AGLI Recortes de Prensa   Lunes 2  Novietubre  2015

El grito de España
Pedro de Tena Libertad Digital 2 Noviembre 2015

Lo que más me interesa de El grito de Munch, con el que espero verme la cara muy pronto, es lo que se parece al futuro de los españoles. No se trata del pavor adivinado en una cara y un cielo. Tampoco de lo que los ojos de ese hombre ven en tierra desde un embarcadero. Ni siquiera de la envergadura de las pinceladas, manchas amplias como desafíos de colores vírgenes, casi en carne viva. Se trata de su capacidad para ser robado. Ya es el cuadro más robado de la historia, al menos lo era en 2012. Exactamente igual que el futuro nacional de los españoles. En mi opinión, es el futuro más robado de Europa y, no lo sé, pero podría estudiarse, de la historia universal. No entraré en detalles pero tómese nota de la invasión musulmana, de la dilapidación de una hegemonía más que merecida tras la consolidación nacional en el siglo XV y no digamos nada de cómo fue robado el futuro de una España abierta y liberal desde 1812. Hay quien sostiene que hemos sido los propios españoles los que hemos machacado nuestro futuro como si fueran aceitunas aliñadas pero prefiero creer que nos lo roban porque me hace menos responsable de la tragedia.

Fíjense en nuestros días cómo, otra vez desde Cataluña y favorecido por las izquierdas populistas se está tratando de robar el futuro de la nación. Ya lo intentaron en 1934, cuando la Constitución era la de la II República que tampoco consentía, naturalmente, la independencia de las regiones. Su golpe de estado, con el auxilio de una parte del PSOE y del izquierdismo, propició que el porvenir de España fuera una guerra civil antes que una democracia en la que no creía nadie. Con muchos esfuerzos, algunos muy nobles, se intentó, por vez primera, hacer una Constitución que fuera de todos, no de unos contra otras como las sucesivas del siglo XIX. Pero ahí estaban los nacionalismos, el de los ricos burgueses catalanes y vascos y los de las izquierdas populistas y terroristas, para que el futuro de los españoles no descansara en su sitio, esto es, sobre la vida y las libertades de sus ciudadanos. Pero esta vez, oigan, con la complicidad de quienes, a derecha e izquierda, han consentido, financiado y hecho crecer su gangrena política por razones partidistas, esto es, mezquinas y miopes. Desde 1994, con tal de seguir gobernando, lo han perpetrado unos y otros. Los mismos que ahora se llevan las manos a la cabeza.

Por esto mismo, las elecciones de próximo 20 de diciembre tienen la obligación de ser el altavoz de un grito, casi como el de Munch. Es el grito de España, de muchos millones de españoles que lo único que pedimos a quienes se arrogan nuestra representación es que no nos roben otra vez el futuro. Sinceramente no sé a quién voy a votar porque lo que veo me pone los pelos de punta (hábilmente Munch hizo que su grito fuera calvo para que no se viera el horror en vertical, que sería casi pánico). Cuando tenía 18 años le pedía a la política utopías, milagros y paraísos porque creía que eran posibles e incluso me dejé jirones de la vida en alcanzarlos. No sabía entonces que tales leyendas proceden de la ignorancia y la inexperiencia. La política no puede sustituir nuestro esfuerzo personal, individual y familiar, en erigir nuestra biografía.

Hoy no le pido más que libertad –ese bien por el que merece la pena arriesgar la vida– tranquila –maldita violencia– y compartida con los demás españoles en igualdad de oportunidades –es insoportable éticamente que un ciudadano no pueda llegar a ser lo que es capaz de ser por haber nacido donde y cómo nació–. España no puede ser un sitio donde no haya luz, como se lamentaba el bueno de Valls Arango. Tampoco puede ser lugar en el que "el cielo se revuelva en turbonada", cielo que en el cuadro de Munch exhibe los colores de la bandera española. Pero para eso necesitamos que no se nos vuelva a robar el futuro. Griten conmigo el próximo día 20 de diciembre porque necesitamos que el futuro de España vuelva a ser lo que debe ser. Sencillamente, el nuestro, el de la mayoría que calla demasiado

Las raíces del problema secesionista
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre 2015

Produce perplejidad -¿o quizás no?- el expolio masivo de la familia Pujol, a la que algunos asemejan al clan Corleone. No se puede amasar tal fortuna de forma delictiva sin el conocimiento de mucha gente. Es imposible. Y esta gente es la que quiere llevar a Cataluña a la independencia, que produce terror en cualquier persona sensata con un mínimo no ya de cultura, que eso se adquiere, no se nace con ello; sino de neuronas en el cortex cerebral.

No es posible que los diferentes gobiernos de España, y sus respectivos partidos políticos fueran ajenos a estas andanzas. Y lo digo no por creencia sino por constatación. ¿Y por qué lo afirmo? Pues porque ya existía al menos un libro en el año 1998 de mi amigo Josep Manuel Novoa Novoa, titulado “Jaque al virrey”, donde narraba las andanzas de Pujol y su saga, correrías por el mundo de donde se lograban jugosas exacciones de forma absolutamente impune, sin que poder judicial alguno y menos político se atreviera a pedirle cuentas por sus ilegítimas actuaciones lucrativas. Se puede argumentar que pocos leyeron este libro, pero no que no se hubiera publicado.

La razón de ello está al alcance de cualquier persona mínimamente informada: Pujol era el “pope” intocable que se necesitaba para tener a Cataluña tranquila, sin los actuales sobresaltos independentistas; y, además, el grupo parlamentario que estaba sometido a sus dictados en las Cortes Generales venía muy bien para conjugar mayorías que permitieran la investidura de los respectivos presidentes, daba lo mismo si lo eran del PP o del PSOE, en tiempos de minorías mayoritarias. Eso los sabe hasta el más necio. Por tanto, ¿por qué nos rasgamos ahora las vestiduras? Más de uno debería rendir cuentas de estas complicidades, pero eso no va a suceder como todos lo sabemos, y no sería imposible que haya una componenda que impida que la familia Pujol vaya a donde están los pequeños delincuentes, aquellos que roban para comer, no para asegurar la vida de hijos, nietos y bisnietos sin pegar palo al agua. No sé usted, querido lector, al menos yo estoy indignado, muy indignado.

De aquellos lodos estos barros. Hoy estamos ante una situación de máxima incertidumbre de futuro y de una inestabilidad política e institucional absolutamente absurda, irracional e idiota, pues no tiene ni pies ni cabeza.

Quienes han permitido el engorde de los nacionalistas, por interés, por mirar hacia otro lado, o por no saber hacerles frente, no están exentos de responsabilidad.

La primera responsabilidad, y origen de todo este problema, fue la de los constituyentes de 1978, que tuvieron un acierto –el salvar los difíciles escollos para traernos una democracia más aparente que real- pero muchos errores, uno de los mayores el de contemplar la redacción logomáquica de “la indisoluble unidad de la nación española” al mismo tiempo que se “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades” en lugar de redactar algo así como “la Constitución proclama como indisoluble la unidad nacional” que tenía mucho más sentido, pues el reconocer “nacionalidades” al tiempo que la constatación de la “nación española”, es tanto como admitir que España es una “nación de naciones” que es como decir que mi gato es un gato de gatos. O hay una nación o hay naciones, pero una nación con varias naciones es, además de tautológico una estupidez, sea quien sea el que lo dice, y aunque lo contemple la Constitución. Es que no tiene sentido, pero sirve de plataforma retórica para quienes han trabajado para la ruptura de España. Primer grave error del que ahora tenemos unas consecuencias de las que se derivarán padecimientos imprevisibles para todos nosotros, ciudadanos que votamos aquella Constitución, los que no la votaron y quienes no han podido hacerlo por edad, es decir mis hijos y nietos. Tal como está redactado en la Constitución es un infortunio, pues “reconocer y garantizar nacionalidades” es admitir que éstas existían antes de la Constitución, lo que no es cierto, aparte de que no se sabe qué criterios lógicos de carácter histórico se puedan esgrimir desde la racionalidad, no desde el sentimiento, para diferenciar lo que eran regiones de lo que se consideran nacionalidades? No hay realidad objetiva alguna desde el rigor histórico, salvo la más absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, o la pura invención. La misma discrecionalidad y arbitrariedad con la que algunos postulan ahora la independencia para Cataluña.

¿Qué es una nacionalidad? ¿En qué se diferencia una nacionalidad de una nación? De este batiburrillo terminológico vacío de contenido semántico y de precisión jurídica viene esta situación en la que nos encontramos, abonada desde el Título VIII de la Constitución que arbitraba dos vías para acceder a la autonomía según se consideraran nacionalidades o regiones, rompiendo el principio de igualdad ante la ley, y la unidad, equilibrio y solidaridad del Reino de España. Todo para satisfacer a quienes apuntaban hacia el desguace de la nación española desde aquellos momentos de incertidumbre política y de transición a un marco de convivencia. No solamente no se logró integrar a los nacionalistas secesionistas, sino que hemos tenido que padecer décadas de terrorismo en el País Vasco y diferentes intentos de desestabilización política e institucional, hasta llegar en la actualidad a situaciones de sedición y rebelión contra la Constitución y las instituciones que se soportan en ella.

Sin perjuicio de defender la Constitución por ser nuestro marco de democracia, libertad y pluralidad viene a ser hora de reconocer los errores en su redacción por si vienen tiempos de reforma, para corregirlos.

El inefable Gonzalo Fernández de la Mora ya lo advertía en su libro “Los errores del cambio” en 1986, con una visión prospectiva que estremece. Destaco un párrafo de ese libro: “Ilustres figuras de antaño ya no son españoles a secas, sino que póstumamente se han convertido en ciudadanos de una ‘nacionalidad’. En vez de España se habla de Estado español. Esto sería únicamente grotesco, si no fuese la rampa de lanzamiento, primero, de los nacionalismos, luego del antiespañolismo, y finalmente del cantonalismo o taifismo, de tan penosa memoria. Y todo ello en un continente donde naciones de tradición secular dejan de considerarse autosuficientes, renuncian a parcelas de su soberanía y se inscriben en círculos supranacionales. ¿Cabe mayor involución histórica que, en estas circunstancias, tratar de reconstruir el mapa de la España medieval, corregido y aumentado? A esto nos lleva la ambigüedad del pactismo constitucional”

Doble rasero del sistema
PEDRO G. CUARTANGO El Mundo 2 Noviembre 2015

Aunque la Constitución diga que todos somos iguales ante la ley, unos son más iguales que otros, parafraseando a Orwell. Parece mentira que políticos como Rodrigo Rato o Jordi Pujol no hayan pisado la cárcel, mientras que hemos visto como una joven sin recursos fue condenada a ir a prisión por gastarse unos cientos de euros con una tarjeta de crédito que se había encontrado en la calle.

Por mucho que a nuestros dirigentes se les llene la boca con la palabra justicia, hay un doble rasero escandaloso de los jueces para medir las acciones de los poderosos y de los que no lo son. Ahí está el ejemplo de Adrián, un sevillano condenado a seis meses de cárcel por robar una bicicleta en 2008. El tribunal ha tenido la merced de aplazar su ingreso en prisión a la espera de que el Gobierno le indulte.

Hay cientos de casos como éstos en la sociedad española, personas que cometieron un desliz en determinado momento y que tienen que pagar por ello un duro castigo que les va a marcar para siempre. Como dice el proverbio latino: 'dura lex, sed lex'.

Esto contrasta con la benevolencia de la justicia con personas como Jordi Pujol, que, según los abrumadores indicios que ya existen, cobró cientos de millones de euros en comisiones que fueron a parar a paraísos fiscales. Pujol mintió en el Parlamento catalán y luego comprometió su palabra, jurando que jamás había tenido ni un solo euro en cuentas opacas en el exterior. El inexplicable patrimonio de sus hijos le incrimina porque no hay justificación racional alguna de su manejo de cantidades millonarias en grandes negocios en México, Argentina y otros países, como tampoco se puede ignorar el testimonio de que el primogénito llevaba sacos de billetes a un banco de Andorra.

Aunque cuantitativamente menor, el caso de Rato no es menos escandaloso porque es muy poco edificante que un ex ministro de Economía construyera un entramado societario en paraísos fiscales para blanquear capitales y que cobrara comisiones de los contratos de Caja Madrid cuando era presidente, además de defraudar reiteradamente a Hacienda. ¿Qué es más grave: robar una bicicleta o enriquecerse ilegalmente desde el poder y aprovechándose del cargo? Creo que todos sabemos la respuesta, aunque no faltará quien apele a la presunción de inocencia para explicar por qué Pujol y Rato no están en la cárcel. Pues bien, no están porque taparon las huellas de sus actos, disponen de los mejores abogados, se benefician del garantismo del proceso judicial y, sobre todo, porque gozan de la protección política que deriva de las altas responsabilidades que ocuparon. Lo que estoy diciendo no es demagogia, es la pura verdad. Si en este país eres rico o poderoso, tienes muy pocas posibilidades de entrar en la cárcel si cometes un delito. Si eres pobre, estás perdido. La crisis no sólo ha dañado materialmente a amplios sectores de la sociedad, ha servido para mostrar que nuestro sistema judicial es incapaz de castigar los abusos de quienes saquearon las cajas de ahorros y de quienes se enriquecieron mientras se hundían las empresas que gestionaban. También ha quedado claro que ciertos políticos son intocables.

Han fallado muchas cosas a lo largo de estos años, pero lo peor es esta impunidad de la clase dirigente, lo que explica la desafección a los dos grandes partidos y hacia sus líderes, que son los principales responsables de que el poder judicial siga actuando con este doble rasero.

Carmena y Colau, fanatismo e incompetencia
EDITORIAL Libertad Digital 2 Noviembre 2015

En los, aunque parezcan eternos, escasos meses que llevan al frente de las dos ciudades más importantes de España, las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau están dando sobradas muestras de que siempre se puede ir a peor. El sueño regeneración de la extrema izquierda no es más que una pesadilla de fanatismo e incompetencia, para colmo trufada del más bochornoso enchufismo.

Por mucho que acuda en su rescate la servil prensa progresista, también sectaria hasta la náusea y también de ínfimo nivel, las funestas alcaldesas no dejan de dejar claro que Madrid y Barcelona les vienen muy grandes. Sencillamente, no están a la altura. De hecho, sólo consiguen rebajar el renombre de ambas ciudades en los foros nacionales e internacionales relevantes.

Carmena y Colau son lo que da de sí la por fortuna muy atomizada extrema izquierda española. Sirva lo que padecen los ciudadanos de Madrid y Barcelona –y los de Cádiz, con el impresentable Kichi– como advertencia definitiva ante las inminentes elecciones generales: lo último que necesita España para afrontar los cruciales desafíos que tiene planteados es el influjo de formaciones y personajes de estas características, buenos sólo para lo malo y que no serían absolutamente nada si no intoxicaran la atmósfera sociopolítica con dosis formidables de resentimiento, con la execrable complicidad de la izquierda mediática.

“Teníamos que haber dicho, alto y fuerte, que algunas tradiciones, valores y costumbres no eran negociables”
La cólera de Alain Finkielkraut
www.latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre 2015

El filósofo francés Alain Finkielkraut, uno de los analistas galos más importantes de las últimas décadas, está enfadado. Muy enfadado. La confusión que reina en su país alrededor de lo que significa la “identidad francesa”, las cesiones que, en su opinión, se realizan a los movimientos islamistas más intransigentes y la demagogia existente sobre los movimientos migratorios que azotan a Europa, son algunas de las causas de su cólera. Pero hay más.

En una reciente entrevista que ha mantenido con el semanario francés “L’ Express”, el filósofo responde a una pregunta crucial: ¿Quién es nuestro enemigo?, ¿Contra quién estamos en guerra?”.

“El islamismo radical ha declarado la guerra a los ‘judíos y a los cruzados’. Es necesario tener esto en cuenta porque significa que el multiculturalismo, en el que un día creímos, era una ilusión. Con la idea de la ‘diversidad’ nos centramos en lo idílico; pero ahora nos encontramos con la realidad dura de la confrontación”, explica el autor de “La derrota del pensamiento”. Y añade: “La integración está en crisis. Francia abandonó en su momento el concepto de asimilación porque parecía demasiado unilateral y optó por la idea más abierta de la integración, pero ésta no funciona. Este repliegue sucesivo, esta progresiva renuncia a imponer a nuestros invitados una forma de vida conjunta, testimonia la extrema dificultad que conlleva hacer cohabitar, en el interior de una misma comunidad, a poblaciones que no comparten principios, tradiciones e ideales similares”.

Preguntado por el periodista Christian Makarian sobre las razones que le han llevado a escribir en su última obra “La Seule Exactitude” (todavía no traducida al español) que “la yihad ha establecido un muro entre el mundo árabe-musulmán y nosotros”, Alain Finkielkraut explica lo siguiente:

“No podemos olvidar el pasado mes de enero, cuando se produjo el atentado islamista contra la revista satírica ‘Charlie-Hebdo’, en el que fallecieron 11 personas y otras 11 resultaron heridas. Dibujantes y periodistas fueron asesinados porque habían ofendido al profeta del Islam; y los judíos fueron asesinados por ser simplemente eso, judíos. Los ciudadanos bajaron a la calle para decir que la libertad de expresión, que el humor y la sátira eran constitutivos de la identidad nacional y que esto o se toma o se deja. Que no es negociable. El eslogán de “Je suis Charlie” surgió en ese momento. Pero, rápidamente, se produjo un nuevo choque y se constató que no todo el mundo era Charlie. Ciudadanos de ‘barrios populares’ se quedaron en sus casas. Porque, según ellos, estos dibujantes habían ido demasiado lejos. Una escisión apareció entonces en la sociedad francesa y no creo que las cosas vayan a mejorar. Tengo miedo de que se desarrolle en Francia una especie de secesionismo cultural y territorial. Cuando hoy hablamos de ‘barrios populares’ estamos haciendo referencia a zonas de nuestras ciudades vacías de habitantes ‘old school’, tomando la expresión de Michel Onfray. Quiere esto decir que habrá dos comunidades en Francia, y que no habrá forma de reconciliar a éstas.

Preguntado por los responsables políticos de esta situación, el autor de “Los latidos del mundo” explica que “frente a la revolución demográfica que conocemos, teníamos que haber reafirmado claramente las leyes de nuestra hospitalidad. Teníamos que haber dicho, alto y fuerte, que algunas tradiciones, valores y costumbres no eran negociables. Sobre todo, tendríamos que haber diseñado una política escolar digna de este nombre. Es en la escuela donde Francia se presenta a los niños, que son, como ha escrito Hannah Arendt, no solamente seres inacabados sino, especialmente, seres recién llegados a la Tierra. Tanto la derecha como la izquierda han abandonado toda ambición educativa. En lugar de cultivar a los alumnos enseñándoles toda la sabiduría de un mundo más viejo que ellos, se les empuja a que se construyan su propio saber, abdicando poco a poco de toda autoridad. La escuela, ahora, no juega ningún papel. Soy hijo de inmigrantes, y tuve la suerte de poder asimilar una parte importante de la cultura francesa; esta opción ya no se proporciona a los alumnos de las nuevas generaciones. La última reforma escolar no hace sino reforzar el ataúd educativo reduciendo aún más las disciplinas básicas en beneficio de enseñanzas interdisciplinares que solamente sirven para introducir en las cabezas de los más jóvenes, en lugar de cultura, una religión civil que consiste en ‘luchar contra la discriminación’. Francia, que se ha convertido en una sociedad postnacional, postliteraria y postcultural, renuncia poco a poco a sí misma. Francia se desintegra".

Inmigrantes
“Francia es una nación intranquila. Marsella se ha convertido en la capital de la hiperviolencia. Ciudades como Mulhouse, Roubaix, Tourcoing, Albi o Carpentras están desconocidas. Cada vez encontramos más calles en las que las mujeres con velo islámico son mayoritarias. Los franceses no ven bien estos cambios y no comprenden las razones por las que se califican de ‘racistas’ sus opiniones y sus reacciones. Si la integración no funciona, la actual ola migratoria solamente servirá para agravar las tensiones. Esto es lo que ocurre. Y esto no tiene nada que ver, como dicen algunos, con la xenofobia. Es puro sentido común”.

Hegemonía cultural de la izquierda
“Las personas de izquierdas, sean ‘rojos’, ‘rosas’ o ‘verdes’, creen que la desigualdad es la clave de todos los males que afectan al ser humano. Para ellos, todos los conflictos se reducen a una lucha entre los ‘poseedores’ y los ‘desposeídos’. Si la izquierda está viendo cómo pierde su hegemonía cultural es porque el choque de culturas no puede explicarse por la cuestión social. Los pensadores de izquierda prefieren cerrar los ojos a lo que sucede a su alrededor en lugar de pensar nuevas propuestas”.

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Pactos vacíos, fotos de sofá y ninguna acción

Roberto Centeno El Confidencial 2 Noviembre 2015

Una banda de mafiosos racistas ha osado dar un 'golpe de Estado' alentada por la absoluta pasividad de Mariano Rajoy. Es el culpable principal por su dejación criminal en la persecución de los delitos y el cumplimiento de la ley, un presidente del Gobierno que ha culminado un daño económico y político a la nación española que perdurará generaciones. Y fue iniciado por su precedesorl José Luis Rodríguez Zapatero. En lugar de coger el toro por los cuernos, Rajoy se ha lanzado a un espectáculo circense de imagen y gestos vacíos, haciendo como que escucha a las demás fuerzas políticas pero buscando solo su propio interés electoral, como promocionar a Pablo Iglesias, un ambicioso sin ideología ni principios que quiere inventar una España perroflauta en base cero, para segar la hierba al memo solemne de Pedro Sánchez. Solo Albert Rivera ha presentado un documento serio para la defensa de España que Sánchez no quiere firmar y Rajoy se “tiene que pensar”.

Resulta grotesco ver a la mayoría de medios aplaudiendo a rabiar la mascarada montada por Rajoy -'consultando' hasta a la Cospedal en burla a los españoles- en busca de un consenso que importa una higa a los secesionistas. Pero, además, ¿en qué nación civilizada un Gobierno de mayoría absoluta necesita el consenso de las demás fuerzas políticas para hacer cumplir la ley? ¿O es que entre los dosieres con los que Pujol parece amenazar a la cúpula de la clase política para evitar que ni él ni nadie de su familia sea procesado hay alguno que afecta al PP? Como sostiene García Trevijano, el mayor experto en teoría política y derecho constitucional de nuestro país, “la consecuencia más nefasta del consenso es que pone a lo consensuado por encima de la ley y a los consensualistas por debajo de toda conciencia. El consenso expresa una acción antipolítica y un pacto criminal”.

El consenso ha sido la plaga que ha asolado este país desde la infausta Transición. El consenso permitió hurtar la democracia a los españoles y sustituirla por una oligarquía de partidos que impuso un modelo de Estado único en el mundo para repartirse España como si fuera un solar y enchufar a legiones de parientes y amigos. El consenso permitió una corrupción institucional y personal como jamás se ha conocido en la historia de España y de Europa, el saqueo de Pujol -capo intocable de los mafiosos de CiU- al pueblo catalán, por ejemplo, conocido perfectamente desde el principio, es fruto precisamente de ese consenso. La destrucción, por una casta política de ladrones e incompetentes, del sistema de cajas de ahorro, que había canalizado el ahorro y la inversión de las capas más humildes de la población durante casi dos siglos, es otro resultado del consenso. Y así todo lo demás.

El ingenuo y desinformado pueblo español vuelve a ser engañado una vez más con la ayuda aplastante de unos medios al servicio no de los intereses de España, sino de una clase política que les regala canales de televisión y les permite refinanciar deudas imposibles de devolver. Muy bien, ya han montado el circo del consenso para “defender la unidad de España”, como si la unidad de una de las naciones más viejas del mundo dependiera del consenso de nadie. Se han hecho las fotos, han salido en la tele y en las tertulias y han hecho una 'demostración de democracia' sin separación de poderes y con una Justicia al servicio de los grandes oligarcas nacionales. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué piensan hacer estos 'demócratas' consensuados para que se cumpla la ley y meter en la cárcel a todos los responsables del golpe de Estado del 27-O?
Rajoy: que otros resuelvan la sedición

Rajoy, aparte tolerar durante años el incumplimiento sistemático de la ley y la no persecución del delito, ha puesto además la alfombra roja a los sediciosos disolviendo las cámaras sin arreglar nada y dejando así a España indefensa, momento aprovechado, como era perfectamente previsible, por la mafia racista de la Generalitat para dar un golpe de Estado. ¿Y qué piensa hacer Rajoy después de obtener el consenso verbenero? Pues lo de siempre, en la línea de su pasividad digna de reproche penal: todo menos enfrentarse directamente a los sediciosos, no vaya a ser que se enfaden. Así que, en lugar de declarar el estado de excepción y acabar con un acto reaccionario contra la historia de España, lo enviará al Tribunal Constitucional (TC).

¿Y qué va a hacer el TC? Pues o bien tratar de impedir -igual que el famoso chiste de Otto y Frisch del franquismo (1)- la celebración del pleno en el que los sediciosos hagan firme su declaración de independencia, en contra del 64% de la población catalana y del 52% de los votantes, o esperar y, una vez oficializada, Rajoy presentará un recurso de nulidad de la resolución del Parlamento catalán ante el TC. Este tribunal lo admitirá a trámite y decretará como medida cautelar la suspensión del acuerdo sedicioso, pero como los mafiosos ya han anunciado que no obedecerán las resoluciones del TC, harán caso omiso de la orden.

Seguirán construyendo con el dinero de todos los españoles las instituciones del nuevo Estado e intensificando, como nazis que son, el aislamiento y la persecución de la mayoría catalana no secesionista, las grandes víctimas olvidadas de esta gran canallada. En 30 días, el Parlamento de sediciosos se ha comprometido a tener listas las leyes ultraizquierdistas impuestas por los antisistema de la CUP que regirían la futura República catalana, un justo castigo a la traición sin límites de un empresariado y una burguesía miserables y racistas, al sinfín de prebendas y ventajas comerciales y de localización industrial (farmacia, alimentación, automóvil, petróleo y gas) en detrimento de las demás regiones españolas, recibidos de los gobiernos de España, con Franco en cabeza, que llevó su renta per cápita al nivel más alto de España hasta que socialistas y separatistas corruptos lo hicieran caer al cuarto lugar.

Si el TC ordena la ejecución de algo que no tiene naturaleza ejecutable, porque son meras declaraciones y no actos que transformen ni la realidad social ni la situación jurídica, los sediciosos pasarán olímpicamente y continuarán su ruta hasta realizar actos efectivos de independencia; y no solo sobre el papel. Y si estos actos son recurribles otra vez ante el TC, y este vuelve a suspenderlos, entonces si no atienden la suspensión ordenada por el TC pueden ser forzosamente anulados por los Mossos d'Esquadra, y si no obedecen se les deberá desarmar y disolver a manos de la policía o la Guardia Civil. En este punto, sería forzoso que el Gobierno realizara un acto de fuerza, algo que debió acometer hace mucho tiempo en defensa de la ley.

Es decir, estarían abocados a declarar el estado de excepción, solo que en muchas peores condiciones que ahora mismo. De la misma manera, hoy estamos en una peor situación que el 9-N de 2014, cuando los sediciosos celebraron un referéndum en fraude de ley y Rajoy, que había jurado que no se realizaría, se escondió en Moncloa asustado y totalmente paralizado y fue incapaz de actuar. El estado de excepción es la única salida, como ha defendido en estas mismas páginas nuestro mejor jurista en derecho político e institucional internacionalmente reconocido a la vez que silenciado por la oligarquía política, un hombre que sin haber ocupado un puesto en el Estado es el español con mayor experiencia política en el terreno de la acción y enemigo público número uno del consenso.
Ante el secesionismo, el Rey ni modera ni arbitra

Y solo nos queda hablar del papelón de su majestad el rey Felipe VI. Haciendo de chófer de Mas en la Seat, con la carga simbólica de tal hecho. Pero, sobre todo, con la increíble indignidad cuando un empresario catalán miserable y maleducado se negó a darle la mano en una recepción, y en lugar de ignorarle volvió para atrás para preguntarle por qué no le había dado la mano, a lo que el animal respondió que porque no quería dar la independencia a Cataluña. Don Felipe dio una respuesta inaudita, que eso "no era de su competencia". Esta vez con toda razón el empresario se negó de nuevo a darle la mano. ¿Es esta acaso la persona que debe garantizar “la unidad y permanencia” de la patria? ¡Apañados estamos los españoles!

Existe el extendido error, incluso entre gente culta y preparada que no se ha molestado en profundizar sobre ello, de que el Rey no puede hacer nada en este tema, y sin embargo nada más lejos. De acuerdo con el artículo 56.1 de la Constitución, “el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Eso significa que es no solo su competencia, sino la única y más sagrada obligación de su majestad el Rey el resolver un conflicto entre las instituciones del Estado, como es el caso, y para ello está legitimado a proceder libremente usando de su facultad y arbitrio.

Esto significa, en román paladino, que una vez agotadas las vías de acuerdo entre instituciones, el Rey está obligado por la Constitución a tomar la medida que considere necesaria para garantizar la unidad de España. ¿Ha hecho algo el Rey? ¿Ha arbitrado o moderado la agresión secesionista? ¿Ha reunido a los líderes políticos y les ha conminado a terminar en el delito de secesión de Cataluña? No ha hecho absolutamente nada. Y entonces, ¿para qué necesitamos un rey?

(1) Otto y Frisch, para quienes lo desconozcan, eran dos personajes hegemónicos en los chistes de la Alemania nazi. Otto le dice a Frisch: “Mi mujer me engaña y no sé qué hacer”. "Pero ¿cómo lo sabes?”, pregunta Frisch. “Pues porque los he visto haciendo el amor en el sillón de mi casa”, responde Otto. “Déjamelo pensar y mañana te contesto”, dice Frisch. Al día siguiente aparece Frisch triunfante: “¡Ya tengo la solución!”. “Y ¿cuál es?”, pregunta Otto esperanzado. “Pues muy sencillo: vende el sillón”. Esta es la solución de Rajoy al golpe de Estado catalán, vender el sillón, es decir, impedir que los traidores se reúnan el día 9 en el Parlamento, así que lo harán otro día o en otro sitio. ¡Váyase señor Rajoy, váyase, es usted una desgracia nacional!

Artur Mas hunde a Cataluña en la quiebra mientras se refugia en la independencia
EDITORIAL El Mundo 2 Noviembre 2015

El supuesto déficit fiscal de Cataluña constituye el principal ardid utilizado por las fuerzas independentistas para abanderar un discurso de agravio que sitúa a España como un Estado depredador que exprime la productividad de su economía a cambio de detraer recursos a sus finanzas. La realidad es que la desastrosa gestión económica de Artur Mas ha abocado a la Generalitat a subsistir gracias a la inyección permanente de liquidez del Estado.

EL MUNDO publica hoy que, pese a haber iniciado el proceso de "desconexión" con España, el Govern exige recibir el 33% del dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que queda por repartir, lo que supondría insuflar 2.300 millones de euros para "financiar servicios públicos". Esta exigencia por parte de quien aspira a emanciparse política y económicamente del Estado español causa estupor y constata la debilidad financiera del Gobierno catalán. El pasado viernes, el Servicio Catalán de la Salud comunicó al Colegio de Farmacéuticos de Cataluña que ya no dispone de más dinero para pagar medicamentos hasta que no llegue alguna aportación extraordinaria, con lo que incrementará su deuda con las farmacias a más de 330 millones de euros. El impago a las farmacias se suma al incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público -Cataluña cerrará 2015 con un desfase del 2% del PIB frente al 0,7% fijado por Hacienda- y a la consideración de bono basura de la deuda catalana por parte de las agencias de calificación, después de que sólo en esta legislatura se haya disparado hasta casi 65.000 millones de euros.

De Guindos ha trasladado a estas agencias que la secesión es "imposible". En todo caso, la penuria económica de Cataluña es el resultado de la ruinosa tarea de gobierno de Mas, obsesionado con esconder que Cataluña se financia casi en exclusiva del Estado. Entre 2012 y 2015 ha recibido 49.337 millones de euros a través de los mecanismos de financiación de la Administración central. De hecho, la Generalitat ha convertido el FLA -destinado al vencimiento de deuda y a financiar el déficit- y el Fondo a Proveedores en instrumentos orientados a enmendar sus agujeros. En septiembre, en pleno desafío separatista, Hacienda desembolsó 5.822 millones de euros a Cataluña.

Pese a ello, el independentismo catalán, en su argumentario de cabecera, siempre ha manipulado el déficit fiscal para prometer pensiones más elevadas, menos impuestos y un aumento del gasto social en una Cataluña independiente. Pura ensoñación que los números no avalan. En los siete primeros meses de este ejercicio, Cataluña aportó a la caja de la Seguridad Social 7.200 millones de euros, mientras el coste de las pensiones contributivas ascendió a 11.700 millones. Ello supone un déficit en las arcas estatales de 4.500 millones.

El contraste de estos datos con el dispendio obsceno del Gobierno catalán para engrasar la maquinaria independentista explica la huida hacia adelante de Mas. Porque, al mismo tiempo que el presidente catalán practicaba una severa política de recortes y suplicaba el auxilio del Estado, la Generalitat ha mantenido el derroche en 'embajadas' -esta partida aumentó un 40% en el último año- y ha incrementado el presupuesto de TV3, que roza los 300 millones de euros en 2015. Tampoco tuvo empacho en presupuestar ocho millones el año pasado para el 9-N, si bien el coste final de la consulta está siendo investigado por la Justicia.

Esta estrategia indica hasta qué punto Mas ha usado la quimera soberanista para tapar su indigencia política y su incapacidad para solucionar los problemas de los catalanes, a los que sigue ocultando el desgarro económico inasumible que tendría una eventual secesión de Cataluña.

Plantear, por tanto, la independencia como un proyecto viable en una situación de fragilidad económica como la que aqueja a Cataluña supone una burla a los ciudadanos. Hacerlo, además, sin asumir las responsabilidades propias añade una sobredosis de cinismo que indica hasta qué punto Mas ha perdido el contacto con la realidad.

La mona Laia, antecesora del 'Homo Trespercentsis'
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 2 Noviembre 2015

La página web de TV3, conocida por sus enemigos como TV3%, ha logrado concitar la curiosidad de la Cataluña ilustrada con esta noticia: "Laia, una catalana de 11,6 millones de años, revoluciona la teoría de la evolución". Lo cierto es que esta semana había sufrido una caída brutal el censo político de la población de Cataluña, ya que según la nueva presidenta del Parlamento autonómico, Carmen Forcadell, habría que amputar de la ciudadanía catalana a los votantes del PP y Ciudadanos, incluso a algunos del PSC y de Podemos, que no son realmente catalanes sino enemigos de Cataluña, como parte del Enemigo con mayúsculas, el infame Estado Español. Sin embargo, esa baja, importante cuantitativamente -más de la mitad de los votantes- de la gentecilla obtusa que en las recientes elecciones no respaldó a los separatistas, ha sido más que compensada por una aportación cualitativa que la supera con creces y archicreces.

Porque, atención Planeta Tierra, ha aparecido algo más que un ser, un ente, un algo. Ha aparecido una catalana anterior a Montserrat y a la Moreneta, que a su lado es sólo una pubilla oscurita. Resulta que unos científicos catalanes descubrieron en un vertedero a una mona antiquísima, a la que, puestos a bautizar, llamaron "Laia". Normal. En Teruel apareció hace algunos años un dinosaurio rarísimo que, en honor al río local, se llama Turiosaurio. Pero la Ciencia, como ya vieron Stalin y Zhdanov, es una rama poco imaginativa de la Política, sin conciencia de clase y ayuna de sensibilidad nacional. Así que en la rueda de prensa en que los sabios presumían del hallazgo de la homínida fueron sorprendidos por una pregunta que es, en realidad, LA pregunta en la Cataluña actual: cómo diferenciar a Cataluña de España. Unos periodistas plantearon el problema en su raíz: si "Laia" demuestra que catalanes y españoles "proceden de monos diferentes". Increíblemente, los científicos lo tomaron a broma. Habrán nacido en Cataluña, sí, pero no son catalanes.

La "articulatio mangantis" de Laia
Como ha demostrado Francisco Caja en dos tomos, dos, el racismo está en la base del nacionalismo catalán. Aderezado con xenofobia y con un toque de filología, pero racismo al fin. Sin embargo, el Doctor Robert, cuyo gigantesco homenaje en piedra fue retirado del lugar que merece, enfrente de la Universidad Central y como contrapeso nacional al burdo cientifismo, se limitó a medir cráneos para demostrar la diferencia, léase superioridad, de la raza catalana sobre la española, que ni es raza ni es nada. El hallazgo de "Laia" muestra la superioridad de los catalanes no sólo sobre el resto de los humanos sino de los divinos, de ahí el fatal ostracismo de la Moreneta.

Porque Pliobates catalonia, nombre científico de "Laia", será una mona de cuatro o cinco quilos, una giboncilla de poco fuste anatómico, pero tiene 11 millones y medio de años de antigüedad. Y eso la coloca por encima de la propia humanidad, a la que precede en varios millones de años. Los vascos presumían, antes de "Laia", de que el euskera era el idioma de Adán y Eva –la euskoculebra fue rescatada de la mitología sabiniana por la ETA- pero eso son moderneces humanoides con ínfulas filológicas. Nimiedades, si se comparan con el honor de adelantarse, como catalana o como Cataluña, a la especie humana. En realidad, los periodistas del Prusés o prusedistas que preguntaron a los paleontólogos si españoles y catalanes descendemos de monos diferentes no erraban al creer lo que, por sátira analfabeta de Darwin, ilustra las botellas de Anís del Mono, sino que minusvaloraban gravemente la importancia de "Laia", que coloca lo catalán en un áureo lugar situado entre monidad y humanidad, simiez y humanez.

Habrá gente –ya estoy viendo a Boadella- que tomará a broma esta noticia. No faltarán los que vean en la pregunta la prueba indiscutible de la degeneración totalitaria que vive Cataluña en general y sus periodistas en particular. Pues bien, yo creo que hay un hecho que prueba lo que, más que catalán, podemos llamar, patriotismo estructural de "Laia", algo que no sólo la convierte en Madre de la Humanidad, por encima de Mamá Lucy, al cabo una africana jovencita, sino en la bisabuela de Convergencia y el 3%.

Resulta que lo más significativo de la ancestral mona catalana es que su cúbito y su radio, o sea, su antebrazo, presentan una articulación con la muñeca mucho más desarrollada que la de sus predecesores simiescos. ¿Y no es esa agilidad a la hora de poner la mano donde hay que ponerla y de retirarla con el fruto apetecido cuando hay que retirarla, lo que caracteriza al llamado catalanismo político, lo que supera formas harto más vulgares del latrocinio, como la tangente italiana o la mordida mejicana? ¿Y sería posible esa superioridad de la articulatio mangantis, aceptada por todos los Gobiernos descendientes de los monos españoles en los últimos 35 años, sin la herencia antropológica, el ADN, la capacidad de poner la mano que vienen de "Laia" y desembocan en lo que, según yacimientos ampliamente documentados, podemos y debemos llamar "Homo Trespercentensis"?

El futuro de 'Laia' en los símbolos nacionalistas
Pero no todos los humanos han sido capaces de adaptarse a la cultura del Tres por Ciento, de sentirse parte de esa forma de ser mono de mangui, y no es lo mismo la articulatio mangantis que la articulatio charneguensis. La Ciencia debe ahora centrarse en el examen (nivel L de Laia + nivel C de Catalán: I+D+I+L+C) de esa "voluntad de ser" descendientes legítimos de "Laia", sabia pero, ay, interesada imitación del don procedente de la simia más egregia de la prehumanidad, la poshumanidad y la protocatalanidad.

Antes del 9N, la verdad, veo difícil incluir a "Laia" en la letra de Els Segadors. La Creación Nacional lleva su tiempo. Pero, al menos, en estas Navidades Soberanas, el Barça podría hacer un esfuerzo de divulgación. Ya me parece estar oyéndolo: "¡Tot el camp es un clam: Laia, Laia, Laiááá

Los trucos del presupuesto
Manuel Lago. La Voz 2 Noviembre 2015

Con el proyecto de presupuestos para el 2016, la Xunta de Galicia parece que alcanzó la cuadratura del círculo: sube el gasto, rebaja los impuestos y consigue reducir el déficit público. Demasiado bonito para ser verdad. Una lectura atenta de las cifras revela una serie de trucos que desmontan el milagro.

El primero es el de la rebaja de los impuestos. La Xunta de Galicia anuncia una reducción de los tipos impositivos en el tramo autonómico del IRPF, detalla el número de beneficiarios y el ahorro de cada declarante, pero se le olvida un detalle fundamental: esa rebaja solo tendrá efectos a partir del 2017. El funcionamiento de nuestro sistema tributario impide que la reducción de los tipos de la Xunta se aplique a las retenciones del IRPF en las nóminas; en consecuencia, solo la notaremos cuando se haga la declaración anual en el 2017. Así que en el 2016 tendremos una rebaja fiscal virtual, que se vende públicamente para las elecciones pero que no tiene efectos reales. Una rebaja con efectos a partir del 2017, que tendrá que pagar el nuevo Gobierno en el 2018.

El segundo truco es la facilidad con la que se pueden burlar los límites de la ley del techo de gasto. Desde la aprobación, en abril del 2012, de la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria, la Xunta de Galicia ha presentado el techo de gasto como una restricción de obligado cumplimiento que impedía aumentar el gasto público. Pues bien, de forma casi mágica esta limitación se ha desvanecido. El Consejo de Ministros del 10 de julio del 2015 estableció que para el 2016 el gasto computable de las comunidades autónomas no podría incrementarse más del 1,8 %. Sin embargo, la Xunta presenta un presupuesto con un incremento del 4,3 %, más del doble. Basta un poco de contabilidad creativa y una estimación adecuada de cierre del ejercicio del 2015 para que, en este año electoral, esta ley de hierro se oxide y deje de funcionar.

El tercer truco es el más perverso, porque el aumento de los ingresos previstos en el 2016 se debe a un hecho excepcional e irrepetible. La Xunta de Galicia va a recibir 363,2 millones de euros por la liquidación del ejercicio del 2014, porque en ese año se estimaron unos ingresos inferiores a los que realmente se alcanzaron y ahora, en un pago único, el Estado le dará ese dinero.

En el 2013 y el 2014, la Xunta de Galicia recortó el gasto en sanidad, en educación o en protección social con el argumento de que caían los ingresos. Ahora sabemos que no era más que una coartada para los recortes. Es una auténtica burla, porque los recortes del pasado son precisamente los ingresos con los que paga el presupuesto expansivo del año electoral. Los 363,2 millones de euros de la liquidación del año 2014 son exactamente la misma cantidad -364,8 millones de euros- en que se incrementan los gastos del 2016.

El procedimiento alcanza la categoría de perversión diabólica, porque se trata de un ingreso extraordinario y, por lo tanto, no se consolida; es decir, en el 2017, el nuevo Gobierno verá reducidos sus recursos disponibles en esa cifra.

La fiesta de gasto en el año electoral se paga con los ajustes y los recortes de los años anteriores y además deja una enorme resaca para el futuro, porque el gasto extra del 2016 anticipa un recorte equivalente en el 2017.

Las primeras víctimas
RAFAEL ARENAS El Mundo 2 Noviembre 2015

Los separatistas se lamentan de que Cataluña sea una "nación sin Estado", pero no reparan en que el proceso que han iniciado conduce a los catalanes a ser "ciudadanos sin Derecho" o, lo que es lo mismo, a verse sometidos a un poder público que actúa al margen de la ley; y esto, más allá del conflicto institucional, implica también un daño directo a los individuos, quienes nos vemos privados de elementos básicos en un Estado democrático como son la seguridad jurídica, el control de la administración por los tribunales o el sometimiento del poder público a la ley.

Ninguno de estos principios parecen relevantes para los partidos y asociaciones separatistas, quienes hacen alarde de su voluntad de actuar al margen y en contra del Derecho, y tampoco son excesivamente destacados ni por los medios de comunicación ni por los responsables políticos que hasta ahora se han pronunciado sobre el desafío independentista. Pareciera que lo único que resulta relevante es el conflicto institucional al que me refería hace un momento, siendo los ciudadanos simples espectadores o rehenes del mismo.

Y sin embargo somos los ciudadanos quienes padecemos las consecuencias de la quiebra de la legalidad que protagonizan las autoridades de nuestra Comunidad Autónoma. Desde la perspectiva de los ciudadanos no puede ser indiferente que la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, declare el fin de la etapa autonómica. No basta quedarse en el debate sobre si surgirá o no un Estado catalán como consecuencia del proceso secesionista, sino que debemos reparar en que tal declaración implica ya la eliminación de una administración que debería estar al servicio del ciudadano. Podría ser que los separatistas no lograran su propósito de crear un nuevo Estado en el territorio de la comunidad catalana, pero lo que es seguro es que las instituciones autonómicas renuncian a seguir siendo tales y privan a los ciudadanos de una administración esencial en la arquitectura constitucional, de un elemento clave para el gobierno en nuestra sociedad.

La Generalitat de Cataluña ya no es tal, por tanto. Declara que no se considera una institución autonómica y, además, proclama que actuará al margen de la ley; pero no renuncia a seguir ejerciendo el poder público. La Generalitat y las administraciones locales catalanas ahí siguen recordándonos que mantienen el monopolio de la coacción pese a haber hecho expresa su voluntad de no someterse a la ley. Se trata de una situación inadmisible. El sometimiento del poder público a la ley es un avance en los derechos de los ciudadanos al que no podemos renunciar. Un poder público que pretende actuar al margen de la legalidad nos retrotrae al Antiguo Régimen, a la época anterior a la Revolución Francesa.

¿En qué situación nos encontramos los catalanes? El poder público que se ejerce en nuestra Comunidad Autónoma ya no responde a lo previsto en el marco de convivencia del que en su día nos dotamos. La administración retiene los mecanismos para imponer por la fuerza sus decisiones pero actuando ya al margen del ordenamiento que la dotó de tales mecanismos. Por primera vez, desde la restauración de la democracia, sentimos lo que es el desamparo jurídico descarnado y sin matices. No estamos hablando de déficits democráticos o mal funcionamiento de la administración, sino de la confrontación entre los ciudadanos y quienes pretenden ejercer el poder público al margen del Derecho.

Que quien tiene la capacidad de ejercer el poder público, incluido el uso de la fuerza, haga expreso que no se siente sometido a la ley crea una incertidumbre que, a poco que se repare en ella, resulta difícilmente soportable. En algunos casos esta inseguridad supera, además, los límites de lo hipotético para convertirse en agresión directa, así cuando con motivo de la consulta del 9 de noviembre de 2014, suspendida por el Tribunal Constitucional, varios funcionarios recibieron "indicaciones" sobre en qué forma debían desatender la prohibición de colaborar en la consulta que había establecido este Alto Tribunal. La confrontación del ciudadano con un poder público que rehúsa someterse a la ley y a los tribunales debería ser un supuesto meramente de laboratorio en cualquier Estado de Derecho y, sin embargo, en Cataluña son muchos lo que pueden dar testimonio de lo que supone dicho enfrentamiento.

La propuesta de declaración presentada a la mesa del Parlamento de Cataluña por Junts pel Sí y la CUP el pasado 27 de septiembre pretende convertir en general y solemne esta desvinculación de las reglas y normas que en Cataluña padecemos desde hace más de un año.

Quien debiera ser el máximo órgano de representación de los ciudadanos catalanes en el marco de las competencias que diseña la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el Parlamento de Cataluña, se prepara para anunciar formalmente su desvinculación del ordenamiento jurídico y para instar al Gobierno autonómico a que haga lo mismo. ¿Resulta indiferente para los ciudadanos que ese poder público que controla la sanidad, la educación, la Policía, los medios públicos de comunicación, los ferrocarriles, las carreteras, las universidades y un largo etcétera de infraestructuras y servicios se presente ante todos nosotros como un mero poder fáctico, desvinculado de las leyes y enfrentado al marco de convivencia al que todos tenemos derecho?

No, no es indiferente para el ciudadano, ni muchísimo menos. Es gravísimo que se nos coloque en esta situación por parte de las instituciones autonómicas y doloroso que ante esto la complicidad y empatía del conjunto de los ciudadanos españoles y de las fuerzas políticas e instituciones de nuestro país no sea máxima e incondicional.

Tolerar que las administraciones y poderes públicos abandonen el marco constitucional no es un mero conflicto institucional, es algo más grave: es el desprecio a los ciudadanos y a los derechos que -pensábamos- teníamos garantizados.

Los ciudadanos catalanes somos, sin duda, las primeras víctimas de la insurrección separatista.

Rafael Arenas es presidente de Societat Civil Catalana.

España
Bildu utiliza a la Policía Foral navarra para boicotear a la Nacional y a la Guardia Civil
Maniobra para que el cuerpo regional controle a los agentes de pueblos abertzales
P.MUÑOZ/J.PAGOLA - abc espana Madrid 2 Noviembre 2015

Una vez asumido que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil no van a abandonar Navarra, como tampoco el País Vasco, el Gobierno abertzale de Uxue Barkos se ha propuesto boicotear su trabajo. Como primera medida, pretende que la Policía Foral controle a la Policía Municipal de Pamplona, así como la de otras localidades de esta comunidad gobernadas también por Bildu, y no contar con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Ejecutivo foral -sustentado por Geroa Bai, Bildu y Podemos- ya maniobra para potenciar una Policía Foral acorde con el nacionalismo más excluyente. Y en esta estrategia ejercen un papel clave la consejera de Justicia e Interior, María José Beaumont, propuesta por Bildu cuando se constituyó el Gobierno, y la concejal del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Aritz Romeo, de esta misma formación heredera de Batasuna.

Beaumont, abogada de profesión, ejerció en su día como portavoz de la coordinadora Itoiz, contraria a la construcción de un pantano en el Pirineo navarro. El proyecto estuvo amenazado por ETA, que asistió a varios detenidos acusados de sabotajes.

Hace pocos días ambas representantes de Bildu sellaron un acuerdo que pretende cambiar el modelo policial en aquella comunidad autónoma. Como primera medida, la Policía Foral asumirá el control de la Guardia Municipal de Pamplona y, en poco tiempo, de otras localidades navarras gobernadas por los bildutarras. Pero la intención de los herederos de Batasuna, según los medios consultados por ABC, es imponer su criterio en la elaboración de normas y reglamentos para toda la comunidad foral, sin contar con otros consistorios en manos de formaciones constitucionalistas.
Asunto sensible

Curiosamente, los primeros contactos oficiales entre ambas instituciones controladas ahora por Bildu han sido para abordar un asunto tan sensible como el modelo policial en el Viejo Reino. Entre los acuerdos alcanzados figura la firma de un convenio para regular la colaboración y el uso, por parte de la Policía Municipal de Pamplona, del mismo sistema de comunicaciones de la Policía Foral. Además, los agentes locales recibirán formación de los forales.

Las fuentes consultadas por ABC recuerdan que ya existían mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Ciudadana entre los distintos cuerpos policiales desplegados en Navarra, y que han funcionado a pleno rendimiento.

Pese a ello, lo que pretende Bildu ahora, según los mismos medios, es abrir una vía con cobertura «legal» para disputar la Seguridad Ciudadana a la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Bajo la aparente búsqueda de cooperación policial en Pamplona -aseguran fuentes conocedoras de la situación- lo que pretende Bildu es, en primer lugar, potenciar la Policía Foral, poniendo a su servicio la Policía Municipal de Pamplona, un cuerpo eficaz, precisamente gracias a muchos años de servicio conjunto y de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado». «En situaciones, además, de gran dureza y sacrificio por el acoso de los terroristas y de quienes les jaleaban y apoyaban políticamente».

La Sala del 112
La maniobra de Bildu para ganar terreno en el ámbito de la Seguridad Ciudadana no se restringe a Pamplona, aunque allí se concentra su esfuerzo principal, sino que se amplía a otros municipios navarros. Precisamente, en ayuntamientos como Ansoain, Barañain o Berriozar, entre otros, se han dado instrucciones a la Policía local para que no colabore con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ello, pese a que están obligadas por la Ley Orgánica 2/86.

En todo esto, un factor importante es la gestión del 112. Mientras que en otras comunidades autónomas la gestión centralizada de este número establece unos criterios de coordinación al servicio del ciudadano y sus instalaciones cuentan con presencia de todos los cuerpos policiales y de emergencias, en Navarra la sala del 112 que gestiona la Consejería de Interior solo cuenta con asistencia de la Policía Foral y los Bomberos. Con el Ejecutivo de Uxue Barkos, además, se ha intensificado el desvío de llamadas hacia la Policía Foral, incluso cuando existen otras patrullas más cercanas de la Guardia Civil o la Policía Nacional. La consigna es evidente: mejor una polícía nacionalista, aunque llegue tarde.

Terrorismo callejero
La quema proetarra de ocho autobuses de transporte público provoca daños por valor de dos millones de euros
www.latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre 2015

Los daños causados por la quema intencionada de ocho autobuses del transporte público en un ataque de terrorismo callejero cometido en la localidad vizcaína de Derio ascienden a dos millones de euros. La policía encontró en el lugar del atentado pasquines en los que se pedía la puesta en libertad del miembro de ETA Ibon Iparragirre y se reclamaba también “la excarcelación de los presos enfermos”.

Hay que recordar que el etarra Ibon Iparraguirre se encontraba en régimen abierto desde 2011 por una enfermedad pulmonar, pero volvió a prisión el pasado 7 de marzo para cumplir una condena pendiente de 299 años por la explosión de un coche-bomba en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa. En su regreso a los calabazos, el criminal expresó su deseo de que ETA volviera a “coger las armas” y amenazó de muerte a varios funcionarios policiales.

 


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