AGLI Recortes de Prensa   Jueves 17  Diciembre  2015

Justicia, calidad democrática y crecimiento económico
Jesús Banegas www.vozpopuli.com 17 Diciembre 2015

Comenzó la última legislatura con un acuerdo de los partidos mayoritarios para seguir repartiéndose los principales órganos de gobierno de la justicia entre sus afines políticos, ratificando así la grave anomalía –ley orgánica 6/1985– de nuestro sistema democrático cuya división de poderes quedó secuestrada por el poder legislativo, con las tristes consecuencias acontecidas. De aquél tiempo procede también la ley 31/1985 que facilitó la invasión política de las cajas de ahorros que acabó con ellas: en un cuarto de siglo consiguieron los políticos hacer desaparecer –casi sin excepción– y con un coste exorbitante unas exitosas instituciones de la sociedad civil con tres siglos de existencia. Dos lamentables ejemplos de aplicación del contrato social rousseauniano, al decir de Friedrich A. Hayek.

La Justicia española padece un generalizado descrédito, no obstante el abnegado y profesional trabajo de muchos jueces y magistrados, que es necesario reponer cuanto antes ya que es un pilar esencial de la calidad institucional de nuestro país. A esta visión político-social hay que añadir una reflexión adicional acerca de cómo la justicia afecta al crecimiento económico y por tanto a nuestra prosperidad social. Gaspar Ariño suele repetir con toda la razón: “Países ricos, grandes jueces”.

El buen funcionamiento de la justicia, no es por tanto un asunto meramente político sino que tiene una estrecha relación con nuestra economía del presente y del futuro. En los rankings internacionales al efecto la posición española suele ser mala por la lentitud de sus procesos, lo que afecta y mucho a nuestra reputación como país receptor de inversiones extranjeras y por supuesto al quehacer empresarial de las empresas españolas.

Las críticas más típicas y certeras que se hacen de la justicia española tienen que ver con:

La politización de los jueces,
La lentitud con la que opera,
La superjudicialización de los litigios, y
La filtración mediática de los procesos.

La primera e imperativa reforma de la justica debe consistir en devolverle la independencia que le otorgó la constitución de 1978 y que fue suspendida por la citada ley 6/1985, que además de acabar con ella otorgó a los jueces “tal punto de lenidad que cualquier comportamiento judicial está admitido”, por lo que “no es falta leve, ni grave, ni muy grave que un magistrado reclame públicamente la independencia de una comunidad autónoma y redacte una Constitución para el nuevo Estado”, ha escrito Ramón Parada.

Para garantizar la independencia judicial, lo primero que habría que hacer es reglar la carrera judicial para dejarla al margen de la discrecionalidad –política o no– e inspirarla en principios tan sólidos y de probado buen funcionamiento como:

Ingreso en la carrera exclusivamente por oposición.
Potenciación de la Escuela Judicial como centro de formación.
Carrera basada en la antigüedad y la evaluación del desempeño profesional.
Rígido sistema de incompatibilidades.
Potestad administrativa –unidad de mando– de los jueces sobre las oficinas judiciales.
Estricta prohibición de las “puertas giratorias” que permiten pasar de la judicatura a la política y viceversa a gusto del interesado.

Estos principios básicos llevan muchísimo tiempo aplicándose con éxito –también en España– en el ámbito militar: ¿por qué no aplicarlos a la Justicia? Con la salvedad de la “obediencia debida” asociada a la jerarquía militar, muchos de los principios de la carrera militar podrían valer para la judicial: una carrera que hasta su cumbre se guía por criterios estrictamente profesionales, donde las puertas giratorias no existen, las misiones se ejecutan sin excusas y con pulcritud y goza del máximo reconocimiento y prestigio social. En tales circunstancias los llamados “jueces estrella” dejarían de existir.

Ningún juez podría, por tanto, “ser seducido en su carrera con ascensos o destino a cargos que no le correspondan por su puesto en el escalafón”, sostiene Ramón Parada; algo que ya se daba en nuestra legislación decimonónica según “la regla de que los jueces solo lo serían por oposición” en una carrera con “categorías profesionales y ascensos reglados, básicamente por antigüedad”.

En cuanto al problema de la lentitud de los procesos judiciales, se suele justificar por la necesidad de aplicar el rigor y las mayores garantías a los procesos lo que conlleva necesariamente tiempo y se piensa en arreglarlo con más medios materiales y humanos. Siendo muy importante evitar que una justicia acelerada carezca de rigor y seriedad no deja de ser una excusa de la judicatura si comparamos esta cuestión con otros escenarios profesionales.

En el ámbito industrial, desde al automóvil a la aeronáutica, pasando por el petróleo, las nuevas tecnologías, etc., las tareas desarrolladas son tan o más complejas que en la judicatura y todas se planifican y desarrollan para que tengan fin en un tiempo razonable y cumplible. Y no digamos en medicina, arquitectura, ingeniería, y otras muchas carreras profesionales en las que causaría asombro terminar sin plazo los compromisos profesionales.

Si en la carrera judicial, la militar puede ser el ejemplo a seguir, en la gestión de los procesos judiciales imitar –con la pertinente adaptación– las buenas prácticas industriales y profesionales sería una realista y muy alcanzable solución.

Una justicia razonablemente rápida mejoraría extraordinariamente nuestra calidad institucional y con ello las bases de nuestro progreso económico y social, amén de hacernos sentir orgullosos de una institución crucial para la organización y funcionamiento de nuestro orden social.

Según el ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la justicia española está saturada de asuntos que no debieran ocuparla, hasta el punto de tener más litigios por juez que en los demás países de la U.E. 800.000 juicios de faltas –un 25% del total- podrían salir de nuestro sistema procesal penal para ser resueltos en otras instancias mediante sentencias de conformidad. La negociación, arbitraje y mediación a través de instancias civiles podría aligerar extraordinariamente la carga de trabajo de los jueces. Sostenía también, Torres-Dulce, en su artículo La inevitable reforma de la Administración de Justicia, que la mejora de la justicia no depende de disponer de más medios –sobre todo informáticos– sino de utilizarlos mejor, incluida una gestión más centralizada y por tanto eficiente de los recursos hoy dispersos innecesariamente en las autonomías.

Entre las singularidades de nuestra justicia cabe señalar dos que deberían desaparecer: por una parte la reiterada ignorancia de las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo por las demás instancias judiciales, algo realmente insólito en el mundo occidental según el ex Fiscal General del Estado y por otra la judicialización de las relaciones laborales, una institución anacrónica carente de vigencia en casi todos los países del mundo que perjudica seriamente el desempeño de la función empresarial y por tanto la creación de riqueza.

Llama la atención, finalmente, que la frecuente y vergonzosa filtración de expedientes judiciales con el consiguiente e irreversible daño moral a la fama y honor de personas pendientes de juicio pueda continuar sin que se conozca investigación alguna –si es que existen– que haya concluido con el correspondiente castigo de los culpables. Es perentorio investigarlas y sancionar debidamente a los responsables directos de mantener el secreto de los sumarios.

Siendo la Justicia un pilar fundamental del Estado de Derecho y una institución tan crítica para el buen funcionamiento de la economía y el orden social, la resolución de sus graves problemas por lo que acabamos de ver no sería demasiado difícil de afrontar y resolver ni presenta dificultades de naturaleza política insuperables: ¿a qué esperar para ponerse manos en la obra?

Una agresión intolerable de la ultraizquierda
Editorial  www.gaceta.es 17 Diciembre 2015

Lo que le faltaba a esta campaña electoral para terminar arrastrando nuestra democracia por el fango era la agresión de anoche al presidente del Gobierno. El Grupo Intereconomía quiere mostrar su más contundente condena ante esta intolerable agresión. No puede haber justificación alguna para este ataque abominable, aunque por desgracia ya estamos comprobando como muchas voces de la extrema izquierda celebran el suceso, reeditando el “algo habrá hecho” al que se abonaron durante tantas décadas.

Desde el Grupo Intereconomía hemos promovido siempre el debate más libre y la sana confrontación de todas las posturas políticas. Pero eso no estorba, al revés, nuestro deber de denunciar a los actores políticos y mediáticos que, desde hace tiempo, están sembrando rencores y rupturas en el seno de la sociedad española, amparando y promoviendo el discurso del odio y la confrontación.

Unos cargan los tuits o los raps y otros sueltan los puños. Hace tiempo que la mayor amenaza para la convivencia en España es la violencia verbal y física de la ultraizquierda. Se han hecho ya insoportables su chulería y su matonismo. Ahora sería el momento de mirar atrás y trazar la genealogía, más que transparente, de este monstruo grotesco, nacido con el descabellado “cordón sanitario” contra la derecha en 2004, crecido desde la boba –e irresponsable- acogida mediática al 15-M, estimulado después por diversos medios de comunicación –con la bendición gubernamental- y consagrado finalmente en las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Jugar con fuego siempre es peligroso y, en política, puede ser letal. El miserable submundo político de la ultraizquierda, cuyo absurdo complejo de superioridad moral sólo es equiparable a su absoluta ignorancia, se ha beneficiado de la desesperación del PP por romper al PSOE y de la enfermiza obsesión del PSOE por tocar poder como sea. Estamos hablando de una tribu que, por ejemplo, rinde homenaje a un joven que acudió a una manifestación con una mochila de explosivos, o que hace concejales a sujetos que se chotean de asesinatos abominables, o que se retrata con “raperos” que alientan al delito. A esta chusma se la ha elevado a la condición de fuerza política institucional. Lo de anoche no ha sido sólo un puñetazo: es el síntoma de que algo muy grave está ocurriendo. Y ahora, ¿qué?

Una agresión que evidencia la cultura del cainismo
EDITORIAL El Mundo 17 Diciembre 2015

UN JOVEN militante de extrema izquierda agredió ayer por la tarde a Mariano Rajoy cuando se encontraba en el centro de Pontevedra. La acción resulta absolutamente repudiable por cuanto no se puede justificar el recurso a la violencia, sea cual sea su naturaleza, para obtener fines políticos o propagandísticos.

Pero la violencia no surge de la nada. Siempre tiene unas causas y un caldo de cultivo. Y en nuestro país existe una larga tradición de uso de la fuerza para dirimir contiendas políticas. Sin caer en la tentación de mirar al pasado, no es exagerado afirmar que hay todavía una cultura cainita que induce a algunas minorías a emprender acciones violentas para protestar contra el sistema o resolver imaginarios agravios.

Lo hemos visto a lo largo de los últimos años con manifestaciones que han terminado en saqueos de comercios, con lanzamientos de piedras y objetos contra las Fuerzas de Seguridad, con escraches ante domicilios de líderes políticos, con insultos y persecuciones en la Universidad, con amenazas en la calle a diputados y cargos públicos e incluso con intimidaciones a sus familiares.

Hay movimientos independentistas radicales, grupos de extrema izquierda y colectivos anti-sistema que no sólo han apoyado este tipo de actuaciones sino que además las han incitado y glorificado. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Y también nuestros políticos son dados a algunos excesos verbales que luego se vuelven contra ellos porque no se debe demonizar a nadie ni arrogarse el patrimonio de la verdad. La política se basa en una confrontación de ideas y ahí es donde hay que dirimir las diferencias.

Los líderes de todas las formaciones que concurren a las elecciones del próximo domingo reaccionaron ayer con celeridad al condenar de forma tajante la agresión y mostraron su solidaridad con el líder del PP. Esta es una buena forma de intentar evitar que estas agresiones se repitan.

Todos los partidos tienen la obligación de expulsar de la militancia a cualquier persona proclive a recurrir a la violencia o a justificarla. En este punto debe existir una política de tolerancia cero contra actitudes como las del agresor, que, en lugar de mostrarse arrepentido, se jactó de su cobarde acción.

Igualmente lamentable y repudiable es la reacción de un pequeño grupo de personas que le vitoreó tras ser detenido e inmovilizado por los escoltas del presidente. Ello indica el clima de regresión moral de una minoría que no sabe distinguir entre el bien y el mal.

El peso de la ley debe recaer sobre el agresor, que, al no haber cumplido los 18 años, va a eludir el delito de atentado contra la autoridad que establece el Código Penal, castigado con pena de cárcel. Tendrá que pasar a disposición de un juez de menores que dictará las medidas cautelares que considere oportunas en proporción a esta deleznable conducta.

La agresión de este chico merece también una reflexión sobre el sistema educativo y los valores de una sociedad en la que se generan estos comportamientos que siempre encuentran la comprensión en una minoría para la que el fin justifica los medios y que proliferan en jóvenes como el agresor de Pontevedra.

Cuando tras la muerte del general Franco, España se convirtió en una democracia, se legalizaron los partidos y se culminó la Transición, fueron frecuentes escenas de reconciliación y tolerancia que posibilitaron un borrón y cuenta nueva con el pasado.

Desde hace algunos años, hay sectores en nuestro país, obsesionados con el revanchismo, que quieren iniciar el camino contrario y dividir a los españoles según su ideología política. Esto es un disparate que contribuye a crear ese caldo de cultivo que alimenta la violencia cainita.

Este país, que tanto ha progresado en las últimas décadas, tiene todavía la asignatura pendiente de la tolerancia. Tenemos que acostumbrarnos a respetar a los demás y a defender sus derechos, sobre todo, cuando no piensan como nosotros. La violencia es repugnante, saca lo peor de cada ser humano y debe ser desterrada para siempre en la política. Si no entendemos esto, estamos condenados a revivir un pasado que creíamos superado para siempre.

Lenguas regionales como armas
Nota del Editor 17 Diciembre 2015

El incidente sufrido por el actual ocupante de la presidencia del gobierno, está siendo voceado en numerosos medios como algo enorme y en ninguno se refieren al hecho de que el ejecutante del incidente y todo su entorno utilizan lenguas regionales, que desde hace muchos años se han convertido en armas letales para España y los español hablantes.  La mayoría de los que se rasgan las vestiduras por el incidente sufrido por el ocupante que no ejerce la presidencia del gobierno, miran a otro lado cuando los español hablantes son aplastados con la inmersión lingüística y expulsados al cuarto nivel de la ciudadanía, sin derechos humanos ni constitucionales por razón de su lengua materna española.

Enchufismo, marca España
Javier Caraballo El Confidencial 17 Diciembre 2015

Como estructuras podridas que se superponen, el enchufismo en España atraviesa los siglos. “Quien no tiene un padrino, no se bautiza”, advierte el refranero desde hace tanto tiempo que ya ni se recuerda cuándo comenzó esta inercia asesina de méritos y transparencia. En la última superposición de estructuras, la sociedad española ha adaptado con absoluta fidelidad el enchufismo de la dictadura a la democracia.

Los enchufes del franquismo son ahora los enchufes de los partidos políticos. Lo ha dicho más claro que nadie en España el alcalde socialista de Torre de Juan Abad, un pequeño pueblo de Ciudad Real, sincero hasta la vergüenza ajena en una asamblea de vecinos: “Desde el año 42, que entró mi padre a trabajar al ayuntamiento a dedo, como excombatiente, todos, todos, han entrado igual en el ayuntamiento: ni por bolsas de trabajo ni por exámenes”. Es el dedo el que coloca; el dedo que va pasando de político en político, como si fuera el mismo bastón de mando de la alcaldía el que sirviese para señalar a los enchufados. Tú, tú y tú…

Hace un par de años, un hijo de emigrantes andaluces en Cataluña, Emilio Castilla, licenciado en Economía, doctor en Sociología y profesor del Massachusetts Institute of Technology, vino a recoger un premio y, como cada vez que ha vuelto, se quedó sorprendido de la solidez del enchufismo en España. El profesor Castilla, un estudioso de la importancia de los sistemas de evaluación y recompensa en el desarrollo de las economías y de las sociedades mismas, encontró que en España, a diferencia de lo que ocurría en otros países, como Estados Unidos, la crisis económica unida al amiguismo ha provocado “un estado de depresión”: desilusión y abatimiento porque al horizonte desesperante del paro se une la certeza de que, antes que la preparación y el mérito, lo más eficaz para encontrar empleo es un buen enchufe.

“Cuando me fui de España, hace 18 años, nunca entendí a quién se contrataba y quién se quedaba en la empresa. La preocupación por el miedo a quedarse en paro me recuerda el sistema de contratación de los latifundios andaluces. Metafóricamente ha cambiado, pero, en términos de gestión, es lo mismo. Ahora solo se piensa en sobrevivir y esto hace que se pierda el sueño de lograr objetivos profesionales, de crecer profesionalmente, de buscar nuevos productos, crear nuevas empresas. Si no invertimos a medio y largo plazo, EEUU, Japón y Alemania dominarán el mercado. Hay que crear buenos métodos de meritocracia en la empresa. La promoción debe hacerse por méritos y no que ascienda el pardillo por sus conexiones, amiguismo o nepotismo”.

Es la coincidencia fatal de los tres factores más señalados de la actualidad laboral en España, las altas tasas de paro, la inestabilidad en el trabajo y la pervivencia del enchufismo, la que nos remite fielmente a esa imagen de latifundio andaluz: los capataces del cortijo que acuden cada mañana a la plaza del pueblo para señalar con el dedo a quien se va a beneficiar de un jornal por la gracia del señorito. La política, cada Administración, ha degenerado, como admitía ese alcalde, en cortijo gobernado por el partido político que ganaba las elecciones. ¿Quién en España no conoce, en su pueblo o en su región, al menos un caso de enchufismo? No porque se lo haya contado nadie, no porque haya salido en los periódicos, sino porque el enchufado es un vecino, un cuñado o un amigo que, desde que se afilió al partido, encontró trabajo.

En Andalucía, por ejemplo, son tantos los colocados en la llamada ‘administración paralela’ de la Junta de Andalucía que el Gobierno llegó al extremo de enchufar por decreto en el sector público andaluz a más de 20.000 personas previamente contratadas en el magma de entes instrumentales. Hace un mes, el Tribunal Constitucional anuló buena parte de aquel ‘decreto del enchufismo’, como se le conoce, pero el Gobierno de Susana Díaz ha decidido seguir adelante. Lo llama “reordenación” del sector público andaluz.

¿Y la propia universidad? ¿No es acaso la universidad española el más claro ejemplo de endogamia y amiguismo? Cuando, al principio de esta legislatura, se encargó un informe sobre la universidad española a un ‘comité de expertos’, trascendió que la endogamia universitaria superaba el 70% de los docentes. Es decir, que hasta el 73% de los docentes en las universidades españolas reúne la peculiar característica de haber conseguido un contrato en el mismo centro en el que estudió y trabajó hasta que se le contrató con carácter indefinido.

Hasta 1983, la selección del profesorado estaba centralizada en España: Se convocaba una oposición única por áreas y los docentes elegían centro a partir de los resultados obtenidos. Los mejores, elegían antes. Desde que se derogó ese sistema, lo que han proliferado han sido las denuncias por amiguismo en los tribunales de cada universidad. Cuando se reduce la competencia, se postergan los requisitos de mérito, crece la endogamia y baja la calidad de forma exponencial. “Más de la mitad (el 57,6%) del personal docente e investigador tiene una actividad investigadora nula o casi inexistente”, se señalaba en el citado informe del ‘comité de sabios’. Cada vez que se ha querido volver al sistema anterior de contratación centralizada, las universidades se han movilizado para abortarlo.

La política, la universidad, la empresa… ‘Enchufismo, marca España’. Qué gran ironía del destino que haya sido precisamente en Torre de Juan Abad, donde tanto tiempo pasó, escribió y padeció Francisco de Quevedo, donde se haya obtenido este documento excepcional del enchufismo en España para parafrasearlo ahora y decir con él que “todos lo que parecen enchufados, lo son, y, además, también la mitad de los que no lo parecen”.

Políticos que incitan al odio y luego lamentan lo sucedido
Ramiro Grau Morancho. www.latribunadelpaisvasco.com 17 Diciembre 2015

Abogado. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Escribo abochornado, apesadumbrado, por la grave agresión a un candidato a la presidencia del gobierno de España, nada menos, y actual Presidente del Gobierno, por parte de un joven de 17 años, a quien en su casa por lo visto no le enseñaron educación.

Hablando claramente, se trata de un delincuente juvenil, que obviamente se irá de rositas, pues la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores es un bodrio que no hay por dónde cogerlo, fruto del progresismo socialista que afecta a una buena parte de la sociedad española.

Una ley que permite a los menores de 14 a 18 años hacer todo lo que les de la gana, y al decir todo lo que les de la gana, incluyo tráfico de drogas, palizas, violaciones, homicidios y hasta asesinatos, con la “seguridad” de que no les va a pasar nada, o casi nada…

Que no reprime la delincuencia juvenil, sino que la estimula. Y con la tranquilidad de que cuándo alcancen los 18 años sus antecedentes penales serán borrados del registro central de penados, aunque hayan asesinado a sus propios padres. O agredido al Presidente del Gobierno, por ejemplo.

Una ley fruto del buenismo, que tanto daño ha hecho y hace a la sociedad española, y que parte de la equivocada teoría de que todas las personas somos buenas, y es la sociedad la que nos hace malas. Ergo “la culpa” no es del individuo, sino de la sociedad…

En España, los menores delincuentes están envalentonados, pues saben que tienen todas las de ganar, y nada que perder. Y que cuándo tienes un problema con un menor, pues te insulta, agrede o roba, te dice que “cuidado que soy menor, que te denuncio”, para evitar que respondas a su agresión, o resistas su robo.

Toda sociedad recoge lo que siembra. Y España está recogiendo mucha mierda, fruto del buenismo socialista, que pretende educar a jóvenes que son delincuentes, en vez de castigarles debidamente, aunque se atenúe su responsabilidad en función de su edad. Y delincuentes peligrosos, como sucede en el caso que nos ocupa.

Siempre se ha dicho que el derecho va detrás de la realidad social, y es verdad. Lo cierto es que hoy por hoy nuestros hijos e hijas mantienen relaciones sexuales completas sobre los 14 años las chicas, y los 15 los chicos. Que muchos son macarras de colegio, que les hacen la vida imposible a sus compañeros, normalmente a los más inteligentes. Y que los que tienen “vocación” delictiva empiezan muy pronto a manifestarla, en la seguridad de que están protegidas por la nefasta ley citada.

Siento mucho lo sucedido a Mariano Rajoy. Es algo que nadie merece, nunca, y menos en una sociedad democrática, donde hay cauces y formas de expresar las ideas políticas. Pero la culpa no sólo es de ese delincuente juvenil. En mi opinión es, fundamentalmente, de los que tiran la piedra y esconden la mano, de aquellos políticos y partidos que incitan al odio y al desprecio del adversario político, al que convierten en enemigo a batir. Y luego pasa lo que pasa…

Elecciones y fantasía fiscal
Luis Riestra www.vozpopuli.com 17 Diciembre 2015

Si hay un tema en que nuestros socialdemócratas mienten es en el de la deuda pública (y en la privada) y, como estamos en la fiesta de la “democracia”, con todos entreteniditos haciendo cálculos malabares con ese fraude a la representatividad que es el sistema electoral proporcional de listas de partido, fantaseando con sacar algo o con meter en vereda a la casta política, no estaría mal que revisáramos el caso americano para ver cómo los representantes de los electores allí intentan embridar a su demiurgo federal, que como el nuestro ya está en sus límites sistémicos.

Nobeles, catedráticos y pirómanos

Como saben, la actual crisis hunde sus raíces en la reforma financiera que hicieron los socialdemócratas inspirados por el catedrático Larry Summers, gran amigo de esos ídolos de los cachorros de la izquierda que son los catedráticos y premios Nobel Paul Krugman y Joseph Stiglitz, y que, junto con Robert Rubin, se cargó la ley Glas-Steagall en tiempos del Clinton, entre otras razones para poder competir con Londres y acabar con los ciclos económicos (menudos locos)

Tras explotarles el invento, Obama trajo a Timothy Geithner, protégé de Summers y Rubin, para apagar el incendio de los pirómanos socialdemócratas y siempre rodeados de catedráticos. No extraña pues que Harvard invite a Zapatero y verle con el escudo con los libros detrás y la palabra VE-RI-TAS es tan surrealista como seguro el colapso socialdemócrata, con cuyas movidas, del corralito de Varoufakis al desastre venezolano, siempre se enriquece cierta casta.

En cuanto a los premios Nobel, decir que la Academia sueca premia por la contribución en un campo específico. Que luego se dediquen a promocionar la fantasía fiscal y que no se tenga criterio para evaluar lo que dicen, o, que sus “chicos” aquí, que parecen salidos de una secta, repitan como cacatúas su propaganda, no es culpa de la Economía sino de la política fantasiosa que padecemos.

Deuda buena, deuda mala

El invento tuvo su primera explosión con la burbuja punto-com y, para resolverla, se lanzaron a una política fiscal y monetaria expansiva que evitara una espiral deflacionaria, como la que describió Fisher tras el crack del 29. Aquella falsa solución creó la fantasía de que estábamos en la “nueva economía” y, cuando alertabas del desastre que se estaba incubando, vía burbuja inmobiliaria y mala supervisión bancaria, eras, como ahora, tratado como un apestado.

Esa evasión de lo evidente se logró con el espejismo de que la Deuda Pública Federal en relación al PIB (la del resto del Estado descentralizado americano es otra bomba) se mantuvo relativamente estable en ese período, pudiéndose incluso financiar las guerras de Irak y Afganistán (otro experimento); hasta que su engendro volvió a explotar en 2008 y el dichoso ratio ya pasa del 100% del PIB. Como aquí copiamos sin criterio, vamos muy parecido.

Acuciados por su desastre fiscal, los socialdemócratas americanos buscan engordar el PIB nominal a toda costa fantaseando con la demografía y empezaron a hablar de las ventajas de la regularización masiva de inmigrantes y la inmigración para impulsar el PIB, algo que también se hace ahora en Europa con la crisis de refugiados tras explotarles Siria, y todo para seguir con su negocio vía endeudamiento público.

 

 

Luego siempre hay algún socialdemócrata, normalmente sin el más mínimo estudio sobre el particular, que me quiere explicar los problemas del PIB nominal, cuando vengo alertando sobre el tema desde la primera crisis, personajes que normalmente desvían la atención diciendo que la culpa es de la deuda privada, que se desbocó por sus inventos “reformistas”, como si un riesgo tan repartido se ajustara igual que el desastre sistémico del sobre-endeudamiento público.

Obama, podemonios y más inventos

Salido de la nada, el candidato Obama llega al poder con el lema “Sí podemos”, que han copiado por aquí los patéticos cachorros de la socialdemocracia, todo fantasía y mentiras salidas del laboratorio chavista con sus vínculos con un régimen que lapida a las mujeres y cuelga a los homosexuales, que menudas tragaderas hay que tener para votarles y, si los de “Harvard” eran pirómanos, imagínense estos personajes sin oficio ni beneficio, que en Economía no saben hacer la “o” con un canuto y que ofrecen incluso “un nuevo país”, sobre todo si tienes que emigrar, que así haces sitio a sus amigos para su experimento demográfico; casi que superan en inventos ruinosos a los nacionalistas, de quienes terminan siendo títeres en la destrucción de España.

 

 

Aterrados otra vez por el fantasma de la espiral deflacionaria, Obama vende a los representantes un paquete de estímulo que salen como locos a sus distritos en busca de proyectos de gasto y hasta el apareamiento de pato colorado pilló subsidio, llevando el déficit federal hasta el 10% del PIB.

Sobre la anterior locura aquí nos quieren vender otra mentira fiscal. Verán, solo durante la Segunda Guerra Mundial se había ido tan lejos en déficit y deuda y ahora quieren repetirlo allí y aquí; la diferencia es que entonces, como en otras ocasiones, vino un ciclo largo que pagó la deuda, con mayor crecimiento y mayor inflación, se hizo pagar impuestos a los pobres y se pechó la distribución de la renta. Hoy, hacer algo equivalente, es imposible, pero como no se hacen los deberes y todo son trampas, fantasías y cobardías, cuelan su mentira. El sistema no da más de sí y no aguanta más socialdemocracia. ¿Y entonces?

Ajo, agua y arresí

Por supuesto que Obama tenía un montón de planes de gasto pero, tras muchas comisiones e interpelaciones del Congreso a la oficina presupuestaria, expertos, etc., los representantes le dijeron “Eh…. no, va ser que no”.

Ahora la alarma era otra: los niveles de deuda previstos llevaban a una crisis soberana (S&P les bajó el rating en 2011) y había que parar la locura fiscal, así que reactivan dos viejos mecanismos: el llamado “Techo de deuda” y el “Secuestro fiscal”, y “si no te alcanza la pasta, echa gente”. Es un poco bruto, aunque tiene un procedimiento automático, pero es que Obama había empezado con una deuda de 9,5 billones (casi nueve veces el PIB español) y ya va por los 18 billones, casi veinte veces el Ahorro Nacional estadounidense; “que sí, que podemos”. ¿Se entiende ahora su extraña política en Oriente Próximo?

 

 

La dudosa eficacia

Los sistemas fiscales modernos, por su progresividad, tienen la característica de que, en las recesiones, recaudan menos de forma creciente amortiguando las mismas, pero cuando la economía se recupera, la recaudación crece (salvo deflación) progresivamente, frenando el crecimiento; es lo que llaman estabilizadores automáticos, slogan ideal para economistas que cobran sin trabajar. El resultado de eso y de las medidas comentadas es que entre 2010 y 2013 la contribución del sector público americano al crecimiento ha sido negativa; eso sí, la enorme deuda ha quedado ahí.

 

 

Si votas, no les votes

Por aquí, como sus padres se han fundido el país, hay unos piraos que se han inventado lo de la deuda ilegítima. Luego no te presta ni Dios, pero como van a asaltar el Cielo. En realidad, en esta fiesta de la partitocracia, la única oferta electoral sensata de aumento de gastos, dada la demografía y la cultura del vecindario, que tanto gusta al cosmopolitismo paleto socialdemócrata, sería en seguridad y defensa, que tampoco sería tanto; el resto de “ofertas” deberían ir a buscar un crecimiento sano del PIB nominal y a bajar la deuda, que cuando venga la próxima recesión, entonces si vamos a saber lo que son recortes.

Mientras, solo nos queda luchar contra la fantasía fiscal, rezar para que no nos pongan más bombas y evitar que en las elecciones siga la mentira política, a la cabeza de la cual van la izquierda y los nacionalistas. No les voten.

 


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Cuando se siembra el odio se recoge la violencia
Editorial Okdiario 17 Diciembre 2015

Por primera vez en nuestra historia democrática, un presidente del Gobierno ha sufrido un atentado. Un hecho de extrema gravedad que debería hacernos reflexionar al respecto del tipo de sociedad y país que estamos construyendo entre ciudadanos y políticos. El agresor de Mariano Rajoy es un menor de 17 años que pertenece a la extrema izquierda de Pontevedra y que utiliza las redes sociales como foro donde vomita todas las bilis de su odio. Un joven que sigue a Izquierda Unida y las Mareas —la marca de Pablo Iglesias en Galicia— y que portaba su publicidad de campaña al ser detenido. Este sujeto había amenazado con desatada virulencia, a través de las distintas plataformas sociales, con atentar en la sede del Partido Popular en Génova 13 y con pegarle un tiro al director de Okdiario, Eduardo Inda. Además, profirió todo tipo de insultos machistas a su novia y trato de intimidar a una profesora de lengua que le había suspendido la asignatura. Tanto es así que en 2013 lo expulsaron del exclusivo y carísimo colegio SEK de Pontevedra. Una línea de comportamiento radical y desmesurada que la Policía nunca detectó a pesar de llevar más de dos años presente en las redes de las que era usuario.

Un sujeto que, además, había planeado el ataque contra Rajoy con ayuda externa. Prueba de ello son los WhatsApp que publicamos y los vítores que ha recibido de un grupo de jóvenes que lo han despedido jaleando el ataque mientras la Policía se lo llevaba arrestado en el mismo lugar de los hechos. Este tipo de perfiles, fácilmente influenciables, son especialmente sensibles a la violencia verbal y al ejemplo que dan los políticos, especialmente a aquellos que siguen como si fueran dioses. Entre los referentes de este menor se encuentran Pablo Iglesias, al que le ha oído disculparse por “no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en televisión”; Juan Carlos Monedero, que ha calificado a Sánchez y al propio Rajoy como “momias convertidas en serrín” y que justifica la violencia de ETA; o Facu Díaz, personaje que incluso llegó a disfrazarse de etarra y que trabaja en ‘La Tuerka’, el programa televisivo del núcleo duro podemita. Flaco favor hacen todos ellos convirtiendo la actividad política de nuestro país en una absurda guerra de guerrillas a través de insultos, insinuaciones o ataques a los políticos de otras formaciones. Una tendencia a echar gasolina al fuego que después inspira este tipo de comportamientos juveniles que convierten las soflamas radicales en terribles actos reales como el de Pontevedra.

En ese sentido, el candidato de Ciudadanos a la Moncloa, Albert Rivera, decía algo muy interesante en las últimas horas: “El resto de líderes políticos no son mis enemigos, sino mis compatriotas”. Más allá de colores y formas de pensar, esa debería de ser la tendencia de concordia y respeto que articulara el día a día de la sociedad española. La misma libertad que nuestro estado democrático garantiza a los millones de personas que acudirán a las urnas el próximo 20 de diciembre. Entonces, toda la ciudadanía tendrá la ocasión de elegir sin coacción a unos representantes que han de demostrar con actos los valores que quieren transmitir a un pueblo que, tras ataques como el sufrido por Mariano Rajoy, mira estupefacto la realidad que nos rodea. La violencia, las insidias y la provocación constante no nos llevan a ningún lugar más allá de las desagradables reminiscencias guerracivilista, ese conflicto que el historiador estadounidense Stanley G. Payne definió como: “Una contienda de malos contra malos”.

En definitiva, un gravísimo atentado, auspiciado por el odio y la violencia, que además cuenta con otros focos de interés que no se pueden obviar. Más allá de la extrema gravedad del ataque que ha culminado este menor, el Gobierno debería depurar responsabilidades entre los encargados de proteger al presidente, Mariano Rajoy, durante la campaña. Aunque loable en su voluntad de estar cerca de la gente, resulta alarmante la facilidad con la que el atacante ha llegado hasta el jefe del Ejecutivo y el tiempo que ha tenido tanto para pensar el golpe como para, inmediatamente después, haber podido, incluso, lanzar otro ataque. Si hubiera llevado un simple cuchillo, quizás estaríamos lamentando ahora una de las páginas más negras de la historia de España. Una historia que los cargos políticos deberían de construir dando ejemplo tanto con sus actos como con sus palabras y erradicar a cualquiera que quiera hacer del juego político una constante llamada al odio. Será la única manera de que no sucedan hechos como los de Pontevedra. La forma de evitar errores que ya nos costaron muy caros en un pasado no tan lejano.

Un puñetazo que nos debe doler a todos
Editorial El Espanol 17 Diciembre 2015

La agresión sufrida ayer por Mariano Rajoy en Pontevedra, cuando un menor de 17 años aprovechó un paseo electoral para propinarle un brutal puñetazo, ha merecido lógicamente la reprobación de los dirigentes de todos los partidos.

Con sus inmediatas muestras de solidaridad y condena, el resto de candidatos han situado el ataque en el ámbito de execrable excepcionalidad que merece cualquier acto violento. Y más aún si se produce el transcurso de una de las manifestaciones democráticas más genuinas, como es una campaña electoral, cuando son mucho más frecuentes los momentos de proximidad entre políticos y ciudadanos. Por eso esta agresión nos debe doler a todos.

No hay crítica política ni reproche posibles, ni a Rajoy ni a nadie, por muy fundados que éstos sean, que justifiquen un ataque semejante, que debe valorarse y juzgarse estrictamente como lo que es sin dar margen a interpretaciones políticas interesadas.

Nadie debe caer en la tentación de intentar relacionar esta salvajada con el clima de crispación creciente en la campaña desde el duro intercambio de invectivas en el que se enzarzaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en su debate televisado del lunes. Ni Rajoy ha sido golpeado en plena calle porque Pedro Sánchez le llamara "indecente" ni si el líder socialista resultase agredido se podría culpar al presidente por haberle llamado "ruin, mezquino y miserable".

Aunque los escraches elevaron, y mucho, el ámbito de lo sensatamente admisible como protesta política, el puñetazo a Rajoy ha supuesto un salto cualitativo que debe imnterpretarse como lo que es: un taque salvaje perpetrado por un menor sobre el que tiene que caer todo el peso de la ley teniendo en cuenta lógicamente sus circunstancias personales.

Los primeros indicios apuntan a que el agresor es un joven radical de izquierdas vinculado a una peña muy minoritaria de forofos del Pontevedra, el Movimiento Juvenil Mocedades Galeguistas. Esta peña próxima al independentismo se desmarcó a las pocas horas de la agresión, pero tampoco faltaron quienes celebraron el ataque a través de las redes. El propio joven energúmeno se jactó, tras su detención, de lo que había hecho.

Esta sociedad debe revisar en profundidad sus resortes cívicos, pues es incomprensible que haya quien se alegre del mal ajeno y más aún que haya quien puede presumir de su brutalidad. Su perfil responde al de un muchacho problemático, conflictivo de familia acomodada con mal expediente académico y con tendencia al extremismo. De hecho, en su perfil en Twitter se definía como "antifascista" y hacía proclamas antisistema.
Un grave fallo de seguridad

Esta agresión no debió haberse producido nunca. Y menos con un nivel de alerta antiterrorista como el que hay activado. Ha habido un grave fallo de seguridad en el entorno de un presidente, por muy candidato que sea. El chico manifestó justo hace un año en las redes sociales su voluntad de hacer un atentado en la sede del PP. Hechos así demuestran que la Policía debería tener más recursos para investigar este tipo de amenazas, pues su disposición a la violencia era explícita.

Es difícil saber qué impacto tendrá lo ocurrido en la votación del domingo más allá de un primer reflejo de elemental solidaridad hacia el agredido. Pero cualquiera que sea el resultado todos los partidos deben conjurarse para crear un entorno cívico que impida nuevos episodios como éste

En la campaña nadie habla de las lenguas
Mercè Vilarrubias Cronica Global 17 Diciembre 2015

Poco antes de la campaña del 20D se presentó la oportunidad de un debate sobre las lenguas en el Congreso. Fue a raíz de la presentación por parte de UPyD de una Ley de protección del español. Pero lo que sucedió es que no hubo debate sino una reiteración de las posiciones de cada partido: PP y UPyD apoyaron la ley, y los nacionalistas y la izquierda votaron en contra. La ley no se aprobó y ahí quedó todo.

Ahora, durante la presente campaña electoral podemos observar que ningún partido habla de las lenguas y las políticas lingüísticas, ni siquiera Ciutadans. Posiblemente no es malo este silencio porque incluir las lenguas en los debates conllevaría sencillamente una mera repetición de las posturas enfrentadas sin ningún acercamiento ni posibilidad de cambio. Sería, en verdad, un ejercicio fútil.

Sin embargo, esta situación enquistada debería ponernos en alerta. La realidad política impone que el tema de las lenguas es tan delicado y explosivo que no puede ni siquiera hablarse de ello. Pero, claramente, será muy difícil poder cambiar las cosas si el diálogo es imposible y la estrategia de los partidos pro-bilingüismo pasa únicamente por decir siempre lo mismo y ser recibido con el mismo desdén por parte de los nacionalistas.

Es un hecho que la situación actual de enfrentamiento es favorable a los nacionalistas: ellos tienen el control exclusivo de la política lingüística y hacen y deshacen a su antojo. No hay ninguna intención de cambio, y que el otro sea percibido mayoritariamente como facha y españolista en su defensa del bilingüismo les beneficia enormemente y en consecuencia, contribuyen sin tregua a mantener esta percepción.

En mi opinión, esta situación puede seguir así hasta la eternidad porque está en el interés de los nacionalistas que así sea y mientras ellos estén en el poder es muy improbable que se produzcan cambios por más leyes a favor del español que se presenten en el Congreso y vista la gran reticencia de los Gobiernos españoles para hacer cumplir las sentencias favorables a flexibilizar la inmersión monolingüe.

Para empeorar las cosas, Podemos se ha sumado al PSOE e IU en su apoyo a las políticas lingüísticas nacionalistas, creyendo ingenuamente, como toda la izquierda catalana y española, que así defienden el bilingüismo. Es curiosa esta creencia por la cual el monolingüismo institucional y educativo representa la mejor expresión del bilingüismo. Fuera de España, esta idea no la entiende nadie pero lamentablemente, en nuestro país, constituye el marco mental hegemónico.

Un excelente diagnóstico de la amarga situación en la que nos encontramos la realizó mi colega y amigo Ángel Puertas, articulista también en este digital, en su intervención en las 'Jornadas Por una Escuela Plural' organizadas por Societat Civil Catalana los pasados 27 y 28 de noviembre en el CCCB.

Ángel usó una metáfora para situar el catalán en su contexto histórico: los catalanohablantes fueron mordidos por una serpiente. Cuando a alguien le ha mordido una serpiente, cualquier cosa alargada y delgada que se mueva en la penumbra puede ser otra serpiente. El temor a repetir una situación dolorosa es algo muy humano y no lo cambiaremos. Lo que tenemos que hacer es trabajar con ello. Porque esto es exactamente lo que han hecho los nacionalistas. Sabiendo muy bien del dolor que causó la serpiente en los catalanohablantes, se han pasado 40 años diciendo que seguimos estando rodeados de serpientes al acecho. Han inventado todos los mordiscos y todos los venenos habidos y por haber y repiten incesantemente que esto está sucediendo ahora. La meta es reproducir incesantemente en el imaginario colectivo nacionalista que la lengua catalana sigue igual de asediada por parte de España y los españoles que durante el franquismo. Y todos aquellos que lo creen de buena fe es porque el relato de la serpiente acechante es lo único que oyen desde hace cuatro décadas y están atenazados por el miedo.

Así pues, la manipulación lingüística de los nacionalistas no se da sobre un vacío. Ha habido un 'dolor de lengua' real que todo el que lo ha sufrido está inclinado a pensar que puede repetirse. Y aquí es donde entra la manipulación nacionalista, sobre este temor.

Al español, efectivamente, se le excluye pero al catalán se lo manipula. En mi opinión, deberíamos realizar un giro y focalizar nuestros esfuerzos primero en abordar la manipulación del catalán y su realidad actual, muy distinta del relato de la serpiente.

La clave para empezar a desenredar la madeja lingüística puede muy bien encontrarse en el catalán, no en el español. Deberíamos plantearnos el tener como primera meta desmontar su argumento principal: la serpiente --el Estado, España, los españoles-- siguen mordiéndonos; nos defendemos porque la lengua está siendo tan atacada y sus hablantes tan humillados como entonces. Es en base a esta idea que se edifica toda la política lingüística. Por ello, porque son los cimientos, creo que es este imaginario el que tiene que poder ser deconstruido en primer lugar aunque ello signifique poner el español a un lado, no hablar de él, hasta el momento adecuado, el cual sería una vez hayamos logrado matar la serpiente.

Matar la serpiente significa conseguir que una mayoría de la opinión pública catalana se convenza de que España ha dado muerte al réptil y que nadie va a dañar más al catalán y sus hablantes. Para ello, debe hacerse algo más que decir que no existe ninguna serpiente, incluso demostrarlo con datos porque esto ya se ha hecho y resulta insuficiente.

De lo que se trata, en mi opinión, es de demostrar de forma activa, con hechos, palabras y gestos simbólicos por parte del Estado que la vigencia de la temible serpiente es una manipulación nacionalista para privar a la sociedad catalana de su secular bilingüismo y catalanizarla de forma excluyente. Para ello, es necesario un plan global para las lenguas de España, que posibilite un cambio de estrategia a los partidos pro-bilingüismo.

Como he desarrollado en otros artículos, mi propuesta para ello es la Ley de Lenguas, la cual tiene como primera meta centrarse en el catalán para lograr matar la serpiente. Ello posibilitaría, en una segunda etapa, legislar también a favor de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña. Una ley de derechos lingüísticos en España sería de tal calado que, para poder aplicarse, necesita una mayoría de ciudadanos catalanes convencidos de que la mortífera serpiente ya no existe. Y esto lo lograremos si los ciudadanos catalanes ven y escuchan un Gobierno central interesado activamente por las lenguas de España. Desde mi punto de vista, debe haber dos etapas: solo matando la serpiente primero allanaremos el camino después para poder instaurar de forma efectiva los derechos lingüísticos de los ciudadanos castellanohablantes.

A pesar de la necesidad acuciante de un plan global para las lenguas de España, estamos presenciando una campaña con el silencio como protagonista. No es ningún buen presagio. Sin embargo, con cautela, pero debemos ser optimistas. El paisaje político que saldrá de las urnas para la próxima legislatura puede ser muy diferente de lo que hemos experimentado hasta ahora y posibilitar la superación del actual enfrentamiento estéril entre 'bandos' también en el tema lingüístico.
 

Y dale con la ley de lenguas, el bilingüismo de lenguas regionales y demás disparates
Nota del Editor 17 Diciembre 2015

No se cansan de repetir los mismos disparates, están empeñados en que los demás seamos inoculados con sus lenguas regionales. No se enteran de que  no queremos saber nada de las lenguas regionales, que estamos hartos de que pretendan que nuestros hijos sean los almacenes vivientes de sus lenguas regionales. Que nosotros queremos las lenguas para comunicarnos y en España tenemos un estupendo idioma para ello, el español, y no queremos ser ciudadanos de cuarta a causa de las lenguas regionales. Que las lenguas regionales en España constituyen un enorme disparate social y económico.

 


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