AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 16  Marzo  2016

Prescripción: La esperanza de los delincuentes.
Vicente A. C. M.  Periodista Digital 16 Marzo 2016

En algún momento los legisladores deberán explicar a los ciudadanos el escandaloso tema de las “prescripciones de delitos”, ya sean económicos o de otro tipo. ¿De dónde se han sacado que la Justicia es que alguien a pesar de demostrarse su culpabilidad pueda quedar impune y sin sanción porque ha pasado un determinado tiempo? ¿Es una eximente la lentitud, casi siempre provocada e intolerable, de una Justicia que no dispone de medios ni físicos ni humanos para realizar con eficacia y garantías su labor? ¿No será culpa del legislador y de una insuficiente dotación presupuestaria? Así que no es de extrañar que los ciudadanos nos sintamos estafados en algo tan esencial como es la impartición de Justicia.

Estamos hartos de asistir además al descontrol y la falta de seguridad en lo que se suele llamar la custodia de pruebas y las escandalosas filtraciones interesadas de partes o la totalidad de un Sumario. No hay caso de corrupción que salpique al poder que no haya tenido oportunamente o un robo de legajos, de documentos incriminatorios o directamente “accidentes” en las sedes de los juzgados, dependencias judiciales de archivo o incluso de oficinas en rascacielos con incendios cuyo origen nunca está lo suficientemente aclarado. Una Justicia que es incapaz de cumplir con su misión y que además se encuentra politizada hasta extremos vergonzosos. Jueces que llevan sus actuaciones hasta el límite de forzar los casos a una parálisis casi total, contribuyendo de forma descarada a que los tiempos corran y se favorezca la prescripción de los delitos imputados.

Y eso sin olvidar esa politización e inquina personales totalmente ajenas a la neutralidad absoluta e imparcialidad exigible a cualquier funcionario de la Justicia, sea fiscal o juez. Desgraciadamente la Fiscalía sigue soportando ser una Institución totalmente dependiente del poder, del Gobierno de turno y con un sistema de jerarquía piramidal con la figura del Fiscal General, nombrado por ese Gobierno, en la cúspide de la pirámide. Y si hablamos de los jueces de determinadas Instituciones y Cuerpos, la desvergüenza en la designación de sus miembros llega al esperpento de que se habla de la deriva “progresista” o “conservadora” de Sus Señorías, siendo muy fácil deducir el resultado de una votación sobre un determinado asunto en función de las mayorías o alianzas existentes. El esperpento llega a que con toda naturalidad exista una Asociación que se denomina “Jueces para la democracia”, como si el resto tuvieran una acepción propensa por ejemplo a las dictaduras.

Y desgraciadamente casos de fiscales y jueces que aparecen como estrellas mediáticas rutilantes no hacen sino confirmar la realidad de una Justicia que no se merece ese nombre y que salvo un grupo, quizás mayoritario pero anodino y con nulo poder efectivo y decisorio, se afana en sus juzgados de Primera Instancia en dar salida a los miles de expedientes pendientes de temas del día a día judicial. Una labor que sí que se puede calificar de impartición de Justicia, aunque esté afectada por los mismos defectos de retraso por falta de medios, pero cuyo impacto mediático, penal y económico no tiene el alcance de los macro casos de corrupción, prevaricación, cohecho y demás que afectan a la clase política española.

Es por todo eso que la noticia de que en el macro caso de los falsos ERE’s en Andalucía haya imputados, ahora investigados, que van a salir de rositas por la infame legislación sobre la prescripción de los delitos, no se castiga a quien cometió el delito sino al juzgador por haberse retrasado en su labor, aunque no haya sido por causas atribuibles al mismo. Algo no puede estar bien en una legislación que permite la prescripción y marca plazos para la impartición de Justicia.

Mientras no se resuelvan estas incongruencias legales, no se permita la prescripción de delitos, no se mantenga el principio de independencia judicial y no se dé solución a las inadmisibles carencias de medios y seguridad de una Justicia a la que se le exige efectividad y excelencia en su desempeño, a lo que tenemos en España no se le puede llamar JUSTICIA sino Franquicia de la Arbitrariedad típica de feudalismos y dictaduras disfrazadas de democracia.

¡Que pasen un buen día! Y si alguien encuentra Justicia que lo comunique de inmediato porque será un “acontecimiento planetario” como dijo la Ministra zapaterina Leire Pajin.

Vergüenza en los EREs: la juez se deja escapar a 12 empresarios amigos del PSOE
Miguel Blasco ESdiario 16 Marzo 2016

Qué bien les está viniendo a los socialistas que el PP, ya sea por Rita Barberá o por el caso Púnica, acapare -a su pesar- casi todos los focos informativos en cuanto a corrupción se refiere

Desde que Mercedes Alaya abandonó la instrucción del escándalo de los EREs el socialismo andaluz se ha quitado un peso de encima. No es para menos, porque la lentitud de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y de su juez se refuerzo, Álvaro Martín, está causando auténticos estragos.

Como ya contó ESdiario la semana pasada, los investigadores llevaban días temiéndose lo que finalmente ocurrió este lunes: la confirmación de que 12 empresarios que presuntamente recibieron ayudas ilegales por valor de 150 millones de euros (entre todos) quedarán limpios de polvo y paja porque los delitos de prevaricación y malversación de caudales por los que estaban imputados han prescrito.

Se trata de las primeras prescripciones de la macrocausa, pero tras ellas podría seguir una larga lista. No en vano el caso continúa en fase de instrucción después de más de cinco años -desde enero de 2011-, suma 276 imputados y ha pasado por las manos de cinco magistrados distintos. Sin embargo, no parece que después de este nuevo escándalo la juez Núñez Bolaños vaya a acelerar el proceso para abrir juicio oral cuanto antes.

La noticia es pésima por la impunidad con la que van a seguir moviéndose empresarios como José Bermúdez Ávila, que se llevó 390.657,87 euros que ahora sólo se le podrán reclamar -con mínimas esperanzas de recuperarlos- por la vía de responsabilidad civil. O Luis García García, el secretario de Organización del PSOE en Las Navas de la Concepción (Sevilla), que recibió 270.455,44 euros.

Sin embargo, no se ha oído a un solo socialista quejarse de la mayor injusticia de la instrucción de los EREs, ni siquiera pronunciarse. Es más. A pesar de su gravedad, el asunto ha pasado casi inadvertido en la prensa, para satisfacción del PSOE, que sabe bien como desviar la atención.

No en vano este lunes el foco informativo estaba en Valencia. Por una parte por la imputación del PP como persona jurídica en la pieza separada del caso Imelsa que afecta al grupo municipal en el Ayuntamiento valenciano, en el que hay otros 48 imputados por supuestas donaciones para el posterior blanqueo de capitales; por la otra parte por el ofrecimiento del titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia a Rita Barberá para que declare voluntariamente antes de decidir si eleva el caso al Tribunal Supremo (Barberá es senadora y por tanto aforada).

Desde que se fue Alaya no han dejado de producirse cosas extrañas en el caso de los EREs. Como que el juez de refuerzo comunicara a las partes con tres días de retraso la providencia en la que llamaba a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán el miércoles 16 de marzo.

El escrito, como contó este periódico, estaba firmado el viernes 4 de marzo, día de la votación definitiva para la investidura de Pedro Sánchez; pero quedó guardado en un cajón hasta el lunes 7, por suerte -demasiada- para el candidato socialista.

Una funcionaria destapa el inmenso fraude de Susana Díaz con las ayudas de la UE
ESdiario 16 Marzo 2016

Susana Díaz ha ocultado tal información a los andaluces durante dos años.

Los andaluces, parafraseando a Rubalcaba, se merecen un gobierno que no les mienta; y el de ella les ha estado ocultando durante dos años -con elecciones por medio- información.

Una alta funcionaria de la Junta de Andalucía ha destapado un escándalo que Susana Díaz ha ocultado a la opinión pública andaluza durante dos años, con unas elecciones autonómicas por medio: el Gobierno regional lleva desde 2014 sin recibir un solo euro del Fondo Social Europeo porque la Comisión Europea no se fía de que vaya a acabar en bolsillos inapropiados, dados los antecedentes de los EREs y los cursos de formación.

La interventora adjunta a la Intervención General del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones del Gobierno regional, María Teresa Arrieta Viñals, compareció este lunes ante la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para desentrañar la maraña de los cursos y lo contó, ante la estupefacción de los diputados de todos los partidos. De todos salvo de los del PSOE.

Arrieta Viñals habló abiertamente de "desconfianza" por parte de la UE, aunque no quiso cuantificar el dinero perdido por la mala praxis de la Junta. La situación llegó a ser tan grave que en junio del año pasado el consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, viajó discretamente a Bruselas para convencer a las autoridades comunitarias de que reanudaran la inyección de fondos a Andalucía.

La propia interventora estimó que en este 2016 se recuperará la normalidad. Para más inri, durante su comparecencia el diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro cargó contra el grupo parlamentario del PP, al que acusó de "intolerables presiones" a los comparecientes en la comisión de investigación para sonsacarles información.

Esta suspensión de fondos ocultada a los andaluces es de una gravedad extrema. Máxime teniendo en cuenta que en diciembre de 2014, con ellos ya congelados, Juan Manuel Moreno viajó a Bruselas para entrevistarse con varias personalidades de la UE y desde allí afirmó tener "indicios para pensar que la gestión de los fondos es caótica y en algunos casos ni existe gestión".

Susana Díaz, lejos de contar la verdad, siguió tapando la suspensión de fondos y acusó al líder del PP andaluz con todo cinismo: "Ha ido a Bruselas a manchar la imagen de Andalucía".

Últimamente los andaluces no ganan para disgustos. Hace sólo unas horas se ha sabido que la juez instructora del caso de los EREs, María Núñez Bolaños, se ha dejado escapar a 12 empresarios amigos del PSOE que recibieron ayudas ilegalmente. Los delitos de los que se les acusa han prescrito, dada la lentitud de una instrucción que dura ya más de cinco años.

Parábola de la bici
RAÚL DEL POZO El Mundo 16 Marzo 2016

Rita Barberá, sin soltar la cuerda, apareció ante los periodistas. Implicada en el blanqueo para la financiación ilegal del PP de Valencia, uno de los iconos o caretas más fuertes de la derecha, con sus bolsos de Bulgari y sus broches de Hermès, ha negado las acusaciones. Las achaca a la condena mediática a su partido. Rita, carnet número tres, dijo que no sabe nada de todo lo que se cuenta. Con su collar de perlas, pañuelo de seda, riéndose a carcajadas, apuntando con el dedo índice al infinito, en un tono descarado y provocador, declaró que no sabe nada de los contratos amañados, del dinero negro o la caja B. Según ella, financiar con 1.000 euros a un partido es ridículo -«pitufeo»-, y los regalos que recibía eran por su santo o por Navidad.

La senadora ha declarado que las confesiones de María José Alcón forman parte de un montaje periodístico. Podría haber dicho de un folletín en la que una madre reconoce ante su hijo que en Valencia se castigaba a los inocentes para tapar el culo a los culpables, y que en el PP corría el dinero negro de mordidas y comisiones. Según la ex concejala, convertían a los militantes en pequeños narcotraficantes que blanqueaban de 1.000 en 1.000 euros. De ese trajín surgió una frases que pasará a la historia: «Como tú dijiste, hijo mío, una vez, y tienes mas razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción».

El peligro es que la frase de la madre de Valencia, la corrupción como sistema, ensucie aún más la democracia y alcance a los partidos nuevos. Los de Podemos temen que o bien haya en sus filas «un lobo» infiltrado o bien sus comunicaciones estén controladas por la poli. «Quieren que todos parezcamos pringados, pero nada es comparable al PP, esa verdadera organización para delinquir». Suenan las sirenas de Madrid, Valencia, Andalucía y Galicia. Hasta Ciudadanos, látigo del chupeteo, tiene a Eva Borox como cuota en los telediarios, con mordidas y viajes pagados de Marjaliza en la trama Púnica.

Quizás esperen que creamos que la corrupción sólo puede ser conjurada con azufre y fuego, como en la Biblia, porque ya no hay inocentes. Pero hay pocos inocentes, pocos políticos en chirona y sí muchos boqueras y caninos. A la misma hora en la que Rita hablaba, una jueza aplazaba la entrada en prisión de Adrián Manuel Moreno, un joven rehabilitado condenado a seis meses de talego por robar una bicicleta. Esta historia recuerda a aquellas sátiras que granizaba Madrid con libelos infamatorios, contra los que se aprovechaban de sus puestos. Diego de Torres Villarroel, -cura y torero, mago, redactor de almanaques, poeta, matemático, profesor en Salamanca-, cuenta los entresijos de la Corte, con monas de golilla, ratones con capa, renacuajos con bigote. En el famoso poema Los ladrones más famosos no están en los caminos se queja de esta manera: «¡Válgame Dios y azotan a los gitanos!, que pillan una capa, un borrico: seis cuartos segovianos». La parábola del borrico resucita hoy en forma de bicicleta.

La mercancía ideológica de Ada Colau
Roberto Esteban Duque  www.gaceta.es 16 Marzo 2016

¿Por qué hay que soportar, además de la corrupción, la chulería, la miseria y mediocridad de ciertos políticos?

El distrito barcelonés de Gracia votará la expropiación y el derribo de la iglesia de Santa María de Gracia, en Barcelona, por ser “un equipamiento infrautilizado y anacrónico”. Ignoro la situación de la iglesia en cuestión, pero la simple noticia sólo puede retrotraernos a la miseria de la Segunda República, a una política revisionista que condujo al horror de la Guerra Civil en España, a una forma de sectarismo ideológico, propio de la peor izquierda dogmática de la que el propio Rodríguez Zapatero se mostraba orgulloso, empeñado como estaba en separar inútilmente la II República de la Guerra Civil.

¿Por qué hay que soportar, además de la corrupción, la chulería, la miseria y mediocridad de ciertos políticos? Se confía en un gobierno determinado para que tome sus decisiones sobre la base de la justicia y de la integridad, no sobre la sinrazón del resentimiento y el odio. El comportamiento político de la alcaldesa Ada Colau es un espectáculo de indecente totalitarismo, impulsado por la arbitraria voluntad de pretender liberar al pueblo paradójicamente de un yugo imaginario, de una argolla de la que el pueblo catalán, sostenido por una jerarquía eclesiástica indolente y sorda, hace tiempo que se liberó, como es la práctica religiosa.

La Iglesia permanece con torpeza ensimismada ante cualquier agresión o intento ilícito de cancelar lo religioso, frente a una política en la que los ciudadanos católicos somos expulsados sin reproches del ágora ocupada felizmente por la ideología. Alguien debería explicarme el motivo por el que al cristiano se le viene exigiendo un fiat mihi ante una autoridad que ni siquiera es capaz de respetar una tradición bimilenaria como es el cristianismo, y que incluso imposibilita la realización intrínseca de los ciudadanos, eliminando y destruyendo sus propios bienes.

Ada Colau representa como pocos la miseria de políticos incompetentes, desprovistos de cualquier mercancía que no sea la ideología, anticlericales republicanos que nos traen de nuevo el terrible guerracivilismo. Colau está exigida, quiera o no, a respetar la existencia de lo sagrado en lugar de buscar eliminarlo: lo que no es valioso para ella significa el sentido de la vida de muchos otros, aunque sean en Cataluña los menos. El dirigente político debe perseguir el bien común, no aquello que permite incrementar su cuota de poder o su influencia, capaz de integrar a todas las personas de la comunidad y no de vanagloriarse en la brutal exclusión de cuanto considera ajeno a su propia permanencia en el poder.

Es verdad que también los apóstoles deliberaban sobre quién era el más importante de ellos y ni siquiera sabían sufrir, abandonando y huyendo cuando arrestaron al Maestro, viéndose incluso paralizados por su muerte, sin percibir ningún futuro de gloria. Hoy el cristiano se encuentra en muchos sitios perseguido, y el mejor testimonio es aceptar la cruz, estar al pie de la Cruz, sin huir, consciente de que hay que pagar un precio por tanto como se ha recibido. El horizonte político de tomar decisiones hostiles contra los cristianos, como si fuéramos agentes perniciosos para el devenir de un pueblo, elementos extraños cuya extirpación facilitará la salud del cuerpo, deberá encontrar una palabra política independiente, una mayor salida del cuerpo público de la Iglesia en la medida en que el don obliga a una respuesta de excelencia y de santidad, ajena a cualquier corrección política

Tierra quemada, la estrategia de Rajoy
Es el autosabotaje como plan de combate: consiste en no oponerse al avance del enemigo, pero destruir todos los recursos que pueden serle de utilidad: campos, casas, alimentos...
Ignacio Varela El Confidencial 16 Marzo 2016

Las tácticas de tierra quemada son un clásico en la historia de las guerras. Es el autosabotaje como plan de combate: consiste en no oponerse al avance del enemigo, pero destruir todos los recursos que pueden serle de utilidad: campos, puentes, casas, alimentos… Cuanto más se adentran la tropas invasoras en territorio extranjero, más desasistidas se encuentran y finalmente se rinden por agotamiento. Así se derrotó a los ejércitos más poderosos. Con la ayuda del invierno, Rusia lo practicó de forma demoledora al menos en dos ocasiones memorables: frente a la invasión del ejército de Napoleón en 1812 y en la Segunda Guerra Mundial ante la penetración de las tropas de Hitler. Eso sí, a costa de sacrificios inmensos para el pueblo ruso.

Si nadie lo remedia, España va a estar hasta el otoño sin un Gobierno plenamente operativo. Ello produce situaciones indeseables no previstas en la ley, disfunciones, incertidumbres y daños múltiples al país y a sus habitantes. Pero la cosa es mucho peor cuando el Gobierno en funciones decide agudizar todos esos problemas porque conviene a su estrategia electoral.

Todo indica que el PP ha tomado una decisión: puesto que es imposible que este Parlamento vote a un Gobierno presidido por Mariano Rajoy, vamos a elecciones el 26 de junio con Rajoy como candidato. Ganamos en diciembre y no nos dejan gobernar, así que volvamos a ganar en junio y a ver si se atreven a vetarnos por segunda vez.

Rajoy se ve a sí mismo como el artífice de haber salvado España del abismo de la recesión y el rescate. Para él es incomprensible que tras una proeza semejante y tras haber ganado las elecciones con un millón y medio más de votos que el segundo, alguien ose discutirle el derecho a seguir gobernando. Así que se dispone a reinvindicarse en dos fases: primero, que todo el mundo sienta lo malo que es estar sin Gobierno. Y segundo, que ese mequetrefe ambicioso llamado Sánchez, el listillo oportunista de Ciudadanos y el sectario populista de Podemos comprueben que yo no soy un político de plastilina como ellos y que paguen su insolencia con una segunda derrota. Entonces a lo mejor aprenderán a respetar al ganador y cederán al paso a quien ha demostrado que sabe gobernar.

El discurso de la campaña de Rajoy en junio ya está escrito. Le bastará mostrar los resultados de España en 2015 y compararlos con el desastre de 2016. Gobernando sin obstáculos, dirá, llegamos a las elecciones con crecimiento económico, creación de empleo, reactivación del consumo y la famosa prima de riesgo, que tanto nos hizo sufrir, bajo control. Tras las elecciones, se desataron las ambiciones de los perdedores por ocupar el poder que no se habían ganado en las urnas, nos impidieron gobernar y desde entonces todo ha ido a peor.

Será un mensaje concentrado en un viejo concepto: “Yo o el caos”. Así que para alimentarlo, nada mejor que suministrar un poco de caos. ¿No quieren que no gobierne?, pues no gobierno en absoluto y veamos qué sucede. Resistir mediante la inmovilidad total, un traje a la medida del personaje.

Rajoy comenzó su plan de tierra quemada renunciando a la investidura. Primera retirada y primera crisis institucional, el Rey sin un candidato viable. ¿No tiene tantas ganas este chico, Sánchez, de vestirse de candidato presidencial? Adelante, que compruebe lo que es recibir mandobles por la derecha y por la izquierda para terminar con 220 votos en contra.

Los primeros meses de 2016 están siendo horrorosos para la economía española. Se ha frenado el crecimiento, se vuelve a destruir empleo y las cifras de retroceso del consumo son pavorosas. ¿Ha visto alguien a este Gobierno dar muestras de alarma o mover un dedo para tratar de corregir la situación? ¿Alguna medida económica relevante desde el 20-D? No señor, estamos en funciones. Si quieren acción de gobierno, que nos dejen gobernar.

Como estamos en funciones, dimitimos también de la política exterior. Se suspenden los viajes del Rey, nadie sabe por qué. Hay un cambio histórico en Argentina y por allí ya han aparecido Hollande y Renzi, pero no España; viene el presidente de Cuba a Europa por primera vez en décadas y nadie se molesta en intentar que pase por aquí.

En estos meses, la Unión Europea ha negociado dos acuerdos trascendentales: con Reino Unido sobre el Brexit y con Turquía sobre los refugiados. Se desconoce el papel del Gobierno de España en ambas negociaciones, si es que ha tenido algún papel. Es más, el propósito del Gobierno es que España sea el único país de los Veintiocho en el que estos dos acuerdos no se debatan en su Parlamento. Se acepta sin rechistar un canje atroz para convertir a Turquía en un contenedor de refugiados. Como hay protestas, con la misma indiferencia se envía a Margallo a Bruselas para que se retracte. Y cuando le pregunten por qué tanto vaivén, que se encoja de hombros y responda: “Ya saben, estamos en funciones y no nos dejan gobernar”.

Se monta un conflicto institucional completamente innecesario a cuenta del control parlamentario del Gobierno. Es obvio que este Parlamento no puede, por ejemplo, votar una moción de censura. Pero no veo qué problema hay, con un poco de buena voluntad, en que un ministro acuda a una comisión o al pleno para informar sobre asuntos relativos a su departamento. Pues no, vamos a provocar una colisión entre el poder legislativo y el ejecutivo para que la tenga que resolver el judicial. Cuanto peor, mejor.

Y por supuesto, paramos la Administración. Resulta que desde enero las licitaciones de obra pública han tenido un frenazo del 70%, una catástrofe para el sector de la construcción. Esto solo puede responder a una decisión política, porque nada impide a un Gobierno en funciones tramitar las obras que están previstas y aprobadas. Se supone que se adelantaron los Presupuestos de 2016 para evitar problemas como este. Pero aquí se ha decidido que todo el mundo pague el pato del bloqueo político: si no nos dejan conducir, apagamos los motores y que pidan explicaciones a Sánchez, Rivera y compañía.

Esto no es una pataleta, es un plan de campaña electoral. Se trata de agravar al máximo las consecuencias negativas del vacío de poder y transformar el malestar resultante en una razón de voto: la próxima vez, vote usted más en serio y asegúrese de apoyar a quien sabe gobernar.

Si lo de la tierra quemada les parece fuerte, dejémoslo en una huelga de brazos caídos: un Gobierno en funciones que se sabotea a sí mismo y deja de funcionar. Que el Gobierno haga del desgobierno su primera baza electoral es una novedosa contribución española a la ciencia política. Luego dicen que no innovamos.

Catalanofobia
Ignacio Camacho ABC 16 Marzo 2016

A muchos españoles les habría gustado que el reciente congreso de la UGT hubiese sido el de la regeneración ética y política de un sindicato agujereado por la corrupción y las prácticas clientelistas de su hipertrofiado aparato de poder. En vez de eso -apenas una breve y abstracta autocrítica del líder saliente, Cándido Méndez-, la nueva dirección ha orillado el debate renovador para autoproclamarse fruto de una «derrota de la catalanofobia», ya que el flamante secretario general es abierto partidario de un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Según el emigrado asturiano Josep María -antes Pepe- Álvarez son catalanófobos, pues, todos aquellos compañeros que no lo han votado y desde luego los millones de ciudadanos opuestos a la consulta soberanista: una propuesta que atenta contra la igualdad de los españoles al quebrar el concepto de soberanía nacional conjunta. He aquí el retrato del estereotipo victimista del nacionalismo, que tilda de catalanofobia el deseo afectivo, político y social de que Cataluña siga formando parte de un proyecto civil compartido.

Catalanófobos son para el líder de UGT los trabajadores que se oponen a la ruptura unilateral de la solidaridad del Estado

Bajo los 26 años de mandato de Álvarez, todo un paradigma de renovación y desapego, la UGT catalana ha abandonado la tradicional identidad integradora ligada al origen migrante de muchos de sus afiliados para volcarse en respaldo de las tesis nacionalistas; actualmente tiene a dos dirigentes en el Gabinete independentista de Puigdemont y a bastantes más en cargos administrativos. El propio Álvarez, aunque no se declara favorable a la secesión, se manifiesta en sintonía con el resto de las reclamaciones del soberanismo, que pasan esencialmente por disminuir la aportación de Cataluña al Estado. Entre otras la contribución fiscal gracias a la que se pagan los subsidios de los parados andaluces, extremeños o gallegos, a los que debería revelar cuanto antes que son catalanófobos sin saberlo. Y ya de paso convencerlos de que es la solidaridad de clase la que le impulsa a postular la modificación de los mecanismos igualitarios que garantizan la cohesión de los servicios sociales.

Estaría bien que, dada su convicción sobre la conveniencia de preguntar a los catalanes si desean continuar en España, el nuevo líder ugetista efectuase también una consulta al respecto entre los militantes de la organización entera. Siquiera sin efectos vinculantes, sólo para saber qué opinan los trabajadores sobre el presunto derecho a decidir de un sujeto político soberano exclusivo de los ciudadanos de Cataluña. O sobre la posibilidad de que tengan que sacar el pasaporte para ir a ver a sus nietos en la periferia de Barcelona. O sobre la desconexión de las empresas catalanas de la caja común de pensiones. Y que les explique, si puede, que el máximo dirigente de un sindicato de izquierdas no siente contradicción ideológica alguna por empatizar con una rebelión -esa sí xenófoba- de ricos contra pobres.

Ciudadanos en el diván socialdemócrata
Almudena Negro www.vozpopuli.com 16 Marzo 2016

“El centro es un concepto que demuestra su inutilidad operativa cada vez que se intenta trabajar con él, y que, finalmente, parece concernir a meras cuestiones de imagen, por lo demás dudosas y discutibles” (Juan Carlos Girauta, La eclosión liberal, Ediciones Martínez Roca, 2006, págs. 41-42)

Estas palabras eran parte de las afirmaciones que el hoy diputado nacional y asesor áulico de Albert Rivera, Juan Carlos Girauta, hacía en un libro destinado a fomentar la eclosión liberal en España. Hoy, el otrora liberal defiende un acuerdo de gobierno socialdemócrata, estatista y liberticida. Tanto que, al decir del dirigente madrileño del PSOE, Luis Lorente, “150 de sus 200 medidas podrían ser firmadas sin problemas por Podemos”. ¿Dónde ha quedado pues la eclosión liberal, la idea de una sociedad constituida sobre principios de libertad, individualismo, reducción del Estado, e incluso, de ruptura de falsas fronteras que acogotan al Hombre, como en Cataluña? En efecto, todo eso ha quedado guardado en el cajón de la confortabilidad del Poder, de un falso consenso utilizado como excusa para agarrarse al sillón en pleno huracán político, debido al fracaso de una campaña electoral personalista, mal diseñada, y peor ejecutada.

Que Ciudadanos, fuerza nacida para oponerse al totalitario nacional-populismo catalán, es un partido socialdemócrata a la europea se sabe desde su fundación. Muchos de sus decentísimos dirigentes catalanes hunden sus raíces en esta ideología. Además, quien escribe cree que es incluso sano que dentro del Estado de Partidos haya una izquierda homologable a la europea. Aunque sufra los síntomas que provoca el antiliberalismo.

Siendo pues socialdemócratas, no puede sorprender que Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, y ahora diputado nacional, sostenga en su libro ¿Hacienda somos todos? (Ed. Debate, 2014), que “sin impuestos no hay civilización”, como si aquí pagásemos cuatro perrillas (pág. 267). Y que se obsesione con la lucha contra el fraude fiscal, ya que, afirma, “legitima la acción del Estado” (pág. 266). O que siga el rollo de la sempiterna redistribución socialista, en lugar de proponer bajar impuestos y acabar con la maraña fiscal.

Los que defraudan grandes cantidades de dinero no son los asalariados y los autónomos (estos últimos que se preparen si gobiernan C`s y PSOE), sino el privilegiado que puede contratar a un equipo de asesores fiscales. Esos expertos que consiguen que a un futbolista multimillonario, o a un político conocido y bien pagado, Hacienda le devuelva dinero. Porque el IRPF, introducido en España en 1979, es un impuesto contra la clase media y contra el esfuerzo. Un impuesto que hay que derogar, no dividir en tres tipos. Es una cuestión de libertad.

Proponer la subida del impuesto de sociedades, cuya recaudación en España se desplomó en 2008, no parece que vaya a servir más que para provocar la huída del dinero, lo que llevará a la captación desesperada de recursos de las clases medias para mantener a la oligarquía, política y económica. Pan para hoy, hambre para mañana. Frases como “la eliminación de bonificaciones o deducciones” son parte del engaño. En este sentido, Francisco de la Torre asume el informe Lagares. Y advierte: “en este punto el consenso es general”. Vamos, que son lentejas. Ya lo tienen decidido. Por nuestro bien, claro está.

De la Torre afirma también que “los impuestos eran elevados en España en 1996, pero no eran tan insoportables como para estar en el tramo decreciente de la curva”. Recuerdo la década de los noventa como aquella época frustrante del “no, no puedo trabajar más, que me sube el tramo”. Eso sí que era una curva. La de nuestro cuerpo recostado en el sillón, porque trabajar salía muy caro.

Denuncia también de la Torre que la clase política española ha gobernado como si esto fuese un “emirato árabe”. Y en eso tienen razón. Por ejemplo, ahí está el faraónico AVE, que Rivera quería liquidar, y que luego tuvo que dar marcha atrás para no poner en riesgo el sagrado consenso socialdemócrata, y porque la prensa adocenada le empitonó sin que a De la Torre se le oyera ni respirar. O las ineficientes, extravagantes y carísimas autonomías, invento sin parangón mundial a mayor gloria de las oligarquías nacional-populistas, que han dado lugar a 17 taifas dedicadas a expoliarnos. Las Comunidades Autónomas, esas sí que son un fraude fiscal.

No soy economista. Ni socialdemócrata. Será por eso que coincido en este punto con el Girauta de hace una década, cuando explicaba magníficamente cómo las políticas de Aznar consiguieron crear millones de empleos, reducir la deuda pública, aumentar la renta disponible bruta de los hogares y también la inversión española en el exterior (La eclosión liberal, págs. 24-25). ¿Por qué no volver a esas políticas exitosas en vez de firmar un acuerdo peligroso para nuestra economía y para nuestras ya de por sí menguadas libertades?

La maraña fiscal es una de las claves del camelo del Estado del Bienestar que padecemos. Un entramado que hacendistas serios de países como Francia proponen desmontar. Porque lo que está implosionando es la socialdemocracia, practicada en Europa desde hace décadas por los partidos de centro-derecha.

Hay que acabar con el sistema tributario que sostiene el Estado de Bienestar. Y también con el oportunismo político disfrazado de centrismo, que lo mismo mira hacia el liberalismo que hacia la socialdemocracia, planteamientos que son incompatibles entre sí.

Como sentenció Girauta en 2006, hay que reconocer que “el progre es, en realidad, un rematado conservador. Los verdaderos progresistas son, huelga decirlo, los liberales, partidarios de compartir las bondades del progreso con todos los habitantes del planeta”. Compartir. No redistribuir. ¿Recuerdas, Girauta?

Ciudadanos o 'gente'
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 16 Marzo 2016

El portavoz de Podemos arremetió con dureza contra la historia reciente del PSOE y contra Felipe González en el reciente debate de investidura. Esta actitud de Iglesias creó malestar en las filas socialistas, pero insuficiente para impedir que sus dirigentes hayan seguido pidiendo su voto para la investidura de Pedro Sánchez. Me desagradó su desenvoltura ignorante y sus ataques a personajes recientes del socialismo español, pero me preocupó mucho más la falta de oposición a su discurso, confirmando mis peores temores. Me pareció que los mayores inconvenientes para el acuerdo no eran las matemáticas parlamentarias, ni las ofensas personales, sino la incompatibilidad radical de la socialdemocracia española con el discurso de Iglesias. Durante toda su intervención, abundante en exhibiciones sentimentales y recursos demagógicos, fue frecuente su recurso a «la gente» como factor legitimador de sus pretensiones políticas, de sus ataques a los adversarios, de su descalificación a todo lo realizado desde la aprobación de la Constitución del 78 hasta su 'providencial' arribada al Congreso de los Diputados.

El líder de Podemos, como todos los populistas, se dirige y esgrime a «la gente» como sujeto y objeto a la vez. «La gente», en su lenguaje político, juega el papel de «el pueblo» en los nacionalistas o de «la clase» en los comunistas ortodoxos. El concepto se impone a los individuos y justifica la acción política; fuera de la gente, del pueblo, de la clase, no existe nada ni nadie. «La gente» está para Iglesias por encima de las personas, de las partes, de las leyes, del Estado... todo lo justifica. Es sabido que el pueblo, «la gente» en nuestro caso, entendida sólo como se puede entender en el discurso populista requiere una vanguardia que la dirija y un líder en el que deposite su fe; proceso muy bien descrito en lo que Wilhelm Reich denominaba «el deseo del fascismo de las masas», que podía ser el deseo del nacionalismo de los pueblos o el deseo del comunismo de la clase. Deseo basado en factores muy diversos y ya muy estudiados: desamparo y frustración, miedo a la responsabilidad individual, la seguridad que presta el grupo, el anonimato, la energía que pasa del líder a los integrantes de la masa, el evitar hacerse preguntas y responderlas; todo está solucionado por el conjunto, por la exclamación ensordecedora de «la gente» hecha verbo por el líder. «La gente» como sujeto político está más cerca de la venganza que de la justicia, del Lynch que del jurado; reivindica lo que considera suyo por encima de conveniencias generales, del interés común, y a la minoría la convierte en enemiga, en nuestro lenguaje en facha, casta u oligarca.

Y justamente en esa pérdida de la individualidad, en esa repulsa de la pluralidad, en la negación de la existencia de los conflictos complejos en las sociedades democráticas, en la falta total de respeto a las opiniones discrepantes... reside la base del discurso populista y de liderazgos como el de Iglesias. Efectivamente, su estatura es inversamente proporcional a su desconfianza en la sociedad. Necesita una masa informe, dispuesta a ser moldeada para erigir un liderazgo, que sería incompatible con una sociedad integrada por ciudadanos, por individuos que pueden coincidir en sus necesidades, en sus deseos, en sus objetivos privados o públicos, pero que están por encima de los grupos y a los que sólo se puede convencer individualmente, aunque formen parte de una clase social o de un pueblo. Aristófanes dice en 'Los Caballeros': «Oh Demos, qué bello es tu imperio... Es fácil manipularte: te encanta que te halaguen y te engañen siempre escuchando a los charlatanes, con la boca abierta»; claro que es más fácil manipular a «la gente» que convencer a un ciudadano. Si en el discurso político no se establecen límites, si hacemos ver que todo es posible, que con nosotros empezará de nuevo todo, que el cielo prometido lo encontraremos en la tierra durante nuestra vida, el ciudadano dudará, porque sabe bien que el sistema, ciudadanos y democracia no se entienden separadamente, tiene límites y es el resultado del esfuerzo continuado de distintas generaciones; por el contrario la gente, el pueblo o la clase en marcha no tendrán inconveniente en creerlo.

Deberíamos sospechar al ver la coincidencia en la raíz de palabras tan distintas como democracia y demagogia. La primera es el gobierno de los ciudadanos por ellos mismos a través de la delegación o, en ocasiones limitadas, directamente. La demagogia por el contrario es la genuflexión del pueblo ante el líder, el traslado al partido, a la organización, a la dictadura, a la persona carismática de todos nuestros anhelos, deseos, seguridades e inseguridades. Dos conceptos, democracia y demagogia, con tantas similitudes que nos pueden llevar a la confusión, pero alrededor de los que giró la historia de la antigua Grecia y la de las modernas democracias, una batalla permanente que nunca se acaba de ganar. Y justamente ésta, no los insultos a nuestra Historia o a nuestros santos laicos, es la base fundamental de nuestra incompatibilidad con Podemos. Ellos se dirigen a la gente, nosotros a los ciudadanos, ellos no tienen que demostrar nada, nosotros tenemos que demostrarlo todo. Nosotros sabemos que nos dirigimos a personas inteligentes y lo hacemos individualmente, aunque coincidan en necesidades, anhelos y proyectos vitales; ellos manipulan una masa informe dispuesta a tener fe. Nosotros intentamos convencer, ellos imponen. Es tanta la diferencia y tan clara que no me explico cómo aún no la ven algunos dirigentes del PSOE. Durante muchos años la intelectualidad francesa, con muy honrosas y heroicas excepciones, y con ella la continental ocultaron y justificaron la falta de libertad y los crímenes de la URSS. No nos podemos explicar fácilmente como mentes tan brillantes y lúcidas fueron capaces de mantener en la oscuridad el siniestro régimen comunista de Stalin, y los que se opusieron, o fueron descalificados o fueron desterrados de la cultura oficial. Fue tan grande su ceguera, tan ofensivo su silencio, creó tanto desasosiego su servidumbre, que años después Kundera no se explicaba cómo había podido suceder: «Nunca en la historia de la humanidad tanta gente tan brillante dio la espalda al sufrimiento de tantas personas» -cito de memoria-.

PODRÍA CALLARME, quedarme en descalificaciones 'ad hominem', podría recurrir a sus ataques a nuestros dirigentes para defender nuestro alejamiento o desenmarañar su pasado reciente lleno de relaciones oscuras, pero creo que es necesaria una réplica a su discurso ideológico. Somos todavía pocos los que estamos dispuestos a rechazar desde posiciones socialdemócratas que las diferencias con Podemos sean exclusivamente de grado, a admitir que son idénticas a las mantenidas entre Fernando de los Ríos y Lenin en los años 20 del siglo pasado o a las que tuvieron 30 años después Sartre y Camus en Francia. Pero efectivamente las diferencias se basan en la apreciación que tenemos sobre la libertad individual o los límites del Estado, las que se establecen entre como intervenir en una sociedad integrada por ciudadanos y en una integrada por «la gente» o la confusa división entre «los de arriba y los de abajo»; entre una base ideológica que permita un discurso reformista e integrador o un sistema de ideas vengativo y adánico.

Ahora, aquí dirán muchos que exageramos los que así pensamos, que no es para tanto. Pero corremos el riesgo de que esa España sin élites comprometidas con el espacio público y esa incapacidad española para enfrentarse con espíritu crítico a las modas, a lo nuevo, a lo extraño, consigan fácilmente desechar, quitar importancia a nuestros avisos o descalificarnos al grito ignorante de: ¡son unos fachas!

No descarto que la falta de referencias internacionales -la URSS desapareció y los más modestos ejemplos del cono sur americano han perdido fuelle según ha ido bajando el precio del petróleo- y la fuerza de la democracia termine transformando a los de Podemos en una izquierda más radical que la que representa el PSOE pero claramente institucional. Me alegraría sin duda, pero a día de hoy esto aún no ha sucedido.

Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Europa está en peligro
Pedro de Hoyos  Periodista Digital 16 Marzo 2016

En un entendimiento que cualquiera hubiera jurado imposible, las organizaciones de izquierda más radicales y las organizaciones humanitarias católicas se han unido en un apoyo a los refugiados que huyen de las diversas guerras que asolan Oriente Medio. Que entre ambos campos ideológicos, tan distantes, no haya más comprensión mutuo se hace difícil de entender visto cuánto comparten.

Hemos de empezar a entender que un refugiado no es un inmigrante, que la legislación los protege de manera distinta y que sus pretensiones y objetivos son distintos. La pregunta aun así es si Europa está preparada para tal invasión de gentes, cubrir sus necesidades y salir incólume del choque de civilizaciones. Europa se encuentra entre dos frentes, seguir su tradición cristiana y democrática de apoyo al débil, al injustamente tratado, y protegerse de cuantos indeseables se cuelen bajo la piel de cordero de un refugiado. Dados los resultados electorales en Alemania puede parecer que mientras Europa y sus instituciones tienen claro cuál es su deber los votantes europeos pueden escoger el camino contrario.

Al que huye de la guerra, de la barbarie o de la destrucción hay que salvaguardarlo siempre mientras dure su situación de indefensión. Europa no puede aprobar las deportaciones masivas, no se pueden exponer a los peligros de las modernas guerras –cuanto más modernas más crueles e insufribles- a millones de refugiados que han tenido la desgracia de sufrir la barbarie en su propia casa. Todos hemos sido refugiados alguna vez en la historia, todos hemos necesitado y vamos a necesitar un lugar donde esconder la cabeza mientras alrededor caen bombas, todos los pueblos a lo largo de la existencia humana pasan por etapas de poder y etapas de indefensión.

No puede haber deportaciones masivas, Europa debe además defender su sistema de vida, ese que lleva primero al envejecimiento social y después a la desaparición –al tiempo que garantiza unos derechos, trabajos y pensiones que en otros sistemas no existen- que tiene unos valores y una tradición democrática que nos ha hecho ser parte del mundo ¿civilizado? y adelantado.

Las violaciones masivas de la noche de fin de año en Colonia son una alerta del peligro ante el que nos encontramos: mantener nuestras libertades y nuestra filosofía de vida y asistir al mismo tiempo a quienes no las conocen y a veces las desafían. El reto es increíble, pero la sociedad moderna y evolucionada capaz de hacer circular un tren bajo el Canal de la Mancha debe encontrar soluciones apropiadas para separar el trigo de la paja. Y para mantener incólumes sus derechos y sus tradiciones que arrancan de un sentido cristiano de la vida. Quizá el problema sea que Europa está olvidando y despreciando sus orígenes culturales religiosos mientras los despreciables refugiados los traen como bandera.

Si ONGs radicalmente opuestas al sentimiento religioso, ésas que creen que la religión es el opio del pueblo, y ONGs cristianas coinciden en señalar cuál es el deber de Europa ¿no paree claro el camino a seguir? Eso sí, separando lobos de corderos, protegiendo intereses comunes, defendiendo los mismos derechos que siempre se han defendido, impidiendo la desaparición de la cultura que nos ha situado a la cabeza del mundo libre, Europa está en juego.

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Un JeTa
José María Albert de Paco Libertad Digital 16 Marzo 2016

Al nuevo secretario de la UGT, Josep Maria Álvarez, le han reprochado que pusiera al sindicato en Cataluña a las órdenes del nacionalismo. Se trata de una acusación inexacta, pero sólo desde la premisa gramatical (¡y neurocientífica!) de que nadie se puede poner a las órdenes de sí mismo. Como era preceptivo, dada su filiación socialista, Álvarez trató primero de escurrir el bulto reclamándose demócrata para luego tildar de catalanófobos a quienes insistían en afearle su compromiso con el derecho a decidir. Ahora bien, aun aceptando que su inmoralidad le haya de salir gratis, convendría recordarle la cuantía real de la factura. El derecho a decidir, sí, pero también la organización de manifestaciones por la defensa de la inmersión lingüística "frente a sectores de la política española"; o el llamamiento a celebrar el 11-S bajo la siguiente divisa: "Cataluña siempre ha avanzado nacionalmente cuando lo ha hecho socialmente. Como dos caras de una misma moneda, nuestro país ha unido el progreso nacional al progreso social"; o el repudio sectario del Partido Popular; o la petición del voto para aquellas fuerzas que unan "el avance nacional de Cataluña con el progreso social"; o esta observación, destinada a las familias que han reivindicado una enseñanza bilingüe: "Y los padres que hacen caso de las campañas que periódicamente pone en marcha la derecha española son muy pocos, y además sus reclamaciones se atienden individualmente"; o la confusión deliberada entre las aspiraciones del nacionalismo y las de Cataluña; o el calificativo de ultras a los españoles que invocamos la ley frente al golpismo institucional del 9-N. Por ir apuntillando: no es que UGT participara del Pacto por el Derecho a Decidir: es que era UGT quien apremiaba a sus integrantes a reunirse ante lo que describe como "cambio de escenario". ("En primer lugar queremos agradecer al Honorable Joan Rigol que haya atendido nuestra petición para convocar esta reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Desde el punto de vista de la UGT de Cataluña, esta reunión era vital. Desde el último encuentro el escenario ha cambiado").

Está todo en su blog, donde se puede seguir al minuto el rastro del proceso. Valor sindical, se llama, en lo que constituye, sin duda, una feliz ironía. Con todo, lo que de veras ilustra la naturaleza del personaje es cómo los posts soberanistas van siendo más infrecuentes a medida que va cobrando fuerza su candidatura como secretario general nacional. Hasta prácticamente desaparecer. Como si nada hubiera ocurrido.

Impagado. Ahora sí.
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El modelo de inmersión lingüística en nuestro país está en peligro. La obsesión de los poderosos y sectores de la política española contra nuestro modelo de escuela comienza a dar frutos. Nuestro modelo de enseñanza, que se ha demostrado un éxito según todos los indicadores, está en peligro por un antiguo, profundo e irracional anticatalanismo que reside principalmente en las castas del poder de hoy en día. El caso es que nos toca salir a defender nuestro modelo de escuela, el modelo de inmersión lingüística que impulsaron históricamente los partidos de izquierda. El 14 de junio las calles de Barcelona se llenarán de ciudadanos y ciudadanas, de ideologías diferentes y orígenes diversos, de lenguas maternas diferentes, de clases sociales diferentes, para defender uno de los pilares en los que descansa la construcción de la unidad civil en Cataluña. Se llenarán para decir bien claro y alto que no daremos un paso atrás en la defensa del modelo de escuela catalana, porque todos somos escuela. (7 de mayo de 2014)

La celebración de la Diada Nacional de Cataluña está fuertemente marcada por la reivindicación del Derecho a Decidir. Una gran mayoría de ciudadanos y de ciudadanas de Cataluña queremos ser llamados a las urnas el próximo 9-N para decidir nuestro futuro. Cataluña siempre ha avanzado nacionalmente cuando lo ha hecho socialmente. Como dos caras de una misma moneda, nuestro país ha unido el progreso nacional al progreso social, a la consecución de mayores cotas de autogobierno. (11 de septiembre de 2014)

Semana crucial para el proceso que vivimos en Cataluña. Se aproxima un momento en que el presidente de la Generalitat nos convocará a las urnas el 9-N para decidir nuestro futuro. (...) Y no puedo abstenerme de decir que la peor parte se la lleva el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Mucho más que inmóvil y hierático, el Ejecutivo central continúa amparándose en una interpretación tan interesada como dudosa de la Constitución para negar lo que el sentido común hará que se abra paso indefectiblemente. Y es que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tienen derecho a ser consultados en una votación no vinculante sobre cuál es la relación que ha de tener Cataluña con el Estado Español. (26 de septiembre de 2014)

En primer lugar queremos agradecer al Honorable Joan Rigol que haya atendido nuestra petición para convocar esta reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Desde el punto de vista de la UGT de Cataluña, esta reunión era vital. Desde el último encuentro el escenario ha cambiado. Y es en base a este nuevo contexto que debemos hacer hoy un debate sereno sobre en qué estadio se encuentra el derecho a decidir y sobre todo cuál es el camino a seguir, ya que tenemos metas que no podemos obviar. Primero, el derecho a decidir era y es el común denominador de todas las entidades y organizaciones aquí presentes. Entendíamos y entendemos este derecho como fundamental. Piedra angular de nuestras reivindicaciones. En este sentido, nuestra organización siempre ha defendido que el verdadero acto de soberanía es votar y que el resultado es tan sólo la consecuencia derivada de este acto. Segundo, nuestro objetivo es decidir. Es evidente que es el Estado español quien ha puesto todos los obstáculos políticos y jurídicos para evitar la celebración de una consulta con plenas garantías. Por lo tanto, la consulta que haremos no es la consulta que la mayoría quisiéramos. Pero no renunciamos a ello. Para ello es necesario que el día 9 de noviembre se convierta en un verdadero clamor democrático. Es necesario que sea un éxito de participación y de movilización social. Y que dictamine de manera clara y contundente la indignación de una ciudadanía a la que le han vetado desde el Estado el derecho a expresar su voluntad y decidir su futuro colectivo. (24 de octubre de 2014)

Llamo a los trabajadores y trabajadores y a la ciudadanía en general a participar en el 9-N, y así hacer llegar al PP un mensaje contundente de rechazo a su actitud intransigente y a su impedimento por la vía judicial al derecho a decidir nuestro futuro. El Estado Español vulnera los derechos fundamentales de libertad ideológica, libertad de expresión y de participación. El conflicto entre Cataluña y España es un problema político y, como tal, se ha de resolver a través del diálogo, el entendimiento y el acuerdo, y no a través de una interpretación determinada de la Constitución y las leyes. El derecho a decidir representa una oportunidad para la profundización democrática de nuestro país y que en un futuro se nos permita decidir sobre muchos otros temas. (6 de noviembre de 2014)

Habría sido un verdadero milagro, o al menos a mí me lo habría parecido, que el presidente del Gobierno hubiera asumido el reto de encontrar una solución política para las demandas que desde Cataluña exigen poder decidir democráticamente nuestro futuro. Pero claro, el milagro no se ha producido; al contrario, se ha presionado a la fiscalía para que actúe con contundencia contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y contra algunos otros miembros de su gobierno. Justo lo contario de lo que habría que hacer. Pero ahora, visto desde Madrid, hay que abordar una cuestión aún más importante que la demanda catalana, y es la reparación de la autoridad del Estado, en duda desde que se celebrarse en Cataluña el proceso participativo del 9-N. Por lo tanto, harán todo lo posible para activar una respuesta tan contundente como ejemplar de cara a la galería madrileña de altos funcionarios y de sectores ultras que esperan un golpe de fuerza. No sé si el Partido Popular tiene alguna hoja de ruta al margen del tan recurrente discurso sobre la legalidad. Más que nada, porque esto no arregla la desconexión creciente de los catalanes independentistas, la frustración de otros que esperan cambios en la estructura territorial y competencial del Estado, ni servirá como dique de contención para las aspiraciones de Cataluña. (13 de noviembre de 2014).

Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña han edificado un consenso brutal en torno al modelo lingüístico en la escuela. Un consenso que nace de la voluntad del conjunto de la sociedad de preservar la lengua catalana. Y los padres que hacen caso de las campañas que periódicamente pone en marcha la derecha española son muy pocos, y además sus reclamaciones se atienden individualmente. No sería justo que toda una comunidad educativa que está de acuerdo con un modelo viera limitada su aplicación por una minoría que además tampoco está discriminada. En realidad pretenden dividir y confrontar a la sociedad catalana, obsesionados con el mantra de españolizar a los niños catalanes, como si les hubiera de vacunar de la enfermedad de la catalanidad. Patético. No sé si es ignorancia o mala fe, me inclino por pensar que son las dos cosas. Pero podemos estar tranquilos, porque una vez más la respuesta ha sido frontal y unánime. Los ciudadanos de Cataluña no renunciaremos al modelo de inmersión lingüística que tan buenos resultados ha dado a lo largo de estos años. (8 de mayo de 2015).

Llamo al voto de aquellas fuerzas políticas que unan el avance nacional de Cataluña con el progreso social de los ciudadanos. (11 de septiembrede 2015).

La «paz» de Otegi
Isabel San Sebastián ABC 16 Marzo 2016

Arnaldo Otegi, ese «artífice de la paz» encarcelado por sus ideas, según la docta opinión de Pablo Iglesias, quiere ser lendakari e igual hasta lo consigue, al ritmo que marchan las cosas. Sería el desenlace lógico de la sucesión de infamias, mentiras, engaños y traiciones que algunos llaman «proceso». Un proceso de claudicación cuya premisa esencial es tomarnos por imbéciles.

El guion de la farsa conocida como «proceso de paz» incluye que Otegi, alias «Gordo», pueda llegar a ser lendakari

Arnaldo Otegi ha cumplido seis años de cárcel por intentar reconstruir el brazo político de la banda terrorista ETA. O sea, por una serie de actuaciones concretas realizadas al servicio de una organización criminal responsable de centenares de asesinatos. Nada que ver con las ideas, pertenecientes a un contexto completamente distinto. Claro que a nadie debería sorprenderle esta condena. Ni siquiera a Pablo Iglesias, alumno distinguido del liberticida Hugo Chávez. Otegi, alias «Gordo», ya cumplió otra similar por el secuestro de Luis Abaitua, y evitó pagar por los de Gabriel Cisneros y Javier Rupérez porque la Justicia no halló pruebas suficientes que corroboraran la versión de la etarra que le acusaba. Otegi, alias «Gordo», militó activamente en las filas de ETA PM y más tarde en las de ETA a secas, según consta en su abultado expediente policial. También fue parlamentario de Herri Batasuna y portavoz de Batasuna antes de la ilegalización. En definitiva, es titular de méritos sobrados para hacerse con la candidatura de las siglas que durante lustros buscaron la independencia a golpe de bomba y tiro en la nuca y ahora pretenden alcanzarla concurriendo a las elecciones como otro partido más, perfectamente respetable, homologable a cualquiera de los que pusieron muertos en defensa de la libertad.

Arnaldo Otegi ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero amenaza con arreglárselas para burlar esa prohibición y probablemente lo consiga sin despeinarse en exceso. Así consta en el guión de la farsa, conocida como «proceso de paz», merced a la cual Batasuna vuelve jugar en el campo de la democracia. Una farsa en toda regla, escrita en tiempos de Zapatero, que bajo el mandato de Rajoy ha seguido el curso trazado entonces, ante la indiferencia generalizada. Y es que Batasuna/ETA vuelve a ser legal y se llama Bildu, pese a los demoledores informes redactados en su día por la Guardia Civil y la Policía, y pese a la sentencia en su contra dictada en 2011 por el Supremo. Batasuna/ETA vuelve a ser legal y se llama Bildu gracias a una decisión del Constitucional que partió al tribunal en dos mitades iguales al color político de sus miembros. Batasuna/ETA vuelve a ser legal y se llama Bildu porque esa condición formaba parte inexcusable de los acuerdos firmados entre el Gobierno socialista de la época y los dirigentes de la banda, a cambio del «alto el fuego permanente». Batasuna/ETA vuelve a ser legal y se llama Bildu porque el actual Gobierno en funciones, del Partido Popular, no ha tenido a bien en cuatro años de mayoría absoluta mover un dedo para impedirlo ni tampoco ha encontrado el momento de contar a los españoles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de ese «proceso». Batasuna/ETA vuelve a ser legal y se llama Bildu porque la «paz» de Otegi se basa en hacer borrón y cuenta nueva, sacrificar la dignidad de las víctimas junto a su derecho a recibir justicia, ir sacando a los asesinos de las cárceles por la puerta de atrás, con el menor ruido posible, y permitir que la serpiente se haga con el poder en el País Vasco como si nunca hubiese existido el hacha. Batasuna/ETA es legal, se llama Bildu y puede convertirse en la fuerza que lleve a la comunidad vasca hacia la independencia soñada por quienes, como Arnaldo Otegi, no le han hecho ascos a nada. A eso lo llaman «paz».

ARMENGOL DEROGÓ LA NORMA
El TC avala la aplicación del trilingüismo en la escuela balear
El Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) fue muy criticado por la izquierda y el nacionalismo por quitar protagonismo al catalán en favor del castellano y el inglés en la enseñanza.
Bernat Garau 16 Marzo 2016

José Ramón Bauzá ha tenido estos días una de sus mayores satisfacciones en mucho tiempo. Por lo menos desde que, tras perder 15 escaños y cosechar el peor resultado de la historia del PP balear, fuera desalojado de la presidencia del Gobierno autonómico en las elecciones del pasado mes de mayo. Desde entonces, ha visto cómo la izquierda y el soberanismo gobernantes han deshecho o están en trámites de deshacer gran parte de su polémico legado. Mientras tanto, el expresidente ha perdido el control de su partido, ha sido traicionado por los suyos y desde su escaño de senador ha visto al PP balear sumirse en una espiral de conflictos internos entre quienes, cada vez con menos fuerza, siguen defendiendo las políticas y el estilo de la legislatura pasada, y un sector renovador que gana enteros en el partido con su postura partidaria de adoptar un tono más dialogante con la izquierda y el soberanismo y mostrar una actitud menos beligerante respecto a temas como la lengua catalana, uno de los grandes caballos de batalla de la era Bauzá.

En este contexto, al ahora senador ha tenido que saberle a gloria la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar en su práctica totalidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE del Senado contra el decreto balear para la aplicación del trilingüismo en la enseñanza que el Gobierno Bauzá impulsó en su momento de cara al curso 2013-2014.

Dicho recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por los socialistas en Madrid en diciembre de 2013, en presencia de la actual presidenta balear, Francina Armengol, entonces jefa de la oposición. quien quiso exhibir su total oposición al Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), la polémica iniciativa que regulaba el decreto Ley recurrido.
'TIL pel cul'

El TIL fue una de las medidas gubernamentales que más revuelo generó durante la ya de por sí accidentada y bronca legislatura pasada en Baleares. Se trataba de una iniciativa para garantizar el tratamiento equilibrado del castellano, el catalán y el inglés en la enseñanza a la que la izquierda, los grupos nacionalistas y una parte significativa de los docentes se opusieron con mucha fuerza porque significaba una reducción de la presencia del catalán en la escuela. Hubo numerosas y concurridas movilizaciones contra la medida, que además fue el principal desencadenante de una larga y aparatosa huelga en la enseñanza. Durante aquellos meses, hizo fortuna en pancartas, camisetas y carteles el ingenioso y eufónico eslogan 'TIL pel cul', de innecesaria traducción.

Para intentar detener la proliferación de pancartas y símbolos reivindicativos contra esta iniciativa en los colegios, Bauzá acabó haciendo valer su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico para aprobar la Ley de Símbolos, que prohibía la exhibición de mensajes partidistas en los locales afectos a los servicios públicos. Ello no hizo más que soliviantar y unir todavía más a la izquierda, el nacionalismo, los sindicatos y el profesorado, que intensificaron sus protestas, mientras el PSOE convertía en promesa estrella de cara a las elecciones la derogación, además del TIL, de la Ley de Símbolos.

La situación alcanzó un punto álgido cuando, a menos de una semana del comienzo del curso escolar, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) estimó los recursos presentados por los sindicatos UGT, CC.OO. y STEI y decidió suspender cautelarmente el calendario de aplicación del TIL al haberse aprobado sin consultar a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), de marcado sesgo procatalanista, algo “imprescindible” en aplicación del Estatuto de Autonomía.

Fiel a su estilo expeditivo, Bauzá respondió recurriendo la sentencia y aprobando a las pocas horas un decreto Ley para garantizar la aplicación del TIL, que es el que el PSOE llevó al Constitucional.

“Triunfo de la libertad” para Bauzá
Dos años después, la sentencia del tribunal de garantías considera que el Ejecutivo de Bauzá acreditó en su momento la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificaba la aprobación del decreto Ley, ya que se había suspendido el calendario de aplicación del proyecto a solo siete días del comienzo del curso. Según el alto tribunal, el Gobierno balear tenía una “justificación razonable” para recurrir a dicha medida, que la sentencia califica de “idónea” al permitir que los alumnos se incorporaran a las aulas el día estipulado.

La sentencia, en cualquier caso, no cuestiona la constitucionalidad del TIL en sí, y recuerda que el decreto no regulaba elementos esenciales del derecho a la educación, sino que se trataba de la aprobación de un calendario de aplicación del trilingüismo, algo que se sitúa “en el ámbito meramente procedimental, pero no afecta al contenido material del proyecto educativo”. Tan solo admite el recurso y con ello anula por inconstitucionales dos artículos del decreto y la disposición adicional última al entender que su contenido no justifica las razones de urgencia.

El expresidente balear no ha tardado en valorar la decisión del Constitucional. Lo ha hecho escuetamente a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, ha calificado de “triunfo en favor de la libertad” la sentencia, y en su muro de Facebook ha señalado que es “una decisión que reafirma la política llevada a cabo en esta materia por el Gobierno que tuve el honor de presidir, y que tenía por objeto garantizar la oportunidad de aprender las tres lenguas en igualdad”.

Os la han Colau
Rubén Olmeda Gutiérrez  www.gaceta.es 16 Marzo 2016

Algunos votantes (y votantas, como diría ella) podrían pensar que no quiere guerras, no quiere fusiles y solo quiere margaritas y claveles.

Franklin Delano Roosevelt fue el trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos y el único en ganar cuatro elecciones presidenciales. Ha pasado a la historia por varias razones, pero la que más me gusta a mí es la que refleja la sinceridad del personaje, la que humaniza al tipo y nos lo traslada a la barra del bar de nuestro barrio, con dos tercios de más y soltando verdades de esas que no se pueden decir con tus suegros delante.

Resulta que estaba el amigo Franklin despachando con sus asesores cuando uno le dijo que era el momento de hacer cambios en Managua (Nicaragua) porque el fulano que mandaba allí (Somoza) era un poquito sobrado y se estaba cepillando demasiados opositores. La contestación de Roosevelt fue “tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Tremenda frase que deja bien clarito que el presidente no necesitaba ni más explicaciones, ni más preguntas.

Años más tarde, Henry Kissinger (Secretario de Estado con Nixon y con Ford) debió pensar que Roosevelt ya había definido bien al padre, así que también repitió esa frase cuando un periodista le preguntó sobre Somoza (el hijo, que también le dio por el oficio del padre y se puso el traje de dictador).

Y yo me acuerdo mucho de esta frase cuando veo a Carmena o a Kichi, pero mucho más cuando veo a Colau, porque pienso que ella debe de sentirse como Roosevelt cuando le dicen “hombre Ada, es que darle dinero a esos okupas…” o “Ada, ese asesor municipal es un violento” o cosas así. Pienso que ella analiza rápidamente y segmenta entre “los” hijos de puta y “sus” hijos de puta. De tal forma que las unidades de antidisturbios de los Mossos d’esquadra pertenecen a “los” y ciertas asociaciones de violentos antisistema serían “sus”.

Y es que ¡oigan!, no es lo mismo ser un hijo de puta, que mi hijo de puta. Por eso cuando Ada Colau pasea por las calles de Sant Andreu y ve que allí hay una hermandad de antiguos caballeros legionarios no tiene tiempo de pensar que la Legión estuvo fundada por catalanes o incluso que su himno lo compusiera una catalana, no, lo que piensa Ada Colau es “fuera esos hijos de puta de aquí, que no son míos”.

Y cuando Ada Colau se da una vueltecita por el Salón de la Educación y ve que hay dos uniformes del ejército de Tierra, avisa a las cámaras y se dirige rauda y veloz a decirles (con una sonrisa falsa) que allí sobran, ¿por qué? pues está claro… por hijos de puta.

Pero claro, hasta ahí algunos votantes (y votantas, como diría ella) podrían pensar que es algo bonito, porque no quiere guerras, no quiere fusiles y solo quiere margaritas y claveles. “Es una pacifista” pueden pensar ustedes, pero resulta que internet es muy cabroncete y a veces te demuestra las vergüenzas de los demás, como me ha pasado a mí cuando un amigo me ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona, el de Ada Colau, el que escupe al ejército si, financia con dinero de todos los barceloneses (y barcelonesas, claro) una web que apoya a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.

Se trata de www.prensarural.org y si ustedes entran en la web (al menos hasta el momento en el que estoy escribiendo estas líneas, viernes 11 de marzo) verán que al final del todo aparecen los logos de las entidades que colaboran, es decir, que ponen pasta. Y el primer logo que vemos es el del Ayuntamiento de Barcelona, el de Ada Colau si. Por lo tanto aquellos que piensen que Ada se enfrenta al ejército español porque es pacifista, les tengo que decir que “señores, se la han Colau” porque esta web financiada con el dinero de Barcelona sirve (como así lo afirmaba el propio Raúl Reyes, líder de las FARC, en un documento que recoge el libro Los Archivos de las FARC) de pantalla y de comunicación alternativa de apoyo.

Espero que en Barcelona se imponga la cordura y la cabra, no la de la Legión, sino la otra, no tire al monte y deje tranquilos al ejército y a la Legión. Pero si no es así, no se preocupen, que si Abd El Krim no pudo con ellos, la princesa de Beukelaer tampoco podrá.

Política lingüística
El Gobierno vasco dilapida 3.000.000 de euros en la “promoción del euskera” en entidades locales
www.latribunadelpaisvasco.com 16 Marzo 2016

El Gobierno vasco ha hecho pública la lista de “entidades locales” que, a lo largo de los próximos meses, recibirán casi 3.000.000 de euros para un indefinido “Plan General de Promoción del Uso del Euskera”. Casi dos centenares de ayuntamientos del País Vasco, incluidos los de las tres capitales vascas, recibirán ayudas económicas dentro de este marco. La resolución del Ejecutivo autonómico no precisa en qué iniciativas gastará cada una de estas corporaciones el dinero recibido.

La federación de autónomos alegó no entender el gallego al retirarle la Xunta una subvención
Expuso ante el Tribunal Superior indefensión al pedir la nulidad de la resolución de Traballo que le revocó una ayuda de 18.700 euros que le había otorgado en 2014
marta villar a coruña La Opinion

La Consellería de Traballo, en una resolución de febrero de 2015, confirmó a la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) que le revocaba la subvención de 18.700 euros que le había otorgado inicialmente para sufragar los gastos de funcionamiento. A la federación le sentó mal que le quitasen la ayuda pero también que la Xunta se lo comunicase mediante un escrito en gallego y cuando presentó un recurso contencioso-administrativo alegó ante los magistrados, para pedir la nulidad de esa decisión, que al comunicarle la resolución solo en este idioma se le había generado "indefensión".

El presidente de Feaga, Francisco Javier Pérez Bello, está imputado en la Operación Zeta que investiga un posible fraude en el cobro de subvenciones por cursos de formación que presuntamente no se llegaron a ejecutar, el mismo caso, que por ejemplo, el empresario Gerardo Crespo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en una sentencia emitida hace unas semanas, ha desestimado el recurso presentado por Feaga contra la decisión de la Consellería de Traballo de revocarle la ayuda y además le impone las costas, 1.500 euros.

El Alto Tribunal niega la indefensión, recuerda a la entidad que es una federación "gallega" y subraya el hecho de que con las alegaciones que presentó en la demanda demostró que "ha entendido perfectamente el motivo por el que se acuerda la revocación" y todos los argumentos, que estaban en gallego.. También le advierte de que existe una ley que establece el gallego "como lengua propia de Galicia" y lengua oficial de las instituciones.

"No consta que la parte recurrente hubiera solicitado la redacción y notificación en castellano de aquella resolución e incluso en ocasiones se ha dirigido en gallego a la Administración", añade el tribunal.

Traballo, al amparo de una orden de marzo de 2014, resolvió concederle a Feaga una subvención de 18.700 euros para gastos de funcionamiento aunque con la condición de la presentación, con fecha límite del 15 de noviembre de ese año, de una serie de documentos además de cumplir las obligaciones de las bases de la subvención, entre ellas estar al día en el pago de impuestos, pagos a la Seguridad Social y otros, es decir, no tener ninguna deuda.

Al mes siguiente la Xunta le revocó totalmente la ayuda porque después de analizar la documentación presentada constató que tenía deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. Feaga recurrió la resolución y después acudió a los tribunales. En el juicio alegó, además del gallego, que le habían aplazado las deudas y que quince días después de la resolución de revocación pagó 2.894 y 1.584 euros a favor de la Agencia Tributaria así como 1.274 euros a la Seguridad Social. Agregó que no le dieron los certificados acreditativos de esos pagos hasta enero de 2015, por lo que imputó a la Administración de esta demora, que considera de "fuerza mayor".

El TSXG destaca que la propia federación reconoció que a 30 de diciembre de 2014 tenía deudas pendientes así que es cierto que existían tales deudas, por lo que la demora esgrimida "resulta irrelevante". El tribunal recuerda que en enero de este año se sentenció otro caso, en este caso a favor de Feaga, por impago de la Xunta de una ayuda de 49.0000 euros, y también se alegó que tenía deudas, pero estima que las circunstancias fueron diferentes.
 


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