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Urge un pacto de Estado real para salvar la
Educación
EDITORIAL El Mundo 26 Febrero 2016
Si hay un mantra electoralista al que todos los partidos recurren
gratuitamente para adornar sus programas es el de la Educación.
Salvo las formaciones independentistas, que pretenden convertir las
escuelas en centros de adoctrinamiento, no hay ningún político que
aspire a gobernar que no reivindique un gran pacto de Estado por la
Educación. Y sin embargo, tal cosa no se ha dado aún en nuestro
país, sino todo lo contrario.
Las leyes educativas se cuentan en España casi por legislaturas y
ningún ministro de Educación de cuantos se han sucedido parece que
se haya sentido aludido por el hecho de que el índice de abandono
escolar temprano (un 20%) sea el mayor de la UE. A eso hay que
añadir los deficientes resultados que año tras año cosechan nuestros
alumnos en los informes Pisa y que nuestras universidades se
encuentran muy lejos de estar entre las mejores del mundo en los
principales ránkings internacionales. De todo ello resulta un
retrato de nuestra realidad educativa en la que los estudiantes
presentan una falta de preparación que se convertirá en un verdadero
lastre cuando quieran acceder a un mercado laboral globalizado.
También ahí hay que buscar las razones por las que un país como el
nuestro tiene tantas dificultades para disfrutar de una economía
competitiva.
Consciente de que la Educación sigue siendo la asignatura pendiente
de nuestro sistema político, y es una de las principales
preocupaciones de la sociedad, especialmente de los padres, EL MUNDO
recoge hoy el viejo debate que aún permanece candente entre los
especialistas sobre la forma de entender la Educación. Una
controversia muy oportuna ahora que los principales partidos
políticos están configurando programas de mínimos sobre los
problemas estructurales que urge solucionar. Sea cual sea la
composición final del próximo gobierno, es indudable que deberá
considerar éste como uno de los problemas en los que España se juega
su futuro como país desarrollado en un entorno económico
mundializado y altamente competitivo, ya que, junto con la Sanidad,
la Educación es uno de los pilares sobre los que descansa el Estado
de bienestar.
Desde estas páginas hemos diagnosticado varias veces los males
endémicos de un sistema que se mantiene por inercia y que amenaza
con perpetuarse por la falta de voluntad política. Además de la
inoperante acumulación de leyes educativas (siete en 35 años de
democracia), de que la descentralización administrativa haya creado
'de facto' un sistema por comunidad autónoma y de la endogamia entre
el profesorado, existen una serie de problemas que afectan
fundamentalmente a los primeros niveles educativos.
Así, es inconcebible que siga vigente un sistema que permite a los
alumnos pasar de curso sin haber aprobado todas las asignaturas. La
promoción automática revela que la escuela es concebida por nuestros
dirigentes más como un lugar de estancia obligatoria hasta los 16
años que de instrucción. Además, esta obligatoriedad impide que
quienes no estén interesados en una formación académica puedan
acceder a edades tempranas a ciclos de formación profesional, más
acordes a sus intereses personales. De esta forma, al rebajar la
edad de la educación obligatoria, podría ampliarse el bachillerato
para convertirlo en un ciclo formativo más intenso y riguroso.
Por otra parte, una de las cuestiones que genera más debate es la
forma en que deben impartirse los conocimientos. Algunos pedagogos
denuncian la enseñanza memorística para proponer metodologías que
fomenten la «creatividad» y la «motivación» del alumno, olvidando
que la memoria es un elemento fundamental del aprendizaje y de la
fijación del saber. Porque el conocimiento no se adquiere de forma
lúdica, sino a través del esfuerzo, de la disciplina, la exigencia y
la evaluación rigurosa de los resultados. Estos valores, encarnados
en la figura del profesor, al que habría que volver a dotar de la
autoridad perdida en las aulas, deben ser los que vertebren el
sistema educativo, olvidándose de propuestas bienintencionadas que
ya han demostrado su ineficacia. Sorprende que haya aún
profesionales educativos que consideran obsoletos los exámenes y las
reválidas al final de cada ciclo. O que se pretenda que sea cada
alumno el que marque el ritmo de su educación, hurtándole al
profesor una de sus funciones principales.
Es necesario, por todo esto, que el gran pacto de Estado por la
Educación al que todos dicen aspirar deje de ser un eslogan y
nuestros representantes tomen conciencia de la trascendencia del
problema ahora que aún estamos a tiempo.
La «democracia bolivariana» llega al PSOE
el sábado
Ramón Pérez-Maura ABC 26 Febrero 2016
Aunque a usted le cueste creerlo, el candidato a presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, tiene convocada una consulta el próximo
sábado -dentro de sólo cuatro días-, a celebrar en todo el
territorio nacional sobre una cuestión tan trascendental como si su
partido formará Gobierno o no la próxima semana con los acompañantes
que tiene disponibles. En un alarde de ejemplo democrático, Sánchez
decidió desposeer al Comité Federal de su partido -que ni debe de
ser demócrata, ni debe de tener criterio político, ni debe de
acumular la suficiente experiencia, de la que Sánchez anda sin duda
sobrado...- de su capacidad de decisión y se la otorgó a todos los
militantes del PSOE. Y llegados al día de hoy, martes 23 de febrero
-con perdón- a sólo cuatro días de tan trascendental consulta
democrática, ¿se ha hecho público el censo?, ¿se sabe cuál es la
pregunta?, ¿se sabe el horario de una votación tan trascendental
para el futuro de España?
Como en tantas otras cosas, Sánchez y su equipo pretenden dar
lecciones de democracia al resto de los españoles y están
demostrando que no se saben ni el catón. Pero lo más preocupante es
que no hayamos escuchado ni una voz dentro del PSOE que haya
denunciado este robo de competencias al Comité Federal sin que el
procedimiento para que las asuman otros miembros del partido esté
definido a unas horas de que, en teoría, se ponga en práctica.
Y aquí llegamos a la mejor demostración de la creciente influencia
de la patulea de Podemos en el PSOE. Si al fin este sábado hay esa
consulta, sin la que según las condiciones que el propio Sánchez nos
anunció en su momento no habría ningún pacto de Gobierno, será como
las que hace el populismo bolivariano en nuestra América Hispana.
Los detalles de la pregunta son irrelevantes. Lo que importa es la
aclamación. Ya no se trata de saber qué programa político se va a
aplicar o qué acuerdos se podría alcanzar o rechazar con Podemos, o
con los independentistas catalanes o los vascos. Para eso hay que
elaborar un programa de Gobierno detallado y someterlo a la
aprobación de sus militantes. Y eso no lo digo yo, lo dijo Pedro
Sánchez, que era el que iba a ofrecer en streaming -lo que viene
siendo retransmitir- las negociaciones para formar Gobierno. Hace
falta ser hortera de bolera para pretender algo así. Sólo le faltó
anunciar que los maquilladores para tan larga emisión los pagaría el
partido para así intentar convencernos de que no nos costarían nada.
Cuando en realidad su partido, salvo cuando recurren a los ERE, lo
financiamos todos.
Este sábado veremos plasmarse la primera gran mentira de Sánchez en
su procedimiento para formar Gobierno: la supuesta «consulta» a las
bases del Partido Socialista Obrero Español.
En defensa de las provincias y las
diputaciones
Guillermo Dupuy Libertad Digital 26 Febrero 2016
La supresión de las diputaciones ha sido siempre una vieja
aspiración de los nacionalistas con el objetivo de diluir en favor
de las regiones el peso que desde la Constitución liberal de 1812 se
había venido confiriendo a las provincias. En nuestra reciente
historia democrática, los primeros en apuntarse en el ámbito
nacional a esta reclamación fue Izquierda Unida pero pronto dejó de
ser una aspiración exclusiva de la extrema izquierda y de los
nacionalistas para pasar a ser también defendida por círculos de
empresarios y por otras formaciones políticas a quienes les preocupa
–y con razón- el excesivo peso que nuestras administraciones
públicas ejercen en el sufrido contribuyente.
Es cierto que el expansionismo de nuestro elefantiásico sistema
autonómico ha venido arrogándose competencias que implican
duplicidades respecto a los servicios e infraestructuras que
nuestras bicentenarias diputaciones provinciales brindan a los
municipios más pequeños. Sin embargo, puestos a hacer ejercicios de
austeridad y a alegar la necesidad de acercar la administración al
administrado, más nos valdría eliminar duplicidades por la vía de
erradicar competencias y poner coto al expansionismo y al
centralismo autonómico que no hacerlo a costa de la administración
local y provincial.
Las personas que no viven en comunidades pluriprovinciales no se
pueden hacer una idea de la pérdida de autonomía que han sufrido las
provincias desde la creación del Estado de las Autonomías. Pero
muchos de los que sí que lo hacemos estamos un poco hartos de que,
con la excusa de la descentralización administrativa, se refuerce el
centralismo autonómico y nada se diga de instituciones absolutamente
prescindibles y despilfarradoras como son las delegaciones de los
gobiernos regionales o las televisiones autonómicas por poner solo
unos pocos ejemplos.
En el texto del acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE no se cuestiona
el carácter provincial a ese Consejo Provincial de Alcaldes, con el
que se pretende sustituir a las Diputaciones. Pero sí solo estamos
ante una cuestión de nombres, ¿qué hace tanto despistado aplaudiendo
este cambio en nombre de la austeridad? Más aun cuando los
naranjitos, que siguen muy verdes, han hecho suya la cantinela de la
"insuficiente" financiación autonómica que se brinda a Cataluña
-léase a su administración regional- y que nada dicen de las tres
Diputaciones Forales Vascas y los Cabildo canarios, que cuestan al
contribuyente cuatro veces más que las Diputaciones provinciales de
régimen común.
Por mi parte, no se me escapa el hecho de que en todas las
administraciones del Estado –incluida las diputaciones y los
ayuntamientos- existen gastos superfluos y redes clientelares. Por
eso pienso que la cuestión decisiva es plantearse qué servicios son
imprescindibles brindar a costa del contribuyente y luego decidir
qué administración –local, provincial, autonómica o central- la
brinda. Personalmente, entre la administración autonómica y la
provincial, prefiero la segunda. Mientras la provincia ha sido
siempre tradicionalmente aliada de la nación e inmune a los delirios
identitarios segregacionistas, la región esta siendo utilizada como
instrumento de fractura de la soberanía nacional y de la unidad del
mercado.
Pacto contra el populismo y el nacionalismo
Antonio Robles Libertad Digital 26 Febrero 2016
Pedro Sánchez ha demostrado que sabe pactar, ahora deberá aprender a
sumar. Porque con 131 votos está muy lejos de la investidura. Si tal
evidencia es incontestable, ¿qué sentido tiene un pacto
Sánchez/Rivera si no sirve, primero, para investir al
presidenciable, y segundo, para gobernar en el caso que llegara a
ser investido?
Todo habrá sido – si hacemos un juicio de intenciones malsano - lo
que parecía desde el principio, una precampaña de ambos líderes para
mejorar posiciones en la línea de salida de las próximas elecciones
de junio. En el caso de Sánchez, habría logrado pasar de ser
discutido en su partido, a afianzar su secretaría general y asegurar
la cabeza de lista a la presidencia de Gobierno por el PSOE. En el
caso de Albert Rivera, habría logrado situarse en la equidistancia
de la derecha y la izquierda, logrando así diluir el sambenito de
ser la marca blanca del PP, además de afianzar una imagen de
cordura, altruismo político y capacidad de diálogo nunca visto desde
la transición. Y todo haciéndose con una cuota de pantalla durante
las últimas semanas que le dará grandes réditos electorales.
Dicha la maldad, vuelvo a la primera pregunta: ¿qué sentido tiene
este pacto si aparentemente no sirve más que para reforzar a los
partidos implicados y a sus líderes?
Albert Rivera cree en el pacto y Pedro Sánchez lo ha defendido con
determinación frente a Podemos. Es lo mejor que nos podía pasar. Aún
cuando este pacto no logre la investidura de Pedro Sánchez, habrá
conseguido, por su mera existencia, disolver los peores presagios
que se cernían sobre un país en riesgo de quiebra territorial. No
deberíamos olvidar que hace solo unas semanas, la ambivalencia del
PSOE en cuestiones territoriales y el plurinacionalismo populista de
Podemos amenazaban con convertir a España en un reino de taifas y
una ruina económica si lograban llegar a un acuerdo de gobierno. Y
sin embargo, el pacto con C’s ha resituado al PSOE como partido
nacional, alejado del derecho a decidir y del chantaje nacionalista.
No es problema menor, el gran problema de España ahora mismo no es
la crisis económica ni la corrupción. Entiéndase, siendo gravísimas,
son un problema estructural y periódico, común a otros países de
nuestro entorno, que las diversas opciones políticas están de
acuerdo en resolver. No así en la crisis territorial, el problema
más desestabilizador de nuestro tiempo. O se soluciona, o arruina al
país.
Este es el gran triunfo de C’s en el pacto: haber logrado persuadir
a la izquierda representada por el PSOE, para que ejerza como
partido nacional sin complejos. No hay más que ver la hecatombe de
improperios que le han llegado de los partidos secesionistas y los
recelos del PSC.
Como contrapartida, El PSOE ha logrado implicar a C´s en la defensa
de un Estado Social de centro izquierda reformista, basado en la
economía productiva y a salvo de un Estado despilfarrador. Si el
PSOE ha de agradecer a C’s reencontrarse con su alma nacional, éste
ha de agradecer a aquel retornar a uno de los pilares fundacionales
de la cosmología que lo creó: un partido sincrético basado en los
valores del socialismo democrático y el liberalismo social.
Sin ninguna duda el pacto merece contar con la abstención del PP, o
en su defecto, formar parte de él. Es la oportunidad de salir de un
atolladero que, a priori, tenía los peores augurios. Y no se
esfumarán si anteponen el interés del partido a los intereses de la
nación que tanto alardean defender.
P.D. No todo es aire renovador en el tratamiento de la cuestión
territorial aquí tratada. Dos detalles para hacer boca en espera de
posteriores análisis: dejar a criterio de cada Autonomía el peso
ponderado de cada lengua en el horario escolar, o convertir al
Senado en cámara territorial... No se debería olvidar, que tales
supersticiones son el caldo de cultivo del que ha nacido el mal
llamado derecho a decidir. Contradicciones.
La tomadura de pelo
Pedro de Tena Libertad Digital 26 Febrero 2016
Señoras y señores, nos están tomando el pelo. En el acuerdo que se
ha firmado entre PSOE y Ciudadanos, ¿cuántas cosas concretas hay?
Veamos. Está de actualidad creer que se suprimen las Diputaciones,
pero no serán las vascas ni las insulares. El PSOE andaluz no
quiere, el PP tampoco. ¿Y qué se va a hacer con el personal?
¿Despedirlo? ¿O va a seguir con otros nombres? Pues para
eso...Veamos el régimen electoral. Ah, no se podría hacer sin el
concurso del PP porque hacerlo conlleva la reforma de Constitución.
O sea. Bueno, pero se suprimirá el Senado. Pues tampoco. ¿Y las
listas electorales? ¿Abiertas, cerradas o regulares? No se sabe.
La reforma educativa del PP no se va a tocar del todo, ni se va
mejorar ni habrá ley española de educación. Tampoco se tocará toda
la reforma laboral. No se sabe bien cómo quedará la negociación
colectiva ni el papel de los sindicatos, bien corrompidos por
cierto. De contrato único, nada de nada. Ahora se va por un nuevo
modelo en el que hay sólo dos contratos: fijo y temporal con un
máximo de dos años. Pero hay una novedad, la indemnización del
temporal es creciente (12-16-20 días para despidos objetivos y
20-25-33 para improcedentes). Es decir, que a los dos años las
condiciones son iguales que las del fijo. No se entiende.
Bueno, ¿Y la Justicia? ¿Será de una vez para siempre independiente?
Pues lo único que se dice es que el Consejo General del Poder
Judicial reducirá sus miembros a la mitad. ¿Sin mediación de los
partidos? Qué va. Los partidos nombrarán a un comité encargado de
seleccionar a los altos cargos mediante un proceso de evaluación en
el Parlamento similar al que son sometidos los comisarios europeos.
Etcétera. Sobre corrupción, con el acuerdo en la mano, ni Chaves ni
Griñán habrían dejado el cargo. En Andalucía no se ha tocado nada de
nada y va camino de hacerse lo mismo en el resto de España. O sea,
bla, bla, bla, el mismo de siempre, esto es, lo que no sea
corrupción del PP, ni se cuenta, ni sale en la tele ni se sabe ni se
dice ni se toca.
Eso sí, pagaremos más impuestos seguro sobre seguro, salvo los de la
ceja a los que se les baja el IVA al 10 por ciento desde el 21 sin
que nadie sepa por qué hay que beneficiar a ese sector económico
sobre otros mucho más importantes para el empleo español. Sobre
pensiones, vuelta al Pacto de Toledo de 1994 con un impuesto más,
aportación socialista.
O sea, y para no seguir, una tomadura de pelo al por mayor donde, si
finalmente se configura el gobierno, será el presidente del gobierno
y su consejo de ministros los que concreten no se sabe cómo ni se
sabe bien qué. Y será en ese momento, si llega, cuando se comprobará
cuándo, cuánto y quién traiciona al otro. Lo que las leyes no
concretan, lo aclaran los reglamentos y quiénes reglamentan. Me
temo, por experiencia, que el pardillo en este caso será Ciudadanos.
Y luego está la tomadura de pelo al socialista de a pie con la
pregunta de la consulta que prometió Pedro Sánchez y que se va a
hacer, dicen, el día 28. El texto de la pregunta es: "El PSOE ha
alcanzado y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas para
apoyar la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del
Gobierno. ¿Respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno
progresista y reformista?" No es una broma. Ya sé que lo parece y
que a Susana Díaz le tiene que estar dando la carcajada de cabrero.
O sea, que hay que haberle leído casi 70 páginas de acuerdo, por
ahora sólo con Ciudadanos, que ya veremos si se añade alguno más, en
unos días y sin otra opción que el sí o el no. ¿A qué? Pues al todo
o nada.
España tiene que ser, debe ser, una cosa más seria que este
esperpento que se nos ha presentado por parte de dos partidos que
han perdido las elecciones y que no suman más que 130 diputados. Y
una pregunta final. Si se quiere la participación del PP en el
consenso, ¿por qué no debería ser el PP el que presidiera el
gobierno resultante, sin Rajoy si así se exige, si es el partido que
ha ganado las elecciones y tiene casi los mismos diputados que PSOE
y Ciudadanos juntos? Albert Rivera no sabe ni contesta a esto. Nadie
contesta. Sólo nos toman el pelo una y otra vez. Y hay que ver la de
gente inteligente que aplaude enardecida. Estoy perplejo.
El mito de 'la pinza'
RAÚL DEL POZO El Mundo 26 Febrero 2016
Madrid sigue siendo la capital de los mentideros, tal como la
describieron los dos cojos más célebres que renquearon por el Foro:
Quevedo y Romanones. Siempre se pensó que el diablo era cojo. El
poeta republicano José Antonio Balbotín arremetió en un poema
satírico contra el conde por su ansia de dinero y su maldad para
fabricar intrigas: «'Cojo de mala cojera/ cojo de cuerpo y alma/
España no estará en paz/ hasta que estires la pata'». Don Francisco
de Quevedo, putero, también cojitranco, y cazalloso -Góngora le
llama Francisco de Quebebo- desde que se vio en Madrid, nos contó lo
que vio. Se inventó mil aguafuertes; contó que la sarna se estaba
muriendo de hambre, mientras la corte ardía con las supercherías del
gobierno de los demonios para pasar las mentiras por verdades.
Hace unos años descubrimos cómo los vicios de la corte y las
acciones de pasar por mentiras las verdades seguían sucediendo. Y
así surgió el mito de la 'pinza'. La ficción consistió en inventarse
una conjura contra el Rey y contra Felipe González. A un grupo de
periodistas y escritores nos acusaron de pertenecer al Sindicato del
Crimen. Pero toda mi participación en la conjura consistió en ir a
un cóctel y posar para una fotografía; por eso, desde entonces, y
por otras cosas parecidas, ya sé que la Historia es la relación de
los hechos imaginarios y la política, el arte de revestir las
serpientes.
'La pinza' o los extremos de una herramienta que se juntan para
sujetar algo, fue el nombre del pacto de José María Aznar con Julio
Anguita para echar a Felipe González. Julio Anguita declaró muchos
años más tarde que aquella fue una invención de Goebbels para hundir
a IU. Pero lo más asombroso es que 'la pinza' se sacó del baúl por
los mismos hace unas semanas para describir la supuesta alianza
entre el PP y Podemos. Esta vez la herramienta de propaganda saltó
por los aires cuando se firmó el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Los
de Podemos se sienten engañados por el PSOE; les acusan de tramposos
y les dicen que ellos sí que quieren hacer 'la pinza' con el PP,
como cuando sostienen la Monarquía o firman el Artículo 135.
Los socialistas se volvían muy de izquierdas en las campañas
electorales y luego pactaban con los nacionalistas conservadores.
Los dirigentes del PSOE en esta democracia no fueron ni Attlee ni
Olof Palme, ni siquiera Mitterrand. Churchill, enfurecido porque
Attlee le ganó las elecciones a pesar de haber ganado él la guerra,
dijo: «Llega un taxi vacío al número 10 de Downing Street, se abre
la pera y sale míster Attlee». Pero aquel 'premier' hizo cambios
revolucionarios como los hizo después Olof Palme. Por eso lo
mataron. Aquí los socialistas sobreactúan en su asco a los del PP y
luego se reparten el Estado con ellos. Por fin, Pedro Sánchez habló
de reformismo. Y ya advirtió Lenin a los dos Pablos, dos Iglesias,
que la experiencia de todos los países muestra que los trabajadores
han sido burlados siempre por los reformistas. «El reformismo y la
regeneración son cuentos para engañar y corromper».
El PP y los fraudes
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 26 Febrero 2016
Ante el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, el PP está perdiendo los
pocos papeles que le quedaban. Hay que estar muy poco al tanto de
las más elementales reglas de la comunicación para que se hayan
atrevido a calificar de fraude un acuerdo entre dos fuerzas que, en
lugar de dedicarse a lamentar lo mal que los han tratado los
electores, han decidido poner negro sobre blanco lo que querrían
hacer si se encontrasen con la posibilidad de formar un Gobierno.
“Fraude” debiera ser una palabra completamente prohibida en el PP de
Rajoy, pero están tan atolondrados que se olvidan de cosas
esenciales, a no ser que la hayan empleado conscientes de que
merecen más que nadie el título de especialistas en fraudes de todo
tipo, algo así como si dijeran “ese pacto es un fraude, y estamos
seguros de que nadie se atreverá a negarnos autoridad en esa clase
de apaños”. Rajoy está consiguiendo llevar su incompetencia política
a un grado de barroquismo inaudito, de forma que se está
convirtiendo en un auténtico peligro público cuyas acciones pueden
acabar manchando y destrozando a cualquiera que se le cruce en el
camino, empezando por el Rey, que hay que suponer tomará
precauciones si necesita volver a recibirle.
Mentir sobre las reglas del juego
No hay peor cosa que el que se obstina en discutir los resultados de
un mal partido ignorando que la sabiduría práctica de los ingleses
ha establecido que un gol es un gol sólo si lo admite el árbitro,
que para eso está. Rajoy pretende haber ganado unas elecciones con
tan escasa razón como el que, por ejemplo, argumentase que el
resultado de un partido debiera ser el vigente en el minuto 75,
cuando su equipo iba por delante en el marcador. En nuestra
democracia, que es parlamentaria y no presidencialista, los
diputados aprueban o rechazan la investidura presidencial del
candidato que ha sido propuesto por el Rey, tras haber hablado con
los líderes de los grupos, y no es posible que nadie reclame para sí
esa designación aludiendo a que tiene más votos que otros,
sencillamente porque esa no es la manera de proceder que ha
establecido la Constitución. Incomprensiblemente, Rajoy, tal vez
preso de un ataque de indolencia, decidió que esa era una
oportunidad imposible para él y no perdió ni medio minuto en tratar
de convencer a ningún parlamentario de que le diese su voto,
pretendiendo, al parecer, que el Rey le evitase el mal trago, pero
que, además, no le concediese a nadie la oportunidad que él
desestimaba. Rajoy ha reclamado la medalla de oro en un concurso de
arco, ignorando las reglas del juego de bolos en el que estaba
participando.
Ni yo ni nadie
Era muy difícil que Rajoy fuese elegido por este Congreso, en que
tiene casi el doble de diputados en contra que dispuestos a
apoyarle, y eso que esa proporción amplia favorablemente a sus
intereses el resultado de las elecciones en el que sólo el 28,72 por
ciento de los españoles le dieron el voto, pese a los innumerables
méritos que ha proclamado, a hora y a deshora. ¿Qué autoridad puede
invocar para evitar que otros intenten una investidura a la que ha
renunciado para librarse de un más que probable sofocón?
La política es pacto, no sólo victoria o derrota, y el PP, de Rajoy
y con Rajoy, está completamente inhabilitado para cualquier pacto,
además de que él mismo no ha hecho el más leve ademán de intentarlo.
La razón de esa incapacidad tiene algún interés y proviene de dos
frentes distintos con un denominador común, su empeño en desoír las
incesantes quejas de los ciudadanos. En primer lugar, las de
aquellos que estiman que el PP les ha robado su voto haciendo una
política que nada tiene que ver con lo que prometió, y son millones,
y cuyo aval político ha ido a parar a otros partidos, o a la
abstención, prefiriendo cualquier cosa antes que más Rajoy. En
segundo lugar, el descrédito general que le afecta por su lenidad a
la hora de atajar la galopante y ubicua corrupción que afecta a
muchos de sus dirigentes y que ha hecho que se extienda una
desconfianza general sobre la presunta decencia de sus líderes. Se
trata de una sombra de la que, desde luego, no puede estar exento un
Rajoy que le dijo a uno de los rufianes más notorios de toda esta
maloliente trama que haría lo que pudiese por él, sin que haya
aclarado nunca a qué se refería exactamente con esos auxilios
indignos, mientras le demandaba una fortaleza que no tenía otro
remedio que suscitar la sospecha de una inconfesable complicidad.
En cualquier democracia mínimamente exigente, Rajoy estaría fuera de
la política desde hace muchos meses, pero aquí se permite el lujo de
calificar de defraudadores a quienes intentan articular una
alternativa al gravísimo vacío que ha provocado su política.
Rajoy, persona non grata
En la ciudad en que Rajoy ha dedicado más horas a lo que entiende
por política, en su querida Pontevedra, una pandilla de avezados
demagogos ha declarado a Rajoy persona non grata, por unos motivos
cuya enumeración debiera avergonzar a quienes los han esgrimido,
pero no será el caso, pues han demostrado ser capaces de prender
fuego a una casa para calentarse un huevo. Tan sorprendente y
disparatado suceso ha dolido a Rajoy, lógicamente, pero le ha
llevado a hacer unas sorprendentes declaraciones en las que, de
manera indirecta, se compara con Hitler y con Stalin, seguramente
para salir favorecido. En verdad que el presidente en funciones no
ha estado muy fino escogiendo el término de comparanza, pero esa
alusión me ha hecho recordar unas palabras de Albert Speer, el
ministro responsable de construcción y arquitectura del III Reich,
para explicar cuál era, en su autorizada opinión, la ideología del
partido nazi, desengáñese, le decía a su interlocutor, nuestra
ideología se resume en dos palabras: Adolf Hitler. Pues bien, habría
que preguntarse si cabe una respuesta similar en el caso del PP y de
Rajoy, si esa es también la única ideología que le queda a este PP
que se mantiene supuestamente firme negando salida alguna al
resultado de diciembre, si no pasa por las dos palabras mágicas, por
Mariano Rajoy.
Hace falta mucha capacidad de disimulo para ocultar el hecho de que
lo que el PP defiende como un bien, un gobierno constitucionalista
de gran coalición capaz de afrontar con fortaleza y rigor, los
enormes problemas que padecemos, es lo que se proponen hacer el PSOE
y Ciudadanos. Pero esa propuesta no cuadra con la ideología del PP
reducida a dos palabras, al nombre de un líder vapuleado, sin
iniciativa y sin norte. ¿Acompañarán los diputados del PP a su líder
cuando se dirija a píe firme al abismo? ¿Creen acaso que los
españoles les premiarán su esfuerzo en ocuparse más del destino de
una persona que de los problemas de todos?
El caudillismo a deshora
Caudillismo y democracia son, o debieran ser, dos ideas
incompatibles, pero parece que en el PP hay empeño en convertirlas
en sinónimas. El caudillismo es un mal remedio de otras carencias,
pero es un recurso surrealista cuando el supuesto caudillo no hace
otra cosa que dar muestras de desorientación y actuar con la lógica
de un zombi. Los españoles se merecen buena parte de las desdichas
que nos azotan porque las han fomentado con un voto escasamente
comprensible desde un punto de vista racional, pero el castigo no
debiera de llegar tan lejos como para que millones de españoles que
quieren libertad, trabajo, mérito y orden se vean prisioneros del
incierto destino de una persona que ha equivocado gravemente los
signos políticos y que parece víctima de esa insolencia con la que
los dioses castigan a los que se exceden en su orgullo.
No está el PP en condiciones de acusar a nadie de fraude, pero está
todavía a tiempo de no defraudar una vez más a quienes saben poner
las cosas en el orden debido, la patria, la libertad, la democracia
y, sólo después, el propio partido. En esa escala no caben los
personalismos, no caben las reducciones de todo a las dos palabras
de un nombre, y, llegado el caso, quienes así lo hicieren habrán
firmado su sentencia de muerte política, salvo que crean en el
imposible milagro de Rajoy, como un nuevo Cid, precisamente en
Valencia, ganando batallas después de muerto.
La bestia de Aragón
Rubén Olmeda www.gaceta.es 26 Febrero 2016
“Permítanme que sea malvada”, así empieza la frase una bestia que se
apellida Bella, curioso chiste del destino sobre una tiparraca
diputada de Podemos en Aragón a la que el apellido le pega tanto
como a su jefe el esmoquin.
Lo que sigue a esa confesión de futura maldad es, posiblemente, la
mejor muestra de lo que está pasando en España con la llegada de los
podemitas a las instituciones, un “todo vale” con tal de arrearle al
PP o lo que ellos llaman “la derecha” y “el capital”. No hay cosa
que más una que el enemigo común, y todas estas tribus de
“carmenitas” y “kichis” tienen como enemigo común a las clases
medias. Dicen que los malos son los ricos, pero realmente los malos
son las clases medias, que son las que pusieron al PP en el gobierno
con 11 millones de votos en su momento.
Los “comunes”, los “mareas”, los “podemitas” y cualquier otra tribu
socio política tienen su mira puesta en lo que más daño le pueda
hacer a la derecha en España, porque ahora es su momento, nadie se
lo va a quitar, lo que sus abuelos no pudieron hacer, ellos lo van a
conseguir. Ahora van a ganar la Guerra, ahora van a hacer la
verdadera transición, ahora van a ver esos curas y esas monjas. Es
nuestro momento y nadie nos lo va a poder quitar, ahora nos toca a
nosotros hacer el mal. Cualquier tribu amiga que haya luchado
anteriormente para que nosotros estemos ahora aquí, es bienvenida y
tenemos que hacerles homenajes, se llamen ETA o se llamen GRAPO. Es
momento de quemar libros en las plazas mayores y empezar a construir
nuestra propia historia.
Por eso este vómito intelectual es tan importante, porque marca un
antes y un después en los límites que las tribus saqueadoras tienen
cuando trepan por los muros y se apoderan de las ciudades. El límite
era ETA y empezaron jugando con las asociaciones de víctimas (una
Concejal del Ayuntamiento de Madrid con apellido de árbol de hoja
caduca ya se mofó de lo bien que le había ido al PP con los
atentados), luego utilizaron a la tropa de a pie, su gleba, los
titiritarras de Tetuán, y ahora por fin se quitan la media como el
atracador de bancos cuando se sube al coche, ahora les vemos la cara
(normalmente muy fea, por cierto) y aparece “la bestia” que llevan
dentro. La Bella-bestia de Aragón dijo, en comparación con un caso
de violencia doméstica, que Miguel Ángel Blanco también podía haber
mirado hacia atrás cuando le secuestraron.
Yo me afilié al Partido Popular principalmente por el asesinato de
Miguel Ángel Blanco y si sigo afiliado es también por su memoria y
por todos los que han caído defendiendo las ideas de libertad y
democracia, porque el PP no es de cuatro mangones, es de los
afiliados, los que pagan su cuota y dedican tiempo por su barrio,
por su ciudad, por su comunidad y por España.
Atacar a Miguel Ángel Blanco, aunque sea en plan “a ver si quema”,
flojo, es atacar a lo más sagrado que tenemos en España, el recuerdo
y la memoria por nuestras víctimas. Atacar a Miguel Ángel es
saltarse todas las reglas de la decencia y demostrar que las bestias
son bestias, se llamen Bellas o se vistan de esmoquin. A mi no me
engañan, van a por todo, jodieron la cabalgata a nuestros hijos,
quitaron las calles que les molestaban, rompieron esculturas de
patrimonio, nos mandan callar, expulsan a la oposición de las
comisiones, se reparten los cargos entre los colegas y ahora están
preparando el asalto a la Semana Santa.
Avisados estamos, el que no lo entienda es que no lee, no escucha y
no atiende a lo que ocurre en su entorno. Van a por la Semana Santa
y la llamarán “Semana Festiva” o “Semana Santa Laica” o “Semana
Blanca”, lo veremos en un mes.
Lo que ha dicho la bestia de Amparo Bella, diputada de las Cortes de
Aragón por Podemos, es solo un aullido, un grito que pone en pie a
las huestes, ahora todos los podemitas saben que hay carne, ya
conocen la dirección, solo tienen que seguir el olor, el mal olor.
Basura podemita contra la memoria de Miguel
Angel Blanco
EDITORIAL Libertad Digital 26 Febrero 2016
La diputada de Podemos en las cortes aragonesas, Amparo Bella, ha
dado una muestra más de la catadura moral de esta formación
política, cuyos dirigentes siempre han estado mucho más cerca de los
terroristas que de las víctimas de sus violencias y asesinatos.
En este último episodio de humillación gratuita a las víctimas del
terrorismo, la diputada aragonesa de Podemos se atrevió a utilizar
unas declaraciones desafortunadas sobre un episodio concreto de
violencia doméstica, para sugerir que Miguel Angel Blanco también
debería haber mirado hacia atrás y así evitar su secuestro y
posterior asesinato.
La diputada podemita no puede ofender la memoria de Miguel Angel
Blanco porque nadie en ese submundo tiene la categoría suficiente
para mancillar el recuerdo del joven concejal del PP vasco,
asesinado cruelmente por una banda terrorista con cuyo entorno
político han trabado los dirigentes de Podemos tan buenas
relaciones. Ahora bien, la utilización del joven mártir del Partido
Popular, cuyo cruel asesinato propició un movimiento ciudadano y
político sin precedentes contra la banda asesina, no puede quedar
sin el castigo que establecen las leyes para quienes denigran con
tal vesania la memoria de las víctimas.
Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel y presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, ha exigido la dimisión inmediata de la
diputada podemita por esas palabras intolerables, sobre las que ni
ella ni su partido se han disculpado hasta el momento. Además, la
hermana de Miguel Ángel Blanco está dispuesta a emprender acciones
legales que la fiscalía, de hecho, tendría que haber iniciado de
oficio.
El episodio en las cortes aragonesas no es un hecho aislado del que
no deban extraerse conclusiones políticas. Al contrario, la
vergonzosa actitud de la diputada de Podemos es el reflejo de lo que
España puede esperar de un movimiento ultraizquierdista, para el que
toda violencia contra lo más noble de nuestra sociedad tendrá
siempre una calurosa justificación.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Si Otegi reincide… a la cárcel
Okdiario 26 Febrero 2016
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, deberá estar muy
atento a todo lo que ocurra en el País Vasco a partir de la semana
que viene. La salida de Arnaldo Otegi de la cárcel de Logroño el
próximo martes supondrá el inicio de una concatenación de actos en
homenaje a la figura del dirigente etarra que culminarán el 5 de
marzo con una reunión masiva en el velódromo de Anoeta. La Fiscalía
de la Audiencia Nacional está sobre aviso al respecto de lo que
puede suceder en estas jornadas de exaltación abertzale. Si en algún
momento Otegi excede las normas democráticas y enaltece de manera
explícita o implícita el terrorismo, el Estado tiene que actuar con
contundencia y devolverlo al presidio.
Ante la petición de prohibir todos los actos que ha efectuado el
delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, la Fiscalía ha
reaccionado aumentando la vigilancia. Si bien la libertad de
expresión está recogida en el artículo 20 de la Constitución y el
derecho de reunión en el 21, decir Otegi es decir terror,
retrotraernos a algunos de los peores capítulos de nuestra
democracia, nombrar a una persona que odia a España y desprecia su
Carta Magna. Por ello, toda precaución será poca y el despliegue
especial de Policía y Guardia Civil para supervisar el transcurrir
de los actos resulta imprescindible. Ante cualquier desmán del
entorno de ETA, el Estado debe mostrarse inflexible y proteger la
dignidad de todos los españoles.
Uno de los colectivos más afectados por la puesta en libertad de
Otegi es la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) quien ha
pedido también al juez Velasco que prohiba unas celebraciones que,
organizadas por los proetarras de Sortu, pretenden presentar a Otegi
como un hombre de paz, algo opuesto a la realidad si atendemos a su
currículo, donde figuran hechos como el secuestro del político
Javier Rupérez en 1979 en el que tomó parte, a pesar de salir
absuelto por falta de pruebas materiales, como certificó otra de las
participantes, la francesa Françoise Marhuenda. Un hombre que fue
condenado a 10 años de cárcel el pasado 16 de septiembre de 2011 y
que sale ahora después de que el Tribunal Supremo le redujera seis
años y medio de la misma en 2012. El etarra recibirá honores de
héroe en Elgoibar y San Sebastián, ambos lugares gobernados por el
PNV, que facilitará la organización de un acto en la plaza de su
ciudad natal y en el velódromo de Anoeta de la capital de Guipúzcoa.
La elección del complejo deportivo de Anoeta no es ninguna
casualidad ya que es una especie de templo simbólico dentro de la
izquierda radical vasca desde los tiempos de Batasuna. Una manera de
demostrar músculo ideológico si consiguen llenar un escenario donde
se llegaron a reunir más de 14.000 proetarras. La maquinaria de
propaganda funciona ya a pleno rendimiento y han repartido carteles
promocionales por los lugares donde estará Otegi. Tanto es así que
incluso los vecinos han alertado a la Policía del alto contenido
político de los mismos. El desafío de la Audiencia Nacional a partir
de la semana que viene es garantizar que la dignidad de España y de
los españoles se mantiene intacta, así como salvaguardar la memoria
de todos aquellos que pagaron con su vida la barbarie de los
asesinos de ETA.
El TSJC anula la orden de la Generalitat
que obliga a los empleados públicos a hablar en catalán
Okdiario 26 Febrero 2016
El tribunal considera que el "contenido imperativo" del reglamento
se "extralimita" del marco normativo fijado por el Estatut de
Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado parte
del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña,
entre ellos los artículos que fijaban el catalán como lengua de
comunicación entre el personal y que todas las conversaciones se
tenían que iniciar en este idioma.
En una sentencia, la sección quinta de la sala de lo
contencioso-administrativa del alto tribunal catalán da la razón al
adjunto de cirugía pediátrica del Hospital Joan XIII de Tarragona en
contra del Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario
público e Cataluña y del Protocolo de usos lingüísticos para la
Generalitat de Cataluña y del sector público que depende de ella.
El tribunal acuerda anular el artículo de ambos protocolos que
establece que “la lengua de comunicación entre el personal debe ser
la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la
megafonía, en las reuniones de trabajo, etc, especialmente ante
terceras personas: usuarios y sus familiares, y personal sanitario o
laboral externo”.
Para el tribunal, el “contenido imperativo” de este artículo se
“extralimita” del marco normativo fijado por el Estatut de Cataluña.
Con los mismos fundamentos, el TSJC anula otro artículo, que fija
que “tanto si la conversación la inicia el usuario como el
trabajador, este mantendrá en catalán -independientemente de la
lengua que utilice el interlocutor-, salvo el caso que el usuario
manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido
en otra lengua oficial”.
Entre los argumentos esgrimidos por el TSJC para anular estos dos
artículos también figura que entre los profesionales de la sanidad a
los que se dirigen los protocolos se encuentran los médicos internos
residentes (MIR) de una convocatoria anual de carácter estatal
“abierta a facultativos comunitarios (de la UE) y extracomunitarios,
a los que no se exige el conocimiento de la lengua catalana”.
El alto tribunal catalán también ordena suprimir algunas expresiones
de un tercer artículo de ambos protocolos, en el punto que subraya
que las conversaciones telefónicas “siempre” se tendrán que iniciar
en catalán.
Según la sentencia, el “carácter indiscriminado” de esta parte del
artículo, en la que no distingue “siquiera las conversaciones no
directamente relacionadas con el servicio que pueda mantener el
profesional sanitario” debe ser eliminada, “por forzar sin
justificación el derecho de opción lingüística del usuario”.
El TSJC también ordena eliminar la parte en la que se subraya que si
el usuario no habla catalán pero lo entiende, “se continúa
hablándole en catalán, salvo que pida ser atendido en castellano”.
El tribunal anula además parte del artículo del protocolo que
precisa que en la documentación interna, como nóminas, contratos,
avisos o circulares, debe ser en catalán y que “si se tienen que
rellenar (como la documentación relacionada con la gestión de
personal), también se tiene que hacer en esta lengua”.
Por el contrario, el TSJC mantiene la validez de los demás artículos
impugnados, entre ellos el que establece la preferencia a la hora de
adquirir y usar programas informáticos en versión catalana y el que
fija que el uso de lenguas no oficiales tiene que ser “excepcional y
justificado”, al no apreciar ninguna ilegalidad.
El grupo “Impulso Ciudadano”, asociación que ha asesorado al
profesional sanitario que ha interpuesto el recurso ante el TSJC, ha
valorado este jueves el contenido de la sentencia, dictada en
diciembre de 2015, al considerar que “ha mejorado la seguridad
jurídica de los empleados públicos” y que gracias a ella existe “una
mayor libertad lingüística en las relaciones entre los empleados
públicos y de estos con los ciudadanos”.
Cataluña ante el desafío secesionista
El TSJC anula de manera parcial la
obligación de hablar en catalán en el sector sanitario y público
La Generalitat no ha tardado en recurrir la sentencia al Tribunal
Supremo
Redacción www.lavozlibre.com 26 Febrero 2016
Madrid.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha
anulado de manera parcial la obligación de hablar en catalán a
funcionarios del sector sanitario y público. En sentencia de 9 de
diciembre de 2015, -según ha hecho público Impulso Ciudadano-, la
Justicia catalana ha anulado parcialmente el Protocolo de Usos
Lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña y el
Protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y el
sector público. Aunque, eso sí, la sentencia es firme porque no ha
sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la Generalitat de
Cataluña.
En concreto, el TSJC anula, por contrarios a las reglas de la
cooficialidad lingüística y al derecho a la libertad de expresión,
los siguientes mandatos:
1.- La obligación de utilizar el catalán como lengua de comunicación
oral entre el personal al servicio de la Generalitat así como al
dirigirse a los ciudadanos durante su ejercicio profesional. En
concreto el protocolo ordenaba que los funcionarios públicos
utilizaran el catalán en las conversaciones presenciales, así como
por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc., y
especialmente delante de terceras personas: personal externo,
usuarios y familiares de estos.
2.- La obligación de utilizar el catalán como lengua de comunicación
del personal al servicio del sector público catalán con los
usuarios. El protocolo contemplaba dicha obligación “Tanto si la
conversación la inicia el usuario como el trabajador, éste la
mantendrá en catalán – independientemente de la lengua que utilice
el interlocutor – salvo que el usuario manifieste dificultades para
entender el catalán o pida ser atendido en la otra lengua oficial”.
3.- La obligación de los empleados públicos de iniciar las
conversaciones telefónicas en catalán. El protocolo disponía que:
“Las conversaciones telefónicas siempre se han de iniciar en lengua
catalana. En el caso de las llamadas externas, se han de responder
con un mensaje de saludo en catalán que identifique la institución….
Si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa
hablando en catalán, salvo que pida ser atendido en español. Si hay
dificultades para entender el catalán, se puede continuar la
conversación en español”
4.- La obligación de los ciudadanos de rellenar en catalán los
impresos, formularios, etc. dirigidos a esas administraciones así
como la documentación interna relacionada con la gestión de
personal.
Asimismo el Tribunal salva de la nulidad otros mandatos de los
protocolos al hacer una interpretación favorable a la cooficialidad
lingüística, porque concluye que de su literalidad no puede
deducirse que obliguen a un uso exclusivo del catalán. Es el caso de
las intervenciones de los representantes oficiales en público y de
la documentación interna y de la historia clínica, por ejemplo.
Considera el Tribunal que el hecho de que se prevea que normalmente
se utilice la lengua catalana no quiere decir que se impida el uso,
también normal, de la lengua castellana.
El origen de esta sentencia, trascendental para la normalización del
uso del castellano y del catalán en el ámbito administrativo
dependiente de la Generalitat de Cataluña, está en la demanda
interpuesta por uno de los profesionales sanitarios del Hospital
Universitario Joan XXIII de Tarragona, quien recibió una
comunicación de la Gerencia Territorial del Camp de Tarragona del
Institut Català de la Salut, en el mes de enero de 2012, con el
denominado Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario
público en Cataluña, elaborado por el Departamento de Salud, la
Secretaría de Política Lingüística y el Centro de Normalización
Lingüística de Tarragona.
El citado Protocolo consistía en la adaptación realizada para el
sector sanitario público del modelo publicado por la entonces
Secretaria General de Política Lingüística con el nombre de “Modelo
de protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y
el sector público dependiente”.
Desde Impulso Ciudadano, asociación que ha asesorado al profesional
sanitario que ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo,
"valoramos muy positivamente el contenido de la sentencia dado que
representa una mejora para la seguridad jurídica de los empleados
públicos dependientes de la Generalitat. Asimismo consideramos que
el fallo del TSJC garantiza una mayor libertad lingüística en las
relaciones que se establecen tanto entre los ciudadanos y los
empleados públicos dependientes de la Generalitat como entre estos
últimos entre sí durante su jornada laboral".
"Lamentamos, finalmente, que la actuación fiscalizadora e
intervencionista de la Administración catalana en la regulación – de
una manera altamente restrictiva – de los usos lingüísticos, obligue
a los empleados públicos y a los ciudadanos en general a acudir a
los Tribunales a reclamar amparo sobre un derecho que debería ser
obvio en un sistema democrático: la libertad de elección de lengua
cooficial en las relaciones con las Administraciones Públicas",
dicen desde la asociación.
Aclaran que 'no tiene voluntad de adoctrinar'
Así es el último libro infantil del
separatismo
"Hay un sector de la juventud que aún no se siente suficientemente
implicada”, tal es el motivo que movió a Toni Strubell, exdpituado
independentista, a escribir "Viatge a la Via Catalana".
Rafael Núñez Huesca www.gaceta.es 26 Febrero 2016
Viatge a la Via Catalana (Viaje a la Vía Catalana) es la aventura de
dos simpáticos perros –Laia y Gori- que recorren Cataluña en busca
de sus dueños. Acaban dando con ellos en la Vía Catalana. Con ellos
y con todos los amigos humanos que hicieron a lo largo de su
recorrido, pues allí estaban todos, pidiendo poder vivir “en
libertad”. Entretanto, pasarán aventuras de todo tipo. Vivirán, a
través de sueños, los episodios históricos en los que se forja “la
nación catalana”, sufrirán el “expolio fiscal” en algunos barrios
humildes, conocerán al célebre burro catalán, icono del procés, y
viajarán en el llamado “bus de la independencia” y hasta en el 600
de la estelada en el capó, presente en todas las manifestaciones por
la independencia.
En definitiva, el libro busca hacer partícipe a los lectores más
pequeños del “emocionante momento que vive Cataluña hoy”.
El digital independentista “Directe.cat” califica el libro de
“divertido y humanista” y se afana en aclarar que “de ninguna manera
es adoctrinador y sí abierto a la imaginación y al amor al país”.
Según cuenta El Punt Avui, durante mucho tiempo el único diario
independentista de Cataluña, el autor del libro, Toni Strubell,
“considera que hay un sector de la juventud que en el futuro ayudará
a llevar las riendas del país y que aún no se siente suficientemente
implicada”. Tal es la razón que motivó al autor a escribir el
cuento.
La presentación tuvo lugar en la sede principal de Òmnium Cultural,
una de las asociaciones que impulsaron las manifestaciones
independentistas de los últimos años, y contó con el presidente de
la asociación, Quim Torra, que dice en el prólogo que el cuento “da
a conocer nuestra historia , paisajes de nuestra tierra y, sobre
todo , el alma de un país que se reencuentra con el anhelo de
libertad".
Todo el entramado mediático-social-institucional del nacionalismo
está facilitando la difusión y el conocimiento de la obra. No en
vano, los autores –escritor y dibujante- llevan varios meses de tour
por todas las poblaciones que aparecen en el cuento.
El autor, "pionero" del separatismo
El autor del libro infantil, Toni Strubell, que niega “ningún tipo
de voluntad de adoctrinamiento", es exdiputado de Solidaritat
Catalana per la Independència –el partido de Laporta y López Tena,
creador del eslogan ‘Espanya ens roba’- y orgulloso pionero del
separatismo. Ya en 1978 creó un “Comité Catalán Contra la
Constitución Española” y hoy se muestra abiertamente partidario de
“aprobar una declaración unilateral de independencia por parte de
nuestro Parlamento”. Su hermano, Miquel Strubell, es también un
viejo conocido en el mundo independentista y fue incluso uno de los
fundadores de la Assemblea Nacional Catalana.
El autor del cuento llegó a comparar a Pedro Sánchez con Adolf
Hitler y se ha visto envuelto en numerosas polémicas a cuenta de su
exaltado temperamento político.
Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió
cautelarmente 15 artículos del reglamento lingüístico de la
Diputación de Gerona, Strubell se refirió al fallo como un “intento
de exterminio de la lengua catalana”. El autor del cuento infantil
animó públicamente a la Diputación de Gerona a declararse en
rebeldía.
El desquiciante informe independentista que
justifica desobedecer las leyes españolas
Los funcionarios son solo piezas que han de hacer lo que les
ordenan, por tanto no tienen ninguna responsabilidad si no acatan
las leyes españolas y desobedecen los fallos del TC
Antonio Fernández. Barcelona El Confidencial 26 Febrero 2016
Los funcionarios catalanes no cometerán prevaricación, ni dejación
de funciones, ni omisión del deber de perseguir delitos, ni
desobediencia, ni denegación de auxilio, ni rebelión, ni sedición,
ni traición. Por no cometer, no cometerían ni desobediencia a la
ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional si hacen caso
omiso a las leyes españolas y no aplican los fallos del TC. Así de
contundente se expresa un ‘Informe jurídico sobre las posibles
consecuencias en el ámbito penal de la actuación de los funcionarios
durante el proceso hacia la independencia'. El informe fue encargado
por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a una serie de expertos y
presentado este jueves por el coordinador sectorial de secretarios,
interventores y tesoreros de la ANC, Joan Anton Font, el coordinador
de la comisión de Administración Pública de la organización, Josep
Antolí, y el miembro del secretariado Pere Grau.
¿Cómo han llegado a esas conclusiones? Muy sencillo: los
funcionarios son solo piezas que han de hacer lo que les ordenan. ¿Y
quién se lo ordena? El Parlamento catalán y el Gobierno de Cataluña.
Así de sencillo. Por tanto, no tienen ninguna responsabilidad si no
acatan las leyes españolas y desobedecen los fallos del TC. Esta es,
a grandes rasgos, la tesis defendida por el texto.
El truco para evitarles esa responsabilidad está en que “la
seguridad de los trabajadores de las administraciones públicas
catalanas requerirá que el Parlamento y el Govern legislen y den
instrucciones de forma clara, diáfana y concisa, ya sea en
aplicación y ejecución de la resolución 1/XI del Parlament [que está
anulada por el propio TC], ya sea en toda la normativa posterior y
acuerdos de Gobierno que nos conduzcan a la constitución de la
República de Cataluña”.
Reconoce, no obstante, que podrán abrirse procedimientos y “se
iniciarán algunas diligencias penales, pero tener la cualidad de
investigado no equivale a haber cometido un delito, sino al hecho de
que un juez de instrucción investigue unos hechos por si pueden
existir indicios de delito”. Asegura que en cuanto se proclame la
República catalana, los tribunales españoles dejarán de tener
competencia en el territorio y los procedimientos serán cancelados.
La obediencia debida
Algunos de los argumentos utilizados en el informe, sin embargo, no
se sustentan jurídicamente. Respecto al delito de prevaricación, por
ejemplo, el texto señala que en los supuestos en que se refiere a
este delito, la ley hace suponer que “los actos de contenido
político quedan excluidos”. Dice en las conclusiones que la
actuación de los trabajadores públicos “ha de hacerse al amparo de
normativa clara y precisa del Parlamento y del Gobierno de Cataluña
y bajo su paraguas” y, con ello, tendrían una ‘norma legal o
legítima’ a la que agarrarse.
Respecto al posible delito de omisión del derecho de perseguir un
delito, que se puede aplicar a los Mossos d’Esquadra, señala que
estos están sujetos a los principios de jerarquía y de
subordinación. Reconoce que la propia Ley de los Mossos dice que “en
ningún caso, la obediencia debida puede amparar órdenes que
comporten la ejecución de actos que constituyan manifiestamente
delito o que sean contrarios a la Constitución o las leyes”. Pero, a
continuación, afirma que “la obediencia se entiende de mandos. En
consecuencia, la nueva normativa surgida del Parlamento de Cataluña
o del Govern será la que legitimará las actuaciones y, por tanto,
acatando las órdenes de los respectivos mandos policiales no se
actuaría en contra del código de conducta, ya que este no posibilita
poner en duda la actuación de los órganos con funciones legislativas
(Parlament) o reglamentarias (Govern)”. O sea, ninguna actuación
dictada por estos órganos podría ser interpretada como no ajustada a
derecho.
El súmmum de las justificaciones lo contiene una frase en este
apartado, en la que se señala que “hemos de tener en cuenta que en
ningún caso las actuaciones de personas, autoridades y funcionarios,
en cumplimiento de resoluciones del Parlamento de Cataluña o del
Gobierno de Cataluña, serán delictivas a pesar de que sean
contrarias a la Constitución española”.
El informe destaca también que no podrán incurrir en delito de
desobediencia y denegación de auxilio porque hay dos órdenes
contradictorias que son legítimas (las de las leyes españolas en
vigor y las de las normativas que puedan dictar las instituciones
catalanas). También niegan los posibles delitos de sedición y
rebelión. Para este último, dice el texto, los reos deberían alzarse
“violenta y públicamente” contra la legalidad vigente. “Si la
violencia es uno de los hechos característicos y esenciales del
delito de rebelión, se ha de concluir que ninguna de las actuaciones
de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas, en
ejecución de órdenes o instrucciones dadas por el Parlamento de
Cataluña y el Govern o por sus mandos, podría ser constitutiva de un
delito de rebelión”.
Un informe jurídicamente flojo
Respecto a la sedición, asegura el informe que se necesita “la
voluntad de impedir el cumplimiento de la ley o el ejercicio de las
funciones y cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas
o judiciales por parte de las autoridades o funcionarios, el que lo
hagan mediante alzamiento público y de forma tumultuosa”. Y
acogiéndose a la literalidad de ese 'alzamiento tumultuoso', llegan
a la conclusión de que ninguna actuación, aunque contravenga la
normativa española, se encuadra dentro de ese tipo delictivo.
El texto del informe niega también que pueda haber delito de
traición (que circunscribe a periodos de guerra), y en cuanto a los
posibles delitos por no ejecutar las resoluciones del TC, el informe
recuerda que sí se prevén multas de 3.000 a 30.000 euros y la
suspensión de funciones, pero que antes es necesaria la notificación
individualizada, “y por los conductos legales, a la persona en
concreto”. Pero advierte de que en el nuevo párrafo incorporado al
artículo 87 de la Ley del TC, “por sus características, esta
actuación del Tribunal irá destinada a las máximas autoridades del
Govern y del Parlament, y sin una incidencia previsible sobre los
trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas
catalanas”.
Se trata, pues, de un informe hecho con más corazón que cerebro, con
cuantiosas lagunas jurídicas y con justificaciones que no superarían
un mínimo examen legalista. Y ello porque parte de un supuesto
falso: el de que el Gobierno catalán o el Parlamento de Cataluña
tienen competencias para crear cuantas leyes les vengan en gana o
dictar las normas que quieran. Pero una cosa son los deseos y otra
la cruda realidad: las competencias del Parlament y del Govern están
meridianamente claras en el Estatuto de Autonomía y en la
Constitución española. Y cualquier estudio sobre el particular debe
partir de la base jurídica establecida, no desde una base jurídica
falsa.
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