AGLI Recortes de Prensa   Viernes 26  Febrero  2016

Urge un pacto de Estado real para salvar la Educación
EDITORIAL El Mundo 26 Febrero 2016

Si hay un mantra electoralista al que todos los partidos recurren gratuitamente para adornar sus programas es el de la Educación. Salvo las formaciones independentistas, que pretenden convertir las escuelas en centros de adoctrinamiento, no hay ningún político que aspire a gobernar que no reivindique un gran pacto de Estado por la Educación. Y sin embargo, tal cosa no se ha dado aún en nuestro país, sino todo lo contrario.

Las leyes educativas se cuentan en España casi por legislaturas y ningún ministro de Educación de cuantos se han sucedido parece que se haya sentido aludido por el hecho de que el índice de abandono escolar temprano (un 20%) sea el mayor de la UE. A eso hay que añadir los deficientes resultados que año tras año cosechan nuestros alumnos en los informes Pisa y que nuestras universidades se encuentran muy lejos de estar entre las mejores del mundo en los principales ránkings internacionales. De todo ello resulta un retrato de nuestra realidad educativa en la que los estudiantes presentan una falta de preparación que se convertirá en un verdadero lastre cuando quieran acceder a un mercado laboral globalizado. También ahí hay que buscar las razones por las que un país como el nuestro tiene tantas dificultades para disfrutar de una economía competitiva.

Consciente de que la Educación sigue siendo la asignatura pendiente de nuestro sistema político, y es una de las principales preocupaciones de la sociedad, especialmente de los padres, EL MUNDO recoge hoy el viejo debate que aún permanece candente entre los especialistas sobre la forma de entender la Educación. Una controversia muy oportuna ahora que los principales partidos políticos están configurando programas de mínimos sobre los problemas estructurales que urge solucionar. Sea cual sea la composición final del próximo gobierno, es indudable que deberá considerar éste como uno de los problemas en los que España se juega su futuro como país desarrollado en un entorno económico mundializado y altamente competitivo, ya que, junto con la Sanidad, la Educación es uno de los pilares sobre los que descansa el Estado de bienestar.

Desde estas páginas hemos diagnosticado varias veces los males endémicos de un sistema que se mantiene por inercia y que amenaza con perpetuarse por la falta de voluntad política. Además de la inoperante acumulación de leyes educativas (siete en 35 años de democracia), de que la descentralización administrativa haya creado 'de facto' un sistema por comunidad autónoma y de la endogamia entre el profesorado, existen una serie de problemas que afectan fundamentalmente a los primeros niveles educativos.

Así, es inconcebible que siga vigente un sistema que permite a los alumnos pasar de curso sin haber aprobado todas las asignaturas. La promoción automática revela que la escuela es concebida por nuestros dirigentes más como un lugar de estancia obligatoria hasta los 16 años que de instrucción. Además, esta obligatoriedad impide que quienes no estén interesados en una formación académica puedan acceder a edades tempranas a ciclos de formación profesional, más acordes a sus intereses personales. De esta forma, al rebajar la edad de la educación obligatoria, podría ampliarse el bachillerato para convertirlo en un ciclo formativo más intenso y riguroso.

Por otra parte, una de las cuestiones que genera más debate es la forma en que deben impartirse los conocimientos. Algunos pedagogos denuncian la enseñanza memorística para proponer metodologías que fomenten la «creatividad» y la «motivación» del alumno, olvidando que la memoria es un elemento fundamental del aprendizaje y de la fijación del saber. Porque el conocimiento no se adquiere de forma lúdica, sino a través del esfuerzo, de la disciplina, la exigencia y la evaluación rigurosa de los resultados. Estos valores, encarnados en la figura del profesor, al que habría que volver a dotar de la autoridad perdida en las aulas, deben ser los que vertebren el sistema educativo, olvidándose de propuestas bienintencionadas que ya han demostrado su ineficacia. Sorprende que haya aún profesionales educativos que consideran obsoletos los exámenes y las reválidas al final de cada ciclo. O que se pretenda que sea cada alumno el que marque el ritmo de su educación, hurtándole al profesor una de sus funciones principales.

Es necesario, por todo esto, que el gran pacto de Estado por la Educación al que todos dicen aspirar deje de ser un eslogan y nuestros representantes tomen conciencia de la trascendencia del problema ahora que aún estamos a tiempo.

La «democracia bolivariana» llega al PSOE el sábado
Ramón Pérez-Maura ABC 26 Febrero 2016

Aunque a usted le cueste creerlo, el candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene convocada una consulta el próximo sábado -dentro de sólo cuatro días-, a celebrar en todo el territorio nacional sobre una cuestión tan trascendental como si su partido formará Gobierno o no la próxima semana con los acompañantes que tiene disponibles. En un alarde de ejemplo democrático, Sánchez decidió desposeer al Comité Federal de su partido -que ni debe de ser demócrata, ni debe de tener criterio político, ni debe de acumular la suficiente experiencia, de la que Sánchez anda sin duda sobrado...- de su capacidad de decisión y se la otorgó a todos los militantes del PSOE. Y llegados al día de hoy, martes 23 de febrero -con perdón- a sólo cuatro días de tan trascendental consulta democrática, ¿se ha hecho público el censo?, ¿se sabe cuál es la pregunta?, ¿se sabe el horario de una votación tan trascendental para el futuro de España?

Como en tantas otras cosas, Sánchez y su equipo pretenden dar lecciones de democracia al resto de los españoles y están demostrando que no se saben ni el catón. Pero lo más preocupante es que no hayamos escuchado ni una voz dentro del PSOE que haya denunciado este robo de competencias al Comité Federal sin que el procedimiento para que las asuman otros miembros del partido esté definido a unas horas de que, en teoría, se ponga en práctica.

Y aquí llegamos a la mejor demostración de la creciente influencia de la patulea de Podemos en el PSOE. Si al fin este sábado hay esa consulta, sin la que según las condiciones que el propio Sánchez nos anunció en su momento no habría ningún pacto de Gobierno, será como las que hace el populismo bolivariano en nuestra América Hispana. Los detalles de la pregunta son irrelevantes. Lo que importa es la aclamación. Ya no se trata de saber qué programa político se va a aplicar o qué acuerdos se podría alcanzar o rechazar con Podemos, o con los independentistas catalanes o los vascos. Para eso hay que elaborar un programa de Gobierno detallado y someterlo a la aprobación de sus militantes. Y eso no lo digo yo, lo dijo Pedro Sánchez, que era el que iba a ofrecer en streaming -lo que viene siendo retransmitir- las negociaciones para formar Gobierno. Hace falta ser hortera de bolera para pretender algo así. Sólo le faltó anunciar que los maquilladores para tan larga emisión los pagaría el partido para así intentar convencernos de que no nos costarían nada. Cuando en realidad su partido, salvo cuando recurren a los ERE, lo financiamos todos.

Este sábado veremos plasmarse la primera gran mentira de Sánchez en su procedimiento para formar Gobierno: la supuesta «consulta» a las bases del Partido Socialista Obrero Español.

En defensa de las provincias y las diputaciones
Guillermo Dupuy Libertad Digital 26 Febrero 2016

La supresión de las diputaciones ha sido siempre una vieja aspiración de los nacionalistas con el objetivo de diluir en favor de las regiones el peso que desde la Constitución liberal de 1812 se había venido confiriendo a las provincias. En nuestra reciente historia democrática, los primeros en apuntarse en el ámbito nacional a esta reclamación fue Izquierda Unida pero pronto dejó de ser una aspiración exclusiva de la extrema izquierda y de los nacionalistas para pasar a ser también defendida por círculos de empresarios y por otras formaciones políticas a quienes les preocupa –y con razón- el excesivo peso que nuestras administraciones públicas ejercen en el sufrido contribuyente.

Es cierto que el expansionismo de nuestro elefantiásico sistema autonómico ha venido arrogándose competencias que implican duplicidades respecto a los servicios e infraestructuras que nuestras bicentenarias diputaciones provinciales brindan a los municipios más pequeños. Sin embargo, puestos a hacer ejercicios de austeridad y a alegar la necesidad de acercar la administración al administrado, más nos valdría eliminar duplicidades por la vía de erradicar competencias y poner coto al expansionismo y al centralismo autonómico que no hacerlo a costa de la administración local y provincial.

Las personas que no viven en comunidades pluriprovinciales no se pueden hacer una idea de la pérdida de autonomía que han sufrido las provincias desde la creación del Estado de las Autonomías. Pero muchos de los que sí que lo hacemos estamos un poco hartos de que, con la excusa de la descentralización administrativa, se refuerce el centralismo autonómico y nada se diga de instituciones absolutamente prescindibles y despilfarradoras como son las delegaciones de los gobiernos regionales o las televisiones autonómicas por poner solo unos pocos ejemplos.

En el texto del acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE no se cuestiona el carácter provincial a ese Consejo Provincial de Alcaldes, con el que se pretende sustituir a las Diputaciones. Pero sí solo estamos ante una cuestión de nombres, ¿qué hace tanto despistado aplaudiendo este cambio en nombre de la austeridad? Más aun cuando los naranjitos, que siguen muy verdes, han hecho suya la cantinela de la "insuficiente" financiación autonómica que se brinda a Cataluña -léase a su administración regional- y que nada dicen de las tres Diputaciones Forales Vascas y los Cabildo canarios, que cuestan al contribuyente cuatro veces más que las Diputaciones provinciales de régimen común.

Por mi parte, no se me escapa el hecho de que en todas las administraciones del Estado –incluida las diputaciones y los ayuntamientos- existen gastos superfluos y redes clientelares. Por eso pienso que la cuestión decisiva es plantearse qué servicios son imprescindibles brindar a costa del contribuyente y luego decidir qué administración –local, provincial, autonómica o central- la brinda. Personalmente, entre la administración autonómica y la provincial, prefiero la segunda. Mientras la provincia ha sido siempre tradicionalmente aliada de la nación e inmune a los delirios identitarios segregacionistas, la región esta siendo utilizada como instrumento de fractura de la soberanía nacional y de la unidad del mercado.

Pacto contra el populismo y el nacionalismo
Antonio Robles Libertad Digital  26 Febrero 2016

Pedro Sánchez ha demostrado que sabe pactar, ahora deberá aprender a sumar. Porque con 131 votos está muy lejos de la investidura. Si tal evidencia es incontestable, ¿qué sentido tiene un pacto Sánchez/Rivera si no sirve, primero, para investir al presidenciable, y segundo, para gobernar en el caso que llegara a ser investido?

Todo habrá sido – si hacemos un juicio de intenciones malsano - lo que parecía desde el principio, una precampaña de ambos líderes para mejorar posiciones en la línea de salida de las próximas elecciones de junio. En el caso de Sánchez, habría logrado pasar de ser discutido en su partido, a afianzar su secretaría general y asegurar la cabeza de lista a la presidencia de Gobierno por el PSOE. En el caso de Albert Rivera, habría logrado situarse en la equidistancia de la derecha y la izquierda, logrando así diluir el sambenito de ser la marca blanca del PP, además de afianzar una imagen de cordura, altruismo político y capacidad de diálogo nunca visto desde la transición. Y todo haciéndose con una cuota de pantalla durante las últimas semanas que le dará grandes réditos electorales.

Dicha la maldad, vuelvo a la primera pregunta: ¿qué sentido tiene este pacto si aparentemente no sirve más que para reforzar a los partidos implicados y a sus líderes?

Albert Rivera cree en el pacto y Pedro Sánchez lo ha defendido con determinación frente a Podemos. Es lo mejor que nos podía pasar. Aún cuando este pacto no logre la investidura de Pedro Sánchez, habrá conseguido, por su mera existencia, disolver los peores presagios que se cernían sobre un país en riesgo de quiebra territorial. No deberíamos olvidar que hace solo unas semanas, la ambivalencia del PSOE en cuestiones territoriales y el plurinacionalismo populista de Podemos amenazaban con convertir a España en un reino de taifas y una ruina económica si lograban llegar a un acuerdo de gobierno. Y sin embargo, el pacto con C’s ha resituado al PSOE como partido nacional, alejado del derecho a decidir y del chantaje nacionalista.

No es problema menor, el gran problema de España ahora mismo no es la crisis económica ni la corrupción. Entiéndase, siendo gravísimas, son un problema estructural y periódico, común a otros países de nuestro entorno, que las diversas opciones políticas están de acuerdo en resolver. No así en la crisis territorial, el problema más desestabilizador de nuestro tiempo. O se soluciona, o arruina al país.

Este es el gran triunfo de C’s en el pacto: haber logrado persuadir a la izquierda representada por el PSOE, para que ejerza como partido nacional sin complejos. No hay más que ver la hecatombe de improperios que le han llegado de los partidos secesionistas y los recelos del PSC.

Como contrapartida, El PSOE ha logrado implicar a C´s en la defensa de un Estado Social de centro izquierda reformista, basado en la economía productiva y a salvo de un Estado despilfarrador. Si el PSOE ha de agradecer a C’s reencontrarse con su alma nacional, éste ha de agradecer a aquel retornar a uno de los pilares fundacionales de la cosmología que lo creó: un partido sincrético basado en los valores del socialismo democrático y el liberalismo social.

Sin ninguna duda el pacto merece contar con la abstención del PP, o en su defecto, formar parte de él. Es la oportunidad de salir de un atolladero que, a priori, tenía los peores augurios. Y no se esfumarán si anteponen el interés del partido a los intereses de la nación que tanto alardean defender.

P.D. No todo es aire renovador en el tratamiento de la cuestión territorial aquí tratada. Dos detalles para hacer boca en espera de posteriores análisis: dejar a criterio de cada Autonomía el peso ponderado de cada lengua en el horario escolar, o convertir al Senado en cámara territorial... No se debería olvidar, que tales supersticiones son el caldo de cultivo del que ha nacido el mal llamado derecho a decidir. Contradicciones.

La tomadura de pelo
Pedro de Tena Libertad Digital 26 Febrero 2016

Señoras y señores, nos están tomando el pelo. En el acuerdo que se ha firmado entre PSOE y Ciudadanos, ¿cuántas cosas concretas hay? Veamos. Está de actualidad creer que se suprimen las Diputaciones, pero no serán las vascas ni las insulares. El PSOE andaluz no quiere, el PP tampoco. ¿Y qué se va a hacer con el personal? ¿Despedirlo? ¿O va a seguir con otros nombres? Pues para eso...Veamos el régimen electoral. Ah, no se podría hacer sin el concurso del PP porque hacerlo conlleva la reforma de Constitución. O sea. Bueno, pero se suprimirá el Senado. Pues tampoco. ¿Y las listas electorales? ¿Abiertas, cerradas o regulares? No se sabe.

La reforma educativa del PP no se va a tocar del todo, ni se va mejorar ni habrá ley española de educación. Tampoco se tocará toda la reforma laboral. No se sabe bien cómo quedará la negociación colectiva ni el papel de los sindicatos, bien corrompidos por cierto. De contrato único, nada de nada. Ahora se va por un nuevo modelo en el que hay sólo dos contratos: fijo y temporal con un máximo de dos años. Pero hay una novedad, la indemnización del temporal es creciente (12-16-20 días para despidos objetivos y 20-25-33 para improcedentes). Es decir, que a los dos años las condiciones son iguales que las del fijo. No se entiende.

Bueno, ¿Y la Justicia? ¿Será de una vez para siempre independiente? Pues lo único que se dice es que el Consejo General del Poder Judicial reducirá sus miembros a la mitad. ¿Sin mediación de los partidos? Qué va. Los partidos nombrarán a un comité encargado de seleccionar a los altos cargos mediante un proceso de evaluación en el Parlamento similar al que son sometidos los comisarios europeos. Etcétera. Sobre corrupción, con el acuerdo en la mano, ni Chaves ni Griñán habrían dejado el cargo. En Andalucía no se ha tocado nada de nada y va camino de hacerse lo mismo en el resto de España. O sea, bla, bla, bla, el mismo de siempre, esto es, lo que no sea corrupción del PP, ni se cuenta, ni sale en la tele ni se sabe ni se dice ni se toca.

Eso sí, pagaremos más impuestos seguro sobre seguro, salvo los de la ceja a los que se les baja el IVA al 10 por ciento desde el 21 sin que nadie sepa por qué hay que beneficiar a ese sector económico sobre otros mucho más importantes para el empleo español. Sobre pensiones, vuelta al Pacto de Toledo de 1994 con un impuesto más, aportación socialista.

O sea, y para no seguir, una tomadura de pelo al por mayor donde, si finalmente se configura el gobierno, será el presidente del gobierno y su consejo de ministros los que concreten no se sabe cómo ni se sabe bien qué. Y será en ese momento, si llega, cuando se comprobará cuándo, cuánto y quién traiciona al otro. Lo que las leyes no concretan, lo aclaran los reglamentos y quiénes reglamentan. Me temo, por experiencia, que el pardillo en este caso será Ciudadanos.

Y luego está la tomadura de pelo al socialista de a pie con la pregunta de la consulta que prometió Pedro Sánchez y que se va a hacer, dicen, el día 28. El texto de la pregunta es: "El PSOE ha alcanzado y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. ¿Respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista?" No es una broma. Ya sé que lo parece y que a Susana Díaz le tiene que estar dando la carcajada de cabrero. O sea, que hay que haberle leído casi 70 páginas de acuerdo, por ahora sólo con Ciudadanos, que ya veremos si se añade alguno más, en unos días y sin otra opción que el sí o el no. ¿A qué? Pues al todo o nada.

España tiene que ser, debe ser, una cosa más seria que este esperpento que se nos ha presentado por parte de dos partidos que han perdido las elecciones y que no suman más que 130 diputados. Y una pregunta final. Si se quiere la participación del PP en el consenso, ¿por qué no debería ser el PP el que presidiera el gobierno resultante, sin Rajoy si así se exige, si es el partido que ha ganado las elecciones y tiene casi los mismos diputados que PSOE y Ciudadanos juntos? Albert Rivera no sabe ni contesta a esto. Nadie contesta. Sólo nos toman el pelo una y otra vez. Y hay que ver la de gente inteligente que aplaude enardecida. Estoy perplejo.

El mito de 'la pinza'
RAÚL DEL POZO El Mundo 26 Febrero 2016

Madrid sigue siendo la capital de los mentideros, tal como la describieron los dos cojos más célebres que renquearon por el Foro: Quevedo y Romanones. Siempre se pensó que el diablo era cojo. El poeta republicano José Antonio Balbotín arremetió en un poema satírico contra el conde por su ansia de dinero y su maldad para fabricar intrigas: «'Cojo de mala cojera/ cojo de cuerpo y alma/ España no estará en paz/ hasta que estires la pata'». Don Francisco de Quevedo, putero, también cojitranco, y cazalloso -Góngora le llama Francisco de Quebebo- desde que se vio en Madrid, nos contó lo que vio. Se inventó mil aguafuertes; contó que la sarna se estaba muriendo de hambre, mientras la corte ardía con las supercherías del gobierno de los demonios para pasar las mentiras por verdades.

Hace unos años descubrimos cómo los vicios de la corte y las acciones de pasar por mentiras las verdades seguían sucediendo. Y así surgió el mito de la 'pinza'. La ficción consistió en inventarse una conjura contra el Rey y contra Felipe González. A un grupo de periodistas y escritores nos acusaron de pertenecer al Sindicato del Crimen. Pero toda mi participación en la conjura consistió en ir a un cóctel y posar para una fotografía; por eso, desde entonces, y por otras cosas parecidas, ya sé que la Historia es la relación de los hechos imaginarios y la política, el arte de revestir las serpientes.

'La pinza' o los extremos de una herramienta que se juntan para sujetar algo, fue el nombre del pacto de José María Aznar con Julio Anguita para echar a Felipe González. Julio Anguita declaró muchos años más tarde que aquella fue una invención de Goebbels para hundir a IU. Pero lo más asombroso es que 'la pinza' se sacó del baúl por los mismos hace unas semanas para describir la supuesta alianza entre el PP y Podemos. Esta vez la herramienta de propaganda saltó por los aires cuando se firmó el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Los de Podemos se sienten engañados por el PSOE; les acusan de tramposos y les dicen que ellos sí que quieren hacer 'la pinza' con el PP, como cuando sostienen la Monarquía o firman el Artículo 135.

Los socialistas se volvían muy de izquierdas en las campañas electorales y luego pactaban con los nacionalistas conservadores. Los dirigentes del PSOE en esta democracia no fueron ni Attlee ni Olof Palme, ni siquiera Mitterrand. Churchill, enfurecido porque Attlee le ganó las elecciones a pesar de haber ganado él la guerra, dijo: «Llega un taxi vacío al número 10 de Downing Street, se abre la pera y sale míster Attlee». Pero aquel 'premier' hizo cambios revolucionarios como los hizo después Olof Palme. Por eso lo mataron. Aquí los socialistas sobreactúan en su asco a los del PP y luego se reparten el Estado con ellos. Por fin, Pedro Sánchez habló de reformismo. Y ya advirtió Lenin a los dos Pablos, dos Iglesias, que la experiencia de todos los países muestra que los trabajadores han sido burlados siempre por los reformistas. «El reformismo y la regeneración son cuentos para engañar y corromper».

El PP y los fraudes
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 26 Febrero 2016

Ante el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, el PP está perdiendo los pocos papeles que le quedaban. Hay que estar muy poco al tanto de las más elementales reglas de la comunicación para que se hayan atrevido a calificar de fraude un acuerdo entre dos fuerzas que, en lugar de dedicarse a lamentar lo mal que los han tratado los electores, han decidido poner negro sobre blanco lo que querrían hacer si se encontrasen con la posibilidad de formar un Gobierno.

“Fraude” debiera ser una palabra completamente prohibida en el PP de Rajoy, pero están tan atolondrados que se olvidan de cosas esenciales, a no ser que la hayan empleado conscientes de que merecen más que nadie el título de especialistas en fraudes de todo tipo, algo así como si dijeran “ese pacto es un fraude, y estamos seguros de que nadie se atreverá a negarnos autoridad en esa clase de apaños”. Rajoy está consiguiendo llevar su incompetencia política a un grado de barroquismo inaudito, de forma que se está convirtiendo en un auténtico peligro público cuyas acciones pueden acabar manchando y destrozando a cualquiera que se le cruce en el camino, empezando por el Rey, que hay que suponer tomará precauciones si necesita volver a recibirle.

Mentir sobre las reglas del juego
No hay peor cosa que el que se obstina en discutir los resultados de un mal partido ignorando que la sabiduría práctica de los ingleses ha establecido que un gol es un gol sólo si lo admite el árbitro, que para eso está. Rajoy pretende haber ganado unas elecciones con tan escasa razón como el que, por ejemplo, argumentase que el resultado de un partido debiera ser el vigente en el minuto 75, cuando su equipo iba por delante en el marcador. En nuestra democracia, que es parlamentaria y no presidencialista, los diputados aprueban o rechazan la investidura presidencial del candidato que ha sido propuesto por el Rey, tras haber hablado con los líderes de los grupos, y no es posible que nadie reclame para sí esa designación aludiendo a que tiene más votos que otros, sencillamente porque esa no es la manera de proceder que ha establecido la Constitución. Incomprensiblemente, Rajoy, tal vez preso de un ataque de indolencia, decidió que esa era una oportunidad imposible para él y no perdió ni medio minuto en tratar de convencer a ningún parlamentario de que le diese su voto, pretendiendo, al parecer, que el Rey le evitase el mal trago, pero que, además, no le concediese a nadie la oportunidad que él desestimaba. Rajoy ha reclamado la medalla de oro en un concurso de arco, ignorando las reglas del juego de bolos en el que estaba participando.

Ni yo ni nadie
Era muy difícil que Rajoy fuese elegido por este Congreso, en que tiene casi el doble de diputados en contra que dispuestos a apoyarle, y eso que esa proporción amplia favorablemente a sus intereses el resultado de las elecciones en el que sólo el 28,72 por ciento de los españoles le dieron el voto, pese a los innumerables méritos que ha proclamado, a hora y a deshora. ¿Qué autoridad puede invocar para evitar que otros intenten una investidura a la que ha renunciado para librarse de un más que probable sofocón?


La política es pacto, no sólo victoria o derrota, y el PP, de Rajoy y con Rajoy, está completamente inhabilitado para cualquier pacto, además de que él mismo no ha hecho el más leve ademán de intentarlo. La razón de esa incapacidad tiene algún interés y proviene de dos frentes distintos con un denominador común, su empeño en desoír las incesantes quejas de los ciudadanos. En primer lugar, las de aquellos que estiman que el PP les ha robado su voto haciendo una política que nada tiene que ver con lo que prometió, y son millones, y cuyo aval político ha ido a parar a otros partidos, o a la abstención, prefiriendo cualquier cosa antes que más Rajoy. En segundo lugar, el descrédito general que le afecta por su lenidad a la hora de atajar la galopante y ubicua corrupción que afecta a muchos de sus dirigentes y que ha hecho que se extienda una desconfianza general sobre la presunta decencia de sus líderes. Se trata de una sombra de la que, desde luego, no puede estar exento un Rajoy que le dijo a uno de los rufianes más notorios de toda esta maloliente trama que haría lo que pudiese por él, sin que haya aclarado nunca a qué se refería exactamente con esos auxilios indignos, mientras le demandaba una fortaleza que no tenía otro remedio que suscitar la sospecha de una inconfesable complicidad.

En cualquier democracia mínimamente exigente, Rajoy estaría fuera de la política desde hace muchos meses, pero aquí se permite el lujo de calificar de defraudadores a quienes intentan articular una alternativa al gravísimo vacío que ha provocado su política.

Rajoy, persona non grata
En la ciudad en que Rajoy ha dedicado más horas a lo que entiende por política, en su querida Pontevedra, una pandilla de avezados demagogos ha declarado a Rajoy persona non grata, por unos motivos cuya enumeración debiera avergonzar a quienes los han esgrimido, pero no será el caso, pues han demostrado ser capaces de prender fuego a una casa para calentarse un huevo. Tan sorprendente y disparatado suceso ha dolido a Rajoy, lógicamente, pero le ha llevado a hacer unas sorprendentes declaraciones en las que, de manera indirecta, se compara con Hitler y con Stalin, seguramente para salir favorecido. En verdad que el presidente en funciones no ha estado muy fino escogiendo el término de comparanza, pero esa alusión me ha hecho recordar unas palabras de Albert Speer, el ministro responsable de construcción y arquitectura del III Reich, para explicar cuál era, en su autorizada opinión, la ideología del partido nazi, desengáñese, le decía a su interlocutor, nuestra ideología se resume en dos palabras: Adolf Hitler. Pues bien, habría que preguntarse si cabe una respuesta similar en el caso del PP y de Rajoy, si esa es también la única ideología que le queda a este PP que se mantiene supuestamente firme negando salida alguna al resultado de diciembre, si no pasa por las dos palabras mágicas, por Mariano Rajoy.

Hace falta mucha capacidad de disimulo para ocultar el hecho de que lo que el PP defiende como un bien, un gobierno constitucionalista de gran coalición capaz de afrontar con fortaleza y rigor, los enormes problemas que padecemos, es lo que se proponen hacer el PSOE y Ciudadanos. Pero esa propuesta no cuadra con la ideología del PP reducida a dos palabras, al nombre de un líder vapuleado, sin iniciativa y sin norte. ¿Acompañarán los diputados del PP a su líder cuando se dirija a píe firme al abismo? ¿Creen acaso que los españoles les premiarán su esfuerzo en ocuparse más del destino de una persona que de los problemas de todos?

El caudillismo a deshora
Caudillismo y democracia son, o debieran ser, dos ideas incompatibles, pero parece que en el PP hay empeño en convertirlas en sinónimas. El caudillismo es un mal remedio de otras carencias, pero es un recurso surrealista cuando el supuesto caudillo no hace otra cosa que dar muestras de desorientación y actuar con la lógica de un zombi. Los españoles se merecen buena parte de las desdichas que nos azotan porque las han fomentado con un voto escasamente comprensible desde un punto de vista racional, pero el castigo no debiera de llegar tan lejos como para que millones de españoles que quieren libertad, trabajo, mérito y orden se vean prisioneros del incierto destino de una persona que ha equivocado gravemente los signos políticos y que parece víctima de esa insolencia con la que los dioses castigan a los que se exceden en su orgullo.

No está el PP en condiciones de acusar a nadie de fraude, pero está todavía a tiempo de no defraudar una vez más a quienes saben poner las cosas en el orden debido, la patria, la libertad, la democracia y, sólo después, el propio partido. En esa escala no caben los personalismos, no caben las reducciones de todo a las dos palabras de un nombre, y, llegado el caso, quienes así lo hicieren habrán firmado su sentencia de muerte política, salvo que crean en el imposible milagro de Rajoy, como un nuevo Cid, precisamente en Valencia, ganando batallas después de muerto.

La bestia de Aragón
Rubén Olmeda  www.gaceta.es 26 Febrero 2016

“Permítanme que sea malvada”, así empieza la frase una bestia que se apellida Bella, curioso chiste del destino sobre una tiparraca diputada de Podemos en Aragón a la que el apellido le pega tanto como a su jefe el esmoquin.

Lo que sigue a esa confesión de futura maldad es, posiblemente, la mejor muestra de lo que está pasando en España con la llegada de los podemitas a las instituciones, un “todo vale” con tal de arrearle al PP o lo que ellos llaman “la derecha” y “el capital”. No hay cosa que más una que el enemigo común, y todas estas tribus de “carmenitas” y “kichis” tienen como enemigo común a las clases medias. Dicen que los malos son los ricos, pero realmente los malos son las clases medias, que son las que pusieron al PP en el gobierno con 11 millones de votos en su momento.

Los “comunes”, los “mareas”, los “podemitas” y cualquier otra tribu socio política tienen su mira puesta en lo que más daño le pueda hacer a la derecha en España, porque ahora es su momento, nadie se lo va a quitar, lo que sus abuelos no pudieron hacer, ellos lo van a conseguir. Ahora van a ganar la Guerra, ahora van a hacer la verdadera transición, ahora van a ver esos curas y esas monjas. Es nuestro momento y nadie nos lo va a poder quitar, ahora nos toca a nosotros hacer el mal. Cualquier tribu amiga que haya luchado anteriormente para que nosotros estemos ahora aquí, es bienvenida y tenemos que hacerles homenajes, se llamen ETA o se llamen GRAPO. Es momento de quemar libros en las plazas mayores y empezar a construir nuestra propia historia.

Por eso este vómito intelectual es tan importante, porque marca un antes y un después en los límites que las tribus saqueadoras tienen cuando trepan por los muros y se apoderan de las ciudades. El límite era ETA y empezaron jugando con las asociaciones de víctimas (una Concejal del Ayuntamiento de Madrid con apellido de árbol de hoja caduca ya se mofó de lo bien que le había ido al PP con los atentados), luego utilizaron a la tropa de a pie, su gleba, los titiritarras de Tetuán, y ahora por fin se quitan la media como el atracador de bancos cuando se sube al coche, ahora les vemos la cara (normalmente muy fea, por cierto) y aparece “la bestia” que llevan dentro. La Bella-bestia de Aragón dijo, en comparación con un caso de violencia doméstica, que Miguel Ángel Blanco también podía haber mirado hacia atrás cuando le secuestraron.

Yo me afilié al Partido Popular principalmente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y si sigo afiliado es también por su memoria y por todos los que han caído defendiendo las ideas de libertad y democracia, porque el PP no es de cuatro mangones, es de los afiliados, los que pagan su cuota y dedican tiempo por su barrio, por su ciudad, por su comunidad y por España.

Atacar a Miguel Ángel Blanco, aunque sea en plan “a ver si quema”, flojo, es atacar a lo más sagrado que tenemos en España, el recuerdo y la memoria por nuestras víctimas. Atacar a Miguel Ángel es saltarse todas las reglas de la decencia y demostrar que las bestias son bestias, se llamen Bellas o se vistan de esmoquin. A mi no me engañan, van a por todo, jodieron la cabalgata a nuestros hijos, quitaron las calles que les molestaban, rompieron esculturas de patrimonio, nos mandan callar, expulsan a la oposición de las comisiones, se reparten los cargos entre los colegas y ahora están preparando el asalto a la Semana Santa.

Avisados estamos, el que no lo entienda es que no lee, no escucha y no atiende a lo que ocurre en su entorno. Van a por la Semana Santa y la llamarán “Semana Festiva” o “Semana Santa Laica” o “Semana Blanca”, lo veremos en un mes.

Lo que ha dicho la bestia de Amparo Bella, diputada de las Cortes de Aragón por Podemos, es solo un aullido, un grito que pone en pie a las huestes, ahora todos los podemitas saben que hay carne, ya conocen la dirección, solo tienen que seguir el olor, el mal olor.

Basura podemita contra la memoria de Miguel Angel Blanco
EDITORIAL Libertad Digital 26 Febrero 2016

La diputada de Podemos en las cortes aragonesas, Amparo Bella, ha dado una muestra más de la catadura moral de esta formación política, cuyos dirigentes siempre han estado mucho más cerca de los terroristas que de las víctimas de sus violencias y asesinatos.

En este último episodio de humillación gratuita a las víctimas del terrorismo, la diputada aragonesa de Podemos se atrevió a utilizar unas declaraciones desafortunadas sobre un episodio concreto de violencia doméstica, para sugerir que Miguel Angel Blanco también debería haber mirado hacia atrás y así evitar su secuestro y posterior asesinato.

La diputada podemita no puede ofender la memoria de Miguel Angel Blanco porque nadie en ese submundo tiene la categoría suficiente para mancillar el recuerdo del joven concejal del PP vasco, asesinado cruelmente por una banda terrorista con cuyo entorno político han trabado los dirigentes de Podemos tan buenas relaciones. Ahora bien, la utilización del joven mártir del Partido Popular, cuyo cruel asesinato propició un movimiento ciudadano y político sin precedentes contra la banda asesina, no puede quedar sin el castigo que establecen las leyes para quienes denigran con tal vesania la memoria de las víctimas.

Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ha exigido la dimisión inmediata de la diputada podemita por esas palabras intolerables, sobre las que ni ella ni su partido se han disculpado hasta el momento. Además, la hermana de Miguel Ángel Blanco está dispuesta a emprender acciones legales que la fiscalía, de hecho, tendría que haber iniciado de oficio.

El episodio en las cortes aragonesas no es un hecho aislado del que no deban extraerse conclusiones políticas. Al contrario, la vergonzosa actitud de la diputada de Podemos es el reflejo de lo que España puede esperar de un movimiento ultraizquierdista, para el que toda violencia contra lo más noble de nuestra sociedad tendrá siempre una calurosa justificación.
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Si Otegi reincide… a la cárcel
Okdiario  26 Febrero 2016

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, deberá estar muy atento a todo lo que ocurra en el País Vasco a partir de la semana que viene. La salida de Arnaldo Otegi de la cárcel de Logroño el próximo martes supondrá el inicio de una concatenación de actos en homenaje a la figura del dirigente etarra que culminarán el 5 de marzo con una reunión masiva en el velódromo de Anoeta. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está sobre aviso al respecto de lo que puede suceder en estas jornadas de exaltación abertzale. Si en algún momento Otegi excede las normas democráticas y enaltece de manera explícita o implícita el terrorismo, el Estado tiene que actuar con contundencia y devolverlo al presidio.

Ante la petición de prohibir todos los actos que ha efectuado el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, la Fiscalía ha reaccionado aumentando la vigilancia. Si bien la libertad de expresión está recogida en el artículo 20 de la Constitución y el derecho de reunión en el 21, decir Otegi es decir terror, retrotraernos a algunos de los peores capítulos de nuestra democracia, nombrar a una persona que odia a España y desprecia su Carta Magna. Por ello, toda precaución será poca y el despliegue especial de Policía y Guardia Civil para supervisar el transcurrir de los actos resulta imprescindible. Ante cualquier desmán del entorno de ETA, el Estado debe mostrarse inflexible y proteger la dignidad de todos los españoles.

Uno de los colectivos más afectados por la puesta en libertad de Otegi es la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) quien ha pedido también al juez Velasco que prohiba unas celebraciones que, organizadas por los proetarras de Sortu, pretenden presentar a Otegi como un hombre de paz, algo opuesto a la realidad si atendemos a su currículo, donde figuran hechos como el secuestro del político Javier Rupérez en 1979 en el que tomó parte, a pesar de salir absuelto por falta de pruebas materiales, como certificó otra de las participantes, la francesa Françoise Marhuenda. Un hombre que fue condenado a 10 años de cárcel el pasado 16 de septiembre de 2011 y que sale ahora después de que el Tribunal Supremo le redujera seis años y medio de la misma en 2012. El etarra recibirá honores de héroe en Elgoibar y San Sebastián, ambos lugares gobernados por el PNV, que facilitará la organización de un acto en la plaza de su ciudad natal y en el velódromo de Anoeta de la capital de Guipúzcoa.

La elección del complejo deportivo de Anoeta no es ninguna casualidad ya que es una especie de templo simbólico dentro de la izquierda radical vasca desde los tiempos de Batasuna. Una manera de demostrar músculo ideológico si consiguen llenar un escenario donde se llegaron a reunir más de 14.000 proetarras. La maquinaria de propaganda funciona ya a pleno rendimiento y han repartido carteles promocionales por los lugares donde estará Otegi. Tanto es así que incluso los vecinos han alertado a la Policía del alto contenido político de los mismos. El desafío de la Audiencia Nacional a partir de la semana que viene es garantizar que la dignidad de España y de los españoles se mantiene intacta, así como salvaguardar la memoria de todos aquellos que pagaron con su vida la barbarie de los asesinos de ETA.

El TSJC anula la orden de la Generalitat que obliga a los empleados públicos a hablar en catalán
Okdiario 26 Febrero 2016

El tribunal considera que el "contenido imperativo" del reglamento se "extralimita" del marco normativo fijado por el Estatut de Cataluña.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado parte del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña, entre ellos los artículos que fijaban el catalán como lengua de comunicación entre el personal y que todas las conversaciones se tenían que iniciar en este idioma.

En una sentencia, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativa del alto tribunal catalán da la razón al adjunto de cirugía pediátrica del Hospital Joan XIII de Tarragona en contra del Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público e Cataluña y del Protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y del sector público que depende de ella.

El tribunal acuerda anular el artículo de ambos protocolos que establece que “la lengua de comunicación entre el personal debe ser la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc, especialmente ante terceras personas: usuarios y sus familiares, y personal sanitario o laboral externo”.

Para el tribunal, el “contenido imperativo” de este artículo se “extralimita” del marco normativo fijado por el Estatut de Cataluña.

Con los mismos fundamentos, el TSJC anula otro artículo, que fija que “tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, este mantendrá en catalán -independientemente de la lengua que utilice el interlocutor-, salvo el caso que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en otra lengua oficial”.

Entre los argumentos esgrimidos por el TSJC para anular estos dos artículos también figura que entre los profesionales de la sanidad a los que se dirigen los protocolos se encuentran los médicos internos residentes (MIR) de una convocatoria anual de carácter estatal “abierta a facultativos comunitarios (de la UE) y extracomunitarios, a los que no se exige el conocimiento de la lengua catalana”.

El alto tribunal catalán también ordena suprimir algunas expresiones de un tercer artículo de ambos protocolos, en el punto que subraya que las conversaciones telefónicas “siempre” se tendrán que iniciar en catalán.

Según la sentencia, el “carácter indiscriminado” de esta parte del artículo, en la que no distingue “siquiera las conversaciones no directamente relacionadas con el servicio que pueda mantener el profesional sanitario” debe ser eliminada, “por forzar sin justificación el derecho de opción lingüística del usuario”.

El TSJC también ordena eliminar la parte en la que se subraya que si el usuario no habla catalán pero lo entiende, “se continúa hablándole en catalán, salvo que pida ser atendido en castellano”.

El tribunal anula además parte del artículo del protocolo que precisa que en la documentación interna, como nóminas, contratos, avisos o circulares, debe ser en catalán y que “si se tienen que rellenar (como la documentación relacionada con la gestión de personal), también se tiene que hacer en esta lengua”.

Por el contrario, el TSJC mantiene la validez de los demás artículos impugnados, entre ellos el que establece la preferencia a la hora de adquirir y usar programas informáticos en versión catalana y el que fija que el uso de lenguas no oficiales tiene que ser “excepcional y justificado”, al no apreciar ninguna ilegalidad.

El grupo “Impulso Ciudadano”, asociación que ha asesorado al profesional sanitario que ha interpuesto el recurso ante el TSJC, ha valorado este jueves el contenido de la sentencia, dictada en diciembre de 2015, al considerar que “ha mejorado la seguridad jurídica de los empleados públicos” y que gracias a ella existe “una mayor libertad lingüística en las relaciones entre los empleados públicos y de estos con los ciudadanos”.

Cataluña ante el desafío secesionista
El TSJC anula de manera parcial la obligación de hablar en catalán en el sector sanitario y público
La Generalitat no ha tardado en recurrir la sentencia al Tribunal Supremo
Redacción www.lavozlibre.com 26 Febrero 2016

Madrid.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado de manera parcial la obligación de hablar en catalán a funcionarios del sector sanitario y público. En sentencia de 9 de diciembre de 2015, -según ha hecho público Impulso Ciudadano-, la Justicia catalana ha anulado parcialmente el Protocolo de Usos Lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña y el Protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y el sector público. Aunque, eso sí, la sentencia es firme porque no ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la Generalitat de Cataluña.

En concreto, el TSJC anula, por contrarios a las reglas de la cooficialidad lingüística y al derecho a la libertad de expresión, los siguientes mandatos:

1.- La obligación de utilizar el catalán como lengua de comunicación oral entre el personal al servicio de la Generalitat así como al dirigirse a los ciudadanos durante su ejercicio profesional. En concreto el protocolo ordenaba que los funcionarios públicos utilizaran el catalán en las conversaciones presenciales, así como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc., y especialmente delante de terceras personas: personal externo, usuarios y familiares de estos.

2.- La obligación de utilizar el catalán como lengua de comunicación del personal al servicio del sector público catalán con los usuarios. El protocolo contemplaba dicha obligación “Tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, éste la mantendrá en catalán – independientemente de la lengua que utilice el interlocutor – salvo que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en la otra lengua oficial”.

3.- La obligación de los empleados públicos de iniciar las conversaciones telefónicas en catalán. El protocolo disponía que: “Las conversaciones telefónicas siempre se han de iniciar en lengua catalana. En el caso de las llamadas externas, se han de responder con un mensaje de saludo en catalán que identifique la institución….

Si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa hablando en catalán, salvo que pida ser atendido en español. Si hay dificultades para entender el catalán, se puede continuar la conversación en español”

4.- La obligación de los ciudadanos de rellenar en catalán los impresos, formularios, etc. dirigidos a esas administraciones así como la documentación interna relacionada con la gestión de personal.

Asimismo el Tribunal salva de la nulidad otros mandatos de los protocolos al hacer una interpretación favorable a la cooficialidad lingüística, porque concluye que de su literalidad no puede deducirse que obliguen a un uso exclusivo del catalán. Es el caso de las intervenciones de los representantes oficiales en público y de la documentación interna y de la historia clínica, por ejemplo. Considera el Tribunal que el hecho de que se prevea que normalmente se utilice la lengua catalana no quiere decir que se impida el uso, también normal, de la lengua castellana.

El origen de esta sentencia, trascendental para la normalización del uso del castellano y del catalán en el ámbito administrativo dependiente de la Generalitat de Cataluña, está en la demanda interpuesta por uno de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, quien recibió una comunicación de la Gerencia Territorial del Camp de Tarragona del Institut Català de la Salut, en el mes de enero de 2012, con el denominado Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña, elaborado por el Departamento de Salud, la Secretaría de Política Lingüística y el Centro de Normalización Lingüística de Tarragona.

El citado Protocolo consistía en la adaptación realizada para el sector sanitario público del modelo publicado por la entonces Secretaria General de Política Lingüística con el nombre de “Modelo de protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente”.

Desde Impulso Ciudadano, asociación que ha asesorado al profesional sanitario que ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo, "valoramos muy positivamente el contenido de la sentencia dado que representa una mejora para la seguridad jurídica de los empleados públicos dependientes de la Generalitat. Asimismo consideramos que el fallo del TSJC garantiza una mayor libertad lingüística en las relaciones que se establecen tanto entre los ciudadanos y los empleados públicos dependientes de la Generalitat como entre estos últimos entre sí durante su jornada laboral".

"Lamentamos, finalmente, que la actuación fiscalizadora e intervencionista de la Administración catalana en la regulación – de una manera altamente restrictiva – de los usos lingüísticos, obligue a los empleados públicos y a los ciudadanos en general a acudir a los Tribunales a reclamar amparo sobre un derecho que debería ser obvio en un sistema democrático: la libertad de elección de lengua cooficial en las relaciones con las Administraciones Públicas", dicen desde la asociación.

Aclaran que 'no tiene voluntad de adoctrinar'
Así es el último libro infantil del separatismo
"Hay un sector de la juventud que aún no se siente suficientemente implicada”, tal es el motivo que movió a Toni Strubell, exdpituado independentista, a escribir "Viatge a la Via Catalana".
Rafael Núñez Huesca  www.gaceta.es 26 Febrero 2016

Viatge a la Via Catalana (Viaje a la Vía Catalana) es la aventura de dos simpáticos perros –Laia y Gori- que recorren Cataluña en busca de sus dueños. Acaban dando con ellos en la Vía Catalana. Con ellos y con todos los amigos humanos que hicieron a lo largo de su recorrido, pues allí estaban todos, pidiendo poder vivir “en libertad”. Entretanto, pasarán aventuras de todo tipo. Vivirán, a través de sueños, los episodios históricos en los que se forja “la nación catalana”, sufrirán el “expolio fiscal” en algunos barrios humildes, conocerán al célebre burro catalán, icono del procés, y viajarán en el llamado “bus de la independencia” y hasta en el 600 de la estelada en el capó, presente en todas las manifestaciones por la independencia.
En definitiva, el libro busca hacer partícipe a los lectores más pequeños del “emocionante momento que vive Cataluña hoy”.

El digital independentista “Directe.cat” califica el libro de “divertido y humanista” y se afana en aclarar que “de ninguna manera es adoctrinador y sí abierto a la imaginación y al amor al país”.

Según cuenta El Punt Avui, durante mucho tiempo el único diario independentista de Cataluña, el autor del libro, Toni Strubell, “considera que hay un sector de la juventud que en el futuro ayudará a llevar las riendas del país y que aún no se siente suficientemente implicada”. Tal es la razón que motivó al autor a escribir el cuento.

La presentación tuvo lugar en la sede principal de Òmnium Cultural, una de las asociaciones que impulsaron las manifestaciones independentistas de los últimos años, y contó con el presidente de la asociación, Quim Torra, que dice en el prólogo que el cuento “da a conocer nuestra historia , paisajes de nuestra tierra y, sobre todo , el alma de un país que se reencuentra con el anhelo de libertad".

Todo el entramado mediático-social-institucional del nacionalismo está facilitando la difusión y el conocimiento de la obra. No en vano, los autores –escritor y dibujante- llevan varios meses de tour por todas las poblaciones que aparecen en el cuento.

El autor, "pionero" del separatismo
El autor del libro infantil, Toni Strubell, que niega “ningún tipo de voluntad de adoctrinamiento", es exdiputado de Solidaritat Catalana per la Independència –el partido de Laporta y López Tena, creador del eslogan ‘Espanya ens roba’- y orgulloso pionero del separatismo. Ya en 1978 creó un “Comité Catalán Contra la Constitución Española” y hoy se muestra abiertamente partidario de “aprobar una declaración unilateral de independencia por parte de nuestro Parlamento”. Su hermano, Miquel Strubell, es también un viejo conocido en el mundo independentista y fue incluso uno de los fundadores de la Assemblea Nacional Catalana.

El autor del cuento llegó a comparar a Pedro Sánchez con Adolf Hitler y se ha visto envuelto en numerosas polémicas a cuenta de su exaltado temperamento político.
Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente 15 artículos del reglamento lingüístico de la Diputación de Gerona, Strubell se refirió al fallo como un “intento de exterminio de la lengua catalana”. El autor del cuento infantil animó públicamente a la Diputación de Gerona a declararse en rebeldía.

El desquiciante informe independentista que justifica desobedecer las leyes españolas
Los funcionarios son solo piezas que han de hacer lo que les ordenan, por tanto no tienen ninguna responsabilidad si no acatan las leyes españolas y desobedecen los fallos del TC
Antonio Fernández. Barcelona El Confidencial 26 Febrero 2016

Los funcionarios catalanes no cometerán prevaricación, ni dejación de funciones, ni omisión del deber de perseguir delitos, ni desobediencia, ni denegación de auxilio, ni rebelión, ni sedición, ni traición. Por no cometer, no cometerían ni desobediencia a la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional si hacen caso omiso a las leyes españolas y no aplican los fallos del TC. Así de contundente se expresa un ‘Informe jurídico sobre las posibles consecuencias en el ámbito penal de la actuación de los funcionarios durante el proceso hacia la independencia'. El informe fue encargado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a una serie de expertos y presentado este jueves por el coordinador sectorial de secretarios, interventores y tesoreros de la ANC, Joan Anton Font, el coordinador de la comisión de Administración Pública de la organización, Josep Antolí, y el miembro del secretariado Pere Grau.

¿Cómo han llegado a esas conclusiones? Muy sencillo: los funcionarios son solo piezas que han de hacer lo que les ordenan. ¿Y quién se lo ordena? El Parlamento catalán y el Gobierno de Cataluña. Así de sencillo. Por tanto, no tienen ninguna responsabilidad si no acatan las leyes españolas y desobedecen los fallos del TC. Esta es, a grandes rasgos, la tesis defendida por el texto.

El truco para evitarles esa responsabilidad está en que “la seguridad de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas requerirá que el Parlamento y el Govern legislen y den instrucciones de forma clara, diáfana y concisa, ya sea en aplicación y ejecución de la resolución 1/XI del Parlament [que está anulada por el propio TC], ya sea en toda la normativa posterior y acuerdos de Gobierno que nos conduzcan a la constitución de la República de Cataluña”.

Reconoce, no obstante, que podrán abrirse procedimientos y “se iniciarán algunas diligencias penales, pero tener la cualidad de investigado no equivale a haber cometido un delito, sino al hecho de que un juez de instrucción investigue unos hechos por si pueden existir indicios de delito”. Asegura que en cuanto se proclame la República catalana, los tribunales españoles dejarán de tener competencia en el territorio y los procedimientos serán cancelados.

La obediencia debida
Algunos de los argumentos utilizados en el informe, sin embargo, no se sustentan jurídicamente. Respecto al delito de prevaricación, por ejemplo, el texto señala que en los supuestos en que se refiere a este delito, la ley hace suponer que “los actos de contenido político quedan excluidos”. Dice en las conclusiones que la actuación de los trabajadores públicos “ha de hacerse al amparo de normativa clara y precisa del Parlamento y del Gobierno de Cataluña y bajo su paraguas” y, con ello, tendrían una ‘norma legal o legítima’ a la que agarrarse.

Respecto al posible delito de omisión del derecho de perseguir un delito, que se puede aplicar a los Mossos d’Esquadra, señala que estos están sujetos a los principios de jerarquía y de subordinación. Reconoce que la propia Ley de los Mossos dice que “en ningún caso, la obediencia debida puede amparar órdenes que comporten la ejecución de actos que constituyan manifiestamente delito o que sean contrarios a la Constitución o las leyes”. Pero, a continuación, afirma que “la obediencia se entiende de mandos. En consecuencia, la nueva normativa surgida del Parlamento de Cataluña o del Govern será la que legitimará las actuaciones y, por tanto, acatando las órdenes de los respectivos mandos policiales no se actuaría en contra del código de conducta, ya que este no posibilita poner en duda la actuación de los órganos con funciones legislativas (Parlament) o reglamentarias (Govern)”. O sea, ninguna actuación dictada por estos órganos podría ser interpretada como no ajustada a derecho.

El súmmum de las justificaciones lo contiene una frase en este apartado, en la que se señala que “hemos de tener en cuenta que en ningún caso las actuaciones de personas, autoridades y funcionarios, en cumplimiento de resoluciones del Parlamento de Cataluña o del Gobierno de Cataluña, serán delictivas a pesar de que sean contrarias a la Constitución española”.

El informe destaca también que no podrán incurrir en delito de desobediencia y denegación de auxilio porque hay dos órdenes contradictorias que son legítimas (las de las leyes españolas en vigor y las de las normativas que puedan dictar las instituciones catalanas). También niegan los posibles delitos de sedición y rebelión. Para este último, dice el texto, los reos deberían alzarse “violenta y públicamente” contra la legalidad vigente. “Si la violencia es uno de los hechos característicos y esenciales del delito de rebelión, se ha de concluir que ninguna de las actuaciones de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas, en ejecución de órdenes o instrucciones dadas por el Parlamento de Cataluña y el Govern o por sus mandos, podría ser constitutiva de un delito de rebelión”.
Un informe jurídicamente flojo

Respecto a la sedición, asegura el informe que se necesita “la voluntad de impedir el cumplimiento de la ley o el ejercicio de las funciones y cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales por parte de las autoridades o funcionarios, el que lo hagan mediante alzamiento público y de forma tumultuosa”. Y acogiéndose a la literalidad de ese 'alzamiento tumultuoso', llegan a la conclusión de que ninguna actuación, aunque contravenga la normativa española, se encuadra dentro de ese tipo delictivo.

El texto del informe niega también que pueda haber delito de traición (que circunscribe a periodos de guerra), y en cuanto a los posibles delitos por no ejecutar las resoluciones del TC, el informe recuerda que sí se prevén multas de 3.000 a 30.000 euros y la suspensión de funciones, pero que antes es necesaria la notificación individualizada, “y por los conductos legales, a la persona en concreto”. Pero advierte de que en el nuevo párrafo incorporado al artículo 87 de la Ley del TC, “por sus características, esta actuación del Tribunal irá destinada a las máximas autoridades del Govern y del Parlament, y sin una incidencia previsible sobre los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas catalanas”.

Se trata, pues, de un informe hecho con más corazón que cerebro, con cuantiosas lagunas jurídicas y con justificaciones que no superarían un mínimo examen legalista. Y ello porque parte de un supuesto falso: el de que el Gobierno catalán o el Parlamento de Cataluña tienen competencias para crear cuantas leyes les vengan en gana o dictar las normas que quieran. Pero una cosa son los deseos y otra la cruda realidad: las competencias del Parlament y del Govern están meridianamente claras en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución española. Y cualquier estudio sobre el particular debe partir de la base jurídica establecida, no desde una base jurídica falsa.

 


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