AGLI Recortes de Prensa   Sábado 20  Febrero  2016

El “Modelo de Educación” de Podemos-PSOE arruinará a los colegios concertados
Lucio A. Muñoz  www.gaceta.es 20 Febrero 2016

Las empresas competitivas planifican y diseñan el presupuesto a modo de herramienta de gestión, y todo ello para intentar cumplir los objetivos de negocio.

Porque confeccionar un presupuesto empresarial es una labor harto complicada en la actualidad, debido a que el entorno es cambiante y, a tal efecto, es vital considerar variables, tales como los tipos de interés, la financiación, el precio del petróleo, las repercusiones de la globalización, etc. En este sentido y tal como recomienda Jaume LLopis, profesor del IESE, los presupuestos deben planificarse anualmente y revisarse trimestralmente (o, incluso, cada mes), al objeto de reajustar las cifras a los constantes cambios.

De igual modo, el presupuesto debe cumplir con una serie de parámetros, por ejemplo, enfocarse en el largo plazo, aportar flexibilidad, partir cada año de la “base cero”, es decir, renovarlo totalmente al objeto de reducir costes y eliminar partidas obsoletas, etc.

Tanto es así, que las compañías que no siguen estas pautas gerenciales corren el riesgo de que sus presupuestos se conviertan en simples documentos que solo sirven para paralizar el crecimiento, desvirtuar la estrategia, impedir la creación de valor y potenciar la burocracia.

El Presupuesto 2016 de Castilla-La Mancha arruinará a los colegios concertados
Desgraciadamente, los presupuestos de las CC.AA., no suelen regirse por criterios empresariales ni de eficiencia económica sino que, por el contrario y en multitud de ocasiones, se guían por razones ideológicas, sectarias y adoctrinadoras. Este ha sido el caso del presupuesto autonómico de Castilla-La Mancha para 2016, recientemente aprobado por el ejecutivo regional del PSOE (que gobierna gracias al apoyo de Podemos).

Tanto en cuanto, el citado presupuesto castellano manchego contempla una reducción progresiva de la financiación destinada a la educación concertada. Y sin embargo, garantiza la disponibilidad de plazas en la educación pública.

En otras palabras, se trata de un presupuesto que asfixiará económicamente a los colegios concertados y católicos y, por ende, eliminará la educación basada en los valores cristianos. Y, además, este presupuesto lamina la libertad educativa, porque impone la educación pública a todos los padres, independientemente de las preferencias que estos tengan respecto al modo de educar a sus hijos.

No es un asunto baladí, sobre todo si analizamos la totalidad del referido presupuesto 2016 de C-LM, puesto que este recorte a la educación concertada contrasta con el incremento global del gasto respecto al presupuesto de 2015. En consecuencia, esta es la prueba que confirma las intenciones liberticidas en materia educativa de este gobierno autonómico.

Recordemos que el déficit de esta región se encuentra muy por encima del objetivo, y al respecto, la solución del gobierno socialista-podemita manchego ha sido subir los impuestos, manteniendo intacta la estructura político-administrativa y, contradictoriamente, masacrando a la educación concertada.

El “Modelo de Educación” de Podemos-PSOE: económicamente inviable, ilegal y antisocial
Máxime, si tenemos en cuenta que los colegios concertados son más rentables para la Administración que los públicos y, consiguientemente, los mismos repercuten en un ahorro para las cuentas públicas. No olvidemos que una plaza educativa en la escuela pública le cuesta al Estado el doble que en un centro concertado (de iniciativa social).

También es relevante resaltar que la educación concertada es más demandada por la calidad de sus proyectos educativos, la formación integral de los alumnos, la menor tasa de abandono escolar y los mejores resultados académicos.

Y, legalmente, la decisión presupuestaria del Gobierno de C-LM de ahogar financieramente a los colegios concertados vulnera el Artículo 27 de nuestra Constitución, pues deja a los padres sin posibilidad de poder elegir para sus hijos el centro educativo que más se adapte a sus convicciones.

En definitiva, este modelo de educación, presupuestado ya en la autonomía de C-LM, es el que se impondrá en España en el caso que el PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas (Frente Popular Independentista), consigan alcanzar un pacto para desgobernar nuestro país.

Tenenmos lo que nos merecemos. Los políticos, tambien
Antonio Pérez Henares  Periodista Digital 20 Febrero 2016

Es necesario hacer un esfuerzo gigantesco por no hablar de política, de políticos, de sus devaneos y pactos, de sus enjuagues y poses, por no hablar tampoco de las mil y una opiniones de opinadores, me meto de hoz y coz en el saco, que nada en realidad saben pero han de pronosticar algo y acaban, acabamos, por haber escrito ya cincuenta vez la misma cosa...y la contraria.
Todo esto, todo ello y sin descanso, el interminable temporal que llevamos ya no se el tiempo aguantando, en el último acto de la presunta investidura dos meses, y que puede durar no se cuantos años más, hace que me haya invadido la mas plomiza melancolía y llegado a la conclusión que la única manera ya que queda de mantener una mínima fe y una ligera esperanza pasa por la caridad de intentar alejarse lo más posible de ellos, de sus obras y actos y tomar las más drásticas medidas para no oír, y si se tuviera la desdicha de hacerlo, procurar olvidar sus palabras.

Esto ya no hay bicho viviente que lo aguante y la única razón que ya se me alcanza es que son un mal necesario, pero cada vez más mal y cada vez pareciendo menos necesario. Vamos que están llegando al borde mismo, raya roja le llamarían ellos para traspasarla de inmediato con total alevosía y convenciéndonos de que no era tal ni la linea ni su promesa, de la consideración y calificación de las moscas. Que ciertamente somos sufridores de sus engorro y males pero no alcanzamos a encontrarles utilidad alguna. Pues en no muy alejada imagen he de decir que empiezan a estar estos especímenes políticos de los denostados insectos, que al menos tienen la virtud de desaparecer durante los meses de invierno.

Meditando sobre la cuestión se me ha abierto finalmente un atisbo de su razón de existir y comprender que al igual que las moscas, mayormente las llamadas cojoneras, tengan una función importante: están ahí y son el reflejo aumentado de nuestros pecados inconfesables, existen y son de tal modo y manera porque nos los merecemos tal y como son y cada cual merece a los suyos, a los que votan y que hacen a imagen y semejanza propia. Vamos, que ya lo decía sor Juana Ines de la Cruz, monja mejicana guapísima y para su época una feminista avanzada, aunque ella hablando de los hombres en general, “hacedlos cual los queréis o quererlos cual los hacéis”. Pues eso, que en forma y modo no hay cosa más parecida a un votado que la media de sus votantes, y me da igual que me ponga usted un pepero, un rosita, un naranja o un podemita.

Se dice que cada país tiene-o no tiene como viene a ser nuestro caso- el gobierno que se merece. Pues voy más lejos, cada cual tiene y tenemos los políticos que nos merecemos.

El programa golpista de Podemos
EDITORIAL Libertad Digital 20 Febrero 2016

No son pocos los que se han llevado las manos a la cabeza tras leer las propuestas que Podemos ha presentado al PSOE esta semana con el fin de formar gobierno, pese a que el único interés de Pablo Iglesias y los suyos consista, realmente, en celebrar nuevas elecciones generales para lograr el ansiado sorpasso y, de este modo, aspirar a la futura Presidencia del Ejecutivo. En este sentido, son muchos los titulares que se han centrado en destacar las ansias de poder que refleja Iglesias con su idea de crear una gran Vicepresidencia, bajo la cual controlaría de forma directa organismos estratégicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como la Presidencia de la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado y la relación del Gobierno con las Cortes Generales. Además, asumiría el control absoluto de la Secretaría de Estado de Comunicación. Y ello, sin contar el detallado reparto de Ministerios y altos cargos que recoge el citado documento.

La oferta es de tal calibre que, de ser aceptada por el PSOE, Pedro Sánchez se convertiría en una mera marioneta presidencial, carente de poder real, en manos de Iglesias. Pero el plan de Podemos para tomar el cielo "por asalto", tal y como defendía Karl Marx mucho antes que Iglesias, va más allá de esta ambiciosa distribución del poder. Prueba de ello es que el citado documento defiende que la cúpula del Poder Judicial sea nombrada en función del "compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar". La avalancha de críticas que ha generado tal esperpento por parte de jueces y fiscales ha obligado al partido morado a matizar dicho postulado, tras alegar un increíble error "de redacción", pero en el fondo es justo lo que piensan.

En España, por desgracia, hace ya muchos años que la imprescindible división de poderes brilla por su ausencia gracias a la reforma que en su día aprobó el PSOE de Felipe González, cuyo desarrollo ha generado una espantosa y lesiva injerencia del poder político en el ámbito judicial, pero, al menos, socialistas y populares guardaban las debidas formas sobre el papel a fin de maquillar mínimamente semejante atropello. A Podemos, sin embargo, no le duelen prendas a la hora de afirmar que la Justicia debe arrodillarse y rendir pleitesía al Gobierno, lo cual supone un sustancial salto cualitativo en el profundo deterioro institucional que sufre España.

Pese a ello, el problema de fondo es que hay mucho más. En la página 23 del citado programa, Podemos habla de la necesidad de aprobar un "cambio constitucional", y es aquí donde se materializa el auténtico espíritu golpista de Podemos. En primer lugar, tildando de antidemócratas a aquellas fuerzas políticas que no comulguen con su ideario comunistoide, pues, según reza el texto, "si algunos partidos se ven tentados a extraviarse [impidiendo el cambio constitucional], la sociedad sabrá llamarles a la senda del diálogo y el respeto". Y, en segundo término, saltándose directamente la ley y todos los preceptos constitucionales que garantizan el sistema democrático en España:

Todos los que proponemos cambios en el texto constitucional del 78 sabemos que la Constitución no ofrece un camino fácil para su reforma [...] Las mayorías cualificadas que el texto exige para proceder a su modificación obligan a contar con un Partido Popular que, hasta el momento, solo ha hecho gala de un tozudo inmovilismo [...]Esto evidencia una paradoja antidemocrática [...]

Pero en democracia nunca existen las vías muertas. Incluso si la apertura del gran debate constitucional por parte del Gobierno del Cambio no lograse modificación alguna en las posiciones del PP, cabría activar la vía popular sobre la base del artículo 1 (soberanía del pueblo español), del artículo 23 (derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos) o del artículo 92 (referéndum consultivo); es decir, existen derechos y garantías democráticas previstos en la Constitución española que permiten convocar un referéndum para iniciar el proceso [...]

Dicho de otro modo, si no existe una mayoría suficiencia para reformar la Constitución, el proceso constituyente que tanto ansía Podemos se iniciaría de igual forma por la vía directa del referéndum, violando de forma explícita el ordenamiento jurídico.

Y algo similar sucede con la reforma electoral que propone el partido de Iglesias en la página 74 de su soñado proyecto de gobierno. Así, puesto que el Senado está en manos del PP y su amplia mayoría le otorga capacidad de veto en proyectos clave para el funcionamiento del sistema, "en caso de no ser posible la reforma electoral por adelanto electoral o bloqueo en el Senado por parte del Partido Popular, el Gobierno del Cambio propone que se tramite en el Congreso la reforma urgente -con carácter transitorio hasta la citada reforma constitucional- de los artículos 162.2 y 162.3a de la LOREG [...]", y asunto resuelto. Es decir, puesto que la democracia cuenta con ciertos mecanismos y contrapesos para limitar el ejercicio del poder con el fin de evitar abusos, como cambiar leyes orgánicas a placer, lo que plantea Podemos es violar dichas garantías, saltándose con ello la propia democracia para imponer su voluntad.

Que Podemos es un partido de naturaleza totalitaria no es ninguna novedad para los que, como Libertad Digital, llevan alertando desde el principio acerca de la enorme amenaza que supone su ascenso para la democracia española, pero ahora que su espíritu dictatorial se plasma negro sobre blanco la evidencia ya no admite dudas: el objetivo de Podemos es asestar un golpe de estado desde el propio estado, tal y como en su día hicieron Hugo Chávez y tantos otros sátrapas para permanecer en el poder una vez alcanzado el gobierno mediante las urnas. No hay peor ciego que el que no quiere ver

¿Un país de tramposos?
Editorial El Espanol 20 Febrero 2016

No puede ser casualidad. Algo no funciona cuando hasta cinco expresidentes autonómicos -Jordi Pujol, Jaume Matas, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Francisco Camps- andan en sumarios judiciales contra la corrupción; un exvicepresidente de España y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, a quien se consideraba artífice del milagro económico español, se sienta en el banquillo de los acusados; o la Familia Real se ve salpicada por el juicio a la Infanta Cristina.

Podríamos seguir con el encausamiento de directivos de las antiguas cajas de ahorros, el de empresarios que la opinión pública tenía por respetables, el encarcelamiento de consejeros autonómicos o de tesoreros de distintos partidos, la imputación a granel de concejales... Pero, con ser grandes escándalos, sólo representan la espuma del problema.
No sólo en política

El engaño está a la orden del día en en España, ya sea en pequeñas relaciones comerciales, como el pago sin factura para sortear el IVA, ya en el fraude a Hacienda para eludir el pago de impuestos. Lo primero que habría que conseguir es que ese tipo de comportamientos tuviera en la calle una condena moral, algo que ni siquiera ocurre ahora.

La realidad ha venido a ratificar que acertamos cuando entre las Obsesiones de EL ESPAÑOL incluimos la de "combatir la corrupción". Queda claro que no es un problema específicamente político. Sin embargo, es en la política donde hay que buscarle solución, con leyes que permitan combatir mejor este fenómeno y dotando de más y mejores medios a la Justicia, encargada de actuar cuando los sistemas de vigilancia han sido burlados. También con un comportamiento ejemplar de los representantes públicos que dé confianza y sirva de espejo al ciudadano.

Suena a chiste que a estas alturas el ministro García Margallo proponga, como hizo este viernes, elaborar un "libro blanco" contra la corrupción con la aportación de expertos internacionales. Largo me lo fiáis. Ya está todo inventado. Hay que avanzar en la transparencia, para que los gruesos muros de la Administración sean paredes de cristal; hay que eliminar la arbitrariedad en las contrataciones públicas; hay que devolver el protagonismo a funcionarios de carrera que han ido siendo sustituidos de forma paulatina por personas de libre designación; hay que reforzar las inspecciones; hay que fomentar el pago con tarjeta...
Récord de delitos

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado acaba de dar a conocer los datos de 2015 relacionados con el fraude y la corrupción, a todos los niveles. El año pasado se detuvo a 2.442 personas, con una cifra récord de 1.108 delitos detectados. Ya veremos como acaba 2016. Esta semana la empezamos con una gran operación contra la dirección de las clínicas Vitaldent, continuamos con una redada en la sede central en España del mayor banco de China, y la hemos cerrado con registros y detenciones en más de setenta empresas del país dedicadas al sector cárnico.

Sería mucho decir que en España hay una propensión a la trampa, pero la realidad demuestra que, cuando menos, es un asunto mal resuelto. Un país moderno, que pretende ser competitivo, que aspira a mantener su lugar entre las grandes democracias de Occidente, tiene que ser también éticamente sólido. O al menos, ha de poder atajar con la ley los comportamientos que se desvíen de ella. Ningún país prospera en medio de la corrupción. Acabemos de una vez con esta lacra.

Corrupción y dimisiones
Carlos Domínguez Luis El Espanol 20 Febrero 2016

Dos han sido las principales razones invocadas por Esperanza Aguirre para justificar su dimisión, el pasado domingo, como presidenta del Partido Popular de Madrid: por haber elegido a Francisco Granados como Secretario General de la formación y, según sus propias palabras, “porque debía haber vigilado mejor”.

No es, desde luego, nada habitual en nuestro país que un político asuma su responsabilidad por lo más parecido a lo que, en el argot jurídico, se conoce como culpa in eligendo o in vigilando. Ambas figuras se conectan con la responsabilidad civil del empresario por daños causados por sus empleados. La culpa in eligendo supone que el empresario ha fallado en la necesaria diligencia tendente a situar en cada puesto de su organización a la persona indicada para ello. La culpa in vigilando, en cambio, implica una ausencia de la diligencia debida en la vigilancia de los empleados cuando están desempeñando sus funciones.

España ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas. Hay algo, sin embargo, que permanece incólume: la alergia a la dimisión de nuestros dirigentes políticos. Resulta asombroso que en un país gravemente salpicado por multitud de casos de corrupción, la asunción de responsabilidades políticas por culpa in eligendo o in vigilando brille por su ausencia.

Los ciudadanos, el prestigio del país y las arcas públicas padecen a diario las consecuencias de unas conductas reprobables y delictivas que los jueces y fiscales -nunca llegaremos a agradecerles del todo la ingente labor que están desarrollando- se esfuerzan en reprimir. Ahora bien, nada o poco se sabe de quienes eligieron, de quienes colocaron en elevados peldaños de la gestión de la cosa pública, a estos presuntos -y, en otros casos, probados- delincuentes.

Cierto es que, desde la perspectiva estrictamente penal, cada uno responde de sus propios actos. Ahora bien, la responsabilidad política no puede quedarse -no debe quedarse- ahí. En cualquier país serio, quien decide la designación de la persona que ha incurrido en comportamientos de este tipo ha de responder ante la opinión pública y ante los ciudadanos, con un alcance que, obviamente, dependerá de la gravedad de tales conductas.

Sin embargo, lo que resulta inconcebible es que, ante casos reiterados de corrupción por parte de personas designadas, en última instancia, por el mismo dirigente político o por la misma cúpula de una formación, los responsables de esos nombramientos se lleven, escandalizados, las manos a la cabeza, exigiendo todo el peso de la ley sobre los culpables, con una escenificación estudiada que busca presentarse ante la sociedad como una víctima más del engaño. Una vez, la jugada puede valer. Dos, a lo mejor, también. Tres es demasiado ofensivo para el sentido común de cualquier mortal.

Que en España se dimite poco y se asumen escasas responsabilidades políticas es algo que no precisa de excesivas constataciones empíricas. Se trata de una realidad que dice muy poco de la madurez democrática de nuestro país y que se erige en síntoma de una serie de males que aquejan, desde hace lustros, a nuestra vida pública.

El primero y principal: la profesionalización de la política y el desprecio a la cultura del mérito y la capacidad. No puede haber regeneración democrática sin aplicar cirugía a ese grueso humano -de dimensiones nada desdeñables- que ha convertido la actividad política en su profesión, en un medio de vida. Personas que llevan en el oficio quince, veinte o más años y de quienes no se conoce carrera o trabajo distintos de la sistemática ocupación de cargos públicos -en diferentes niveles de responsabilidad- o puestos electivos. Asumir una responsabilidad política cuando de ello depende el pan con el que subsistir no parece tarea sencilla.

De otro lado, exigir hoy una especial atención a la idoneidad de quienes aspiran a puestos públicos, de forma proporcional a la mayor representación y visibilidad de éstos, genera, en la mayoría de los casos, hilaridad. No nos engañemos: salvo muy contadas y honrosas excepciones, la confección de las listas electorales o la designación para cargos políticos están basadas en aspectos tan frívolos como la simple afinidad personal o la garantía de una sumisión permanente como precio por el puesto otorgado. A veces, compartir el gusto por algún deporte con el líder es más efectivo criterio de elección que disponer de un buen currículum. Lamentablemente, no ironizamos. Son ejemplos reales.

He aquí una paradoja de los tiempos presentes que nadie se explica. Todos contemplamos como normales los rigurosos procesos de selección de personal seguidos en las empresas privadas, orientados siempre a la búsqueda de la excelencia en cada posición a cubrir. Sin embargo, para la empresa más importante, aquella cuyas decisiones afectan a todos y que se ocupa de la gestión de la cosa pública, hemos aceptado, por el simple devenir de los acontecimientos, que vale cualquiera. Lo relevante, casi siempre, es que no se haga sombra al jefe y que no se moleste.

A ello hay que añadir que el político profesional no suele recorrer el camino solo. En función de su lugar en la cadena de mando, no es raro que se halle circundado por una corte de fieles -no está claro que lo sigan siendo cuando la vara de mando cambie de titular- cuya actividad política va, temporal e indisolublemente, unida a la del jefe. La necesaria conservación del cargo impone, en estas circunstancias, un voto de mansedumbre, aderezado con peloteo puro y duro, ciertamente irresistible para quien manda.

Así las cosas, la política en España se ha convertido en un ejercicio de supervivencia, en el que nadie conoce a nadie. La retroalimentación interpersonal y el espíritu gremial que ha aflorado dentro de los partidos explica la soledad del que cae y la inexistencia de un solo dedo que apunte a quien, en buena lógica, debería responder por designaciones equivocadas. La patrimonialización del cargo público es el virus que se propaga dentro de las formaciones políticas. Lejos queda ya la consideración del puesto como empresa trascendental a su titular coyuntural.

Sigamos así. No llegaremos muy lejos.
*** Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado en excedencia y socio de Business & Law.

Guerra judicial también en América
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Febrero 2016

Este fin de semana falleció el ilustre magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos Antonin Scalia. La izquierda lleva años emprendiendo una vigorosa ofensiva en todo Occidente con el fin de imponer la idea de que es obligación de los jueces interpretar las leyes conforme al sentir popular del momento en que se han de aplicar y no conforme a lo que las leyes dicen. Lo argumentan diciendo que ha de ser así cuando se apliquen leyes que se redactaron en un ambiente de opinión diferente. Naturalmente, son ellos, la izquierda, los que deciden qué interpretación es más conforme con ese sentir. Los Estados Unidos no han sido inmunes a esta plaga. La izquierda norteamericana, incluida la más moderada, pretende que la Corte Suprema reinterprete la Constitución a fin de que diga lo que cree ella que hoy debería decir, pero que en realidad no dice. Un ejemplo es el caso del derecho a portar armas que ampara sin ambages la Segunda Enmienda. Lo cierto es que los políticos pueden fácilmente suprimirlo cambiando la Constitución y aprobando una vigésimo octava enmienda que lo derogue. Sin embargo, como ello obligaría a senadores y congresistas a debatirlo en las cámaras, retratarse y expresar su opinión ante sus electores, prefieren que sean los magistrados de la Corte Suprema los que hagan decir a la Constitución lo que ellos quieren que diga. Así logran su propósito sin pechar con el coste político de ser ellos los responsables de la reforma. De eso sabemos aquí un tanto.

Antonin Scalia era un ferviente defensor de lo que él llamaba originalismo, esto es, la interpretación de la ley conforme a su sentido original, que es como si un matemático se confesara partidario de de que dos más dos sean cuatro frente a los muchos que se empeñan en que sean tres o cinco según sople el viento. Y por defender que se interprete la ley por lo que dice y no por lo que a no sé quién le gustaría que dijera ha sido tildado como el más conservador de los magistrados de la Corte. Olvidan sus críticos que Antonin Scalia estuvo del lado de quienes opinaron en su momento que quemar públicamente una bandera de los Estados Unidos de América era un derecho incluido en la libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda. Y fue duramente criticado por ello desde los círculos conservadores.

Por supuesto, Obama quiere nombrar a su sucesor y romper a favor de la izquierda el empate a cuatro que la muerte de Scalia deja en el tribunal. Sin embargo, el Senado de mayoría republicana afirma que rechazará a cualquiera que proponga con el fin de que sea su sucesor quien haga el nombramiento el año que viene. Obama insiste en designar a un nuevo magistrado. Parece que tratará de encontrar a alguien que, siendo inequívocamente de izquierdas, no pueda por su prestigio ser rechazado por los republicanos. ¿Encontrará ese unicornio?

Scalia, el juez que insufló vida a la Constitución
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 20 Febrero 2016

El pasado día 12 murió el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El dueño del rancho en el que se alojaba dijo que, cuando encontró el cuerpo, "estaba tumbado muy tranquilo, como si no se hubiese despertado aún de la siesta". Tenía la almohada sobre la cabeza, lo cual ha motivado un pequeño garbeo conspiranoico, que ha sido acallado por los médicos al señalar las causas naturales del deceso.

No es común que la muerte alcance a un juez del Tribunal Supremo en ejercicio. Normalmente se retiran antes del esperado encuentro con la parca, y cuando ocupa la Casa Blanca un presidente de su cuerda ideológica. El presidente, como jefe de la Administración, tiene la facultad de elegir a los componentes del TS, si bien su decisión tiene que contar con la aprobación del Senado. Una retirada a tiempo permite que un presidente afín pueda asegurar la continuidad en términos ideológicos. Scalia, 79 años, quizá esperara a que los republicanos se decidiesen por alguno de los candidatos, y a que el elegido fuese capaz de ganar a Clinton o a Sanders en las elecciones del 8 de noviembre. No ha podido ser.

Scalia fue un hombre extraordinario. Nació en el barrio italiano de Trenton (Nueva Jersey), en plena Gran Depresión. Su madre era americana de primera generación, y su padre llegó a Ellis Island con 15 años. Los dos le inculcaron un férreo catolicismo, que le acompañó hasta el final. Quizás el hecho de que fuese hijo único hizo que se acostumbrase muy pronto a concentrar en su persona todas las expectativas. Cumplió sobradamente: fue el primero de su clase en la escuela militar Francisco Xavier, en su licenciatura en Historia en Georgetown y en su segunda licenciatura, esta vez en Derecho en Harvard.

Pasó sus primeros años entre el ejercicio privado del Derecho, las clases en la Universidad de Virginia y la política, de la mano de Richard Nixon y Gerald Ford. Carter llegó al poder y Scalia volvió a la enseñanza, hasta que Ronald Reagan le llevó a la Corte de Apelaciones, un puesto de cierta relevancia dentro del circuito federal. Allí, su calidad de jurista y su posición originalista, entonces muy desprestigiada, llamaron la atención. Cuando Warren Burger anunció su dimisión como jefe del Supremo, Reagan promovió la candidatura de William Rehnquist, que ya era miembro del alto tribunal, para el puesto, y a Scalia para ocupar el hueco de Rehnquist. Noventa y ocho senadores votaron a favor, ninguno en contra.

Los dos raíles por los que discurrió la labor de Scalia como juez fueron el originalismo y el textualismo, dos palabros que remiten a dos ideas muy sencillas: la ley ha de interpretarse en su sentido original y según el significado preciso que se le dio en la redacción. Serían un par de obviedades si no fuese porque el canon ideológico era el contrario: el de una Constitución viva. Según esta interpretación, la Constitución es un marco puramente formal, y la labor del juez consiste en encajar en el mismo la realidad cambiante, y la ideología del momento. A veces hasta se rompe el molde, como en el caso de Roe vs. Wade, donde el que el TS otorgó una protección constitucional al derecho a la intimidad que no viene recogido en la Ley Fundamental. Utilizar la Constitución para lograr objetivos que son contrarios a la misma ha sido el gran empeño de los juristas progresistas desde el siglo XX. Y para ello han tenido que retorcer el significado de las palabras. Restituirlo fue una de las misiones de Scalia en sus casi tres décadas de ejercicio en la más alta institución judicial de los Estados Unidos. "Las palabras tienen una amplitud de significado limitada, y ninguna interpretación que vaya más allá de ella es permisible", dijo en una conferencia en la Universidad de Stanford hace 21 años.

No es que Scalia se limitase a hacer una labor de lingüista; a su juicio, no se trataba de describir con precisión lo que redactaron los padres de la Constitución, sino de interpretar el texto "razonablemente". Así, Scalia logró restituir desde (District of Columbia vs. Heller), con su pluma y el apoyo de otros cuatro miembros del TS, la libertad de portar armas, amparada por la Segunda Enmienda a la Constitución. Su redacción ("dado que es necesaria una milicia bien regulada para la defensa de un Estado libre, no se restringirá el derecho de la gente de tener y portar armas") ha permitido que algunos circunscriban ese derecho a una organización constituida por los Estados, pero la milicia, en la tradición inglesa heredada en los EEUU, no es más que el pueblo en armas: "Los antifederalistas temían que el Gobierno federal pudiese desarmar a las personas con el fin de desactivar la milicia ciudadana, lo que permitiría un ejército politizado o una milicia escogida para mandar. La respuesta fue la de negar al Congreso el poder para coartar el antiguo derecho de los individuos a poseer y portar armas". Otra de las sentencias por él redactadas (United States vs. Jones) prohibía el seguimiento por GPS de un sospechoso criminal sin orden judicial.

La paradoja de la Constitución viva es que puede acabar con la propia Ley Fundamental, mientras que Scalia lo que quería era precisamente que el texto de la misma siguiese teniendo eficacia y, en consecuencia, verdadera vida. Por eso contribuyó sustancialmente a reforzar las libertades de los estadounidenses. En ocasiones, como en el caso de las armas, para deleite de los conservadores, y en otras de los progresistas: como cuando defendió el derecho a quemar la bandera nacional, porque consideraba que era un gesto protegido por la Primera Enmienda, que ampara la libertad de expresión. Quizá por eso, y pese a lo que pueda pensarse, no solía ser el miembro más conservador del TS. También inclinó la balanza hacia un mayor reconocimiento de los derechos de los Estados frente al poder del Gobierno federal, y luchó contra las leyes que introducían discriminaciones (positivas, dicen algunos) basadas en el sexo, la raza o la orientación sexual.

Habitualmente, no formaba parte de la mayoría. El asunto que más le ha separó de sus compañeros fue el de la pena capital, que él defendía. "Dentro de 50 años", dijo en una entrevista concedida a la New York Magazine, "seré como el juez Sutherland de finales del siglo XX y comienzos del XXI, de quien se decía que 'estaba siempre en el lado perdedor, estaba chapado a la antigua, y con ideas anticuadas'. Y no me importa", acabó sentenciando.

De hecho, si bien la redacción de sus opiniones mayoritarias ejercerá una perdurable influencia jurisprudencial, son sus notas de desacuerdo, en las que hizo gala de brillante inteligencia, conocimiento del derecho y sentido común, las que más fama le han conferido. Por ejemplo, en su escrito contra una decisión sobre el Obamacare concluía: "Bajo todas las normas usuales de la interpretación, el Gobierno debería perder este caso. Pero las normas usuales de interpretación se rinden siempre ante el principio fundamental de la actual Corte: la Ley de Asistencia Asequible debe mantenerse". En otra ocasión recordaba cuáles eran los límites de su institución: "La Corte sólo tiene el poder judicial, el poder de pronunciar la ley tal como el Congreso la ha aprobado. Carecemos de la prerrogativa de reparar las leyes que no funcionan en la práctica, del mismo modo que la gente carece de la capacidad de echarnos de esta oficina si no está de acuerdo con las decisiones que elaboramos". O "El contexto siempre importa. No olvidemos, sin embargo, por qué importa el contexto: es un instrumento para comprender los términos de la ley, no una excusa para reescribirla".

La elección, en tiempos de George W. Bush, de John Roberts y de Samuel Alito (otro italiano de Trenton) favorecieron un giro conservador en el TS. La elección de miembros del Supremo es una de las grandes decisiones que tiene que tomar un presidente. Todos menos cuatro (William Henry Harrison, Zachary Taylor, Andrew Johnson y Jimmy Carter) han podido hacerlo. Obama ha logrado colocar en el selecto tribunal (9 jueces vitalicios) a dos: Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Tiene unos meses, hasta que en enero de 2017 ocupe su puesto otra persona, para convencer al Senado de su decisión. El mismo tiempo que tiene la mayoría republicana (54-46) de la Cámara Alta para resistirse.

Hasta la muerte de Scalia había cuatro jueces progresistas y cuatro conservadores. Los primeros son Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, nombrados por Bill Clinton, y Kagan y Sotomayor. Los segundos, Clarence Thomas (George H. W. Bush), Samuel Alito, John Roberts (Bush hijo) y el propio Scalia. Anthony Kennedy bascula de un lado a otro de la balanza. Si bien Obama ha sustituido a dos jueces progresistas por otras dos de la misma ideología, no ha logrado romper ese equilibrio. Conseguirlo es su gran objetivo para los meses que le quedan de presidencia.

Por lo que se refiere a los republicanos, pueden alargar el proceso y rechazar cualquier candidato que proponga Obama. La inminencia de las elecciones (8 de noviembre) no merma la eficacia legal o política de las dos instituciones, pero sí hace que adquieran importancia cuestiones que van más allá del sentido que tome el fiel ideológico del Supremo. O, más bien, más acá. Pues Obama puede optar por un candidato que sea difícil de rechazar para los republicanos en año electoral. Podría ser una mujer, como Danielle Gray, Avril Haynes o Loretta Lynch. El voto negro es tan fijo que elegir a un candidato de esa raza no supondría una ventaja. Uno hispano, con Sotomayor en la institución, quizás no sea necesario. Pero Mariano Florentino Cuéllar suena como opción. Por eso, y por otras razones, se habla de Sri Srinivasan, que nació en la India. El luctuoso acontecimiento incluso puede influir en las primarias republicanas. Las opciones de vencer al candidato demócrata son, ahora, más importantes. Y Donald Trump no tiene opción de llegar a la Casa Blanca ni frente a Clinton ni frente a Sanders, como ha señalado Thomas Sowell.

Antonin Scalia, junto con Clarence Thomas, aportó prestigio al noble arte judicial de interpretar la ley como es sin sustituirla por sus prejuicios ideológicos. Sólo por eso merece todo nuestro reconocimiento.

La nostalgia del fracaso
Gabriela Bustelo. www.vozpopuli.com 20 Febrero 2016

En enero de este año el presidente Obama –entrevistado en la cadena NBC por el conocido periodista Matt Lauer–, explicaba que los políticos estadounidenses son más recalcitrantes que sus votantes, a quienes lanzó el mensaje de que el país no está tan “ideológicamente polarizado” como pueda parecer. A continuación, tras prevenir contra la nostalgia del pasado, hizo algo llamativo: comparó la actualidad estadounidense con la Guerra de Secesión, recordando que en Estados Unidos hubo un tiempo en que “la gente se mataba a palos”. En España, donde la ciudadanía es obligada a revivir la Guerra Civil española a diario por políticos, periodistas e intelectuales que aluden a ella, de manera directa o indirecta, en prácticamente todo lo que escriben y dicen, puede resultar inconcebible que existan países cuyos conflictos nacionales se hayan resuelto –sublimado, diría Freud– gracias al esfuerzo conjunto de todos sus habitantes. Tanto es así que muchos estadounidenses saben poco de la Guerra de Secesión, asociada con las melodramáticas imágenes de “Lo que el viento se llevó” o con el relato impostado de la novela El rojo emblema del valor de Stephen Crane, lectura obligatoria en el colegio.

El fracaso sistémico
Mientras cuanto sucede en España se atribuya a la guerra civil –cuyo 80 aniversario es en julio de este año–, el fracaso español se impone obligatoriamente, como ha sucedido durante todo el siglo XX. Si Mariano Rajoy hubiera sido capaz de purgar la corrupción del PP, sería él quien estaría negociando un pacto de renovación con el emergente Albert Rivera, en vez de Pedro Sánchez. Al PSOE se le atribuyen en los últimos cinco años 3.217 millones de euros desviados mediante las tramas fraudulentas del “Caso Edu” y el “Caso ERE”. Sin embargo, el consenso mediático dictamina que el partido más corrupto de la historia de España es el Partido Popular, cuyo Caso Bárcenas –reiterado a diario en los medios nacionales– escaqueó 49 millones de euros. Los fondos ilegales del PP procedían del entorno empresarial, pero los 3.000 millones que habría malversado la Junta de Andalucía iban destinados a los desempleados de la región más pobre de Europa. Nadie del entorno de Rajoy parece haberle explicado algo que en la segunda década del siglo XXI saben hasta los colegiales: si el espacio informativo no se rellena con un relato propio, el hueco lo rellenarán los medios con sus propias versiones de la realidad.

El patriotismo tóxico
Prácticamente desde el día siguiente a su elección en 2011, Rajoy ha sido sometido a una brutal campaña negativa por parte de la prensa en bloque –salvo el periódico La Razón–, siendo especialmente duras las críticas de una derecha que demanda al Partido Popular una mayor carga ideológica, machacando su propia versión guerracivilista hasta el paroxismo. El electorado español, que ha demostrado con su voto del 20 de diciembre querer rematar la “Destransición” para acabar con la corrupción institucional y la polarización política, se ve sometido a la nostalgia obligatoria de un siglo XX donde España se comportó en buena parte como un país disfuncional. Decía Ramón y Cajal que hay un patriotismo infecundo y vano, orientado hacia el pasado, mientras que el otro, el patriotismo fuerte y activo, es el orientado hacia el porvenir. Si hay algo que ha quedado claro con el fraccionado voto del 20 de diciembre es que los españoles están virando hacia las nuevas opciones políticas. Es decir, que huyen de los tiempos en que los españoles se mataban –como los estadounidenses durante su propia guerra civil– a palos.

El despotismo nostálgico
Pero el despotismo nostálgico imperante en España nos obliga a tragarnos todos los días, queramos o no, nuestra ración diaria de guerracivilismo posmoderno, sin balas, pero tan cargado de odio irracional como en julio de 1936. Esta rutina tenebrosa se repite histéricamente, como un video sinfín o gif de Twitter, ora reivindicando la ferocidad republicana, ora la represión franquista. La ciudadanía –consciente de que el principal problema es el exceso de politización–, recibe todos los días el mensaje: “¡Más politización! ¡Más politización!”. El único que parece haber entendido proceso de desideologización que atraviesa la política occidental en la era audiovisual es Albert Rivera. Los demás políticos españoles no se enteran o se han quedado, nunca mejor dicho, a la luna de Valencia.

Fuerte incertidumbre
La urgente necesidad de reformas estructurales para Europa
www.latribunadelpaisvasco.com 20 Febrero 2016

El foro Diálogos para el Desarrollo, que impulsa Crédito y Caución, ha reunido en Barcelona a empresarios y directivos con los economistas José Carlos Díez y Daniel Lacalle, con los que han analizado los retos y oportunidades de España en el actual entorno económico de cambio e incertidumbre. Ambos economistas se mostraron de acuerdo en la necesidad de acometer reformas estructurales en Europa.

“El epicentro del huracán financiero está en Europa”, explicó el economista y profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez. “Estamos viviendo momentos de mucha tensión en los mercados financieros y su origen es global”, explicó, para poner el foco en Europa, las dudas sobre su sistema bancario y los problemas específicos de países periféricos como Grecia, Portugal o Irlanda. “La economía española está resistiendo, pero ha perdido fuerza respecto al verano pasado. La incertidumbre política no ha tenido, de momento, impacto sobre la economía, aunque aún es pronto para analizar las consecuencias”.

El economista y gestor de uno de los principales fondos de inversión del mundo Daniel Lacalle anticipó un entorno de ralentización global. “Las estimaciones de crecimiento global están viéndose reducidas en el entorno del 30% - el 40% en lo que llevamos de mes”, recalcó. Lacalle, que habló de la existencia de una “burbuja por exceso de estímulo”, recordó que la deuda pública ha crecido 60 trillones en los últimos años. “Las primas de riesgo no están tranquilas”, dijo en alusión a un posible riesgo global de impago de la deuda pública.

En este entorno, Lacalle aconseja a las empresas que traten de diferenciarse desde la creación de valor añadido y no a través de la reducción de costes. “En España, el escenario de incertidumbre en el que nos movemos es francamente complicado y puede generar grandes dificultades a la hora de continuar atrayendo capital y creciendo como lo hemos hecho en el pasado”.

"Europa es una identidad: la civilización europea y cristiana"
Europa: Nuestro orgullo, nuestro ser, nuestra civilización

www.latribunadelpaisvasco.com 20 Febrero 2016

Bajo el titulo "Ni Lampedusa ni Bruselas: ser europeo", el Institut Iliade, fundado en París en 2013 para dar cumplimiento a los deseos de Dominique Venner en el momento de sacrificarse en la catedral de Notre-Dame, lanzaba el pasado mes de junio un vídeo que es una abierta y firme defensa de nuestra identidad europea.

Una identidad tan socavada por lo que representa el tinglado burocrático de Bruselas como por la inmersión bajo el alud inmigratorio que encarna la isla italiana de Lampedusa. Medio año después de dicho lanzamiento, el vídeo superaba, en su versión francesa, las dos millones de visualizaciones. A raíz de semejante éxito, el Institut Iliade ha emprendido una gran tarea de difusión de la película en las principales lenguas europeas.

Esta es la versión en español.

Europa no es Lampedusa. ¡Es nuestra civilización!
Europa no es la organización de Bruselas, y tampoco una moneda o un banco central.

Europa no es un espacio mundializado y sin fronteras.
Europa no es el mundo africano. Tampoco es tierra islámica.

Europa no es ni la fealdad ni el no-arte.
Europa es el continente de los europeos.

Europa son milenarios de historia: 700 millones de europeos.
Europa es una identidad: la civilización europea y cristiana.

Europa son los templos griegos, los acueductos y teatros romanos, las capillas románicas, las catedrales góticas, los palacios renacentistas, las plazas mayores, los conventos, las iglesias barrocas, los castillos clásicos, los edificios modernistas.

Europa son salvajes acantilados, majestuosas montañas, apacibles ríos. Europa es el sentimiento de la naturaleza. Europa son paisajes ajardinados por el hombre: desde los bosques hasta los pólders, desde los prados hasta los cultivos en terrazas.

Europa es la tierra del manzano y del olivo, de la viña y de la cebada.
Europa no es el universo de la comida basura: es la gastronomía del aceite y de la mantequilla, del vino y de la cerveza, del queso y del pan, del salsichón y del jamón.

Europa no es el mundo de la abstracción: es el arte de la representación, de Praxíteles a Rodin, de los frescos de Pompeya a la Secesión de Viena. Europa es el imaginario celta y el misterio cristiano. Europa es la civilización que transforma la piedra en encaje.

Europa es el rechazo del aturdimiento: es la cultura que ha inventado el canto polifónico y la orquesta sinfónica.
Europa no es el mundo de Belfegor: es la civilización que honra a la mujer, diosa, madre o guerrera. Europa es la cultura de la caballería y del amor cortés.

Europa no es el mundo del control, es la patria de la libertad: la ciudadanía griega, el foro romano, la Gran Carta inglesa de 1215, las ciudades y las universidades libres del Medioevo, el despertar de los pueblos en el siglo XIX.

Europa es un patrimonio literario y mitológico: Homero, Virgilio, Hesiodo, los Eddas, el Cantar de los Nibelungos y el ciclo artúrico. Es también Shakespeare, Cervantes y Grimm.
Europa es el espíritu de invención y de conquista: es Leonardo da Vinci y Gutenberg; son las carabelas, las mongolfieras, los inicios de la aviación y Ariane; son los puentes colgantes sobre los mares.

Europa son los héroes que la han defendido a lo largo de los siglos: es Leónidas y sus 300 espartanos que salvan a Grecia contra Asia; es Escipión el Africano que salva a Roma de Cartago; es don Pelayo que emprende la Reconquista; es Godrefoy de Bouillon que libera Tierra Santa y funda el reino franco de Jerusalén; son Fernando de Aragón e Isabel de Castilla que liberan Granada; es Iván el Terrible que aleja a los mongoles de la santa Rusia; es don Juan de Austria que vence a los turcos en Lepanto.

Europa son lugares emblemáticos: el Partenón, la Plaza de San Marcos, San Pedro de Roma, la Torre de Belém, Santiago de Compostela, el Monte Saint-Michel, la Torre de Londres, la Puerta de Brandeburgo, las torres del Kremlin.

¡Tal es nuestra civilización!

Hoy Europa es el hombre enfermo del mundo. Está culpabilizada, colonizada, debilitada. Pero no es ni fatal ni duradero. ¡Basta de arrepentimientos! ¡Afirmemos nuestra larga memoria! Escuchemos el mensaje de esperanza lanzado por Dominique Venner:

“Creo en las cualidades específicas de los europeos, que están provisionalmente adormecidos. Creo en el poderío de su individualidad, en su inventiva y en el despertar de su energía. El despertar vendrá. ¿Cuándo? No lo sé, pero no dudo de que ese despertar llegará.”

La brigada del escrache
Ignacio Camacho . ABC 20 Febrero 2016

Reventaron en la Universidad conferencias de Felipe González, Rosa Díez o Albert Boadella. Acosaron en sus casas a Soraya Sáenz de Santamaría y Esteban González Pons. Invadieron capillas. Rodearon el Congreso tratando de asaltarlo por las bravas y agredieron a diputados ante el Parlamento de Cataluña. Integraron violentos piquetes de huelga. Acorralaron a un escuadrón de policías en una agresiva noche de cristales rotos. Y sentaron doctrina: era «jarabe democrático». Pablo Iglesias dixit. El mismo que se manifestaba «emocionado» ante un vídeo en que «la gente» apaleaba a un guardia. Algunos de estos emocionantes episodios quedaron impunes porque ciertos jueces para la demagogia sentenciaron que eran actos relacionados con la libertad de expresión y la justificada indignación popular ante «la decadencia de la clase política». Sic. Como pedir en Twitter la guillotina para reyes y ministros, mofarse de las víctimas de ETA o bromear sobre los judíos que caben en el cenicero de un coche.

Ahora que ocupan poltronas de la Casta, con sus escoltas y coches oficiales, piden que el escrache sea considerado «delito de odio». Sólo el que se practica contra ellos, claro está. Por ejemplo el que recibió el concejal de Seguridad de Madrid a manos -y a pies, porque lo patearon- de un colérico grupo de policías locales de paisano. El tipo, que no podía llamar a sus propios antidisturbios porque eran los que le estaban zarandeando -protestaban por la disolución de esa unidad, una promesa electoral de Carmena-, pidió auxilio a los de la Policía Nacional, los mismos que emocionaban a Iglesias cuando recibían su ración de jarabe de palo. Y se quejó de que no le prestaron suficiente ayuda, es decir, de que no disolvieron la manifa a porrazos. Dónde se habrá visto, esa chusma intimidando a una autoridad democrática. A un ilustrísimo edil del Partido de la Gente.

Es lo que nos espera. El delito penal y la razón moral tipificados según la condición ideológica de la víctima. La acepción de personas por criterio de afinidad política. Para eso reclaman el control sobre el aparato de la justicia. Para eso exigen el mando de los servicios de información y de espionaje. Para eso pretenden crear una policía «judicial» bajo las órdenes directas del poder ejecutivo, oxímoron jurídico que equivale a mearse sobre la maltratada tumba de Montesquieu. Un cuerpo especial de profesionales de la represión que sepan distinguir al enemigo del pueblo y actuar en consecuencia. Gente concienciada que no se equivoque de objetivo. Que no se confunda entre decadentes y emergentes ni entre los de arriba y los de abajo aunque los de abajo sean los que estén arriba. Una «brigada del escrache» bien consciente de quién se halla y quién no en el lado correcto de la vida.

Y todavía hay necios -de nescire, ignorar- empeñados en creer que el peligro de Podemos está en su programa económico.

Sin esperanza, con convencimiento
No alcanzo a ver la razón por la que la exigencia de crítica a lo viejo, con la que se les suele llenar la boca a los supuestos renovadores, no pueden aplicársela a ellos los que ya estaban
Manuel Cruz El Confidencial 20 Febrero 2016

Me permitirán el atrevimiento de que utilice como título para el presente artículo el del conocido libro de poemas de Ángel González pero, francamente, no encontraba mejores palabras que las del propio poeta para describir mi estado de ánimo en la hora presente. Vaya por delante que no tengo la menor intención de amargarle la fiesta a nadie. La alegría de muchos está más que justificada, amén de ser perfectamente legítima, pero de ninguno de ambos rasgos se desprende que deba ser compartida por todos, y menos aún si para ello hay que abdicar de la crítica, valor supuestamente exaltado por los que andan tan contentos.

En las pasadas elecciones, en el habitual minuto final que en los debates entre los representantes de las principales fuerzas políticas se suele conceder a los diferentes candidatos para que puedan dirigirse a la ciudadanía pidiendo su voto, uno de ellos insistió en la necesidad de no olvidar. Tan pertinente me pareció su indicación, que he decidido llevarla a la práctica, y no solo en relación con las cosas que él instaba a no dejar de tener presentes. Es bueno hacer memoria, en efecto, sin limitarse a lo más próximo en el tiempo. Conviene hacerla también de otros momentos de nuestro pasado, hoy con enorme frecuencia vilipendiados. De la evocación cabe extraer algunas apresuradas lecciones.

Así, por mencionar algunos detalles que tal vez haya quien considere menores, por una décima parte (y tiro por lo bajo) de los gazapos culturales de algunos en estos tiempos, durante la transición los comentaristas políticos más críticos despedazaban a Suárez; los renuncios programáticos, por los que en la actualidad parece de mal gusto pedir explicaciones, no salían gratis (todavía los hay que se los andan recordando, a título póstumo, a Santiago Carrillo, por no hablar de las penalidades de Felipe González por la renuncia al marxismo o por su cambio de posición sobre la OTAN) y la insustancialidad política, que también existía, era reiteradamente denunciada y denostada, en vez de olvidada a gran velocidad como sucede en nuestros días.

Pero estos son otros tiempos, no se me escapa. Aunque el hecho de que sean diferentes no garantiza por sí solo que sean mejores (ni peores, por descontado): eso se ha de demostrar en la práctica. Y de la misma forma que al que llega le asiste todo el derecho del mundo a reivindicar su lugar bajo el sol, al que ya estaba (incluso si va de salida: a fin de cuentas, eso significa etimológicamente provecta) le asiste el de reclamar que el primero dé cuenta del valor de la novedad que declara traer. No alcanzo a ver la razón por la que la reiterada exigencia de crítica a lo viejo, con la que se les suele llenar la boca a los supuestos renovadores, no pueden aplicársela a ellos los que ya estaban, sin resultar sospechosos de nada por hacerlo.

Es más, ¿acaso deberían comportarse estos últimos de otra manera? Permítanme un ejemplo extremo: ¿Qué debía haber hecho el anciano de la famosa escena en el merendero de alta montaña de la película Cabaret? ¿Levantarse y celebrar con la alegre muchachada la llegada de los nuevos tiempos? ¿Poner en sordina su opinión porque los jóvenes siempre anuncian el futuro, y los que cantaban a coro "Tomorrow belongs to me" no podían ser menos? En definitiva, ¿renunciar a decir o a hacer lo que pensaba? Al contrario, todos hoy juzgamos que el valor de aquel anciano consistía precisamente en cumplir la obligación moral de no dejar de señalar, aunque fuera con su tozudo gesto de resistencia, el de permanecer sentado, lo que estaba advirtiendo, y precisamente por ello nos parecía digno de admiración. Pues apliquemos, a la escala que corresponda, el mismo principio a cualquier situación que venga a revisar el estado de cosas existente.

En todo caso, considero mucho más digna de elogio tal postura que otras, que hoy parecen haber adquirido carta de naturaleza. Qué diferencia con esa actitud, tan a la orden del día, en la que, cuando la propiedad de un grupo periodístico decide modificar su línea editorial en algún sentido (sin dar explicaciones por ello), a continuación no faltan analistas de plantilla que pasan a proclamar ideas de todo punto diferentes a las que venían sosteniendo hasta el día anterior. Y qué decir de quienes van modulando el tono de sus críticas, rebajando o aumentando su volumen, conforme el personaje en cuestión y/o la fuerza que representa ven aumentar sus expectativas de acercarse al poder o, por el contrario, se alejan de él (los altibajos en el trato que ha ido recibiendo en el espacio público catalán Ciudadanos y sus líderes según los resultados que obtenía en las diferentes contiendas electorales han sido, a este respecto, absolutamente reveladores). Por no hablar de la dócil disposición de quienes aceptan cuanto ocurre, sea esto lo que sea, porque, en la medida en que les da la sensación de que está alcanzando un respaldo masivo, temen ser juzgados como poco democráticos por poner en cuestión lo que es aceptado por muchos.

Tal vez esta última actitud merezca un breve comentario. A lo que viene obligado un demócrata es a aceptar la voluntad de la mayoría, no a dar por bueno cuanto esta decida. Si identificáramos ambas cosas, estaríamos abdicando del pensamiento libre y renunciando a la posibilidad misma de la crítica. Y de la misma forma que quien guarda secreto de lo conocido está atacando al conocimiento mismo (¿consideraríamos admisible que un científico se negara a hacer público el contenido del descubrimiento que ha llevado a cabo?), así también decir lo que pensamos no es una opción, sino un imperativo al que nos debemos. No podemos, por miedo a equivocarnos, a quedarnos solos o a ser criticados dejar de decir lo que sabemos, lo que opinamos... o lo que recordamos.

No hay por tanto en lo expuesto hasta aquí sombra alguna de añoranza de unos presuntos buenos tiempos perdidos. La cuestión es, decididamente, otra. No se puede invocar el pasado en vano y, menos aún, pretender prescribir a los demás lo que tienen que recordar. A la memoria nos es dado apelar o no (no es forzoso que se deba convertir en un superego normativo). Pero, eso sí, una vez activada, solo puede ser vinculante. En caso contrario, nos encontraríamos, sencillamente, ante una de las múltiples variantes de la impostura.


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Los Brutos de Génova

Javier Somalo Libertad Digital 20 Febrero 2016

Cunde la sensación de que las negociaciones para formar gobierno pasan de los despachos políticos a las comisarías y de ahí a las fiscalías y, en todo caso, a las redacciones para acabar en los escaparates televisivos que dominan por ley el panorama televisivo español. Resulta imposible separar estas noticias del momento histórico que estamos viviendo los españoles y que no termina de culminar.

El caso es que la corrupción del PP, que es tan real como escandalosa, parece blindar al resto de corruptos de otros partidos. Como decía el editorial de Libertad Digital, los que tienen más audiencia televisiva son los de Génova, pero que los crímenes de la tele sean sólo los del PP es, en parte, gracias a Mariano Rajoy.

Mientras el presidente en funciones aprovecha lo que él llamó "el asunto británico" para fomentar las elecciones de junio, los sumarios llegan puntualmente a todas las redacciones provocando un frenesí de exclusivas sin Gobierno. Estilográficas Montblanc, coches con más caballos que tornillos, recalificaciones con propina, obras de arte que convierten el negro en blanco, viajes de Valdemoro a Singapur, sobres y cajas, préstamos imposibles, cacerías exclusivas, mariscos varios, un maletín y todo un amplio catálogo de complementos para rico paleto, el que menea peluco y viste de sastre sin tener ni percha. Así vamos a estar dos meses, si el 12 de marzo no sale un gobierno, porque ese guión lo entiende todo el mundo, ya sea por indignación o envidia aliviada.

Menos cobertura reciben otros casos que ya hemos señalado aquí y que esta semana añade protagonistas como Narcís Serra, el otrora vicepresidente, ministro de Defensa, mecenas de informes y oyente fiel de cualquier grabación y ahora posible responsable de un agujero de 900 millones de euros –repasen de nuevo la cifra, sí, 900 millones de euros– cuando era presidente de Catalunya Caixa, entidad rescatada con dinero de todos, incluido el de Carmen Calvo Poyato. O las declaraciones ante el juez del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, por los ERE fraudulentos: "Parece que la Junta soy yo, aquí nadie estaba, nadie sabía, aquí todo el mundo éramos tontos". En buena lógica, cualquiera de estos casos podría también servir para "condicionar" las negociaciones. Pero no es así.

Destacados dirigentes del PP, muy destacados, desdoblan su personalidad para decir una cosa cuando hay luces y la contraria cuando se apagan. Son capaces de reconocer en cierta intimidad que no están de acuerdo con su presidente, confesar que ya no gusta a los votantes del PP, que hay que limpiar la casa caiga quien caiga, o que Rajoy ya no es cartel electoral y, a renglón seguido añadir: "Eso sí, no seré yo quien lo acuchille", como Bruto a César. A partir de ahí, pueden suceder dos cosas: que, en realidad sí lo estén haciendo pero no quieran confesarlo o que, mientras renuncian al asesinato político, luzcan ya en su propia espalda una faca a media estocada de otro que también niega a Bruto. Porque acabar con esto a lo Bruto –siempre metafóricamente, claro–, si somos estrictos, implica no sólo el asesinato sino el posterior linchamiento, la huida y el suicidio.

Lo que tiene la socialización del delito, cosa nada nueva pues se ha practicado en casi todas las dictaduras o legislaturas longevas, es que si todos pueden robar nadie se denuncia. El que clave el cuchillo sentirá al tiempo otro en sus riñones y así hasta formar una especie de macabro corro de la patata que impide la delación. Suena doloroso, pero una vez dentro del corro ya no se puede salir sin recibir la estocada mortal. No creo que esto sea del todo cierto en el PP, sería injusto decirlo, así que la ausencia de Brutos tiene que tener otra explicación que, de momento, no alcanzo a vislumbrar. El caso es que Mariano Rajoy es hoy el obstáculo para salir del bloqueo institucional pero también para que el PP comience su ineludible refundación mientras arrecian sin cesar las exclusivas de ida y vuelta que sólo apuntan a Génova. No parece haber cambios de actitud pese a que se acerque la posibilidad de un gobierno sin Podemos, que sería corto y debería dar paso a la estabilidad.

Dicen en el partido y en La Moncloa, poniéndose en el pellejo de un votante del PP, que si alguien votó por el que ganó las elecciones no puede consentir que gobierne otro que ha perdido, es antidemocrático, sostienen. Creen estos asesores que Sánchez perderá la investidura y se extinguirá sin más dando paso a la gran oportunidad del PP, indiscutiblemente con Rajoy al frente. Lo que querrá, supongo, cualquier votante del PP será evitar la llegada de Podemos, que es lo que sucederá si el pacto de Sánchez se fraguara con Pablo Iglesias o si se repiten las elecciones y en Génova siguen los títeres con las mismas cabezas.

Pedro Sánchez podría hacer con Rajoy como Felipe González con Suárez, salvando las enormes diferencias y, sobre todo, las intenciones y sus efectos. Quedémonos sólo con el hecho político. El líder del PSOE interpuso en 1980 una moción de censura que estaba aritméticamente condenada al fracaso porque jamás superaría la mayoría absoluta necesaria para prosperar. Pero supo calcular que la herida sería mortal, eso sí, dos años después. UCD se desangraba en luchas internas cuando llegó Alfonso Guerra a defender la moción suicida. Si el PP entendiera su propia historia –y la UCD forma parte de ella– admitiría con su abstención un gobierno provisional pero necesario para frenar a Podemos como el que formaría Pedro Sánchez con el apoyo –y posterior control las 24 horas del día y los siete días de la semana– de Albert Rivera, que sigue ganando peso político en esta España transitoria.

Un par de años en la oposición –ese lugar en el que vuelven las ideas y principios que se abandonan en el poder– habiendo facilitado el desbloqueo institucional y tras una inmediata refundación integral y, por lo tanto, ejemplar, podrían evitar el destino al que hoy está abocado el PP: su extinción. A Felipe González le funcionó.

César y Bruto murieron violentamente pero quizá eso ya ha sucedido también en el PP y no se han dado cuenta. Es lo que falta por saber.

Modelos educativos
El euskera expulsa al castellano en dos colegios públicos de la Pamplona de Bildu
Asociaciones de padres y profesores de las escuelas infantiles protestan por la decisión del Ayuntamiento.
Gonzalo Araluce El Espanol 20 Febrero 2016

"Lo sentimos, lo sentimos de verdad (…). Queremos que tengáis presente que os apoyamos en este duro momento y lo hacemos desde nuestro sentir, porque sabemos que ni vosotros ni vuestros hijos e hijas son fríos números de una estadística, como tampoco lo somos nosotros". El personal docente de las escuelas infantiles de Donibane y Fuerte el Príncipe-Pritzearen Harresi, en Pamplona, se disculpan ante las familias de los alumnos. Son los dos colegios públicos cuya oferta educativa pasará del castellano a íntegramente en euskera. Una decisión que ha llevado a padres y profesores -"nos enteramos por la prensa", denuncian- a presentar sus quejas ante el Consistorio, gobernado por Bildu: "Nos parece bien que potencien el euskera, pero no que lo hagan a costa del castellano y del inglés".

La noticia se conoció el pasado jueves 11 de febrero. "Nadie sabía nada", lamenta la madre de un niño matriculado en la escuela Donibane, con 200 plazas para alumnos entre 0 y 3 años. En pocas horas se coordinó una asociación, el Colectivo de familias afectadas de la EI (Educación Infantil) Donibane, que denuncia la "imposición" a la que se ha sometido al centro: "El proyecto educativo que comenzaron en esta escuela se les rompe por un capricho político", advierten a través de una carta remitida al Ayuntamiento.

"No sé qué va a pasar con la educación de mi hijo", dice Sara Climent, que tiene a uno de sus hijos matriculado en esta escuela infantil. "Nos ofrecen dos opciones: que nos busquemos otro colegio en castellano o que sigamos en el mismo, siempre que asumamos que nuestros hijos van a ser educados en euskera". Climent se enteró de la noticia en la noche del jueves, el mismo día en el que la concejala de Educación, Maider Beloki, trasladó la noticia a la directiva del colegio.

"Nadie sabía nada y los plazos que nos han dado son imposibles -advierte la madre-. Estos días tenemos que entregar la preinscripción del colegio para el curso que viene y no sabemos qué tenemos que hacer". La pregunta que se hacen los padres es: "Si tenemos preferencia para matricular a los hijos en otra escuela en castellano, ¿qué ocurrirá con los que ya están estudiando allí? ¿Se quedan sin plaza?"

"Nos llevan a morir"
El Ayuntamiento de Pamplona, encabezado por Joseba Asiron (Bildu), plantea una reestructuración que afecta a otros centros educativos. "Nos llevan a morir", asegura Macarena Ezkurdia, directora de la escuela Hello Rochapea, que ofrece plazas en castellano e inglés. El motivo, explica, es que el centro se trasladará hasta otro punto de la ciudad, en el barrio de la Chantrea, "donde hay una población mucho más envejecida y apenas hay demanda de estos servicios".

"Nos llevan allí para dejar libre nuestra escuela", cuenta Ezkurdia. Los motivos ofrecidos por el Consistorio apuntan a dejar libre el centro, con 123 plazas, para que se plantee una educación en euskera. Los alumnos que ahora ocupan el Hello Rochapea irán a otro edificio más pequeño. "Ahora somos 13 profesores y no sabemos qué va a pasar con nosotros -cuenta la directora de la escuela, que además es madre de uno de los alumnos-. A los padres nos han dicho que se trata de optimizar espacios, pero no nos han dado más motivos. No estamos en contra de que creen plazas en euskera, pero que no nos echen de esta manera".

"Se quieren cargar el inglés", señala el padre de otro alumno, que prefiere no dar su nombre "por algunos problemas" que ya ha tenido previamente "por defender el castellano": "Nos empujan a buscarnos la vida; a nosotros, los padres, y a los trabajadores".

Pero esta división dependiendo por el modelo educativo "no es nueva". Así lo indica un docente que trabajó en el Colegio Público San Francisco, ubicado en el casco viejo de la ciudad. "La lengua separa a los niños en el recreo", explica a EL ESPAÑOL. "Los que van al modelo D [en euskera] no coinciden en el patio con los del modelo G [en castellano]". Según indica el profesor, el objetivo que se defiende desde el colegio es el de "defender el derecho de aquellos padres que han elegido una educación íntegra en euskera para sus hijos": "Porque, si se juntaran todos en el patio, ¿en qué lengua cree que hablarían los críos? -pregunta el docente-. En castellano, claro".

Las estadísticas de demanda de estudios
"No se basan en nada en concreto para tomar estas medidas: dicen que es una demanda histórica y que hay mucho desequilibrio entre castellano y euskera", explica Enrique Maya, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), exalcalde de la ciudad y ahora líder de la oposición en los plenos municipales. "Es una carrera desenfrenada por poner el euskera en las escuelas", advierte Maya.

El líder regionalista remite a una encuesta realizada por una firma independiente, CIES, sobre preferencias en modelos educativos. Según este estudio, basado en cerca de mil entrevistas, un 50% de los padres abogan por una educación en castellano e inglés, un 11% en castellano-euskera, un 8% en castellano y un 5% sólo en inglés. Los que abogan por clases sólo en euskera representan al 15%, mientras que en euskera-inglés suman el 11%.

"Si hago esto siendo yo alcalde, no puedo salir a la calle", asegura Maya. "Lo han hecho deprisa y corriendo -prosigue-. El problema que se ha desatado con todo esto es tanto de fondo como de forma".

EL ESPAÑOL ha tratado de contactar con Maider Beloki, concejala encargada de las áreas de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, que no ha podido responder a las preguntas "por motivos de agenda". El Consistorio, no obstante, ofrece a través de un comunicado los motivos que les ha llevado a tomar esta decisión: "El objetivo del Ayuntamiento es crear una red de escuelas infantiles que se ajuste a la demanda real de la ciudadanía respecto a los diferentes modelos lingüísticos ofertados en cada zona de Pamplona (...). El punto de partida de esta propuesta se sitúa en las demandas de padres y madres y en el movimiento popular (Euskalgintza) y ha sido consensuada por los cuatro grupos que sustentan al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda - Ezkerra)".

Los 'abertzales' quieren convertir a Otegi en Mandela
Fernando Lázaro El Mundo 20 Febrero 2016

¿Campan a sus anchas? Dicen que no, pero lo parece. Tal es así que ya ultiman un gran homenaje en el simbólico Velódromo de Anoeta para Arnaldo Otegi, para el que fuera el máximo representante político de la izquierda abertzale, quien termina de cumplir condena por tratar de recomponer Batasuna siguiendo las instrucciones de ETA, como un dirigente de la organización terrorista más.

Pero desde el minuto uno, su encarcelamiento fue utilizado por todos los satélites para dibujar una campaña nacional y, sobre todo, internacional con el fin de hacer ver que el condenado por delitos de terrorismo Otegi era un 'hombre de paz', era un Nelson Mandela... escondiendo los casi mil muertos que cuelgan de la historia terrorista de ETA.

Serias dudas existen en el mundo de las víctimas del terrorismo sobre los movimientos de la Fiscalía de cara a vigilar este homenaje. No en vano recuerdan que se podría interpretar como un enaltecimiento del terrorismo. Hay quien, incluso, entiende que pueden existir indicios que permitan a la autoridad judicial prohibir el evento.

Pero el escepticismo se apodera de las víctimas ante una eventual actuación del Ministerio Público. Y más después de la nueva actuación de la Fiscalía del País Vasco en el caso del presidente de Sortu, Hasier Arraiz.

Ayer tuvo que prestar declaración como imputado. La denuncia de las víctimas, de Dignidad y Justicia, y la pelea de su abogada Vanessa de Santiago, logró sortear los obstáculos y que Arraiz tuviera que responder por sus palabras, por pedir el 'jaque mate' a la Guardia Civil. Inicialmente, ni la fiscalía de Carparsoro arropó a las víctimas.

Ayer, de nuevo, esa separación quedó meridiana. La izquierda abertzale se encontró, primero, con una sorpresa desagradable: la abogacía del Estado había decidido personarse en la causa para defender a la Guardia Civil. Un jarro de agua fria para los radicales.

La segunda sorpresa de la jornada se la llevaron las víctimas. Arraiz únicamente respondió a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado. Normal. El problema es cuando las preguntas de la Fiscalía parecen más orientadas a exculpar que a señalar al imputado. Tal fue asi que ante esta situación la abogada jefe del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, tuvo que protestar. Y a la protesta se sumó la aboga de Dignidad y Justicia. Poco entendible, sin duda.

Arraiz enmarcó sus palabras en contextos políticos aunque se ratificó en ellas. Ahora, toda la presión sobre el juez que instruye la causa, al que desde los focos abertzales tratan de ponerle en el disparadero público, presionando desde fuera. Veremos. Y la Fiscalía del País Vasco, de nuevo, haciendo un papelón.
 


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