AGLI Recortes de Prensa   Jueves 31 Marzo  2016

La irresponsabilidad fiscal de España
Las futuras generaciones tendrán que hacer frente a una carga similar a la que arrastró el Reino Unido hasta 2008 desde la II Guerra Mundial, consecuencia de la irresponsabilidad
Ignacio de la Torre El Confidencial. 31 Marzo 2016

Decía Franklin que las ganancias pueden ser temporales e inciertas, en tanto que los gastos son siempre constantes y ciertos.

Este jueves supimos que el déficit fiscal español superó el 5% de PIB frente al comprometido 4,2%, o sea que en el sector público los gastos superan a los ingresos en más de 50.000 millones de euros, unos 9.000 millones más de los pactados. Los objetivos acordados con Europa conllevan un déficit de un 2,8% para 2016, un enorme esfuerzo fiscal adicional, casualmente situado en un supuesto año poselectoral, 'objetivo' que será también insatisfecho.

España lleva desde 2008 sin cumplir en ningún año los objetivos fiscales comprometidos con la Unión Europea, con independencia de que gobierne un partido u otro, y también con independencia de que se disfrute de mayoría absoluta o relativa, y todo ello a pesar de que España disfrute hoy en día de las mejores condiciones de financiación de su historia (el tesoro español se financia por debajo del de los EEUU, valga la paradoja). La consecuencia es que los desfases se financian engrosando aún más la deuda pública, que ha triplicado su importe hasta alcanzar niveles de aproximadamente un billón de euros.

Supone el mayor nivel de endeudamiento de la historia de nuestra nación. El Reino Unido terminó de pagar la deuda incurrida en la Segunda Guerra Mundial el año 2008. Sin haber librado ninguna guerra, y a pesar de no ser juez ni parte, las futuras generaciones de españoles tendrán que hacer frente a una carga casi similar, consecuencia de la colectiva irresponsabilidad fiscal.
¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Primero, reflejando bien el axioma de Franklin, las proyecciones de ingresos se han incumplido sistemáticamente, con independencia de que el PIB cayera o subiera. De hecho, en 2015 el PIB creció más de lo que el propio Gobierno pronosticaba, pero sin embargo se incumplieron los objetivos de recaudación, lo que genera sonrojo al confundir una partida clave (la recaudación) con 'Alicia en el país de las maravillas'.

Segundo, el sistema de pensiones genera un enorme boquete en la Seguridad Social. Las pensiones han pasado de suponer un 7% del PIB antes de la crisis a un 12% actualmente. Los motivos son a) el progresivo envejecimiento de la población (que irá a peor, dado que solo nacen 1,3 niños por mujer), b) el aumento en la pensión media, debido a que se jubilan nuevos pensionistas que han devengado pensiones más elevadas que las de la gente que fallece, y c) que la creación de empleo precaria resulta en reducidas cuotas de seguridad social, insuficientes para hacer frente a los incrementos de gastos. Como los pensionistas suponen siete millones de votos, no hay voluntad política de hacer frente al agujero, lo que supone que el problema se va agravando, y será costeado de una forma cada vez más asfixiante por los más jóvenes, de forma que habrá que reducir dinero en otras partidas como educación, sanidad o inversión en infraestructuras.

Tercero, las comunidades autónomas siguen sistemáticamente presentando relevantes desviaciones frente a los objetivos comprometidos. El Fondo de Liquidez Autonómica ha supuesto financiación sin corresponsabilidad fiscal, ya que las comunidades incumplidoras se benefician de las mismas condiciones que las que sí han cumplido, lo que ha generado un enorme problema moral, ya que el incentivo que se ha desarrollado es que genera más réditos políticos no cumplir que cumplir, perverso incentivo aplicado con independencia de los colores políticos. La vergonzosa reapertura de la televisión pública valenciana es un reflejo del mal moral que nos atañe.

Cuarto, a medida que se han acercado las fechas electorales, el Estado central, las administraciones regionales y las locales han vuelto a utilizar irresponsablemente la máquina fiscal (vía impuestos y gastos) para intentar arañar votos a costa de incumplir los objetivos de déficit con nuestros socios europeos y con las generaciones futuras que ni tienen voz ni voto.

Como consecuencia del rescate financiero del que se benefició España en la primavera de 2012, nuestros socios europeos nos impusieron la creación de una agencia independiente de responsabilidad fiscal (AIReF). Dicha agencia emula el funcionamiento de otras, como la norteamericana Congressional Budget Office, que buscan arrojar luz sobre la irresponsabilidad política a la hora de jugar con los déficit fiscales, explicar las enormes secuelas que dicha irresponsabilidad suponen en términos de deuda acumulada para generaciones futuras y proponer soluciones.

Es interesante que una agencia tan importante haya tenido que ser impuesta desde fuera, sin que ningún Partido la haya impulsado previamente, ni tampoco la sociedad española la hubiera reclamado. A pesar del estrangulamiento financiero a la que Hacienda está sometiendo a la AIREF para que no realice su fundamental trabajo (que ha supuesto una denuncia de la AIReF ante la Justicia), su desempeño está resultando numantino y fundamental. La AIReF ha avisado sistemáticamente de la irresponsabilidad fiscal y de los incumplimientos de los objetivos de déficit, en parte por la demagogia en la política de pensiones.

Además, en democracias consolidadas como la holandesa, las autoridades fiscales revisan los programas políticos antes de que se publiquen, de forma que se compruebe si las promesas electorales están cuantificadas correctamente en su gasto inherente, así como si es realista la forma de financiar dichas promesas reflejadas en el programa. Si no es así, no se permite su publicación, de forma que se acota el papel de la demagogia. Por desgracia, en España los programas no se revisan, y pecan sistemáticamente de dicha demagogia, con independencia de si el partido es populista o popular.

Recordemos la frase de Thomas Jefferson en 1816: “Creo firmemente que el principio de gastar dinero para que sea pagado por la posteridad bajo el nombre de deuda no es más que una estafa a gran escala hacia las futuras generaciones”.

En otros países las recomendaciones y advertencias de las autoridades fiscales calan en la sociedad y provocan una movilización ciudadana que acaba marcando la agenda política.

¿Qué nos ocurre a nosotros?

Preparen la cartera
Todas las opciones de gobierno alternativas a una encabezada por Rajoy plantean medidas que, de una forma u otra, suponen aumentos de impuestos a ciudadanos y/o a empresas
Juan Manuel López-Zafra El Confidencial 31 Marzo 2016

“If you drive a car, I'll tax the street
If you try to sit, I'll tax your seat
If you get too cold I'll tax the heat
If you take a walk, I'll tax your feet”
George Harrison, Taxman

El ministro de Hacienda en funciones y catedrático de la materia, Cristóbal Montoro, expuso este jueves la situación de las cuentas públicas nacionales al cierre de 2015. La situación no puede ser más triste: el Estado ingresó 56.000 millones menos de los que gastó. En términos relativos (una de las grandes trampas con las que jugó el ministro, no distinto en eso del resto de sus colegas europeos), supone un 5,16% del PIB. Si en sí se trata de valores lo suficientemente graves como para exigir dimisiones, mucho más lo son si tenemos en cuenta que España se había comprometido a no superar el 4,2% ante sus socios europeos, unos 11.000 millones de euros menos. Para hacernos una idea, por cada 100 euros que España se había comprometido a gastar de más, finalmente ha acabado gastando 120 más.

Por supuesto, la culpa no es solo del ministro Montoro, que se ha visto incapaz de establecer una disciplina presupuestaria entre aquellos a los que ahora culpa y exige responsabilidades. Como bien claro dejó en su comparecencia, “nosotros [el Gobierno central] hemos hecho los deberes, como los han hecho las corporaciones locales; la culpa es de las CCAA y de la Seguridad Social”. En el colmo del paroxismo, el ministro vino a decir que de no haberse producido ciertas desviaciones (como la inclusión de los gastos del tratamiento de la hepatitis C, una prisión en Cataluña o un tranvía en Aragón, entre otros) se hubiese alcanzado el objetivo del déficit. Claro, y si no se hubiese incurrido en gasto, España tendría superávit. Algo dice el refranero español del mes de mayo y las flores al respecto. Es decir, que el Estado es incapaz (por decisión política, evidentemente) de tener siquiera un fondo mínimo de reserva para contingencias humanitarias que son, de las planteadas por el ministro, las únicas que justificarían su intervención.

Como decía, la culpa no es solo del ministro. El principal responsable de la indisciplina fiscal del Estado es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, que no solo jamás ha discutido una sola medida de su ministro de Hacienda sino que además las ha apoyado tácita y explícitamente. Cierto es que este Gobierno se encontró con un déficit del 8,5% del PIB (casi 91.000 millones más de gastos que de ingresos en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos dos ministros de Economía, Pedro Solbes y Elena Salgado, asumieron su responsabilidad… siendo nombrados tras su cese consejeros de Enel o participada; Enel, la eléctrica italiana propietaria de Endesa tras su opa de 2007), como también es cierto que los dos primeros años de su gobierno se caracterizaron por la recesión.

Pero no es menos cierto que ni el déficit ni la recesión caen del cielo. Provienen de decisiones tanto de política monetaria (llevada a cabo externamente, fuera del control gubernamental, por el BCE, que no ha hecho más que flexibilizar las condiciones para el gasto público, como exigió desde un principio el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo) como de política fiscal, estas sí competencia exclusiva del Gobierno de España. Tras rescatar a las CCAA con alrededor de 30.000 millones de euros (7.000 millones solo en diciembre pasado) mediante el recurso al Fondo de Liquidez Autonómica y al de Facilidad Financiera, sin exigir la más mínima responsabilidad a sus gestores, ahora el Gobierno por boca de su ministro Montoro amenaza con llevar a cabo sanciones. Es decir, tras un gasto autonómico desbocado, ahora es cuando hablan de sanciones, ahora que la mayoría absoluta es un sueño del que Rajoy y su equipo no quieren despertar y en el que toda coalición de gobierno pasa por un aumento del gasto público, de los impuestos y de la austeridad de los ciudadanos, nunca de las administraciones públicas. Recordemos simplemente que en 1978, cuando se aprobó nuestra actual Constitución, el total de municipios españoles era de 8.046; hoy son 8.114. Las 41 diputaciones existentes emplean a 61.000 personas y controlan presupuestos que exceden los 22.000 millones de euros. Paga usted.

Acababa el verano de 2012 cuando desde esta columna ('Decidir') planteábamos ya “la estafa moral e intelectual que este Gobierno” estaba suponiendo. Llegó con la promesa de bajar los impuestos para devolver al ciudadano la capacidad de decidir entre gasto y ahorro, y aplicó la mayor subida de impuestos de la democracia. Escuchaba este jueves, perplejo, al ministro Montoro jactarse de “agresivas rebajas fiscales”. Esa agresividad se cifra en unos 5.500 millones de euros, monto que palidece frente al expolio de 23.000 millones que los españoles (como siempre, de forma fundamental quienes estamos sujetos a una nómina, la cebra coja por la que siempre se lanzan las hienas) hemos sufrido bajo su Gobierno.

Podrían decir algunos que “fue para compensar el desastre anterior, y arreglar el déficit”. Pero no. Tras una legislatura en que la deuda pública ha alcanzado el nivel obsceno del 100% del PIB, con incrementos diarios de más de 225.000 euros, los españoles debemos estar contentos por una rebaja fiscal que supone alrededor de cinco euros mensuales por nómina. Y, de nuevo, volver a engañarnos con un incumplimiento del déficit que en octubre pasado era un “por supuesto que España cumplirá con el déficit de 2015 y 2016”.

La alternativa es, empero, terrible. Todas las opciones de gobierno alternativas a una encabezada por Rajoy plantean medidas que, de una forma u otra, suponen aumentos de impuestos a los ciudadanos y/o a las empresas. Nada de aprovechar nuestras costosísimas pero fantásticas infraestructuras para atraer capital extranjero, como ha hecho Irlanda; aquí preferimos espantarlo. Podemos, PSOE y Ciudadanos llevan la propuesta a Bruselas de “relajar” el ritmo de cumplimiento del déficit; y como ninguno se plantea seriamente la reducción del Estado (salvo, de algún modo, Ciudadanos), todos sin excepción pretenden reducirlo por la vía fácil: la extorsión tributaria al ciudadano. Queda la opción de un Gobierno en el que el Partido Popular esté presente, que al coligarse cederá, obviamente, en la 'política social', la mandrágora que esconde siempre más gasto, más deuda, más impuestos. En todo caso, nada podremos esperar sin una dimisión en masa de todos los cuadros que han permanecido callados observando y justificando cómo las clases medias empequeñecíamos en estos cuatro años. Preparen la cartera.

¿Quién va a pagar el octavo fracaso de España a la hora de cumplir con el déficit?
No supone ninguna sorpresa porque es lo habitual. España confirmará este jueves que incumple el objetivo de déficit de 2015. En Europa, eso sí, cada vez hace menos gracia
Columna Capital El Confidencial 31 Marzo 2016

"España siempre acaba cumpliendo", proclamó Luis de Guindos en octubre. Pero no es verdad.

El ministro de Economía pronunció esa ocurrente afirmación para transmitir confianza. En ese momento, Bruselas albergaba unas crecientes dudas con respecto a la capacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para embridar el déficit público y cumplir con los compromisos adquiridos con las autoridades europeas, y Guindos quiso acallar esos recelos. Como frase, desde luego, no estaba mal. El único inconveniente es que no había sido verdad en los últimos años ni iba a serlo tampoco en 2015, como quedará acreditado en los datos que el Ministerio de Hacienda anunciará este jueves.

[Lea aquí: 'El déficit descarrila al 5,16% en plena formación de un gobierno del gasto']

La España cumplidora empezó a incumplir el objetivo de déficit marcado por Europa en 2008 y desde entonces no ha dejado de hacerlo, con lo que ya acumula ocho años de desviación. Primero lo hizo al sobrepasar el umbral del 3% marcado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y luego ya al apartarse incluso de las distintas sendas pactadas con Bruselas para ir conteniéndolo. ¿Y en 2015? El compromiso alcanzado con la Comisión Europea consistía en reducir el desfase fiscal al 4,2%, pero la cifra que difundirá hoy el ministerio comandado por Cristóbal Montoro rondará el 5%. Ocho décimas no parecen mucho, pero en dinero impresionan más: son 8.650 millones de euros.

Como lo poco gusta, pero lo mucho cansa, este historial cada vez molesta más en Bruselas. Por un lado, porque España está incumpliendo unos objetivos que ya habían sido relajados, sobre todo a partir de 2012. Y por otro, porque hasta el año pasado se concedía a España el beneficio de la duda por la debilidad económica que arrastraba el país, pero en 2015 este argumento se desvanece tras haber registrado un crecimiento del 3,2%, más del doble del 1,5% logrado en la eurozona. Si no se cumplió el déficit con ese crecimiento superior al 3%, solo pudo deberse a una combinación de tres motivos: complacencia, incapacidad y error de cálculo. En resumen, nada del agrado de la Comisión Europea y nada que deje en buen lugar a España.

Para llegar a ese 4,2%, el déficit del Estado debía situarse en el 2,9%, una meta que en noviembre sí parecía asumible, pero que se antoja complaciente; a las comunidades autónomas les correspondía reducir su desajuste fiscal al 0,7% del PIB, una cifra a la que ni siquiera se acercarán, para ratificar la incapacidad de poner orden en las finanzas autonómicas, y a la Seguridad Social le tocaba ajustar su desfase hasta una cifra equivalente al 0,6% del PIB, una meta que desde el principio sonaba demasiado ambiciosa y que todo indica que será difícil de lograr, con lo que certificaría el error de cálculo del Gobierno. A la cuarta pata de las administraciones públicas, la de los ayuntamientos, se le pedía un déficit del 0%, pero en este frente no se esperan sorpresas negativas.

Ejerciendo el papel vigilante que le corresponde, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) venía advirtiendo de que España no iba a cumplir con ese 4,2% desde finales de 2014 y luego lo reiteró en distintas ocasiones a lo largo de 2015. Pero ni por esas.

En un entorno anestesiado por las extraordinarias medidas monetarias -con ribetes fiscales- aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) de la mano de su presidente, Mario Draghi, los incumplimientos de España no parecen graves porque no se traducen en un castigo tan profundo como el que reflejó la prima de riesgo en el verano de 2012, cuando llegó a los 650 puntos básicos. Sin embargo, sí lo son. Primero, porque una prima como la actual, de 130 puntos básicos, es muy alta en un contexto en que los tipos de interés oficiales están en el 0% y en que la prima de países como Italia, Irlanda o Bélgica está por debajo, con lo que no rebajar más el déficit no solo perjudica a la credibilidad de España, sino que se traduce en tener que pagar una factura de intereses más cara de la que se debería estar pagando. Segundo, porque con lo que sí cumple España es con seguir luciendo uno de los déficits públicos más altos de la eurozona -en 2014, solo por detrás de Chipre y Portugal-. Y tercero, porque Bruselas cada vez le tiene más ganas a España.

Considerando que para 2016 el objetivo es aún más exigente, puesto que la meta de déficit se sitúa en el 2,8% -ya dentro del redil marcado por el PEC-, el malestar europeo amenaza con ser una pesada herencia para el futuro Gobierno. Los líderes de los partidos, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, sin excepción, ya han anticipado su voluntad de renegociar ese objetivo -e incluso el de los próximos años- con la Comisión. Pero todos, también sin excepción e independientemente de quién llegue a la Presidencia, se pueden encontrar con un sonoro No. En ese caso, España debería emprender el notable ejercicio de reducir el déficit en 2,2 puntos porcentuales en un único año. O lo que es lo mismo, un tijeretazo de unos 25.000 millones de euros. ¡Bienvenidos a La Moncloa!

El déficit todavía era peor
Primo GonzálezRepublica.com 31 Marzo 2016

El dato definitivo del déficit público español (o casi definitivo) supera las peores expectativas. Hay motivos para la preocupación, para el enfado y hasta para la exigencia de responsabilidades. En Bruselas echan las muelas. No es para menos, ya que el desvío sobre los objetivos iniciales había sido anticipado el pasado otoño y desdeñado por las autoridades españolas con el argumento tergiversado de que se trataba de una estratagema de los socialistas franceses para influir en el proceso electoral español.

Ahora resulta que aquellas prevenciones formuladas por los expertos de la UE estaban plenamente fundadas Podía haber política en las valoraciones, pero sobre todo había cifras. Y bien fundadas. Se han quedado, incluso, bastante cortas, ya que el déficit del 5,2% sobre el PIB rebasa con mucho el 4,5% sobre el PIB que se temía hace unas semanas y desde luego el 4,2% que se había estipulado en su momento.

A la hora de la verdad, las Autonomías han aplicado políticas expansivas irresponsables que han elevado el déficit en casi un punto del PIB, hasta el 1,66%, cuando su límite estaba en el 0,7% del PIB. El Gobierno también ha hecho sus chapuzas con las cuentas de la Seguridad Social, sobreestimando unos ingresos que no se han cumplido y que elevan el déficit de este organismo hasta el 1,26% del PIB frente al 0,6% previsto. Son palabras mayores, ya que estos desfases implican un desajuste de más de 10.300 millones de euros que habrá que arañar en el próximo futuro. ¿Cuándo? No deja de resultar indignante que España tenga que afrontar esta situación cuando presume, y con razón, de ser la economía más boyante de la UE, con crecimientos del PIB por encima del 3%. ¿De qué nos ha servido esta aceleración en el crecimiento económico? Asusta pensar lo que hubiera sucedido sin un crecimiento del PIB tan espléndido y sin unos tipos de interés tan bajos como estamos teniendo ni con la bonanza del precio del petróleo como factor de estímulo económico.

Desde luego, la papeleta que se le presenta a los nuevos gobernantes es de envergadura ya que si para algo no está España en estos momentos es para recetas y políticas populistas, que son las dominantes entre los grupos y partidos políticos que se disputan la formación del nuevo Gobierno. Las tareas para la formación de una nueva mayoría parlamentaria que sustente a un Gobierno sólido que tome el relevo de Mariano Rajoy posiblemente no estaban teniendo en cuenta los límites que acaba de imponer la nueva realidad presupuestaria española, ya que Bruselas no se va a quedar con los brazos cruzados y le recordará al próximo Presidente del Gobierno, sea el que sea, y con la mayor premura, un ejercicio de corrección del rumbo.

Los nuevos gobernantes tendrán que emprender cuanto antes el camino de Bruselas y ver cómo negocian la aplicación de un duro ajuste, en unos momentos en que desde diversas instancias internacionales se da por terminada la estrategia de ajustes fiscales y cuando se empieza a predicar la necesidad de políticas flexibles en el tratamiento de los déficits. ¿Podrá beneficiar a España esta nueva oleada de beneplácito cuando acaba de presentar unas cifras malas sin paliativos, que han vulnerado abiertamente los compromisos adquiridos? Será difícil de negociar una moratoria o una terapia benévola para el tratamiento de nuestros males presupuestarios y fiscales, no sólo porque en Bruselas existe la sensación de que el Gobierno de Rajoy ha engañado deliberadamente a la UE sino porque el grado de descontrol presupuestario que existe a nivel autonómico y la deficitaria situación de la Seguridad Social y del sistema de pensiones ponen en serio peligro el futura crecimiento del país.

Rajoy le deja un plato envenenado a su sucesor. Ser Presidente del Gobierno español en estos dos próximos años, aunque las apariencias no lo dejen adivinar todavía, va a ser un plato difícil de digerir.

Los bancos centrales prueban la Teoría de la Estupidez de Einstein
Tres artículos ponen de manifiesto el desastre que está suponiendo la acción de los bancos centrales desde 2008: menos crecimiento, más desigualdad y mala asignación de recursos
S. McCoy El Confidencial 31 Marzo 2016

"Albert Einstein definió la estupidez como hacer las mismas cosas una y otra vez esperando resultados distintos. Pues bien, con su incapacidad de cambiar el paso conforme ha ido avanzando la crisis financiera global, los bancos centrales han demostrado empíricamente tal definición".

De esta manera tan procaz y divertida iniciaba Diana Choyleva, economista jefa de Lombard Street Research, una columna de opinión publicada en el 'Financial Times' el pasado 21 de marzo. Hoy, por su interés y originalidad, vamos a destinar buena parte de Valor Añadido a detenernos en su contenido. Pero no todo, no me salgan huyendo.

Metemos segunda marcha ya en el tercer párrafo del artículo original. "No es que los supervisores no estén haciendo lo suficiente, es que lo están haciendo mal, hasta el punto de que sus políticas están obstaculizando la corrección de los desequilibrios mundiales. A los inversores debiera preocuparles su incapacidad para aprender las tres lecciones que se derivan de la ralentización económica que padecemos desde 2008-2009".

Y entra a continuación en lo mollar del texto, pasamos de tercera a quinta.

"No se puede solucionar un exceso de deuda del sistema… con más deuda". Aunque Choyleva se centra en la promoción de la financiación bancaria por parte del BCE, se olvida de cómo la relajación monetaria está permitiendo que se dispare la deuda soberana de numerosos estados europeos, pan para hoy, hambre por generaciones. Es necesario purgar primero para crecer después, especialmente en la banca. Y no está ocurriendo en casos como, por ejemplo, Italia.

"Las devaluaciones competitivas de la moneda son inútiles cuando el consumo languidece", como ha probado el Banco de Japón. No suponen sino una transferencia de renta de los ciudadanos (que pagan más caras las importaciones) a las empresas (que mejoran sus exportaciones). No se puede no tener en cuenta cuestiones como la evolución demográfica -que aumenta la propensión al ahorro-, la falta de productividad -que cercena la capacidad competitiva- o el exceso de capacidad -que hace que la suma de volumen y precio decrezca-.

"A la hora de afrentar un ajuste económico y financiero, mejor una vez rojo que cien colorado o, más aún, que mantener artificialmente el statu quo". Aquí el turno le llega a la Fed, a la que critica no haber subido tipos en tiempo y forma para generar la necesaria confianza en la solidez de la recuperación interna, siendo este, quizás, el argumento más endeble de todos.

Incurriendo por tanto, una y otra vez, en los mismos errores, "el mundo puede salvar los muebles un año más, pero poco o nada impedirá que 2017 sea un ejercicio calamitoso". Esa es su conclusión que, en cierto modo, coincide con la nuestra del lunes: como no cambien las cosas, por beneficios empresariales y comercio internacional vamos camino de una recesión global.

Como alguno de ustedes podrá decir "vaya con McCoy, hoy viene de prestado", déjenme que confirme la tesis de la economista con otros dos 'posts' de lectura obligada.

Uno escrito por un banquero central, Raghuram Rajan, del Banco Central de la India. Miren lo que dice en esta 'op-ed' de 'Foreign Policy': "Al meter más y más leña en la caldera monetaria, los bancos centrales pueden dar la impresión de que el desastre está a la vuelta de la esquina y frenar las decisiones de consumo e inversión de particulares y empresas". No solo eso, "si además piensan que su intervención es estructural, estos actuarán de manera irracional, alimentando nuevas burbujas" (la traducción es libérrima). ¡Albricias, por fin alguien lo dice!

Otro, publicado en el último Informe Trimestral del Banco Internacional de Pagos de Basilea, en el que los autores confirman de manera directa y sin tapujos que la acción actual de los supervisores aumenta la desigualdad, fundamentalmente, por las ventajas que concede a los ahorradores que invierten en activos de riesgo. Lo sustancial aquí no es la causa, sino las consecuencias. A saber: a más desigualdad, mayor necesidad de protección social, más impuestos para financiarla (políticamente incorrecto) o más deuda con el mismo fin (la solución perfecta), más intereses asociados a la misma, menos dinero para protección social y vuelta a empezar salvo crecimiento salvaje (difícil si la riqueza se concentra), recortes ('who dares?'), hiperinflación (que ahonda las diferencias) o quita (que es a lo que parecemos abocados).

Como ven, tres por uno en una sola columna.
¿Ven cómo Einstein tenía razón?
'It´s your turn!'.

Todo es mentira.
Vicente A. C. M.  Periodista Digital 31 Marzo 2016

¿En qué no nos ha mentido Mariano Rajoy? Esta es una pregunta de las que se suele decir que son retóricas, esto es, cuya respuesta es innecesaria por obvia, En este caso la respuesta sería “en todo aquello a lo que no se ha referido en sus promesas”. Y lo más perverso es que lo lleva haciendo desde hace muchos años, justo desde que en aquél lejano Congreso de Valencia se alzó con el poder y renunció a todo lo que era la esencia ideológica y las más identificables cualidades del PP. Un partido que bajo su mando y el de su empesebrada guardia pretoriana se transformó en una jerarquizada institución donde se asignaban cargos y se afianzaban lealtades a cambio de no cuestionar ninguna de las directrices, guardar silencio y comportarse como un bloque monolítico y disciplinado al estilo de las cohortes de las legiones de Roma.

Una actitud de nula disensión y debate interno que ha sido el medio óptimo para el desarrollo de todo aquello que va a llevarle a su propia destrucción por el rechazo de los ciudadanos. El excesivo e inaceptable culto al líder cuyo poder ha ido aumentando hasta ser intocable, solo ha sido superado por el revulsivo de la corrupción generalizada y por la permisividad y falta de verdadera voluntad para erradicarla. Un partido que, como la Justicia en España, se ha vuelto excesivamente garantista y se muestra muy laxo a la hora de reprender y no digamos de castigar comportamientos nada ejemplares. Muy al contrario, escudándose en una reiterada alegación a la “presunción de inocencia”, se ha intentado justificar y convencer de todo lo que la lógica y la razón contradecían por la robustez de los hechos y de los indicios.

Una actitud que no es nueva, la de argumentar “desconocimiento” de todo aquello que rodea al señalado. Ejemplos como los de Ana Mato y su ceguera para no ver un imponente coche Jaguar en su garaje. O la falta de memoria selectiva de la Infanta Dª Cristina y su desconocimiento de lo que su esposo llevaba entre manos, incluso con la empresa de la que ella participaba y se beneficiaba en el 50%. O la absoluta candidez de Rita Barberá con su equipo de Gobierno en la Alcaldía y despreocupación por las finanzas de su partido en su candidatura. O el asombro y estupor de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía sobre el destino de casi mil millones de euros de fondos públicos a expedientes de falsos ERE’s. Y así, hasta llenar miles de folios de causas en las que nadie parece haberse dado cuenta de nada ni saber nada.

Y si echamos un vistazo a las Instituciones públicas, por ejemplo, Hacienda, entonces nuestra confianza en el sistema y en los dirigentes de estos putrefactos partidos políticos acabaría por ser inexistente. Y la verdad es que lo merecen. Porque lo que resulta inaudito es que además nos quieran tomar por auténticos imbéciles haciéndonos tragar con ruedas de molino. Lo que faltaba era escuchar a una abogada del Estado decir que lo de “Hacienda somos todos” solo era un eslogan publicitario. O ver cómo un Informe de Inspectores ha sido capaz de plasmar de modo oficial la validez de facturas reconocidas como falsas para descaradamente no sobrepasar la cantidad exigible para que, en vez de falta administrativa fuese un delito fiscal.

Porque el PP y Mariano Rajoy deben cargar con la responsabilidad de haber mentido a sabiendas, no ya a los españoles sino también a aquellos que han confiado en sus datos y que incluso han alabado las escasas reformas para salir de la crisis, la UE. Lo mismo que ya hizo el PSOE y Zapatero antes de que los españoles, engañados por las falsas promesas de regeneración y de salvación, votasen a quienes prometian sacarnos del pozo y han demostrado ser iguales o peores. Porque no se ha querido controlar el déficit, ni imponer la austeridad a las autonomías más despilfarradoras. Al contrario, se ha premiado de modo miserable al secesionismo catalán, financiándolo. Se ha castigado a aquellas que cumplían como Madrid sin reconocer el incremento de población, ni los logros de una política que sí que era de austeridad. Y ahora Montoro se quiere poner “estupendo”.

Pero siendo malo todo lo anterior, no es casi nada si lo comparamos con lo que se nos puede venir encima si el dúo PSOE - PODEMOS logra prosperar en su ambición de formar Gobierno. Si España ya ha mentido e incumplido con el déficit en los últimos 8 años, lo que se propone incrementaría el gasto en unos 60.000 millones de euros. Menos mal que Pablo Iglesias “cedería” rebajando su pretensión en 36.000 millones de euros de los 96.000 que quería gastar adicionalmente, que si no la UE directamente nos cierra el grifo de la financiación y con casi total seguridad nos invitaría a salir de la zona Euro. Y esa es la única verdad del futuro que nos intentan vender como “progresista y reformista”: progresamos hacia la bancarrota y las reformas que nos pretnden aplicar nos van a arruinar.

Como en aquél tango diré aquello de: “verás que todo es mentira…y al mundo nada le importa…gira, gira”.

¡Que pasen un buen día! De verdad y de todo corazón se lo deseo.

La ultraizquierda muestra su verdadero rostro
EDITORIAL  www.gaceta.es 31 Marzo 2016

Aún no ha pasado un año de la llegada al poder en numerosos municipios de Podemos y sus afines, y ya tenemos un balance bastante completo de la verdadera naturaleza de este movimiento: manipulaciones contables y contratos ficticios para financiar ilegalmente al partido –véase el caso madrileño-, apología de la violencia política –contra las capillas universitarias o en las calles de Jódar-, ataques a la libertad personal y de conciencia de los cargos públicos –como en Huesca-, agresiones a la religión católica y a los fieles –prácticamente en todas partes-, apuesta expresa por la ruptura de la unidad nacional de España, guerracivilismo en nombre de la revancha histórica y, en fin, una larga lista de dislates que empieza por la corrupción y termina por el liberticidio. ¿Y sus promesas de justicia social y demás banderas? Mírese alrededor: nada salvo rimbombantes declaraciones. La extrema izquierda española se ha manifestado como lo que es: un movimiento totalitario y violento incompatible con un sistema de libertades públicas. De hecho, el único partido europeo con representación institucional que amenaza las libertades. Es aterrador que una fuerza así se haya convertido en árbitro de la política española.

¿Cómo ha podido la democracia española acabar degenerando en esto? Por tres razones. Primero, en el largo plazo, por el abandono de la derecha en la batalla de las ideas, que ha acabado convirtiendo a la izquierda más extrema en espejo (más bien, espejismo) de virtud. Después, en el terreno político, por la irresponsable frivolidad del PP de Rajoy, que vio en Podemos un instrumento para deteriorar al PSOE. Y en tercer lugar, en el plano institucional, por la propia ambición del PSOE, que con tal de tocar poder ha sido capaz de aupar a Podemos y sus marcas en municipios donde, de otro modo, los ultras siempre habrían estado lejos de la victoria. Ahora lo que tenemos delante es un panorama altamente inquietante. Porque no es sólo que tengamos una ultraizquierda cerril que quiere pintar nuestra vida de rojo; es que, además, tenemos una derecha imbécil y una izquierda estúpida, capaces ambas de cualquier torpeza para conservar su poder.

Ahora lo verdaderamente difícil va a ser salir de aquí, porque las causas que han llevado a la extrema izquierda al poder siguen vigentes y los ultras, claro está, harán lo posible por mantenerse en sus posiciones, para lo cual cuentan ya con el apoyo de una buena parte de la mayoría mediática. Vienen tiempos en los que va a ser imprescindible un esfuerzo suplementario para defender tanto la propia libertad como la supervivencia del proyecto nacional de España. Quien piense que el sistema, por si mismo, hará el trabajo, se equivoca: es el sistema el que nos ha conducido hasta esta situación. Empieza a ser preciso y urgente crear espacios de resistencia cívica. Sin duda ese será el movimiento mayor de los próximos años en nuestro país.

El Gobierno lanza los primeros 'misiles' para atacar el despilfarro de las autonomías
El año 2015 se ha saldado con un déficit del 5,16%, pero el Gobierno ha demostrado a las autoridades comunitarias que las desviaciones alarmantes son las que se refieren a las CCAA
José Antonio Navas El Confidencial 31 Marzo 2016

La actual situación de incertidumbre política no va a privar al Gobierno en funciones de ejecutar con todas las consecuencias las medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para meter en vereda a todas las comunidades autónomas que se han saltado el 'disco en rojo' de los objetivos de déficit público en 2015. En dos semanas, todos los gobiernos regionales incumplidores tendrán que pasar por la horca caudina con compromisos específicos de no disponibilidad de gasto que obligarán a modificar los planes de ajuste pactados con el Estado dentro del llamado Fondo de Liquidez Autonómico. A la postre, la mayor parte de las autonomías tendrán que recortar sus presupuestos para este año.

El Ministerio de Hacienda ha recogido el guante tendido por la Comisión Europea el pasado 9 de marzo, que fue cuando se recibió la recomendación de Bruselas para establecer mecanismos de control que permitan reconducir la senda del déficit público pactada por España. El cierre del pasado ejercicio ha resultado desalentador, con números rojos en las cuentas públicas que exceden en un punto la previsión del 4,2% establecida en el Plan de Estabilidad. El año 2015 se ha saldado con un déficit del 5,16%, pero el Gobierno ha demostrado a las autoridades comunitarias que las desviaciones verdaderamente alarmantes son las que se refieren a las comunidades autónomas.

Con excepción de Canarias, País Vasco y Galicia, todos los demás gobiernos autonómicos se han pasado de la raya del 0,7% de déficit público que tenían comprometido. La consecuencia es que el agujero de las CCAA se ha disparado hasta el 1,66%, y ahora la pretensión de Hacienda es atar en corto los gastos para reducir el pozo sin fondo hasta el 0,5% en 2016, dos décimas todavía por encima del objetivo estimado de antiguo con vistas a este año, aunque más de uno se daría con un canto en los dientes si finalmente se consigue embridar a los diferentes centros de gasto existentes de un Estado descentralizado y cada vez más difícil de gestionar.

Sin llegar a utilizar los niveles de intervención de las comunidades autónomas que la ley faculta al Gobierno central, lo que ahora se va a producir es un paso decisivo en la adopción de medidas de ajuste con carácter coercitivo, siguiendo el artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El artículo 26 invoca al 155 de la Constitución, que permite la suspensión de la autonomía, aunque eso son palabras mayores que nadie se atreve siquiera a esbozar en estos momentos. Lo que sí va a hacer Hacienda es atacar la administración económica de los gobiernos regionales en cuestión, todos ellos menos los tres citados, para que cumplan con plenas garantías las reglas de gasto que en los últimos meses del pasado año se han saltado a la torera.

Los responsables del erario público van a aplicar con mayor severidad la llamada condicionalid del FLA, que es una atribución exclusiva del Gobierno a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Dicho órgano colegiado del actual Ejecutivo en funciones se reunió este jueves y decidió un drástico control de las liquidaciones presupuestarias reguladas en el actual sistema de financiación autonómica. Ahora llega el momento de materializar el reparto de la recaudación generada en 2014, que supone un remanente adicional de 7.500 millones. Esta cifra deberá ser destinada exclusivamente a reducir los déficits fiscales, de modo que la libertad de actuación de los gobiernos regionales quedará restringida a una cifra de 3.000 millones, equivalente a la nueva financiación aportada anualmente por el Estado.

En algunos casos, se darán situaciones de mayor rigor presupuestario, como en Aragón y Extremadura, que han vuelto a las andadas en los pagos a sus proveedores con retrasos que superan lo 90 días. El Estado suspenderá en ambas comunidades el mecanismo ordinario habilitado a tal efecto y liquidará directamente las facturas a los acreedores de uno y otro territorio autonómico. En Navarra, la excepción tendrá un signo mucho más venial, por cuanto que el Gobierno de Uxue Barkos no está acogido al FLA pero figura, por supuesto, entre los que han incrementado su déficit por encima de lo previsto. Hacienda no podrá aplicar en este caso las mismas medidas coercitivas que en el resto de comunidades autónomas y deberá conformarse con adoptar instrumentos de ajuste de carácter preventivo.

El Gobierno considera que todo este marco de actuación presupuestaria es una obligación ineludible, aun en el supuesto de que las distintas comunidades sigan la vía emprendida por Cataluña y decidan recurrir al Tribunal Constitucional en contra de lo que, a buen seguro, se va a interpretar como un control sin precedentes de su soberanía autonómica. El gran problema que tiene España ahora es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria puede ser bloqueada en sede judicial, pero antes de que eso ocurra Cristóbal Montoro está dispuesto a parar como sea la sangría que puede provocar en nuestro país una situación como la que se critica en Francia y Portugal.

Nuestros más próximos vecinos están bajo la lupa de Bruselas, no solo porque hayan incumplido los pactos de estabilidad sino porque en ambos casos han aumentado el déficit público. España no ha alcanzado los objetivos, pero el 'agujero' de las cuentas públicas se ha reducido en el pasado año en relación a 2014, cuando se contabilizó un 5,8% del PIB. Si se descuentan los gastos no recurrentes de 2015, el déficit ahora habría sido del 4,8%. Lo más importante para el Gobierno es que además la deuda pública en términos de PIB se ha reducido por primera vez desde 2007, y todo ello en un escenario de creación de empleo y crecimiento económico

El Estado central y los ayuntamientos han mejorado incluso sus previsiones presupuestarias. En el primer caso, con un déficit del 2,68% del PIB frente al 2,9 estimado inicialmente, lo que supone 2,2 décimas. En lo que respecta a las corporaciones locales, incluyendo las denostadas diputaciones, se ha obtenido un superávit del 0,44%. En suma, un 0,66% que absorbe todo el desvío de la Seguridad Social, que ha cerrado el ejercicio con un déficit del 1,26%, cuando tenía estimado solo un 0,6%. El Gobierno entiende, no obstante, que el sistema público de pensiones está todavía a salvo, como demuestra el hecho de que en 2015 el número de pensionistas haya crecido en 79.000 pero los nuevos cotizantes hayan superado los 533.000.

A este ritmo no habría nada que temer, pero para eso hace falta que la economía se siga moviendo a velocidad de crucero y no por la inercia de una etapa de ajustes draconianos que, como se puede apreciar, todavía no han terminado. La relajación fiscal del pasado año electoral ha sido realmente demoledora para las arcas públicas y la situación política hace temer que lo peor pueda estar aún por venir. 2016 empieza a ser un año perdido, y eso ha obligado al Gobierno a despertar del letargo que exige su actual estado en funciones para ejercer el 'despacho ordinario' del poder que en estos casos otorga la Constitución.

A España no le salen las cuentas: incumple por un punto el objetivo de déficit
Cerró 2015 en el 5,2% del PIB, lo que supone una desviación de casi 10.000 millones sobre el objetivo pactado con Bruselas
Europa Press www.lavozlibre.com 31 Marzo 2016

Madrid.- El déficit público alcanzó en 2015 los 56.061 millones de euros, lo que representa el 5,18% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas, según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se incluyen las ayudas a la banca, que según el organismo estadístico alcanzaron los 547 millones en 2015, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se elevó el pasado año hasta el 5,23% del PIB y sumó un total de 56.608 millones de euros, si bien dichas ayudas no computan en el procedimiento de déficit excesivo.

El Gobierno ha explicado que esta desviación del déficit con respecto al objetivo del 4,2%, lo que supone un gasto que supera en más de 10.000 millones lo estimado, se debe al mayor déficit que va a registrar tanto la Seguridad Social como las comunidades autónomas, que verán superados con creces sus objetivos del 0,6% y del 0,7%, respectivamente.

En cambio, la Administración Central cumplirá su objetivo de déficit del 2,9% y los ayuntamientos mejorarán el equilibrio previsto, obteniendo un ligero superávit en sus cuentas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado en rueda de prensa que se trata de "una nueva reducción del déficit" respecto a 2014, pero ha lamentado que es "insuficiente" para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas.

Parte del desvío del déficit de 2015 se explica, según el Gobierno, por partidas presupuestarias excepcionales que no volverán a repetirse este año. En concreto, apunta el pago del tratamiento de la hepatitis C, que se elevó a 1.090 millones de euros, además de otros cerca de 2.000 millones que afloraron en Cataluña tras la construcción de una prisión y otros 200 millones de un tranvía en Aragón. Estos gastos ya explican por sí solos alrededor de un tercio de la desviación del déficit.

El dato definitivo de déficit público se conoce después de que Bruselas remitiera el pasado 9 de marzo una recomendación autónoma fiscal, en la que ya ponía el acento en el incumplimiento por parte de las comunidades autónomas.

Desde Bruselas se ha instado al Gobierno a que aplique las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el caso de incumplimiento de los compromisos de estabilidad fiscal por parte de las regiones.

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Las tres mentiras de Podemos
Desde el 20 de diciembre, Podemos se ha enfrentado con su nueva realidad y quedan al descubierto tres grandes mentiras con respecto a lo que decían, prometían y proclamaban
Javier Caraballo El Confidencial 31 Marzo 2016

En año y medio de vida, desde la asamblea constituyente que se celebró en el otoño de 2014, Podemos ha derribado con su propia acción algunos de los pilares sobre los que se alzó entonces, como fuerza virginal que venía a romper el atascado sistema de casta política imperante en España, según el lenguaje de la época que ya ha dejado de utilizarse. Lo mejor que tuvo la irrupción de Podemos, como se ha defendido aquí otras veces, es que su mera presencia, junto a la de Ciudadanos, ha supuesto una necesaria convulsión interna de las estructuras anquilosadas y, sobre todo, que con su llegada a las instituciones lo que se ha demostrado es que la democracia y el Estado de derecho funcionan en España.

El ascensor de la política, que se diría, ha llevado a los escaños a quienes se sentaban en las plazas con consignas antisistema. Lo peor es que, a partir de ahí, lo demostrado por Podemos en su funcionamiento como partido político reproduce los mismos vicios y costumbres que denunciaban en los partidos políticos tradicionales de la democracia española. Desde el 20 de diciembre hasta ahora, en el breve tiempo en el que han cambiado las asambleas por los escaños, Podemos se ha enfrentado con su nueva realidad y quedan al descubierto tres grandes mentiras con respecto a lo que decían, prometían y proclamaban.
El frente de izquierdas

Eso que decían de que el esquema clásico de izquierdas y derechas estaba periclitado, no era cierto. A ver, no era cierto que en Podemos estén convencidos de ello, aunque la crisis de las ideologías sea una realidad, constatada y estudiada, desde hace medio siglo. Existe la crisis de las ideologías, porque el Estado del bienestar ha reducido a la nada las diferencias políticas reales entre izquierda y derecha -a excepción de los extremos radicales de ambos-, pero no es verdad que en Podemos se trabaje por la superación de ese esquema clásico.

En la llamada ‘gira del cambio’, realizada hace ahora un año, Pablo Iglesias afirmó en un mitin en Badalona: “No importan los símbolos, sino la clase a la que defiendes. Por eso 'el frente de izquierdas' es volver a lo mismo y dejar que gane la banca, y nosotros queremos ganar a la banca”. Desde la celebración de las elecciones municipales, lo que se ha comprobado es que un “frente de izquierdas” y no otra cosa es lo que persigue Podemos, que incluso veta para cualquier negociación a Ciudadanos; el Partido Popular está vetado ‘de oficio’. En el documento que elaboró Podemos en febrero pasado, el ‘frente de izquierdas’ era, de hecho, lo primero que se mencionaba: “Este documento contiene las bases políticas, institucionales y programáticas que a juicio de Podemos, En Comú Podem y En Marea permitirán formar en España un Gobierno de coalición de carácter progresista y de cambio junto con el PSOE, Izquierda Unida y Compromís”. ¿Es verdad que Podemos, como decía, no es de izquierda ni de derechas, sino que se dirige a una gran mayoría social? No, no es verdad. Se dirige a la mayoría social de izquierda y de extrema izquierda.

La condena de la violencia
Íñigo Errejón dijo en diciembre de 2014: “Podemos condena sin paliativos la violencia y el terrorismo”. No es verdad. De hecho, Podemos tiene un serio problema con la violencia. Con el concepto mismo de violencia, quiere decirse. Pese a que nada hay más evidente que un asesinato o una agresión física, en Podemos no se aclaran porque forman parte de esa izquierda ‘pegatinera’ que considera una seña de identidad algunos movimientos extremistas por el mero hecho de considerarlos de izquierda, con independencia de lo que puedan representar. Un desvarío ideológico, en fin.

Ya sea Venezuela, de forma muy explícita, o el mismísimo yihadismo islámico, al que por alguna extraña razón siempre se le encuentra alguna disculpa con los supuestos abusos de Occidente. Ha quedado de manifiesto en los últimos días con el mismo general podemita, Julio Rodríguez, el Jemad al que fichó Pablo Iglesias, y ha llegado al esperpento con los tres concejales de Podemos en Pamplona al afirmar, tras los atentados de Bruselas, que no suscriben ningún comunicado de condena al Estado Islámico que “tenga como eje el término 'condenar', porque es propio del lenguaje punitivo de la derecha, de los jueces o de la religión”. Ni siquiera esto último es cierto, porque cuando los comunicados de repulsa se refieren a cuestiones que sí se consideran propias, por ese esquema elemental de concepción de la izquierda, nunca hay reparos en utilizar la palabra condena.

“Podemos muestra su firme compromiso encaminado a la erradicación de las violencias machistas y manifestamos la condena y rechazo por el asesinato de Soraya a manos de su expareja”, se leía en uno de los últimos comunicados de esta formación. Condena y rechazo. Lo inexplicable es que los términos que se emplean por el asesinato de una persona no se consideren adecuados para el asesinado de decenas. Al margen quedan los episodios chuscos, como el protagonizado esta semana por ese concejal de Jaén, Andrés Bódalo, ridículamente ensalzado como mártir. También en esos episodios que tienen que ver con un sindicalismo de piquete y porra, Podemos encuentra la disculpa de esa violencia de ‘baja intensidad’, que dirán.

El modelo asambleario
En la asamblea constituyente de otoño de 2014, Podemos quiso marcar distancias con todos los partidos políticos y, para sorpresa de todos, anunció un proceso asambleario de dos meses de duración, en el que participarían decenas de miles de personas. Y se produjo, lo único que ocurre es que ya entonces lo que quedó de manifiesto es que la integración de los críticos en Podemos corre la misma suerte que en otros partidos políticos. Como Felipe González en su tiempo, lo que trasladó Pablo Iglesias a su organización fue que si lo querían a él como líder, sólo podían votar una lista cerrada, la suya, que no pensaba integrar a nadie que cuestionara su línea de actuación.

Muchos se quedaron en el camino y en el instante final de la asamblea fue Pablo Echenique y los suyos los que se quedaron descolgados. Si la opción para los militantes de Podemos es una oferta de “o todo o nada”, “o lo tomas o lo dejas”, por mucho que se organizasen asambleas telemáticas de meses de duración, el resultado es el mismo. El ‘dedo’ de Rajoy y el modelo asambleario de Pablo Iglesias conducen al mismo lugar: el liderazgo no se discute. La destitución fulminante, sin más explicaciones ni debates internos, del secretario de organización, Sergio Pascual, ante el amago de disidencia interna protagonizado por Iñigo Errejón, es exactamente la misma política interna que utilizan los partidos que antes eran “casta política”, alejada de la democracia interna y de espaldas a la calle. “Lo importante es que el liderazgo de Pablo Iglesias no está en cuestión”, ha dicho estos días alguno de sus portavoces. Lo mismo que dicen los fieles de Rajoy y de Pedro Sánchez, aquellos que eran ‘casta’.
 


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