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Cómplices de sedición
Los Fondos de Liquidez de Rajoy han premiado a corruptos y
sediciosos entre 2012-2015 con 178.896 millones, sin intereses, sin
control alguno y sin posibilidad de recuperarlos
Roberto Centeno El Confidencial 14 Marzo 2016
En esta España a la deriva, con una clase política o sin ideas ni
proyecto alguno excepto más gasto, más impuestos y más deuda, o,
peor aún, con la intención de destruir todo lo existente y
sustituirlo por una dictadura populista bolivariana, habría que
estar ciego para no ver que unos y otros nos están arrastrando a un
desastre político, económico y social.
¿Cómo es posible que un partido político con opciones de gobierno
pueda afirmar que debemos pedir perdón por el descubrimiento de
América o a los musulmanes por la reconquista de Granada? Y en el
colmo del totalitarismo -porque no respetan la libertad ni la ley
excepto la suya propia-, ¿cómo pueden pretender que los jueces
presten juramento de fidelidad al 'Gobierno del cambio' como en la
Alemania nazi? ¿O cómo no avergonzarse de las alcaldesas Carmena y
Colau, una de traca, otra llena de odio a España, y ambas
guerracivilistas y anticristianas beligerantes?
¿Cómo una activista radical, sectaria e ignorante, que ni siquiera
fue capaz de acabar una carrera, osa insultar en público a dos
coroneles del Ejército de España en un salón dedicado a la
enseñanza, cuando las academias militares ocupan un lugar esencial
de la educación superior en todo el mundo civilizado? ¿Qué va a
hacer el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Su Majestad
Felipe VI, ante esta gravísima ofensa? ¿Acaso va a ir a Barcelona a
desagraviar a su Ejército, que es el Ejército de España, o solo va a
Barcelona al Salón del Automóvil para hacer de chofer del jefe de la
banda de sediciosos? Ahora podremos comprobar de nuevo los españoles
de qué madera está hecho don Felipe; algo ya visto con su nulo
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de mediar y
arbitrar.
Sin embargo, en este piélago de indignidad y de cobardía, nada peor
que la complicidad con la sedición del autócrata Rajoy, que para
nuestra desgracia es jefe del Gobierno y en consecuencia tiene poder
suficiente para evitar la consumación de la alevosa traición a
España y no lo hace. Habría que retroceder 1.300 años, hasta el
obispo Oppas, para encontrar en nuestra historia un caso de felonía
semejante al perpetrado por Rajoy ante la sedición catalana. Una
ignominia con el agravante de que obligue a su ministro De Guindos a
desviar urgentemente su avión a Barcelona para prometer al sedicioso
Junqueras el adelanto de miles de millones, que serán sin duda
empleados, como en otras ocasiones, en acelerar el proceso de
independencia de Cataluña. Se trata de la mayor felonía cometida en
Europa jamás.
Malversación de fondos públicos
La Comisión nos remite por escrito una seria advertencia en la que
se exige al Gobierno aplicar los instrumentos preventivos y
correctivos previstos en la Ley de Estabilidad (y de los que Rajoy
ha hecho dejación total), un escrito que es la antesala a medidas
sancionadoras serias contra España. En el mismo momento en que nos
remite ese documento, resulta inaudito que se considere siquiera la
exigencia de entregar 7.520 millones -¡un 32% más que todo el
presupuesto de Defensa!: si es que se han vuelto locos- a un puñado
de sediciosos, cuando el total previsto del Fondo de Liquidez
Autonómica para 2016 es de 5.834 millones y lo que correspondería a
Cataluña serían 1.165 millones. ¿Pero cómo se atreven? Pues porque
tiene enfrente a un Gobierno de cobardes que no duda en arrastrar
por el fango el honor y la dignidad de toda una nación.
Rajoy, que ha incurrido además en un grave delito penal (art. 408
del Código Penal) al no perseguir el delito de desobediencia en los
tribunales y el de sedición, y todo su Gobierno deberán ser
procesados algún día como ocurre en todos los estados de derecho.
Nunca en la historia de la civilizaciones se había producido una
claudicación semejante, pero esto es ya la gota que colma el vaso de
la dejación, de la cobardía y de la traición. Y por si fuera poco,
este dinero, que es un préstamo sin interés pero que se debe
devolver, los jefes de la banda de facciosos ya han anunciado que no
piensan devolverlo. Casi resulta imposible el imaginar una mayor
infamia.
Dentro del Himalaya de mentiras con las que Rajoy ganó las
elecciones, una de las más relevantes sería su promesa de “enviar
los hombres de negro” , o sea, intervenir, a todas las CCAA que no
cumplieran los objetivos de déficit. Así lo confirmaría Montoro
durante los dos primeros meses de Gobierno y así efectivamente
parecía cuando se convocó en Madrid a los presidentes de todas las
CCAA a principios de marzo de 2012. Sin embargo, ante el asombro de
todos, Rajoy hizo justo lo contrario. “No dejaré quebrar a ninguna
Comunidad Autónoma”, diría este insensato. Los presidentes
autonómicos que venían dispuestos a recortar gasto como fuera antes
de que les intervinieran, brindarían con champán y tirarían a la
papelera los proyectos de reducción de déficit.
Ese año, las CCAA recibirían 16.638 millones, y Cataluña se llevaría
la parte del león con 6.665 millones o el 38% del total, cuando le
correspondía solo el 19%. Valencia sería la siguiente, con 3.830
millones, Andalucía conseguiría 2.793 millones y, ¿cómo no?,
Castilla-La Mancha, dirigida por la dilapidadora Cospedal, recibiría
1.037 millones. España cerraría 2012 con el mayor déficit público de
la zona euro, 10,7% (11.000 millones más que en 2011, cuando fue del
9,4%), y ello a pesar del maquillaje de Montoro retrasando
determinadas devoluciones fiscales (“cuando lo vimos, no podíamos
creérnoslo” dirían en Bruselas). Pero no hicieron absolutamente nada
para obligar a Rajoy a corregirlo.
Y lo primero que hizo Mas fue crear un Consejo Asesor para la
Transición Nacional de Cataluña, es decir, poner en marcha el
proceso independentista con el dinero recibido, y el cobarde de
Rajoy, como siempre, en lugar de quitarle la asignación del FLA, lo
que hubiera hecho cualquier persona decente, miró para otro lado.
Claro que, como le dijo Sánchez en el debate de televisión, Rajoy no
es una persona decente, aunque es mucho peor que eso: es un traidor
a España y a los españoles. Mas afirmaría también que “seguirían
construyendo estructuras de Estado”. Al año siguiente, y para ayudar
a construirlas, de 19.809 millones, Rajoy entregaría a Mas como
premio a su felonía 10.051 millones, el ¡51% del total! Y el año
pasado exigirían urgentemente 700 millones para la paga
extraordinaria a sus funcionarios, las fuerzas de choque que
encabezan las manifestaciones y queman nuestra bandera. Y Montoro se
los dio; tres meses, después Mas declararía el inicio de la
independencia.
En conjunto, los Fondos de Liquidez del Estado puestos en marcha por
Rajoy para premiar a los dilapidadores, a los corruptos y a los
sediciosos ascendieron en el periodo 2012-2015 a 178.896 millones,
todos sin intereses, sin control alguno y sin posibilidad real de
recuperación. Todo un festival de malversación de fondos públicos,
un grave ilícito penal que estamos hartos de ver en la mayoría de
casos de corrupción. Pero ¿qué son los cientos de millones que están
siendo juzgados en los tribunales comparados con las decenas de
miles que han malversado Rajoy y su Gobierno? ¿Cómo se puede
explicar la entrega de tan gigantescas cantidades sin control
alguno, y lo que es peor, el haber hecho caso omiso de la Ley de
Estabilidad, lo que añade al delito de malversación otro delito de
prevaricación?
La indiferencia de la sociedad española
Hay un artículo histórico de Antonio García Trevijano, el mejor
pensador político español de todos los tiempos, escrito en 1988 y
titulado 'De la España diferente a la España indiferente'. Explica
Trevijano cómo ante el gigantesco fraude de la Transición que nos
hurtó la democracia y nos impuso un régimen oligárquico de partidos,
sin separación de poderes y con diputados que no representan a los
electores sino a los autócratas que les colocan en una lista, los
españoles “no desean utilizar sus libertades para participar en la
dimensión pública de su existencia, que les es impuesta desde fuera
por los dirigentes de los partidos, del sistema bancario,
burocrático e informativo que son los únicos subsistemas que
funcionan dentro de la crisis general del sistema”. “Los ciudadanos
se desentienden de la política y se refugian en el modo privado de
su existencia”.
Esto tiene hoy mucha más vigencia que entonces, que el español
“busque en la ilusión de su realización individual el ideal que se
le niega como ser comunitario” es un comportamiento sencillamente
suicida, porque al contrario que en 1988, ahora la clase política ha
arruinado nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, está
destruyendo nuestra nación, la suspensión de pagos -aplazada desde
2012 por el río de dinero del BCE- es solo cuestión de tiempo. Si
entonces podía entenderse, nunca justificarse, la indiferencia de la
sociedad, hoy ya no lo es posible, porque, y esto lo repito una y
otra vez, no es catastrofismo, son matemáticas.
En 1988, la deuda total de las AAPP era de poco más de 100.000
millones de euros, hoy es de 1,48 billones; el paro era del 8,4%,
hoy es del 22,6%; la carga fiscal sobre la familia media era la
mitad de la actual. ¿Hasta cuándo va a permanecer indiferente la
sociedad ante su ruina? ¿No ven cómo cada semana nos endeudan en
5.000 millones de euros adicionales? ¿Quién narices piensan que va a
pagar esta orgía de despilfarro? La economía se está desacelerando,
este año creceremos del orden de 1,4%. El modelo de previsión del
Airef -uno de los mejores de Europa- da para este primer trimestre
un crecimiento del 0,6%, pero el desplome continúa y las previsiones
son el 0,4 el 2T, el 0,3 el 3T y el 0,1 el 4T. La suma, un 1,4%.
Pero si esto ya es una catástrofe, imaginen 2017 con un crecimiento
previsto cercano a cero. El próximo día explicaré estas cifras.
Y así las cosas, sale Junqueras, el nuevo jefe de la banda de
sediciosos, y exige que el Estado le entregue 7.560 millones de
euros para no quebrar -Moody's acaba de rebajar su 'rating' a bono
basura con perspectiva negativa-, pero también para financiar su
nuevo Ministerio de Exteriores (Consejería de Exteriores), sus
nuevas embajadas prioritarias para los sediciosos, y toda la
financiación necesaria para la construcción de una República
catalana. ¿Cómo se puede permitir que un puñado de sediciosos se
burle de las sentencias del Tribunal Constitucional y el Gobierno no
actúe? ¿Qué gigantesca tomadura de pelo al pueblo español es la del
cobarde de Rajoy, pasando al TC el problema y cuando lo desobedecen
no haciendo absolutamente nada? El tema es tan disparatado que a uno
le faltan palabras y adjetivos para calificarlo.
La pasada semana en sendas, conferencias en Gijón y Oviedo
silenciadas por la casta política y mediática, pero con un éxito
rotundo, Trevijano propuso una nueva reconquista de la unidad de la
conciencia de España y emplazó a los presentes, que lo apoyaron
entusiásticamente, a tomar la iniciativa de concentrar en Covadonga
al núcleo motor que encamine hacia la Palza de Cataluña en
Barcelona, a todos aquellos que sientan la infidelidad y el desgarro
de la conciencia de España. La indigna clase política y los medios
han eliminado del vocabulario el concepto de nación y lo han
sustituido alevosamente por un humillante Estado español. Allí se
tratará de impulsar la nueva conciencia histórica de la unidad
indisoluble de España como nación, poniendo en marcha la energía del
pueblo español tanto tiempo doblegada y sofocada.
Del Reino de la Mentira al Gobierno de la
Cloaca
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 14 Marzo 2016
Los treinta años del Referéndum de la OTAN, los doce años del 11M y
el Caso López Madrid son dos aniversarios y un recordatorio
actualísimo de la corrupción de las instituciones españolas, cada
vez más difícil de sanear y cada vez más cerca de llevar a nuestro
país por el camino de México y Argentina: la creación, gracias a la
corrupción de la política, la justicia y la cúpula policial, de un
narcoestado con el Ejército en guerra con la policía.
El referéndum de la OTAN en 1986 se hizo para que toda España
rectificara lo que un ensoberbecido presidente, Felipe González, no
quería rectificar: su demagógica oposición a que España siguiera
perteneciendo, tras la preceptiva votación en Las Cortes, a la gran
organización militar de Occidente durante la Guerra Fría. Se pasó
del "OTAN, de entrada No", de 1982, que arañó todos los votos del
PCE, al "Sí, por el bien de España" en 1986, prólogos ambos de dos
victorias por mayoría absoluta que mostraron hasta qué punto la
adhesión a un líder podía llevar, previa manipulación de los medios
de comunicación, a apoyarle por una cosa y la contraria, sin que él
tuviera que pedir disculpas ni una vez. Que rectificara el pueblo:
él no.
Pasó lo mismo con el GAL: si tras responsabilizarse políticamente y
pedir perdón por el criminal error –como hizo Thatcher por los cinco
terroristas del IRA abatidos en Gibraltar, cuando dijo en el
Parlamento "Yo disparé", se hubiera remitido al veredicto de las
urnas, habría ganado igual. Pero él, o sea, Él, no podía admitir
cosa tan fea y deshonrosa: España tuvo que tragar que el presidente
jurase en el Tribunal Supremo (sin fotógrafos, porque según dijo el
juez socialista Bacigalupo, "no se podía estigmatizar al presidente
en época electoral"), que no sabía nada del terrorismo de su
Gobierno Pero sin asumir los delitos, los respaldó y acompañó hasta
las puertas de la cárcel de Guadalajara al Ministro del Interior y
al Secretario de Estado de Seguridad, condenado por ellos. Luego, se
largó a México. A los tres meses, los indultó Aznar, pero él se
vengó con el vídeo de Pedro J. Modelo de asesinato civil que se
repite desde entonces.
De la OTAN nació Filesa
El referéndum de la OTAN, prometido para sacarnos de ella y luego
convertido en plebiscito para quedarnos, necesitaba mucho dinero
para la propaganda. Ahí nació la primera empresa creada para captar
fondos en dinero negro: Filesa. Por no pagar al contable, un chileno
llamado Van Schouwen, acabó en la cárcel Josep María Sala, del PSC,
porque Cataluña era, con Pujol ya en el Poder, donde los políticos
cobraban a las empresas con mayor normalidad. A la salida de la
trena (otros tres meses) lo hicieron Jefe de Formación del PSC. ¿Y
por qué convirtió el partido de Maragall, Chacón e Iceta a un
condenado por corrupción en maestro de conducta? Porque, según
decían, Sala robaba para el partido y no para él. Diferencia notable
con el pujolismo pero base de la corrupción transversalcatalana.
Si en Filesa empezó la corrupción de los partidos al por mayor, de
la que la saga barcenil del PP es sólo el último episodio (mañana,
penúltimo), el referéndum de la OTAN mostró cómo manipular los
principios desde los medios de comunicación. Para torcer el brazo a
la superstición pacifista y a la demagogia antiamericana de la
Izquierda, hubo que echar toda la carne en el asador. Y vaya si se
echó. Todos los medios, incluidos los dos nacidos en la Transición y
para la democracia, El País y Diario 16 (que vieron cómo dimitían
sus jefes de opinión, Javier Pradera y yo), dieron todas las
volteretas que exigía la rectificación del pueblo en nombre de
González. Y se demostró que el periodismo de secta es tan obediente
como el de interés. Después de aquello y de la campaña contra los
que denunciábamos el GAL, España estaba madura para el 11M. Y lo
sigue estando hasta el día de hoy.
De la conspiración republicana del GAL a la conspiranoia del 11M
Si el referéndum de la OTAN hizo de España el reino de la Mentira,
el GAL y su fruto podrido, el 11M, mostraron la deriva hacia el
Gobierno de la Cloaca, que, como demuestra el caso López Madrid,
dura hasta hoy.
Cuando el GAL, un poderoso ejército mediático, capitaneado por
Cebrián y el director de ABC (entonces Anson), con la entusiasta
cobertura de La Vanguardia, buena parte de las radios y casi todas
las televisiones, sostuvo que la acusación de algunos medios de que
González era el responsable de los GAL era una "conspiración
republicana" contra la Moncloa, la Zarzuela y la democracia. Una
década después, los mismos medios (La Vanguardia y ABC cambiaron de
director, según costumbre, pero no de obediencia a Cebrián), pero ya
con el apoyo prácticamente total de televisiones y radios (salvo la
COPE), periódicos de papel (salvo El Mundo) y nuevos digitales
(salvo LD) montaron una campaña mucho más fuerte que la de la OTAN
(no queríamos la Paz, primero; no queríamos a España, nos decían
después) y todavía más salvaje que la del GAL, cuya prueba mafiosa
al máximo nivel fue el vídeo de venganza contra Pedro J,
emprendieron la más feroz campaña de desinformación y denigración de
periodistas y políticos que ha visto Europa desde el incendio del
Reichstag.
No abundaré en lo que he descrito en El Linchamiento y Los años
perdidos de Rajoy. Hoy no sabemos, porque no se ha querido
investigar, ni quién fue el autor intelectual ni quiénes los autores
materiales de la masacre. Lo que sabemos es que las cloacas
policiales de tiempos del GAL fueron las que actuaron en la
destrucción de pruebas y creación de pruebas falsas del 11M. Y esa
continuidad en la corrupción al servicio de la política del Gobierno
de turno o de los partidos de Gobierno turnantes (PSOE y PP
comparten responsabilidad, activa o pasiva, en el encubrimiento del
11M) es la que, doce años después del 11-M, hemos visto triunfar por
todo lo alto.
Este 11-M, en esRadio y LD hemos seguido, tan solos como siempre
pero con la compañía de Eloy Morán y Gabriel Moris, dos héroes
cívicos, defendiendo la dignidad y la memoria de las víctimas. Y lo
hemos hecho pidiendo una ayuda, una caridad, para que las víctimas
de aquella masacre -y de la masacre de la verdad que la remató- no
se sientan solas y puedan seguir persiguiendo a los agentes de las
Cloacas que manipularon las pruebas del atentado, con la complicidad
descarada de jueces y fiscales. Mientras, con el estúpido respaldo
de los tontimedios de comunicación, los jefes de todos los partidos
políticos, golpistas y golpeadores de hace doce años, rodeaban a
Pilar Manjón, pieza clave en la manipulación del Gobierno de
Rubalcaba y Zapatero tras el 11M. Y posaban para escenificar la
supuesta "unidad contra el terrorismo".
O sea, que el partido de Rajoy, cercado el 13M en Génova 13 y que
durante años criticó a ZP por ocultar las pruebas de la masacre que
le llevó a la Moncloa, posando junto a Pilar Manjón, la gran enemiga
del PP en la teatralización de la Izquierda tras el 11M, la que
sigue culpando de la masacre a Aznar, la que ha aprovechado este
11M, junto a Pablo Iglesias, para defender a los titiriteros
proetarras, como hicieron ayer con Otegui y harán mañana y pasado
mañana.
Pero, al cabo, Manjón es coherente. Iglesias, que dice ahora que no
hay que utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo cuando
hace poco presumía del cerco a las sedes del PP, es también
coherente en su desvergüenza. Y Snchz,que ha visto a un separatista
catalán heredar la corrupta UGT de Méndez, es coherente en su
pavorosa incoherencia, y posa con Manjón, que al cabo es criatura de
Rubalcaba. Hasta cierto punto, es normal que el beneficiario de un
crimen oculte las pruebas o disimule en público su alborozo. Lo que
uno no se explica o le revuelve el estómago, es que, dentro de la
general aceptación del reino de la Mentira y del Gobierno de la
Cloaca, el PP y Ciudadanos posen para cerrar con siete llaves el
sepulcro de la verdad del 11M. Y que las víctimas oficiales del
terrorismo, con Mari Mar Blanco, ay, de mascarón de proa (no sé qué
pintaba en el aniversario del 11M) posen junto al Rey escenificando
no sé qué, o sí sé qué: que, si se repite la masacre -y por qué no
se va a repetir, si sale gratis- esta vez no nos pillará desunidos:
la taparemos todos juntos.
Estrambote de cloacas y carpetazos
Conectado directamente con la degradación de las instituciones, que,
como se ve, viene de antiguo, está el caso López Madrid. Este
viernes, tras la filtración a medios afines a Podemos (perfecta
triangulación con las cloacas de Interior y la Moncloa) de unos
mensajes al margen del caso investigado y fuera del sumario pero que
han hecho mucho ruido y dejado en mal lugar a la Reina y, de paso,
al Rey, la jueza dió carpetazo a la denuncia de la dermatóloga López
Pinto contra este vidrioso personaje que ha hecho de su amistad con
Felipe VI y la Reina su escudo personal, empresarial y judicial.
El carpetazo se produce y todos los medios han reparado en ello,
tras la filtración citada y las filtraciones y bulos sobre otros
mensajes atribuidos a la Reina, que nadie ha visto, que nadie sabe
si existe o si están manipulados pero de los que todos hablan,
apartándonos del caso que, de momento, no se juzgará. Y ello pese a
que el único testigo dizque hindú (si el 11M salió bien, para qué
cambiar) que vendió los móviles que, según la policía, usó la
dermatóloga para acosarse a sí misma antes de apuñalarse, dice que
no fue Pinto la que los compró. Por supuesto, el carpetazo del
viernes no cierra el caso. Apelarán los presuntamente acosados y
apuñalados, apelará el presuntamente acosado y seguirán circulando
los mensajes, que de muy buena fuente irán llegando y que irán
degradando a la Corona, institución que, en apenas dos años, había
recuperado mucho crédito ante la opinión pública y es clave en la
redefinición del mapa político y de la democracia.
Yo no entro siquiera a discutir quién es el acosado y quién apuñaló
a quién. Lo que me parece inaceptable es lo que denunció la Guardia
Civil y tapan los que, como en tiempos del referéndum de la OTAN,
del GAL o del 11M, son sensibles al halago del dinero o temen
salirse del rebaño opinativo. Es intolerable en un Estado de Derecho
que un multimillonario, que presume de aldabas en Zarzuela y
financia con dinero negro al partido de Rajoy, pueda contratar a
comisarios en ejercicio para defender sus intereses, incluso siendo
honorables. Si la policía se alquila, y hace mucho que una parte de
ella está en alquiler, este Gobierno de la Cloaca, vástago del Reino
de la Mentira, desembocará, fatalmente, en Narcoespaña. Aún puede
evitarse, pero cada vez queda menos tiempo.
Doce años después del 11M… y todo sigue
igual, o peor
Antonio de la Torre LAGACETA.EU 14 Marzo 2016
Volvemos a recordar lo ya dicho repetidas veces que,
desgraciadamente, sigue presente con sólo cambiar la cifra del año,
en título y entradilla:
“Actualizo hoy, doce años después de ese nefasto día en que se
empezó a cambiar el rumbo de España, mi artículo de hace dos que
titulaba entonces DIEZ AÑOS DESPUÉS…, en el que recogía reflexiones
de años anteriores en mi seguimiento de la información, periodística
y bibliográfica, sobre el peor atentado terrorista sufrido en España
y que, lamentablemente sigue vigente y haciendo aún más dolorosa, si
cabe, esa inacción que ya forma parte consolidada de este Gobierno
Rajoy que dejó tan cerrado el caso como en su día hicieran los del
peor presidente de la Historia de España. Esa Historia que, con la
perspectiva del tiempo, dará fe algún día de este terrible genocidio
que –añado ahora- se perpetró, sin duda, para cambiar el curso de la
misma. Y a fe que estamos comprobando ese “cambio de curso”.
Decía entonces:
<<Sí, diez años después (once ya), me sigo preguntando muchas cosas
sobre el terrible atentado del 11-M, que costó la vida de 192
personas, dejó mutiladas a más de 1.500 y dañada de muerte a la
democracia española. Parece que todos los hechos conocidos hasta
ahora apuntan a la falsedad de la “Versión Oficial” que se quiere
imponer sobre el peor atentado terrorista registrado en España.
También, que todo estaba bien orquestado para montar la manipulación
posterior que PSOE y medios de comunicación afines empezaron a las
pocas horas del atentado y que se extendió hasta la Comisión de
Investigación del Parlamento, pero ¿por quienes? Y qué decir del
¿juicio? celebrado en la Audiencia Nacional, en el que no se llegó a
nada que no pareciera estar ya “precocinado”
¿Cómo se puede cerrar un juicio en el que no se conoció el arma
homicida, el cerebro que lo planificó ni, a ciencia cierta, quiénes
lo llevaron a cabo? Usando el “latinajo” qui prodest? ¿A quién
beneficia? surge la pregunta inmediata: ¿Quiénes se beneficiaron,
más o menos directamente, de la muerte de 192 personas y de la
mutilación de muchas más? Parece evidente que PSOE, ETA, vecinos del
Norte y del Sur y…, no están lejos de poder haberse beneficiado
entonces, -sin que yo quiera decir que tengan nada que ver con el
horror, válgame Dios-.
Que el PSOE, principal beneficiado por esta barbarie, no haya
querido ni quiera llegar hasta el final, se podría entender, pero
¿qué compromisos, y con quién, atan al PP para que, desde su vuelta
al Gobierno, no haya querido conocer toda la verdad de lo que, todo
apunta, fue un golpe de estado para apartarlos del poder? ¿Qué teme
o qué debe el Partido Popular? No puedo entenderlo por mucho que lo
he intentado. No tengo ninguna duda, a juzgar por el efecto que
tuvo, de que el atentado supuso un auténtico “Golpe de Estado”, pero
no acabo de ver claro quiénes estaban implicados en mayor o menor
medida en la trama.
Y, por respeto a 192 muertos, a más de 1500 heridos y mutilados, a
sus familias y a los millones de españoles que lo hemos condenado y
queremos saber TODA LA VERDAD, CAIGA QUIEN CAIGA, los diferentes
gobiernos seguirán estando en deuda con todos nosotros. La abundante
bibliografía y artículos publicados al efecto demuestran, cuando
menos, que siguen existiendo numerosas e importantes incógnitas al
respecto. Seguiremos pidiendo reabrir el juicio. He seguido muy de
cerca y leído casi todo lo que se ha publicado sobre el 11-M porque
es una de las reivindicaciones que no me canso de hacer a nuestros
¿gobernantes?
Queremos saber la verdad del 11-M de una vez, llegando hasta el
final y, como decía, caiga quien caiga. Y dejo algunas preguntas que
llevan diez años (once ya –ahora doce-) machacando en mi cabeza:
¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? ¿Y a otros? ¿Fue improvisada la
asquerosa manipulación que hizo Rubalcaba el día 13, rompiendo la
jornada de reflexión a que obligaba la Ley Electoral? ¿Sabía alguien
más lo que se iba a hacer en Atocha, aunque no pensara que iba a ser
tan grave? ¿A quién se le fue de las manos? ¿Por qué se cerró en
falso el juicio sobre el atentado sin dejar claro quién lo diseño,
qué explosivo se utilizó y quién, de verdad, lo llevó a cabo? ¿Qué
hacía el juez Garzón en el lugar de los hechos cuando no era el juez
de guardia?
¿Por qué el Sr. Blanco, D. Pepiño, dijo, supuestamente claro, tras
el atentado, como se ha comentado en la prensa “hemos ganado las
elecciones”? ¿Por qué se “inmolaron” los supuestos autores del
atentado en el piso de Leganés, por cierto, propiedad de alguien
vinculado al PSOE, según se ha sabido después, cuando el edificio ya
estaba vacío, en lugar de morir matando “infieles”, como les dice su
religión?
¿Cómo se explica que no hubiera restos de sangre en el piso de
Leganés, después de la explosión, con siete muertos y que alguno de
los cadáveres tuviera los pantalones del revés? ¿Quizás estaban
muertos antes de la explosión? ¿Cómo se explican las pruebas que
aparecen y desaparecen en la furgoneta Renault Kangoo? ¿Y la cinta
grabada? ¿Y que los perros entrenados en la detección de explosivos
no encontraran nada? ¿Y la mochila que no explotó? ¿Y la metralla de
esa mochila cuando en las explosiones no hubo rastros de la misma?
¿Y las contradicciones con el tipo de explosivo, una vez comprobado
que lo que explotó fue Titadyn y no Goma 2 Eco y “vale ya”, como
concluyó la fiscal hoy ascendida?…..
Podría seguir, pero sería interminable el número de preguntas a las
que nadie ha querido dar respuesta hasta el momento. ¿A quién o a
quienes, insisto, no le interesa que se sepa toda la verdad? Dice
uno de nuestros sabios refranes: “El que teme, algo debe” ¿Se podría
aplicar en este caso? Quien no tiene nada que ocultar no tiene por
qué tener miedo a que se sepa toda la verdad. 192 muertos y más de
1.500 heridos y mutilados exigen, y se merecen, que sigamos pidiendo
que se llegue hasta el final CAIGA QUIEN CAIGA –insisto-, y esté
donde esté. Y muchos, vamos a seguir haciéndolo, pese a quien
pese.>>
Hasta aquí el citado artículo que, como decía al principio, sigue
vigente, pero añado algo más:
¿Por qué esa blandura y afán de pasar página del Partido Popular con
este asunto, en lugar de reabrir el juicio? ¿Por qué ese “generoso
trato a algunos terroristas de ETA? ¿Qué se habló en aquella reunión
–de dos horas, se dijo- entre ZP y el recién llegado Fernández Díaz
al Ministerio del Interior? ¿Está todo dentro del mismo trágico
escenario?
¿Por qué Aznar y alguno de sus entonces ministros no cuentan lo que
saben?
¿Qué se puede decir de los vecinos del Norte y del Sur?
¿Por qué no se toma en cuenta el último vagón “encontrado”, como
público Luis del Pino en Libertad Digital, en lugar de destruirlo
como se hizo con los restantes a los pocos días del atentado?
Hasta aquí por hoy, hasta el año próximo. R. I. P. las 192 víctimas
inocentes y todo mi apoyo y respaldo a sus, no menos inocentes,
familias. El fin no justifica los medios.”
Así terminaba en 2015 y sólo se podría añadir en este nuevo
recordatorio que, por lo que se ha sabido después y se ha visto en
la prensa, ya, en aquella manifestación del día 13 de Marzo de 2004,
a la puerta del Partido Popular, surgida de forma “absolutamente
espontánea” a través de SMS -entonces no existía WhatsApp ni
Tweeter-, se encontraban, sin duda también de manera casual, unos
jóvenes que, diez años después, a principios de 2014, iban a dar la
sorpresa en las elecciones europeas de ese año a través del partido
político Podemos.
Y no hay que pensar mucho para añadir una pregunta más a las
anteriores y a las que se quedaron en el tintero ¿dado que el mal sí
está claro que actúa con visión a largo plazo, tendrá alguna
relación lo sucedido entonces con la situación devenida hoy? Tal vez
sea muy mal pensado. Mis disculpas por ello.
Mi despedida, la misma que tres párrafos más arriba, que no repito
íntegra. Simplemente: R. I. P. las 192 víctimas inocentes. Y, añado,
MEMORIA, DIGNIDAD y JUSTICIA.
¡Ah! y a ser posible, no nos tomen más el pelo, señores políticos.
En esto, y en alguna cosa más, han demostrado que son todos iguales
Desmontando a Podemos
El politólogo Víctor Lapuente destaca que para Pablo Iglesias la
política no es el arte de la persuasión, sino “una guerra de
ganadores y perdedores”
Gonzalo López Alba El Confidencial 14 Marzo 2016
El politólogo Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la
Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo, publicó en 2015
un ensayo intitulado 'El retorno de los chamanes' (Península) en el
que desmonta Podemos y disecciona su estrategia para “tomar el cielo
por asalto”.
Los partidos como el de Pablo Iglesias, “no han nacido para reclamar
propuestas maduradas a lo largo del tiempo, sino para protagonizar
un cambio rápido. Son el fast food de la política. Del Frente
Nacional [Francia] a Syriza [Grecia], los partidos del fantasma
[populista] que recorre Europa perciben la política como un juego
necesariamente de suma cero o negativa: lo que otros ganan, nosotros
lo perdemos… y viceversa. La política es una guerra de ganadores y
perdedores, donde el arte de la persuasión, del convencimiento del
adversario para alcanzar consensos en políticas determinadas, ocupa
un valor subordinado. (…) Sin duda, muchos de esos partidos acaban
pactando. Por ejemplo, para asegurarse las alcaldías de Madrid y
Barcelona, pero no están en la política para pactar políticas
públicas”.
Su primera opción es plantear la política “como una batalla épica
entre el bien y el mal” y “esperar a que el sistema político
implosione para postularse ellos como los purificadores”. De ahí que
no pueda extrañar que Iglesias reclame el control de las políticas
para “pasar la escoba” contra la corrupción con una Secretaría de
Estado que dependa directamente de él. Su creatividad “no son sus
políticas, sino sus eslóganes”, como corresponde a un partido nacido
en las tertulias televisivas.
Lapuente afirma que “los partidos de la nueva política triunfaron
porque entendieron la lección de la historia mejor que nadie. En
lugar de ser constructivos y perderse con los detalles de políticas
concretas, utilizaron la estrategia negativa: señalar a los
culpables. A corto plazo, la ira motiva más que la reflexión”.
El politólogo explica que “desde los tiempos de la cruzadas hasta
los fascismos de entreguerras, nada ha resultado tan exitoso para
aunar voluntades colectivas en tiempos de crisis como señalar con el
dedo a unos responsables: los infieles, los herejes, los
protestantes, los judíos, los catalanes (o “Madrit”), la casta… (…)
Para aunar apoyos, los dirigentes de estos movimientos deben ser
artistas capaces de pintar una gran mayoría muy blanca y una pequeña
minoría muy negra. (…) Personificar las causas de nuestros males en
grupos estratégicamente escogidos por su pequeño tamaño y su gran
visibilidad es electoralmente más rentable en tiempos de crisis que
presentar programas concretos”.
Los partidos como Podemos proyectan “su preferencia por el poder
fuerte y centralizado no solo de forma externa, sino también
interna. Los partidos del fantasma [populista], con muy pocas
excepciones, se estructuran de forma muy vertical, con el poder
concentrado en unos líderes entre carismáticos y mesiánicos. Marine
Le Pen, Tsipras, Farage, Akesson, Iglesias: todos jóvenes pero
sobradamente telegénicos. Prometen devolver al pueblo el poder que
una casta ha secuestrado. Para conseguirlo, necesitan un amplio
margen de maniobra. No se enfrentan a otros partidos políticos
parecidos, sino a los intereses fácticos que controlan la política”.
Además, “tejen un discurso patriótico” en el que lo más llamativo
“no es solo que usen la palabra patria, sino el énfasis con que lo
hacen”, aprovechando que “patria” es una “palabra políticamente
mágica” porque puede llenarse de cualquier contenido. No son
internacionalistas, como ha sido la izquierda tradicional, sino que
profesan un fuerte “nacionalismo antieuropeísta”.
A la postre, y de ahí su éxito, “el charlatán es un asidero firme en
la tempestad: tranquilos, nosotros arreglamos esto”. “En sus
distintos disfraces, es tremendamente seductor. Su discurso enamora
porque satisface dos necesidades humanas muy básicas: la sed de
verdad y la de justicia”.
Pero, para no sesgar el análisis y atender a sus propios errores,
los partidos tradicionales debieran tener claro el contexto: “Los
terremotos en los sistemas de partidos suelen venir precedidos de
cambios en las estructuras económicas que, a menudo, pasan
inadvertidos. Es bien sabido que, mientras ocurría la mayor
conmoción económica de la historia, la Revolución Industrial, una
gran parte de la ciudadanía británica no se daba cuenta. (…) Algo
parecido está ocurriendo con la Revolución Tecnológica”. Los
partidos como Podemos se nutren electoralmente de los descolgados de
los beneficios de la globalización, pero “estas formaciones no
habrían prosperado si sus simpatizantes más activos hubiesen
carecido de los recursos, tanto económicos como de capital humano,
necesarios para convertir un grupo de opinión en un partido político
con implantación territorial”.
Recuperar la autoestima nacional
Santiago Abascal Libertad Digital 14 Marzo 2016
No son estos –en los que aquellos a los que hemos elegido para
representarnos están dando uno de los espectáculos más bochornosos y
antipatrióticos– los mejores días para reconciliarse con nuestro
país. Resuenan hoy aquellos tan traídos y llevados versos a los que
en días como hoy damos, cediendo a la tentación, toda la razón:
Oyendo hablar a un hombre,
fácil es acertar dónde vio la luz del sol:
si os alaba Inglaterra, será inglés; si os habla mal de Prusia, es
un francés,
y si habla mal de España, es español.
Estos versos de Joaquín Bartrina, un poco conocido poeta español del
siglo XIX, continúan reflejando a la perfección el llamado pesimismo
español. Los españoles somos la única de las grandes naciones que
hablamos mal de nosotros mismos de manera sistemática. Es habitual
que, cuando escuchamos en los medios una noticia negativa,
escuchemos a alguien de decir: "Lo normal del país". Como si este
acto de autocrítica colectiva librase al cenizo de su autor del
defecto que, neciamente, atribuye al conjunto de sus compatriotas.
¿Está fundamentado este pesimismo? ¿Somos los españoles peores que
otros pueblos? ¿Somos una nueva raza maldita, que merece toda clase
de estigmas y maldiciones verbales?
Yo no creo que los españoles seamos peores que nuestros vecinos
europeos. Es más, creo que hay muchas cosas de las que podemos, y
debemos, sentirnos orgullosos. El problema es que siempre vemos el
vaso vacío y nos dejamos arrastrar por la Leyenda Negra. Criticar a
nuestra patria es un moda nacional de la que participan, por
ejemplo, titiriteros y literatos premiados con goyas y premios
nacionales de literatura, respectivamente. Trueba y Goytisolo han
sido los últimos renegados que ahora mismo recuerdo. Y no tienen
razón, por muchas razones que se usen en esta caza de brujas contra
España.
Es cierto que el tejido industrial español adolece de problemas de
competitividad. Pero también es cierto que existen sectores como el
bancario en el que nuestras empresas están a la cabeza de Europa. Y
empresas como Inditex, Navantia o Telefónica que son un referente
internacional en sus sectores.
Es cierto que nuestras Fuerzas Armadas están mal dotadas
presupuestariamente. Pero nuestros marinos, soldados y aviadores
llevan orgullosamente el nombre de España por todo el mundo,
cumpliendo con honor las misiones internacionales que les han sido
encomendadas. Mientras tropas de otras naciones europeas han sido
acusadas de abusos sobre poblaciones civiles, las tropas españolas
se han sabido granjear siempre el respeto y afecto de la gente. No
en vano muchas ciudades que han acogido a las tropas españolas
tienen una plaza que luce con orgullo el nombre de España.
Es cierto que nuestro sistema educativo, dominado por una casta
universitaria que ahora pretende darnos lecciones de política, tiene
grandes oportunidades de mejora. Pero también es cierto que las
escuelas de negocio españolas (IESE, Esade, IE) están entre las
mejores del mundo y copan los primeros puestos en los rankings
internacionales.
Por no hablar de nuestro sistema sanitario, uno de los mejores del
planeta, responsable de que seamos uno de los países con una mayor
esperanza de vida. O nuestra alimentación. O nuestro sistema
nacional de trasplantes, gracias al cual sabemos, año tras año, que
los españoles somos uno de los pueblos más solidarios de Europa.
¿Que tenemos defectos? ¡Claro! ¿Quién no los tiene? ¿Qué habríamos
dicho de nosotros mismos si, en vez de la Volkswagen, el fraude de
las emisiones lo hubiera cometido una empresa española?¿Qué
habríamos dicho si hubieran sido tropas españolas las que hubieran
abusado de la población civil en varios países de África, como ha
pasado con cascos azules de otras naciones de la Unión Europea?
El problema es que tenemos una clase política que no cree en España.
La oligarquía autonómica no cree en España porque la quiere
destruir. Por medio de las competencias en materia educativa y a
través de los medios de comunicación públicos, esa oligarquía lleva
años ensalzando en exclusiva el sentimiento regionalista (convertido
en sepatatista en muchos sitios), a la par que fomentando el odio a
España o, en el mejor de los casos, la indiferencia hacia todo lo
que tenga que ver con nuestra realidad histórica común.
La izquierda radical (Podemos e Izquierda Unida) no cree en España
porque la odia. La odia porque la identifica con los valores del
catolicismo y la Monarquía. Y porque todavía sigue traumatizada por
haber perdido la guerra civil.
La izquierda moderada formada por el PSOE y Ciudadanos se avergüenza
de España o solo la concibe desde el papanatismo europeísta. En el
PSOE se sienten muchos más cómodos identificándose con el
nacionalismo periférico que con la patria común. Y los
socialdemócratas de Ciudadanos da la impresión de que necesitasen
hacerse perdonar por la izquierda sus magníficas razones
fundacionales en Cataluña. Parece que Albert Rivera no pueda apelar
a España sin apelar a la vez a Europa. Parece que no pudiera
defender la soberanía española en Cataluña sin proponer que se la
entreguemos a Europa. Y no paran de decirnos todo el tiempo que
tenemos que ser como Dinamarca o Alemania. Como si esos países no
tuvieran sus propios problemas.
Por último, los actuales dirigentes del Partido Popular, que tienen
secuestrada a una magnífica base social, parecen no creer demasiado
en España, porque no creen en nada que no sea utilizar el poder en
beneficio propio. Desbordados por la corrupción, se sienten
incapaces de hacer cumplir la ley y consienten cobardemente la
continua ofensa a nuestros símbolos nacionales y a nuestra unidad,
sin dar respuesta al golpe de Estado separatista.
En Vox creemos en España. Es más, amamos a España, y afirmamos su
soberanía frente a Artur Mas, y frente a Merkel si es necesario.
Estamos convencidos de que somos una gran nación y de que el pueblo
español es, con mucho, mejor que sus gobernantes.
Y creemos que lo primero que necesitamos es recuperar la autoestima
nacional y encontrar nuestro propio camino. No queremos ser daneses,
ni alemanes ni, mucho menos, venezolanos.
Queremos vivir y progresar como la gran nación que hemos sido, somos
y –por mucho que algunos pretendan truncar nuestro camino colectivo–
seguiremos siendo.
Santiago Abascal, presidente de Vox.
La caza de brujas de la UGT y las fuentes
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Marzo 2016
La primera vez que actué como periodista de investigación fue hace
muchos años en Diario 16. 23 de abril de 1989. Ignacio Camacho fue
testigo de estos hechos y de que no cobré por ello. Fue una
exclusiva de las gordas, de las que hacen caer gente infame de las
poltronas y la primera que, de verdad, arremetía contra el régimen
andaluz del PSOE. Nadie recordará ya los hechos, pero la información
destacaba cómo los dineros de la primitiva Radio Televisión Andaluza
se iban por las cloacas del régimen en dirección a los bolsillos de
directivos golfos y mediocres periodistas sobrevenidos. Jamás revelé
mis fuentes, documentalmente esenciales, y jamás revelé el nombre de
un periodista vinculado a la rama guerrista del PSOE que ayudó a que
la noticia saliera a la luz pública con el fin de liquidar al
borbollismo imperante en la Junta. Lo supe, era algo asqueroso, pero
consideré que el que la verdad llegara a los andaluces y a los demás
españoles era una finalidad superior. El periodismo sensato, el que
sabe que es garantía de que la verdad civil se sepa en una
democracia para que los ciudadanos puedan tener opciones de votar
libremente y con conocimiento de causa, tiene que preservar,
amparar, defender a sus fuentes.
Quizá no sea éticamente hermoso saber que algunas fuentes tienen
intereses inconfesables, pero eso no significa que las verdades que
así afloran no sean relevantes. Se ha dicho siempre que en el
periodismo de investigación no hay historia si alguien no odia a
alguien y quiere que ese odio tenga frutos. Pero eso no es
periodismo de investigación, sino periodismo de transmisión. Alguien
cuenta algo a un periodista, al que selecciona nadie sabe por qué, o
sí, y el periodista lo convierte en noticia de alcance. Lo que debe
hacer el periodista es confirmar la veracidad de las cosas que
cuenta. Desde el caso Juan Guerra, segundo gran caso que me tocó
afrontar en mis primeros pasos en El Mundo (1990), al caso UGT o al
fraude de la formación, quizá los últimos que he afrontado, ya en
Libertad Digital, junto a la espesa tela de araña que hemos
desvelado con investigación de verdad y no mera transmisión
–registros mercantiles, registros de la propiedad, documentos de la
Junta de Andalucía y demás–, siempre he respetado la identidad de
las fuentes. Es más, una vez que El Mundo mintió descaradamente
sobre Juan Guerra intenté que rectificara, y como no lo conseguí le
envié una nota manuscrita al abogado de Juan Guerra, Antonio Mates,
ya fallecido, con el que colaboraba Javier Pérez Royo, en el que le
ponía en conocimiento de mi indignación con la mentira. La nota
existe y Juan Guerra sigue vivo. Informé sobre él y sus actividades
durante varios años, cierto, pero nunca con mentiras.
Hace casi tres años, LD tuvo acceso a una documentación única sobre
las finanzas y desvíos de dinero de las subvenciones a la formación
por parte de la Unión General de Trabajadores en Andalucía y en
otros sitios de España. Iniciamos la publicación minuciosa de los
resultados del análisis de la documentación en junio de 2013.
Estuvimos más de un mes publicando en soledad aquel escándalo
mayúsculo que afectaba a la organización de Cándido –vaya nombre
inadecuado– Méndez y a sus peones de Andalucía. Ningún medio se hizo
eco de lo que era el principio del mayor escándalo sindical de la
historia de España. Luego se añadieron algunos –ellos saben por qué–
a publicar otros flecos de la porquería y hoy asistimos a la caza de
brujas más despiadada que ninguna entidad supuestamente democrática
haya desatado contra quienes suponen fueron las fuentes que
desvelaron su asquerosa y miserable corrupción. ¿Van los medios a
consentir que se crucifique a sus fuentes y se salven los inicuos?
¿Puede permitirse algo así la regeneración de la democracia española
de la que tanto se habla?
ESPAÑA
Las autonomías se gastan en políticos el
triple que las diputaciones provinciales
Suponen solo el 11% de los sueldos en altos cargos y asesores que
suma toda la Administración local
ROBERTO PÉREZ Madrid ABC 14 Marzo 2016
Ciudadanos ha hecho de la eliminación de las diputaciones
provinciales una de sus banderas para el ahorro de estructuras
políticas en España. Y el líder socialista, Pedro Sánchez, le ha
secundado. Ambos lo han dejado incluido en el pacto con el que
Sánchez quiere abrirse paso hacia La Moncloa, aunque este asunto ha
generado división entre sus filas y abiertas críticas entre
destacados líderes territoriales del Partido Socialista. Y se ha
matizado a posteriori indicando que, más que supresión sin más, se
trataría de cambiar las diputaciones provinciales por otros entes
con nuevo nombre y una organización reajustada, «consejo de
alcaldes».
Pero ¿cuánto cuestan las diputaciones? Y, por tanto, ¿cuánto se
ahorraría España suprimiendo sin más las diputaciones provinciales?
Ese ahorro se limitaría a los cargos políticos que se eliminaran,
porque el resto -empleados públicos, planes de subvenciones, etc.-
forma parte de las competencias que, en cualquier caso, se
mantendrían traspasándolas a otra administración. Así las cosas, el
ahorro ascendería en el mejor de los casos a 91 millones de euros
anuales. Es lo que costaron sus diputados, altos cargos y puestos de
libre de designación política en 2014, último año del que existen
cifras oficiales de liquidación presupuestaria. El importe incluye
las cotizaciones a la Seguridad Social. En salarios brutos ascendió
a 70 millones de euros en números redondos.
Burocracia traspasada
Sin embargo, el ahorro que se lograría si se suprimieran sería
sustancialmente menor. Si se acabara con las diputaciones, sus
competencias -y no son pocas- tendría que asumirlas otra
administración, ya sea esa suerte de nuevo «consejo provincial de
alcaldes» u otro nivel administrativo ya existente, como podrían ser
las autonomías.
Si se optara por esta última vía, el resultado más probable -quedó
claro con la transferencia de competencias estatales- sería el
nacimiento de estructuras políticas añadidas en los gobiernos
regionales. Y las autonomías, hoy por hoy, ya gastan en sueldos
políticos el triple que las diputaciones provinciales. Entre
presidentes, consejeros, altos cargos y asesores de gobiernos,
diputados autonómicos y su personal de libre designación, el coste
anual ronda los 300 millones de euros incluyendo las cotizaciones a
la Seguridad Social.
Estructuras políticas
Actualmente, las diputaciones están dirigidas por alcaldes y
concejales. Los escaños de los diputados provinciales se reparten
proporcionalmente en función de los votos que cada partido obtiene
en las elecciones municipales de cada demarcación. Y luego, cada
partido decide qué alcaldes o concejales ocupan esos escaños.
El coste que tienen en sueldos políticos, pese a ser considerable
-91 millones de euros al año-, es una gota en el océano de la
Administración local española. Esta la integran, además de las
diputaciones provinciales, las tres diputaciones forales vascas, los
cabildos y consejos insulares, los ayuntamientos, las entidades de
ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas -caso de
Aragón y Cataluña-, mancomunidades, áreas metropolitanas y
agrupaciones de municipios. Y, según las liquidaciones
presupuestarias recopiladas por ABC, entre todas esas instituciones
-las corporaciones locales en su conjunto- suman un gasto de algo
más de 820 millones de euros al año en sueldos de altos cargos y
personal eventual de designación política: unos 630 millones en
salarios brutos, y el resto, en las correspondientes cotizaciones a
la Seguridad Social.
Gobiernos municipales
Las 38 diputaciones provinciales suponen solo el 11% de los sueldos
políticos que se desembolsan anualmente en la Administración local
española. El grueso se concentra en los ayuntamientos, en partiular
los de las ciudades más grandes. De hecho, los seis mayores
ayuntamientos españoles -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza y Málaga- tienen unas cúpulas políticas que, en su
conjunto, cuestan más que las 38 diputaciones provinciales. Entre
esos seis ayuntamientos pagan del orden de 93 millones de euros al
año, entre sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social, por sus
altos cargos políticos, asesores y personal de confianza. De esa
cantidad, el grueso corresponde a los ayuntamientos de Madrid y
Barcelona: entre los dos gastan cada año unos 63 millones de euros
en altos cargos y puestos de libre designación política.
Las vascas, las más caras...
Además, ese «adelgazamiento» institucional pactado entre Pedro
Sánchez y Albert Rivera deja a salvo a las tres diputaciones forales
vascas y a los cabildos y consejos insulares -siete en Canarias y
cuatro en Baleares-. Y, curiosamente, las forales son mucho más
caras: entre las 38 diputaciones provinciales suman en sueldos
políticos 91 millones de euros al año; entre las tres vascas, del
orden de 17 millones. La media sale a 2,4 millones de euros en cada
diputación provincial, frente a casi 6 millones en cada diputación
foral vasca.
Por su parte, los cabildos canarios se gastan cada año en sueldos de
sus estructuras políticas unos 16 millones. Y los consejos insulares
de Baleares salen por algo más de siete millones.
... y las más endeudadas
Las diputaciones forales vascas también son las que acumulan un
mayor endeudamiento Entre las tres sumaban al cierre del tercer
trimestre de 2015 -último dato publicado por el Banco de España- una
deuda financiera de 3.371 millones de euros. Entre las 38
diputaciones provinciales, 2.580 millones.
Félix de Azúa: “La educación en Cataluña
está en manos de talibanes”
OKDIARIO 14 Marzo 2016
El escritor, que ingresó este domingo en la Real Academia Española,
dice que la educación en Cataluña "consiste en enseñar odio a España
y a lo español".
El escritor Félix de Azúa, que este domingo ingresó en la Real
Academia Española, ha procurado a lo largo de su vida decir siempre
lo que piensa, y esa actitud le ha granjeado “muchos enemigos”,
sobre todo en Cataluña donde “la educación está en manos de
talibanes”.
“La educación en Cataluña consiste en enseñar odio a España y a lo
español”, asegura este novelista, poeta y ensayista en una
entrevista en la que habla del discurso “ameno y breve” que leyó
horas más tarde y se muestra encantado de formar parte de la RAE,
“una de las instituciones más serias de este país”.
“La Academia vela por un idioma de 500 millones de hablantes, una
cifra que marea y que los gobiernos no se la toman en serio. Los
políticos no se dan cuenta de que eso es una mina”, señala.
Pero en la entrevista, Félix de Azúa (Barcelona, 1944), claro
ejemplo de intelectual comprometido con su tiempo, critica también a
los políticos catalanes, que son “de una mediocridad monstruosa”, y
dice que en España “la gente se calla demasiado. Hay un silencio
heredado de siglos de dictaduras religiosas, militares y
oligárquicas”.
Ese silencio “hace la convivencia agradable, pero tiene la
dificultad de que los abusones, los chulos, los canallas tienen la
tarea muy fácil: nadie protesta. Y la poca protesta que hay, que es
la de los profesionales, es una protesta entre amigos”.
“La oposición que pueda hacer el PSOE al PP es una oposición de
barra de bar: hoy pago yo, mañana pagas tú. Y eso ha conducido al
país a una situación lamentable”, subraya el autor de “Historia de
un idiota contada por él mismo” (Premio Herralde 1986), “Diario de
un hombre humillado” o “La invención de Caín”.
Él, sin embargo, procura decir lo que piensa en sus ensayos, en sus
artículos periodísticos y en sus intervenciones públicas, por muy
polémicas que puedan resultar a veces sus opiniones.
“Me parece que el hecho de callarse es lo que ha conducido a lugares
como Cataluña y el País Vasco a callejones sin salida. Es muy
difícil vivir en ellos si tienes una cierta ética, una cierta
dignidad, porque estás rodeado o bien por canallas o bien por gente
que simula no ver a los canallas”, comenta De Azúa, que dio clases
en San Sebastián en los ochenta, “cuando ETA mataba a gente a
diario”.
Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Escuela de
Arquitectura de Barcelona, el escritor decidió mudarse a Madrid hace
unos cinco años tras haber vivido décadas en su ciudad natal.
“Hubiera podido resistir tranquilamente en Barcelona, porque en
cierto modo me crece ver que mis enemigos son tan
extraordinariamente mediocres, ignorantes, como son las autoridades
catalanas”, comenta.
Fue el nacimiento de su hija, “una criatura deliciosa” que ahora
tiene cuatro años, lo que lo llevó a cambiar de ciudad porque “la
educación en Cataluña está en manos de talibanes y consiste en
enseñar el odio a España”.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Por qué hablar del 11-M
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 14 Marzo 2016
ESTÁ MUY mal visto hablar del 11-M como lo que sigue siendo 12 años
después: la mayor masacre de la historia de Europa Occidental, que
seguimos sin saber quién ideó, quiénes la ejecutaron y quiénes,
entre las propias fuerzas policiales, la fiscalía y los jueces,
aceptaron la destrucción de las pruebas o crearon pruebas falsas
para impedir la investigación legal.
El pasado 11 de diciembre yo estaba entrevistando a una de las
víctimas del 11-M, Eloy Morán, de la Asociación de Ayuda a las
víctimas del 11-M, la única que además de cuidar a los afectados
(muchos recaídos tras la masacre de París) sigue empeñada en que la
Justicia investigue a los que destruyeron las pruebas, desde los
trenes a las pertenencias de los muertos.
Pero nadie quiere acordarse de ellos, que están sin dinero. Es de
mal gusto discutir que del 11-M sabemos poco o nada, y lo que
sabemos, falso, pero está muy mal visto preguntarse qué pasó. Y por
qué está mal preguntar.
Hay una curiosidad políticamente correcta, por ejemplo investigar a
las víctimas del franquismo, y una curiosidad impertinente:
investigar a las víctimas de los atentados del 11-M.
Es políticamente correcto rehabilitar etarras, con Otegui a la
cabeza, pero es políticamente muy incorrecto y revela una clara
tendencia fascista recordar cómo Otegui y sus pistoleros obligaban a
jugar a la ruleta rusa a secuestrados como Luis Abaitua, que nunca
se recuperó. Otegui, sí. Y sus defensores, como Manjón y Pablo
Iglesias, ocupaban la primera fila del homenaje oficial de los
partidos a las víctimas del 11-M.
¿Por qué Manjón y no Moris o Morán? Pues porque en el 11-M hay
víctimas políticamente correctas y víctimas desagradables, que
siguen preguntando qué pasó, cuando todo el mundo lo sabe. Bueno,
saben que las víctimas buenas lloran, no preguntan.
Pero este viernes Morán se preguntaba: "si está tan claro lo que
pasó, ¿por qué insultar a los que preguntan por la destrucción de
pruebas, los fallos de la instrucción y los absurdos de la
sentencia?"
El gran responsable, por omisión, de no investigar qué pasó el 11-M
es el Partido Popular, pero el peor insulto a las víctimas este año
es el de Pablo Iglesias, que pidió "no utilizar políticamente a las
víctimas del terrorismo". ¡Él, que presume de inventar los SMS y
cercar las sedes del Partido Popular!
Doce años después, la infamia del 11-M continúa.
Hay que frenar la 'desconexión' tributaria
del Gobierno catalán
EDITORIAL El Mundo 14 Marzo 2016
Mientras la falta de entendimiento entre las tres fuerzas
constitucionalistas mantienen paralizado el Parlamento y el Gobierno
continúa con sus funciones limitadas, en Cataluña, la Generalitat
está decidida a pasar de las declaraciones a los hechos. Espoleado
por la CUP, la organización antisistema de la que depende la
estabilidad del Ejecutivo de ERC y CDC, el Govern ha comenzado a
construir uno de los pilares de su programa de «desconexión»: una
agencia tributaria propia. Una iniciativa independentista que debe
tener una respuesta jurídica contundente y definitiva por parte de
las instituciones democráticas. Porque con ella, la Generalitat
pretende socavar la unidad del Estado, usurpando una de sus
atribuciones esenciales, como es la recaudación de impuestos en todo
el territorio nacional. Si la organización de un referéndum
independentista era un asunto de máxima gravedad porque atentaba
contra el principio de soberanía, de cruzarse esta línea roja
estaríamos ante un punto de difícil retorno.
Si hace apenas un mes Oriol Junqueras, vicepresidente y 'conseller'
de Economía, anunciaba la paulatina apertura de nuevas oficinas de
la Agencia Tributaria catalana, de las cuatro actuales hasta un
total de 140 en esta legislatura, la Generalitat pretende ahora
forzar a miles de ciudadanos a pagar los impuestos a través de su
propia Hacienda. Dado que por voluntad propia son muy pocos los
particulares que tributan en el fisco catalán, el Govern ha decidido
empezar a obligar a algunos trabajadores. Para ello, a partir de una
iniciativa parlamentaria promovida por la CUP el pasado mes de
noviembre, la Diputación de Barcelona ha anunciado a sus casi 5.000
empleados que el pago del IRPF de sus nóminas será recaudado por la
Hacienda catalana y no por la Agencia Tributaria. Se trata de un
auténtico golpe de mano institucional que, además de ser arbitrario,
abusivo e ilegal, ya que esta decisión no puede tomarse sin el
consentimiento de cada uno de los trabajadores, deja a éstos
indefensos jurídicamente ante la Hacienda Pública. Supuestamente, la
Hacienda catalana sólo puede actuar de intermediaria, pero nadie
garantiza que una vez haya recaudado el dinero lo transfiera en
tiempo y forma a la Hacienda española, convirtiendo, de no ser así,
en infractores fiscales, expuestos a recargos y sanciones
administrativas, a estos trabajadores.
Pero el atropello es aún mayor si tenemos en cuenta que lo que la
Generalitat pretende es elaborar sus propios ficheros con los datos
fiscales de los contribuyentes residentes en Cataluña, que como los
del resto de españoles están protegidos por la ley. La Agencia
Tributaria ya ha alertado del riesgo que supone que estos datos
estén a disposición de demasiados organismos diferentes.
Por todo ello, este nuevo desafío no puede quedar sin respuesta
legal y tanto la Fiscalía como el Tribunal Constitucional deben
ponerse a trabajar para que no se consuma esta nueva tropelía.
Porque se trata de una de las aspiraciones más necesarias para un
soberanismo que con su actitud irresponsable y despilfarradora ha
llevado a Cataluña a las puertas de la ruina económica y a poner en
riesgo los servicios públicos básicos. Con una deuda que asciende a
más de 68.000 millones de euros, lo que representa el 33% del PIB, y
una acuciante falta de liquidez, que ha llevado al Govern a pedir al
Estado más de 7.500 millones procedentes del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA), no es de extrañar que la Generalitat aspire a
gestionar partidas fiscales que no tiene transferidas. Es paradójico
que mientras el Gobierno catalán pide a todos los españoles más
dinero para evitar la quiebra, pretende sentar un precedente para ir
creando 'de facto' lo que por ley no le está permitido. Esta
maniobra independentista que pretende consumar la Generalitat con la
complicidad de la Diputación de Barcelona es coherente con la
estrategia desplegada desde hace semanas en el Parlament para
continuar tramitando las leyes de «desconexión» bloqueadas por el TC
en sesiones secretas y evitar así que los servicios jurídicos de la
cámara alerten sobre la ilegalidad de las mismos. Para el Govern, la
legalidad vigente no opera en Cataluña y no pierden una sola ocasión
de demostrarlo.
Es necesario, por tanto, que además de una respuesta jurídica acorde
a la magnitud de este nuevo desafío, se dé una respuesta política
contundente. Algo que por desgracia un Gobierno en funciones como el
actual no puede hacer, por carecer de respaldo y autoridad
suficientes. Los tres partidos constitucionalistas han de ser
conscientes de que el avance del proceso independentista requiere de
ellos una unidad de acción política sin más dilaciones.
Oriol Junqueras ya no habla de
independencia
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 14 Marzo 2016
“Junqueras llama un día muy nervioso, yo diría que asustado, oye,
estoy preocupadísimo, tenemos unos vencimientos de deuda con bancos
que no hemos atendido y las agencias de rating nos van a crujir… A
ver qué podemos hacer, nos tienes que echar una mano”. La agencia de
calificación era Standard & Poors (también Moody’s andaba tras la
pista), que tenía ya preparada una nueva rebaja de la calificación
crediticia de la Generalidad de Cataluña por debajo del bono basura,
con lo que ello hubiera significado para esa Comunidad y para el
resto de España, puesto que los mercados financieros no entienden la
jerigonza independentista y para ellos Cataluña es solo una parte de
España.
Y entonces Luis De Guindos protagonizó un triple salto mortal y en
su vuelo de regreso a Madrid desde Bruselas, martes 8 de marzo, hizo
escala en el aeropuerto del Prat para charlar durante 40 minutos con
el vicepresidente del Govern y ministrín de Economía de la
Generalidad, un tipo que anda ahora en un sinvivir, en qué lío me he
metido, la Mare de Déu de Montserrat, esto no es subir al atril y
largarse un discurso sobre esa República Catalana de la Felicidad
per a tothom donde manarán de manera espontánea ríos de leche y
miel, esto es muy complicado, más serio, aquí no cabe ni media
broma. Y dicen que sí, que Oriol Junqueras ya no es el mismo, que el
tío que amenazaba con “no pagar la deuda de Cataluña” anda ahora
callado cual muerto, perdido en un laberinto cuyas claves desconoce,
un enredo cuyos misterios dice estar dispuesto a descubrir.
Empezando por no decir tonterías.
“Y sí, claro, hemos conseguido pararlo, hemos hecho ver a S&P algo
tan sencillo como que la deuda de cualquier Comunidad Autónoma tiene
implícitamente la garantía del Estado, porque jurídicamente así son
las cosas. Lo contrario hubiera sido un dislate. Dejar caer en el
default a una Comunidad tendría consecuencias muy graves para todos,
al margen de que nuestra obligación es hacer posible que todas
continúen financiándose para que puedan seguir prestando los
servicios públicos necesarios”. El mismo día de la “parada técnica”
de el Prat, Junqueras llamó por teléfono a Cristóbal Montoro, con
quien no había cruzado palabra en meses, y “sí, llamó aquí, muy
amable porque él es cordial en el trato, que teníamos que distinguir
los planos, decía, que una cosa es la pelea política y otra la
administración de Cataluña, y que teníamos que ponernos de acuerdo…”
Días antes de esta llamada, Pere Aragonès, actual número dos de
Junqueras, había visitado las dependencias de Hacienda en la calle
Alcalá para entrevistarse con altos cargos del ministerio. El de ERC
traía un encargo urgente: pretendía que el Tesoro concediera un
anticipo a la Generalitat por importe de 700 millones para pagar la
extra de verano de sus funcionarios, ello a cuenta de los 1.400 que
Cataluña deberá recibir este año como consecuencia de la liquidación
del sistema de financiación de 2014. A resultas de la entonces
incipiente recuperación (del 0,8% de crecimiento del PIB se pasó al
1,4%) y del consiguiente incremento de la recaudación tributaria, el
Tesoro ingresó en 2014 casi 7.000 millones de más, de los cuales
1.400 corresponden a Cataluña, cuyo desembolso, para todas las
CC.AA. se llevará a cabo en julio.
De modo que, en la conversación del martes, Montoro, todo amabilidad
también, recordó a Junqueras que la devolución de esos 1.400
millones está pautada y que Hacienda no puede hacer anticipos más
que para atender necesidades urgentes de tesorería y siempre con la
oportuna justificación del gasto por delante. Ello es así por Ley,
sin margen de discrecionalidad alguno, por lo que no era posible
acceder a esa petición de anticipo para un asunto a varios meses
vista. Junqueras tendrá, pues, que esperar, aunque sabiendo que la
paga extra de sus funcionarios, muchos de los cuales son la punta de
lanza de ese independentismo que todavía no conoce los riesgos
personales y familiares del juego mendaz que un puñado de
aventureros les propone, se pagará en su momento, porque para eso
está detrás ese pérfido Estado con el que una tropa de rufianes
quiere acabar.
La Generalitat tiene vetada la salida a los mercados financieros
Más difícil lo tiene con la deuda bancaria a corto plazo que el
Govern arrastra con una serie de bancos, deuda vencida que las
entidades se niegan a refinanciar. “Lo que no es normal es que la
Generalidad no pueda hacer frente a esos vencimientos de deuda a
corto, algo que pone de manifiesto el descontrol de una
administración autonómica incapaz de gestionar su casa y a quien el
Estado debe socorrer de prisa y corriendo para evitar el default”.
La pretensión de la banca acreedora es sencilla: que esa deuda a
corto se transforme en deuda a medio y largo plazo, esta sí acogida
a la línea de crédito del Fondo de Liquidez Autonómica. El FLA está
permitiendo en realidad una reestructuración de la deuda a medio y
largo de las Comunidades a precios más que interesantes, en tanto en
cuanto se le aplica el tipo de interés de los bonos del Tesoro a 10
años (0,8%)
Con la salida a los mercados financieros cerrada a cal y canto, la
Generalidad no ha tenido más remedio que acogerse al esquema,
voluntario, del FLA, y pasar por las horcas caudinas de enviar a
Hacienda un plan detallado de ingresos y gastos que hagan viable la
consecución del 0,3% de objetivo de déficit para 2016. No está de
más recordar que el déficit catalán se disparó en 2015 hasta el
2,5%. El Govern recibirá este año del FLA un total de 7.520 millones
para cubrir sus necesidades crediticias. En realidad, el Estado está
abaratando la financiación de las CC.AA., aligerando la carga de
intereses y dotándoles de un mayor margen para atender los servicios
públicos que prestan. Curioso resulta constatar que la Cataluña
nacionalista ha ido deteriorando su situación financiera al mismo
ritmo que el Estado mejoraba su reputación y pasaba de pagar
intereses del 6% en 2012 a financiarse a tipos negativos en la
actualidad. La paradoja, o no tanto, es que el nacionalismo catalán
ha ido extremando sus posiciones al mismo ritmo que crecía su
dependencia de la financiación del Tesoro.
¿Qué es lo que el Gobierno, ahora en funciones, está pidiendo a
cambio de estas ayudas? Transparencia, simple transparencia, y ello
porque la situación financiera de la Generalidad es peor que la del
resto de CC.AA. Desde el año pasado, el Govern está obligado a
enviar a Hacienda las facturas justificativas de los fondos para
cubrir tesorería que recibe, como una forma de garantizar que se
destinarán al pago de los servicios públicos y no se dilapidarán en
la aventura independentista. La facturación electrónica de la
Generalidad está, pues, mes a mes en poder de Hacienda, con la firma
del interventor jefe que, a la sazón, no está aforado. Esta es, al
margen de los delirios del independentismo, la realidad de las
cosas: que el señor Junqueras necesita llamar a Madrid para poder
pagar la extra de sus funcionarios. ¿Alguna lección extraerán algún
día tales funcionarios? Los farmacéuticos catalanes hace tiempo que
lo hicieron: llaman directamente a Hacienda para saber cuándo va a
remitir los fondos y, por ende, cuándo van a cobrar. Han aprendido
el camino.
La Cataluña nacionalista, que ha demostrado no saber gestionar (los
recortes del gasto sanitario, por ejemplo, en niveles insostenibles
por lo demás, han provocado una brutal caída de la calidad del
servicio, asunto que no se molesta en denunciar la reina Ada ni las
CUP), no funciona. Lo que ha funcionado es un Estado solidario con
todos sus territorios, a pesar de la dureza de la crisis. Un Estado
de las autonomías que, con todas sus imperfecciones, ha puesto de
manifiesto la existencia de un vínculo real entre esos territorios.
Un Estado que ha generado prosperidad, que garantiza las libertades,
asunto no baladí a tenor de la deriva que están tomando las cosas, y
que es capaz de acudir al rescate cuando se trata de salvar
situaciones tan desesperadas como el default de Cataluña. Una
lección que deberían aprender esos sembradores de vientos que a
menudo terminan en tormentas de sufrimiento.
Una reforma integral del Estado y su coste de mantenimiento
El análisis, con todo, quedaría alicorto si no reconociéramos los
problemas de fondo, estructurales, de un Estado que gasta más de lo
que ingresa. Empeñado en la engañifa de la Arcadia independiente,
nadie ha tenido el valor de apuntar al nudo gordiano de la
estructura clientelar de una Generalidad de la que viven los
partidos y buena parte de las elites catalanas. Otro tanto ocurre en
el resto de las CC.AA. Mucha gente, en Cataluña y en el resto de
España, ha vendido su alma al diablo a cambio de un empleo público
más o menos bien remunerado. Todo un ejército de altos funcionarios
entregado al redactado permanente de leyes y reglamentos con los que
justificar su sueldo. El Gobierno autonómico es, con mucho, la mayor
empresa en cada uno de los territorios. Caen los ingresos por culpa
de la crisis, pero los gastos no dejan de crecer. Como una
consecuencia natural, el esquema tiende a la acumulación de déficits
crónicos. Ya se ha visto el alborozo con que en Andalucía ha sido
acogida la sugerencia de C’s de acabar con las Diputaciones. ERC
quiso introducir otro nivel de Administración en Cataluña, las
veguerías, para sublimar la orgía de gasto público. Vender la burra
de la independencia evita tener que recortar unos gastos de
estructura insostenibles. En el Macondo hispano, el FLA se encarga
de actuar como válvula de escape para que siga la fiesta y el modelo
no colapse.
Como el yonqui en busca de su dosis diaria, el país necesita
endeudarse en el exterior para financiar gasto corriente, práctica
que el amigo Draghi facilita con sus tipos de interés al 0%.
Cualquier cosa antes que meter la tijera en el gasto. Todo menos
reformar de arriba abajo la Administración pública, el aparato del
Estado y su coste, y acordar un sistema de financiación equilibrado
para las CC.AA., también para Cataluña. Las tragaderas de Bruselas
para con la fauna ibérica son proverbiales: que se encargue Montoro
de aumentar la recaudación. Nadie parece reparar en las
consecuencias para la población de este modus operandi: paro a
mansalva, falta de oportunidades, caída de la iniciativa privada,
retraimiento de la inversión, emigración forzada para sobrevivir,
riesgo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y
corrupción transversal a mogollón. El Estado se va convirtiendo en
un Leviatán despiadado, ante la mirada indiferente del español
medio. ¿Hasta cuándo?
El independentismo entra en bancarrota: la
ANC se queda sin socios y sin dinero
Las pérdidas de la ANC ascienden a 529.000 euros por, entre otros
factores, el descenso del número de socios como consecuencia de las
múltiples bajas producidas el último año
Nacho Cardero El Confidencial 14 Marzo 2016
“Debemos dejar de ser esclavos del pasado y ser creadores del
futuro”
Carme Forcadell
Además del proceso de desconexión iniciado desde la Generalitat, hay
otro más sordo pero posiblemente más real que está teniendo lugar en
paralelo: el de los catalanes con su clase política y, más
concretamente, con su clase dirigente. Les prometieron el Shangri-La
de la independencia y se han dado de bruces con el caos, el
populismo y la mala gestión. El mantra del ‘España nos roba’ sigue
valiendo, pero cada vez menos. La sensación del catalán de a pie es
que, más que un Gobierno, lo que tienen es un patio de Monipodio.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC), todo un símbolo de la retórica
independentista dentro de la sociedad civil y artífice de que la
Diada, o Día Nacional de Catalunya, se haya convertido en una orgía
secesionista de la que participan menores de edad e inmigrantes,
está siendo paradójicamente víctima de esta progresiva desafección.
Después de haberse puesto al servicio de los intereses espurios de
Artur Mas, empieza a extenderse la idea de que, excepto Carme
Forcadell, antigua jefa de filas de la ANC, que goza hoy de un
lustroso cargo como presidenta del Congreso, el resto de socios y
simpatizantes han sido utilizados para fines distintos a los
perseguidos. Tal es así que hoy, mientras Forcadell cobra 11.000
euros al mes en el Parlament, la ANC se encuentra en una situación
próxima a la bancarrota.
Hay desbandada. Los últimos recuentos efectuados por la Asamblea
Nacional Catalana, a los que ha tenido acceso este diario, constatan
un descenso del número de socios como consecuencia de las múltiples
bajas producidas en el último año y la escasez de incorporaciones.
Cada vez hay menos catalanes dispuestos a rascarse el bolsillo para
financiar una organización que obedece más a intereses de la
política que a los de la sociedad civil.
Esta desmotivación queda reflejada en los impagos de cuotas. No solo
hay menos socios sino que los pocos que quedan se muestran reacios a
abonar las mensualidades. La lista de morosos aumenta y las finanzas
de la ANC se resienten. Han pasado de un superávit presupuestario de
70.855 euros en 2013 a las pérdidas. Según las cuentas a las que ha
tenido acceso El Confidencial, el agujero de la Asamblea asciende a
529.000 euros.
La ANC se constituyó el 10 de marzo de 2012 en el Palau Sant Jordi
de Barcelona. Carme Forcadell fue elegida presidenta. En junio de
ese año, lanzaron la campaña ‘Marxa cap a la Independència’ (Marcha
hacia la Independencia), que comenzó en la Seu Vella (Lleida) y
concluyó el 11 de septiembre con gran despliegue pirotécnico en
Barcelona. Un año después, en 2013, organizaron una cadena humana de
400 kilómetros que, bajo el nombre ‘Vía catalana hacia la
independencia’, tuvo notable eco mediático allende nuestras
fronteras. Aquellas imágenes marcarían el momento culmen de la
Asamblea, que se prolongaría a lo largo de todo 2014.
Sería un año después, 2015, coincidiendo con la llegada de Jordi
Sánchez como presidente de esta organización en sustitución de
Forcadell, que ya había agotado sus plazos de permanencia, cuando
comenzaron a vislumbrarse los primeros síntomas de declive. Sánchez
carecía del carisma y fuerza de su predecesora y, como ya informara
Antonio Fernández en este diario, su gestión no tardó en empezar a
ser cuestionada por algunos círculos de la propia ANC, que le
acusaban de ser una correa de trasmisión de CDC y veían con buenos
ojos que otra persona tomase las riendas.
Populismo repugnante: el FLA es a 10 años. España paga a 10 años
1.48%. Con manipulaciones así se construye país.
https://t.co/unIsWsyOHI
— Luis Garicano (@lugaricano) 12 de marzo de 2016
Así, con una acentuada división interna y las finanzas hechas
trizas, la ANC celebrará su asamblea general ordinaria el próximo 17
de abril en Manresa, donde se fijará la hoja de ruta para el próximo
año y se aprobarán unas cuentas que, tal y como se ha comentado, la
colocarán en una situación delicada, especialmente si se hace
hincapié en la pérdida de apoyo popular.
Según la propia asociación, en enero de 2015 contaban con más de
80.000 socios, de los cuales más de 40.000 lo eran de pleno derecho
y pagaban cuota, y otros 40.000 recibían la calificación de
colaboradores y simpatizantes. En julio de ese mismo año, al tener
que desnudarse con motivo de la consulta interna que hicieron para
decidir sobre su implicación en las elecciones del 27-S, la ANC
rebajó la cifra a 34.678 socios con derecho a voto. Desde entonces y
según las fuentes, la cifra ha seguido menguando.
No es solo la ANC la que está atravesando por una mala situación
financiera. En realidad, es todo el independentismo catalán el que
está en quiebra. Las cuentas de la Generalitat son como las de la
Asamblea Nacional Catalana, un sumidero, tal y como se puede colegir
de la reunión improvisada que forzó su vicepresidente y consejero de
Economía, Oriol Junqueras, ante la maltrecha salud de la economía
catalana, con el ministro del Gobierno de Madrid Luis de Guindos, en
la sala de autoridades del aeropuerto del Prat.
Mientras por un lado Junqueras vocea la desconexión con España en 18
meses, por el otro mendiga ayudas como el que espera una moneda a la
salida de misa de 12. Sin achantarse, el líder de ERC ha solicitado
pasar más de 1.600 millones de su deuda de corto a largo, para lo
que hace falta el permiso del Consejo de Ministros, así como
facilidades para abonar los pagos del Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA).
El Gobierno Central está poniendo todo su celo en monitorizar las
inyecciones de capital que destinan a la Generalitat, no les vaya a
pasar lo que en estos ejercicios pasados. En los años de crisis,
período 2009-2015, mientras las autoridades catalanas pegaban un
hachazo a los gastos en política social (ver gráfico), con unos
recortes brutales en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (solo
comparables a los de Castilla-La Mancha), pretextando lo pernicioso
del actual sistema de financiación autonómica para Cataluña,
mientras aplicaban sin piedad la tijera, al mismo tiempo, digo, se
ponían a abrir embajadas en el extranjero, a regar con dinero
público a los medios amigos y a engordar la partida presupuestaria
de Alta Dirección (de 103 millones en 2009 a 168 millones de 2013).
Así que ya saben: “España nos roba”.
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