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El grito de España
Pedro de Tena Libertad Digital 2 Noviembre 2015
Lo que más me interesa de El grito de Munch, con el que espero verme
la cara muy pronto, es lo que se parece al futuro de los españoles.
No se trata del pavor adivinado en una cara y un cielo. Tampoco de
lo que los ojos de ese hombre ven en tierra desde un embarcadero. Ni
siquiera de la envergadura de las pinceladas, manchas amplias como
desafíos de colores vírgenes, casi en carne viva. Se trata de su
capacidad para ser robado. Ya es el cuadro más robado de la
historia, al menos lo era en 2012. Exactamente igual que el futuro
nacional de los españoles. En mi opinión, es el futuro más robado de
Europa y, no lo sé, pero podría estudiarse, de la historia
universal. No entraré en detalles pero tómese nota de la invasión
musulmana, de la dilapidación de una hegemonía más que merecida tras
la consolidación nacional en el siglo XV y no digamos nada de cómo
fue robado el futuro de una España abierta y liberal desde 1812. Hay
quien sostiene que hemos sido los propios españoles los que hemos
machacado nuestro futuro como si fueran aceitunas aliñadas pero
prefiero creer que nos lo roban porque me hace menos responsable de
la tragedia.
Fíjense en nuestros días cómo, otra vez desde Cataluña y favorecido
por las izquierdas populistas se está tratando de robar el futuro de
la nación. Ya lo intentaron en 1934, cuando la Constitución era la
de la II República que tampoco consentía, naturalmente, la
independencia de las regiones. Su golpe de estado, con el auxilio de
una parte del PSOE y del izquierdismo, propició que el porvenir de
España fuera una guerra civil antes que una democracia en la que no
creía nadie. Con muchos esfuerzos, algunos muy nobles, se intentó,
por vez primera, hacer una Constitución que fuera de todos, no de
unos contra otras como las sucesivas del siglo XIX. Pero ahí estaban
los nacionalismos, el de los ricos burgueses catalanes y vascos y
los de las izquierdas populistas y terroristas, para que el futuro
de los españoles no descansara en su sitio, esto es, sobre la vida y
las libertades de sus ciudadanos. Pero esta vez, oigan, con la
complicidad de quienes, a derecha e izquierda, han consentido,
financiado y hecho crecer su gangrena política por razones
partidistas, esto es, mezquinas y miopes. Desde 1994, con tal de
seguir gobernando, lo han perpetrado unos y otros. Los mismos que
ahora se llevan las manos a la cabeza.
Por esto mismo, las elecciones de próximo 20 de diciembre tienen la
obligación de ser el altavoz de un grito, casi como el de Munch. Es
el grito de España, de muchos millones de españoles que lo único que
pedimos a quienes se arrogan nuestra representación es que no nos
roben otra vez el futuro. Sinceramente no sé a quién voy a votar
porque lo que veo me pone los pelos de punta (hábilmente Munch hizo
que su grito fuera calvo para que no se viera el horror en vertical,
que sería casi pánico). Cuando tenía 18 años le pedía a la política
utopías, milagros y paraísos porque creía que eran posibles e
incluso me dejé jirones de la vida en alcanzarlos. No sabía entonces
que tales leyendas proceden de la ignorancia y la inexperiencia. La
política no puede sustituir nuestro esfuerzo personal, individual y
familiar, en erigir nuestra biografía.
Hoy no le pido más que libertad –ese bien por el que merece la pena
arriesgar la vida– tranquila –maldita violencia– y compartida con
los demás españoles en igualdad de oportunidades –es insoportable
éticamente que un ciudadano no pueda llegar a ser lo que es capaz de
ser por haber nacido donde y cómo nació–. España no puede ser un
sitio donde no haya luz, como se lamentaba el bueno de Valls Arango.
Tampoco puede ser lugar en el que "el cielo se revuelva en
turbonada", cielo que en el cuadro de Munch exhibe los colores de la
bandera española. Pero para eso necesitamos que no se nos vuelva a
robar el futuro. Griten conmigo el próximo día 20 de diciembre
porque necesitamos que el futuro de España vuelva a ser lo que debe
ser. Sencillamente, el nuestro, el de la mayoría que calla demasiado
Las raíces del problema secesionista
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre
2015
Produce perplejidad -¿o quizás no?- el expolio masivo de la familia
Pujol, a la que algunos asemejan al clan Corleone. No se puede
amasar tal fortuna de forma delictiva sin el conocimiento de mucha
gente. Es imposible. Y esta gente es la que quiere llevar a Cataluña
a la independencia, que produce terror en cualquier persona sensata
con un mínimo no ya de cultura, que eso se adquiere, no se nace con
ello; sino de neuronas en el cortex cerebral.
No es posible que los diferentes gobiernos de España, y sus
respectivos partidos políticos fueran ajenos a estas andanzas. Y lo
digo no por creencia sino por constatación. ¿Y por qué lo afirmo?
Pues porque ya existía al menos un libro en el año 1998 de mi amigo
Josep Manuel Novoa Novoa, titulado “Jaque al virrey”, donde narraba
las andanzas de Pujol y su saga, correrías por el mundo de donde se
lograban jugosas exacciones de forma absolutamente impune, sin que
poder judicial alguno y menos político se atreviera a pedirle
cuentas por sus ilegítimas actuaciones lucrativas. Se puede
argumentar que pocos leyeron este libro, pero no que no se hubiera
publicado.
La razón de ello está al alcance de cualquier persona mínimamente
informada: Pujol era el “pope” intocable que se necesitaba para
tener a Cataluña tranquila, sin los actuales sobresaltos
independentistas; y, además, el grupo parlamentario que estaba
sometido a sus dictados en las Cortes Generales venía muy bien para
conjugar mayorías que permitieran la investidura de los respectivos
presidentes, daba lo mismo si lo eran del PP o del PSOE, en tiempos
de minorías mayoritarias. Eso los sabe hasta el más necio. Por
tanto, ¿por qué nos rasgamos ahora las vestiduras? Más de uno
debería rendir cuentas de estas complicidades, pero eso no va a
suceder como todos lo sabemos, y no sería imposible que haya una
componenda que impida que la familia Pujol vaya a donde están los
pequeños delincuentes, aquellos que roban para comer, no para
asegurar la vida de hijos, nietos y bisnietos sin pegar palo al
agua. No sé usted, querido lector, al menos yo estoy indignado, muy
indignado.
De aquellos lodos estos barros. Hoy estamos ante una situación de
máxima incertidumbre de futuro y de una inestabilidad política e
institucional absolutamente absurda, irracional e idiota, pues no
tiene ni pies ni cabeza.
Quienes han permitido el engorde de los nacionalistas, por interés,
por mirar hacia otro lado, o por no saber hacerles frente, no están
exentos de responsabilidad.
La primera responsabilidad, y origen de todo este problema, fue la
de los constituyentes de 1978, que tuvieron un acierto –el salvar
los difíciles escollos para traernos una democracia más aparente que
real- pero muchos errores, uno de los mayores el de contemplar la
redacción logomáquica de “la indisoluble unidad de la nación
española” al mismo tiempo que se “reconoce y garantiza el derecho a
la autonomía de las nacionalidades” en lugar de redactar algo así
como “la Constitución proclama como indisoluble la unidad nacional”
que tenía mucho más sentido, pues el reconocer “nacionalidades” al
tiempo que la constatación de la “nación española”, es tanto como
admitir que España es una “nación de naciones” que es como decir que
mi gato es un gato de gatos. O hay una nación o hay naciones, pero
una nación con varias naciones es, además de tautológico una
estupidez, sea quien sea el que lo dice, y aunque lo contemple la
Constitución. Es que no tiene sentido, pero sirve de plataforma
retórica para quienes han trabajado para la ruptura de España.
Primer grave error del que ahora tenemos unas consecuencias de las
que se derivarán padecimientos imprevisibles para todos nosotros,
ciudadanos que votamos aquella Constitución, los que no la votaron y
quienes no han podido hacerlo por edad, es decir mis hijos y nietos.
Tal como está redactado en la Constitución es un infortunio, pues
“reconocer y garantizar nacionalidades” es admitir que éstas
existían antes de la Constitución, lo que no es cierto, aparte de
que no se sabe qué criterios lógicos de carácter histórico se puedan
esgrimir desde la racionalidad, no desde el sentimiento, para
diferenciar lo que eran regiones de lo que se consideran
nacionalidades? No hay realidad objetiva alguna desde el rigor
histórico, salvo la más absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, o
la pura invención. La misma discrecionalidad y arbitrariedad con la
que algunos postulan ahora la independencia para Cataluña.
¿Qué es una nacionalidad? ¿En qué se diferencia una nacionalidad de
una nación? De este batiburrillo terminológico vacío de contenido
semántico y de precisión jurídica viene esta situación en la que nos
encontramos, abonada desde el Título VIII de la Constitución que
arbitraba dos vías para acceder a la autonomía según se consideraran
nacionalidades o regiones, rompiendo el principio de igualdad ante
la ley, y la unidad, equilibrio y solidaridad del Reino de España.
Todo para satisfacer a quienes apuntaban hacia el desguace de la
nación española desde aquellos momentos de incertidumbre política y
de transición a un marco de convivencia. No solamente no se logró
integrar a los nacionalistas secesionistas, sino que hemos tenido
que padecer décadas de terrorismo en el País Vasco y diferentes
intentos de desestabilización política e institucional, hasta llegar
en la actualidad a situaciones de sedición y rebelión contra la
Constitución y las instituciones que se soportan en ella.
Sin perjuicio de defender la Constitución por ser nuestro marco de
democracia, libertad y pluralidad viene a ser hora de reconocer los
errores en su redacción por si vienen tiempos de reforma, para
corregirlos.
El inefable Gonzalo Fernández de la Mora ya lo advertía en su libro
“Los errores del cambio” en 1986, con una visión prospectiva que
estremece. Destaco un párrafo de ese libro: “Ilustres figuras de
antaño ya no son españoles a secas, sino que póstumamente se han
convertido en ciudadanos de una ‘nacionalidad’. En vez de España se
habla de Estado español. Esto sería únicamente grotesco, si no fuese
la rampa de lanzamiento, primero, de los nacionalismos, luego del
antiespañolismo, y finalmente del cantonalismo o taifismo, de tan
penosa memoria. Y todo ello en un continente donde naciones de
tradición secular dejan de considerarse autosuficientes, renuncian a
parcelas de su soberanía y se inscriben en círculos supranacionales.
¿Cabe mayor involución histórica que, en estas circunstancias,
tratar de reconstruir el mapa de la España medieval, corregido y
aumentado? A esto nos lleva la ambigüedad del pactismo
constitucional”
Doble rasero del sistema
PEDRO G. CUARTANGO El Mundo 2 Noviembre 2015
Aunque la Constitución diga que todos somos iguales ante la ley,
unos son más iguales que otros, parafraseando a Orwell. Parece
mentira que políticos como Rodrigo Rato o Jordi Pujol no hayan
pisado la cárcel, mientras que hemos visto como una joven sin
recursos fue condenada a ir a prisión por gastarse unos cientos de
euros con una tarjeta de crédito que se había encontrado en la
calle.
Por mucho que a nuestros dirigentes se les llene la boca con la
palabra justicia, hay un doble rasero escandaloso de los jueces para
medir las acciones de los poderosos y de los que no lo son. Ahí está
el ejemplo de Adrián, un sevillano condenado a seis meses de cárcel
por robar una bicicleta en 2008. El tribunal ha tenido la merced de
aplazar su ingreso en prisión a la espera de que el Gobierno le
indulte.
Hay cientos de casos como éstos en la sociedad española, personas
que cometieron un desliz en determinado momento y que tienen que
pagar por ello un duro castigo que les va a marcar para siempre.
Como dice el proverbio latino: 'dura lex, sed lex'.
Esto contrasta con la benevolencia de la justicia con personas como
Jordi Pujol, que, según los abrumadores indicios que ya existen,
cobró cientos de millones de euros en comisiones que fueron a parar
a paraísos fiscales. Pujol mintió en el Parlamento catalán y luego
comprometió su palabra, jurando que jamás había tenido ni un solo
euro en cuentas opacas en el exterior. El inexplicable patrimonio de
sus hijos le incrimina porque no hay justificación racional alguna
de su manejo de cantidades millonarias en grandes negocios en
México, Argentina y otros países, como tampoco se puede ignorar el
testimonio de que el primogénito llevaba sacos de billetes a un
banco de Andorra.
Aunque cuantitativamente menor, el caso de Rato no es menos
escandaloso porque es muy poco edificante que un ex ministro de
Economía construyera un entramado societario en paraísos fiscales
para blanquear capitales y que cobrara comisiones de los contratos
de Caja Madrid cuando era presidente, además de defraudar
reiteradamente a Hacienda. ¿Qué es más grave: robar una bicicleta o
enriquecerse ilegalmente desde el poder y aprovechándose del cargo?
Creo que todos sabemos la respuesta, aunque no faltará quien apele a
la presunción de inocencia para explicar por qué Pujol y Rato no
están en la cárcel. Pues bien, no están porque taparon las huellas
de sus actos, disponen de los mejores abogados, se benefician del
garantismo del proceso judicial y, sobre todo, porque gozan de la
protección política que deriva de las altas responsabilidades que
ocuparon. Lo que estoy diciendo no es demagogia, es la pura verdad.
Si en este país eres rico o poderoso, tienes muy pocas posibilidades
de entrar en la cárcel si cometes un delito. Si eres pobre, estás
perdido. La crisis no sólo ha dañado materialmente a amplios
sectores de la sociedad, ha servido para mostrar que nuestro sistema
judicial es incapaz de castigar los abusos de quienes saquearon las
cajas de ahorros y de quienes se enriquecieron mientras se hundían
las empresas que gestionaban. También ha quedado claro que ciertos
políticos son intocables.
Han fallado muchas cosas a lo largo de estos años, pero lo peor es
esta impunidad de la clase dirigente, lo que explica la desafección
a los dos grandes partidos y hacia sus líderes, que son los
principales responsables de que el poder judicial siga actuando con
este doble rasero.
Carmena y Colau, fanatismo e incompetencia
EDITORIAL Libertad Digital 2 Noviembre 2015
En los, aunque parezcan eternos, escasos meses que llevan al frente
de las dos ciudades más importantes de España, las alcaldesas
Manuela Carmena y Ada Colau están dando sobradas muestras de que
siempre se puede ir a peor. El sueño regeneración de la extrema
izquierda no es más que una pesadilla de fanatismo e incompetencia,
para colmo trufada del más bochornoso enchufismo.
Por mucho que acuda en su rescate la servil prensa progresista,
también sectaria hasta la náusea y también de ínfimo nivel, las
funestas alcaldesas no dejan de dejar claro que Madrid y Barcelona
les vienen muy grandes. Sencillamente, no están a la altura. De
hecho, sólo consiguen rebajar el renombre de ambas ciudades en los
foros nacionales e internacionales relevantes.
Carmena y Colau son lo que da de sí la por fortuna muy atomizada
extrema izquierda española. Sirva lo que padecen los ciudadanos de
Madrid y Barcelona –y los de Cádiz, con el impresentable Kichi– como
advertencia definitiva ante las inminentes elecciones generales: lo
último que necesita España para afrontar los cruciales desafíos que
tiene planteados es el influjo de formaciones y personajes de estas
características, buenos sólo para lo malo y que no serían
absolutamente nada si no intoxicaran la atmósfera sociopolítica con
dosis formidables de resentimiento, con la execrable complicidad de
la izquierda mediática.
“Teníamos que haber dicho, alto y fuerte, que algunas tradiciones,
valores y costumbres no eran negociables”
La cólera de Alain Finkielkraut
www.latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre 2015
El filósofo francés Alain Finkielkraut, uno de los analistas galos
más importantes de las últimas décadas, está enfadado. Muy enfadado.
La confusión que reina en su país alrededor de lo que significa la
“identidad francesa”, las cesiones que, en su opinión, se realizan a
los movimientos islamistas más intransigentes y la demagogia
existente sobre los movimientos migratorios que azotan a Europa, son
algunas de las causas de su cólera. Pero hay más.
En una reciente entrevista que ha mantenido con el semanario francés
“L’ Express”, el filósofo responde a una pregunta crucial: ¿Quién es
nuestro enemigo?, ¿Contra quién estamos en guerra?”.
“El islamismo radical ha declarado la guerra a los ‘judíos y a los
cruzados’. Es necesario tener esto en cuenta porque significa que el
multiculturalismo, en el que un día creímos, era una ilusión. Con la
idea de la ‘diversidad’ nos centramos en lo idílico; pero ahora nos
encontramos con la realidad dura de la confrontación”, explica el
autor de “La derrota del pensamiento”. Y añade: “La integración está
en crisis. Francia abandonó en su momento el concepto de asimilación
porque parecía demasiado unilateral y optó por la idea más abierta
de la integración, pero ésta no funciona. Este repliegue sucesivo,
esta progresiva renuncia a imponer a nuestros invitados una forma de
vida conjunta, testimonia la extrema dificultad que conlleva hacer
cohabitar, en el interior de una misma comunidad, a poblaciones que
no comparten principios, tradiciones e ideales similares”.
Preguntado por el periodista Christian Makarian sobre las razones
que le han llevado a escribir en su última obra “La Seule
Exactitude” (todavía no traducida al español) que “la yihad ha
establecido un muro entre el mundo árabe-musulmán y nosotros”, Alain
Finkielkraut explica lo siguiente:
“No podemos olvidar el pasado mes de enero, cuando se produjo el
atentado islamista contra la revista satírica ‘Charlie-Hebdo’, en el
que fallecieron 11 personas y otras 11 resultaron heridas.
Dibujantes y periodistas fueron asesinados porque habían ofendido al
profeta del Islam; y los judíos fueron asesinados por ser
simplemente eso, judíos. Los ciudadanos bajaron a la calle para
decir que la libertad de expresión, que el humor y la sátira eran
constitutivos de la identidad nacional y que esto o se toma o se
deja. Que no es negociable. El eslogán de “Je suis Charlie” surgió
en ese momento. Pero, rápidamente, se produjo un nuevo choque y se
constató que no todo el mundo era Charlie. Ciudadanos de ‘barrios
populares’ se quedaron en sus casas. Porque, según ellos, estos
dibujantes habían ido demasiado lejos. Una escisión apareció
entonces en la sociedad francesa y no creo que las cosas vayan a
mejorar. Tengo miedo de que se desarrolle en Francia una especie de
secesionismo cultural y territorial. Cuando hoy hablamos de ‘barrios
populares’ estamos haciendo referencia a zonas de nuestras ciudades
vacías de habitantes ‘old school’, tomando la expresión de Michel
Onfray. Quiere esto decir que habrá dos comunidades en Francia, y
que no habrá forma de reconciliar a éstas.
Preguntado por los responsables políticos de esta situación, el
autor de “Los latidos del mundo” explica que “frente a la revolución
demográfica que conocemos, teníamos que haber reafirmado claramente
las leyes de nuestra hospitalidad. Teníamos que haber dicho, alto y
fuerte, que algunas tradiciones, valores y costumbres no eran
negociables. Sobre todo, tendríamos que haber diseñado una política
escolar digna de este nombre. Es en la escuela donde Francia se
presenta a los niños, que son, como ha escrito Hannah Arendt, no
solamente seres inacabados sino, especialmente, seres recién
llegados a la Tierra. Tanto la derecha como la izquierda han
abandonado toda ambición educativa. En lugar de cultivar a los
alumnos enseñándoles toda la sabiduría de un mundo más viejo que
ellos, se les empuja a que se construyan su propio saber, abdicando
poco a poco de toda autoridad. La escuela, ahora, no juega ningún
papel. Soy hijo de inmigrantes, y tuve la suerte de poder asimilar
una parte importante de la cultura francesa; esta opción ya no se
proporciona a los alumnos de las nuevas generaciones. La última
reforma escolar no hace sino reforzar el ataúd educativo reduciendo
aún más las disciplinas básicas en beneficio de enseñanzas
interdisciplinares que solamente sirven para introducir en las
cabezas de los más jóvenes, en lugar de cultura, una religión civil
que consiste en ‘luchar contra la discriminación’. Francia, que se
ha convertido en una sociedad postnacional, postliteraria y
postcultural, renuncia poco a poco a sí misma. Francia se
desintegra".
Inmigrantes
“Francia es una nación intranquila. Marsella se ha convertido en la
capital de la hiperviolencia. Ciudades como Mulhouse, Roubaix,
Tourcoing, Albi o Carpentras están desconocidas. Cada vez
encontramos más calles en las que las mujeres con velo islámico son
mayoritarias. Los franceses no ven bien estos cambios y no
comprenden las razones por las que se califican de ‘racistas’ sus
opiniones y sus reacciones. Si la integración no funciona, la actual
ola migratoria solamente servirá para agravar las tensiones. Esto es
lo que ocurre. Y esto no tiene nada que ver, como dicen algunos, con
la xenofobia. Es puro sentido común”.
Hegemonía cultural de la izquierda
“Las personas de izquierdas, sean ‘rojos’, ‘rosas’ o ‘verdes’, creen
que la desigualdad es la clave de todos los males que afectan al ser
humano. Para ellos, todos los conflictos se reducen a una lucha
entre los ‘poseedores’ y los ‘desposeídos’. Si la izquierda está
viendo cómo pierde su hegemonía cultural es porque el choque de
culturas no puede explicarse por la cuestión social. Los pensadores
de izquierda prefieren cerrar los ojos a lo que sucede a su
alrededor en lugar de pensar nuevas propuestas”.
******************* Sección "bilingüe"
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Pactos vacíos, fotos de sofá y ninguna acción
Roberto Centeno El Confidencial 2 Noviembre 2015
Una banda de mafiosos racistas ha osado dar un 'golpe de Estado'
alentada por la absoluta pasividad de Mariano Rajoy. Es el culpable
principal por su dejación criminal en la persecución de los delitos
y el cumplimiento de la ley, un presidente del Gobierno que ha
culminado un daño económico y político a la nación española que
perdurará generaciones. Y fue iniciado por su precedesorl José Luis
Rodríguez Zapatero. En lugar de coger el toro por los cuernos, Rajoy
se ha lanzado a un espectáculo circense de imagen y gestos vacíos,
haciendo como que escucha a las demás fuerzas políticas pero
buscando solo su propio interés electoral, como promocionar a Pablo
Iglesias, un ambicioso sin ideología ni principios que quiere
inventar una España perroflauta en base cero, para segar la hierba
al memo solemne de Pedro Sánchez. Solo Albert Rivera ha presentado
un documento serio para la defensa de España que Sánchez no quiere
firmar y Rajoy se “tiene que pensar”.
Resulta grotesco ver a la mayoría de medios aplaudiendo a rabiar la
mascarada montada por Rajoy -'consultando' hasta a la Cospedal en
burla a los españoles- en busca de un consenso que importa una higa
a los secesionistas. Pero, además, ¿en qué nación civilizada un
Gobierno de mayoría absoluta necesita el consenso de las demás
fuerzas políticas para hacer cumplir la ley? ¿O es que entre los
dosieres con los que Pujol parece amenazar a la cúpula de la clase
política para evitar que ni él ni nadie de su familia sea procesado
hay alguno que afecta al PP? Como sostiene García Trevijano, el
mayor experto en teoría política y derecho constitucional de nuestro
país, “la consecuencia más nefasta del consenso es que pone a lo
consensuado por encima de la ley y a los consensualistas por debajo
de toda conciencia. El consenso expresa una acción antipolítica y un
pacto criminal”.
El consenso ha sido la plaga que ha asolado este país desde la
infausta Transición. El consenso permitió hurtar la democracia a los
españoles y sustituirla por una oligarquía de partidos que impuso un
modelo de Estado único en el mundo para repartirse España como si
fuera un solar y enchufar a legiones de parientes y amigos. El
consenso permitió una corrupción institucional y personal como jamás
se ha conocido en la historia de España y de Europa, el saqueo de
Pujol -capo intocable de los mafiosos de CiU- al pueblo catalán, por
ejemplo, conocido perfectamente desde el principio, es fruto
precisamente de ese consenso. La destrucción, por una casta política
de ladrones e incompetentes, del sistema de cajas de ahorro, que
había canalizado el ahorro y la inversión de las capas más humildes
de la población durante casi dos siglos, es otro resultado del
consenso. Y así todo lo demás.
El ingenuo y desinformado pueblo español vuelve a ser engañado una
vez más con la ayuda aplastante de unos medios al servicio no de los
intereses de España, sino de una clase política que les regala
canales de televisión y les permite refinanciar deudas imposibles de
devolver. Muy bien, ya han montado el circo del consenso para
“defender la unidad de España”, como si la unidad de una de las
naciones más viejas del mundo dependiera del consenso de nadie. Se
han hecho las fotos, han salido en la tele y en las tertulias y han
hecho una 'demostración de democracia' sin separación de poderes y
con una Justicia al servicio de los grandes oligarcas nacionales. ¿Y
ahora qué pasa? ¿Qué piensan hacer estos 'demócratas' consensuados
para que se cumpla la ley y meter en la cárcel a todos los
responsables del golpe de Estado del 27-O?
Rajoy: que otros resuelvan la sedición
Rajoy, aparte tolerar durante años el incumplimiento sistemático de
la ley y la no persecución del delito, ha puesto además la alfombra
roja a los sediciosos disolviendo las cámaras sin arreglar nada y
dejando así a España indefensa, momento aprovechado, como era
perfectamente previsible, por la mafia racista de la Generalitat
para dar un golpe de Estado. ¿Y qué piensa hacer Rajoy después de
obtener el consenso verbenero? Pues lo de siempre, en la línea de su
pasividad digna de reproche penal: todo menos enfrentarse
directamente a los sediciosos, no vaya a ser que se enfaden. Así
que, en lugar de declarar el estado de excepción y acabar con un
acto reaccionario contra la historia de España, lo enviará al
Tribunal Constitucional (TC).
¿Y qué va a hacer el TC? Pues o bien tratar de impedir -igual que el
famoso chiste de Otto y Frisch del franquismo (1)- la celebración
del pleno en el que los sediciosos hagan firme su declaración de
independencia, en contra del 64% de la población catalana y del 52%
de los votantes, o esperar y, una vez oficializada, Rajoy presentará
un recurso de nulidad de la resolución del Parlamento catalán ante
el TC. Este tribunal lo admitirá a trámite y decretará como medida
cautelar la suspensión del acuerdo sedicioso, pero como los mafiosos
ya han anunciado que no obedecerán las resoluciones del TC, harán
caso omiso de la orden.
Seguirán construyendo con el dinero de todos los españoles las
instituciones del nuevo Estado e intensificando, como nazis que son,
el aislamiento y la persecución de la mayoría catalana no
secesionista, las grandes víctimas olvidadas de esta gran canallada.
En 30 días, el Parlamento de sediciosos se ha comprometido a tener
listas las leyes ultraizquierdistas impuestas por los antisistema de
la CUP que regirían la futura República catalana, un justo castigo a
la traición sin límites de un empresariado y una burguesía
miserables y racistas, al sinfín de prebendas y ventajas comerciales
y de localización industrial (farmacia, alimentación, automóvil,
petróleo y gas) en detrimento de las demás regiones españolas,
recibidos de los gobiernos de España, con Franco en cabeza, que
llevó su renta per cápita al nivel más alto de España hasta que
socialistas y separatistas corruptos lo hicieran caer al cuarto
lugar.
Si el TC ordena la ejecución de algo que no tiene naturaleza
ejecutable, porque son meras declaraciones y no actos que
transformen ni la realidad social ni la situación jurídica, los
sediciosos pasarán olímpicamente y continuarán su ruta hasta
realizar actos efectivos de independencia; y no solo sobre el papel.
Y si estos actos son recurribles otra vez ante el TC, y este vuelve
a suspenderlos, entonces si no atienden la suspensión ordenada por
el TC pueden ser forzosamente anulados por los Mossos d'Esquadra, y
si no obedecen se les deberá desarmar y disolver a manos de la
policía o la Guardia Civil. En este punto, sería forzoso que el
Gobierno realizara un acto de fuerza, algo que debió acometer hace
mucho tiempo en defensa de la ley.
Es decir, estarían abocados a declarar el estado de excepción, solo
que en muchas peores condiciones que ahora mismo. De la misma
manera, hoy estamos en una peor situación que el 9-N de 2014, cuando
los sediciosos celebraron un referéndum en fraude de ley y Rajoy,
que había jurado que no se realizaría, se escondió en Moncloa
asustado y totalmente paralizado y fue incapaz de actuar. El estado
de excepción es la única salida, como ha defendido en estas mismas
páginas nuestro mejor jurista en derecho político e institucional
internacionalmente reconocido a la vez que silenciado por la
oligarquía política, un hombre que sin haber ocupado un puesto en el
Estado es el español con mayor experiencia política en el terreno de
la acción y enemigo público número uno del consenso.
Ante el secesionismo, el Rey ni modera ni arbitra
Y solo nos queda hablar del papelón de su majestad el rey Felipe VI.
Haciendo de chófer de Mas en la Seat, con la carga simbólica de tal
hecho. Pero, sobre todo, con la increíble indignidad cuando un
empresario catalán miserable y maleducado se negó a darle la mano en
una recepción, y en lugar de ignorarle volvió para atrás para
preguntarle por qué no le había dado la mano, a lo que el animal
respondió que porque no quería dar la independencia a Cataluña. Don
Felipe dio una respuesta inaudita, que eso "no era de su
competencia". Esta vez con toda razón el empresario se negó de nuevo
a darle la mano. ¿Es esta acaso la persona que debe garantizar “la
unidad y permanencia” de la patria? ¡Apañados estamos los españoles!
Existe el extendido error, incluso entre gente culta y preparada que
no se ha molestado en profundizar sobre ello, de que el Rey no puede
hacer nada en este tema, y sin embargo nada más lejos. De acuerdo
con el artículo 56.1 de la Constitución, “el Rey es el jefe del
Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el
funcionamiento regular de las instituciones”. Eso significa que es
no solo su competencia, sino la única y más sagrada obligación de su
majestad el Rey el resolver un conflicto entre las instituciones del
Estado, como es el caso, y para ello está legitimado a proceder
libremente usando de su facultad y arbitrio.
Esto significa, en román paladino, que una vez agotadas las vías de
acuerdo entre instituciones, el Rey está obligado por la
Constitución a tomar la medida que considere necesaria para
garantizar la unidad de España. ¿Ha hecho algo el Rey? ¿Ha arbitrado
o moderado la agresión secesionista? ¿Ha reunido a los líderes
políticos y les ha conminado a terminar en el delito de secesión de
Cataluña? No ha hecho absolutamente nada. Y entonces, ¿para qué
necesitamos un rey?
(1) Otto y Frisch, para quienes lo desconozcan, eran dos personajes
hegemónicos en los chistes de la Alemania nazi. Otto le dice a
Frisch: “Mi mujer me engaña y no sé qué hacer”. "Pero ¿cómo lo
sabes?”, pregunta Frisch. “Pues porque los he visto haciendo el amor
en el sillón de mi casa”, responde Otto. “Déjamelo pensar y mañana
te contesto”, dice Frisch. Al día siguiente aparece Frisch
triunfante: “¡Ya tengo la solución!”. “Y ¿cuál es?”, pregunta Otto
esperanzado. “Pues muy sencillo: vende el sillón”. Esta es la
solución de Rajoy al golpe de Estado catalán, vender el sillón, es
decir, impedir que los traidores se reúnan el día 9 en el
Parlamento, así que lo harán otro día o en otro sitio. ¡Váyase señor
Rajoy, váyase, es usted una desgracia nacional!
Artur Mas hunde a Cataluña en la quiebra
mientras se refugia en la independencia
EDITORIAL El Mundo 2 Noviembre 2015
El supuesto déficit fiscal de Cataluña constituye el principal ardid
utilizado por las fuerzas independentistas para abanderar un
discurso de agravio que sitúa a España como un Estado depredador que
exprime la productividad de su economía a cambio de detraer recursos
a sus finanzas. La realidad es que la desastrosa gestión económica
de Artur Mas ha abocado a la Generalitat a subsistir gracias a la
inyección permanente de liquidez del Estado.
EL MUNDO publica hoy que, pese a haber iniciado el proceso de
"desconexión" con España, el Govern exige recibir el 33% del dinero
del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que queda por repartir, lo
que supondría insuflar 2.300 millones de euros para "financiar
servicios públicos". Esta exigencia por parte de quien aspira a
emanciparse política y económicamente del Estado español causa
estupor y constata la debilidad financiera del Gobierno catalán. El
pasado viernes, el Servicio Catalán de la Salud comunicó al Colegio
de Farmacéuticos de Cataluña que ya no dispone de más dinero para
pagar medicamentos hasta que no llegue alguna aportación
extraordinaria, con lo que incrementará su deuda con las farmacias a
más de 330 millones de euros. El impago a las farmacias se suma al
incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público
-Cataluña cerrará 2015 con un desfase del 2% del PIB frente al 0,7%
fijado por Hacienda- y a la consideración de bono basura de la deuda
catalana por parte de las agencias de calificación, después de que
sólo en esta legislatura se haya disparado hasta casi 65.000
millones de euros.
De Guindos ha trasladado a estas agencias que la secesión es
"imposible". En todo caso, la penuria económica de Cataluña es el
resultado de la ruinosa tarea de gobierno de Mas, obsesionado con
esconder que Cataluña se financia casi en exclusiva del Estado.
Entre 2012 y 2015 ha recibido 49.337 millones de euros a través de
los mecanismos de financiación de la Administración central. De
hecho, la Generalitat ha convertido el FLA -destinado al vencimiento
de deuda y a financiar el déficit- y el Fondo a Proveedores en
instrumentos orientados a enmendar sus agujeros. En septiembre, en
pleno desafío separatista, Hacienda desembolsó 5.822 millones de
euros a Cataluña.
Pese a ello, el independentismo catalán, en su argumentario de
cabecera, siempre ha manipulado el déficit fiscal para prometer
pensiones más elevadas, menos impuestos y un aumento del gasto
social en una Cataluña independiente. Pura ensoñación que los
números no avalan. En los siete primeros meses de este ejercicio,
Cataluña aportó a la caja de la Seguridad Social 7.200 millones de
euros, mientras el coste de las pensiones contributivas ascendió a
11.700 millones. Ello supone un déficit en las arcas estatales de
4.500 millones.
El contraste de estos datos con el dispendio obsceno del Gobierno
catalán para engrasar la maquinaria independentista explica la huida
hacia adelante de Mas. Porque, al mismo tiempo que el presidente
catalán practicaba una severa política de recortes y suplicaba el
auxilio del Estado, la Generalitat ha mantenido el derroche en
'embajadas' -esta partida aumentó un 40% en el último año- y ha
incrementado el presupuesto de TV3, que roza los 300 millones de
euros en 2015. Tampoco tuvo empacho en presupuestar ocho millones el
año pasado para el 9-N, si bien el coste final de la consulta está
siendo investigado por la Justicia.
Esta estrategia indica hasta qué punto Mas ha usado la quimera
soberanista para tapar su indigencia política y su incapacidad para
solucionar los problemas de los catalanes, a los que sigue ocultando
el desgarro económico inasumible que tendría una eventual secesión
de Cataluña.
Plantear, por tanto, la independencia como un proyecto viable en una
situación de fragilidad económica como la que aqueja a Cataluña
supone una burla a los ciudadanos. Hacerlo, además, sin asumir las
responsabilidades propias añade una sobredosis de cinismo que indica
hasta qué punto Mas ha perdido el contacto con la realidad.
La mona Laia, antecesora del 'Homo
Trespercentsis'
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 2 Noviembre 2015
La página web de TV3, conocida por sus enemigos como TV3%, ha
logrado concitar la curiosidad de la Cataluña ilustrada con esta
noticia: "Laia, una catalana de 11,6 millones de años, revoluciona
la teoría de la evolución". Lo cierto es que esta semana había
sufrido una caída brutal el censo político de la población de
Cataluña, ya que según la nueva presidenta del Parlamento
autonómico, Carmen Forcadell, habría que amputar de la ciudadanía
catalana a los votantes del PP y Ciudadanos, incluso a algunos del
PSC y de Podemos, que no son realmente catalanes sino enemigos de
Cataluña, como parte del Enemigo con mayúsculas, el infame Estado
Español. Sin embargo, esa baja, importante cuantitativamente -más de
la mitad de los votantes- de la gentecilla obtusa que en las
recientes elecciones no respaldó a los separatistas, ha sido más que
compensada por una aportación cualitativa que la supera con creces y
archicreces.
Porque, atención Planeta Tierra, ha aparecido algo más que un ser,
un ente, un algo. Ha aparecido una catalana anterior a Montserrat y
a la Moreneta, que a su lado es sólo una pubilla oscurita. Resulta
que unos científicos catalanes descubrieron en un vertedero a una
mona antiquísima, a la que, puestos a bautizar, llamaron "Laia".
Normal. En Teruel apareció hace algunos años un dinosaurio rarísimo
que, en honor al río local, se llama Turiosaurio. Pero la Ciencia,
como ya vieron Stalin y Zhdanov, es una rama poco imaginativa de la
Política, sin conciencia de clase y ayuna de sensibilidad nacional.
Así que en la rueda de prensa en que los sabios presumían del
hallazgo de la homínida fueron sorprendidos por una pregunta que es,
en realidad, LA pregunta en la Cataluña actual: cómo diferenciar a
Cataluña de España. Unos periodistas plantearon el problema en su
raíz: si "Laia" demuestra que catalanes y españoles "proceden de
monos diferentes". Increíblemente, los científicos lo tomaron a
broma. Habrán nacido en Cataluña, sí, pero no son catalanes.
La "articulatio mangantis" de Laia
Como ha demostrado Francisco Caja en dos tomos, dos, el racismo está
en la base del nacionalismo catalán. Aderezado con xenofobia y con
un toque de filología, pero racismo al fin. Sin embargo, el Doctor
Robert, cuyo gigantesco homenaje en piedra fue retirado del lugar
que merece, enfrente de la Universidad Central y como contrapeso
nacional al burdo cientifismo, se limitó a medir cráneos para
demostrar la diferencia, léase superioridad, de la raza catalana
sobre la española, que ni es raza ni es nada. El hallazgo de "Laia"
muestra la superioridad de los catalanes no sólo sobre el resto de
los humanos sino de los divinos, de ahí el fatal ostracismo de la
Moreneta.
Porque Pliobates catalonia, nombre científico de "Laia", será una
mona de cuatro o cinco quilos, una giboncilla de poco fuste
anatómico, pero tiene 11 millones y medio de años de antigüedad. Y
eso la coloca por encima de la propia humanidad, a la que precede en
varios millones de años. Los vascos presumían, antes de "Laia", de
que el euskera era el idioma de Adán y Eva –la euskoculebra fue
rescatada de la mitología sabiniana por la ETA- pero eso son
moderneces humanoides con ínfulas filológicas. Nimiedades, si se
comparan con el honor de adelantarse, como catalana o como Cataluña,
a la especie humana. En realidad, los periodistas del Prusés o
prusedistas que preguntaron a los paleontólogos si españoles y
catalanes descendemos de monos diferentes no erraban al creer lo
que, por sátira analfabeta de Darwin, ilustra las botellas de Anís
del Mono, sino que minusvaloraban gravemente la importancia de
"Laia", que coloca lo catalán en un áureo lugar situado entre
monidad y humanidad, simiez y humanez.
Habrá gente –ya estoy viendo a Boadella- que tomará a broma esta
noticia. No faltarán los que vean en la pregunta la prueba
indiscutible de la degeneración totalitaria que vive Cataluña en
general y sus periodistas en particular. Pues bien, yo creo que hay
un hecho que prueba lo que, más que catalán, podemos llamar,
patriotismo estructural de "Laia", algo que no sólo la convierte en
Madre de la Humanidad, por encima de Mamá Lucy, al cabo una africana
jovencita, sino en la bisabuela de Convergencia y el 3%.
Resulta que lo más significativo de la ancestral mona catalana es
que su cúbito y su radio, o sea, su antebrazo, presentan una
articulación con la muñeca mucho más desarrollada que la de sus
predecesores simiescos. ¿Y no es esa agilidad a la hora de poner la
mano donde hay que ponerla y de retirarla con el fruto apetecido
cuando hay que retirarla, lo que caracteriza al llamado catalanismo
político, lo que supera formas harto más vulgares del latrocinio,
como la tangente italiana o la mordida mejicana? ¿Y sería posible
esa superioridad de la articulatio mangantis, aceptada por todos los
Gobiernos descendientes de los monos españoles en los últimos 35
años, sin la herencia antropológica, el ADN, la capacidad de poner
la mano que vienen de "Laia" y desembocan en lo que, según
yacimientos ampliamente documentados, podemos y debemos llamar "Homo
Trespercentensis"?
El futuro de 'Laia' en los símbolos nacionalistas
Pero no todos los humanos han sido capaces de adaptarse a la cultura
del Tres por Ciento, de sentirse parte de esa forma de ser mono de
mangui, y no es lo mismo la articulatio mangantis que la articulatio
charneguensis. La Ciencia debe ahora centrarse en el examen (nivel L
de Laia + nivel C de Catalán: I+D+I+L+C) de esa "voluntad de ser"
descendientes legítimos de "Laia", sabia pero, ay, interesada
imitación del don procedente de la simia más egregia de la
prehumanidad, la poshumanidad y la protocatalanidad.
Antes del 9N, la verdad, veo difícil incluir a "Laia" en la letra de
Els Segadors. La Creación Nacional lleva su tiempo. Pero, al menos,
en estas Navidades Soberanas, el Barça podría hacer un esfuerzo de
divulgación. Ya me parece estar oyéndolo: "¡Tot el camp es un clam:
Laia, Laia, Laiááá
Los trucos del presupuesto
Manuel Lago. La Voz 2 Noviembre 2015
Con el proyecto de presupuestos para el 2016, la Xunta de Galicia
parece que alcanzó la cuadratura del círculo: sube el gasto, rebaja
los impuestos y consigue reducir el déficit público. Demasiado
bonito para ser verdad. Una lectura atenta de las cifras revela una
serie de trucos que desmontan el milagro.
El primero es el de la rebaja de los impuestos. La Xunta de Galicia
anuncia una reducción de los tipos impositivos en el tramo
autonómico del IRPF, detalla el número de beneficiarios y el ahorro
de cada declarante, pero se le olvida un detalle fundamental: esa
rebaja solo tendrá efectos a partir del 2017. El funcionamiento de
nuestro sistema tributario impide que la reducción de los tipos de
la Xunta se aplique a las retenciones del IRPF en las nóminas; en
consecuencia, solo la notaremos cuando se haga la declaración anual
en el 2017. Así que en el 2016 tendremos una rebaja fiscal virtual,
que se vende públicamente para las elecciones pero que no tiene
efectos reales. Una rebaja con efectos a partir del 2017, que tendrá
que pagar el nuevo Gobierno en el 2018.
El segundo truco es la facilidad con la que se pueden burlar los
límites de la ley del techo de gasto. Desde la aprobación, en abril
del 2012, de la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria, la Xunta
de Galicia ha presentado el techo de gasto como una restricción de
obligado cumplimiento que impedía aumentar el gasto público. Pues
bien, de forma casi mágica esta limitación se ha desvanecido. El
Consejo de Ministros del 10 de julio del 2015 estableció que para el
2016 el gasto computable de las comunidades autónomas no podría
incrementarse más del 1,8 %. Sin embargo, la Xunta presenta un
presupuesto con un incremento del 4,3 %, más del doble. Basta un
poco de contabilidad creativa y una estimación adecuada de cierre
del ejercicio del 2015 para que, en este año electoral, esta ley de
hierro se oxide y deje de funcionar.
El tercer truco es el más perverso, porque el aumento de los
ingresos previstos en el 2016 se debe a un hecho excepcional e
irrepetible. La Xunta de Galicia va a recibir 363,2 millones de
euros por la liquidación del ejercicio del 2014, porque en ese año
se estimaron unos ingresos inferiores a los que realmente se
alcanzaron y ahora, en un pago único, el Estado le dará ese dinero.
En el 2013 y el 2014, la Xunta de Galicia recortó el gasto en
sanidad, en educación o en protección social con el argumento de que
caían los ingresos. Ahora sabemos que no era más que una coartada
para los recortes. Es una auténtica burla, porque los recortes del
pasado son precisamente los ingresos con los que paga el presupuesto
expansivo del año electoral. Los 363,2 millones de euros de la
liquidación del año 2014 son exactamente la misma cantidad -364,8
millones de euros- en que se incrementan los gastos del 2016.
El procedimiento alcanza la categoría de perversión diabólica,
porque se trata de un ingreso extraordinario y, por lo tanto, no se
consolida; es decir, en el 2017, el nuevo Gobierno verá reducidos
sus recursos disponibles en esa cifra.
La fiesta de gasto en el año electoral se paga con los ajustes y los
recortes de los años anteriores y además deja una enorme resaca para
el futuro, porque el gasto extra del 2016 anticipa un recorte
equivalente en el 2017.
Las primeras víctimas
RAFAEL ARENAS El Mundo 2 Noviembre 2015
Los separatistas se lamentan de que Cataluña sea una "nación sin
Estado", pero no reparan en que el proceso que han iniciado conduce
a los catalanes a ser "ciudadanos sin Derecho" o, lo que es lo
mismo, a verse sometidos a un poder público que actúa al margen de
la ley; y esto, más allá del conflicto institucional, implica
también un daño directo a los individuos, quienes nos vemos privados
de elementos básicos en un Estado democrático como son la seguridad
jurídica, el control de la administración por los tribunales o el
sometimiento del poder público a la ley.
Ninguno de estos principios parecen relevantes para los partidos y
asociaciones separatistas, quienes hacen alarde de su voluntad de
actuar al margen y en contra del Derecho, y tampoco son
excesivamente destacados ni por los medios de comunicación ni por
los responsables políticos que hasta ahora se han pronunciado sobre
el desafío independentista. Pareciera que lo único que resulta
relevante es el conflicto institucional al que me refería hace un
momento, siendo los ciudadanos simples espectadores o rehenes del
mismo.
Y sin embargo somos los ciudadanos quienes padecemos las
consecuencias de la quiebra de la legalidad que protagonizan las
autoridades de nuestra Comunidad Autónoma. Desde la perspectiva de
los ciudadanos no puede ser indiferente que la nueva presidenta del
Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, declare el fin de la etapa
autonómica. No basta quedarse en el debate sobre si surgirá o no un
Estado catalán como consecuencia del proceso secesionista, sino que
debemos reparar en que tal declaración implica ya la eliminación de
una administración que debería estar al servicio del ciudadano.
Podría ser que los separatistas no lograran su propósito de crear un
nuevo Estado en el territorio de la comunidad catalana, pero lo que
es seguro es que las instituciones autonómicas renuncian a seguir
siendo tales y privan a los ciudadanos de una administración
esencial en la arquitectura constitucional, de un elemento clave
para el gobierno en nuestra sociedad.
La Generalitat de Cataluña ya no es tal, por tanto. Declara que no
se considera una institución autonómica y, además, proclama que
actuará al margen de la ley; pero no renuncia a seguir ejerciendo el
poder público. La Generalitat y las administraciones locales
catalanas ahí siguen recordándonos que mantienen el monopolio de la
coacción pese a haber hecho expresa su voluntad de no someterse a la
ley. Se trata de una situación inadmisible. El sometimiento del
poder público a la ley es un avance en los derechos de los
ciudadanos al que no podemos renunciar. Un poder público que
pretende actuar al margen de la legalidad nos retrotrae al Antiguo
Régimen, a la época anterior a la Revolución Francesa.
¿En qué situación nos encontramos los catalanes? El poder público
que se ejerce en nuestra Comunidad Autónoma ya no responde a lo
previsto en el marco de convivencia del que en su día nos dotamos.
La administración retiene los mecanismos para imponer por la fuerza
sus decisiones pero actuando ya al margen del ordenamiento que la
dotó de tales mecanismos. Por primera vez, desde la restauración de
la democracia, sentimos lo que es el desamparo jurídico descarnado y
sin matices. No estamos hablando de déficits democráticos o mal
funcionamiento de la administración, sino de la confrontación entre
los ciudadanos y quienes pretenden ejercer el poder público al
margen del Derecho.
Que quien tiene la capacidad de ejercer el poder público, incluido
el uso de la fuerza, haga expreso que no se siente sometido a la ley
crea una incertidumbre que, a poco que se repare en ella, resulta
difícilmente soportable. En algunos casos esta inseguridad supera,
además, los límites de lo hipotético para convertirse en agresión
directa, así cuando con motivo de la consulta del 9 de noviembre de
2014, suspendida por el Tribunal Constitucional, varios funcionarios
recibieron "indicaciones" sobre en qué forma debían desatender la
prohibición de colaborar en la consulta que había establecido este
Alto Tribunal. La confrontación del ciudadano con un poder público
que rehúsa someterse a la ley y a los tribunales debería ser un
supuesto meramente de laboratorio en cualquier Estado de Derecho y,
sin embargo, en Cataluña son muchos lo que pueden dar testimonio de
lo que supone dicho enfrentamiento.
La propuesta de declaración presentada a la mesa del Parlamento de
Cataluña por Junts pel Sí y la CUP el pasado 27 de septiembre
pretende convertir en general y solemne esta desvinculación de las
reglas y normas que en Cataluña padecemos desde hace más de un año.
Quien debiera ser el máximo órgano de representación de los
ciudadanos catalanes en el marco de las competencias que diseña la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, el Parlamento de Cataluña,
se prepara para anunciar formalmente su desvinculación del
ordenamiento jurídico y para instar al Gobierno autonómico a que
haga lo mismo. ¿Resulta indiferente para los ciudadanos que ese
poder público que controla la sanidad, la educación, la Policía, los
medios públicos de comunicación, los ferrocarriles, las carreteras,
las universidades y un largo etcétera de infraestructuras y
servicios se presente ante todos nosotros como un mero poder
fáctico, desvinculado de las leyes y enfrentado al marco de
convivencia al que todos tenemos derecho?
No, no es indiferente para el ciudadano, ni muchísimo menos. Es
gravísimo que se nos coloque en esta situación por parte de las
instituciones autonómicas y doloroso que ante esto la complicidad y
empatía del conjunto de los ciudadanos españoles y de las fuerzas
políticas e instituciones de nuestro país no sea máxima e
incondicional.
Tolerar que las administraciones y poderes públicos abandonen el
marco constitucional no es un mero conflicto institucional, es algo
más grave: es el desprecio a los ciudadanos y a los derechos que
-pensábamos- teníamos garantizados.
Los ciudadanos catalanes somos, sin duda, las primeras víctimas de
la insurrección separatista.
Rafael Arenas es presidente de Societat Civil Catalana.
España
Bildu utiliza a la Policía Foral navarra
para boicotear a la Nacional y a la Guardia Civil
Maniobra para que el cuerpo regional controle a los agentes de
pueblos abertzales
P.MUÑOZ/J.PAGOLA - abc espana Madrid 2 Noviembre 2015
Una vez asumido que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil
no van a abandonar Navarra, como tampoco el País Vasco, el Gobierno
abertzale de Uxue Barkos se ha propuesto boicotear su trabajo. Como
primera medida, pretende que la Policía Foral controle a la Policía
Municipal de Pamplona, así como la de otras localidades de esta
comunidad gobernadas también por Bildu, y no contar con las Fuerzas
de Seguridad del Estado.
El Ejecutivo foral -sustentado por Geroa Bai, Bildu y Podemos- ya
maniobra para potenciar una Policía Foral acorde con el nacionalismo
más excluyente. Y en esta estrategia ejercen un papel clave la
consejera de Justicia e Interior, María José Beaumont, propuesta por
Bildu cuando se constituyó el Gobierno, y la concejal del área de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Aritz Romeo, de
esta misma formación heredera de Batasuna.
Beaumont, abogada de profesión, ejerció en su día como portavoz de
la coordinadora Itoiz, contraria a la construcción de un pantano en
el Pirineo navarro. El proyecto estuvo amenazado por ETA, que
asistió a varios detenidos acusados de sabotajes.
Hace pocos días ambas representantes de Bildu sellaron un acuerdo
que pretende cambiar el modelo policial en aquella comunidad
autónoma. Como primera medida, la Policía Foral asumirá el control
de la Guardia Municipal de Pamplona y, en poco tiempo, de otras
localidades navarras gobernadas por los bildutarras. Pero la
intención de los herederos de Batasuna, según los medios consultados
por ABC, es imponer su criterio en la elaboración de normas y
reglamentos para toda la comunidad foral, sin contar con otros
consistorios en manos de formaciones constitucionalistas.
Asunto sensible
Curiosamente, los primeros contactos oficiales entre ambas
instituciones controladas ahora por Bildu han sido para abordar un
asunto tan sensible como el modelo policial en el Viejo Reino. Entre
los acuerdos alcanzados figura la firma de un convenio para regular
la colaboración y el uso, por parte de la Policía Municipal de
Pamplona, del mismo sistema de comunicaciones de la Policía Foral.
Además, los agentes locales recibirán formación de los forales.
Las fuentes consultadas por ABC recuerdan que ya existían mecanismos
de coordinación en materia de Seguridad Ciudadana entre los
distintos cuerpos policiales desplegados en Navarra, y que han
funcionado a pleno rendimiento.
Pese a ello, lo que pretende Bildu ahora, según los mismos medios,
es abrir una vía con cobertura «legal» para disputar la Seguridad
Ciudadana a la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Bajo la
aparente búsqueda de cooperación policial en Pamplona -aseguran
fuentes conocedoras de la situación- lo que pretende Bildu es, en
primer lugar, potenciar la Policía Foral, poniendo a su servicio la
Policía Municipal de Pamplona, un cuerpo eficaz, precisamente
gracias a muchos años de servicio conjunto y de colaboración con las
Fuerzas de Seguridad del Estado». «En situaciones, además, de gran
dureza y sacrificio por el acoso de los terroristas y de quienes les
jaleaban y apoyaban políticamente».
La Sala del 112
La maniobra de Bildu para ganar terreno en el ámbito de la Seguridad
Ciudadana no se restringe a Pamplona, aunque allí se concentra su
esfuerzo principal, sino que se amplía a otros municipios navarros.
Precisamente, en ayuntamientos como Ansoain, Barañain o Berriozar,
entre otros, se han dado instrucciones a la Policía local para que
no colabore con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ello, pese a
que están obligadas por la Ley Orgánica 2/86.
En todo esto, un factor importante es la gestión del 112. Mientras
que en otras comunidades autónomas la gestión centralizada de este
número establece unos criterios de coordinación al servicio del
ciudadano y sus instalaciones cuentan con presencia de todos los
cuerpos policiales y de emergencias, en Navarra la sala del 112 que
gestiona la Consejería de Interior solo cuenta con asistencia de la
Policía Foral y los Bomberos. Con el Ejecutivo de Uxue Barkos,
además, se ha intensificado el desvío de llamadas hacia la Policía
Foral, incluso cuando existen otras patrullas más cercanas de la
Guardia Civil o la Policía Nacional. La consigna es evidente: mejor
una polícía nacionalista, aunque llegue tarde.
Terrorismo callejero
La quema proetarra de ocho autobuses de
transporte público provoca daños por valor de dos millones de euros
www.latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre 2015
Los daños causados por la quema intencionada de ocho autobuses del
transporte público en un ataque de terrorismo callejero cometido en
la localidad vizcaína de Derio ascienden a dos millones de euros. La
policía encontró en el lugar del atentado pasquines en los que se
pedía la puesta en libertad del miembro de ETA Ibon Iparragirre y se
reclamaba también “la excarcelación de los presos enfermos”.
Hay que recordar que el etarra Ibon Iparraguirre se encontraba en
régimen abierto desde 2011 por una enfermedad pulmonar, pero volvió
a prisión el pasado 7 de marzo para cumplir una condena pendiente de
299 años por la explosión de un coche-bomba en la comisaría de la
Ertzaintza de Ondarroa. En su regreso a los calabazos, el criminal
expresó su deseo de que ETA volviera a “coger las armas” y amenazó
de muerte a varios funcionarios policiales.
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