AGLI Recortes de Prensa   Lunes 14  Marzo  2016

Cómplices de sedición
Los Fondos de Liquidez de Rajoy han premiado a corruptos y sediciosos entre 2012-2015 con 178.896 millones, sin intereses, sin control alguno y sin posibilidad de recuperarlos
Roberto Centeno El Confidencial 14 Marzo 2016

En esta España a la deriva, con una clase política o sin ideas ni proyecto alguno excepto más gasto, más impuestos y más deuda, o, peor aún, con la intención de destruir todo lo existente y sustituirlo por una dictadura populista bolivariana, habría que estar ciego para no ver que unos y otros nos están arrastrando a un desastre político, económico y social.

¿Cómo es posible que un partido político con opciones de gobierno pueda afirmar que debemos pedir perdón por el descubrimiento de América o a los musulmanes por la reconquista de Granada? Y en el colmo del totalitarismo -porque no respetan la libertad ni la ley excepto la suya propia-, ¿cómo pueden pretender que los jueces presten juramento de fidelidad al 'Gobierno del cambio' como en la Alemania nazi? ¿O cómo no avergonzarse de las alcaldesas Carmena y Colau, una de traca, otra llena de odio a España, y ambas guerracivilistas y anticristianas beligerantes?

¿Cómo una activista radical, sectaria e ignorante, que ni siquiera fue capaz de acabar una carrera, osa insultar en público a dos coroneles del Ejército de España en un salón dedicado a la enseñanza, cuando las academias militares ocupan un lugar esencial de la educación superior en todo el mundo civilizado? ¿Qué va a hacer el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Su Majestad Felipe VI, ante esta gravísima ofensa? ¿Acaso va a ir a Barcelona a desagraviar a su Ejército, que es el Ejército de España, o solo va a Barcelona al Salón del Automóvil para hacer de chofer del jefe de la banda de sediciosos? Ahora podremos comprobar de nuevo los españoles de qué madera está hecho don Felipe; algo ya visto con su nulo cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de mediar y arbitrar.

Sin embargo, en este piélago de indignidad y de cobardía, nada peor que la complicidad con la sedición del autócrata Rajoy, que para nuestra desgracia es jefe del Gobierno y en consecuencia tiene poder suficiente para evitar la consumación de la alevosa traición a España y no lo hace. Habría que retroceder 1.300 años, hasta el obispo Oppas, para encontrar en nuestra historia un caso de felonía semejante al perpetrado por Rajoy ante la sedición catalana. Una ignominia con el agravante de que obligue a su ministro De Guindos a desviar urgentemente su avión a Barcelona para prometer al sedicioso Junqueras el adelanto de miles de millones, que serán sin duda empleados, como en otras ocasiones, en acelerar el proceso de independencia de Cataluña. Se trata de la mayor felonía cometida en Europa jamás.
Malversación de fondos públicos

La Comisión nos remite por escrito una seria advertencia en la que se exige al Gobierno aplicar los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad (y de los que Rajoy ha hecho dejación total), un escrito que es la antesala a medidas sancionadoras serias contra España. En el mismo momento en que nos remite ese documento, resulta inaudito que se considere siquiera la exigencia de entregar 7.520 millones -¡un 32% más que todo el presupuesto de Defensa!: si es que se han vuelto locos- a un puñado de sediciosos, cuando el total previsto del Fondo de Liquidez Autonómica para 2016 es de 5.834 millones y lo que correspondería a Cataluña serían 1.165 millones. ¿Pero cómo se atreven? Pues porque tiene enfrente a un Gobierno de cobardes que no duda en arrastrar por el fango el honor y la dignidad de toda una nación.

Rajoy, que ha incurrido además en un grave delito penal (art. 408 del Código Penal) al no perseguir el delito de desobediencia en los tribunales y el de sedición, y todo su Gobierno deberán ser procesados algún día como ocurre en todos los estados de derecho. Nunca en la historia de la civilizaciones se había producido una claudicación semejante, pero esto es ya la gota que colma el vaso de la dejación, de la cobardía y de la traición. Y por si fuera poco, este dinero, que es un préstamo sin interés pero que se debe devolver, los jefes de la banda de facciosos ya han anunciado que no piensan devolverlo. Casi resulta imposible el imaginar una mayor infamia.

Dentro del Himalaya de mentiras con las que Rajoy ganó las elecciones, una de las más relevantes sería su promesa de “enviar los hombres de negro” , o sea, intervenir, a todas las CCAA que no cumplieran los objetivos de déficit. Así lo confirmaría Montoro durante los dos primeros meses de Gobierno y así efectivamente parecía cuando se convocó en Madrid a los presidentes de todas las CCAA a principios de marzo de 2012. Sin embargo, ante el asombro de todos, Rajoy hizo justo lo contrario. “No dejaré quebrar a ninguna Comunidad Autónoma”, diría este insensato. Los presidentes autonómicos que venían dispuestos a recortar gasto como fuera antes de que les intervinieran, brindarían con champán y tirarían a la papelera los proyectos de reducción de déficit.

Ese año, las CCAA recibirían 16.638 millones, y Cataluña se llevaría la parte del león con 6.665 millones o el 38% del total, cuando le correspondía solo el 19%. Valencia sería la siguiente, con 3.830 millones, Andalucía conseguiría 2.793 millones y, ¿cómo no?, Castilla-La Mancha, dirigida por la dilapidadora Cospedal, recibiría 1.037 millones. España cerraría 2012 con el mayor déficit público de la zona euro, 10,7% (11.000 millones más que en 2011, cuando fue del 9,4%), y ello a pesar del maquillaje de Montoro retrasando determinadas devoluciones fiscales (“cuando lo vimos, no podíamos creérnoslo” dirían en Bruselas). Pero no hicieron absolutamente nada para obligar a Rajoy a corregirlo.

Y lo primero que hizo Mas fue crear un Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, es decir, poner en marcha el proceso independentista con el dinero recibido, y el cobarde de Rajoy, como siempre, en lugar de quitarle la asignación del FLA, lo que hubiera hecho cualquier persona decente, miró para otro lado. Claro que, como le dijo Sánchez en el debate de televisión, Rajoy no es una persona decente, aunque es mucho peor que eso: es un traidor a España y a los españoles. Mas afirmaría también que “seguirían construyendo estructuras de Estado”. Al año siguiente, y para ayudar a construirlas, de 19.809 millones, Rajoy entregaría a Mas como premio a su felonía 10.051 millones, el ¡51% del total! Y el año pasado exigirían urgentemente 700 millones para la paga extraordinaria a sus funcionarios, las fuerzas de choque que encabezan las manifestaciones y queman nuestra bandera. Y Montoro se los dio; tres meses, después Mas declararía el inicio de la independencia.

En conjunto, los Fondos de Liquidez del Estado puestos en marcha por Rajoy para premiar a los dilapidadores, a los corruptos y a los sediciosos ascendieron en el periodo 2012-2015 a 178.896 millones, todos sin intereses, sin control alguno y sin posibilidad real de recuperación. Todo un festival de malversación de fondos públicos, un grave ilícito penal que estamos hartos de ver en la mayoría de casos de corrupción. Pero ¿qué son los cientos de millones que están siendo juzgados en los tribunales comparados con las decenas de miles que han malversado Rajoy y su Gobierno? ¿Cómo se puede explicar la entrega de tan gigantescas cantidades sin control alguno, y lo que es peor, el haber hecho caso omiso de la Ley de Estabilidad, lo que añade al delito de malversación otro delito de prevaricación?
La indiferencia de la sociedad española

Hay un artículo histórico de Antonio García Trevijano, el mejor pensador político español de todos los tiempos, escrito en 1988 y titulado 'De la España diferente a la España indiferente'. Explica Trevijano cómo ante el gigantesco fraude de la Transición que nos hurtó la democracia y nos impuso un régimen oligárquico de partidos, sin separación de poderes y con diputados que no representan a los electores sino a los autócratas que les colocan en una lista, los españoles “no desean utilizar sus libertades para participar en la dimensión pública de su existencia, que les es impuesta desde fuera por los dirigentes de los partidos, del sistema bancario, burocrático e informativo que son los únicos subsistemas que funcionan dentro de la crisis general del sistema”. “Los ciudadanos se desentienden de la política y se refugian en el modo privado de su existencia”.

Esto tiene hoy mucha más vigencia que entonces, que el español “busque en la ilusión de su realización individual el ideal que se le niega como ser comunitario” es un comportamiento sencillamente suicida, porque al contrario que en 1988, ahora la clase política ha arruinado nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, está destruyendo nuestra nación, la suspensión de pagos -aplazada desde 2012 por el río de dinero del BCE- es solo cuestión de tiempo. Si entonces podía entenderse, nunca justificarse, la indiferencia de la sociedad, hoy ya no lo es posible, porque, y esto lo repito una y otra vez, no es catastrofismo, son matemáticas.

En 1988, la deuda total de las AAPP era de poco más de 100.000 millones de euros, hoy es de 1,48 billones; el paro era del 8,4%, hoy es del 22,6%; la carga fiscal sobre la familia media era la mitad de la actual. ¿Hasta cuándo va a permanecer indiferente la sociedad ante su ruina? ¿No ven cómo cada semana nos endeudan en 5.000 millones de euros adicionales? ¿Quién narices piensan que va a pagar esta orgía de despilfarro? La economía se está desacelerando, este año creceremos del orden de 1,4%. El modelo de previsión del Airef -uno de los mejores de Europa- da para este primer trimestre un crecimiento del 0,6%, pero el desplome continúa y las previsiones son el 0,4 el 2T, el 0,3 el 3T y el 0,1 el 4T. La suma, un 1,4%. Pero si esto ya es una catástrofe, imaginen 2017 con un crecimiento previsto cercano a cero. El próximo día explicaré estas cifras.

Y así las cosas, sale Junqueras, el nuevo jefe de la banda de sediciosos, y exige que el Estado le entregue 7.560 millones de euros para no quebrar -Moody's acaba de rebajar su 'rating' a bono basura con perspectiva negativa-, pero también para financiar su nuevo Ministerio de Exteriores (Consejería de Exteriores), sus nuevas embajadas prioritarias para los sediciosos, y toda la financiación necesaria para la construcción de una República catalana. ¿Cómo se puede permitir que un puñado de sediciosos se burle de las sentencias del Tribunal Constitucional y el Gobierno no actúe? ¿Qué gigantesca tomadura de pelo al pueblo español es la del cobarde de Rajoy, pasando al TC el problema y cuando lo desobedecen no haciendo absolutamente nada? El tema es tan disparatado que a uno le faltan palabras y adjetivos para calificarlo.

La pasada semana en sendas, conferencias en Gijón y Oviedo silenciadas por la casta política y mediática, pero con un éxito rotundo, Trevijano propuso una nueva reconquista de la unidad de la conciencia de España y emplazó a los presentes, que lo apoyaron entusiásticamente, a tomar la iniciativa de concentrar en Covadonga al núcleo motor que encamine hacia la Palza de Cataluña en Barcelona, a todos aquellos que sientan la infidelidad y el desgarro de la conciencia de España. La indigna clase política y los medios han eliminado del vocabulario el concepto de nación y lo han sustituido alevosamente por un humillante Estado español. Allí se tratará de impulsar la nueva conciencia histórica de la unidad indisoluble de España como nación, poniendo en marcha la energía del pueblo español tanto tiempo doblegada y sofocada.

Del Reino de la Mentira al Gobierno de la Cloaca
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 14 Marzo 2016

Los treinta años del Referéndum de la OTAN, los doce años del 11M y el Caso López Madrid son dos aniversarios y un recordatorio actualísimo de la corrupción de las instituciones españolas, cada vez más difícil de sanear y cada vez más cerca de llevar a nuestro país por el camino de México y Argentina: la creación, gracias a la corrupción de la política, la justicia y la cúpula policial, de un narcoestado con el Ejército en guerra con la policía.

El referéndum de la OTAN en 1986 se hizo para que toda España rectificara lo que un ensoberbecido presidente, Felipe González, no quería rectificar: su demagógica oposición a que España siguiera perteneciendo, tras la preceptiva votación en Las Cortes, a la gran organización militar de Occidente durante la Guerra Fría. Se pasó del "OTAN, de entrada No", de 1982, que arañó todos los votos del PCE, al "Sí, por el bien de España" en 1986, prólogos ambos de dos victorias por mayoría absoluta que mostraron hasta qué punto la adhesión a un líder podía llevar, previa manipulación de los medios de comunicación, a apoyarle por una cosa y la contraria, sin que él tuviera que pedir disculpas ni una vez. Que rectificara el pueblo: él no.

Pasó lo mismo con el GAL: si tras responsabilizarse políticamente y pedir perdón por el criminal error –como hizo Thatcher por los cinco terroristas del IRA abatidos en Gibraltar, cuando dijo en el Parlamento "Yo disparé", se hubiera remitido al veredicto de las urnas, habría ganado igual. Pero él, o sea, Él, no podía admitir cosa tan fea y deshonrosa: España tuvo que tragar que el presidente jurase en el Tribunal Supremo (sin fotógrafos, porque según dijo el juez socialista Bacigalupo, "no se podía estigmatizar al presidente en época electoral"), que no sabía nada del terrorismo de su Gobierno Pero sin asumir los delitos, los respaldó y acompañó hasta las puertas de la cárcel de Guadalajara al Ministro del Interior y al Secretario de Estado de Seguridad, condenado por ellos. Luego, se largó a México. A los tres meses, los indultó Aznar, pero él se vengó con el vídeo de Pedro J. Modelo de asesinato civil que se repite desde entonces.

De la OTAN nació Filesa
El referéndum de la OTAN, prometido para sacarnos de ella y luego convertido en plebiscito para quedarnos, necesitaba mucho dinero para la propaganda. Ahí nació la primera empresa creada para captar fondos en dinero negro: Filesa. Por no pagar al contable, un chileno llamado Van Schouwen, acabó en la cárcel Josep María Sala, del PSC, porque Cataluña era, con Pujol ya en el Poder, donde los políticos cobraban a las empresas con mayor normalidad. A la salida de la trena (otros tres meses) lo hicieron Jefe de Formación del PSC. ¿Y por qué convirtió el partido de Maragall, Chacón e Iceta a un condenado por corrupción en maestro de conducta? Porque, según decían, Sala robaba para el partido y no para él. Diferencia notable con el pujolismo pero base de la corrupción transversalcatalana.

Si en Filesa empezó la corrupción de los partidos al por mayor, de la que la saga barcenil del PP es sólo el último episodio (mañana, penúltimo), el referéndum de la OTAN mostró cómo manipular los principios desde los medios de comunicación. Para torcer el brazo a la superstición pacifista y a la demagogia antiamericana de la Izquierda, hubo que echar toda la carne en el asador. Y vaya si se echó. Todos los medios, incluidos los dos nacidos en la Transición y para la democracia, El País y Diario 16 (que vieron cómo dimitían sus jefes de opinión, Javier Pradera y yo), dieron todas las volteretas que exigía la rectificación del pueblo en nombre de González. Y se demostró que el periodismo de secta es tan obediente como el de interés. Después de aquello y de la campaña contra los que denunciábamos el GAL, España estaba madura para el 11M. Y lo sigue estando hasta el día de hoy.
De la conspiración republicana del GAL a la conspiranoia del 11M

Si el referéndum de la OTAN hizo de España el reino de la Mentira, el GAL y su fruto podrido, el 11M, mostraron la deriva hacia el Gobierno de la Cloaca, que, como demuestra el caso López Madrid, dura hasta hoy.

Cuando el GAL, un poderoso ejército mediático, capitaneado por Cebrián y el director de ABC (entonces Anson), con la entusiasta cobertura de La Vanguardia, buena parte de las radios y casi todas las televisiones, sostuvo que la acusación de algunos medios de que González era el responsable de los GAL era una "conspiración republicana" contra la Moncloa, la Zarzuela y la democracia. Una década después, los mismos medios (La Vanguardia y ABC cambiaron de director, según costumbre, pero no de obediencia a Cebrián), pero ya con el apoyo prácticamente total de televisiones y radios (salvo la COPE), periódicos de papel (salvo El Mundo) y nuevos digitales (salvo LD) montaron una campaña mucho más fuerte que la de la OTAN (no queríamos la Paz, primero; no queríamos a España, nos decían después) y todavía más salvaje que la del GAL, cuya prueba mafiosa al máximo nivel fue el vídeo de venganza contra Pedro J, emprendieron la más feroz campaña de desinformación y denigración de periodistas y políticos que ha visto Europa desde el incendio del Reichstag.

No abundaré en lo que he descrito en El Linchamiento y Los años perdidos de Rajoy. Hoy no sabemos, porque no se ha querido investigar, ni quién fue el autor intelectual ni quiénes los autores materiales de la masacre. Lo que sabemos es que las cloacas policiales de tiempos del GAL fueron las que actuaron en la destrucción de pruebas y creación de pruebas falsas del 11M. Y esa continuidad en la corrupción al servicio de la política del Gobierno de turno o de los partidos de Gobierno turnantes (PSOE y PP comparten responsabilidad, activa o pasiva, en el encubrimiento del 11M) es la que, doce años después del 11-M, hemos visto triunfar por todo lo alto.

Este 11-M, en esRadio y LD hemos seguido, tan solos como siempre pero con la compañía de Eloy Morán y Gabriel Moris, dos héroes cívicos, defendiendo la dignidad y la memoria de las víctimas. Y lo hemos hecho pidiendo una ayuda, una caridad, para que las víctimas de aquella masacre -y de la masacre de la verdad que la remató- no se sientan solas y puedan seguir persiguiendo a los agentes de las Cloacas que manipularon las pruebas del atentado, con la complicidad descarada de jueces y fiscales. Mientras, con el estúpido respaldo de los tontimedios de comunicación, los jefes de todos los partidos políticos, golpistas y golpeadores de hace doce años, rodeaban a Pilar Manjón, pieza clave en la manipulación del Gobierno de Rubalcaba y Zapatero tras el 11M. Y posaban para escenificar la supuesta "unidad contra el terrorismo".

O sea, que el partido de Rajoy, cercado el 13M en Génova 13 y que durante años criticó a ZP por ocultar las pruebas de la masacre que le llevó a la Moncloa, posando junto a Pilar Manjón, la gran enemiga del PP en la teatralización de la Izquierda tras el 11M, la que sigue culpando de la masacre a Aznar, la que ha aprovechado este 11M, junto a Pablo Iglesias, para defender a los titiriteros proetarras, como hicieron ayer con Otegui y harán mañana y pasado mañana.

Pero, al cabo, Manjón es coherente. Iglesias, que dice ahora que no hay que utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo cuando hace poco presumía del cerco a las sedes del PP, es también coherente en su desvergüenza. Y Snchz,que ha visto a un separatista catalán heredar la corrupta UGT de Méndez, es coherente en su pavorosa incoherencia, y posa con Manjón, que al cabo es criatura de Rubalcaba. Hasta cierto punto, es normal que el beneficiario de un crimen oculte las pruebas o disimule en público su alborozo. Lo que uno no se explica o le revuelve el estómago, es que, dentro de la general aceptación del reino de la Mentira y del Gobierno de la Cloaca, el PP y Ciudadanos posen para cerrar con siete llaves el sepulcro de la verdad del 11M. Y que las víctimas oficiales del terrorismo, con Mari Mar Blanco, ay, de mascarón de proa (no sé qué pintaba en el aniversario del 11M) posen junto al Rey escenificando no sé qué, o sí sé qué: que, si se repite la masacre -y por qué no se va a repetir, si sale gratis- esta vez no nos pillará desunidos: la taparemos todos juntos.

Estrambote de cloacas y carpetazos
Conectado directamente con la degradación de las instituciones, que, como se ve, viene de antiguo, está el caso López Madrid. Este viernes, tras la filtración a medios afines a Podemos (perfecta triangulación con las cloacas de Interior y la Moncloa) de unos mensajes al margen del caso investigado y fuera del sumario pero que han hecho mucho ruido y dejado en mal lugar a la Reina y, de paso, al Rey, la jueza dió carpetazo a la denuncia de la dermatóloga López Pinto contra este vidrioso personaje que ha hecho de su amistad con Felipe VI y la Reina su escudo personal, empresarial y judicial.

El carpetazo se produce y todos los medios han reparado en ello, tras la filtración citada y las filtraciones y bulos sobre otros mensajes atribuidos a la Reina, que nadie ha visto, que nadie sabe si existe o si están manipulados pero de los que todos hablan, apartándonos del caso que, de momento, no se juzgará. Y ello pese a que el único testigo dizque hindú (si el 11M salió bien, para qué cambiar) que vendió los móviles que, según la policía, usó la dermatóloga para acosarse a sí misma antes de apuñalarse, dice que no fue Pinto la que los compró. Por supuesto, el carpetazo del viernes no cierra el caso. Apelarán los presuntamente acosados y apuñalados, apelará el presuntamente acosado y seguirán circulando los mensajes, que de muy buena fuente irán llegando y que irán degradando a la Corona, institución que, en apenas dos años, había recuperado mucho crédito ante la opinión pública y es clave en la redefinición del mapa político y de la democracia.

Yo no entro siquiera a discutir quién es el acosado y quién apuñaló a quién. Lo que me parece inaceptable es lo que denunció la Guardia Civil y tapan los que, como en tiempos del referéndum de la OTAN, del GAL o del 11M, son sensibles al halago del dinero o temen salirse del rebaño opinativo. Es intolerable en un Estado de Derecho que un multimillonario, que presume de aldabas en Zarzuela y financia con dinero negro al partido de Rajoy, pueda contratar a comisarios en ejercicio para defender sus intereses, incluso siendo honorables. Si la policía se alquila, y hace mucho que una parte de ella está en alquiler, este Gobierno de la Cloaca, vástago del Reino de la Mentira, desembocará, fatalmente, en Narcoespaña. Aún puede evitarse, pero cada vez queda menos tiempo.

Doce años después del 11M… y todo sigue igual, o peor
Antonio de la Torre LAGACETA.EU 14 Marzo 2016

Volvemos a recordar lo ya dicho repetidas veces que, desgraciadamente, sigue presente con sólo cambiar la cifra del año, en título y entradilla:

“Actualizo hoy, doce años después de ese nefasto día en que se empezó a cambiar el rumbo de España, mi artículo de hace dos que titulaba entonces DIEZ AÑOS DESPUÉS…, en el que recogía reflexiones de años anteriores en mi seguimiento de la información, periodística y bibliográfica, sobre el peor atentado terrorista sufrido en España y que, lamentablemente sigue vigente y haciendo aún más dolorosa, si cabe, esa inacción que ya forma parte consolidada de este Gobierno Rajoy que dejó tan cerrado el caso como en su día hicieran los del peor presidente de la Historia de España. Esa Historia que, con la perspectiva del tiempo, dará fe algún día de este terrible genocidio que –añado ahora- se perpetró, sin duda, para cambiar el curso de la misma. Y a fe que estamos comprobando ese “cambio de curso”.

Decía entonces:
<<Sí, diez años después (once ya), me sigo preguntando muchas cosas sobre el terrible atentado del 11-M, que costó la vida de 192 personas, dejó mutiladas a más de 1.500 y dañada de muerte a la democracia española. Parece que todos los hechos conocidos hasta ahora apuntan a la falsedad de la “Versión Oficial” que se quiere imponer sobre el peor atentado terrorista registrado en España.

También, que todo estaba bien orquestado para montar la manipulación posterior que PSOE y medios de comunicación afines empezaron a las pocas horas del atentado y que se extendió hasta la Comisión de Investigación del Parlamento, pero ¿por quienes? Y qué decir del ¿juicio? celebrado en la Audiencia Nacional, en el que no se llegó a nada que no pareciera estar ya “precocinado”

¿Cómo se puede cerrar un juicio en el que no se conoció el arma homicida, el cerebro que lo planificó ni, a ciencia cierta, quiénes lo llevaron a cabo? Usando el “latinajo” qui prodest? ¿A quién beneficia? surge la pregunta inmediata: ¿Quiénes se beneficiaron, más o menos directamente, de la muerte de 192 personas y de la mutilación de muchas más? Parece evidente que PSOE, ETA, vecinos del Norte y del Sur y…, no están lejos de poder haberse beneficiado entonces, -sin que yo quiera decir que tengan nada que ver con el horror, válgame Dios-.

Que el PSOE, principal beneficiado por esta barbarie, no haya querido ni quiera llegar hasta el final, se podría entender, pero ¿qué compromisos, y con quién, atan al PP para que, desde su vuelta al Gobierno, no haya querido conocer toda la verdad de lo que, todo apunta, fue un golpe de estado para apartarlos del poder? ¿Qué teme o qué debe el Partido Popular? No puedo entenderlo por mucho que lo he intentado. No tengo ninguna duda, a juzgar por el efecto que tuvo, de que el atentado supuso un auténtico “Golpe de Estado”, pero no acabo de ver claro quiénes estaban implicados en mayor o menor medida en la trama.

Y, por respeto a 192 muertos, a más de 1500 heridos y mutilados, a sus familias y a los millones de españoles que lo hemos condenado y queremos saber TODA LA VERDAD, CAIGA QUIEN CAIGA, los diferentes gobiernos seguirán estando en deuda con todos nosotros. La abundante bibliografía y artículos publicados al efecto demuestran, cuando menos, que siguen existiendo numerosas e importantes incógnitas al respecto. Seguiremos pidiendo reabrir el juicio. He seguido muy de cerca y leído casi todo lo que se ha publicado sobre el 11-M porque es una de las reivindicaciones que no me canso de hacer a nuestros ¿gobernantes?

Queremos saber la verdad del 11-M de una vez, llegando hasta el final y, como decía, caiga quien caiga. Y dejo algunas preguntas que llevan diez años (once ya –ahora doce-) machacando en mi cabeza: ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? ¿Y a otros? ¿Fue improvisada la asquerosa manipulación que hizo Rubalcaba el día 13, rompiendo la jornada de reflexión a que obligaba la Ley Electoral? ¿Sabía alguien más lo que se iba a hacer en Atocha, aunque no pensara que iba a ser tan grave? ¿A quién se le fue de las manos? ¿Por qué se cerró en falso el juicio sobre el atentado sin dejar claro quién lo diseño, qué explosivo se utilizó y quién, de verdad, lo llevó a cabo? ¿Qué hacía el juez Garzón en el lugar de los hechos cuando no era el juez de guardia?

¿Por qué el Sr. Blanco, D. Pepiño, dijo, supuestamente claro, tras el atentado, como se ha comentado en la prensa “hemos ganado las elecciones”? ¿Por qué se “inmolaron” los supuestos autores del atentado en el piso de Leganés, por cierto, propiedad de alguien vinculado al PSOE, según se ha sabido después, cuando el edificio ya estaba vacío, en lugar de morir matando “infieles”, como les dice su religión?

 ¿Cómo se explica que no hubiera restos de sangre en el piso de Leganés, después de la explosión, con siete muertos y que alguno de los cadáveres tuviera los pantalones del revés? ¿Quizás estaban muertos antes de la explosión? ¿Cómo se explican las pruebas que aparecen y desaparecen en la furgoneta Renault Kangoo? ¿Y la cinta grabada? ¿Y que los perros entrenados en la detección de explosivos no encontraran nada? ¿Y la mochila que no explotó? ¿Y la metralla de esa mochila cuando en las explosiones no hubo rastros de la misma? ¿Y las contradicciones con el tipo de explosivo, una vez comprobado que lo que explotó fue Titadyn y no Goma 2 Eco y “vale ya”, como concluyó la fiscal hoy ascendida?…..

Podría seguir, pero sería interminable el número de preguntas a las que nadie ha querido dar respuesta hasta el momento. ¿A quién o a quienes, insisto, no le interesa que se sepa toda la verdad? Dice uno de nuestros sabios refranes: “El que teme, algo debe” ¿Se podría aplicar en este caso? Quien no tiene nada que ocultar no tiene por qué tener miedo a que se sepa toda la verdad. 192 muertos y más de 1.500 heridos y mutilados exigen, y se merecen, que sigamos pidiendo que se llegue hasta el final CAIGA QUIEN CAIGA –insisto-, y esté donde esté. Y muchos, vamos a seguir haciéndolo, pese a quien pese.>>

Hasta aquí el citado artículo que, como decía al principio, sigue vigente, pero añado algo más:

¿Por qué esa blandura y afán de pasar página del Partido Popular con este asunto, en lugar de reabrir el juicio? ¿Por qué ese “generoso trato a algunos terroristas de ETA? ¿Qué se habló en aquella reunión –de dos horas, se dijo- entre ZP y el recién llegado Fernández Díaz al Ministerio del Interior? ¿Está todo dentro del mismo trágico escenario?

¿Por qué Aznar y alguno de sus entonces ministros no cuentan lo que saben?

¿Qué se puede decir de los vecinos del Norte y del Sur?

¿Por qué no se toma en cuenta el último vagón “encontrado”, como público Luis del Pino en Libertad Digital, en lugar de destruirlo como se hizo con los restantes a los pocos días del atentado?

Hasta aquí por hoy, hasta el año próximo. R. I. P. las 192 víctimas inocentes y todo mi apoyo y respaldo a sus, no menos inocentes, familias. El fin no justifica los medios.”

Así terminaba en 2015 y sólo se podría añadir en este nuevo recordatorio que, por lo que se ha sabido después y se ha visto en la prensa, ya, en aquella manifestación del día 13 de Marzo de 2004, a la puerta del Partido Popular, surgida de forma “absolutamente espontánea” a través de SMS -entonces no existía WhatsApp ni Tweeter-, se encontraban, sin duda también de manera casual, unos jóvenes que, diez años después, a principios de 2014, iban a dar la sorpresa en las elecciones europeas de ese año a través del partido político Podemos.

Y no hay que pensar mucho para añadir una pregunta más a las anteriores y a las que se quedaron en el tintero ¿dado que el mal sí está claro que actúa con visión a largo plazo, tendrá alguna relación lo sucedido entonces con la situación devenida hoy? Tal vez sea muy mal pensado. Mis disculpas por ello.

Mi despedida, la misma que tres párrafos más arriba, que no repito íntegra. Simplemente: R. I. P. las 192 víctimas inocentes. Y, añado, MEMORIA, DIGNIDAD y JUSTICIA.

¡Ah! y a ser posible, no nos tomen más el pelo, señores políticos. En esto, y en alguna cosa más, han demostrado que son todos iguales

Desmontando a Podemos
El politólogo Víctor Lapuente destaca que para Pablo Iglesias la política no es el arte de la persuasión, sino “una guerra de ganadores y perdedores”
Gonzalo López Alba El Confidencial 14 Marzo 2016

El politólogo Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo, publicó en 2015 un ensayo intitulado 'El retorno de los chamanes' (Península) en el que desmonta Podemos y disecciona su estrategia para “tomar el cielo por asalto”.

Los partidos como el de Pablo Iglesias, “no han nacido para reclamar propuestas maduradas a lo largo del tiempo, sino para protagonizar un cambio rápido. Son el fast food de la política. Del Frente Nacional [Francia] a Syriza [Grecia], los partidos del fantasma [populista] que recorre Europa perciben la política como un juego necesariamente de suma cero o negativa: lo que otros ganan, nosotros lo perdemos… y viceversa. La política es una guerra de ganadores y perdedores, donde el arte de la persuasión, del convencimiento del adversario para alcanzar consensos en políticas determinadas, ocupa un valor subordinado. (…) Sin duda, muchos de esos partidos acaban pactando. Por ejemplo, para asegurarse las alcaldías de Madrid y Barcelona, pero no están en la política para pactar políticas públicas”.

Su primera opción es plantear la política “como una batalla épica entre el bien y el mal” y “esperar a que el sistema político implosione para postularse ellos como los purificadores”. De ahí que no pueda extrañar que Iglesias reclame el control de las políticas para “pasar la escoba” contra la corrupción con una Secretaría de Estado que dependa directamente de él. Su creatividad “no son sus políticas, sino sus eslóganes”, como corresponde a un partido nacido en las tertulias televisivas.

Lapuente afirma que “los partidos de la nueva política triunfaron porque entendieron la lección de la historia mejor que nadie. En lugar de ser constructivos y perderse con los detalles de políticas concretas, utilizaron la estrategia negativa: señalar a los culpables. A corto plazo, la ira motiva más que la reflexión”.

El politólogo explica que “desde los tiempos de la cruzadas hasta los fascismos de entreguerras, nada ha resultado tan exitoso para aunar voluntades colectivas en tiempos de crisis como señalar con el dedo a unos responsables: los infieles, los herejes, los protestantes, los judíos, los catalanes (o “Madrit”), la casta… (…) Para aunar apoyos, los dirigentes de estos movimientos deben ser artistas capaces de pintar una gran mayoría muy blanca y una pequeña minoría muy negra. (…) Personificar las causas de nuestros males en grupos estratégicamente escogidos por su pequeño tamaño y su gran visibilidad es electoralmente más rentable en tiempos de crisis que presentar programas concretos”.

Los partidos como Podemos proyectan “su preferencia por el poder fuerte y centralizado no solo de forma externa, sino también interna. Los partidos del fantasma [populista], con muy pocas excepciones, se estructuran de forma muy vertical, con el poder concentrado en unos líderes entre carismáticos y mesiánicos. Marine Le Pen, Tsipras, Farage, Akesson, Iglesias: todos jóvenes pero sobradamente telegénicos. Prometen devolver al pueblo el poder que una casta ha secuestrado. Para conseguirlo, necesitan un amplio margen de maniobra. No se enfrentan a otros partidos políticos parecidos, sino a los intereses fácticos que controlan la política”.

Además, “tejen un discurso patriótico” en el que lo más llamativo “no es solo que usen la palabra patria, sino el énfasis con que lo hacen”, aprovechando que “patria” es una “palabra políticamente mágica” porque puede llenarse de cualquier contenido. No son internacionalistas, como ha sido la izquierda tradicional, sino que profesan un fuerte “nacionalismo antieuropeísta”.

A la postre, y de ahí su éxito, “el charlatán es un asidero firme en la tempestad: tranquilos, nosotros arreglamos esto”. “En sus distintos disfraces, es tremendamente seductor. Su discurso enamora porque satisface dos necesidades humanas muy básicas: la sed de verdad y la de justicia”.

Pero, para no sesgar el análisis y atender a sus propios errores, los partidos tradicionales debieran tener claro el contexto: “Los terremotos en los sistemas de partidos suelen venir precedidos de cambios en las estructuras económicas que, a menudo, pasan inadvertidos. Es bien sabido que, mientras ocurría la mayor conmoción económica de la historia, la Revolución Industrial, una gran parte de la ciudadanía británica no se daba cuenta. (…) Algo parecido está ocurriendo con la Revolución Tecnológica”. Los partidos como Podemos se nutren electoralmente de los descolgados de los beneficios de la globalización, pero “estas formaciones no habrían prosperado si sus simpatizantes más activos hubiesen carecido de los recursos, tanto económicos como de capital humano, necesarios para convertir un grupo de opinión en un partido político con implantación territorial”.

Recuperar la autoestima nacional
Santiago Abascal Libertad Digital 14 Marzo 2016

No son estos –en los que aquellos a los que hemos elegido para representarnos están dando uno de los espectáculos más bochornosos y antipatrióticos– los mejores días para reconciliarse con nuestro país. Resuenan hoy aquellos tan traídos y llevados versos a los que en días como hoy damos, cediendo a la tentación, toda la razón:

Oyendo hablar a un hombre,
fácil es acertar dónde vio la luz del sol:
si os alaba Inglaterra, será inglés; si os habla mal de Prusia, es un francés,
y si habla mal de España, es español.

Estos versos de Joaquín Bartrina, un poco conocido poeta español del siglo XIX, continúan reflejando a la perfección el llamado pesimismo español. Los españoles somos la única de las grandes naciones que hablamos mal de nosotros mismos de manera sistemática. Es habitual que, cuando escuchamos en los medios una noticia negativa, escuchemos a alguien de decir: "Lo normal del país". Como si este acto de autocrítica colectiva librase al cenizo de su autor del defecto que, neciamente, atribuye al conjunto de sus compatriotas.

¿Está fundamentado este pesimismo? ¿Somos los españoles peores que otros pueblos? ¿Somos una nueva raza maldita, que merece toda clase de estigmas y maldiciones verbales?

Yo no creo que los españoles seamos peores que nuestros vecinos europeos. Es más, creo que hay muchas cosas de las que podemos, y debemos, sentirnos orgullosos. El problema es que siempre vemos el vaso vacío y nos dejamos arrastrar por la Leyenda Negra. Criticar a nuestra patria es un moda nacional de la que participan, por ejemplo, titiriteros y literatos premiados con goyas y premios nacionales de literatura, respectivamente. Trueba y Goytisolo han sido los últimos renegados que ahora mismo recuerdo. Y no tienen razón, por muchas razones que se usen en esta caza de brujas contra España.

Es cierto que el tejido industrial español adolece de problemas de competitividad. Pero también es cierto que existen sectores como el bancario en el que nuestras empresas están a la cabeza de Europa. Y empresas como Inditex, Navantia o Telefónica que son un referente internacional en sus sectores.

Es cierto que nuestras Fuerzas Armadas están mal dotadas presupuestariamente. Pero nuestros marinos, soldados y aviadores llevan orgullosamente el nombre de España por todo el mundo, cumpliendo con honor las misiones internacionales que les han sido encomendadas. Mientras tropas de otras naciones europeas han sido acusadas de abusos sobre poblaciones civiles, las tropas españolas se han sabido granjear siempre el respeto y afecto de la gente. No en vano muchas ciudades que han acogido a las tropas españolas tienen una plaza que luce con orgullo el nombre de España.

Es cierto que nuestro sistema educativo, dominado por una casta universitaria que ahora pretende darnos lecciones de política, tiene grandes oportunidades de mejora. Pero también es cierto que las escuelas de negocio españolas (IESE, Esade, IE) están entre las mejores del mundo y copan los primeros puestos en los rankings internacionales.

Por no hablar de nuestro sistema sanitario, uno de los mejores del planeta, responsable de que seamos uno de los países con una mayor esperanza de vida. O nuestra alimentación. O nuestro sistema nacional de trasplantes, gracias al cual sabemos, año tras año, que los españoles somos uno de los pueblos más solidarios de Europa.

¿Que tenemos defectos? ¡Claro! ¿Quién no los tiene? ¿Qué habríamos dicho de nosotros mismos si, en vez de la Volkswagen, el fraude de las emisiones lo hubiera cometido una empresa española?¿Qué habríamos dicho si hubieran sido tropas españolas las que hubieran abusado de la población civil en varios países de África, como ha pasado con cascos azules de otras naciones de la Unión Europea?

El problema es que tenemos una clase política que no cree en España. La oligarquía autonómica no cree en España porque la quiere destruir. Por medio de las competencias en materia educativa y a través de los medios de comunicación públicos, esa oligarquía lleva años ensalzando en exclusiva el sentimiento regionalista (convertido en sepatatista en muchos sitios), a la par que fomentando el odio a España o, en el mejor de los casos, la indiferencia hacia todo lo que tenga que ver con nuestra realidad histórica común.

La izquierda radical (Podemos e Izquierda Unida) no cree en España porque la odia. La odia porque la identifica con los valores del catolicismo y la Monarquía. Y porque todavía sigue traumatizada por haber perdido la guerra civil.

La izquierda moderada formada por el PSOE y Ciudadanos se avergüenza de España o solo la concibe desde el papanatismo europeísta. En el PSOE se sienten muchos más cómodos identificándose con el nacionalismo periférico que con la patria común. Y los socialdemócratas de Ciudadanos da la impresión de que necesitasen hacerse perdonar por la izquierda sus magníficas razones fundacionales en Cataluña. Parece que Albert Rivera no pueda apelar a España sin apelar a la vez a Europa. Parece que no pudiera defender la soberanía española en Cataluña sin proponer que se la entreguemos a Europa. Y no paran de decirnos todo el tiempo que tenemos que ser como Dinamarca o Alemania. Como si esos países no tuvieran sus propios problemas.

Por último, los actuales dirigentes del Partido Popular, que tienen secuestrada a una magnífica base social, parecen no creer demasiado en España, porque no creen en nada que no sea utilizar el poder en beneficio propio. Desbordados por la corrupción, se sienten incapaces de hacer cumplir la ley y consienten cobardemente la continua ofensa a nuestros símbolos nacionales y a nuestra unidad, sin dar respuesta al golpe de Estado separatista.

En Vox creemos en España. Es más, amamos a España, y afirmamos su soberanía frente a Artur Mas, y frente a Merkel si es necesario. Estamos convencidos de que somos una gran nación y de que el pueblo español es, con mucho, mejor que sus gobernantes.

Y creemos que lo primero que necesitamos es recuperar la autoestima nacional y encontrar nuestro propio camino. No queremos ser daneses, ni alemanes ni, mucho menos, venezolanos.

Queremos vivir y progresar como la gran nación que hemos sido, somos y –por mucho que algunos pretendan truncar nuestro camino colectivo– seguiremos siendo.

Santiago Abascal, presidente de Vox.

La caza de brujas de la UGT y las fuentes
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Marzo 2016

La primera vez que actué como periodista de investigación fue hace muchos años en Diario 16. 23 de abril de 1989. Ignacio Camacho fue testigo de estos hechos y de que no cobré por ello. Fue una exclusiva de las gordas, de las que hacen caer gente infame de las poltronas y la primera que, de verdad, arremetía contra el régimen andaluz del PSOE. Nadie recordará ya los hechos, pero la información destacaba cómo los dineros de la primitiva Radio Televisión Andaluza se iban por las cloacas del régimen en dirección a los bolsillos de directivos golfos y mediocres periodistas sobrevenidos. Jamás revelé mis fuentes, documentalmente esenciales, y jamás revelé el nombre de un periodista vinculado a la rama guerrista del PSOE que ayudó a que la noticia saliera a la luz pública con el fin de liquidar al borbollismo imperante en la Junta. Lo supe, era algo asqueroso, pero consideré que el que la verdad llegara a los andaluces y a los demás españoles era una finalidad superior. El periodismo sensato, el que sabe que es garantía de que la verdad civil se sepa en una democracia para que los ciudadanos puedan tener opciones de votar libremente y con conocimiento de causa, tiene que preservar, amparar, defender a sus fuentes.

Quizá no sea éticamente hermoso saber que algunas fuentes tienen intereses inconfesables, pero eso no significa que las verdades que así afloran no sean relevantes. Se ha dicho siempre que en el periodismo de investigación no hay historia si alguien no odia a alguien y quiere que ese odio tenga frutos. Pero eso no es periodismo de investigación, sino periodismo de transmisión. Alguien cuenta algo a un periodista, al que selecciona nadie sabe por qué, o sí, y el periodista lo convierte en noticia de alcance. Lo que debe hacer el periodista es confirmar la veracidad de las cosas que cuenta. Desde el caso Juan Guerra, segundo gran caso que me tocó afrontar en mis primeros pasos en El Mundo (1990), al caso UGT o al fraude de la formación, quizá los últimos que he afrontado, ya en Libertad Digital, junto a la espesa tela de araña que hemos desvelado con investigación de verdad y no mera transmisión –registros mercantiles, registros de la propiedad, documentos de la Junta de Andalucía y demás–, siempre he respetado la identidad de las fuentes. Es más, una vez que El Mundo mintió descaradamente sobre Juan Guerra intenté que rectificara, y como no lo conseguí le envié una nota manuscrita al abogado de Juan Guerra, Antonio Mates, ya fallecido, con el que colaboraba Javier Pérez Royo, en el que le ponía en conocimiento de mi indignación con la mentira. La nota existe y Juan Guerra sigue vivo. Informé sobre él y sus actividades durante varios años, cierto, pero nunca con mentiras.

Hace casi tres años, LD tuvo acceso a una documentación única sobre las finanzas y desvíos de dinero de las subvenciones a la formación por parte de la Unión General de Trabajadores en Andalucía y en otros sitios de España. Iniciamos la publicación minuciosa de los resultados del análisis de la documentación en junio de 2013. Estuvimos más de un mes publicando en soledad aquel escándalo mayúsculo que afectaba a la organización de Cándido –vaya nombre inadecuado– Méndez y a sus peones de Andalucía. Ningún medio se hizo eco de lo que era el principio del mayor escándalo sindical de la historia de España. Luego se añadieron algunos –ellos saben por qué– a publicar otros flecos de la porquería y hoy asistimos a la caza de brujas más despiadada que ninguna entidad supuestamente democrática haya desatado contra quienes suponen fueron las fuentes que desvelaron su asquerosa y miserable corrupción. ¿Van los medios a consentir que se crucifique a sus fuentes y se salven los inicuos? ¿Puede permitirse algo así la regeneración de la democracia española de la que tanto se habla?

ESPAÑA
Las autonomías se gastan en políticos el triple que las diputaciones provinciales
Suponen solo el 11% de los sueldos en altos cargos y asesores que suma toda la Administración local
ROBERTO PÉREZ Madrid ABC 14 Marzo 2016

Ciudadanos ha hecho de la eliminación de las diputaciones provinciales una de sus banderas para el ahorro de estructuras políticas en España. Y el líder socialista, Pedro Sánchez, le ha secundado. Ambos lo han dejado incluido en el pacto con el que Sánchez quiere abrirse paso hacia La Moncloa, aunque este asunto ha generado división entre sus filas y abiertas críticas entre destacados líderes territoriales del Partido Socialista. Y se ha matizado a posteriori indicando que, más que supresión sin más, se trataría de cambiar las diputaciones provinciales por otros entes con nuevo nombre y una organización reajustada, «consejo de alcaldes».

Pero ¿cuánto cuestan las diputaciones? Y, por tanto, ¿cuánto se ahorraría España suprimiendo sin más las diputaciones provinciales? Ese ahorro se limitaría a los cargos políticos que se eliminaran, porque el resto -empleados públicos, planes de subvenciones, etc.- forma parte de las competencias que, en cualquier caso, se mantendrían traspasándolas a otra administración. Así las cosas, el ahorro ascendería en el mejor de los casos a 91 millones de euros anuales. Es lo que costaron sus diputados, altos cargos y puestos de libre de designación política en 2014, último año del que existen cifras oficiales de liquidación presupuestaria. El importe incluye las cotizaciones a la Seguridad Social. En salarios brutos ascendió a 70 millones de euros en números redondos.

Burocracia traspasada
Sin embargo, el ahorro que se lograría si se suprimieran sería sustancialmente menor. Si se acabara con las diputaciones, sus competencias -y no son pocas- tendría que asumirlas otra administración, ya sea esa suerte de nuevo «consejo provincial de alcaldes» u otro nivel administrativo ya existente, como podrían ser las autonomías.

Si se optara por esta última vía, el resultado más probable -quedó claro con la transferencia de competencias estatales- sería el nacimiento de estructuras políticas añadidas en los gobiernos regionales. Y las autonomías, hoy por hoy, ya gastan en sueldos políticos el triple que las diputaciones provinciales. Entre presidentes, consejeros, altos cargos y asesores de gobiernos, diputados autonómicos y su personal de libre designación, el coste anual ronda los 300 millones de euros incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social.
Estructuras políticas

Actualmente, las diputaciones están dirigidas por alcaldes y concejales. Los escaños de los diputados provinciales se reparten proporcionalmente en función de los votos que cada partido obtiene en las elecciones municipales de cada demarcación. Y luego, cada partido decide qué alcaldes o concejales ocupan esos escaños.

El coste que tienen en sueldos políticos, pese a ser considerable -91 millones de euros al año-, es una gota en el océano de la Administración local española. Esta la integran, además de las diputaciones provinciales, las tres diputaciones forales vascas, los cabildos y consejos insulares, los ayuntamientos, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas -caso de Aragón y Cataluña-, mancomunidades, áreas metropolitanas y agrupaciones de municipios. Y, según las liquidaciones presupuestarias recopiladas por ABC, entre todas esas instituciones -las corporaciones locales en su conjunto- suman un gasto de algo más de 820 millones de euros al año en sueldos de altos cargos y personal eventual de designación política: unos 630 millones en salarios brutos, y el resto, en las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

Gobiernos municipales
Las 38 diputaciones provinciales suponen solo el 11% de los sueldos políticos que se desembolsan anualmente en la Administración local española. El grueso se concentra en los ayuntamientos, en partiular los de las ciudades más grandes. De hecho, los seis mayores ayuntamientos españoles -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga- tienen unas cúpulas políticas que, en su conjunto, cuestan más que las 38 diputaciones provinciales. Entre esos seis ayuntamientos pagan del orden de 93 millones de euros al año, entre sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social, por sus altos cargos políticos, asesores y personal de confianza. De esa cantidad, el grueso corresponde a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona: entre los dos gastan cada año unos 63 millones de euros en altos cargos y puestos de libre designación política.
Las vascas, las más caras...

Además, ese «adelgazamiento» institucional pactado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera deja a salvo a las tres diputaciones forales vascas y a los cabildos y consejos insulares -siete en Canarias y cuatro en Baleares-. Y, curiosamente, las forales son mucho más caras: entre las 38 diputaciones provinciales suman en sueldos políticos 91 millones de euros al año; entre las tres vascas, del orden de 17 millones. La media sale a 2,4 millones de euros en cada diputación provincial, frente a casi 6 millones en cada diputación foral vasca.

Por su parte, los cabildos canarios se gastan cada año en sueldos de sus estructuras políticas unos 16 millones. Y los consejos insulares de Baleares salen por algo más de siete millones.

... y las más endeudadas
Las diputaciones forales vascas también son las que acumulan un mayor endeudamiento Entre las tres sumaban al cierre del tercer trimestre de 2015 -último dato publicado por el Banco de España- una deuda financiera de 3.371 millones de euros. Entre las 38 diputaciones provinciales, 2.580 millones.

Félix de Azúa: “La educación en Cataluña está en manos de talibanes”
OKDIARIO  14 Marzo 2016

El escritor, que ingresó este domingo en la Real Academia Española, dice que la educación en Cataluña "consiste en enseñar odio a España y a lo español".

El escritor Félix de Azúa, que este domingo ingresó en la Real Academia Española, ha procurado a lo largo de su vida decir siempre lo que piensa, y esa actitud le ha granjeado “muchos enemigos”, sobre todo en Cataluña donde “la educación está en manos de talibanes”.

“La educación en Cataluña consiste en enseñar odio a España y a lo español”, asegura este novelista, poeta y ensayista en una entrevista en la que habla del discurso “ameno y breve” que leyó horas más tarde y se muestra encantado de formar parte de la RAE, “una de las instituciones más serias de este país”.

“La Academia vela por un idioma de 500 millones de hablantes, una cifra que marea y que los gobiernos no se la toman en serio. Los políticos no se dan cuenta de que eso es una mina”, señala.

Pero en la entrevista, Félix de Azúa (Barcelona, 1944), claro ejemplo de intelectual comprometido con su tiempo, critica también a los políticos catalanes, que son “de una mediocridad monstruosa”, y dice que en España “la gente se calla demasiado. Hay un silencio heredado de siglos de dictaduras religiosas, militares y oligárquicas”.

Ese silencio “hace la convivencia agradable, pero tiene la dificultad de que los abusones, los chulos, los canallas tienen la tarea muy fácil: nadie protesta. Y la poca protesta que hay, que es la de los profesionales, es una protesta entre amigos”.

“La oposición que pueda hacer el PSOE al PP es una oposición de barra de bar: hoy pago yo, mañana pagas tú. Y eso ha conducido al país a una situación lamentable”, subraya el autor de “Historia de un idiota contada por él mismo” (Premio Herralde 1986), “Diario de un hombre humillado” o “La invención de Caín”.

Él, sin embargo, procura decir lo que piensa en sus ensayos, en sus artículos periodísticos y en sus intervenciones públicas, por muy polémicas que puedan resultar a veces sus opiniones.

“Me parece que el hecho de callarse es lo que ha conducido a lugares como Cataluña y el País Vasco a callejones sin salida. Es muy difícil vivir en ellos si tienes una cierta ética, una cierta dignidad, porque estás rodeado o bien por canallas o bien por gente que simula no ver a los canallas”, comenta De Azúa, que dio clases en San Sebastián en los ochenta, “cuando ETA mataba a gente a diario”.

Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, el escritor decidió mudarse a Madrid hace unos cinco años tras haber vivido décadas en su ciudad natal.

“Hubiera podido resistir tranquilamente en Barcelona, porque en cierto modo me crece ver que mis enemigos son tan extraordinariamente mediocres, ignorantes, como son las autoridades catalanas”, comenta.

Fue el nacimiento de su hija, “una criatura deliciosa” que ahora tiene cuatro años, lo que lo llevó a cambiar de ciudad porque “la educación en Cataluña está en manos de talibanes y consiste en enseñar el odio a España”.


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Por qué hablar del 11-M

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 14 Marzo 2016

ESTÁ MUY mal visto hablar del 11-M como lo que sigue siendo 12 años después: la mayor masacre de la historia de Europa Occidental, que seguimos sin saber quién ideó, quiénes la ejecutaron y quiénes, entre las propias fuerzas policiales, la fiscalía y los jueces, aceptaron la destrucción de las pruebas o crearon pruebas falsas para impedir la investigación legal.

El pasado 11 de diciembre yo estaba entrevistando a una de las víctimas del 11-M, Eloy Morán, de la Asociación de Ayuda a las víctimas del 11-M, la única que además de cuidar a los afectados (muchos recaídos tras la masacre de París) sigue empeñada en que la Justicia investigue a los que destruyeron las pruebas, desde los trenes a las pertenencias de los muertos.

Pero nadie quiere acordarse de ellos, que están sin dinero. Es de mal gusto discutir que del 11-M sabemos poco o nada, y lo que sabemos, falso, pero está muy mal visto preguntarse qué pasó. Y por qué está mal preguntar.

Hay una curiosidad políticamente correcta, por ejemplo investigar a las víctimas del franquismo, y una curiosidad impertinente: investigar a las víctimas de los atentados del 11-M.

Es políticamente correcto rehabilitar etarras, con Otegui a la cabeza, pero es políticamente muy incorrecto y revela una clara tendencia fascista recordar cómo Otegui y sus pistoleros obligaban a jugar a la ruleta rusa a secuestrados como Luis Abaitua, que nunca se recuperó. Otegui, sí. Y sus defensores, como Manjón y Pablo Iglesias, ocupaban la primera fila del homenaje oficial de los partidos a las víctimas del 11-M.

¿Por qué Manjón y no Moris o Morán? Pues porque en el 11-M hay víctimas políticamente correctas y víctimas desagradables, que siguen preguntando qué pasó, cuando todo el mundo lo sabe. Bueno, saben que las víctimas buenas lloran, no preguntan.

Pero este viernes Morán se preguntaba: "si está tan claro lo que pasó, ¿por qué insultar a los que preguntan por la destrucción de pruebas, los fallos de la instrucción y los absurdos de la sentencia?"

El gran responsable, por omisión, de no investigar qué pasó el 11-M es el Partido Popular, pero el peor insulto a las víctimas este año es el de Pablo Iglesias, que pidió "no utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo". ¡Él, que presume de inventar los SMS y cercar las sedes del Partido Popular!

Doce años después, la infamia del 11-M continúa.

Hay que frenar la 'desconexión' tributaria del Gobierno catalán
EDITORIAL El Mundo 14 Marzo 2016

Mientras la falta de entendimiento entre las tres fuerzas constitucionalistas mantienen paralizado el Parlamento y el Gobierno continúa con sus funciones limitadas, en Cataluña, la Generalitat está decidida a pasar de las declaraciones a los hechos. Espoleado por la CUP, la organización antisistema de la que depende la estabilidad del Ejecutivo de ERC y CDC, el Govern ha comenzado a construir uno de los pilares de su programa de «desconexión»: una agencia tributaria propia. Una iniciativa independentista que debe tener una respuesta jurídica contundente y definitiva por parte de las instituciones democráticas. Porque con ella, la Generalitat pretende socavar la unidad del Estado, usurpando una de sus atribuciones esenciales, como es la recaudación de impuestos en todo el territorio nacional. Si la organización de un referéndum independentista era un asunto de máxima gravedad porque atentaba contra el principio de soberanía, de cruzarse esta línea roja estaríamos ante un punto de difícil retorno.

Si hace apenas un mes Oriol Junqueras, vicepresidente y 'conseller' de Economía, anunciaba la paulatina apertura de nuevas oficinas de la Agencia Tributaria catalana, de las cuatro actuales hasta un total de 140 en esta legislatura, la Generalitat pretende ahora forzar a miles de ciudadanos a pagar los impuestos a través de su propia Hacienda. Dado que por voluntad propia son muy pocos los particulares que tributan en el fisco catalán, el Govern ha decidido empezar a obligar a algunos trabajadores. Para ello, a partir de una iniciativa parlamentaria promovida por la CUP el pasado mes de noviembre, la Diputación de Barcelona ha anunciado a sus casi 5.000 empleados que el pago del IRPF de sus nóminas será recaudado por la Hacienda catalana y no por la Agencia Tributaria. Se trata de un auténtico golpe de mano institucional que, además de ser arbitrario, abusivo e ilegal, ya que esta decisión no puede tomarse sin el consentimiento de cada uno de los trabajadores, deja a éstos indefensos jurídicamente ante la Hacienda Pública. Supuestamente, la Hacienda catalana sólo puede actuar de intermediaria, pero nadie garantiza que una vez haya recaudado el dinero lo transfiera en tiempo y forma a la Hacienda española, convirtiendo, de no ser así, en infractores fiscales, expuestos a recargos y sanciones administrativas, a estos trabajadores.

Pero el atropello es aún mayor si tenemos en cuenta que lo que la Generalitat pretende es elaborar sus propios ficheros con los datos fiscales de los contribuyentes residentes en Cataluña, que como los del resto de españoles están protegidos por la ley. La Agencia Tributaria ya ha alertado del riesgo que supone que estos datos estén a disposición de demasiados organismos diferentes.

Por todo ello, este nuevo desafío no puede quedar sin respuesta legal y tanto la Fiscalía como el Tribunal Constitucional deben ponerse a trabajar para que no se consuma esta nueva tropelía. Porque se trata de una de las aspiraciones más necesarias para un soberanismo que con su actitud irresponsable y despilfarradora ha llevado a Cataluña a las puertas de la ruina económica y a poner en riesgo los servicios públicos básicos. Con una deuda que asciende a más de 68.000 millones de euros, lo que representa el 33% del PIB, y una acuciante falta de liquidez, que ha llevado al Govern a pedir al Estado más de 7.500 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), no es de extrañar que la Generalitat aspire a gestionar partidas fiscales que no tiene transferidas. Es paradójico que mientras el Gobierno catalán pide a todos los españoles más dinero para evitar la quiebra, pretende sentar un precedente para ir creando 'de facto' lo que por ley no le está permitido. Esta maniobra independentista que pretende consumar la Generalitat con la complicidad de la Diputación de Barcelona es coherente con la estrategia desplegada desde hace semanas en el Parlament para continuar tramitando las leyes de «desconexión» bloqueadas por el TC en sesiones secretas y evitar así que los servicios jurídicos de la cámara alerten sobre la ilegalidad de las mismos. Para el Govern, la legalidad vigente no opera en Cataluña y no pierden una sola ocasión de demostrarlo.

Es necesario, por tanto, que además de una respuesta jurídica acorde a la magnitud de este nuevo desafío, se dé una respuesta política contundente. Algo que por desgracia un Gobierno en funciones como el actual no puede hacer, por carecer de respaldo y autoridad suficientes. Los tres partidos constitucionalistas han de ser conscientes de que el avance del proceso independentista requiere de ellos una unidad de acción política sin más dilaciones.

Oriol Junqueras ya no habla de independencia
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 14 Marzo 2016

“Junqueras llama un día muy nervioso, yo diría que asustado, oye, estoy preocupadísimo, tenemos unos vencimientos de deuda con bancos que no hemos atendido y las agencias de rating nos van a crujir… A ver qué podemos hacer, nos tienes que echar una mano”. La agencia de calificación era Standard & Poors (también Moody’s andaba tras la pista), que tenía ya preparada una nueva rebaja de la calificación crediticia de la Generalidad de Cataluña por debajo del bono basura, con lo que ello hubiera significado para esa Comunidad y para el resto de España, puesto que los mercados financieros no entienden la jerigonza independentista y para ellos Cataluña es solo una parte de España.

Y entonces Luis De Guindos protagonizó un triple salto mortal y en su vuelo de regreso a Madrid desde Bruselas, martes 8 de marzo, hizo escala en el aeropuerto del Prat para charlar durante 40 minutos con el vicepresidente del Govern y ministrín de Economía de la Generalidad, un tipo que anda ahora en un sinvivir, en qué lío me he metido, la Mare de Déu de Montserrat, esto no es subir al atril y largarse un discurso sobre esa República Catalana de la Felicidad per a tothom donde manarán de manera espontánea ríos de leche y miel, esto es muy complicado, más serio, aquí no cabe ni media broma. Y dicen que sí, que Oriol Junqueras ya no es el mismo, que el tío que amenazaba con “no pagar la deuda de Cataluña” anda ahora callado cual muerto, perdido en un laberinto cuyas claves desconoce, un enredo cuyos misterios dice estar dispuesto a descubrir. Empezando por no decir tonterías.

“Y sí, claro, hemos conseguido pararlo, hemos hecho ver a S&P algo tan sencillo como que la deuda de cualquier Comunidad Autónoma tiene implícitamente la garantía del Estado, porque jurídicamente así son las cosas. Lo contrario hubiera sido un dislate. Dejar caer en el default a una Comunidad tendría consecuencias muy graves para todos, al margen de que nuestra obligación es hacer posible que todas continúen financiándose para que puedan seguir prestando los servicios públicos necesarios”. El mismo día de la “parada técnica” de el Prat, Junqueras llamó por teléfono a Cristóbal Montoro, con quien no había cruzado palabra en meses, y “sí, llamó aquí, muy amable porque él es cordial en el trato, que teníamos que distinguir los planos, decía, que una cosa es la pelea política y otra la administración de Cataluña, y que teníamos que ponernos de acuerdo…”

Días antes de esta llamada, Pere Aragonès, actual número dos de Junqueras, había visitado las dependencias de Hacienda en la calle Alcalá para entrevistarse con altos cargos del ministerio. El de ERC traía un encargo urgente: pretendía que el Tesoro concediera un anticipo a la Generalitat por importe de 700 millones para pagar la extra de verano de sus funcionarios, ello a cuenta de los 1.400 que Cataluña deberá recibir este año como consecuencia de la liquidación del sistema de financiación de 2014. A resultas de la entonces incipiente recuperación (del 0,8% de crecimiento del PIB se pasó al 1,4%) y del consiguiente incremento de la recaudación tributaria, el Tesoro ingresó en 2014 casi 7.000 millones de más, de los cuales 1.400 corresponden a Cataluña, cuyo desembolso, para todas las CC.AA. se llevará a cabo en julio.

De modo que, en la conversación del martes, Montoro, todo amabilidad también, recordó a Junqueras que la devolución de esos 1.400 millones está pautada y que Hacienda no puede hacer anticipos más que para atender necesidades urgentes de tesorería y siempre con la oportuna justificación del gasto por delante. Ello es así por Ley, sin margen de discrecionalidad alguno, por lo que no era posible acceder a esa petición de anticipo para un asunto a varios meses vista. Junqueras tendrá, pues, que esperar, aunque sabiendo que la paga extra de sus funcionarios, muchos de los cuales son la punta de lanza de ese independentismo que todavía no conoce los riesgos personales y familiares del juego mendaz que un puñado de aventureros les propone, se pagará en su momento, porque para eso está detrás ese pérfido Estado con el que una tropa de rufianes quiere acabar.

La Generalitat tiene vetada la salida a los mercados financieros
Más difícil lo tiene con la deuda bancaria a corto plazo que el Govern arrastra con una serie de bancos, deuda vencida que las entidades se niegan a refinanciar. “Lo que no es normal es que la Generalidad no pueda hacer frente a esos vencimientos de deuda a corto, algo que pone de manifiesto el descontrol de una administración autonómica incapaz de gestionar su casa y a quien el Estado debe socorrer de prisa y corriendo para evitar el default”. La pretensión de la banca acreedora es sencilla: que esa deuda a corto se transforme en deuda a medio y largo plazo, esta sí acogida a la línea de crédito del Fondo de Liquidez Autonómica. El FLA está permitiendo en realidad una reestructuración de la deuda a medio y largo de las Comunidades a precios más que interesantes, en tanto en cuanto se le aplica el tipo de interés de los bonos del Tesoro a 10 años (0,8%)

Con la salida a los mercados financieros cerrada a cal y canto, la Generalidad no ha tenido más remedio que acogerse al esquema, voluntario, del FLA, y pasar por las horcas caudinas de enviar a Hacienda un plan detallado de ingresos y gastos que hagan viable la consecución del 0,3% de objetivo de déficit para 2016. No está de más recordar que el déficit catalán se disparó en 2015 hasta el 2,5%. El Govern recibirá este año del FLA un total de 7.520 millones para cubrir sus necesidades crediticias. En realidad, el Estado está abaratando la financiación de las CC.AA., aligerando la carga de intereses y dotándoles de un mayor margen para atender los servicios públicos que prestan. Curioso resulta constatar que la Cataluña nacionalista ha ido deteriorando su situación financiera al mismo ritmo que el Estado mejoraba su reputación y pasaba de pagar intereses del 6% en 2012 a financiarse a tipos negativos en la actualidad. La paradoja, o no tanto, es que el nacionalismo catalán ha ido extremando sus posiciones al mismo ritmo que crecía su dependencia de la financiación del Tesoro.

¿Qué es lo que el Gobierno, ahora en funciones, está pidiendo a cambio de estas ayudas? Transparencia, simple transparencia, y ello porque la situación financiera de la Generalidad es peor que la del resto de CC.AA. Desde el año pasado, el Govern está obligado a enviar a Hacienda las facturas justificativas de los fondos para cubrir tesorería que recibe, como una forma de garantizar que se destinarán al pago de los servicios públicos y no se dilapidarán en la aventura independentista. La facturación electrónica de la Generalidad está, pues, mes a mes en poder de Hacienda, con la firma del interventor jefe que, a la sazón, no está aforado. Esta es, al margen de los delirios del independentismo, la realidad de las cosas: que el señor Junqueras necesita llamar a Madrid para poder pagar la extra de sus funcionarios. ¿Alguna lección extraerán algún día tales funcionarios? Los farmacéuticos catalanes hace tiempo que lo hicieron: llaman directamente a Hacienda para saber cuándo va a remitir los fondos y, por ende, cuándo van a cobrar. Han aprendido el camino.

La Cataluña nacionalista, que ha demostrado no saber gestionar (los recortes del gasto sanitario, por ejemplo, en niveles insostenibles por lo demás, han provocado una brutal caída de la calidad del servicio, asunto que no se molesta en denunciar la reina Ada ni las CUP), no funciona. Lo que ha funcionado es un Estado solidario con todos sus territorios, a pesar de la dureza de la crisis. Un Estado de las autonomías que, con todas sus imperfecciones, ha puesto de manifiesto la existencia de un vínculo real entre esos territorios. Un Estado que ha generado prosperidad, que garantiza las libertades, asunto no baladí a tenor de la deriva que están tomando las cosas, y que es capaz de acudir al rescate cuando se trata de salvar situaciones tan desesperadas como el default de Cataluña. Una lección que deberían aprender esos sembradores de vientos que a menudo terminan en tormentas de sufrimiento.

Una reforma integral del Estado y su coste de mantenimiento
El análisis, con todo, quedaría alicorto si no reconociéramos los problemas de fondo, estructurales, de un Estado que gasta más de lo que ingresa. Empeñado en la engañifa de la Arcadia independiente, nadie ha tenido el valor de apuntar al nudo gordiano de la estructura clientelar de una Generalidad de la que viven los partidos y buena parte de las elites catalanas. Otro tanto ocurre en el resto de las CC.AA. Mucha gente, en Cataluña y en el resto de España, ha vendido su alma al diablo a cambio de un empleo público más o menos bien remunerado. Todo un ejército de altos funcionarios entregado al redactado permanente de leyes y reglamentos con los que justificar su sueldo. El Gobierno autonómico es, con mucho, la mayor empresa en cada uno de los territorios. Caen los ingresos por culpa de la crisis, pero los gastos no dejan de crecer. Como una consecuencia natural, el esquema tiende a la acumulación de déficits crónicos. Ya se ha visto el alborozo con que en Andalucía ha sido acogida la sugerencia de C’s de acabar con las Diputaciones. ERC quiso introducir otro nivel de Administración en Cataluña, las veguerías, para sublimar la orgía de gasto público. Vender la burra de la independencia evita tener que recortar unos gastos de estructura insostenibles. En el Macondo hispano, el FLA se encarga de actuar como válvula de escape para que siga la fiesta y el modelo no colapse.

Como el yonqui en busca de su dosis diaria, el país necesita endeudarse en el exterior para financiar gasto corriente, práctica que el amigo Draghi facilita con sus tipos de interés al 0%. Cualquier cosa antes que meter la tijera en el gasto. Todo menos reformar de arriba abajo la Administración pública, el aparato del Estado y su coste, y acordar un sistema de financiación equilibrado para las CC.AA., también para Cataluña. Las tragaderas de Bruselas para con la fauna ibérica son proverbiales: que se encargue Montoro de aumentar la recaudación. Nadie parece reparar en las consecuencias para la población de este modus operandi: paro a mansalva, falta de oportunidades, caída de la iniciativa privada, retraimiento de la inversión, emigración forzada para sobrevivir, riesgo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y corrupción transversal a mogollón. El Estado se va convirtiendo en un Leviatán despiadado, ante la mirada indiferente del español medio. ¿Hasta cuándo?


El independentismo entra en bancarrota: la ANC se queda sin socios y sin dinero
Las pérdidas de la ANC ascienden a 529.000 euros por, entre otros factores, el descenso del número de socios como consecuencia de las múltiples bajas producidas el último año
Nacho Cardero El Confidencial 14 Marzo 2016

“Debemos dejar de ser esclavos del pasado y ser creadores del futuro”
Carme Forcadell

Además del proceso de desconexión iniciado desde la Generalitat, hay otro más sordo pero posiblemente más real que está teniendo lugar en paralelo: el de los catalanes con su clase política y, más concretamente, con su clase dirigente. Les prometieron el Shangri-La de la independencia y se han dado de bruces con el caos, el populismo y la mala gestión. El mantra del ‘España nos roba’ sigue valiendo, pero cada vez menos. La sensación del catalán de a pie es que, más que un Gobierno, lo que tienen es un patio de Monipodio.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), todo un símbolo de la retórica independentista dentro de la sociedad civil y artífice de que la Diada, o Día Nacional de Catalunya, se haya convertido en una orgía secesionista de la que participan menores de edad e inmigrantes, está siendo paradójicamente víctima de esta progresiva desafección. Después de haberse puesto al servicio de los intereses espurios de Artur Mas, empieza a extenderse la idea de que, excepto Carme Forcadell, antigua jefa de filas de la ANC, que goza hoy de un lustroso cargo como presidenta del Congreso, el resto de socios y simpatizantes han sido utilizados para fines distintos a los perseguidos. Tal es así que hoy, mientras Forcadell cobra 11.000 euros al mes en el Parlament, la ANC se encuentra en una situación próxima a la bancarrota.

Hay desbandada. Los últimos recuentos efectuados por la Asamblea Nacional Catalana, a los que ha tenido acceso este diario, constatan un descenso del número de socios como consecuencia de las múltiples bajas producidas en el último año y la escasez de incorporaciones. Cada vez hay menos catalanes dispuestos a rascarse el bolsillo para financiar una organización que obedece más a intereses de la política que a los de la sociedad civil.

Esta desmotivación queda reflejada en los impagos de cuotas. No solo hay menos socios sino que los pocos que quedan se muestran reacios a abonar las mensualidades. La lista de morosos aumenta y las finanzas de la ANC se resienten. Han pasado de un superávit presupuestario de 70.855 euros en 2013 a las pérdidas. Según las cuentas a las que ha tenido acceso El Confidencial, el agujero de la Asamblea asciende a 529.000 euros.

La ANC se constituyó el 10 de marzo de 2012 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Carme Forcadell fue elegida presidenta. En junio de ese año, lanzaron la campaña ‘Marxa cap a la Independència’ (Marcha hacia la Independencia), que comenzó en la Seu Vella (Lleida) y concluyó el 11 de septiembre con gran despliegue pirotécnico en Barcelona. Un año después, en 2013, organizaron una cadena humana de 400 kilómetros que, bajo el nombre ‘Vía catalana hacia la independencia’, tuvo notable eco mediático allende nuestras fronteras. Aquellas imágenes marcarían el momento culmen de la Asamblea, que se prolongaría a lo largo de todo 2014.

Sería un año después, 2015, coincidiendo con la llegada de Jordi Sánchez como presidente de esta organización en sustitución de Forcadell, que ya había agotado sus plazos de permanencia, cuando comenzaron a vislumbrarse los primeros síntomas de declive. Sánchez carecía del carisma y fuerza de su predecesora y, como ya informara Antonio Fernández en este diario, su gestión no tardó en empezar a ser cuestionada por algunos círculos de la propia ANC, que le acusaban de ser una correa de trasmisión de CDC y veían con buenos ojos que otra persona tomase las riendas.

Populismo repugnante: el FLA es a 10 años. España paga a 10 años 1.48%. Con manipulaciones así se construye país. https://t.co/unIsWsyOHI
— Luis Garicano (@lugaricano) 12 de marzo de 2016

Así, con una acentuada división interna y las finanzas hechas trizas, la ANC celebrará su asamblea general ordinaria el próximo 17 de abril en Manresa, donde se fijará la hoja de ruta para el próximo año y se aprobarán unas cuentas que, tal y como se ha comentado, la colocarán en una situación delicada, especialmente si se hace hincapié en la pérdida de apoyo popular.

Según la propia asociación, en enero de 2015 contaban con más de 80.000 socios, de los cuales más de 40.000 lo eran de pleno derecho y pagaban cuota, y otros 40.000 recibían la calificación de colaboradores y simpatizantes. En julio de ese mismo año, al tener que desnudarse con motivo de la consulta interna que hicieron para decidir sobre su implicación en las elecciones del 27-S, la ANC rebajó la cifra a 34.678 socios con derecho a voto. Desde entonces y según las fuentes, la cifra ha seguido menguando.

No es solo la ANC la que está atravesando por una mala situación financiera. En realidad, es todo el independentismo catalán el que está en quiebra. Las cuentas de la Generalitat son como las de la Asamblea Nacional Catalana, un sumidero, tal y como se puede colegir de la reunión improvisada que forzó su vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, ante la maltrecha salud de la economía catalana, con el ministro del Gobierno de Madrid Luis de Guindos, en la sala de autoridades del aeropuerto del Prat.

Mientras por un lado Junqueras vocea la desconexión con España en 18 meses, por el otro mendiga ayudas como el que espera una moneda a la salida de misa de 12. Sin achantarse, el líder de ERC ha solicitado pasar más de 1.600 millones de su deuda de corto a largo, para lo que hace falta el permiso del Consejo de Ministros, así como facilidades para abonar los pagos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El Gobierno Central está poniendo todo su celo en monitorizar las inyecciones de capital que destinan a la Generalitat, no les vaya a pasar lo que en estos ejercicios pasados. En los años de crisis, período 2009-2015, mientras las autoridades catalanas pegaban un hachazo a los gastos en política social (ver gráfico), con unos recortes brutales en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (solo comparables a los de Castilla-La Mancha), pretextando lo pernicioso del actual sistema de financiación autonómica para Cataluña, mientras aplicaban sin piedad la tijera, al mismo tiempo, digo, se ponían a abrir embajadas en el extranjero, a regar con dinero público a los medios amigos y a engordar la partida presupuestaria de Alta Dirección (de 103 millones en 2009 a 168 millones de 2013). Así que ya saben: “España nos roba”.


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