AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 11  Novietubre  2015

No saben/no contestan ante el golpe de Estado
EDITORIAL Libertad Digital 11 Noviembre 2015

Tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha declarado que el Estado debe "articular las medidas para restablecer el orden constitucional" y poner fin al desafío separatista. Se trata de una obviedad que no merece siquiera la mera mención si no va acompañada de una enumeración detallada de las "medidas" a las que se alude.

Pero todo parece indicar que tanto el líder de la oposición como el presidente del Gobierno siguen a estas alturas sin atreverse a mencionar ninguna de esas "medidas", salvo la de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para que dicte algo tan obvio como la ilegalidad de una resolución que expresamente declara la voluntad del Parlamento catalán de desconectarse del ordenamiento jurídico nacional.

La medida más rápida y proporcional para sofocar el proceso golpista sería la suspensión –gradual o completa– de la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta intervención por parte del Estado central garantizaría los servicios públicos a todos los catalanes, al tiempo que evitaría de inmediato la comisión de nuevas ilegalidades y que se siguieran destinando fondos públicos al igualmente ilegal y oneroso proceso de construcción nacional.

Otra forma, si bien más indirecta y lenta, sería que el Gobierno anunciara su compromiso de desconectar a la Administración en rebeldía de todo recurso financiero extraordinario hasta que derogue la resolución separatista y dé muestras inequívocas de acatamiento del orden constitucional. Así, en el caso de que siguiera destinando recursos a la secesión y a sus ilegales estructuras de Estado, la Generalidad entraría en proceso de suspensión de pagos y la Administración central tendría que intervenirla por razones económicas.

Una tercera vía pasaría por apelar directamente al Derecho Penal y advertir abierta y claramente a los promotores del golpe de los delitos y las penas aparejadas a su manera de proceder. Esta vía, en caso de ser la única contemplada, ralentizaría el sofocamiento del golpe, al tiempo que borraría su carácter institucional. A diferencia de la suspensión de la autonomía, el procesamiento de los golpistas podría no evitar que otros les sucedieran al frente de las instituciones autonómicas. Por eso lo más sensato sería no abordar la vía penal en exclusiva.

Lo que es evidente es que, de la misma forma en que los nacionalistas trazaron hace años sus planes para hacer añicos la Nación y el Estado de Derecho, el Gobierno de España y las fuerzas constitucionalistas deberían contar ya con una respuesta contundente para sofocar política, financiera y penalmente a los sediciosos. Pero no: disfrazando la irresolución con los ropajes de la prudencia, las irresponsables élites políticas siguen apostándolo todo a lo que diga un Tribunal Constitucional al que los separatistas vienen desobedeciendo desde que Artur Mas proclamase en 2012 que no habría "tribunales ni constituciones" que parasen el proceso de secesión.

Ya está bien de proclamas como la de "España no se negocia" y tantas otras cuya grandilocuencia no alcanza para ocultar el hecho de que los líderes de los principales partidos siguen sin comunicar a la ciudadanía cómo van a defender la Nación y restablecer el imperio de la ley.

Hay que desconectar a la Generalidad
Pablo Molina Libertad Digital 11 Noviembre 2015

El eufemismo utilizado por los nacionalistas para su golpecito de estado ha sido el de "desconexión". La imaginación desbordante de los separatistas no va pareja con su estro literario (lacras de la inmersión lingüística), pero precisamente gracias a esa falta de talento estamos ante un proceso político con una denominación que se ajusta perfectamente a la realidad.

Hay que desconectar al resto de España de Cataluña, en efecto, al menos en el terreno económico. La Generalidad catalana es un enfermo terminal que sobrevive dando boqueadas gracias al soporte vital que le proporciona "el resto del Estado" con sus presupuestos. Los dirigentes catalanes, tutores del enfermo, quieren evitarle la agonía y nuestro deber, como responsables del tratamiento, es obedecer su mandato.

Los diputados de la chancla, verdaderos triunfadores de esta astracanada carísima en que se ha convertido la política catalana, no caben en sí de felicidad al verse tan cerca de una desconexión que aislará a Cataluña de las asechanzas del capitalismo. El resto de los diputados separatistas, algo más sensatos, exhiben solo media sonrisa porque saben que la independencia tiene un coste que ellos, por supuesto, están dispuestos... a hacer pagar a los demás. Los convergentes son los que más tranquilos deberían estar porque tienen su dinero fuera de Cataluña, pero con la desconexión se quedan sin el trinque del 3%, la única industria en que la burguesía catalana ha demostrado gran destreza, y cuya pérdida irremediable les tiene bastante deprimidos.

Pero unos y otros han decidido que la solución a sus males comienza con la desconexión de España, a cuyo fin han dado el primer paso en su parlamento regional. Las instituciones del Estado han puesto a funcionar la maquinaria administrativa para detener el golpecito a base de decretos del Gobierno y autos judiciales. Conociendo el magistral uso de los tiempos de Rajoy, el proceso del proceso puede durar meses, pero la desconexión presupuestaria hay que hacerla ya. La inmensa mayoría de los españoles no vemos la hora de que esa desconexión se produzca de manera efectiva; no porque estemos hartos de financiar a la clase política más corrupta y llorica de Europa, sino porque mantener con vida a la Generalidad en estas condiciones sería un gesto de gran crueldad. Por nada del mundo querríamos que al amplio catálogo de acusaciones de los separatistas contra el resto de los españoles añadieran ahora la del encarnizamiento terapéutico.

HERRAMIENTAS LEGALES QUE NO HAN EMPLEADO
Lo que podría haber hecho el Gobierno en Cataluña y no ha hecho
Desde que en 2013 la cúpula del PP catalán avisase sobre la necesidad de parar la deriva soberanista, la acción del Ejecutivo se ha ceñido a traspasar la responsabilidad al Tribunal Constitucional.
Juan E. Pflüger  www.gaceta.es 11 Noviembre 2015

Cuando el PP de Cataluña pidió al Gobierno que actuase para frenar la deriva soberanista en 2013, solamente obtuvo el silencio por respuesta. Un año después, el 9 de noviembre de 2014, se celebraba la consulta soberanista que según el presidente Mariano Rajoy no se ha producido jamás porque eso no era un referéndum. Y ahora, después de que el parlamento regional catalán haya iniciado el camino de la separación mediante la declaración de insumisión al Gobierno de España, el único recurso por el que optan es al Tribunal Constitucional que ya permitió que se celebrase el pleno del pasado lunes en el que 72 diputados autonómicos decidieron romper abiertamente con la legalidad.

El recurso al Constitucional genera dos lagunas importantes en el intento de frenar la deriva separatista. En primer lugar, el Gobierno catalán ya ha incumplido varias sentencias suyas en materia lingüística sobre derecho a la enseñanza en español y rotulación de establecimientos públicos. En segundo lugar, la acción de gobernar es competencia del Gobierno en quien recae el poder Ejecutivo, no de los jueces, a quienes compete el poder judicial. De esta manera se está invirtiendo la necesaria separación de poderes en una democracia.

Los instrumentos legales del Ejecutivo que preside Rajoy son varios, pero no se ha hecho uso de ellos. Tampoco se ha dado explicación a la sociedad de por qué no se emplean los mecanismos que las leyes ponen al servicio de la unidad de España.

El primer paso que deberían haber dado desde el Gobierno es el recurso al Código Penal (CP). En su artículo 544 deja claro el delito de sedición: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

A este artículo debería haber recurrido el Gobierno y, a través del Ministerio del Interior, haber ordenado la actuación de los Mossos d’ Esquadra para que pusieran a disposición judicial a los infractores. Las penas por un delito de esta gravedad son importantes, como recoge el CP: “Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”.

Además del Código Penal, en julio pasado el Gobierno aprobó la Ley de Seguridad Nacional que dota al Ejecutivo la potestad de detraer algunas competencias dadas a las comunidades autónomas en caso de riesgo para la seguridad de España. Estas competencias pasarían a ser ejercidas por el Gobierno sin necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española y hubiera sido un buen recurso para solucionar el problema planteado por algunos partidos políticos catalanes que han usado las competencias contra el bien común y la seguridad de los españoles.

Si con estas dos medidas no hubiera sido posible controlar el proceso de “desconexión” al que los separatistas están llevando a Cataluña, la Constitución prevé el empleo de su artículo 155: “Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podría adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Y completa el apartado dos del artículo 155: “Para la ejecución de las medidas previstas en el aparato anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Y finalmente, si el estado sedicioso lo hiciera necesario y ante el hipotético fracaso de todas las medidas anteriores, la Constitución es clara en su artículo 8: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Pero el Gobierno de Mariano Rajoy lleva años sin hacer uso de ningunas de las herramientas legales de las que dispone, ni siquiera a escaso mes y medio de unas elecciones generales en las que todas las encuestas auguran una caída en picado de sus votantes, en su mayor parte cansados de los incumplimientos del actual presidente, ese que no ha dudado en decir: "Mientras sea presidente del Gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales; la justicia prevalecerá sobre la sinrazón y todos estaremos sometidos a la ley y las resoluciones de los tribunales".

Guía rápida para entender por qué necesitamos nuevo proyecto de país
Antonio Martín Beaumont www.elsemanaldigital.com 11 Noviembre 2015

¿Ha llegado el momento, visto que el independentismo no deja de convocar sus sonadas celebraciones, de que el constitucionalismo también proponga las suyas, incluso más exitosas?

¿Cuántas veces hemos visto que cuando mejor lo está pasando un grupo de jóvenes en una fiesta les interrumpe la llamada del portero o del policía de turno para que apaguen la música porque molestan al vecino del tercero? "Ya está el ´aguafiestas´ protestando", se quejan los fiesteros. Luego, días después, cuando se tropiezan con el protestón por la escalera, lo miran de reojo con la cara que se le pone al insoportable de la película que se sale con la suya.

Si nos fijamos bien, algo así ocurre en Cataluña. Los catalanes son convocados cada dos por tres a la fiesta independentista mientras el "aguafiestas" Estado español manda a la autoridad competente para que quiten la música bajo pena de aplicar la ley. Y, por supuesto, la ley debe cumplirse, pero debe acompañarse de otros pasos necesarios.

Una nación es un plebiscito diario, como Ernest Renan expresaba en su discurso ¿Qué es una Nación?: es decir, más una "creencia" que cualquier otra cuestión. Sí. Y en el plebiscito catalán, aunque el constitucionalismo tenga toda la razón legal, el independentismo gana en eso que se puede llamar el humor de la gente. Nosotros (los constitucionalistas) llevamos la ley por delante. Ellos (los independentistas) agitan banderas festivas que hacen crecer la fe de los ciudadanos en su nueva República.

¿No habrá llegado el momento, visto que el independentismo no deja de convocar sus sonadas celebraciones, de que el constitucionalismo también proponga las suyas, incluso más exitosas? Porque durante los últimos 35 años hemos regado tanto cada jardín autonómico que ya muchos han olvidado el jardín común que nos permite reunirnos a todos.

España, por tanto, debería aplicarse a ganar su plebiscito diario como nación. Necesitamos un nuevo proyecto de país que enganche a la gente y la convoque en el futuro. Y esta es la tarea de los partidos españoles. Sí, por supuesto, se dirá que ante el desafío del separatismo hoy sólo cabe la respuesta de la estricta aplicación de la ley. Estoy de acuerdo. Sin caer en una exageración que permita a los ideólogos de la división levantar más fracturas sociales. Faltaría más. En una democracia nadie puede incumplir las leyes y marcharse de rositas.

Pero, ¿dónde está escrito que no tenemos energía suficiente para hacer más de una cosa a la vez? España puede ser lo bastante dinámica como para hacerse respetar y querer.

El Gobierno debe aprovechar esta última oportunidad
Lucio A. Muñoz  www.gaceta.es 11 Noviembre 2015

La reputación corporativa es un intangible de alto valor, puesto que es la imagen que perciben los clientes, tanto reales como potenciales, de la empresa.

La gestión de los activos intangibles es una tarea harto complicada para cualquier empresa, puesto que la misma es prácticamente imposible de cuantificar económicamente en la cuenta de resultados.

No obstante, las empresas de alto potencial cada vez destinan mayores recursos al objeto de intentar rentabilizar la gestión de lo intangible y, debido a este motivo, esta área gerencial se encuentra actualmente altamente profesionalizada y especializada.

Porque, indudablemente, una óptima gestión de lo intangible potencia el valor de la marca de una compañía, haciéndola más competitiva.

En este sentido, la reputación corporativa es un intangible de alto valor, puesto que es la imagen que perciben los clientes, tanto reales como potenciales, de la empresa.

Y conseguir una buena reputación depende en gran medida de una eficaz política comunicativa. Tanto es así, que una empresa se gana su prestigio en el mercado “haciendo las cosas bien” y, de forma paralela, comunicando perfecta y coherentemente “aquellas cosas que hace bien”. (Productos o servicios para mejorar la vida de la personas).

En relación con lo anterior, el Gobierno tiene la última oportunidad para mejorar su reputación institucional ante los españoles en general y en relación a los votantes tradicionales del PP en particular.

Para ello y de forma definitiva, tendrá que aplicar íntegramente el “plan antiindependentista” que han diseñado de manera coordinada los distintos ministerios (Hacienda, Justicia, Economía, Interior, Presidencia...) al objeto de frenar la independencia de Cataluña. E, igualmente, deberá comunicar de forma magistral a los españoles las acciones que emprenda a tal efecto.

El citado plan consta de dos partes fundamentales. Una parte de índole legal, que consiste en utilizar medidas que van desde la presentación del preceptivo recurso de inconstitucionalidad ante el TC hasta la aplicación del Art. 155 de la Constitución (que acarrearía la suspensión de la autonomía), y pasando por la aplicación del Código Penal a los políticos secesionistas catalanes por parte de la Abogacía y la Fiscalía del Estado. Y la otra parte, relacionada con el aspecto económico financiero y fiscal, basada, entre otras relevantes medidas, en suprimir las nuevas remesas del Fondo de Liquidez.

Si el Gobierno muestra (y comunica) liderazgo, valentía y contundencia ante el desafío secesionista, y evita que Cataluña se convierta en una República independiente, recuperará a gran parte del electorado tradicional del PP y, además, un porcentaje elevado de indecisos se decantará por votar al Partido Popular en las próximas elecciones.

Es la última oportunidad del Gobierno del PP y, tal vez, también de España.

¿Y si Europa se rompe?
Editorial  www.gaceta.es 11 Noviembre 2015

Hace mucho tiempo que España ha renunciado a cualquier proyecto nacional y ha fijado en “Europa” todas sus esperanzas. Pero he aquí que el horizonte europeo se oscurece. ¿Y ahora qué?

El premier británico, David Cameron, parece dispuesto a llevar su pulso contra las instituciones europeas hasta el punto de máxima tensión. El referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea será una realidad antes de que termine 2017. Y para no abandonar la Unión, Cameron expone sus condiciones: devolver un cierto número de competencias a los estados miembros, restringir la política de inmigración –no sólo la extracomunitaria, sino también la intracomunitaria-, permitir el acceso sin trabas al mercado único a los países que están fuera del euro, etc. ¿Un “farol”? Eso pensaban algunos, pero he aquí que ayer mismo, lunes, nuestro aún ministro de Exteriores, García Margallo, daba por muy verosímil la hipótesis de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Así pues, algo más que un “farol” habrá.

Lo peor es que Cameron, en muchos aspectos, tiene razón, como la tiene Marine Le Pen cuando denuncia la tiranía anónima de los tecnócratas de Bruselas y su despiece de las economías nacionales, y como la tiene Viktor Orban cuando reivindica la necesidad de mantener la identidad cultural europea. La unidad de Europa fue una gran idea, pero es un hecho que la dirección tomada a partir de Maastricht está arrojando resultados paupérrimos. La reconstrucción del escenario de la “guerra fría” y la crisis de la inmigración masiva han puesto de manifiesto la pasmosa debilidad de una asamblea de países que suma el mayor PIB del mundo, por encima incluso de los Estados Unidos, pero que es incapaz de dibujar su propio destino o incluso, más modestamente, un proyecto de futuro a medio plazo. Malas noticias para los países que, como España, han renunciado a sí mismos en aras del “proyecto europeo”.

Porque España, en efecto, no tiene otro proyecto que ese. Los principales poderes políticos y económicos, así como las cabeceras de la mayoría mediática, llevan años escribiendo un guión donde Europa goza del estatuto de destino inevitable de todas nuestras naciones: los “viejos” estados europeos están llamados a disolverse en el horizonte de una Europa unida que, a su vez, se diluirá en el magma del mundo globalizado bajo los amables auspicios del mercado sin trabas. Hace mucho tiempo que España ha renunciado a cualquier proyecto nacional y ha fijado en esas metas –“Europa”, “Occidente”, el “mundo global”- todas sus esperanzas. En orden a eso hemos ido dibujando, un gobierno tras otro, lo mismo del PSOE que del PP, nuestra economía, nuestra política exterior, nuestra defensa, nuestra enseñanza e incluso nuestra política interior. ¿Cuántas veces no hemos oído que el principal argumento contra la independencia de Cataluña es precisamente Europa? Pero he aquí que el horizonte europeo se oscurece, sus perfiles se hacen borrosos e incluso amenazantes. ¿Y ahora qué?

Ahora lo razonable sería volver a formular un proyecto nacional. Como está haciendo Gran Bretaña. Mal que les pese a nuestros políticos y a nuestros financieros, tan cómodos en el desvanecimiento masivo de la globalización, el hecho objetivo es que la idea de Europa dibujada a principios de los años 90 ha dejado de funcionar, como también ha dejado de funcionar el “nuevo orden mundial” que Washington auspiciaba. Es hora de rectificar el proyecto europeo, sacarlo del molde de la “globalización” y ajustarlo a la realidad de unos estados-nación con larga trayectoria, identidad cultural propia e intereses geopolíticos comunes.

Cataluña: ¿Y la ley? ¡A la ley que le den morcilla!
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 11 Noviembre 2015

Lógicamente preocupados con la posible secesión de una parte del territorio nacional y con las acciones que el Estado podría verse obligado a impulsar para abortarla, millones de españoles viven bajo el efecto visual que se produce cuando los árboles no nos dejan ver el bosque.

Y es que esos árboles, hoy bien a la vista, corren el riesgo de ser arrasados por un incendio pavoroso: la ruptura de un Estado que existe desde hace más de cinco siglos y la posibilidad de que millones de españoles que han nacido o viven en Cataluña sean privados a la fuerza de su nacionalidad, hechos ambos de tanta gravedad política, económica y social que resulta fácil comprender que tanta gente tenga centrada su atención en lo que es hoy lo más urgente, aunque no sea a medio plazo lo más fundamental.

¿Y qué es lo más fundamental? La respuesta no ofrece a mi juicio duda alguna: que en España pueda llegar a asentarse el devastador principio político y jurídico de que una mayoría parlamentaria pueda alegar la existencia de una (real o supuesta) mayoría electoral para justificar la violación de las leyes sobre cuyo cumplimiento reposa el Estado de derecho, la paz civil y a fin de cuentas la civilización.

Lo que está en juego en Cataluña, tras la aprobación de una resolución que constituye una llamada en toda regla a la insurrección de las instituciones autonómicas contra nuestro Estado democrático, es si España continuará siendo, como desde 1978, una nación civilizada, donde los poderes públicos están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes, o una nación del tercer mundo, donde no es posible garantizar el imperio de la ley. En Cataluña se juega si somos un Estado democrático europeo o, por el contrario, una república bananera sudamericana o una satrapía africana o asiática.

Por eso es tan importante no caer en la zafia trampa que nos han tendido los nacionalistas catalanes y todos los que en España los apoyan: la de discutir sobre quién tiene la mayoría electoral en Cataluña. Pues aunque los nacionalistas, en lugar de representar a menos del 48 % de los votos expresados el 27 de septiembre (equivalentes al 37 % del censo electoral), representasen al 90 % del electorado, no estarían más legitimados que lo están hoy para decidir que la ley no va con ellos y que pueden pasársela por el arco del triunfo.

Yo confío en que los secesionistas no van a salirse con la suya. Y lo hago porque si lo contrario llegara a producirse no solo habríamos perdido a una parte esencial de nuestro territorio, indispensable para la comprensión de España como nación, y no solo habríamos dejado abandonados a su suerte a los millones de catalanes no nacionalistas. Además de todo eso, nuestro Estado de derecho dejaría de existir y ya no habría en España entera ni un solo juez ni una sola autoridad legitimada para imponer la ley a nadie.

La política de la acción frente a la ilusoria seducción
Ramón Marcos Allo Libertad Digital 11 Noviembre 2015

La aprobación de una seudodeclaración de independencia unilateral en el parlamento catalán pareció bufa y ridícula. Bufas las intervenciones y ridículas las pretensiones de los independentistas. El problema es haber permitido que lleguen hasta aquí, porque no será baladí para el conjunto de los españoles. Como dice Fernando Savater, en la situación en la que nos encontramos, va a ser difícil que todo esto no acabe mal. La cuestión está en cómo de mal y sobre todo para quién.

Si queremos que el país no acabe en desastre y paguen quienes al desastre lo quieren conducir, es necesario acertar en el diagnóstico de los errores cometidos y no repetirlos. Este proceso no es casual ni ha avanzado por la fortaleza de quienes lo empujan, sino por la debilidad de las instituciones del Estado y de los principales partidos nacionales durante décadas. Unos partidos incapaces de defender un proyecto de país común y de entender cuáles eran los objetivos de parte de esa élite catalana, a la que creían tener atada permitiendo su corrupción -Rato compartía testaferros con los Pujol- y consintiendo sus veleidades identitarias.

Si esto es cierto, si no hay un problema real de pluralidad del Estado ni de descentralización política, sino más bien al revés, la solución no pasa por tomar medidas, como algunos proponen, para que el 96% de los españoles, a costa de los intereses comunes, seduzcan a menos de un 4% de descontentos, que además llevan años limitando la pluralidad en Cataluña y renunciando a seducir al 60% de sus conciudadanos que no son independentistas.

Toca hacer justo lo contrario. El Gobierno, sin temor, tiene que aplicar de manera proporcional e inteligente las medidas que impidan continuar con la política de hechos consumados hacia la independencia. Seguramente habrá consecuencias desagradables, pero el Estado, si quiere seguir existiendo, no puede renunciar a aplicar la ley en una parte de su territorio y defender a los ciudadanos de allí y del resto de España de la arbitrariedad y la iniquidad. Eso sí que conllevaría consecuencias desagradables.

Pero además, y sobre todo, el Gobierno deberá de una vez por todas pasar de la política de la reacción a la política de la anticipación. Hay que adelantarse a los independentistas y proponer las medidas políticas que defiendan los intereses comunes de los españoles y garanticen la pluralidad en Cataluña. Esto no quiere decir que no haya que escucharles y tenerles en cuenta, como ciudadanos que son. Quiere decir que no se puede consentir que continúen atemorizándonos, dividiéndonos y marcando el paso político de este país.

En este arduo camino que nos espera para ganar al insolidario independentismo, será muy conveniente que tanto la mayoría del PSOE como de Podemos entiendan que las cesiones para seducir no han apaciguado al nacionalismo, sino que lo han engordado, y que siempre han ido en perjuicio de los intereses de los ciudadanos más débiles y humildes, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Seamos inteligentes y actuemos juntos para ganar a aquellos que quieren separarse de España porque se creen más ricos, consideran que así estarán mejor, mandarán más o robarán impunemente a su gente. Eso sí, recordemos que la unión no puede ser a costa de la acción. Es tiempo de la política de la acción, no de la ilusoria seducción.

EDUCACIÓN MALA, O PEOR
El libro de Marina no es blanco, ni negro, sino polémico
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 11 Noviembre 2015

José Antonio Marina redacta para el PP un polémico Libro Blanco del Docente. ¿La educación se arregla con más o menos sueldo para los profesores?

Empezamos la campaña electoral con uno de los problemas eternos, siempre presentes, nunca resueltos. Y para polémica entre los mismos docentes, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina ha sido encargado por el PP de redactar un Libro Blanco que será programático. Entre muchas cosas, la mayoría de las cuales ya ha expuesto en muchos años de trabajo, Marina cree que "los profesores buenos no deben cobrar lo mismo que los malos". Esto divide a la comunidad educativa, y además dentro de quienes sí creemos que tiene razón hay ideas muy distintas sobre qué es un buen profesor, qué es un éxito educativo, y sobre cuáles son o han de ser los objetivos de la educación en una sociedad europea en general y en España en particular.

En España no hay un consenso amplio y transversal en muchos asuntos. Pero un asunto que hace opinar igual a tirios y troyanos, en principio, es justo la educación: gentes de lo más diverso están dispuestas a admitir que la educación no funciona, que ha empeorado, que no cumple adecuadamente la función social que se le supone, que es especialmente grave en los centros educativos públicos… y todo esto desde hace unos 40 años.

Hemos tenido, desde 1970, sucesivos cambios normativos, que han implicado una inestabilidad del sistema educativo y la introducción en el mismo de una fuerte carga ideológica. Hemos vivido la ruptura autonómica, la fragmentación de las escuelas y su uso para el adoctrinamiento nacionalista y progresista, sin que nadie lo haya impedido desde la derecha (perdón, centro). Hemos asistido a un cambio demográfico que ha supuesto pasar de un baby boom nacional a un invierno demográfico y ahora a la entrada masiva en las aulas de hijos de la inmigración. Y hemos asistido a sucesivas crisis económicas que han afectado a la capacidad de inversión en educación, tanto por parte de las familias como de la Administración.

Cuatro factores de fracaso, de los cuales casi todos nuestros políticos y opinadores están dispuestos a aceptar uno, la inestabilidad normativa, el cambio de leyes y la falta de eso que llaman un "pacto de Estado". Y el profesor Marina añade ahora, desde su punto de vista, la importancia de los dineros. De lo demás, tiempo tendremos de hablar.

Marina es polémico porque no hay dinero, dicen. La crisis económica de los 70, la de los 90 y la actual han marcado la democracia española, limitando la capacidad de gasto en Educación tanto por parte de la Administración (sea Estado sean autonomías) como por parte de la sociedad y las familias. Ahora bien, esto ni es un problema nuevo, ni es exclusivo de España. Está de moda asociar todos los problemas educativos a los llamados recortes, y parecen irrenunciables esos argumentos de determinismo económico, tanto para neomarxistas como para neoliberales. Tal razonamiento es sin embargo una falacia. Lo es, ante todo, porque "cambiar" la educación no significa "recortar" o "gastar" nada, sino utilizar de otro modo los medios materiales y humanos ya disponibles. Hay centros, recursos y funcionarios docentes que con seguridad pueden emplearse mejor, con mejores resultados aunque eso supondría, por supuesto, cambiar qué se enseña, quién enseña, cómo y a quién.

No necesariamente "recortar" implica "empeorar" un modelo educativo; no necesariamente gastar más supone enseñar mejor, ni disponer de más instrumentos electrónicos de cualquier tipo, de más viajes, de mejores ratios y grupos aún más reducidos no es decididamente lo que hace mejor la educación, porque si así fuese, estando en un momento de enorme gasto educativo, estaríamos en el mejor momento del Bachillerato español, y doy mi palabra de que no es el caso. Hablando de dineros, el profesor Javier Horno escribió hace tiempo en Navarra, donde también enseña, algo que parece el mejor resumen de los problemas económicos en educación: "lo que algunos pregonamos es que incluso con menos recursos de los gastados hasta ahora, los alumnos pueden aprender más y mejor".

Y en respuesta directa a José Antonio Marina, al Libro Blanco y a Íñigo Méndez de Vigo, el problema de los profesores y maestros no es el dinero. Es su selección, es su promoción, es la aborregada uniformidad igualitarista e ideologizada. No es cuestión de dineros, sino de satisfacción con la enseñanza, de promoción profesional, de ascenso jerárquico, de selección objetiva de los mejores, de exigencia de formación real, y de menos sumisión a las premisas burocrático-materialistas de los que nunca han dejado de marcar las pautas doctrinales de este sistema educativo fallido.

Y es que nunca debimos olvidar que la educación no es esencialmente un instrumento de reforma social, ni de redistribución económica, ni de intervención en los mercados; tampoco es un mecanismo de acción psicopedagógica, ni debe servir esencialmente para aparcar alumnos, tranquilizar familias, repartir diplomas hueros o, líbrennos los dioses, para colocar docentes con o más a menudo sin méritos. Lo que nos lleva al segundo problema, el que nadie trata de frente pese a haber un consenso casi universal: el de la inestabilidad del sistema educativo.

Los cambios normativos han supuesto tener un sistema a la vez inestable y sometido a una ideología de parte. Con toda su ideologización progre, materialista, igualitaria, uniformista y demás, y con ser sin duda una "fábrica de ineptos", la LOGSE de 1990 no fue ni el inicio ni el final del problema. La ideología de la modernidad, con su profesorado progresivamente a la izquierda anejo, se asentó entre nosotros desde la Ley General de Educación de Villar Palasí. Y aunque ahora está de moda hablar con nostalgia de la EGB, el BUP y el COU que vivimos, ahí estaban ya las semillas del Sistema que padecemos.

La LODE de Maravall (hijo) las puso claramente por escrito en 1985 y así siguen vigentes, a través de LOGSE, LOE y LOMCE. El sistema es antiselectivo, igualitario, enemigo de la calidad real, se orienta al "mercado de trabajo" y permite además el control ideológico sólo de la izquierda y los nacionalistas. Y eso empezó antes de 1975, con la obsesión por llevar a todos a la educación superior sin considerar su vocación, su gusto, su capacidad; no elevándolos a ellos, sino castrando la educación en lo que de mejor tenía. El problema no han sido los cambios normativos, sino, aunque sorprenda leerlo, precisamente que en lo esencial e ideológico no ha habido cambio en la ideología de las sucesivas leyes, todas sustancialmente en el mismo sentido con las mismas premisas. Ojalá lo pueda haber en el futuro.


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Para frenar el autogolpe, derrotar a Mas y rescatar a su partido
Ignacio Varela El Confidencial 11 Noviembre 2015

Es muy mal asunto que la insurrección de las instituciones catalanas coincida con las elecciones generales en España. Obviamente no es una casualidad, quienes idearon este levantamiento estudiaron el calendario al detalle. Si queremos ser eficientes ante la situación creada, debemos aceptar que durante las próximas seis semanas los movimientos de todos los actores de este drama histórico estarán inexorablemente condicionados por su impacto en las urnas del 20-D; y el que diga lo contrario sabe que no dice la verdad.

La enésima 'astucia' de Mas está en el punto cuarto del manifiesto insurreccional. Tras declarar solemnemente “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República “ y la apertura de un proceso constituyente, añade: “[El Parlamento] insta al futuro Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas esta declaraciones”. Mensaje descodificado: “Señores de la CUP, mientras no haya 'futuro Gobierno' no hay medidas efectivas, así que si el 'procés' encalla y el Estado español encuentra la forma de hacerlo naufragar, el honrado pueblo independentista ya sabe a quién debe culpar”.

Lo que singulariza este proceso respecto a cualquier otro (Escocia, Quebec) no es que persiga la independencia, sino que lo hace quebrando el principio de legalidad. Dicho de otra forma: la amenaza más grave que plantea la votación del lunes no es contra la unidad de España, sino contra el Estado de derecho. Puede haber ley sin democracia, pero no democracia sin ley: esa es la línea roja que jamás osaron traspasar los independentistas de Escocia y Quebec, y la que traspasaron el lunes los 72 parlamentarios que respaldaron el llamamiento a la sublevación institucional.

Este es el obstáculo insalvable para quienes somos demócratas antes que patriotas: podemos discutir sobre la unidad de España, pero no sobre los fundamentos de la democracia. Una cosa es que usted quiera independizarse y otra que el precio sea cargarse lo único que protege mi libertad y la de todos, que es el orden democrático basado en el imperio de la ley.

El Parlamento de Cataluña es un órgano del Estado español. Debe su existencia a la Constitución española y a una ley española llamada Estatuto de Cataluña, promulgada y sancionada por el Rey de España. Con la declaración que votó el lunes no empezó a desconectarse de España, sino del orden legal que ampara su propia existencia como institución. Emprendió el camino para transformar un órgano legislativo en la convención promotora de una asonada política. Y puesto que no están dispuestos a cumplir la ley que a todos obliga, nadie debe sentirse obligado a cumplir las leyes que ellos aprueben.

Lo que distingue a los cambios reformistas de los revolucionarios, además de la ausencia de violencia, es ser jurídicos o antijurídicos. El paso que dieron el lunes los diputados amotinados encabezados por Forcadell es radicalmente antijurídico; y por tanto, ilegítimo; y por tanto, hostil a la democracia como procedimiento de toma de decisiones reglado y colectivamente consentido.

Sí, lo que esa declaración anuncia es un autogolpe de Estado. Un autogolpe ocurre cuando un Gobierno rompe el orden legal que le permitió ser Gobierno e intenta imponer otro por la vía de hecho. Un autogolpe sería, por ejemplo, que el Congreso norteamericano, inducido por el presidente, decidiera abolir la Constitución de los Estados Unidos. Un autogolpe es lo que Nicolás Maduro está amenazando con hacer en Venezuela si el 6 de diciembre sus partidarios pierden las elecciones legislativas.

La declaración persigue la derogación en territorio catalán de la Constitución española y del Estatuto de Cataluña. Pero el presidente de la Generalitat con todos sus consejeros y el Parlamento de Cataluña con todos sus diputados existen como tales porque los habilitan la Constitución y el Estatuto, así que al cancelar la vigencia de esas normas se desautorizan a sí mismos. Han recorrido la distancia que separa un poder de derecho de un poder de hecho, y no hay nada más contrario a la democracia que los poderes de hecho.

Y a partir de aquí, ¿qué hacer? Dice García-Margallo que “las revueltas se sofocan”. No, en política las revueltas pacíficas (y esta, de momento, lo es) se neutralizan (neutralizar: contrarrestar el efecto de una causa por el efecto de otra diferente u opuesta). Yo quiero que la democracia española haga política para neutralizar a quienes quieren derrotarla y para restablecer en Cataluña el Estado de derecho. Luego ya hablaremos de todo lo demás.

Hablando de política, admitamos dos evidencias. La primera: llegados a este punto, no hay solución para el conflicto catalán que no pase por las urnas. La segunda: los grandes consensos que se van a necesitar para encauzar este conflicto -empezando por la reforma constitucional- solo serán operativos si dentro de ellos está una parte sustancial del nacionalismo democrático catalán.

Lo más grave que ha hecho Artur Mas al arrastrar a su partido a la aventura secesionista ha sido privarnos de un interlocutor válido, representativo de un nacionalismo institucional y no insurreccional, dispuesto a buscar una fórmula para que Cataluña ejerza su autogobierno dentro de España.

No basta con un acuerdo amplio entre los que hoy se oponen a la independencia. Antes de que Mas acabe de destruir a Convergencia Democrática de Cataluña, es imprescindible que ese partido baje del monte y regrese al valle de la democracia, de la ley y del diálogo. Los constitucionalistas deberíamos concertarnos para varios objetivos inmediatos.

En primer lugar, Artur Mas debe sufrir una derrota política definitiva. La patética lucha por su destino personal (político y judicial) lo excluye sin remedio de cualquier salida racional; y por tanto, su apartamiento del poder es condición necesaria -aunque no suficiente- para hacer posible esa solución.

En segundo lugar, hay que romper el actual frente independentista: liberar a CDC del dirigente que la está destruyendo, pero liberarla también de los socios que la chantajean y pretenden devorarla. Se necesita una fuerza política nacionalista, moderada, respetuosa de la legalidad y representativa de esa gran masa de catalanes catalanistas que desean sentirse a la vez iguales y diferentes dentro de España y de la Unión Europea.

Hay que poner sobre la mesa un proyecto que permita anudar ese gran consenso necesario. Un proyecto que, en mi opinión, se sostiene sobre cuatro patas: una consulta pactada, una reforma constitucional, un nuevo Estatuto para Cataluña y una 'Ley de claridad' inspirada en el modelo de Quebec que establezca para el futuro las reglas del juego que todos vamos a respetar. Que nos digan los constitucionalistas cómo se organiza eso.

Y también hay que armar el acuerdo político que permita devolver a esa tierra un Gobierno estable y sensato. Un Gobierno con presencia de constitucionalistas y de nacionalistas, respaldado por una mayoría amplia en el Parlamento y en la sociedad, preparado para cerrar todas las brechas que un gobernante egomaníaco e irresponsable ha abierto entre los catalanes, y entre Cataluña y el resto de España.

¿Les parece un sueño? Probablemente lo es, pero la alternativa es peor que una pesadilla, es un maldito desastre.

Artur Mas: Le prusés c’est moi

Almudena Negro www.vozpopuli.com 11 Noviembre 2015

Se consumó la deslealtad. Tal y como venían anunciando desde hacía meses, los separatistas catalanes aprobaron el pasado lunes la declaración de rebeldía contra las leyes españolas, que es tanto como la rebeldía contra el resto de españoles. Lo de Cataluña supone la ruptura del consenso establecido en 1978. El fin del juancarlismo, sobre cuya Corona se ha asentado la Transición. 73 diputados del parlamento catalán incurrieron en un presunto delito de sedición, uno de los crímenes más graves contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. Sedición que, por cierto, es un delito de acción. Es decir, basta con la intención para que el delito se haya cometido. No es necesario, por tanto, para su perfección, que la intención se convierta en realidad.

Estupenda fue la imagen del PP de García Albiol desplegando banderas de España y senyeras. Lástima que Albiol esté maniatado por la vacuidad ideológica de su formación. Un García Albiol que nada tiene que ver con Alicia Sánchez Camacho, alfombrilla del nacionalismo y amiga del PSC de José Zaragoza, quien mandara quitar la bandera de España de la sede del PP para “evitar problemas”. Es incomprensible que la deslenguada comensal de La Camarga sea presidenta del comité electoral de Génova 13. En su línea estuvo también Inés Arrimadas, convertida en líder de la oposición al nacionalismo en Cataluña, quien hizo un estupendo discurso. Aunque, quizá le sobraran sus menciones al PP y al PSOE, que sonaron a electoralismo de baratillo. No era el día. Bien, qué sorpresa, estuvo también Iceta, el bailarín del PSC, quien últimamente anda acertado, vaya usted a saber con el asesoramiento de quién. No será Chacón. Los separatistas, por su parte, estuvieron en su línea. Ellos ya han avisado claramente: no piensan cumplir las resoluciones de la Justicia española. ¿Por qué habrían de hacerlo cuando desde hace lustros la Ley no rige en Cataluña?

De ahí que la tibia, nadie dice que no sea necesaria, y lenta medida anunciada por Mariano Rajoy de presentar un recurso de inconstitucionalidad haya sido celebrada… por los que votaron a favor del golpe institucional. Y es que ello supone que el gobierno ha renunciado a gobernar, algo que viene sucediendo toda la legislatura. El ejecutivo piensa delegar la responsabilidad en el político y politizado Tribunal Constitucional. Y no de forma inmediata, que antes ha habido que solicitar el preceptivo pero no vinculante informe al Consejo de Estado. Algo que se podría haber anticipado. Pero la renuncia a la política y su sustitución por la burocracia es lo que tiene. Por cierto, ¿dónde está el Jefe del Estado?

Rajoy, además, quiere contar en su oposición al golpe con el apoyo incondicional del PSOE de Pedro Sánchez, que sigue siendo la segunda opción preferida por los españoles y el principal partido de la oposición, por más que alguna encuesta coloque en su lugar a la formación de Albert Rivera. Se echó, por cierto, en falta el lunes, durante la comparecencia presidencial, que debía de haberse celebrado en Moncloa, la compañía de Rivera y Sánchez. Para dejar claro que van de la mano. Pero hay elecciones generales y el cortoplacismo manda. Los nacionalistas, que son populistas pero no tontos, han sabido elegir bien el momento para su desafío. La totalitaria Carmen Forcadell, a quien la fiscalía debería de haber acusado ya a estas alturas de prevaricación, acierta cuando dice que los autodenominados constitucionalistas, que son quienes quieren mantener el consenso de 1978, no se atreverán a aplicar la Ley. Y es que el artículo 116 de la Constitución Española de 1978, que el establishment no quiere ni oír nombrar, podría ser aplicado al caso.

Y luego está lo del apocalíptico Artur Mas, que se resiste a dejar la poltrona e irse con el cuento a Canadá. Acaso porque el escándalo del 3% que ha supuesto la imputación de la banda organizada Pujol S.L. podría tocarle muy de cerca en las próximas semanas. Como a otros. De ahí su acusación de compra de confidentes o sus teorías conspiranoicas, tratando histéricamente de desmontar a Inés Arrimadas. Empero, el círculo de la UDEF (¿qué coño es la UDEF?) se va estrechando. Por eso, si hay que esperar a después de las generales para ser investido, pues se espera. Lo que sea para seguir siendo Molt Honorable. El discurso del aún presidente en funciones del lunes por la tarde fue absolutamente vergonzoso. “Le prusés c’est moi”, vino a proclamar el iluminado representante de la derecha catalana, justo antes de echarse en los brazos de la extrema izquierda, a quien ha propuesto quedarse en la presidencia tan sólo 18 meses. Eso sí, sometiendo a los catalanes a una política anticapitalista que los mandará a las catacumbas. El caso es mandar. Pero Romeva acecha. Lo de Mas es un pan como unas tortas de cuyos resultados ha tomado buena nota el PNV de Urkullu, quien no quiere que su partido acabe como CiU y de ahí que ande rechazando las presiones de Bildu. Y es que el prusés amenaza con llevárselo todo, no sólo la unidad de la nación política española, por delante.

Ley y fuerza
Aleix Vidal-Quadras  www.gaceta.es 11 Noviembre 2015

Los golpistas han recurrido sistemáticamente a valores supuestamente superiores al imperio de la ley para justificar su ignorancia de este principio básico de las democracias constitucionales.

La Historia abunda en golpes contra el orden constituido y desde que existe el Estado de Derecho los alzados en rebelión contra la legalidad vigente lo han hecho habitualmente recurriendo a la violencia conscientes de que su acción subversiva no tenía el respaldo de los tribunales. Por supuesto, los golpistas han recurrido sistemáticamente a valores supuestamente superiores al imperio de la ley para justificar su ignorancia de este principio básico de las democracias constitucionales. Así, han apelado a la libertad, a la voluntad del pueblo soberano, a la lucha contra la opresión, a la justicia, a los derechos fundamentales u otros pretextos grandiosos con el fin de vestir de nobleza y de razón a su agresión a las normas en vigor, ignorando que ley y democracia son sinónimos y que sin respeto a la primera, al segunda se desvanece.

En todos estos conflictos se ha planteado una ecuación con dos variables: la ley y la fuerza. Aquella parte que disponía de ambas partía sin duda con ventaja frente a la que no disponía más que de una o ninguna. Así, por ejemplo, en la toma del poder por el general Pinochet frente al presidente Allende, la legalidad estaba con Allende, por muy comunista que fuera y por aviesos que fueran sus planes para Chile, mientras que el militar rebelde contaba con la fuerza del ejército, que al final triunfó sobre el orden legal liquidando físicamente a sus oponentes.

En el caso de la ofensiva independentista catalana, el Gobierno de España posee la ley porque la Constitución es inequívoca en lo que respecta a la soberanía nacional y a la unidad del país, y también la fuerza porque acumula un conjunto de instrumentos de coacción, tanto humanos como financieros, que adecuadamente utilizados pondrían a Mas, Forcadell, Junqueras, Baños y compañía contra las cuerdas en cuarenta y ocho horas. En cambio, el bando -o mejor dicho la banda- secesionista no puede exhibir apoyo jurídico alguno a sus delirantes pretensiones ni tampoco fuerza digna de mención ya que la Generalitat está quebrada y vive de las transferencias del Estado, sin olvidar que no resulta creíble que recurran a la violencia armada en forma de guerrillas en las escarpaduras de Montserrat o del Montseny.

Por consiguiente, si un equipo en liza actúa pertrechado con la ley y la fuerza y el rival carece de las dos, el resultado del partido parece cantado. En otras palabras, Mariano Rajoy tendría que ser un auténtico cobarde y un inútil sin remisión si gozando de ventajas tan evidentes perdiese el encuentro. La estrategia a seguir está clara, a corto plazo cortar la financiación a la Autonomía catalana, empapelar a todos los cargos públicos y funcionarios que desobedezcan a los jueces encarcelándolos si se tercia y aplicar el artículo 155 de nuestra Carta Magna en la medida requerida. A medio y largo, un pacto de hierro entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, porque Podemos no vale para nada serio, para reformar la Constitución acabando con el caos territorial actual y privando a los nacionalistas de las herramientas que hoy disfrutan de carácter mediático, presupuestario, educativo y simbólico para atacar impunemente la indivisibilidad del sujeto constituyente y para lavar el cerebro de los catalanes.

Este es el plan y que nadie se engañe, si los separatistas no ceden, el recurso definitivo a la fuerza es inevitable. Preparémonos, pues, anímica y materialmente, a afrontar este trance, que no será agradable, pero que no admite vacilaciones. Si España existe como proyecto colectivo y espacio compartido de derechos y libertades, la firmeza del Gobierno y de los partidos nacionales es obligada, si no existe lo sabremos pronto.

El separatismo se divide, el Estado se fortalece
Editorial El Espanol 11 Noviembre 2015

Mientras los antisistema de la CUP rechazaban este martes en el Parlament la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat y anunciaban con sorna que preferían ser coherentes y apoyar a quien fue cabeza de lista de Junts pel sí, Raül Romeva, y no a su número cuatro, el Estado daba muestras de unidad frente al desafío separatista.

Era cuestión de tiempo que las diferencias aflorasen en el seno del heterogéneo bloque inedependentista, y aun cuando el líder de la CUP, Antonio Baños, emplazó a Mas a volver a presentar su candidatura el jueves, no parece probable que su grupo de diez diputados vaya a cambiar de opinión. Mas, pese a reclamar insistentemente la unidad para no perder una ocasión "histórica" de lograr la independencia, se llevó la primera bofetada: 73 votos en contra y 62 a favor.

Aun cuando, como asegura la CUP, el descarte de Mas no detendría el "proceso" separatista, está claro que es un primer traspié. No tanto porque afloren las diferencias internas como porque muchos ciudadanos empiezan a ser conscientes de que quien tiene la sartén por el mango en Cataluña es un partido que quiere sacarles de Europa y de la OTAN, y que está en contra del libre mercado.
La notificación será personal

Al mismo tiempo, el Estado empieza a dar muestras inequívocas de que se ha puesto en marcha para frenar el órdago secesionista. Por un lado, escenificaba la unidad de los principales líderes con una nueva reunión, esta vez en la Moncloa, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. También, de unidad de las instituciones, con la entrevista entre el presidente del Gobierno y Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Por su parte, el Consejo de Estado se pronunciaba con rotundidad acerca de la resolución independentista del Parlament: "Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar al Constitucional". Es el paso previo que necesitaba el Gobierno para dirigirse al Tribunal.

Tal y como hoy informamos, en cuanto el Constitucional suspenda la declaración de la Cámara catalana notificará personalmente a Mas y a Carme Forcadell su resolución para que no puedan decir que no han sido avisados; es decir, para que no tengan escapatoria legal. No es una medida baladí: carece de precedentes en el TC.

El aviso de la Fiscalía
No es el único movimiento del Estado desde el ámbito de la Justicia. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha cursado una orden a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que actúen si se produjeran delitos de sedición o rebelión.

Es un primer paso para actuar contra autoridades locales y políticos no aforados, pero también contra funcionarios, policías e incluso particulares. En Cataluña se da la paradoja de que mientras los diputados juegan a aprendiz de brujo protegidos por su inmunidad parlamentaria, ponen en riesgo -con las consecuencias que se derivarán de sus decisiones- a personas que no gozan de esa protección.

El fiscal Zaragoza advierte en su escrito de la gravedad de los delitos de sedición, rebelión, prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos en pos de la secesión, delitos que, si se trata de autoridades, pueden acarrear penas de hasta quince años de prisión.

La maquinaria contra el golpe independentista se ha puesto en marcha, como es lógico en cualquier Estado de Derecho moderno. Quienes lo alientan y lo secundan deben saber que no podrán burlar la Ley.

Blog de Pablo Sebastián. Presidente y fundador del diario de internet Republica.com
El TC suspende el desafío y Mas busca la sedición
Pablo Sebastián Republica.com 11 Noviembre 2015

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno en contra de la resolución del Parlamento catalán que anuncia el inicio del proceso para la independencia de Cataluña y la desobediencia a los tribunales e instituciones de España. La decisión del TC incluye la suspensión de la resolución de la Cámara catalana y la advertencia a las primeras autoridades del Parlament y la Generalitat de que deberán acatar su decisión para evitar incurrir en el delito de desobediencia.

Artur Mas está entre la espada de la Justicia y la pared de la locura, y todo apunta a que tanto él como su partido Convergencia están perdiendo su última oportunidad de regresar a la realidad y la legalidad. Y en vez de reunirse con la cúpula de este partido y el pleno del Gobierno en funciones (donde hay consejeros que discrepan de Mas) y conversar con los principales actores empresariales y sociales del país, Mas se ha vuelto a colocar fuera de la ley.

Y se ha reunido en secreto con los dirigentes de la CUP para ver si este jueves, y en plena suspensión de la resolución secesionista, consigue su investidura a cambio de prometer al partido anti sistema tres vicepresidencias en el gobierno catalán y su pública desobediencia al Tribunal Constitucional. Y por supuesto al Gobierno de España y a la legalidad, para consumar el golpe de Estado.

Mas sabe a lo que se enfrenta y ha decidido seguir. Y lo único que le preocupa es ser investido presidente de la Generalitat en pos de lograr su victimismo y presunta heroicidad en el final de su carrera política que, como le ocurrió a Ibarretxe, está al llegar aunque adornada con fuegos artificiales que esperemos que no pasen de ahí.

Porque todo apunta a que Mas y sus aliados de ERC y CUP buscan un enfrentamiento de mayor cuantía. Y no solo piensan desobedecer la suspensión de la resolución del Parlamento Catalán acordada por el Tribunal Constitucional sino que pretenden movilizar una parte de la población y de las instituciones catalanas, como las 400 alcaldías que gobiernan los secesionistas y cuyos primeros ediles acompañaron a Mas el día que tuvo que declarar ante el Tribunal Superior de Cataluña sobre su presunta desobediencia y malversación en la Consulta del 9N.

Y si hay movilizaciones -como la ya convocada para el domingo por la Asamblea Nacional de Cataluña, Mas y cargos públicos de todo orden- que le sigan habrán incurrido en delito de sedición que incluye multas, inhabilitación y penas de hasta 15 años de prisión. Y ojalá que entonces no se produzcan actos de violencia porque en ese caso estaríamos ante un escenario penal superior relativo al delito de Rebelión, con penas de hasta 25 años de presión.

A partir de ahora todo discurrirá más rápido. En primer lugar cabe que la presidenta del Parlamento catalán se pronuncie sobre la decisión del TC y todo apunta que en línea de desobediencia. Luego se votará en la Cámara catalana por segunda vez la investidura de Mas a cambio de la promesa del presidente de liderar el enfrentamiento con el Estado. Y, a partir de ahí, entrará en juego el TC con sus sanciones y derivadas de orden penal, y la Fiscalía del Estado que podrá movilizar las fuerzas de orden público para que se acaten las decisiones del alto tribunal.

Y ¿esto es lo que quieren para Cataluña y España Mas, CDC, ERC y la CUP? Pues si es lo que buscan lo van a encontrar. Pero ni el Gobierno ni las fuerzas políticas democráticas españolas darán un paso atrás. Está en juego ni más ni menos que la Constitución, la unidad nacional y la democracia y el principio de legalidad.

El Divino Paciente
Tomás Cuesta Libertad Digital  11 Noviembre 2015

Cuarenta y ocho horas después de que en el Parlamento catalán rompieran con España a todos los efectos y se desenchufaran, otrosí, de todos los afectos, la gente del común que respeta las leyes, que satisface los impuestos y que le paga el sueldo a quienes, por-su-puesto, tienen la obligación de preservar la convivencia, aún se encuentra a la espera de que el señor Rajoy, más allá de escudarse en amagos retóricos y vaniloquios circunspectos, eche la pata alante y lidie a la alimaña en el centro del ruedo. El presidente, sin embargo, ni se apea del burro ni le acorta las riendas. Y si la cabalgadura, en este caso, es un "ruc català", un rucio cimarrón que muerde y que cocea, siempre podrá domarle dándole tiempo al tiempo y hasta un terrón de azúcar (a escondidillas, obviamente).

Lo que procede, al parecer, antes de administrar un escarmiento, es que los leguleyos determinen cuál es la raza, o la ralea, de esa jauría sediciosa que hunde sus colmillos en nuestros adentros. ¿Son galgos o son podencos? ¿Estamos ante un putsch atrabiliario y cervecero o ante un golpe de Estado de la cruz a la fecha? ¿Acaso lo irrisorio de la puesta en escena hace más soportable el desafuero? Anteayer no hubo tiros (ni largos, tan siquiera) en ese aquelarre bufo que se montó en la Ciutadella pero la gusanera patriótica disparató a mansalva, a espuertas, a voleo. Gastando, y ahí nos duele, la pólvora del Rey, gentilmente donada por el titular de Hacienda, cuando podían argüir que el legendario tres por ciento era, en realidad, el justiprecio del Gran Día, un modesto chispazo con que alumbrar la independencia. El caso es que a lo tonto, entre bromas y veras, entre una turbamulta de dimes y diretes, Artur Mas, el Astuto, le ha mesado las barbas a Mariano Rajoy, el Divino Paciente. Cuarenta y ocho horas después de una declaración liberticida, delirante y obscena; cuarenta y ocho horas después de una declaración que pone en jaque a la soberanía nacional y cruje a Cataluña por el eje; cuarenta y ocho horas después de que el cronómetro, tic-tac, le cortase las alas al minuto cero, el coso está que hierve aguardando a que el diestro no peque de siniestro y se raje de nuevo.

De Gaulle aconsejaba hacer de la necesidad virtud ("trouver l´opportunité dans la calamité", reza, en gabacho, la sentencia) cuando la historia exige, sin cortapisas ni eximentes, que se le plante cara a un espantajo histérico. Entonces, el problema dicta la solución, por no decir que ambos pasean del bracete. Si nadie en democracia ha conseguido conciliar la impunidad nacionalista con la legislación vigente, también es verdad que nadie lo tuvo tan a huevo. Sólo es preciso que Rajoy, el Divino Paciente, abjure de la abulia y, para variar, salga del burladero. ¡Ánimo, presidente, que el bicho es un becerro!

¿Están ustedes cómodos en Espanya?
Javier Orrico  Periodista Digital 11 Noviembre 2015

Que levante la mano todo el que no esté cómodo en España. No sólo en España, sino en Espanya o Espainia, esta sucursal o colonia del nacionalismo en que se ha ido transformando España a lo largo de los últimos 35 años. Proclamemos nuestra independencia (total, no nos va a pasar nada) y desacato todos aquellos a los que no nos guste algo de nuestra nación, esta cosa entre descascarillada e hipermoderna, según te pasees por el Gughenheim de Bilbao o por la vía del tren entre Alcantarilla y Murcia. Todo aquel al que no le guste pagar impuestos para sufragar el independentismo catalán; los que no quieran ni oír hablar más de las cuevas de ladrones que anidaron en los diecisiete feudos; los que estén hartos de una enseñanza de risa; los que quieran seguir yendo a los toros, beber vino, comer embutido y algún lomico de cordero que el Señor nos regale para las fiestas; los que ya no soporten que vascos y navarros tengan una financiación que casi triplica la murciana, por ejemplo, y encima debamos estar agradecidos de que no se quieran ir también. Que enseguida querrán.

En fin, que levante la mano el español, si hay alguno, que no esté hasta las pelotas, con perdón, de este país insufrible de tontos y borregos, dispuestos, y hasta promotores de la indignidad de vivir en desigualdad, en asimetría, en estado de sumisión a una partida de chulos, mafiosos y xenófobos que son el cáncer de España desde siempre. Aquí hay que hacer leyes y ofrecer soluciones políticas para que se encuentren cómodos los golpistas totalitarios que quieren imponer su voluntad a la mayoría, aunque sea jodiendo todo lo que se pueda a esa mayoría.

Y a esto, a este engendro pervertido, es a lo que llaman en la izquierda española, del PSOE a Podemos e IU, adobados por la cobardía de la derecha, la democracia; que es exactamente lo que no pretenden arreglar, sino perfeccionar: que haya distintas clases de españoles, legalmente establecidas, por nacimiento, por raza, por lengua. La singularidad (del puteo a que nos someten al resto). El racismo premoderno, institucionalizado en una reforma que entregue para siempre el poder a los pujoles de cada condado.

Esperemos que al menos cumplan. Es decir, que a todos los que no nos encontremos cómodos con nuestras leyes se nos financie su burla, se reforme la Constitución a nuestro capricho y se nos conceda un estatus que nos permita vivir bajo un sistema legal propio y diferente del de nuestros vecinos. Diecisiete constituciones. Por lo menos. La nostalgia medieval de la izquierda reaccionaria.

Confrontación proetarra
Carlos Iturgaiz Estrella Digital 11 Noviembre 2015

El ínclito Hasier Arraiz, presidente de Sortu, que es lo mismo que decir la actual marca política blanca de la organización criminal de ETA, declaraba esta misma semana que su facción está preparada para la confrontación con el Estado si éste no se aviene a instaurar el derecho a decidir.
Viniendo de quien viene esta aseveración y sabiendo cómo se las gastan en ese mundo, lo de la confrontación es toda una amenaza en toda regla sabiendo que detrás de sus palabras se siguen escondiendo los del tiro en la nuca, que como todos conocemos siguen sin desaparecer y sin dar por finiquitada su organización mafiosa y terrorista.

Algunas de las hienas acólitas de este personaje que preside Sortu se han hecho ver estos últimos días por las calles del País Vasco, y en sus vomitivas demandas de liberar presos asesinos de ETA, han tenido la "genial" ocurrencia de quemar por completo ocho autobuses públicos que se encontraban aparcados en dependencias municipales en Derio.

Se suma este ataque de kale borroka, a otros cobardes ataques a la flota de autobuses en los últimos meses, que demuestran que lo que algunos llamaban sabotajes para erroneamente dulcificar y rebajar su importancia, son verdaderos y auténticos capítulos de kale borroka como en los buenos tiempos, liderados por aquellos radicales abertzales que se niegan a que la violencia desaparezca definitivamente de nuestras vidas. Es más, no tengo ninguna duda de que son estos terroristas callejeros los que estarían dispuestos inmediatamente a pasar del bidón de gasolina al tiro en la nuca sin apenas despeinarse, porque algunos conocemos a esta ralea y tenemos en la memoria cantidad de precedentes que demuestran lo que digo.

Lógicamente, el mundo proetarra de Sortu se niega a condenar ese atentado, y digo lo de lógico porque la violencia extrema sale de sus entrañas y de sus mariachis borrokas, e intentan como siempre envolvernos con comunicados que parecen una cosa pero sin serlo, es decir, para ellos la palabra condenar está prohibida y juegan con las palabras, atajos y circunloquios de escape para no hacer lo que hacen todos los partidos democráticos de este país, que es condenar sin fisuras cualquier ataque, sea el que sea.

Y haciendo futurología fácil, ya verían todos ustedes cómo en el hipotético caso de que los autores de este atentado fuesen detenidos, los Arraiz y compañía batasuna no tendrían empacho y reparo de poner el grito en el cielo para condenar las detenciones, echar escoria sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado poniendo en duda su trabajo y profesionalidad, y seguidamente para terminar el guión de siempre convocar manifestaciones y concentraciones para pedir la liberación de los detenidos pudiendo acabar con contenedores u otros autobuses calcinados para poner broche final a la fiesta batasuna de siempre.

En eso, nada hemos avanzado, ya que seguimos teniendo en nuestro país partidos políticos que son la sucursal de los terroristas y que siguen amenazándonos a todos con poder volver a tiempos anteriores, y que además lamentablemente se permiten el lujo de amenazar con confrontación al Estado, que es lo mismo que decir a todos los españoles. Y lo terrible es que las amenazas les siguen saliendo muy baratas a estos indeseables.

El TC suspende la resolución rupturista y advierte a Mas y Forcadell
Sin sorpresas, el TC admite el recurso del Gobierno, lo que implica la suspensión de la declaración separatista, y advierte a Mas y Forcadell.
Agencias Libertad Digital 11 Noviembre 2015

El pleno del Tribunal Constitucional, reunido de urgencia desde las 16.40 horas para estudiar la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista del Parlamento catalán, ha decidido admitirla a trámite por unanimidad, lo que supone la suspensión inmediata de esa moción.

Además, los magistrados han asumido asumir la tarea de notificar la decisión a los 21 altos cargos que había citado el Gobierno. En caso de incumplir la providencia, quedan apercibidos de suspensión en sus funciones, así como de exposición a un delito de desobediencia de los mandatos judiciales.

La Abogada General del Estado, María Silva de Lapuerta, concurría esta mañana en el Alto Tribunal para trasladar el recurso. Cosumaba así todos los trámites tras el avales del Consejo de Estado y el visto bueno de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y el Consejo de Ministros.

Contenido de la resolución
El documento que ha emitido el Constitucional propugna seis acuerdos:

1. Admitir a trámite la impugnación presentada por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, contra la resolución separatista.

2. Dar traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidenta, para que en el plazo de diez días pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime convenientes.

3. Suspender la resolución impugnada y su anexo (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros) en base al artículo 161.2 de la Constitución.

4. Notificar personalmente la presente resolución a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al Secretario General del Parlamento de Cataluña y al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno en funciones de la Generalitat de Cataluña. Se les advierte, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

5. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.

6. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Parlamento de Cataluña con el fin de que pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que considere convenientes, para lo que dispone de un plazo de diez días.

Recurso de inconstitucionalidad
El Gobierno ha presentado su impugnación invocando el artículo 161.2 de la Constitución, que establece se producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

El recurso del Gobierno incluía ya los primeros pasos para desatar el incidente de ejecución previsto por la reciente reforma de la Ley Orgánica que regula al Constitucional, lo que hacía que el tribunal pudiera apercibir a las personas que desobedezcan de la posible comisión de un delito y también a la suspensión de sus funciones.

En total, el recurso del Gobierno implicaba a 21 personas, entre ellas el presidente en funciones de la Generalidad, Artur Mas; la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, los integrantes de la Mesa del legislativo catalán y los miembros del Gobierno.


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