AGLI Recortes de Prensa   Jueves 10 Marzo  2016

Bruselas se harta del déficit de las autonomías
EDITORIAL Libertad Digital 10 Marzo 2016

Hace ya casi cuatro años, concretamente el 3 de abril del 2012, el ministro de Hacienda, tras incrementar las transferencias a las autonomías y avalar su demencial endeudamiento mediante los llamados hispabonos, lanzó a los gobernantes autonómicos la contundente advertencia de que ya no aceptaría "más excusas ni pretextos" en lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit. Montoro les recordó que la entonces recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria disponía de un mecanismo de "vigilancia, sanción e intervención", ante el que no cabían "posturas autóctonas", que dotaba al Gobierno de “suficiente armadura para hacer cumplir los objetivos de consolidación fiscal”. Montoro llegó a afirmar textualmente: "Si hay que intervenir una comunidad autónoma porque no esté en la senda de consecución de ese (tope de) déficit, se hará".

Aquella severa advertencia era imprescindible no sólo porque las comunidades autónomas habían sido las grandes responsables del desvío del déficit público comprometido con Bruselas en el último año de la legislatura de Zapatero, sino porque el imperativo de la estabilidad presupuestaria había adquirido rango constitucional en 2011 con la modificación del articulo 135 de la Carta Magna.

A pesar de las advertencias de Montoro, no ha habido desde entonces un solo año en el que el conjunto de las Administraciones autonómicas no haya sobrepasado los topes de desequilibrio presupuestario, sin que el Gobierno de Rajoy haya, no ya intervenido, sino siquiera sancionado a una sola de ellas. Por el contrario, lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy ha sido financiar el descontrol a través del Fondo de Liquidez Autonómica y establecer diferentes exigencias de reducción del déficit en función de su nivel de incumplimiento. Así, las incumplidoras se han visto al año siguiente beneficiadas con topes de desequilibro presupuestario más laxos.

Esta burda maniobra de elevar el número de aprobados mediante la reducción del nivel de exigencia a los menos esforzados no solo causó un entendible malestar entre las comunidades cumplidoras, sino que tuvo como lógica consecuencia que en años posteriores algunas autonomías que habían respetado el tope de déficit dejaran de hacerlo.

El caso es que ya en agosto de 2013 el FMI había recomendado al Gobierno de Rajoy que interviniera las comunidades díscolas en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si no quería que ésta quedara definitivamente en papel mojado. Una advertencia similar volvió a hacer este organismo en agosto de 2015.

Este miércoles ha sido la propia Comisión Europea la que ha enviado un nuevo aviso al Gobierno para que cumpla sus objetivos de déficit haciendo mención expresa a las comunidades autónomas y reclamando la activación de "los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española".

En este como en tantos otros ámbitos, mientras el Gobierno no cumpla su deber de hacer cumplir la ley, seguirá haciéndose cómplice de quienes la infringen.

Paren de financiar la secesión!
Vicente A. C. M  Periodista Digital 10 Marzo 2016

Mariano Rajoy no solo nunca ha perseguido la rebelión del secesionismo catalán, sino que además escudándose en una obligación de dar servicios a los españoles que viven en esa comunidad autónoma, desde que está al mando del Gobierno de España no ha dejado de dar dinero sin profundizar en la realidad de las cuentas presentadas, de esos balances del Gran Capitán. Y no contento con eso no asegurar el uso del dinero entregado para los fines previstos y permitir que sean desviados para otros como son las actividades del “proceso de independencia”. ¿A qué vienen esas reuniones tan “discretas” entre de Guindos y Oriol Junqueras?¿Cuánto dinero del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), previsto para todas las CCAA, está Rajoy dispuesto a dar al chantajista y secesionista Gobierno de la Generalidad?¿Hasta cuándo se va a dilatar el enjuiciamiento de los responsables de la desobediencia y rebelión, Homs, Forcadell, Mas entre otros desleales funcionarios públicos?

No me extraña que quien hace tiempo lleva siendo el abanderado de la dignidad del PP en Cataluña en su lucha sin igual pero valiente contra quienes quieren imponer la independencia y un único idioma en Cataluña a todos los españoles de esa Comunidad Autónoma, haya respondido a esa felonía del Gobierno de Mariano Rajoy con un comunicado cuya dureza creo incluso que se queda corta, al descubrir la iniquidad e hipocresía de unos dirigentes dispuestos a ser facilitadores, al menos económicamente, sufragando al independentismo. Nada menos que 7.500 millones de euros, y un adelanto de 600 millones para cubrir supuestamente la paga extraordinaria de los funcionarios dependientes de la Generalidad. Y Este Gobierno va a ceder otra vez colaborando en vez de cuestionar y aplicar como debería el artículo 155 de la Constitución y garantizando el adecuado uso del dinero. Una intervención ineludible y exigible por fraudes y deslealtades manifiestas.

Ya no se trata de cobardía o de pasividad, sino simplemente de complicidad en la comisión de un delito de Alta Traición financiando el proceso separatista con el dinero de todos los españoles y dejando sin protección a más de la mitad de la población de esa autonomía, que en las últimas elecciones autonómicas dejó claro que no compartía el sueño secesionista de unos alienados dirigentes que se han lanzado a tumba abierta en la carrera hacia la independencia.Una fecha fijada por un traidor Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, sucesor y sustituto a última hora de Artur Mas, el otro traidor que desafió al Estado y al Tribunal Constitucional realizando una farsa de referéndum. Y es Mariano Rajoy el que no se cansa de repetir que es quien tiene legitimidad para ser el próximo Presidente del Gobierno de España. El mismo que tras cuatro años de ejercer como tal y ahora está en funciones se niega a parar pero sí financiar el problema mayor que tiene España que afecta su Unidad y a su futuro económico.

El PP lleva años demostrando que ya no representa a la derecha española y muchos más que reniega de una de las facciones más pujantes y abiertas, la corriente Liberal. Y digo corriente cuando debería decir remanso, por la falta de firmeza y haber transigido con los sucesivos desprecios, traiciones y actuaciones contrarias a la ideología y principios liberales. No basta con salir de vez en cuando a los medios a ser el “pepito grillo” y luego callar en las reuniones de las Ejecutivas del partido. La dignidad debe prevalecer y seguir en el cargo es transigir. Y eso es lo malo, que no existe una derecha Liberal fuera del PP que pueda ser reconocida y votada por los españoles. Como tampoco existe una extrema derecha equiparable en sus actuaciones y planteamientos radicales y violentos, a esa nueva extrema izquierda representada por PODEMOS y su marcas nacionalistas separatistas.

Porque cuando se habla de que el PP se halla en la derecha “extrema”, de falso que suena resulta grotesco. España no tiene una derecha reconocible y mucho menos una extrema derecha similar a lo que podría ser ahora Le Pen en Francia, o lo fue Jörg Haider en Austria o lo es Donald Trump en los USA. Si hubiera algo solo similar en España entonces sí que habría por qué preocuparse. Aunque siempre se ha dicho que a toda acción sucede una reacción en busca de un equilibrio de la naturaleza. El populismo no es una estrategia exclusiva de la extrema izquierda y en épocas convulsas y de crisis económicas y sociales, salen a relucir los peores pecados de las sociedades, la xenofobia, el nacionalismo irracional, las viejas reclamaciones territoriales, la lucha por la supervivencia o por la hegemonía, etc. Es algo cíclico como el deshielo, el cambio climático y las catástrofes naturales.

España necesita más que nunca volver al consenso institucional y aparcar los partidismos, los personalismos y los oportunismos. Nos va la propia supervivencia como sociedad y como Nación. La alternativa puede llevarnos al caos, al empobrecimiento y la destrucción. Se necesita sensatez y un mucho de pragmatismo, porque si no perderemos todos.

¡Que pasen un buen día!

El Estado
Ignacio Ruiz-Quintano. ABC 10 Marzo 2016

Progre, en memorable definición de Gordon Liddy, era el que se sentía en deuda con el prójimo y proponía saldarla con tu dinero.

En España, el país más progre en sus palabras y más fachoso en sus hechos, liberal, hoy, es el que, por no haber hecho la mili, se siente en deuda con el Estado y pretende saldarla votando a Rivera con los votos de Rajoy.

–Hace falta un hombre de Estado –es el rezo de las viejas, como si en la política española pudiera haber nadie que no fuera del Estado.

Incluso Pablemos y su banda de simplones, que se las echan de antisistema en la TV, son representantes, no de la Nación, como manda la teoría, sino del Estado, igual que todos los tribunos del Estado de Partidos salidos de las listas ratificadas mediante ese sistema proporcional que, contra el criterio de Fraga y de cuantos habían pasado alguna vez por Londres, impuso Felipe González que lo compró en Alemania y que tanto daño hace, allí donde rige, al sentido de unidad nacional.

En los días genesíacos de la ilusión, el sistema proporcional garantizaba a vascos y catalanes una castita local para sus nacionalismos, hoy en brazos de Otegui y de Rufián.

Ves a Rufián jugando a la sedición con su partidito estatal y su nominilla estatal y su «republicanismet» monárquico, y te viene la jaculatoria de Quevedo:

–Me dices que ves mal el Estado, te digo que ves el Estado.

En el Estado de las diecisiete autonomías (¡con lo que a cada Estado serio le cuesta tener la propia!), donde hasta el fijador para el pelo de los regidores corre por cuenta del contribuyente (¡gomina de Estado!), la socialdemocracia procedió al coma inducido de la sociedad, primero mediante su «analfabetización», y luego, mediante su «encabronamiento», sin saber a dónde lleva, no siendo a otra campaña electoral con las mismas listas de partido y el mismo sistema proporcional, aunque con «mujerajes» en vez de «homenajes»… y falditas en los semáforos que harán detenerse a los chóferes.

Entrevista al autor de 'La pizarra de Juan Ramón Rallo'
Juan Ramón Rallo: “Podemos quiere estatalizar empresas para manejarlas a su antojo”
Antonio José Chinchetru esdiario 10 Marzo 2016

'La pizarra de Juan Ramón Rallo' repasa lo que el autor considera 40 mitos de la economía española. Sus dardos apuntan tanto a PP como a Podemos y el resto de partidos políticos.

El director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo, es a pesar de su juventud (31 años) uno de los máximos exponentes de la liberal Escuela Austriaca de economía en España. Además, es uno de los economistas más mediáticos en el país, al colaborar tanto con televisiones como con radios y periódicos, tanto de papel como digitales. Acaba de publicar La pizarra de Juan Ramón Rallo. Los 40 mitos de la economía española.

Inspirado en buena medida en sus intervenciones en La Sexta Noche, en este libro refuta cuatro decenas de ideas comunes sobre la economía en general y la crisis en particular muy extendidas en la sociedad española. Rallo ha hablado con OKDIARIO sobre estas cuestiones.

Una de ellas es la creencia generalizada de que la culpa de la crisis fue de la falta de regulación. El mediático economista tiene claro quién es responsable del éxito de esta creencia: “Los políticos, los reguladores y el resto de las burocracias no iban a admitir que la crisis era en gran medida culpa suya”. Añade que “por eso se ha generado el mito de que la culpa es del libre mercado, de la desregulación y que debemos ir a más regulación, mayor control estatal y más privilegios que da el Estado a determinados agentes económicos que, en última instancia, han generado la crisis”.

Sostiene que “en el ámbito financiero no existen los mercados libres” y que“en España la crisis arranca porque el Banco Central Europeo baja los tipos y así genera burbujas de deuda e inmobiliarias”.

La responsabilidad del PP
Rallo no se casa con ningún partido. Se opone a la idea de que el PP haya sacado a España de la crisis. Dice que es cierto que la situación ha cambiado a mejor durante la legislatura de Rajoy, “pero que haya correlación, coincidencia de dos hechos, no significa que haya causalidad, que uno haya provocado el otro”. Atribuye el mérito a los empresarios, “que una vez colapsada la economía interior han mirado al exterior y han exportado mucho más de lo que hacían antes”. “Ahí”, añade, “quizás se le puede atribuir al PP una cierta ayuda marginal con la reforma laboral”.

“En la otra parte de la solución”, sostiene, “que era reducir nuestra deuda, el PP lo ha hecho todo al revés. El sector público ha hecho todo lo contrario y se ha endeudado muchísimo, castigando las finanzas de los españoles”.

Subidas de sueldos en grandes empresas
Eso sí, no comparte la idea de que el Gobierno de Rajoy haya agravado los efectos de la crisis con la austeridad y la reforma laboral: “A corto plazo, una reducción del déficit público puede tener consecuencias contractivas, pero es que España en 2012 estaba al borde de la bancarrota”. Sobre la reforma laboral, sostiene que ayudó a las pymes: “Fueron ellas la que la aprovecharon para reducir plantilla y bajar salarios, porque estaban en una situación delicada. Las grandes empresas no lo han hecho. Al contrario, las grandes empresas no han aprovechado la reforma laborar para bajar salarios, han aumentado salarios todos los años de la crisis económica”.

El autor de La pizarra cree que las empresas estatales se privatizaron mal, que había que haber repartido sus acciones entre los ciudadanos como hizo la República Checa tras la caída del régimen soviético. Sin embargo, ve mucho peor que se vuelvan a nacionalizar. Tiene claro por qué motivo Pablo Iglesias defiende que se haga: “La empresa estatal la pagamos todos pero la utilizan los políticos y los cargos políticos colocados en esa empresa. Podemos quiere reestatalizar las empresas privatizadas no para que sean de todos, sino para que sean suyas. Para que puedan manejarlas a su antojo y para poder hacer política desde las empresas que se privatizaron durante la última década”.

Pensiones piramidales
Defensor de un sistema de pensiones mediante capitalización, se muestra muy crítico con el actual, al que compara con una estafa que sigue el esquema Ponzi (como el usado por Bernard Madoff): “Es un sistema piramidal condenado a muchos recortes para los futuros pensionistas, porque los actuales y los futuros no quieren que se les diga que se les ha estafado durante décadas. Ningún partido quiere enfrentarse a un caladero de votos que puede llegar a 10 millones de personas”. El futuro de este sistema tan sólo pasa, en su opinión, por cada vez mayores recortes a las pensiones y más impuestos para pagarlos.

Rallo se opone a la idea de que la eliminación de coches oficiales y otras medidas servirían para mejorar las cuentas públicas: “Hay que eliminar el gasto superfluo, aunque sólo sea por motivos estéticos y éticos, pero hay que tener claro que eso no va a bastar para acabar con el déficit público”. Opina lo mismo sobre la lucha contra el fraude fiscal: “Incluso en el programa de Podemos, que no es muy riguroso, se reconoce que luchando más contra la economía sumergida no se recaudaría por encima de 12.000 millones de euros. No es que sea una cifra pequeña, es básicamente lo que ya se recauda cada año luchando contra el fraude fiscal, pero es que el déficit público es de 50.000 millones”.

Tan sólo encuentra una vía: “Para reducir el déficit hay que bajar el gasto público, que se sobredimensionó durante la época de la burbuja. Los políticos no lo quieren tocar, y tampoco muchos ciudadanos que son directamente beneficiarios de esos gastos”. No sólo se refiere al gasto hacia el exterior, como los contratos con proveedores o las empresas que realizan obras públicas, también hacia el interior: “Hay un mastodonte en la Administración que hay que recortar”.

Hacia el primorriverismo civil
Manuel Muela www.vozpopuli.com 10 Marzo 2016

Después de lo visto y oído en el Congreso de los Diputados, y en los días posteriores a la fallida investidura, no es difícil prever que la inestabilidad política seguirá creciendo en paralelo con la evolución negativa de la actividad general del país. A las carencias de proyectos nacionales serios para recuperar la confianza y emprender el camino hacia mejores puertos, se han unido los problemas e inquinas entre los dirigentes de los partidos, haciendo imposible un entendimiento duradero para gobernar, que nada tiene que ver con investir un jefe de Gobierno, que ni siquiera eso ha sido posible. Desde mi punto de vista, carece de sentido hacer el seguimiento de los flatus vocis que se producen cada día por parte de los interesados, porque, si llegado el mes de mayo, no llega un nuevo Milagro de Fátima, se empezará a pintar un cuadro en el que todo conspirará para que termine desarrollándose alguna suerte de primorriverismo civil para zanjar los problemas de gobernación de España. Nada nuevo bajo el sol, cuando no se gestiona adecuadamente cómo superar democráticamente la quiebra de un modelo político e institucional.

Los experimentos de los gobiernos de concentración
Hace casi un siglo, en 1917, se inició en España el experimento de los gobiernos de concentración con los prohombres de los partidos dinásticos, que acusaban el agotamiento del sistema de la Restauración: los García Prieto, Maura, Romanones, Dato, Allendesalazar etc, etc, fueron desfilando al frente de Ejecutivos débiles e incapaces que no supieron hacer frente a la crisis de sus propias organizaciones y a las demandas de cambios políticos y sociales que se extendían por la patria. En aquel tiempo no se aprovecharon los frutos derivados de la neutralidad en la Gran Guerra y, por los errores y corrupciones de sus dirigentes, España se vio metida en la tela de araña compuesta por la protesta y las apelaciones a la ruptura territorial. Las propuestas de cambios constitucionales provenientes de la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona y del Partido Reformista de Melquíades Álvarez fueron desoídas por los poderes establecidos, con la parálisis consiguiente de la gobernación de España, lo que culminó con el pronunciamiento de septiembre de 1923, recibido en un contexto formado a partes iguales por la indiferencia y el apoyo de la opinión pública.

Nuestra nación tiene poco que ver con la de un siglo atrás, pero, de forma similar a aquella, camina por derroteros llenos de esclerosis política, de estancamiento económico y de desigualdad social. Son las referencias del agotamiento de un modelo político y económico que, a mi juicio, no ha sabido o no ha querido desarrollar al país, porque se prefirió el camino fácil del aprovechamiento especulativo de una bonanza basada en fundamentos poco sólidos, destacando entre ellos un endeudamiento inasumible. En la guerra sin cañones que se vive en Europa, España, que ha sufrido grandes zarpazos, no sabe o no puede digerir las consecuencias de los mismos: sus élites políticas no dirigen ni prevén nada, se limitan a obedecer a Bruselas o Frankfurt y a defender el statu quo, sin valorar el gran activo que supone contar con un país donde reinan el orden público y la paz social. Y ese pueblo español, cuando ha sido llamado a las urnas, ha expresado sus deseos libremente, aunque los obligados a materializarlos se obstinan en no darlos por recibidos. Así no hay manera de restablecer el consenso político y social en pro de un proyecto sugerente de cambio.

Guerra de trincheras en el horizonte
Las sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados han sido el fiel retrato de lo expuesto: las desavenencias de los partidos dinásticos se han transformado en una suma de impotencias que impiden el gobierno del país, porque el entendimiento apresurado y liviano de dos minorías de la Cámara, PSOE-Ciudadanos, que pretende prosperar a base de la abstención del resto, es demostrativo, a mi juicio, de la escasa fe de los firmantes en sus propuestas y la asunción de que carecen de apoyos para desarrollar mínimamente las tareas de gobierno. En realidad, dicho compromiso ha tenido la apariencia de un fuego fatuo defensivo ante la presencia en el Parlamento de un movimiento arisco y amenazador, capitaneado por Podemos, cuyos dirigentes dicen representar las mareas sociales y los derechos de las naciones del solar español. ¡Nada menos! Qué quieren que les diga, me parece demasiado arroz para tan poco pollo si hubiera proyectos serios y solventes enfrente para contrarrestar ese discurso.

Cuando la arrogancia del poder se extrema para esconder la incapacidad, desoyendo la expresión democrática de los ciudadanos, me temo que en el tablero político y parlamentario español se acaba de inaugurar una guerra de trincheras en las que unas nuevas elecciones, sin algunos cambios previos, serían una mera huída hacia adelante. A los liberales y demócratas, que creemos en las zonas templadas del gobierno y de la política, todo esto nos suscita una grave desazón, porque España caminará con el fardo de la impostura democrática, sumida en el estancamiento económico y el desequilibrio social, que son los caldos de cultivo para cualquier clase de pulsión autoritaria.

Intervenida
ARCADI ESPADA El Mundo 10 Marzo 2016

¿EL 155? ¡Quia! Cataluña lleva años dulcemente intervenida y el único mérito del poder político catalán es haber convencido a la opinión pública de que eso no ha sucedido. La Cataluña política es la historia de un gran fracaso moral, político y económico. De un fracaso tan abrasador que incluso ha provocado que los ciudadanos se hayan mostrado remisos a la hora de pedir cuentas. Ni siquiera por el corrupto Pujol las han pedido. Cuando Pujol y sus sucesores han dicho que ellos eran Cataluña no exageraban. Para que Cataluña se pida cuentas a sí misma habrá de pasar algún tiempo y alguna generación.

En esta operación de camuflaje de la realidad intervenida el Gobierno catalán ha contado con el Gobierno central como gran aliado. Por razones difíciles de resumir, pero que se vinculan a una oscura e impostada mala conciencia, el Gobierno central no ha querido explicar que lleva tiempo soportando una gran parte de la carga económica de la autonomía y ha sido de una timidez inconcebible a la hora de difundir la evidencia de que el conjunto de la economía española marcha mejor que el de su parte catalana. La última expresión de esa política apaciguada es la escala del ministro Guindos en el aeropuerto de Barcelona para reunirse con el consejero Junqueras y ver qué ha de hacer el Estado para evitar la quiebra de Cataluña.

La hipotética quiebra de una región que supone el 19 por ciento del Pib sería una pésima noticia española y comprendo que el Gobierno Rajoy haga lo imposible por evitarla. Ahora bien, la ayuda del Estado debe tener contrapartidas y las principales son el control y la transparencia, factores de dudosa aplicación en encuentros histéricos y semiclandestinos en los aeropuertos. No hace falta decir, además, hasta qué punto esta necesidad se agudiza cuando se piensa que el Estado está ayudando a un Gobierno cuyo objetivo político más nítido, por no decir el único, es la destrucción de ese Estado. La relación entre dinero y secesión puede explicarla bien Artur Mas, no en vano la más peligrosa acusación judicial que afronta es la malversación de fondos públicos para la organización de la consulta del 9-N.

Estoy de acuerdo con que el Estado aporte a Cataluña el dinero que necesite. Solo pido que el dinero lo lleven hasta Cataluña, de un modo visible y celebrado, casi en volandas, un grupo escogido de hombres de negro. Es la mínima lección que merecen los irresponsables que gobiernan Cataluña y los irresponsables que les han votado, y la garantía que deben exigir los españoles acerca del uso que se da al dinero público. Cataluña es hoy tan sistémica como sistemáticamente caótica y desleal.

Rajoy y Sánchez, responsables del deterioro institucional
Pablo Sebastián Republica.com 10 Marzo 2016

La situación política e institucional española se agrava por momentos sin que en el horizonte se atisben dirigentes responsables capaces de reconducir la situación y de establecer acuerdos que se impongan por encima de todo y favorezcan el interés general. Tenemos un gobierno en funciones desde el pasado 20 de diciembre que en caso de repetirse las elecciones generales permanecería en su interinidad hasta el mes de octubre, un año perdido.

Y tenemos tres partidos ‘constitucionalistas’ personal y políticamente enfrentados entre sí y con sus dirigentes enzarzados en peleas y toda clase de descalificaciones, líneas rojas y vetos personales, como ocurre con el PP, PSOE y Ciudadanos. Tenemos, lamentablemente, alcaldesas de Madrid y Barcelona, las primeras ciudades de España que son de traca (Carmena subida en un tobogán de disparates y Colau exhibiendo su desprecio a España, ahora ampliado al Ejército). Y tenemos a una vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, que no respeta ni representa como debiera la dignidad de la Cámara.

Tenemos al Gobierno bloqueado, la economía ofreciendo síntomas de flaqueza, serios problemas en los sectores mas débiles de la sociedad, Cataluña desafiando al Estado y pidiendo 7.000 millones para evitar la quiebra, y un gigantesco pantano de la corrupción donde nadie está a salvo: ni PSOE, ni PP, ni CiU, ni los sindicatos ni la Patronal.

E incluso instituciones como la Corona con la Infanta Cristina en el banquillo y amistades peligrosas de los Reyes un imputado en varios escándalos de corrupción como es el consejero de OHL Javier López Madrid, a quien la Reina Letizia -que debe pedir disculpas al diario El Mundo- envió en 2014 un imprudente mensaje de ánimo aparecer implicado en las ‘tarjetas blacks’ y en aras de una vieja amistad. La que afortunadamente ha terminado según lo precisó ayer la Casa Real, tras conocerse esos mensajes temerarios ahora que el Rey Felipe VI ejerce con prudencia su función en la investidura del presidente del Gobierno y cuando se habla de cierta frialdad entre los palacios de la Zarzuela y la Moncloa.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tienen sobre sus espaldas la máxima responsabilidad en la crisis española y si no están en condiciones de lograr acuerdos de gobierno, sin vetos ni barreras, los dos deberían de marcharse dejando a los equipos de dirección de ambos partidos toda la responsabilidad para lograr el pacto de Gobierno entre PP y PSOE, al que podría sumarse Ciudadanos aunque no es imprescindible para ello. No en vano las relaciones personales entre ambos son irreconciliables y los dos sufren contestaciones soterradas en el seno de sus partidos, después de haber perdido ambos muchos votos y escaños durante las pasadas elecciones del 20-D.

Aunque unos mas que otros porque Pedro Sánchez, el mas agresivo de los dos, perdió las elecciones y también la investidura que nunca debió intentar sin los apoyos parlamentarios necesarios. Lo que, despojado del mandato del Rey, lo deja en pésima posición a pesar de su empeño inútil de presentarse como candidato imparable en una nueva sesión de investidura. Y si está dispuesto a todo, incluso al pacto con Podemos y los independentistas de ERC y Dil para colmar su personal ambición, el Comité Federal del PSOE lo debería destituir de manera fulminante porque este país no está para soportar semejante disparate.

El que convertiría el Gobierno PSOE-Podemos en un polvorín y a su presidente Sánchez en rehén de Podemos y del secesionismo catalán, en medio de la permanente inestabilidad política e institucional. Basta ver la crisis nueva interna de Podemos para imaginar lo que sería la vicepresidencia de Pablo Iglesias en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras el fracaso de la investidura se dice que estamos en un tiempo de tanteos, cruce de cartas, de vetos y propuestas vivas o muertas que con suerte el tiempo -gran aliado de Rajoy- todo lo arreglará. No es verdad, porque no hay tiempo y porque si todo sigue así iremos a unas nuevas e inciertas elecciones para todos, mientras crece el deterioro político, institucional, económico y social. Y eso los dos primeros responsables de la política española que son Rajoy y Sánchez lo saben y no lo pueden consentir.

No con mis impuestos
Rosa Díez El Espanol 10 Marzo 2016

Acabamos de conocer que el ministro en funciones Luis de Guindos, respondió a la llamada de auxilio de uno de los jefes de la banda de sediciosos de Cataluña, Oriol Junqueras, e hizo una parada en el aeropuerto de Barcelona para negociar con él una nueva entrega de miles de millones de euros destinados, según se dice, a evitar la quiebra económica de esa comunidad autónoma.

He escuchado muchas y variadas reacciones al respecto. Unos pocos han condenado el acto sin paliativos; pero son mayoría quienes consideran que, en la medida que Cataluña forma parte de España y sus ciudadanos pagan los impuestos como los gallegos, los andaluces, los madrileños o los valencianos…, el Estado debe acudir al rescate y evitar la quiebra.

Argumentan también que no hay que dar importancia al hecho de que los representantes de ambos gobiernos (el de todos los españoles y el de los catalanes) se hayan encontrado en un lugar "neutral", un aeropuerto internacional (por cierto, pagado también con el dinero de todos los españoles), en vez de celebrar la reunión donde corresponde, en la sede del Gobierno de España.

A mí sin embargo me parece que la forma y las formas tienen mucha importancia, tanta como el fondo de la cuestión. Por eso cuando el ministro de todos los españoles acude a un aeropuerto y se encuentra de forma semiclandestina con quien no reconoce su jurisdicción, yo siento que se me está faltando al respeto como ciudadana española que soy.

Lo simbólico es tan importante que resulta imprescindible recordar algo elemental: los nacionalistas ganan siempre las batallas contra la racionalidad porque utilizan mejor que nadie la apelación a los sentimientos, a las imágenes simbólicas; el "España nos roba" o "Catalonia is not Spain" son algunos de esos ejemplos. Por eso, para mantener el valor de lo simbólico que aglutina a quienes quieren romper la igualdad entre ciudadanos y levantar fronteras entre españoles, el ministro autonómico no viaja hasta el Ministerio para pedir dinero extra de los impuestos de todos los españoles al ministro de la Nación.

Claro que Cataluña es una parte de España, tanto como Madrid o como Murcia. Por eso mismo el Gobierno de la Nación debe tratar a sus ciudadanos como trata a los murcianos o a los madrileños. Claro que hay que evitar que se confirme la quiebra económica de Cataluña una vez que hemos dejado que se produzca la quiebra política y democrática; igual que habría que hacerlo en y con el resto de comunidades autónomas.

Justamente por eso y para eso hay que rescatar a los ciudadanos catalanes de sus gobernantes y exigirles que utilicen los recursos de todos los españoles -catalanes incluidos- para abrir los quirófanos cancelados hace muchos meses, garantizar los comedores escolares y los servicios básicos esenciales, para pagar a los proveedores, a las farmacias…

Justo por eso y para eso es por lo que vengo exigiendo desde hace demasiado tiempo que se aplique el artículo 155 de la Constitución: para proteger a los ciudadanos de las actuaciones de unos gobernantes despóticos. Lo diré una vez más: no se trata de suspender la autonomía, que ya ha sido suspendida por sus gobernantes en Cataluña; se trata de suspender de funciones a quienes utilizan su cargo para financiar un delirio antidemocrático.

Recuerdo a mi Gobierno que no es legítimo ni democrático financiar la sedición y le exijo que no permita que se utilice el dinero de mis impuestos para financiar el golpe de estado en Cataluña.

*** Rosa Díez es cofundadora de UPyD.

Hacer mudanza o perecer
JAIME IGNACIO DEL BURGO El Mundo 10 Marzo 2016

El 6 de junio de 2015, una vez conocido el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, escribí en este periódico un artículo titulado: 'El PP, ¿por la senda de UCD?' En él revelaba que a finales de 2014 había considerado un deber de lealtad elevar por escrito al presidente Mariano Rajoy mi petición de que adoptara medidas audaces y valientes para limpiar al PP del lodo de la corrupción. Le proponía, entre otras cosas, la creación de sendas comisiones gestoras en Madrid y Valencia para sofocar el incendio en dos de los principales focos de corrupción de nuestro partido. Le recomendaba que, tras las elecciones de mayo de 2015, tuviera lugar en el mes de septiembre de ese mismo año un congreso extraordinario para la refundación del partido, con renovación total de la dirección nacional, y la elección democrática del candidato a la presidencia del Gobierno.

Éstas eran las últimas palabras de mi artículo: «Está ciego quien no quiera ver que se avecina un 'tsunami' político capaz de arrasar el sistema democrático. Es un espectáculo lamentable ver al PSOE suplicar a Podemos, cuyo certificado de nacimiento revela que pertenece a la familia de la extrema izquierda, que le preste sus muletas para llegar al poder, sin percatarse de que se arriesga a recibir el abrazo del oso y verse envuelto en un nuevo Frente Popular. La inestabilidad política es incompatible con el progreso económico y social. El PP es un partido ideológicamente cohesionado, defiende los principios y valores que inspiran la Constitución y es garante de la unidad de España. Es además un buen gestor tanto en tiempos de penuria como de bonanza. Y además cuando el partido está motivado se convierte en una poderosa máquina electoral. Remedando a la Constitución de Cádiz, el Partido Popular no es patrimonio de ninguna familia, de ninguna persona. Estoy seguro de que Mariano Rajoy, que es un gran patriota y un hombre de Estado, será consecuente con ello y escuchará no sólo el enfado de sus 'barones' -maldita palabra-, sino sobre todo el de sus militantes y electores, pensando siempre -como gusta repetir- en el interés general de España. Si no quiere que vayamos, y él el primero, por la senda de UCD».

Por desgracia, el tiempo me ha dado la razón.
No tengo dotes proféticas. Desde 2008, en que puse fin a mis casi 30 años de presencia en las Cortes Generales, vivo apartado de la acción partidista. Pero mi larga experiencia política y el contacto con la gente me hacían intuir que la corrupción nos iba a conducir al hundimiento. Y así ha sido.

De nada sirve haber sido la lista más votada, si al final no se cuenta con apoyos suficientes para formar Gobierno. Es la nuestra, para bien o para mal, una democracia parlamentaria. Se mire como se mire, la pérdida de 60 escaños es un tremendo batacazo. Y lo peor es que seguimos atrapados en la tela de araña de la corrupción. Ya sé que no es casualidad que de pronto hayan aflorado asuntos que venían investigándose desde bastante tiempo atrás. Pero el problema es que para resistir el vendaval de todos contra el PP resulta imprescindible que los hechos no sean ciertos y para nuestra desgracia en la mayoría de los casos lo son.

EL PASADO 16 de febrero volví a exponer mi opinión al presidente Rajoy. Es posible que mi carta no hubiera llegado a sus manos, pues ha reiterado que hasta el momento nadie, dentro del partido, le ha pedido que dé un paso atrás. En ella le expresaba mi convicción de que, ante el fracaso más que probable del PSOE en su propósito de formar gobierno, como así ha ocurrido, era vana la esperanza de que pudiera afrontar con éxito un nuevo proceso de investidura en solitario o en compañía de Ciudadanos. No podía consentir que la opinión pública asistiera atónita al hundimiento del PP a causa del empecinamiento de un capitán extenuado que se niega a ser relevado del puente de mando.

Pocos días antes la Guardia Civil había vuelto a Génova para registrar la sede del PP de Madrid. Todo un triste y lacerante espectáculo para los miles de cargos públicos y centenares de miles de militantes honrados que componen nuestro partido. Para cuantos hemos ejercido nuestra función pública poniendo incluso en riesgo nuestra propia vida, sentimos una indignación extrema al comprobar cómo algunos se han aprovechado de nuestro esfuerzo y sacrificio para su enriquecimiento personal.

En tales condiciones, resulta incuestionable que el PP necesita una renovación de arriba abajo o, mejor aún, una segunda refundación. La gaviota chapotea en el charco de la corrupción y es incapaz de remontar el vuelo. Por eso, la única opción es, a mi juicio y al de mucha gente de buena voluntad, que antes hoy que mañana el presidente dé un paso atrás y confíe esa titánica tarea a una persona o a un equipo de personas que reúnan las condiciones necesarias de integridad y prestigio para conducir el proceso. Y en cualquier caso, además de renunciar a presidir el Gobierno permitiendo un nuevo candidato del partido elegido, no designado, en la Junta Directiva Nacional -ya que quizás no haya tiempo para organizar un proceso de primarias-, el presidente Rajoy debiera anunciar que, en el supuesto de que haya nuevas elecciones generales, no volverá a repetir como candidato.

Sin duda el interesado pensará que esto no es justo y que su retirada sería tanto como reconocer su culpabilidad. Mariano Rajoy tiene derecho a salir de La Moncloa por la puerta grande y la cabeza muy alta, pero no es de culpa de lo que toca hablar ahora sino de la asunción de responsabilidades estrictamente políticas. Se puede llegar a comprender que, concentrado en sacar a España de la pavorosa crisis económica, no se percatara de la gravedad de las enormes vías de agua que se abrían sin cesar debajo de la línea de flotación de nuestro partido. Pero eso es un atenuante, mas no una eximente máxime si se tiene en cuenta el estruendo de unas imputaciones judiciales que llegaron hasta la planta sexta de la sede nacional. Recuerdo las veces que en los últimos tiempos de Felipe González le reprochábamos -a veces con razón y otras sin ella- haber incurrido en culpa 'in eligendo' y en culpa 'in vigilando'.

Es hora de pensar en lo que conviene a España por encima de intereses personales o partidistas, por muy legítimos que puedan ser. Se dice que una retirada a tiempo es una victoria. Sé que lo más difícil para un político es reconocer que su tiempo ha pasado, por muy brillantes que sean los resultados de su gestión en el pasado. Hacerlo en el momento adecuado demuestra grandeza de espíritu y sentido de Estado, cualidades que no dudo adornan al presidente Rajoy cuya acción de gobierno, con más luces que sombras, ha estado siempre presidida por el servicio al interés general de la ciudadanía española.

Unas nuevas elecciones, en las actuales condiciones de nuestro partido, serían con toda probabilidad letales para el sistema democrático y para la continuidad del proceso de recuperación económica, imprescindible si se quiere fortalecer el Estado del Bienestar y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Por otra parte, podría darse el caso de que el PP pierda la posibilidad, que ahora tiene, de controlar cualquier proceso de reforma orientada a destruir los cimientos de nuestra Constitución. Estoy de acuerdo en que la mejor solución sería un Gobierno de formaciones constitucionalistas. Pero sin duda ayudaría y mucho a conseguir este objetivo que el PP demostrara con hechos y no con palabras su voluntad de alcanzar una profunda regeneración y renovación.

Dicen que San Ignacio aconsejaba que en tiempos de tribulación mejor no hacer mudanza. No hay regla sin excepción. En las actuales circunstancias, hacer mudanza o perecer.

Jaime Ignacio del Burgo es abogado, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ex diputado del PP y ex presidente de la Diputación Foral de Navarra.

Negrín, el mayor corrupto español del siglo XX, héroe de Podemos (y III)
Pío Moa  www.gaceta.es 10 Marzo 2016

Blog II. En el día de la mujer trabajadora. Apuntes breves: www.piomoa.es
** "Cita con la Historia", ahora en Cadena Ibérica, FM, Madrid 91.9 . Próximo programa: el heroísmo en la guerra civil. Un tema más importante de lo que creen muchos. www.citaconlahistoria.es
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En el trío admirado por Podemos, el caso de Negrín es todavía peor que el de Nelken y Prieto. Lo he tratado por extenso en mi trilogía sobre la república y la guerra y en Los mitos de la guerra civil. Negrín fue excluido del PSOE por presiones de Prieto, pero está siendo muy reivindicado desde hace años por los más diversos personajes, Zapatero y tantos otros. El 19-9-2003 escribí en LD una recensión que empezaba: “ Dentro de la historiografía académica de tendencia “progre”, que sería chistosa si no hubiera tenido durante largos años los medios de acallar cualquier réplica, y de presentarse a sí misma como la única historiografía “profesional”, acaba de publicarse una biografía de Negrín, por el catedrático Ricardo Miralles.

Prologa el libro P. Preston, para quien Negrín “fue el gran estadista de la lucha contra Franco y sus aliados fascistas”. Según él, las críticas a Negrín proceden sobre todo de Bolloten, condicionado a su vez por “los renegados ex comunistas que publicaron sus memorias bajo la dirección de Gorkín y financiados por (…) la CIA”. Preston, claro, prefiere a los comunistas no renegados y, con típica paranoia stalinista, sólo puede entender que alguien discrepe de ellos si le paga el “imperialismo”. Confesión implícita por parte del profesor inglés, y además falsedad, también de tufo staliniano, porque la apasionante obra de Bolloten se apoya ante todo en una labor documental e investigadora impresionante, con muy pocos paralelos en las historias de nuestra guerra. A Preston le encanta el libro de Miralles, y no es de extrañar.

Bien. Una parte de la realidad está perfectamente expuesta en la pelea, entre Prieto y Negrín, ya en el exilio, por el botín del yate Vita. Se trataba de una inmensa fortuna que Negrín se jactaba textualmente de haber acumulado –a base del expolio sistemático de bienes de particulares, sin faltar la gente humilde que depositaba sus alhajas en los montes de piedad, y sobre todo del tesoro histórico-artístico español—, y una parte de la cual, transportada en el citado yate, le había robado a su vez Prieto en Méjico. Las cartas entre los dos están publicadas y no pueden ser más explícitas del carácter corrupto a gran escala de ambos dirigentes. Podemos, admirador también de la tiranía castrista y financiado por Venezuela e Irán, sabe en quienes inspirarse.

En sus cartas, Negrín acusaba a Prieto de haberle birlado limpiamente un tesoro que no le "correspondía", pero además se echaban las culpas amargamente por la pérdida de la guerra. Prieto, en plan dramático, se defendía de los cargos de Negrín y declamaba: Después de haber presidido tan colosal desastre, después de haber originado, con el uso de un poder personal, ejercido en beneficio exclusivo de determinada agrupación (se refiere al Partido Comunista), disensiones hondísimas que condujeron a millares de hermanos a despedazarse entre sí, y teniendo todavía ante los ojos el espectáculo de medio millón de españoles debatiéndose en la miseria y sometidos a las más viles humillaciones (esto está escrito apenas terminada la contienda. Antes de que terminase aquel año 1939, más de dos tercios de los exiliados había vuelto a España, dato generalmente olvidado por “historiadores” de esta línea), de las que una elemental previsión reiteradamente aconsejada les hubiera librado, después de todo eso, ¿se atreve usted a decir que yo incubaba la catástrofe? Jamás conocí un sarcasmo tan terrible como el contraste entre sus inmensas responsabilidades y su jactanciosa actitud que le permite condenar caprichosamente a los demás, y encima exigir, a guisa de premio, el reconocimiento de su jefatura de Gobierno con carácter permanente por indefinido. Negrín, por su parte, insistía en que A nuestra causa no la han vencido los facciosos. No. La han vencido las asechanzas de unos cuantos malandrines, obviamente Prieto entre ellos.

Una de las cosas más llamativas en los líderes republicanos y revolucionarios es su total ausencia, al menos en sus escritos, de sentimiento de responsabilidad o culpa por los desastres ocurridos bajo su mando. Azaña y Alcalá-Zamora, en cuyas presidencias del gobierno y del estado respectivamente rodó el país a la catástrofe, se las arreglan para cargar todas las responsabilidades sobre lo demás, y otro tanto hace Negrín al discutir con Prieto, y viceversa.

Lo que Prieto y Negrín pasaban por alto era el coste gigantesco de sus políticas en medios y en vidas. Ese coste era, para empezar, la pérdida de la independencia española y del control sobre sus reservas financieras (Preston tiene gracia cuando, en crítica al aserto de Bolloten de que Negrín hizo mucho por extender la influencia comunista, recuerda el auxilio fascista al otro bando… donde no tuvo ese inmenso coste, pues Franco nunca se supeditó a Italia o a Alemania). Otra tremenda exigencia de esa política consistía en la multiplicación de las víctimas y destrucciones en una resistencia sin sentido… a no ser que enlazase con la guerra mundial, lo cual habría multiplicado el número de víctimas y destrozos. No hubo coste en democracia, porque la misma había dejado de existir antes de la hegemonía comunista, pero sí lo hubo en supeditación de las demás fuerzas políticas a la estrategia soviética, en nombre de la disciplina contra el enemigo común.

Cada uno de estos sacrificios habría justificado una rebelión de los anarquistas, socialistas y republicanos contra Negrín y los comunistas, y así terminó ocurriendo, aunque ya in extremis. Los “malandrines” de que habla Negrín fueron, efectivamente, quienes terminaron con la resistencia “republicana” en una guerra civil entre las izquierdas, pero debe reconocerse que habían sufrido tanto a manos de Stalin y sus secuaces españoles, que prefirieron la represión franquista.

Estos terribles costes no impresionan lo más mínimo a Preston o a Miralles (ni a Podemos) que, en función del objetivo de vencer al franquismo pasan por alto —como Negrín— cualquier sacrificio… ajeno, naturalmente.

¿Desconocen los de Podemos estos hechos? Su base votante, desde luego, porque, como las bases de otros partidos, ignora todo sobre la historia reciente de su propio país o tiene ideas estrafalarias al respecto. Pero sería ingenuo creer que los jefes de ese partido ignoran lo que cualquiera puede saber con poco que se moleste en leer. Saben de que hablan. Para ellos, el Frente Popular representaba una revolución que ellos –como el PSOE, la ETA o los separatistas-- admiran, y los crímenes y robos masivos entran en el capítulo de los costes necesarios. El caso de la Nelken es el de una asesina enloquecida, el de Prieto el de un demagogo irresponsable que no vacilaba en emplear el terror y el de Negrín añade a todo ello el de un ladrón en gran escala. Con ellos se identifica Podemos (y otros). No por casualidad.

www.latribunadelpaisvasco.com 10 Marzo 2016
“Hay un plan diseñado para la creación de los combatientes islamistas de las próximas décadas”, dice la Fundación Quilliam
31.000 mujeres embarazadas gestan a los futuros terroristas del Estado Islámico


Más de 31.000 mujeres embarazadas que viven bajo la influencia del grupo terrorista islamista autodenominado Estado Islámico (EI) - (ISIS, por sus siglas en inglés) están siendo utilizadas para crear la próxima generación de terroristas islamistas, según ha revelado un informe de la Fundación Quilliam, institución británica dedicada a la realización de estudios antiterroristas.

El informe titulado "Los niños del Estado Islámico" establece que el EI considera a los menores como “pizarras en blanco” donde resulta fácil marcar a fuego el fanatismo más radical. Por ejemplo, para inculcarles valores extremistas desde su nacimiento, utilizan técnicas macabras como animarlos a jugar al fútbol con las cabezas de los decapitados.

Los niños son sometidos a un rígido “plan de estudios” que incluye memorizar versos del Corán y asistir a "la formación yihadista", consistente en clases de tiro, artes marciales y armamento. Por otro lado, las niñas son consideradas como "las perlas del califato" y deben permanecer veladas, ocultas y confinadas en casa, donde aprenden a cuidar de sus maridos.

"Está en marcha la creación sistemática de la próxima generación de terroristas: la próxima generación de combatientes", explica Nikita Malik, investigadora de Quilliam, al diario británico ‘The Independent’”. Según Malik, el hecho de que 31.000 mujeres estén embarazadas muestra que esto "no se está haciendo al azar", sino que "es una preparación a muy largo plazo para que estos niños crezcan con un estricto adoctrinamiento religioso, teológico y nacionalista".

A su juicio, un papel clave en el adoctrinamiento recae en las familias y, en particular, en las madres de los futuros yihadistas, que les leen "libros de cuentos sobre el martirio" antes de dormir.

"Esta es una de las situaciones más graves en la Tierra. Los niños son la llave del futuro", ha explicado Noman Benotman, presidente de Quilliam, quien agrega que el "adoctrinamiento en el Estado Islámico comienza con el nacimiento y aumenta en las escuelas y campos de entrenamiento".

Según el informe, entre agosto de 2015 y febrero de 2016, se han registrado 254 casos de niños utilizados en la propaganda del Estado Islámico, entre ellos 12 casos de menores utilizados como verdugos.


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Cataluña aspira a la desconexión de un Estado al que exige auxilio
EDITORIAL El Mundo 10 Marzo 2016

LA INSOLENCIA de la Generalitat de Cataluña -antes con Artur Mas y ahora con Carles Puigdemont- a la hora de proclamar su quimera independentista mientras reclama auxilio al Estado para solventar sus compromisos financieros se ha convertido en un episodio frecuente en la política española. Después de que la Mesa del Parlament acordara la tramitación de las leyes de desconexión -a través de ponencias conjuntas y en contra del criterio de los letrados de esta Cámara-, el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha vuelto a implorar ayuda al Gobierno amenazando incluso con una eventual parálisis de la sanidad catalana. Por un lado, reclamó a Montoro un anticipo de 1.050 millones de euros a cuenta de la liquidación de 2014. Y, por otro, pidió a Luis de Guindos 7.520 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de los que 6.881 millones servirán para cumplir los vencimientos de deuda de la Administración catalana. El gesto evidencia la hipocresía del Gobierno catalán, que aspira a separarse en 18 meses del mismo Estado al que ahora se aferra para superar sus estrecheces de liquidez.

La petición de Junqueras a Guindos se produjo en una heterodoxa reunión secreta mantenida anteayer en el aeropuerto de Barcelona. El ministro de Economía debería haber citado al vicepresidente de la Generalitat en sede oficial, por ejemplo, en la Delegación del Gobierno en Barcelona. Al no hacerlo así, el Ejecutivo ha perdido una oportunidad para visualizar el cinismo del discurso soberanista, que mientras explota electoralmente burdos lemas como el de España nos roba, sus dirigentes corren a pedir ayuda al Gobierno español. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, mostró un enfado comprensible por un error que, tal como ayer aprovechó ERC, contribuye a propalar la falacia de que el Gobierno central y el catalán deben hablar "de igual a igual".

Pero, formalidades al margen, las urgencias del Ejecutivo catalán revelan el desangre económico de una comunidad autónoma que estaría en quiebra si no fuera por el Estado. Cataluña cerró 2015 con un déficit público del 2,2%, frente al objetivo del 0,7% fijado por Hacienda. A esta desviación se unen el impago a las famarcias, la deslocalización de empresas -sólo en 2014, cerca de un millar de empresas salieron de Cataluña- y el aumento de la deuda pública catalana, que en la última legislatura se disparó hasta casi 65.000 millones de euros. Tal como publicó EL MUNDO, la agencia Standard & Poor's hundió aún más la calificación de la deuda de la Generalitat en BB "con perspectiva negativa", lo que implica una inminente degradación a B, que es el escalón más bajo dentro del bono basura. De consumarse esta previsión, se trataría de un duro golpe a las finanzas de Cataluña, de ahí que la Generalitat presentara un recurso de impugnación y de ahí su apremio en las exigencias al Estado.

La realidad es que la Generalitat sigue siendo incapaz de acudir a los mercados por sí sola para captar financiación. Resulta inadmisible, por tanto, que Puigdemont y Junqueras reclamen lo que a Cataluña le toca del FLA, en cumplimiento del sistema autonómico de financiación, sin corregir su alocada política de gasto público y sin renunciar a un proyecto independentista que pasa, precisamente, por saltarse las leyes. Que el Gobierno catalán detalle en qué se va a gastar el dinero que recibirá del Estado y que presente un plan creíble de reducción del déficit, tal como Montoro ha requerido por escrito a Junqueras, debería ser el paso previo a una rectificación global de la Generalitat. Porque son los excesos de este Ejecutivo, antes con el tripartito y en los últimos años con Mas, los que han abatido la economía catalana certificando su descrédito internacional.

Sin embargo, lejos de enmendar sus errores, el Govern sigue parapetado en el victimismo de las balanzas fiscales y en el falso agravio con el resto de comunidades. Tanto CDC como ERC amplifican las estadísticas que benefician su discurso, mientras obvian los 49.000 millones de euros del plan de pago a proveedores o del FLA recibidos por Cataluña desde 2012 -el 30% del total estatal-; o el déficit de 3.000 millones para pagar las pensiones en Cataluña, que el pasado ejercicio cubrió la caja única de la Seguridad Social. Esto quiere decir que la diferencia entre las cotizaciones aportadas desde Cataluña y las pensiones pagadas en esta comunidad fue satisfecha con dinero de todos los españoles. Una prueba empírica de que la aventura secesionista no sólo es inviable por ilegal, sino por su evidente insuficiencia económica.

Fuego amigo y censura pepera en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 10 Marzo 2016

La Generalidad de Cataluña está en quiebra. No puede hacer frente al vencimiento de sus créditos, carece de efectivo para pagar nóminas y a proveedores y depende en su día a día del dinero que le presta el Estado. Debe más de sesenta mil millones de euros y está conectada a la respiración asistida del Gobierno en funciones. De no existir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la Generalidad no podría ni costear los botellines de agua y cafés que se reparten en su consejo ejecutivo.

Gracias al FLA, a la pastizara de todos los españoles administrada por Rajoy, Guindos y Montoro, la Generalidad tiene ministro de Asuntos Exteriores; a otro pavo, Junqueras, que está preparando una Hacienda catalana; a un president nombrado a dedo para proclamar la república independiente; una red de embajadas en las principales capitales del mundo para propalar que España es una dictadura, un sistema mediático que glosa las virtudes del "pacifista" Otegi, una sanidad colapsada, una enseñanza pública que ha erradicado el español porque España es mala y los españoles, fachas, cutres y analfabetos, así como un largo etcétera de organismos, altos cargos, chupatintas, asesores y consorcios cívicos, pacíficos y festivos dedicados a romper España con sueldos y presupuestos que sufraga el Estado.

Esto lo reconocen en público Oriol Junqueras, Artur Mas, Carles Puigdemont y hasta los más cerriles propagandistas del derecho a decidir. Junqueras pide auxilio financiero a De Guindos y Montoro y estos le compran la burra de que no es para convocar plazas de inspectores de la Hacienda propia sino para pagar a las farmacias; de que no es pasta para imprimir el "Espanya ens roba", sino para atender las urgencias de la crisis.

Siempre fue así. Desde Felipe González, ningún Gobierno español ha dejado de poner la cama, de asumir los chantajes nacionalistas mientras Pujol y cía construían una nación y se hacían de oro. La diferencia es que ahora se lo montan como antes, pero sin la coartada de la estabilidad de España y demás zarandajas. Van por la directa. Tardà se golpea el dorso de una mano con el canto de la otra para decir que a tomar viento España y Guindos recibe al jefe del antedicho a la primera oportunidad y con todos los honores. ¿Qué pasa, Oriol, cuánto necesitas? Y, como siempre también, al pepero catalán que discrepa se le puede caer el pelo. El de Xavier García Albiol es el último, palmario, grosero y lacerante caso. Tras emitir una nota denunciando el trato de favor del Gobierno a los golpistas de la Generalidad, se ha metido en la madriguera ante las hondonadas de ostias que se precipitaban sobre su careto. Fuego amigo, compañero García. Censura y cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Dí que sólo fue un calentón, que no volverá a pasar. El ministro Jorge Fernández, que conoce el paño, echó un capote a su protegido en Antena 3. Que había tenido un "arrebato", alegó. Pues eso, un mal momento.

En Moncloa pesan más otras opiniones. Hasta hace nada, la de Duran. Y siempre la de García Margallo, colega de Junqueras de sus tiempos de eurodiputado. De hecho, en el Consejo de Ministros tiene mejor prensa Oriol que García Albiol, que no tiene ninguna.

El chalaneo con el dinero del contribuyente, el separatismo de barra libre, dispone también de una versión judicial. Francesc Homs ha sido el último preboste nacionalista en pasar por el TSJC para deponer sobre el referéndum ilegal del 9-N. Otro mitin.

Denunciaba hace un par de días en TV3 Helena Rakosnik, la señora de Artur Mas, que tendría que haber más gente imputada por el 9-N. Literal. Hablaba de la carga que soporta casi en solitario su marido y dijo: "No todo el mundo que participó debería estar imputado, pero sí un grueso muy importante". Pues sólo hay cuatro, doña Helena.

El consejero de Justicia de entonces, el moderado Germà Gordó, que encargó la confección de las papeletas y las urnas a los presos de Lérida (las cárceles en Cataluña dependen del citado departamento), o el de Interior, el democristiano desaparecido en combate Ramon Espadaler, que mandó a los Mossos a velar por la integridad de las urnas, han salido de rositas gracias a un TSJC y a unos fiscales nombrados a pachas por el Parlament y el Congreso, el Govern y el Gobierno. Sin todos ellos, el 9-N no hubiera sido posible.

Por mucho pragmatismo y moderantismo que se le quiera poner al asunto, sólo cabe concluir que el separatismo goza de impunidad judicial y de la ayuda financiera del propio Estado para su golpe de Estado contra España. Y que los separatistas de la vanguardia se limpian el orto con el voto de más del cincuenta por ciento de los electores en las últimas elecciones autonómicas catalanas. Grande Guindos, enorme Montoro y tremendos los fiscales.

Vuelve Otegi
Mikel Buesa Libertad Digital 10 Marzo 2016

La salida de prisión de Otegi, una vez cumplida su condena por intentar reconstruir el partido de ETA –algo sin duda paradójico, pues con la fundación de Sortu, un año y medio después del encarcelamiento del líder terrorista, ese objetivo quedó plenamente alcanzado–, ha supuesto un alivio para las destartaladas filas del nacionalismo radical en el País Vasco. Éste no ha hecho sino perder apoyos electorales una vez consolidada la situación creada por la decisión etarra de abandonar el terrorismo, tal como muestra la reducción de 22.000 votos entre las elecciones municipales de 2011 y 2015 y de más de 100.000 entre las generales de los mismos años. La izquierda abertzale está de capa caída tanto por el relajamiento de la presión ambiental, al desaparecer la violencia, como por los resultados de su deficiente gestión en las administraciones locales. Y la vuelta de Otegi se ve en ella como una oportunidad para recuperar el terreno perdido e impulsar el proyecto político de ETA –la independencia del País Vasco ligada a la revolución socialista– al rebufo de la experiencia catalana.

Otegi vuelve, pero ello no significa que su mera presencia vaya a resolver la decadencia del abertzalismo. En primer lugar, porque aún está por verse que este dirigente etarra llegue a encabezar las listas electorales en los próximos comicios autonómicos, toda vez que sobre él pesa una pena de inhabilitación que, dependiendo de la interpretación que finalmente hagan la Junta Electoral y, tras los recursos pertinentes, el Tribunal Constitucional, puede llegar a impedirlo. Por otra parte, hay disensiones internas en la familia política de ETA, como revela la oposición de algunos de sus presos a la rebaja de sus tradicionales exigencias de amnistía. Además, hay que tener en cuenta que el independentismo, desde la perspectiva de la opinión pública, se encuentra actualmente en el nivel más bajo de los últimos cuarenta años. Euskadi no es Cataluña; y en esto de la independencia un abismo separa a los ciudadanos de ambas regiones. Asimismo, no puede olvidarse que el PNV ha recobrado la hegemonía dentro del nacionalismo en todos los territorios vascos, precisamente, moderando su discurso separatista y centrando su gestión en la recuperación de la economía. Y, finalmente, está la incógnita que plantea la irrupción de Podemos en el panorama electoral vasco, con un éxito indudable en las últimas generales al lograr ser el partido más votado de la región.

Podemos es una amenaza para todo el nacionalismo y, en especial, para la izquierda abertzale, aunque haya quienes vean a ese partido confluyendo con esta última. Si las elecciones autonómicas del próximo otoño repitieran la distribución del voto de las pasadas generales, Podemos obtendría 21 escaños en el Parlamento de Vitoria. Ello a costa de que EH Bildu perdiera nueve –el 43 por ciento de los que ahora tiene–, el PNV otros nueve –el 33 por ciento– y el PSOE tres más –que, sumados a otros tres que se irían a Ciudadanos y a Unidad Popular, supondrían una merma total del 60 por ciento–. Sólo el Partido Popular quedaría a salvo del terremoto que ha supuesto la acometida de Podemos, manteniendo sus diez diputados actuales.

No se me oculta que hay quienes ven en la asociación entre el abertzalismo y el podemismo el control del futuro gobierno vasco. Pero el riesgo para el partido de ETA puede ser, en tal caso, muy alto, porque esa confluencia sería como admitir que el elemento nacionalista de su ideología es secundario con respecto al revolucionario, lo que choca contra su tradición histórica y, sobre todo, contra su necesidad de justificar, como necesario, su pasado terrorista. Tal situación conduciría a la izquierda abertzale al borde de su desaparición. Y, además, no suman lo suficiente porque tan sólo contarían con 33 escaños o tal vez 34 si se suma el que obtendría Unidad Popular. Frente a ellos, sin embargo, podría fraguarse una alianza de fuerzas aunadas por el foralismo; es decir, el PNV, el PP y el PSOE que, en la hipótesis que estoy manejando, sumarían la mayoría absoluta de 38 escaños.

El foralismo es, en efecto, un fuerte elemento de cohesión para las oligarquías tradicionales del País Vasco, que a lo largo del último siglo se decantaron bien por el nacionalismo bien por la derecha españolista y a las que, especialmente desde la Transición, acabó sumándose el socialismo. Por ello, PNV, PP y PSOE comparten ese aspecto esencial de la herencia foral que es la suma del Concierto Económico y la descentralización territorial con la preeminencia de las Diputaciones Forales. Nadie, en esos partidos, pone en cuestión esa plasmación institucional de los derechos históricos del País Vasco que la Constitución reconoce y que, como es de sobra sabido, conduce a una situación de privilegio para los vascos frente a los demás españoles. El líder nacionalista Íñigo Urkullu, en la búsqueda de una formulación del hecho nacional vasco que resulte aceptable a los ojos de los partidos no nacionalistas, ha definido recientemente a Euskadi como una nación foral, lo que, como ha destacado Jon Juaristi, encierra una contradicción, pues lo foral –o sea, la Ley Vieja que se asocia a Dios en el lema Jaungoikoa eta Lagi Zarra acuñado por Sabino Arana– sólo puede existir en el ámbito de la España que reconoce un estatus de superioridad para los vascos. Y es precisamente ese estatus el que resulta no sólo aceptable, sino deseable, para populares y socialistas en la región, por lo que, en su defensa, pueden confluir con un partido nacionalista que identifica con él la nación prometida.

Vuelve Otegi, es cierto; pero una cosa es volver y otra ganar. Y todo indica que esto último tiene, hoy por hoy, en la compleja realidad política del País Vasco, una probabilidad muy baja.
 


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