fiscalía de "sobreactuar y exagerar". Pero aquí lo único exagerado es el tiempo que ha pasado hasta que la Justicia ha actuado en Cataluña por unas prácticas delictivas que se inician varias décadas atrás y que ya eran un secreto a voces cuando Pasqual Maragall, siendo presidente de la Generalidad, espetó a Mas su célebre "Ustedes tienen un problema, y se llama tres por ciento".

Los gobernantes nacionalistas, que han propagado la exitosa y falsa cantinela del "Espanya ens roba", son los únicos responsables de que los catalanes soporten la mayor presión fiscal y el mayor endeudamiento autonómico de toda España. Lo que se está investigando sí que es un robo masivo y repugnante. Pero los nacionalistas no quieren hablar ni que se hable de lo que desde el nacionalismo se expolia a Cataluña, sino del ilegal y oneroso proceso de construcción nacional que están perpetrando. Y pretenden seguir disfrutando de la escandalosa impunidad de que han venido siendo beneficiarios.

No. No pueden seguir así las cosas. No pueden seguir como nunca debieron ir.

La demencia catalana
Editorial Gaceta.es 22 Octubre 2015

Cataluña –o, si se prefiere, una parte importante de los catalanes- lleva muchos años viviendo un proceso agudo de alucinación colectiva. La ideología separatista, bien lubricada con inagotables fondos públicos (de todos los españoles), ha construido una realidad paralela según la cual Cataluña es una nación que perdió su independencia en 1714; que desde entonces ha sido brutalmente oprimida por España; que con sus naturales laboriosidad e ingenio está pagando la molicie de los españoles; que aún hoy es salvajemente parasitada por una España despótica y antidemocrática; que hoy, para colmo de oprobios, ha de soportar que sus líderes sean injustamente llevados a los tribunales por la aviesa policía española. No es una caricatura. Muchas decenas de miles de catalanes piensan literalmente así, y la investigación sobre el terreno de gaceta.es ofrece pruebas aterradoras de esta demencia colectiva.

La culpa del separatismo es de los separatistas, pero la responsabilidad política de cuanto está pasando en Cataluña es de los poderes públicos –y privados- españoles, desde la Corona hasta los tribunales y desde la patronal hasta los sindicatos, pasando, por supuesto, por los distintos gobiernos que se han sucedido en La Moncloa. Cuando se firmó la Constitución de 1978, muchas voces alertaron sobre los riesgos de un sistema de organización territorial que fragilizaba la cohesión nacional; nadie hizo caso. Muchos alertaron también del peligro cuando la Corona y el Gobierno asumieron el pacto no escrito de que los separatistas se convirtieran en únicos interlocutores políticos en sus territorios, pero nadie hizo caso. Las advertencias se repitieron cuando los partidos separatistas se convirtieron en “bisagra” imprescindible de la gobernabilidad del país, pero nadie hizo caso. Casi una generación después, otras muchas voces denunciaron las políticas de inmersión lingüística que estaban cambiando el paisaje social al gusto de los separatistas, pero nadie hizo caso. Tampoco cuando se denunció, por activa y por pasiva, que los separatistas estaban desviando inmensos fondos públicos para la construcción de su propio proyecto nacional. ¿Y por qué nadie hizo caso? Porque el sistema de 1978 reposaba sobre un reparto de poder –político, financiero, mediático, judicial- donde los separatistas eran parte del juego. Así de simple.

Mientras todas las denuncias caían en saco roto, mientras las instituciones responsables de garantizar la unidad nacional cerraban ojos y oídos y se concentraban en repartirse los beneficios, el separatismo iba construyendo libremente lo que nunca dejó de ser su proyecto: crear de la nada sus propias naciones. Al servicio de ese proyecto, incansablemente martilleado desde las escuelas y medios de comunicación entregados al separatismo, se ha dibujado una realidad falsa, inventada, incluso demencial, pero que ha terminado siendo asumida por una parte importante de la población. Aún hay, en España, quien se obstina en negar la evidencia y se refugia en parapetos de conveniencia: que si “sólo quieren dinero”, que si el problema es la “deslealtad” de tal o cual partido, etc. Pero no. Lo que estamos viendo es la fase final de un proceso largamente incubado. Y, por cierto, no sólo en Cataluña.

Sólo hay una forma de salir de aquí: redefinir nuevamente el proyecto nacional español. Fijar la supervivencia histórica de España como prioridad política. Aplicar cuantos instrumentos legales haya en la mano para frenar la deriva separatista. Afrontar la tarea de reconstruir lo que se ha destruido, lo cual pasa, entre otras cosas, por retomar el control de la educación y utilizar los medios de comunicación públicos a disposición del Estado. Y por supuesto, propiciar pactos de Estado entre derechas e izquierdas en pos de ese objetivo. No se reconstruirá en dos días lo que se ha desmantelado a conciencia durante casi cuarenta años. Pero cuanto más se tarde en empezar, más difícil será el trabajo.

La independencia del 3%
Antonio Pérez Henares Periodista Digital

Los separatistas catalanes sueñan con la foto de la Guardia Civil deteniendo Más por rebelión, pero la que tienen es la de los guardias civiles llevándose a su tesorero preso por robar. Presuntamente claro. La foto buscada es la del mártir crucificado por el malvado Estado Español pero la que sale es la del 3% “a la saca” desde tiempo inmemorial. La que ha ido de generación en generación, de padres a hijos, de Pujol a Pujol y de president en president. Y ya no hay bandera en la que envolver tanto trinque, tanta cuenta en Suiza, Andorra o Leichestein, tanto ferrari y tanta comisión. Lo siempre sabido, lo que todos conocían y ocultaban aunque a veces en un arrebato se les escapara como una vez a Maragall y otro a Carod, está ahora negro sobre blanco escrito de su puño y letra en un papel. Uno que encontraron en una caja fuerte y otros que han tenido que reconstruir tras haber sido triturados en la sede de CDC. Aquello que Mas decía, con toda la cara y el descaro, que era una tarjeta de visita. Pues eran una ristra de documentos que laboriosamente reconstruidos han llevado hoy a estas nuevas detenciones.

Dice el secesionistas Más que todo esto es una cacería contra el, su partido y Cataluña. Es algo que no varía, es la misma monserga en la que tratan de ampararse todos los corruptos con independencia de colores. Si son nacionalistas añaden la bandera tribal para despertar la víscera y el los “otros” nos atacan. Aquí se une al asunto que eso del robo, el “España nos roba”, era el eje central de toda su ideología y su campaña que ahora se vuelve contra ellos como un boomerang. A lo que se ve y parece los que se lo llevaban crudo desde hacía ya muchas décadas y hasta ayer mismo eran los que gritaban “al ladrón, al ladrón”.

Achacarlo a las conspiraciones del averno españolista contra los inmaculados secesionistas no resiste además ni siquiera una hemeroteca. Resulta que la cosa partido de una denuncia ¡de una concejal de ERC! , quien a pesar de que le dijeron “mujer, dejalo, total…” no lo hizo y el alcalde de Torredembarra acabó “entalegao”. Pero tirando del hilo y desenredando el ovillo la policía, en este caso la Guardia Civil y la Justicia, han llegado a donde estaba el cogollo central. Y claro, salen todos, de antes y de ahora. La tropa de los Pujol, sus amigos, el testaferro del padre y el hijo político del fundador, Convergencia en toda su historia de trapicheos y silenciador. Juntos y revueltos, los empresarios de la causa, pagando y recibiendo. Pagaban el 3%, recibían el contrato, subían lo que les daba la real gana y la fiesta la pagaban los ciudadanos. Lo tenían además bien montado. El tesorero del partido, el director general de obras y el constructor. Ni un cabo suelto. Bueno si, ese por el que ha tirado el Juzgado nº 1 del Vendrell, que es ese juzgado y ese juez, que no está precisamente en Madrid, quien ha ordenado registro y detención. En el día de ayer cuando Mas iba a firmar urbi et orbe no se que cosa, el arranque del Parlamento o algo así, que supone más importante que la conjunción planetaria de aquel. Que dice que le han estropeado la fecha, pero no decía lo mismo cuando en la anterior le pusieron la declaración el mismo día en que iba a hacer la ofrenda al fusilado Compays.

Que esa es otra. ¿Y ahora qué, revolucionarios de la CUP? ¿Ahora, que señora Colau? ¿Ahora que 400 de la vara?. ¿Todos con Mas a declarar? Porque de Convergencia, no se olvide, es Artur Más el mandamás. ¿Le van a votar y se van a inmolar con el ?. Por lo menos sus alcaldes se diría que tenía que ser que sí. ¡Por la independencia del 3%! . Ese es el lema de verdad.
PD. ¿Y a las elecciones generales, como irán, de la manita o por separado?. Mal lo llevas, Junqueras, pero peor lo lleva Más

Charla de café
Aleix Vidal-Quadras Gaceta.es

El amigable café con leche servido en vaso y compartido por Albert Rivera y Pablo Iglesias en un humilde bar de barrio ha roto moldes y en su aparente sencillez ha sido una demostración palpable de que entramos en un tiempo nuevo en el que no sólo una forma de entender la comunicación política va a quedar enterrada, sino todo un sistema institucional y unos hábitos viciados de conducta por parte de los representantes públicos. Lo que vimos fue a dos hombres jóvenes, sin ninguna experiencia de gobierno ni carreras profesionales, académicas o empresariales dignas de mención a sus espaldas -el uno un oscuro profesor no numerario de ciencia política, el otro un ex-empleado de La Caixa de nivel medio- departiendo amigablemente sobre los problemas de su país y sobre las medidas que a juicio de cada uno de ellos deberían aplicarse para resolverlos. Ni un gramo de grandilocuencia, de altura conceptual o de erudición impactante, como tampoco de agresividad, prepotencia o arrogancia. Simplemente, una conversación tranquila, es decir, un intercambio de opiniones e ideas carente de tensión en el que se contrastan pareceres y se contraponen argumentos de manera cortés, transmitiendo la sensación de que después los dos se volverán a sus quehaceres y tan amigos. La novedad de este encuentro fue precisamente la absoluta ausencia de dramatismo, tan distinta de la animosidad impostada y las frases pretendidamente lapidarias con las que los líderes de los viejos partidos se fustigan en el parlamento o en los rituales debates televisivos durante las campañas electorales.

Dos tipos normales, uno radical y con coleta, el otro centrado y capilarmente aseado, uno más dogmático y utópico, el otro más flexible y realista, uno inclinado a las recetas colectivistas, el otro comprometido con la libertad, uno hostil a la actividad empresarial privada, el otro consciente de que son las empresas las que crean la riqueza y el empleo, uno empeñado en redistribuir sin pensar de dónde saldrá el dinero, el otro sabedor de que para repartir primero hay que generar los recursos necesarios, dos arquetipos de su generación en nuestra sociedad, dividida entre progres adheridos a los tópicos de la izquierda, antiglobalización, ecologismo, antiamericanismo, anticapitalismo, nacionalizaciones y demonización de los ricos, y liberales sensatos con inquietud social, carentes de prejuicios ideológicos y dispuestos a fomentar el trabajo, la innovación, el esfuerzo y la excelencia. Y ambos convencidos de que el llamado régimen del 78 necesita un saneamiento a fondo y de que la partitocracia corrupta que hoy nos aflige ha de convertirse en una saludable democracia constitucional, verdaderamente participativa y representativa, con gobernantes honrados y una separación de poderes auténtica.

Hace años que vengo anunciando que la cuádruple crisis que hemos atravesado y que todavía colea, económica, institucional, moral y de unidad nacional, cambiará drásticamente el mapa político, que los grandes partidos clásicos desparecerán o verán muy mermados sus apoyos y que surgirán figuras y opciones insospechadas hace un lustro. Los acontecimientos me están dando la razón y la relajada, casi intrascendente, charla emitida el pasado domingo en el bar del Tío Cuco en Barcelona, queda sí erigida en símbolo de un fin de época y del inicio de un período de nuestra historia que por supuesto no sabemos qué dará de sí y adonde nos conducirá, pero que sin duda dejará atrás a unas elites enquistadas en el poder que hicieron del saqueo del presupuesto su modus vivendi y que han enfangado la vida nacional hasta extremos de sonrojo. Aunque fuera únicamente por esta labor de limpieza, sean bienvenidos los grandes cambios que un apacible cambio de impresiones en torno a una mesa sin mantel expresó mejor que cualquier discurso antológico ante una multitud enfervorizada.

El gesto de Rosa Díez
Vicente Torres Periodista Digital 22 Octubre 2015

UPyD era un partido en alza desde el principio. Tiene como garantía a Fernando Savater, al que hay que considerar como un auténtico filósofo, pues no ha dudado en sacrificar ciertos logros profesionales que, sin duda, habría conseguido, y dedicar una parte muy importante de su vida a combatir a ETA y las ideas nocivas que se iban instalando en el País Vasco y el resto de España.

Los charlatanes tienen más éxito que él, pero eso no empaña su labor. Ha hecho y hace su parte. Si no obtiene de la sociedad el respaldo que merece es otra historia.

El caso es que UPyD es un partido serio, respaldado por una persona seria, y en alza. Esto último ha propiciado que personas que no conseguían medrar en los grandes partidos probaran suerte en este. Rosa ha pedido disculpas por llevar personas como estas en las listas, pero se trata de algo que no podía controlar.

Hace poco, mi amigo Josejazz dijo que Cayetana Álvarez de Toledo se había marcado un Sosa Wagner. Ignacio Camacho también explicó en el Abc el caso de esta señora, cuyo afán de protagonismo parece indudable. Pero aunque este es un caso del PP, Sosa Wagner fue de UPyD. Quizá ya esté en Ciudadanos, también Maura. Nart no tuvo ningún reparo en sentarse con los dos en una mesa.

Lo digo por aquello de que Ciudadanos dice que va a regenerar no sé qué, algo que también parece haberse creído de Azúa.

El director de la edición valenciana de El Mundo desveló que Rivera y Cantó tenían un plan, según el cual si el segundo conseguía vencer a Herzog se llevaría todo el que entonces era su partido a Ciudadanos.

Algunos dijeron que Rosa Díez es autoritaria y callaron que en Ciudadanos el que se mueve no sale en la foto. En defensa de Rosa Díez se han manifestado dos que valen por muchos millones: Fernando Savater y Maite Pagazaurtundúa.
Es decir, la regeneración que promete Rivera hay que ponerla en cuarentena.

Corrupción, secesión
ARCADI ESPADA El Mundo 22 Octubre 2015

Una de las preguntas recurrentes ante el proceso independentista desencadenado por el presidente Artur Mas alude al papel que han jugado los empresarios. Cómo es posible que una gran parte del empresariado catalán haya asistido pasivamente a su desarrollo, teniendo en cuenta que la independencia perjudicaría global y drásticamente a la economía y que los empresarios no son, hablando en general, ideológicamente partidarios de la secesión.

La respuesta, concreta y metafórica, surge en gran medida de operaciones como la que la guardia civil desarrolló ayer en diversas poblaciones de Cataluña. El foco mediático iluminó fundamentalmente al administrador de Convergència y de la fundación Catdem, el depauperado señor Andreu Viloca, que fue detenido. Pero lo cierto es que la policía detuvo a 10 personas más, 7 de las cuales eran empresarios, y que se registraron empresas de diversos municipios de Cataluña. Desde el año 2009, cuando se produjeron las primeras imputaciones por el caso Palau, decenas de empresarios han sido investigados por delitos relacionados con la corrupción de Convergència. Es decir, que la acción policial no se ha limitado a los que supuestamente se beneficiaron de las comisiones, sino también a los beneficiarios de los contratos que esas comisiones facilitaron. La corrupción, como todas las expansiones interesantes, es siempre cosa de dos.

Las relaciones que se establecen entre corruptor y corrompido son bastante similares a las del chiste del dentista y su paciente. No vamos a hacernos daño. Es una exageración atribuir la obstinación en el proceso secesionista a la necesidad de protección de los intereses corruptos de los dirigentes de Convergència. Pero la corrupción del régimen nacionalista, puramente sistémica, ha influido decisivamente en el proceso. El independentismo no ha surgido como una inesperada flor política al margen del sistema. Ha sido una gran parte del sistema la que se ha movido pesadamente hacia el independentismo. No ha sido la decisión de un partido nuevo sino el giro inesperado de un viejo partido, deudor y acreedor al tiempo en una compacta trama de intereses. La principal extorsión que Convergència ha practicado con los empresarios ha sido la del independentismo. Pero solo porque antes los extorsionó eficazmente con aquel porcentaje que, de forma muy optimista, el Maragall visionario había cifrado en el 3%.

Fin de la veda de caza mayor.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  22 Octubre 2015

Artur Mas se queja de que su partido, igual habría que decir ya “partida”, y él mismo están sufriendo “caza mayor”. Si definimos caza como toda acción encaminada a la localización, persecución y abatimiento de un animal al que se le llama presa y a su clasificación como “mayor” por ser un animal salvaje de gran peso y envergadura, pues podríamos admitirlo como una metáfora dramática y exagerada pero válida. Claro que obvia precisar que la caza puede ser legal o furtiva y en este caso cumple todos los requisitos para que sea absolutamente legal ateniéndose a la legislación y a la legitimidad de los supuestos cazadores que solo son funcionarios públicos que cumplen con su deber. Lo único furtivo ha sido la actitud negacionista de las “piezas”, y sus múltiples estrategias y movimientos de despiste para evitar ser cazadas.

La pregunta que alguien podría hacerse es ¿por qué precisamente ahora? Y aquí entramos en un terreno escabroso donde todas las hipótesis son admisibles. La versión más oficial es la del manido discurso de que “la justicia es lenta pero segura”. Resulta curioso el que no hace demasiados días se haya argumentado justo lo contrario ya que precisamente se ha esperado a citar a Artur Mas tras las elecciones autonómicas por no interferir en un proceso político. Los tiempos judiciales supeditados a los tiempos políticos. Sin embargo ahora, con la detención del tesorero de CDC a escasos días de la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña, no parece importar esa clara interferencia.

Lo que tampoco tiene explicación es que el principal responsable del partido en su día ni ninguno de su familia, tampoco sus testaferros, hayan sido ni citados, ni imputados, ni acusados, ni detenidos por la misma causa y otras del estilo que les afectan de modo directo y palmario. Fortunas en paraísos fiscales en el extranjero, conglomerados de empresas interpuestas con circulación libre de fondos e incluso el reconocimiento de una evasión y ocultación de un capital declarado posteriormente como “herencia paterna” injustificable. Eso además de asistir al bochornoso espectáculo de la comparecencia en sede parlamentaria autonómica del declarado evasor, en plan amenazante y actitudes mafiosas típicas de un delincuente. Pues a lo que parece esta batida de caza ni siquiera está planeada y la pieza sigue libre con tiempo suficiente para terminar de ocultar su botín alejado de las manos y de los ojos de los cazadores de fortunas.

Una batida de caza, legal o furtiva solo tiene éxito cuando la pieza es abatida y se exhibe como un trofeo, incluso llegando a colgar su cabeza o extender su piel como alfombra en el salón con chimenea. Aquí se trata casi de un safari fotográfico donde como mucho lo que se intenta es eliminar a ciertas alimañas que andan a sus anchas por la reserva causando un perjuicio a toda la fauna herbívora que la puebla en libertad vigilada. Es una actuación necesaria para que la paz reine de nuevo y se restablezca el equilibrio de fuerzas entre depredadores y presas. Y es que han sido demasiados años de abandono por parte de quienes deberían haber vigilado y ahora deben actuar de modo urgente y drástico para acabar con la amenaza.

Estamos en octubre y como debería saber Artur Mas, hace semanas que se ha abierto la época de caza, sobre todo la mayor, en muchas zonas cinegéticas de España, incluida Cataluña y su cordillera pirenaica donde abundan las piezas más cotizadas. Lo importante es cumplir las recomendaciones y no aventurarse por caminos inseguros no vaya a ser que algún cazador tome erróneamente al intruso por una pieza de caza.

¡Que pasen un buen día!

JUZGADOS Y OTROS ASUNTOS FUERA DE LA LEY
Antonio García Fuentes Periodista Digital 22 Octubre 2015

POLÍTICA Y JUSTICIA: "La ley es como una red que atrapa las moscas y deja pasar a los pájaros". La política se creó para "legalizar" la corrupción. (Anacarsis. siglo VII a.C.) Lo que antecede fue “la sentencia” de aquel antiguo rey, el que indudablemente sabía de lo que hablaba, puesto que salvo la sentencia de Salomón sobre “las madres que disputaron ante él aquel hijo que mandó partir en dos”; el resto suelen ser de dudosa justicia, puesto que un juez puede dictar “blanco” y en las siguientes instancias, los otros jueces “superiores”, aquel blanco terminan por convertirlo en gris, gris obscuro o lo totalmente opuesto a la primera sentencia, puesto que terminan diciendo que aquel blanco es negro y ello ya en la última instancia, donde… “si tiene barbas en San Antón y si no…?

En la actual España, hay ya tal cúmulo de “implicados, acusados, presuntos, o lo que sea, que amparados en situaciones de variadísimos estilos, han intervenido en que “se pierdan”, cantidades fabulosas de dinero público; que se puede decir que esta época será clasificada en la historia, como la de mayor corrupción política desde que se escribe la historia de este territorio, país, nación o lo que ya esto sea”; puesto que hay ya “montañas de folios escritos en múltiples juzgados”, se llevan muchos años en estos interminables procesos, y ahora parece ser que se van a empezar a juzgar algunos de ellos, pero en el próximo año; y como aquí hay “peces gordos y muy gordos”; nos tememos que al final, lo que aparecerá será una enorme cocina u obrador de confitería, donde “los bizcochos judiciales van a salir a cientos o a miles” y aquí no ha pasado nada; o sea lo que dejó sentenciado aquel rey arriba citado, sobre “los pájaros y las moscas”.

Uno de los casos más importantes por el volumen de dinero que “hicieron volar”; se ha dado en mi región (Andalucía) y es precisamente aquí y sobre estos días, un político que va destacando por cuanto parece ser que trae “aires nuevos y con oxígeno abundante” (Albert Rivera: Presidente de CIUDADANOS) llega a Sevilla y dice que “la justicia en España está politizada o muy politizada y que ello no puede seguir así”; y lo dice (supongo) por cuanto a la juez que llevó ese monstruoso caso global en Andalucía (Juez Mercedes Alaya) y al que ya le ha dedicado cuatro o cinco años; ahora la desligan del caso y se lo pasan a otra mujer, que por lo visto hereda el trabajo de la otra y que por lo que sea, será la que acabe el proceso o alguno de esos procesos, que ya digo, son monstruosos; uno de ellos valorado en nada menos que 4.300 millones de euros (Ver diario VivaJaén del 14-10-2015 el que en dicho número da un amplio informe de todo esto) y lo que “escama” a cualquiera, puesto que en cualquier caso judicial, lo que se supone es lo correcto, es que se sumen saberes y no que se resten o confíen a neófitos, que de esos casos, sólo tienen conocimiento incompleto; puesto que reitero, la juez Alaya, ha dedicado un lustro a documentar todo lo que ha podido y ha removido “Roma con Santiago”, que solemos decir como metáfora agotadora, cuando se trabaja a fondo en asuntos de estos calados.

Por mi parte ya escribí hace tiempo (02-03-2012) lo que sigue: “Digamos primero, que una democracia no lo es, cuando uno sólo de los habitantes en la jurisdicción de la misma, tiene privilegios ante las leyes; por tanto ni en España, ni en ningún otro país donde existan privilegiados hay democracia, quede ello claro y no se nos mienta más en este sentido. Aquí, en la españilla o españistán actual y debido al escándalo surgido en el seno de la familia real, por los negocios sucios del yerno Iñaqui Uldargarín y en los que según todos los indicios participa su esposa la infanta Cristina (así lo estiman personalidades entendidas en la “selva de leyes” españolas y está publicado en múltiples medios de comunicación social); se ha armado “un revuelo” enorme y visto como se va desenvolviendo todo, al final, demos por sentado que como en otros “peces gordos y de sangre plebeya, pero cargados de dinero”; al final se realizará el... “gran bizcocho judicial y aquí no ha pasado nada; y el dinero, fue “como donación espontánea y totalmente legal y legalizada”, a parar a las misiones que una determinada religión debe tener establecidas para los salvajes de la Atlántida o la Lemuria que dicen también existió en medio del océano Pacífico”. Así... “yerno y esposa, quedarán limpios de polvo y paja y a seguir chupando de los enormes emolumentos que vía Telefónica, Caja de Ahorros catalana y el que nos sacan a los contribuyentes españoles, reciben cada día que amanece, por “la gracia de Dios”, que como sabemos, protege principalmente a las testas coronadas y no coronadas, pero que sientan sus posaderas donde sabemos y además tienen el injustificable privilegio de no responder en nada a las leyes vigentes en el territorio. “Y criticaron a Franco, el que dicen dijo que sólo respondería ante Dios”.

De todo esto los políticos (que hoy andan a la gresca por cuanto el 20 de diciembre hay elecciones generales) no dicen ni pío, puesto que lo único que les preocupa es el puesto que ocupan y que peligra o el que aspiran a ocupar; el resto pues como decía aquel viejo fraile en su convento… “vengan días y vengan ollas… y caiga quién caiga, que yo para lo que me queda en el convento me cisco dentro”.
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Antonio García Fuentes (Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y http://blogs.periodistadigital.com/nomentiras.php

La RAE estrena un Diccionario online más amplio y ágil
jorge s. casillas / madrid ABC 22 Octubre 2015

La Obra Social «la Caixa» impulsa este proyecto, al que aporta 2,5 millones de euros

Con más de 5.000 entradas nuevas con respecto a la anterior versión, la Real Academia Española presentó ayer su nueva web de consulta actualizada con la última edición del Diccionario de la Lengua Española. Esta nueva plataforma, impulsada por la Obra Social «la Caixa» –ha firmado un acuerdo por tres años, gracias al cual aportará 2,5 millones de euros–, además de amplia, es mucho más ágil que la antigua web del DRAE. Ahora permite navegar más rápido entre términos, ofrece sugerencias y revisa ortográficamente las búsquedas de los usuarios.

La nueva web llega justo un año después de la presentación de la 23º edición del Diccionario, que actualizaba la edición publicada en 2001. Como consecuencia de esta revisión, la versión digital del Diccionario presenta hoy 93.111 entradas frente a las 88.431 anteriores (casi 5.000 más). Se han realizado además 140.000 enmiendas que han afectado a unos 49.000 artículos, es decir, a más de la mitad del Diccionario. En la actualidad, la página web del DRAE recibe unos 41 millones de visitas al mes, lo que supone unos 500 millones de consultas al año, casi tantas como hablantes tiene el castellano. Según los datos facilitados por la Academia, el 40% de estas visitas se realizan desde España. Le sigue en segunda posición México con un 15% de consultas. En cuanto a las formas de acceso, más del 42% de las búsquedas llegan a través de dispositivos móviles o de tabletas.

A la presentación asistieron el director de la RAE, Darío Villanueva; el presidente de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé; y otros académicos como Guillermo Rojo, Pedro Álvarez de Miranda y Humberto López Morales, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Darío Villanueva cerró el acto señalando que «nunca antes este Diccionario ha ejercido tanta influencia en el uso del español como ahora. Es evidente que el mundo digital supone una amenaza para los libros, pero este Diccionario es, en definitiva, un libro digitalizado que ofrece unas posibilidades que el libro físico no puede ofrecer».

Tres novedades
Práctico
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Sugerente
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Preciso
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El horizonte electoral: los nacionalistas (y III)
Manuel Muela www.vozpopuli.com 22 Octubre 2015

La visión del panorama electoral de España sería incompleta sin los nacionalistas catalanes y vascos que han sido tan importantes en el devenir de la Transición junto con sus émulos regionalistas, que han crecido a lo largo y a lo ancho del Estado autonómico, porque entre todos han contribuido a desnaturalizar el derecho a la autonomía de las regiones y a poner en almoneda al Estado. Y ahora, con la crisis constitucional agravada y con profundos desacuerdos entre los partidos dinásticos, los nacionalistas es posible que renuncien a colaborar en el calafateado del régimen del 78 y deseen caminar hacia la confederación sin etapas intermedias. Preferirán no apuntalar una casa ruinosa hasta que se nos caiga encima, pensando que ellos saldrán indemnes y fortalecidos de entre los cascotes. La única coincidencia entre los partidos dinásticos y los independentistas será mantener, de momento, a la Monarquía, que se convertiría en una coartada instrumental para vender la especie de la unidad de España tanto en el interior del país como fuera de él. Sinceramente, no creo que se pueda esperar mucho más de los actuales regidores catalanes y vascos. En cuanto a los restantes nacionalismos y regionalismos, irán a rebufo de las decisiones que se adopten en las nuevas Cortes, a las que corresponderá enfrentarse al problema.

El nacionalismo más fuerte que nunca
Lo primero que conviene precisar es que nunca en la historia constitucional de España el nacionalismo había tenido la fuerza popular y parlamentaria que ha logrado durante el régimen de la Transición. Cuando se elaboró la Constitución de 1978 tanto los nacionalistas vascos como los catalanes recibieron un plus significativo por parte de los demás componentes de las Cortes del 77, bajo la capitanía del Gobierno de UCD, creyendo que con ello se obtendría su integración en la política española y, lo que era más importante, su aprobación al nuevo orden de la Monarquía. Gracias a eso, consiguieron ventajas indudables en la ley electoral, así como la aprobación del concierto vasco y la previsión de generosos Estatutos de Autonomía. Para cualquier observador de la época, todo ello suponía la creación de una plataforma de desarrollo del nacionalismo que, si era utilizada con inteligencia por sus beneficiarios, podría culminar con la obtención de la independencia para sus territorios. 37 años después, Cataluña se ha convertido en punta de lanza de la secesión y serán las nuevas Cortes las que tendrán que decidir sobre ello.

Los nacionalismos son de origen burgués y en algún caso como el vasco de raíz democristiana. Se trata, por tanto, de ideologías de centroderecha que, en sus regiones, aspiran a ser el eje central de la política y del gobierno, cosa que han conseguido durante ésta etapa constitucional: ni la derecha española ni el socialismo han batallado en Cataluña y el País Vasco por obtener la preeminencia, sino al contrario. Las actitudes de ambos han sido las de fomentar los feudos nacionalistas a cambio de obtener apoyos parlamentarios en las Cortes cuando fuesen necesarios, sin pararse a pensar en las consecuencias. Y es posible que esa entente cordiale entre nacionalistas y partidos dinásticos se pudiera haber prolongado unos años más, si no hubiera estallado la crisis de 2007/2008, que ha puesto patas arriba la economía y el entramado institucional español.

Los problemas económicos y sociales han estimulado el independentismo
El desarbolamiento del modelo imperante y los problemas sociales derivados de ello son, desde mi punto de vista, las causas de las iniciativas adoptadas en Cataluña para conseguir su independencia económica y fiscal, sin renunciar a que esta se desenvuelva bajo la sombrilla del Estado español. De hecho, el País Vasco ya cuenta con algo parecido y de ahí la prudencia que se observa por parte del PNV ante los planteamientos de sus colegas catalanes. Prudencia que, a mi juicio, sería erróneo entender como aquiescencia con el mantenimiento del statu quo del 78, porque en la revisión o transformación de éste, creo que los nacionalistas jugarán al unísono en las futuras Cortes, por lo que los partidos dinásticos, que se supone llegarán debilitados a las mismas, poco podrán esperar de aquellos.

En el País Vasco, el PNV ha recuperado el protagonismo que perdió hace cuatro años a manos de Bildu, y puede preverse que reforzará su presencia en el Congreso de los Diputados a partir del 20 de diciembre. Por su parte, en Cataluña se puede pensar que los independentistas decidan presentar listas comunes análogas a las del 27 de septiembre, ya que para ellos es crucial contar en Madrid con un numeroso grupo de diputados, cosa que tienen al alcance de la mano si mantienen los votos recibidos en las recientes urnas catalanas. En ambas regiones, los resultados del PP y del PSOE serán, probablemente, los peores de los últimos treinta años, hasta el punto de que un partido como Ciudadanos, por mucho esfuerzo que haga, no conseguirá cubrir el agujero electoral de los mal llamados partidos constitucionales, por los flacos servicios prestados a la Constitución que dicen defender.

La Monarquía confederal será problema y no solución
De los émulos de catalanes y vascos que proliferan en Galicia, Canarias y Baleares, acompañados de los regionalismos tan propios de la tradición aldeana y caciquil de la política española, sólo decir que adoptarán la posición de verlas venir para inclinar sus apoyos a las fórmulas que les permitan mantener sus corralitos de poder. Visión de corto plazo, que no calibra las consecuencias negativas de una construcción confederal para mantener la viabilidad de un Estado que haga honor a los valores de la solidaridad y de la democracia.

No doy por sentado que las nuevas Cortes den vía libre a esa suerte de Monarquía confederal que parece estar en la mente de muchos de los que han contribuido a arruinar la Constitución del 78, porque tal operación de mistificación no resulta fácil de vender en un país que atraviesa la crisis económica y financiera de la envergadura de la de España, pero, de momento, los agentes políticos principales sólo parecen pensar en eso. Por tanto, el dilema al que nos enfrentamos los españoles es reconstruir el Estado sobre bases opuestas a las conocidas y experimentadas o seguir el camino hacia el caos de las propuestas que circulan por la arena política actual.

Andreu, sé fuerte

Editorial El espanol 22 Octubre 2015

Diez años después de que Pasqual Maragall desvelara en el Parlament que Convergència cobraba comisiones del 3% a los contratistas de la Generalitat, la metodología utilizada por este partido para financiarse y las identidades del escogido grupo de empresarios que nutría de fondos al partido han sido descubiertas.

La Operación Petrum III, en la que han sido detenidos el tesorero de CDC, Andreu Viloca, un responsable de la empresa pública de Infraestructuras y seis adjudicatarios de cabecera de las administraciones gobernadas por los nacionalistas, sitúa el núcleo de la trama en la sede central de Convergència.

La dimensión del operativo, con registros paralelos en las sedes de la empresa pública de Infraestructuras de la Generalitat, en el Consorcio de Educación y en varios ayuntamientos catalanes da una idea de hasta qué punto el amaño de las adjudicaciones era la tónica en distintos ámbitos de las administraciones gobernadas por CDC, cuyos responsables institucionales licitaban siguiendo órdenes precisas del partido.

Anticorrupción ha desvelado que el tesorero del partido gestionaba directamente el acceso a los concursos aprobados por la Generalitat y los ayuntamientos. Sólo conseguían las adjudicaciones una veintena de constructores VIP a los que se cobraban mordidas sustanciadas en forma de donaciones a la fundación CatDem. Es sintomático que Viloca manejara una contabilidad única para el partido y su fundación.

El tesorero daba instrucciones a los beneficiarios para que modificaran las fechas de las donaciones y evitar así correlaciones entre la percepción del dinero y la aprobación de los concursos. Pero la secuencia era tan descarada y precisa que, durante las pèsquisas, los investigadores se referían a estos empresarios con el sugerente apodo de "el club". No es de extrañar, si tenemos en cuenta que Viloca se reservaba el derecho de admisión y decidía, en función de la frecuencia e importancia de las donaciones, quiénes podían acceder y quiénes quedaban excluidos de la tarta de los consursos públicos.

Anticorrupción sólo pidió al juzgado de Vendrell que instruye la causa que ordenara la macrorredada cuando los investigadores terminaron de recomponer la documentación destruida en una trituradora de papel descubierta a finales de agosto en el registro del despacho de Viloca. El hallazgo de planos, pliegos de condiciones y presupuestos de obra de Teyco -la constructora de la familia Sumarroca, vinculada a CDC desde su fundación- no dejaba lugar a dudas de que la pista era determinante.

Aunque Petrum III continúa abierta, el operativo desentraña una trama enraizada durante décadas en prácticamente todos los ámbitos de influencia de CDC. Resulta escandaloso que los registros se retrasaran varias horas porque los secretarios judiciales que tenían que acompañar a los agentes en sus pesquisas no llegaran sospechosamente a tiempo, lo que obstaculizó la operación.

Al margen de las consecuencias que este escándalo pueda tener en el bloque secesionista de cara a un acuerdo de investidura, hay motivos sobrados para que Artur Mas no presente su candidatura. Pero todo indica que seguirá huyendo hacia delante.

El presidente en funciones ha vuelto a envolverse en la estelada para identificar esta operación anticorrupción con una "cacería" contra él y su partido, pero lo cierto es que es inverosímil que el tesorero del partido, de quien depende ahora su futuro político, actuara en solitario e impartiera órdenes a alcaldes y organismos dependientes del Govern. Si habla, Mas estará políticamente acabado y habrá que hablar de su horizonte penal. Con todo, no sería la primera vez en España que un partido gobernante, cuya sede es intervenida, intenta endosar al tesorero la responsabilidad de su financiación ilegal. Sólo falta el correlativo SMS, "Andreu -así llaman a Viloca-, sé fuerte".

La sombra del 3% explica la deriva soberanista de Artur Mas
EDITORIAL El Mundo 22 Octubre 2015

El 24 de febrero de 2005, el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones ilegales del 3% procedentes de obra pública. Lo hizo en el Parlament y sin aportar pruebas. Ayer, la detención del tesorero de CDC y de su fundación afín CatDem, Andreu Viloca, extiende las sospechas del latrocinio larvado durante el régimen edificado por Convergència desde la Transición, al amparo del pretendido oasis catalán. El caso del 3% acumula ya seis procedimientos abiertos. Y, tal como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, apunta a la financiación del partido de Artur Mas, lo que en buena medida podría explicar su deriva independentista.

Viloca fue arrestado por la Guardia Civil acusado de mediar en el cobro de comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones de obra pública. El registro de la sede central de Convergència, dentro de la Operación Petrum, también acarreó la detención de Josep Antoni Rosel, director general de Infraestructuras de la Generalitat, y de varios empresarios sospechosos de pagar comisiones ilícitas a CDC. El caso, inicialmente centrado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y la empresa Teyco, se extiende ahora a otras cuatro localidades, y deriva del cotejo de la documentación intervenida en agosto por la Benemérita en la fundación CatDem y en el domicilio de Daniel Osàcar, extesorero de Convergència.

Mas reaccionó furioso y aseguró sentirse "objeto de caza mayor". Además, criticó la "sobreactuación" de la Fiscalía vinculándola al proceso soberanista que él mismo abandera desde que en 2012 decidió echarse al monte.

En realidad, lo que pone en evidencia la operación de ayer es el uso torticero de Mas de la quimera independentista como cortina de humo de las irregularidades que carcomen las estructuras de su partido y de la Generalitat. El actual president en funciones lleva tiempo escondido en la estelada para tapar su desastrosa gestión al frente del Govern y los escándalos que inculpan a Convergència. De ahí que no sea extraño que vuelva a recurrir al sempiterno victimismo del nacionalismo catalán. Es la misma pose que adoptó Mas cuando intentó en vano desvincularse de los procesos que involucran a su mentor político y fundador de CDC, Jordi Pujol, y a la familia de éste.

Los presuntos pagos de mordidas a la formación nacionalista, lejos de ser episodios aislados, constituyen la cara más negra del poder ahormado por CiU. En julio de 2014, Pujol admitió en un comunicado que su familia disponía de dinero sin regularizar en cuentas extranjeras. El marasmo de la corrupción en Cataluña pareció liquidado tras el abrupto final de la querella contra Banca Catalana, cuando en noviembre de 1986 la Audiencia de Barcelona desestimó el procesamiento de Pujol por, entre otros cargos, apropiación indebida. Simple espejismo porque la confesión del expresidente de la Generalitat sirvió para constatar lo contrario. La mugre de la corrupción ha hecho trizas el arquetipo del seny en una comunidad lastrada por escándalos de tanta envergadura como el caso Pretoria -en el que se vieron implicados por corrupción urbanística Prenafeta y Alavedra, exconsejeros de Pujol-; o el expolio del Palau de la Música, por el que fue embargada la sede principal de CDC. A ello hay que sumar la ristra de causas que afrontan los hijos de Pujol, asaeteados por acusaciones de fraude fiscal, blanqueo, cohecho y falsedad.

Ante esta hedionda avalancha, Mas ha decidido parapetarse en el denominado proceso soberanista. Habida cuenta de la solidez de las investigaciones, resulta imposible deslindar éstas del paso político dado por el sucesor de Pujol. Nunca hasta ahora el centro derecha catalán había abrazado el independentismo, y nunca como hasta ahora se había sentido tan acorralado policial y judicialmente. El cerco a la financiación de CDC revela también la connivencia de sus socios en la aventura independentista, convertidos en cómplices por omisión de las miserias que descosen al partido de Mas. Pero, por desgracia, en la Cataluña actual ya no sorprende ni que Mas siga aferrado a la secesión como subterfugio para sus problemas con la Justicia, ni que ERC permanezca muda ante los escándalos que zarandean a quien aspira de nuevo a ser investido president.

Pablo Sebastián. Presidente y fundador del diario de internet Republica.com
El 3% de CDC para financiar la independencia de Cataluña
Pablo Sebastián Republica 22 Octubre 2015

La detención del tesorero de Convergencia Andreu Viloca y de altos cargos de la Generalitat y empresarios afines a CDC, con motivo del escándalo de la comisiones del 3 % del primer partido catalán, constituye un hecho especialmente relevante porque esa corrupción anclada en contratos públicos de la Generalitat incluye el agravante de que entre los objetivos de financiación del partido que preside Artur Mas está el proceso de la independencia de Cataluña.

Este hecho, que marca una diferencia en la corrupción de Convergencia con otros casos de distintos partidos como el PP -el extesorero Bárcenas también fue, en su día, detenido y encarcelado, o del PSOE con los ERE de Andalucía-, tiene como una causa mayor agravante la búsqueda de comisiones corruptas a cambio de varios y presuntos contratos fraudulentos otorgados por la Generalitat de Cataluña para, con ese dinero, financiar buena parte del proceso independentista que lidera el presidente de CDC, Artur Mas.

De manera que, con presuntas concesiones fraudulentas de la institución del Estado que es la Generalitat de Cataluña, se recaudaron importantes comisiones ilegales que a su vez han servido y sirven para financiar la ruptura de la unidad de España, lo que también se debería imputar a las empresas pagadoras. Y Lo que, en suma, es una fuente económica más, y de origen público -está en investigación por el Tribunal Superior de Cataluña el uso de dinero público en la Consulta del 9N de 2013-, del uso perverso de dinero de todos los españoles para financiar el proceso independentista que a su vez es ilegal e inconstitucional.

Que Artur Mas, que tiene una directa responsabilidad política y probablemente penal, en la corrupción de Convergencia diga ahora que está siendo víctima de una ‘caza mayor’ por el Estado, la Fiscalía y los tribunales constituye una lamentable y pobre excusa y argumentación, cuando lo que debería hacer es asumir él toda la responsabilidad por los hechos que se atribuyen a su tesorero Viloca. Y falta por ver cuáles y cuántos son los contratos con los que la Generalitat ha beneficiado a las empresas pagadoras de las comisiones -a través de fundaciones varias de CDC- porque en ese caso la responsabilidad penal de Mas y de sus consejeros afectados puede ser todavía mucho mayor.

Lo que está claro en todo esto es que Artur Mas está afectado hasta el cuello en las corrupciones de Convergencia, probablemente en las concesiones fraudulentas de contratos de la Generalitat y en el uso de fondos públicos, y todo ello y a la vez para financiar su partido y el propio proceso independentista catalán. Él sabe que eso es así y puede que, por todo ello ha intentado huir de la Justicia en la compañía de sus socios y amigos -como la familia Pujol- explique la urgencia actual del demencial proceso secesionista.

Sin embargo, estos últimos acontecimientos del 3 % catalán y los que arrastra el conjunto de la corrupción en España, así como la lentitud de la investigación del caso de los Pujol podrían estar -y ello sí que sería preocupante- sobre o bajo una misteriosa mesa de negociación política en la que grandes partidos como PP, PSOE y CDC podrían estar pactando un apagón judicial para archivar o deshacer todos los casos de corrupción. En Cataluña a cambio de la suspensión del proceso y en el resto de España para favorecer el bipartidismo del PP y PSOE.

Esta es, sin duda, una especulación arriesgada pero llaman mucho la atención las reformas urgentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se prevé, incluso con efecto retroactivo, el archivo de sumarios que llevan mucho tiempo abiertos -como es el de Gürtel o los ERE- por su complejidad, de igual manera que sorprende el intento del magistrado López -muy afín al PP- de instruir la causa de Gürtel, y la ‘exclusión’ de la jueza Alaya de la causa de los ERE de Andalucía, a pesar de que al aceptar su ascenso se le confirmó que podría seguir con este sumario, lo que ahora ha resultado falso.

Extrañas coincidencias todas ellas, que se suman a la vista gorda de la Fiscalía con el clan delictivo de los Pujol, que abundan en esta idea conspirativa denunciada por distintas asociaciones de jueces y fiscales según la cual se estaría urdiendo un misterioso plan que llaman de ‘punto final’ a la corrupción.

En todo caso y sin perder de vista el riesgo de un apagón judicial de la corrupción de los grandes partidos nacionales, las últimas noticias relativas a Convergencia y a Artur Mas no nos han sorprendido -ni a ellos tampoco- y dejan en evidencia a un personaje que ha fracasado el pasado 27-S en su plebiscito y pretensión de lograr desde CDC y con ERC una mayoría absoluta. Algo que deberán tener muy en cuenta todos los partidos catalanes, especialmente sus aliados secesionistas de ERC y CUP, y también esos poderosos sectores del empresariado catalán que han apoyado el proceso que lidera este personaje bajo todas las sospechas que se llama Artur Mas.

Mas y la caza mayor del venado
Pablo Planas Libertad Digital 22 Octubre 2015

Todo lo que tocan los convergentes se convierte en un pozo negro, una sentina, un residuo nuclear, un escándalo que se llama 3% porque así lo bautizó el expresidente Maragall, pero que es más, mucho más. Es el 3% para el partido, otro tres para los clanes familiares, más la parte de Millet, el del Palau, y la de los cuatrocientos gorrones (las famiglias con palco en el Palau y en el Camp Nou) que llevan mandando en Cataluña desde 1981. Muchas de ellas desde antes aún, cuando Franco.

La Generalidad es el centro del Universo 3%, que en Sicilia se llama Mafia y en Calabria 'Ndrangheta. Lo saben hasta en Alemania. Titular del Die Welt: "Die-Separatisten-Mafia". En la escapada, el proceso es la gran coartada, el escudo de Mas para atribuir el descubrimiento de la ciénaga a las cloacas del Estado, a los poderes ocultos, a la rancia España. Nada importa la confesión de Pujol. Eso es agua pasada, aunque Mas, en público, aún le llama "president". Las cloacas de Convergencia han funcionado a pleno rendimiento durante décadas, a veces con pleno conocimiento y consentimiento de los gobiernos de la Nación y siempre bajo amenaza implícita del extorsionador: amigo, si quieres hacer negocios en Cataluña deberás pasar por caja o marcharte a otra parte. Algunos, cierto es, pagaron y aún pagan de buen grado. Todo por lo causa. Y eso va del 3% a las constructoras, de la inmersión lingüística en los colegios, del incumplimiento de todas las sentencias, de la ínfima calidad democrática en la región y de espectáculos caudillistas como el de la marcha sobre el TSJC de los alcaldes y los consejeros con Mas a la cabeza. El régimen del 3% o el de los tíos de la vara. Pura filfa antidemocrática que tiene al Estado contra las cuerdas gracias a la financiación del Estado. El 3% es para otra cosa.

Afirma Mas que se siente víctima de una operación de "caza mayor". Sí, la batida del venado. Pero los supuestos cazadores no son furtivos, sino la Guardia Civil y por orden judicial. No pasa nada y él pone la mano en el fuego por Andreu Viloca, el último trincado, por Daniel Osàcar (anterior tesorero), por la familia Sumarroca (los íntimos del clan Pujol), por el de las infraestructuras y por los empleados de Convergencia arrestados. Dice que España le roba y la CUP no le quiere hacer presidente. Y es que a nadie, salvo a las moscas y los gusanos, les gusta el olor de la corrupción, en catalán merda y merder.

Las alcantarillas del nacionalismo
Antonio Casado El Confidencial 22 Octubre 2015

La multa del policía municipal de Olot al coche de la Guardia Civil mal aparcado frente al Ayuntamiento, donde se estaba produciendo uno de los registros, debió ser de alquilar balcones. De vídeo casero para las redes sociales. Pero no menos grotesco fue escuchar al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, hablando de “caza mayor”. El averiado guía del nacionalismo catalán hacia ninguna parte se siente un animal acorralado. La pieza a batir, con agravante de “escarnio público”. Eso ha dicho.

Bueno, mejor eso que culpar de la financiación ilegal de su partido a los voluntarios. O verbalizar las detenciones de ayer como un ataque a Cataluña. Aunque lo piense. Siempre quedará la patria como burladero de corruptos e incompetentes con aversión al fracaso, si el toro se les echa encima. El toro ahora tiene forma de nuevas ramificaciones de la famosa trama del 3% en el seno de CDC y su fundación, CatDem.

Los registros y las detenciones en ese entorno y las empresas implicadas en el escándalo (comisiones ilegales a cambio de contratos) reabren el balcón con vistas a las alcantarillas del nacionalismo catalán, donde aparecen rebozados la Generalitat y los ayuntamientos gobernados por el partido de Pujol y Mas. El balcón (operación Petrum), por cierto, no lo abrieron Rajoy, ni la Guardia Civil, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el juez Bosch, sino una concejala de ERC, Montserrat Gassul, al denunciar con poco éxito, ante su propio partido ya en 2012, las irregularidades del entonces alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué.

Tirando de aquella punta se fue deshilando el ovillo del 3% en otros ayuntamientos gobernados por CiU (Figueres, Lloret, San Cugat, Sant Celoni, etc). Y en la propia Generalitat, a través del tesorero de CDC, el director general de Infraestructuras, el responsable de GISA (empresa publica de la Generalitat), la familia Sumarroca, íntimos de los Pujol y dueños de la constructora Teyco, y varios empresarios más.

El autor intelectual del desafío secesionista, Artur Mas, ha puesto la mano en el fuego por el tesorero de su partido, Andreu Viloca, que aparece en el centro de la trama diseñada para la financiación ilegal de CDC mediante 'donativos'. Y anuncia su intención de comparecer en el Parlamento, que el lunes quedará constituido. Pero no deja de proclamarse víctima de una persecución, ya desde que a finales de agosto, en un anterior registro policial a la sede del partido y de algunas empresas, aparecieron documentos que motivaron los registros de ayer. Y ya entonces Artur Mas dijo en sede parlamentaria que aquello era una “operación de Estado”. Como Pujol cuando lo de Banca Catalana. Años después, afloró el patriótico enriquecimiento de aquel examigo del Estado y de sus hijos.

El exhonorable también detectó entonces una conspiración. No contra él o contra su familia, sino contra Cataluña. De modo que a nadie puede sorprender que su sucesor, Artur Mas, lo niegue todo respecto a la presunta financiación ilegal de CDC y solo vea un montaje de los enemigos de Cataluña para acabar con él en vísperas de su investidura, obstaculizada hasta ahora por el asamblearismo de la CUP. Y, a partir de ahora, también por la Fiscalía Anticorrupción y el juez de instrucción numero 1 de El Vendrell (Tarragona).

Consejo de Seguridad de la ONU
La batalla del relato que ganan los terroristas
La izquierda abertzale sostiene que, ganada esta batalla, se habrán vencido las demás. La ONU escuchó el testimonio de las víctimas.
Gonzalo Araluce El espanol. 22 Octubre 2015

“Ganada la batalla de la memoria, habremos ganado la batalla del relato”. La afirmación que sostiene la izquierda abertzale en sus publicaciones -concretamente, la fundación Euskal Memoria- hace referencia a la herida abierta por el terrorismo y por el modo en el que se cuenta esta historia. Dejadas atrás las armas, afirman, la lucha debe centrarse en este campo, exaltando la idea de “conflicto armado” y superando la del “terrorismo”. En definitiva, qué versión escucharán las futuras generaciones. Porque, para el diario Gara, “en Euskal Herria vencerá quien convenza, primero a los suyos y luego al resto”, tal y como aseguró en un editorial días antes de que ETA anunciase su “cese definitivo de la actividad armada”.

“Hemos llegado tarde”, apuntaba Mari Mar Blanco, a su llegada a Nueva York. Su declaración pone el foco en esta batalla. La hermana del concejal de Ermua secuestrado y asesinado por ETA participó en la reunión que España, junto a Estados Unidos, celebró este miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que varias víctimas del terrorismo alzaron la voz para exigir el fin de cualquier tipo de extorsión. El propósito del acto es claro: contrarrestar los envites de aquellos que tratan de imponer su propio relato.

Junto a Mari Mar Blanco intervinieron, además, Jana Gallardo (herida en el atentado del 11-M), Tomás Fraga (superviviente a un ataque de Al Qaeda en Egipto en 2005) y Pari Ibrahim (directora de la fundación Free Yezidi, en apoyo a un pequeño grupo religioso perseguido en Irak).

“Su voz [la de las víctimas] debe llegar a todos los rincones del mundo”, afirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su intervención. García-Margallo, su colega de Exteriores, las calificó como “héroes” y pidió que se las tomara como ejemplo en la superación de cualquier brecha abierta por el terror. Al acto, además, asistió Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU.

Las 33 productoras audiovisuales del Daesh
“La batalla la están ganando los terroristas”, apuntó Javier Lesaca, investigador en la Universidad George Washington y profesor asociado en la Universidad de Navarra. Lesaca, como experto en terrorismo islámico, ofreció su opinión ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “En los últimos 5 años, sobre todo con las redes sociales y la democratización de los medios de comunicación, los terroristas, desde ETA hasta el Daesh, están haciendo unas campañas muy activas para imponer su relato”, consideró, en conversaciones con EL ESPAÑOL.

“Estas campañas, además, son muy efectivas -añadió el investigador-. Primero, por magnitud: el Estado Islámico tiene 33 productoras audiovisuales y ha distribuido, en los últimos 22 meses, 920 campañas audiovisuales; segundo, por calidad de los mensajes: el 50% de sus vídeos contiene alguna referencia a películas, videojuegos o videoclips musicales, y enganchan muy bien con sus públicos potenciales”.

Una muestra fotográfica
Fuentes del Ministerio de Exteriores defienden la importancia de que la voz de las víctimas llegue hasta el Consejo de Seguridad. En el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas sólo pueden participar actores que representen a un Estado. Por ello ha sido necesario recurrir a la llamada Fórmula Arria, una reunión informal impulsada en los primeros años de los noventa por el diplomático venezolano con el mismo nombre. “Había que buscar cualquier opción para que las víctimas hablasen y queríamos que ocurriese bajo el paraguas de la presidencia de España en en este organismo de la ONU -señalan las mismas fuentes-. Es una pequeña gran victoria haberlo conseguido”.

Además de las intervenciones, en el programa de actos figuraba la presencia de una exposición planteada por la Fundación Víctimas del Terrorismo, presidida por Mari Mar Blanco. La muestra reflejaba, bajo el nombre En pie de foto: la mirada de la víctima, 27 zarpazos terroristas, de atentados perpetrados en escenarios como Madrid, Túnez o Nueva York.

Cataluña y la importancia del precedente
Eguiar Lizundia www.vozpopuli.com 22 Octubre 2015

Llevamos varias semanas (meses o incluso años, dirán muchos) de una dramatización creciente a cuenta del llamado procés catalán. Pareciera que todo lo que está ocurriendo en Cataluña fuera inédito y que se tratase de la primera vez en la Historia que el nacionalismo plantea un desafío de enormes proporciones a la democracia española. Las performances callejeras, la imputación del president de la Generalitat, las hojas de ruta hacia la soberanía, son presentadas como acontecimientos históricos por parte de sus promotores y de la prensa de todo signo; la creencia extendida es que nos encontramos en terra incognita y que el futuro es altamente incierto.

Sin embargo, la realidad es que, con todos los matices, la situación actual es un completo déjà vu. Como ya han señalado varios analistas, los precedentes de los varios hitos pretendidamente únicos a los que estamos asistiendo están ahí y se remontan tanto al período constitucional actual como a los tiempos de la II República. El intento de golpe de estado y la proclamación del Estat catalá por parte de Lluis Companys y el caso Banca Catalana y la reacción popular en apoyo del ex molt honorable Jordi Pujol son quizá los dos antecedentes más reseñables. Fuera de Cataluña, el malogrado Plan Ibarretxe es la referencia obligada, pero abundan otros incidentes que guardan semejanzas evidentes con el órdago que encabeza hoy en día Artur Mas: baste recordar la condena al que fuera presidente del parlamento vasco Juan María Atutxa.

Con este telón de fondo, parecería justificado adoptar una actitud más fría en el análisis del proceso separatista. La tendencia general no obstante es la contraria; en parte por la gravedad bien real que comporta el desafío del nacionalismo, el cual no debe ser minusvalorado, pero también por la querencia muy de nuestros días de aproximar los fenómenos desde la inmediatez y sin echar la vista atrás ni siquiera unos lustros. Se impone el adanismo político que en España inauguró José Luis Rodríguez Zapatero y que Pablo Iglesias ha elevado a epistemología en Podemos. De la tragedia a la farsa en menos de una década.

Aunque en esta carrera de adanes llevan clara ventaja los independentistas. De todas las soflamas que pueblan el programa de los promotores de la secesión, quizá la más entrañable sea la pretendida certeza de que en una Cataluña independiente la calidad de la gestión de la cosa pública, es decir el buen gobierno o gobernanza, sería inmediatamente muy superior. Más allá de la abundante evidencia contraria a la idea de que Cataluña tenga una cultura política significativamente distinta a la del resto de España y de los comparativamente negativos indicadores de la región en materias como el control de la corrupción, por ejemplo, merece la pena preguntarse cuál sería la probabilidad de que si no ipso facto, en un futuro no lejano, una hipotética república catalana estuviera mejor gobernada que la comunidad autónoma con capital en Barcelona.

El argumento adanista catalán es que, liberada del lastre financiero y político que es el estado español, una Cataluña soberana podría alcanzar su pleno potencial y convertirse en la Dinamarca del Mediterráneo. Es decir, que a través de la catarsis de la independencia los catalanes se transformarían automáticamente en gobernantes y ciudadanos modélicos perfectamente homologables a sus referentes nórdicos, desterrando todas las tendencias incívicas y políticamente subóptimas que a la fecha les entroncan con sus todavía compatriotas y sus vecinos sureuropeos.

Un análisis de las mutaciones institucionales ocurridas tras la emancipación de una selección de países nos muestra, no obstante, que las prácticas políticas y de gobierno arraigadas resultan altamente estables en los escenarios post-independencia. En su libro Por qué fracasan los países (Deusto, 2012), Daron Acemoglu y James A. Robinson constatan cómo las diferencias de desarrollo a nivel mundial pueden ser explicadas a partir de divergencias en las tradiciones institucionales. Allí donde echaron raíces instituciones que ellos llaman inclusivas (separación de poderes, mercados libres y abiertos, entre otras) el camino hacia la prosperidad y la democracia fue menos accidentado. Por el contrario, aquellas naciones con un pasado caracterizado por prácticas económicas y políticas extractivas presentan mayores dificultades para consolidar sociedades del bienestar y democráticas.

Esta dificultad para desembarazarse del bagaje institucional se debe según Acemoglu y Robinson a la concurrencia de círculos viciosos que refuerzan las dinámicas prexistentes. Es decir, una apertura limitada de la política y la economía engendra a su vez menos oportunidades para la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y los intercambios comerciales. La clave para romper la tendencia extractiva estaría en la conformación de coaliciones lo suficientemente amplias y capaces de servir de contrapeso al régimen. En la Cataluña actual, tal como señalaba no hace mucho Benito Arruñada en un artículo publicado en el diario El País, existe una alianza de facto entre el poder político y un sector predominante de la clase media local —al que Arruñada se refiere como clerecía— que tiene incentivos para apuntalar instituciones extractivas a través de la restricción de la competencia y del favoritismo al grupo de insiders frente al resto. En este contexto, resultaría cuanto menos improbable que un futuro estado catalán mejorase su posición relativa en lo referente a la calidad de su democracia frente al resto de Europa, al menos en el mediano plazo.

La conclusión es que la independencia de un territorio no supone de por sí un cambio en la forma en que este se relaciona con sus habitantes. Es lo que otros estudiosos de la ciencia política y la sociología han venido en llamar path dependency o “dependencia de la trayectoria”. Puesto de forma simple, se trata de la idea de que la Historia —el precedente— importa y condiciona la realidad empírica incluso después de una coyuntura crítica como es la aparición de un nuevo estado. De forma más general, esta noción introduce cautela a la hora de estimar el potencial impacto de los proyectos de transformación ambiciosos que se imponen desde arriba. Y es que como decía un querido profesor mío de la facultad, si uno pudiera llevar a cabo el experimento de implantar el sistema educativo finlandés en Valencia… seguiría obteniendo falleras.

Cuatro años del fin de ETA
Tiempo de preguntas en el País Vasco
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 22 Octubre 2015

Antes del verano reflexioné sobre las exigencias que la nueva situación política del País Vasco impone a los partidos políticos en esta comunidad, y muy concretamente a los partidos nacionales. La solución zigzagueante y confusa que tuvo la derrota de ETA permitió a sus simpatizantes mantener la ilusión de no haber sido derrotados, y a esa oscuridad se agarran para mantener una ficción que empieza a ser un lastre para los más pragmáticos. Es comprensible su intento desesperado de no sucumbir a una realidad ingrata que les hurta sus últimas justificaciones para no verse como les hemos visto la mayoría de la sociedad española. La derrota oficial supone perder el último valladar de altisonantes palabras y principios huecos que les permitía verse como héroes capaces de asesinar por un amor sin parangón a su tierra, a su nación, a su tribu. ¡Qué difícil debe de ser salir del ensueño de sus imaginadas hazañas y descubrir que ni son reconocidas sus acciones, ni son estimados sus «sacrificios»! Bien al contrario, ellos y su macabra historia son perturbadores recuerdos para una sociedad que no desea volver a pasar por el trance causado por la acción terrorista.

Ya no queda la grandeza que creyeron poseer, ni el sacrificio al que creyeron prestarse por «su patria», ni el apoyo de unos círculos próximos que les ven cada vez más intensamente como un obstáculo para vivir tranquilamente la vida institucional. Ahora, ellos en el aislamiento de su celda, en la soledad de su vida rutinaria si están en la calle, cuando están con su grupo de amigos o en las instituciones que combatieron con bombas si han tenido la fortuna de haber sido repescados por los partidos que han sustituido a la acción terrorista, saben que han sido derrotados y saben que su «lucha» no ha servido para lograr ninguno de los objetivos que les impulsaron a integrarse en la banda terrorista. Necesitarán tiempo para reconocerlo públicamente, pero ellos en su intimidad mas inabordable, hace tiempo que lo saben.

De Gaulle, en su visita a España y tras negarse a realizar una visita al Alcázar de Toledo dijo: «todas las guerras son terribles porque significan el fracaso de toda política. Pero las guerras civiles son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina». En nuestro caso, el caso de un país democrático, podríamos decir que el terrorismo, se acoja a las causas que se acoja, además de ser la forma más vil e innoble que adoptan los que están incapacitados para conseguir sus objetivos por medios políticos, es absolutamente perturbador para la sociedad que lo ha padecido porque a la derrota de los terroristas no le corresponde como la otra cara de la moneda la clara victoria de los agredidos.

Justamente en este desequilibrio entre derrota y victoria reside gran parte de los problemas de las sociedades democráticas que han sufrido las salvajes acometidas del terrorismo, en ese inquietante periodo de tiempo nos encontramos los vascos. ¿En qué condiciones, cómo nos sentiremos reconfortados con la victoria sobre la banda terrorista ETA?, ¿de qué manera ese triunfo sobre ETA nos permite construir un ámbito público de concordia entre la mayoría, sin que se sienta disminuida la pluralidad política de la sociedad vasca, haciendo honor a lo mejor de nuestro inmediato pasado?

Las víctimas directas de la acción terrorista tienen un papel fundamental en ese futuro con la condición de que pasen del duelo público y civil, legítimo y necesario, a convertirse en una referencia moral para un futuro en el que se destierre toda la posibilidad de caer en la tentación de volver a vivir los tiempos negros de la violencia terrorista. Los derrotados, pasado el estrés que supone el reconocimiento íntimo de su fracaso, deben dar el paso de deslegitimar el terrorismo de manera formal, una vez realizado por la vía de hecho al aceptar las instituciones y la política democrática que combatieron con secuestros, asesinatos y bombas.

El tránsito de las víctimas del duelo a ser una referencia ética para la convivencia es evidente, pero también muy duro y complejo. Estamos viendo cómo figuras destacadas del mundo de las víctimas, unidas por significativos lazos, han optado por tener un papel muy legítimo en la política española, integradas en todo el arco político que va desde VOX al PP, pasando por UPyD y el Partido Socialista. Con el tiempo lo que les unirá por encima de las siglas a las que legítimamente pertenecen, será la base política del relato histórico de estos últimos años. Los integrantes de la banda tienen que entregar las últimas e inservibles armas que les quedan en sus recónditos zulos -hoy convertidos en pequeños e ignotos museos del horror- y deslegitimar un combate que no ha servido más que para provocar sufrimiento.

Sin embargo, el papel más complicado, con un camino sembrado de minas, le corresponde a los partidos políticos, responsables últimos de hacer una política de convivencia en una nueva realidad. ¿Cómo hacer una política distinta sin renunciar a lo que fueron? ¿Cómo enfrentar una situación en la que la banda ha sido derrotada pero no hemos conseguido todavía la victoria política? ¿Qué papel le corresponde al pasado heroico de muchos militantes del PP y del PSE en un futuro sin terrorismo? ¿Cómo seguir mostrando respeto a las víctimas y convivir en las instituciones con quienes, una vez derrotados, se han acogido a la grandeza de la pluralidad democrática? Estas y otras muchas son las cuestiones de carácter político, pero con un contenido indudablemente ético, que aprisionan a los honestos responsables políticos de los partidos que con más gallardía se enfrentaron al terrorismo etarra. Esa disyuntiva práctica, pero con una demoledora carga moral, les plantea cómo ser útiles en tiempos de paz para seguir pudiendo hacer honor a su pasado y a las víctimas, cuando su herencia ha dejado de ser patrimonio de las siglas para ser compartida por toda la sociedad vasca.

En esa niebla, que provoca la confusión que sólo pueden tener personas honestas y juiciosas, se han movido en el País Vasco los cuatro últimos años los dos grandes partidos nacionales, con todas las diferencias que existen entre ellos. El PSE ha sido incapaz de rentabilizar nada de lo que dio origen a este tiempo nuevo; indeciso, midiendo los pasos y quedándose corto o pasándose según fuera necesario ser valiente o ser prudente. Igualmente el PP vasco, con una carga proporcional a sus servicios a la democracia y a la libertad, se encuentra prisionero de cálculos políticos distintos a sus intereses y con una lucha entre los guardianes de las esencias y los defensores de una visión más pragmática que, sin embargo, no quieren ser desposeídos de esas esencias legitimadoras. En esta confusión, comprensible en estos momentos de cambio, han ido perdiendo posiciones en las últimas elecciones; si el PP ha encontrado refugio en Álava, aún perdiendo el poder institucional, el PSE lo ha hecho en Guipúzcoa y en una política de alianzas con el PNV, que aunque les puede dar una tranquilidad momentánea no debe hacerles olvidar su precaria situación en Vizcaya y Álava. Esta angustia por no petrificarse es la que se ha llevado por delante a la presidenta del PP en el País Vasco.

Pero antes o después ambas formaciones están obligadas a recorrer un camino parecido en la búsqueda de ser útiles a la sociedad vasca, sin renunciar a una herencia llena de sacrificios, que no necesita de testamento alguno y que ya no tiene propietarios. Sería oportuno y digno de agradecer que esa nueva singladura de los dos grandes partidos, que necesitará del acuerdo con los nacionalistas vascos, sea amparada e impulsada por un nuevo Gobierno de la nación, sea quien sea el inquilino de La Moncloa, que vea en este periodo de tiempo una doble oportunidad: conseguir la victoria para los que apostamos por la democracia, la libertad, la paz y la concordia, y cuantos más seamos mejor; y la oportunidad de demostrar que dentro de la ley siempre es posible el acuerdo y el compromiso, si no vemos la cesión como una derrota y el pacto como una humillación. Hay momentos en la historia en los que es peor ser innecesario que oponerse a los inevitables acontecimientos que empiezan a configurar una nueva realidad, sería bueno que el próximo Gobierno de la nación tomara nota de que nos encontramos en uno de esos momentos trascendentes.

Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

La huella del terrorismo de ETA
Cristina Losada Libertad Digital 22 Octubre 2015

Hace unos meses, el historiador Raúl López Romo, autor principal del Informe Foronda (Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas, 1968-2010), decía en una entrevista que "la huella del terrorismo no se borra al cesar la violencia". Esto parece inapelable. De la noche a la mañana no desaparecen los estragos causados por un terrorismo, el de ETA, que se prolongó durante décadas. Además de los daños irreparables que sufrieron sus víctimas, hay otros que no se desvanecen fácilmente, porque dejan su marca profunda y perturbadora en una sociedad. Sobre todo, cuando una parte de esa sociedad miró hacia otro lado y otra, no insignificante, colaboró con los que ejercían el terror.

No pocos, sin embargo, o precisamente por ello, tienen mucha prisa en pasar página, y en pasarla de tal modo que la anterior quede anulada, como si nunca hubiera existido. Así, en el cuarto aniversario del anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, que fue el 20 de octubre, el expresidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, nos sorprendía con esta declaración:

El País Vasco es hoy el territorio más pacífico de España. No sólo ha desaparecido la violencia; también la crispación y los insultos. Hay una convivencia muy importante.

Cierto que echaba de menos Eguiguren que se atendiera más a los hijos de los asesinados por ETA y algunas otras cosas, pero de sus palabras se infería que había, a día de hoy, un País Vasco completamente transformado, casi perfecto, incluso modélico en comportamientos democráticos. Cuatro años de cese de la actividad terrorista de ETA, y aun sin haber cesado la banda, habrían producido el milagro: ni violencia ni crispación ni insultos. "El territorio más pacífico de España", decía el muñidor de la negociación del gobierno de Zapatero con ETA. Y yo no le voy a discutir ese punto, aunque me parece exagerado. Será, en todo caso, tan pacífico como otros lugares de España. El problema es que la paz no repara por sí sola los efectos destructivos que el terrorismo tiene para la democracia.

Bastaba leer, al lado de lo de Eguiguren, un reportaje sobre una de las zonas del País Vasco donde más cotidiano fue el terror. Allí ETA asesinó a una quinta parte de sus víctimas y allí tuvo la banda un notable respaldo, porque, como dice López Romo, "hay una correlación directa entre el nivel de apoyo a ETA y el número de asesinatos terroristas por provincias". La razón es que la banda necesitaba gente que pasara información, prestara coches, ocultara a los terroristas y se manifestara cuando eran detenidos. Igual que le convenía tener la seguridad de que los testigos de un atentado no iban a hablar. Por eso ETA mató más donde contaba con un mayor entorno simpatizante y cómplice, un entorno que servía también para mantener el control social.

El reportaje, aunque tendía al optimismo en el título ("La violencia es un recuerdo en la zona más castigada por ETA"), mostraba en realidad que ese recuerdo sigue vivo: lo suficientemente vivo como para que muchas personas prefieran no hablar o sólo quieran hablar bajo la protección del anonimato. He ahí el silencio y el miedo que induce al silencio. Porque puede haber paz y, al tiempo, puede haber miedo. Y la persistencia del miedo, del que el silencio es su nítida y muda expresión, es un indicador, uno más, pero uno importante, de que la huella del terrorismo permanece y continúa sofocando la libertad en el País Vasco. Hacer como que esa huella no existe, mirar de nuevo para otro lado, sólo pueden contribuir a perpetuarla.

La Guardia Civil detiene a Andreu Viloca, tesorero de CDC
Caso 3%: una decena de arrestados y registros también en una empresa de la Generalidad.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 22 Octubre 2015

Artur Mas está contra las cuerdas. A la vista de las testificales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el tribunal no tendría más remedio que proceder a su procesamiento por la organización del referéndum ilegal del 9-N. Pero eso es lo de menos en el panorama judicial y político del "president" en funciones. El "Método 3%" es la losa que pesa sobre su reelección, que depende de los diez diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un partido antisistema que es la referencia proetarra en la región.

Las indagaciones de los fiscales, los mandamientos judiciales y las investigaciones de los especialistas de la Guardia Civil sitúan a Mas al frente del negocio del 3%. Andreu Viloca, el administrador de CDC y de sus fundaciones es una de las claves para desentrañar el complejo operativo contable del denominado "caso 3%", un expediente judicial que es una bomba de relojería sobre las finanzas de Convergencia y de las principales familias del nacionalismo catalán. Mas confía en la lealtad de Viloca, pero el horizonte penal que se le avecina podría cambiar la tendencia al hermetismo del contable y tesorero, un hombre afable, que viaja con el Barça con Europa, gasta bromas a sus subordinados y se alivia de hacer política a pesar de ocupar por su puesto un cargo en la ejecutiva del partido, al lado de Mas.

El "president" en funciones intenta no darle importancia a la acumulación de pruebas e indicios sobre la financiación irregular, entre otros delitos, que habrían cometido los máximos dirigentes del partido y de los que él sería el último responsable. Cargos de corrupción política que Mas trata de eludir con una nueva vuelta de tuerca del proceso separatista y con un aviso a la CUP: "el proceso no puede estar pendiente de las actuaciones de los poderes del Estado". La presión sobre el partido antisistema es máxima, pero los registros y detenciones de la Guardia Civil inciden sobre las negociaciones.

CDC, el partido que Mas ocultó en una plataforma con ERC, es un foco de corrupción indisimulable. Personal del partido es arrestado y se amontonan las pruebas sobre el cobro de mordidas.

En este contexto, Mas apura los plazos y el primer "round" será la sesión de investidura prevista para el próximo 9 de noviembre, aniversario del referéndum ilegal. La CUP no da su brazo a torcer, de momento, y explora la posibilidad de que haya otros candidatos a la investidura. En Juntos por el Sí cierran filas en torno a Mas, pero las evidencias en su contra del tres por ciento son un lastre para el acuerdo. Ya no se descartan unas elecciones anticipadas tras la caída de la cúpula administrativa del partido de Pujol.

Registros y detenciones
Agentes de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, han detenido esta mañana al tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca. La operación está relacionada con los registros del pasado 28 de agosto en las sedes de CDC, la fundación del partido CatDem y los ayuntamientos de Lloret de Mar, Figueras y San Cugat del Vallés, el llamado "caso 3%" consistente en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

La operación, que sigue abierta, ha supuesto la detención de ocho personas y 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Gerona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de varias empresas.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente a Viloca un total de seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha entrado en las sedes de la empresa GISA, empresa de la Generalidad de Cataluña, que impulsa la obra pública autonómica, y ha detenido a su director, Josep Antoni Rosell. También ha sido detenido el consejero delegado del Grup Soler, Jordi Soler. Los agentes han entrado en la sede de COPISA, empresa constructora con oficinas en Hospitalet de Llobregat.

El caso 3%
Un nuevo palo para el partido y para Artur Mas en la investigación sobre el 3%, una acumulación de pruebas que ya ha provocado decenas de detenciones, pero ninguna de tanto impacto como la de hoy, con la Guardia Civil "custodiando" la céntrica, flamante y embargada sede de CDC mientras los agentes proceden a un nuevo registro en presencia de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, que han acudido a las dependencias del partido sobre las once de la mañana. Allí se han encontrado al administrador Viloca, que había sido detenido a primera hora en su domicilio. Estas diligencias se dirigen desde el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), ya que la primera denuncia se produjo en Torredembarra y a cargo de una concejal de ERC que fue purgada.

En los registros realizados el pasado agosto los investigadores encontraron documentación muy sustantiva sobre el mecanismo de pago y el porcentaje de la mordida. El asunto se remonta a la detención de Jordi Sumarroca y del exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, el pasado 23 de julio. Sumarroca, al frente del holding de empresas de la familia más cercana a los Pujol Ferrusola, salió de prisión 19 días después, tras pagar una fianza de 600.000 euros. En el registro de su empresa y de su domicilio los agentes encontraron documentación en la que se detaballa la vinculación entre determinadas obras públicas y pagos a la fundación convergente y al mismo partido.

De ahí se pasó a los registros en las sedes y ayuntamientos convergentes, así como al domicilio del extesorero del partido, Daniel Osàcar (vinculado a la derivada del 3% del Palau de la Música, procedimiento por el cual están embargadas las sedes), y este miércoles podría haber más detenciones.

La destructora de papel y la carpeta
Los trabajadores de Convergència trataron de eliminar pruebas, pero la Guardia Civil halló una carpeta detrás de un archivador en la que se había anotado a mano "3%" junto a una serie de contratos. La destructora de papel de CDC también ha aportado claros indicios tras una ardua reconstrucción. En muchos de ellos aparece el membrete de Teyco, el nombre de la constructora del clan Sumarroca.

Efecto en las negociaciones con la CUP
El impacto de la corrupción en CDC es de tal envergadura que podría incidir de manera notable en las negociaciones entre Mas y la CUP para su investidura. Antes de la detención del tesorero Andreu Viloca, el presidente en funciones se había mostrado dispuesto a agotar todos los plazos parlamentarios de tal manera que el último día hábil para ser investido coincidía con el 9 de noviembre, el primera aniversario del referéndum por el que podría ser procesado por el TSJC. Ahora aumentan las posibilidades de que se vuelvan a convocar elecciones.

Los casos de corrupción relacionados con el cobro de comisiones salpican a Mas por todos los lados. A pesar de la marcha sobre el TSJC de la semana pasada y de la exhibición de unidad separatista, la CUP se resiste a darle sus votos y es más que probable que la detención del administrador de CDC reafirme a los duros del partido en sus propósitos.

Totalitarismo lingüístico en Galicia
www.latribunadelpaisvasco.com www.latribunadelpaisvasco.com 22 Octubre 2015

La obsesión nacionalista por imponer a los ciudadanos el idioma en el que han de expresarse, no tiene fin. En esta ocasión, les ha tocado el turno a los vecinos del municipio pontevedrés de Moaña, que han visto cómo el ayuntamiento de su localidad, en manos del BNG, ha lanzado una campaña para promover el uso del gallego en los funerales y entierros. Para el responsable del “servicio lingüístico” de esta población es “una anomalía” que, en la mayoría de los casos, los vecinos utilicen el idioma español en los textos y ceremonias, tanto laicas como religiosas, que se organizan para despedir a familiares y amigos.

Así las cosas, ni cortos ni perezosos, y ante el silencio cómplice del PP y de los socialistas gallegos, el Blo que Nacionalista ha preparado un manual, en el que ha colaborado una “Asociación de Funcionarios para la Normalización Lingüística”, que reúne una amplia serie de “recomendaciones” para presentar a las empresas relacionadas con la organización de funerales, con el fin de que éstas utilicen correctamente el gallego. Por si hubiera dudas al respecto en cuanto a la lengua que es recomendable utilizar, la corporación también explica bien clara su postura: “Desde el Ayuntamiento, a menos que se indique lo contrario, es la lengua gallega la que se utilizará por defecto en estos actos”.

El manual pergeñado por los nacionalistas incluye también una antología de poemas y consignas en gallego para las lápidas, así como temas musicales “correctos” para la despedida.

La batalla policial del 3%: los agentes municipales de Olot multan a la Guardia Civil por aparcar frente al Ayuntamiento
Los policías locales tomaron nota de las matrículas mientras los guardias civiles reclamaban papeles en el interior del consistorio.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 22 Octubre 2015

Ni cortos ni perezosos, los agentes municipales de la población gerundense de Olot, gobernaba por Convergencia, les estamparon la multa en el parabrisas a los vehículos de la Guardia Civil por aparar en "zona prohibida". El Instituto Armado, en calidad de policía judicial y en el marco de la operación Petrum, del caso 3%, ha acudido al consistorio de Olot para reclamar la documentación relativa a la concesión del servicio de recogida de basuras de 2011, entre otras diligencias.

Según informa el diario separatista Ara (Ahora), fuentes municipales han confirmado las multas a la Guardia Civil porque sus "números", alegan, han dejado mal aparcados los vehículos. Un periodista llamado Guido Cengiarotti ha realizado fotografías del momento en el que uno de los agentes locales rellenaba la chequera de multas.

Se la circunstancia de que el jefe de la policía local de Olot, Ignasi López Clevillé, es diácono permanente, cargo del que tomó posesión en la sede de la curia diocesana y en presencia del obispo de Gerona, Francesc Pardo, en 2012.
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