AGLI Recortes de Prensa   Lunes 25 Abril  2016

El Estado tiene que reducir el gasto en salarios públicos
EDITORIAL El Mundo 25 Abril 2016

Un Estado que destina el 65% del total de su recaudación tributaria al pago de los salarios públicos está ya en una peligrosa situación de ingobernabilidad. Y ese es el riesgo que corre nuestro país, que ha desaprovechado los años de contracción económica para reformar el conjunto de las administraciones y ajustar el número de trabajadores que dependen del dinero público. Los datos que publicamos hoy son incontestables.

A pesar de que el Gobierno asegure que ha cerrado más de 2.000 empresas públicas, muchas de ellas inoperantes, lo cierto es que la masa salarial de funcionarios, personal laboral y empleados de empresas, fundaciones y entes públicos ha ascendido a 118.699 millones de euros, un 10,5% más que al inicio de 2007. Los contribuyentes, por tanto, tienen que soportar un coste laboral superior al que existía cuando empezó la crisis, entre otras cosas porque las administraciones públicas tienen ahora 38.200 empleados más que en 2007, superando ya los tres millones de trabajadores.

Pero es especialmente llamativo que fuera en 2015, un año eminentemente electoral, cuando se dispararon las cifras. Durante ese ejercicio, en el que se devolvió en dos tramos el 50% de la paga extra retenida a los empleados públicos al comienzo de la legislatura y se crearon 73.200 empleos, fundamentalmente en las CCAA, se incrementó la masa salarial que soportan las diferentes administraciones un 3,3%. Si al inicio de la crisis los asalariados públicos representaban el 17,4% del total de trabajadores, ahora la proporción ha aumentado hasta el 20%. Por si fuera poco, el Gobierno, guiado por un irresponsable electoralismo, ha anunciado una revisión de los salarios públicos del 1% y la devolución del 50% restante de esa paga para días antes de las nuevas elecciones. No es de extrañar, por tanto, que España ocupe el cuarto lugar del ránking de países europeos que mayor porcentaje de gasto público tiene comprometido a final de cada mes para pagar a sus empleados, con un 25,5% del total.

Frente a esta situación, durante los duros años de la crisis, el sector privado ha perdido 2,8 millones de empleos, y los salarios se han depreciado notablemente, por lo que resulta paradójico que los trabajadores más afectados por la crisis sean los que tienen que mantener con sus impuestos a los que no han sufrido las mismas consecuencias. Contratar hoy a un empleado público es casi un 37% más caro que en una empresa privada, cuando en 2007 la diferencia era del 27%. Pero es que además, es un hecho constatado que una gran parte del empleo público no responde a necesidades reales, sino a que las distintas administraciones públicas se han convertido en agencias de contratación de personas afines a los partidos políticos, para los que el empleo público es un caladero de votos cautivos. Y ésta es la razón por la que ningún gobierno se ha decidido a acometer una reforma de la Administración que ponga fin a este dispendio de recursos de todos.

Tendría que ser, por tanto, labor urgente del próximo Gobierno, sea del color que sea, ponerse manos a la obra en esa tarea. España no puede permitirse, sin riesgo de poner en peligro la estabilidad, una estructura administrativa que, además de la estatal, está formada por 17 comunidades autónomas, más de 50 diputaciones y alrededor de 8.000 ayuntamientos.

Legislatura-basura
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 25 Abril 2016

Mañana, al recibir a los jefes, jefecillos y múridos de los partidos, el Rey comenzará las exequias de la primera legislatura-basura desde que hay democracia, va para cuarenta años. Todas las demás, agotadoras o agotadas antes de plazo, han tenido su interés. Las más cortas -la constituyente de 1977-79, la del Golpe de 1979-81-82-, fueron las más intensas. La segunda de Felipe y la primera parte de la segunda de Aznar -hasta que la izquierda se lanzó a ganar en la calle lo que perdía en las urnas- fueron tranquilas. Pero la del 11M-14M, donde, según Otegi, «todo cambió», inauguró el caos. Zapatero puso patas arriba el orden Constitucional y Rajoy ha mantenido el desastre hasta el pasado 20D.

Cabría pensar que una legislatura que se resume en dos semanas de ilusiones y cuatro meses de decepciones, acaba sin ofrecer ningún fruto, institucional e intelectual. No lo creo. La campaña del 20D fue ante todo un alarde pirotécnico de los partidos recién llegados, anunciando el fin de la vieja política. La campaña de junio tratará de mantener la ilusión de lo nuevo, adánico y equívoco, pero está más muerto que lo viejo que iba a enterrar. Un fantasma vive en el más allá, pero un cadáver insepulto, con síntomas de vida, alienta y, a veces, apesta. Y como tantas veces viene a cuento la cita orteguiana de Las Coéforas en las Meditaciones del Quijote: «¡Sábelo: los muertos devoran a los vivos!».

Ciudadanos fue el único partido que aceptó el fracaso del famoso antagonismo nuevo/viejo en la campaña del 20D y, ante la deserción de Rajoy, decidió inventarse lo que la mayoría de la gente quería, un Gobierno, aunque fuera con Pdr Snchz disfrazado de lagarterana moderada. La opinión pública ha agradecido el esfuerzo de Rivera, porque era sincero y ha sido todo lo formal que permite el partido más informal de Occidente, el PSOE. Pero esa hazaña, en grado de tentativa, fracasó. Y ahora vivimos la apoteosis de la vieja política, protagonizada por Podemos: para arañar algunos escaños está dispuesto a ir con su odiada IU a las elecciones; dice que gracias a terroristas como Otegi puede no haber terrorismo; e injuria y señala periodistas por riguroso orden de aversión.

La lección de esta legislatura-basura es que en política lo importante no es lo viejo ni lo nuevo, sino lo bueno, lo malo y lo peor.

No habrá tercera oportunidad.
Vicente A. C. M.  Periodista Digital 25 Abril 2016

Ninguno de los partidos políticos que nos han brindado el lamentable espectáculo de no haber conseguido formar un Gobierno de consenso, aunque su estabilidad fuese temporal, se merece otra segunda oportunidad. Y lo que estoy absolutamente convencido es que los españoles, los sufridos ciudadanos, no nos merecemos la tortura de otra nueva campaña electoral donde, en vez de propuestas que ya son de sobra conocidas, va a estar plagada de reproches, de acusaciones, de desprecios y de esa política barriobajera del “y tú más”. Un combate a cuatro bandas protagonizado por aquellos que tienen algo que ganar o mucho que perder, dependiendo de las encuestas. Mientras que el resto de formaciones y una vez aclaradas las coaliciones y futuros apoyos, se dedicarán a convencer a su leal electorado de lo bien que ya lo están haciendo, pidiendo un esfuerzo adicional para definitivamente lograr el objetivo independentista.

No se espera nada en estos ya escasos tres días desde que comience la nueva y última ronda de consultas, hasta que D. Felipe VI comunique su decisión de no elegir ningún candidato y obligar a las Cámaras a disolverse y convocar nuevas elecciones, tras expirar el plazo marcado en la Constitución el 2 de mayo. Una fecha que la casualidad la ha hecho coincidir con aquella efeméride del levantamiento contra la invasión de las tropas francesas de Napoleón, con un Rey Fernando VII, cuyo apodo de El Felón, su posterior recuperación del trono y linaje monárquico, nos da idea de la oportunidad perdida de una revolución republicana a la francesa, como la tortilla. Claro que eso también tuvo su repetición de desperdicio en esa Transición hacia la democracia donde el pack monárquico se incluyó como forma de Estado como condición incuestionable e innegociable para el traspaso de poderes desde los herederos de la dictadura de Franco. España sería una Monarquía Parlamentaria o no habrá Transición pacífica.

Pero España, si es que aún podemos referirnos así a lo que ha sido históricamente la nación española, está en un punto de fragilidad extrema con su esqueleto dañado incapaz de seguir sosteniendo un cuerpo que además se está fragmentando. Y todo por culpa de unos partidos políticos, PP y PSOE, que dicen representar a lo que se llaman derechas centradas e izquierdas progresistas, y han terminado por ser unas ineficaces empresas con sobredimensionamiento de personal, asfixiadas por las deudas e inmersas en innumerables casos de corrupción al por mayor y al por menor. Una deriva que se ha ido gestando en todos estos años de falsa democracia y la devaluación de los liderazgos hasta la mediocridad de los actuales máximos representantes, carentes de ideología, de carisma y de empatía por los graves problemas que atraviesa la sociedad española.

Al contrario, su estrategia típicamente pequeño burguesa, se ha caracterizado por afianzar su poder administrativo y por garantizar su supervivencia a base de dilapidar los fondos públicos y endeudar al Estado hasta los límites de bancarrota que se han alcanzado en servicios tan esenciales como las prestaciones de las pensiones y la sanidad pública, con una política suicida de la cobertura universal. Unas prestaciones desproporcionadas con las posibilidades reales de nuestra economía y posición en el ranking de países desarrollados, que ni de lejos llegan a garantizar este tipo de servicios al estilo del “gratis total”. Una filosofía populista en la que la izquierda se ha terminado por imponer a una derecha acobardada y alejada de la sensatez.

Porque la realidad es que ni PSOE ni PP se diferencian en lo esencial tras el giro copernicano de una Ejecutiva liderada por Mariano Rajoy Brey y cuyos postulados se impusieron en aquél despreciable Congreso de Valencia donde se dio la puntilla a la esencia de la ideología liberal y conservadora que siempre ha caracterizado a la derecha española. Por otro lado, tenemos a un PSOE que ha desterrado la mayoría de su capital de renovación cuando en aquél 35º Congreso de 2000 en el que se eligió al representante José Luis Rodríguez Zapatero y su corriente involucionista y revanchista de la que el actual líder Pedro Sánchez es su más ferviente continuador.

Ni Mariano Rajoy, ni Pedro Sánchez pueden volver a ser los cabezas de cartel si no se quiere que los ciudadanos evidencien su rechazo y castigo en las urnas. Eso con independencia del hartazgo abstencionista que con toda probabilidad se va a producir tras este fiasco del 20D y la falta de altura política que todos los actores han demostrado. Y aquí incluyo a esas dos medianas formaciones, la de los radicales de izquierdas revueltos en mareas, comunes y PODEMOS con sus no menos singulares líderes como Iglesias y Colau, y la de un inubicable CIUDADANOS y su líder Rivera, que más que fiel de la balanza entre derecha e izquierda se antoja punta de lanza de un centro utópico e irreal. Porque si la naturaleza nos enseña algo es que huye de las ambigüedades y siempre elige la oposición entre el Yin y el Yan, la materia y la antimateria, lo positivo y lo negativo, la explosión de luz y los agujeros negros.

La renovación nunca puede estar liderada por los mismos perros, pero con distintos collares. Si se quiere que estas nuevas elecciones no sean otra pifia y una nueva muestra del desprecio de los ciudadanos, hay que ofrecer algo más que una ristra de descalificaciones y acusaciones mutuas. Nunca puede ser excusa el argumento de la falta de tiempo y de la legitimidad de los actuales líderes, ni aquello de que más vale lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Se necesita un cambio de actitud y si este no viene de los verdaderos y únicos culpables del desaguisado, obtendrán la misma respuesta.

¡Que pasen un buen día!

Desequilibrios económicos
Así será la multa a España por el descontrol del déficit de Rajoy
Guindos centra su defensa en el esfuerzo realizado durante el resto de la legislatura y la baja inflación.
Juan Sanhermelando El Espanol 25 Abril 2016

La cuenta atrás ha comenzado. España inauguró las multas de Bruselas por manipular las estadísticas, un castigo simbólico de 19 millones de euros por las facturas sanitarias en los cajones de la Comunidad Valenciana. Y en las próximas semanas podría convertirse también en el primer país miembro al que la UE sanciona por déficit excesivo en toda su historia.

La Comisión Europea está alarmada por el caos presupuestario del gobierno de Mariano Rajoy en 2015. El descontrol en pleno año electoral disparó el déficit hasta el 5% del producto interior bruto, ocho décimas por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas. Con el agravante de que el Ejecutivo comunitario ya avisó de los riesgos en octubre, pero sus recomendaciones fueron desoídas por el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El propio Guindos admite la posibilidad de una multa, pero sostiene ahora que el crecimiento y la creación de empleo son más importantes que la disciplina fiscal. Y prepara su estrategia de defensa para tratar de frenar la sanción, aunque sea en el tiempo de descuento como hicieron Francia e Italia en 2014.

A continuación explicamos cómo funcionan las próximas etapas del procedimiento sancionador.

Las previsiones económicas y la prórroga
La Comisión Europea presenta el 3 de mayo sus tradicionales previsiones económicas de primavera. Estas cifras son importantes para comprobar si Bruselas da credibilidad a la nueva senda de reducción del déficit planteada por Guindos: bajar del 5% al 3,6% este año y al 2,9% en 2017. Eso supondría una nueva prórroga (la cuarta) de un año para situarse por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad.

Pero el Ejecutivo comunitario tiene serias dudas de que esta senda sea realista. La magnitud del desvío de 2015, que ha superado las expectativas más negativas, ha hecho que Bruselas sopese incluso ofrecer dos años extra, hasta 2018. “La prórroga se concederá. La pregunta es si será de 1 o 2 años y eso depende del escenario que emerja de las previsiones”, explican fuentes comunitarias. “Si te dan dos años es porque eres un desastre”, admiten en el ministerio de Economía. La concesión de una nueva prórroga no excluye que además haya multa. Al contrario, las dos podrían llegar al mismo tiempo.

El veredicto negativo por la inacción de Rajoy
España está sujeta al procedimiento sancionador por déficit excesivo desde el año 2009. Desde entonces, la Comisión ha concedido ya tres prórrogas, una durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y dos con Rajoy. Y no ha dado nuevos pasos hacia una multa por considerar que los sucesivos gobiernos adoptaron ajustes para corregir el desfase. Si los objetivos no se cumplieron, fue por la mala situación económica, según el diagnóstico de Bruselas.

Una vez que se conozcan las previsiones económicas, el Ejecutivo comunitario debe evaluar de nuevo si Rajoy adoptó en 2015 los ajustes necesarios para corregir el déficit y si el desfase se explica por otros factores. A la vista de las cifras de déficit, la conclusión preliminar de Bruselas es negativa, de acuerdo con las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. Los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) lo han puesto negro sobre blanco en su último informe sobre el rescate bancario.

Así que salvo sorpresa de última hora, el Ejecutivo comunitario publicará a mediados de mayo un dictamen negativo contra España por falta de “medidas eficaces” y un último aviso antes de las sanciones. Es el siguiente escalón hacia la multa, y podría ir acompañado del envío a Madrid de una misión de inspectores, los “hombres de negro” en la terminología del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los argumentos de defensa de Guindos
La estrategia de defensa del ministro de Economía para tratar de parar la multa en el último minuto se basa en dos argumentos centrales. En primer lugar, alega que la Comisión no debe tener en cuenta sólo 2015, sino los esfuerzos realizados durante la legislatura. España ha reducido el déficit desde el 9,3% de 2011 al 5% de 2015, y se trata de un ajuste estructural porque el crecimiento medio del periodo ha sido prácticamente plano, sostiene Guindos. “España ha hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista del ajuste fiscal”, dice el ministro de Economía. Este argumento empieza a calar en el Ejecutivo comunitario, que sopesa tener en cuenta las decisiones del periodo 2013-2015.

La segunda línea de defensa de Guindos es reclamar el mismo trato que a Francia y a Italia. Los dos países estuvieron al borde de una multa en 2014. Pero se libraron en el último minuto porque su situación económica era peor que lo previsto y presentaron nuevas medidas de ajuste. En el caso de España no se cumple ninguna de estas condiciones. La economía creció un 3,2% el año pasado, una de las tasas más altas de la UE. Y un gobierno en funciones no puede aprobar un plan de recortes.

Así que el ministro de Economía ha recurrido a uno de los argumentos secundarios que se utilizaron para justificar las prórrogas a París y Roma: el nivel de precios. La inflación de España en los últimos años ha sido muy inferior a la que había proyectado Bruselas. Eso ha tenido un impacto negativo en la recaudación, que ha sido menor que la prevista, y dificulta la reducción del déficit. Guindos no ha dado cifras. Pero asegura que si se hubieran cumplido las previsiones de inflación, el déficit se habría quedado muy cerca de la meta del 4,2%.

Una multa de entre 2.000 y 0 euros
Todavía cabe la posibilidad de que los argumentos de Guindos convenzan a Bruselas y paralicen las sanciones. Pero en este momento parece improbable. Si finalmente el Ejecutivo comunitario aprueba un dictamen negativo por falta de medidas eficaces, el siguiente paso será su ratificación en el Ecofin.

A partir de ese momento, la Comisión dispone de un plazo de 20 días para hacer una propuesta de multa, que por defecto se fijará en el 0,2% del PIB, es decir, 2.000 millones euros en el caso de España. No obstante, Bruselas puede plantear reducir esta cantidad o incluso cancelar la multa, basándose en circunstancias económicas o en una petición razonada del gobierno que debe enviarse en 10 días. En esta fase del procedimiento, Guindos podría volver a plantear sus argumentos de defensa.

En la última semana, varios altos funcionarios de la UE han hablado de la posibilidad de una “multa cero”. Es decir, España no tendría que pagar ninguna cantidad, aunque le quedaría el estigma de ser el primer país miembro sancionado por el déficit. También podría haber una sanción simbólica, como ocurrió con el caso de la Comunidad Valenciana. El máximo posible eran 1.000 millones de euros pero el castigo final fue de 19 millones.

La multa de Bruselas se considerará adoptada salvo si el Ecofin reúne en el plazo de 10 días una mayoría cualificada en contra. Este nuevo mecanismo se aprobó para evitar que se repita lo ocurrido en 2003. En aquel momento, Alemania y Francia bloquearon la propuesta del entonces comisario Pedro Solbes y dinamitaron el Pacto de Estabilidad.

“Es muy difícil que si la Comisión plantea una sanción, el Ecofin la tumbe. Haría falta una mayoría de dos tercios sin votar España”, admiten en el ministerio de Economía. Aunque el Ejecutivo comunitario sopesaba esperar a después de las elecciones del 26 de junio si finalmente se convocan, el gobierno trabaja con la hipótesis de que la sanción, si la hay, llegue ya en mayo, en plena precampaña electoral.

Pablo, el infierno mismo
Santiago Abascal Libertad Digital 25 Abril 2016

Pablo, permite que me ahorre lo de "estimado", más que nada porque me gusta decir la verdad siempre. El caso es que el otro día reiteraste tu miseria moral alabando a un terrorista. Dijiste que "sin personas como Otegi no habría paz". No leí tus declaraciones. Me las leyó mi padre. Me llamó por teléfono expresamente. Te ahorro la literalidad de la conversación porque es más virulenta aún que las letras que ahora escribo.

Pero debes saber que, mientras tú vomitabas esa basura, el hombre que me llamaba no debía de tener a muchos metros a los escoltas que le vigilan desde hace veinte años gracias a las balas de los amigos de Otegi. Mientras tú pasabas tu infancia en Soria leyendo a Verne y a Salgari, yo la pasaba en tierra vasca –y española– viendo cómo mataban a los amigos de mi padre, como Jesús Velasco o Félix Galíndez, o como a Estanis Galíndez, cartero de mi pueblo, asesinado, como todos, por la espalda. Sello de tus admirados, valientes y perspicaces amigos.

Mientras tu adolescencia empezaba a despertar con sueños húmedos con no sé qué actriz española –algo de eso dijiste hace poco–, la mía despertaba con las cartas que la ETA escribía a mi abuelo para anunciarle su temprana muerte: "Le buscaremos hasta ejecutarle", rezaban las misivas de tus perspicaces amigos. Mientras tú te reunías con el enemigo en una herriko taberna y alababas la "perspicacia de ETA", yo recibía a mis hijos en el paritorio acompañado por guardaespaldas.

Mientras tú te entretenías en la universidad entre escrache y manifa, yo acudía a la universidad escoltado y veía mi nombre en un punto de mira pintado con spray en las mismas pizarras. Literal, Pablo. Mientras tú disfrutabas de tus becas y de tu vida facilona, yo llevaba una pistola al cinto por si podía evitar que me pegasen un tiro en la nuca, anuncio también literal de las paredes de mi pueblo.

Mientras tú animabas a la afición que te jaleaba a salir a "cazar fascistas" o a pegar a un "lumpen", y quizá mientrás tú leías cómo se hace un cóctel molotov, yo empezaba la madrugada apagando el fuego de la tienda de ropa de mi padre, arrasada por el fuego de los cócteles molotov de los amigos de tus amigos.

Mientras tú te dedicabas a acosar a los que no piensan como tú en la universidad –me acuerdo ahora de Rosa Díez–, yo veía pasar el féretro de Gregorio Ordóñez entre vivas a España, o velaba el cadáver de Jesús Mari Pedrosa, asesinado a tiros en la puerta de su casa en Durango.

Mientras yo rendía honores a Manuel Indiano, abatido a balazos en su tienda de golosinas de Zumárraga, tú cogías un vuelo para tu paraíso venezolano o iraní para aprender cómo jodernos más la vida.

Tu paraíso es nuestro infierno. Tus amigos son nuestros enemigos.Y tus héroes, Pablo, son nuestros villanos. Y tú –siento decirlo y siento pensarlo– eres todo eso a la vez, sin matices, el enemigo, un villano y el infierno mismo.

Por eso somos tantos los que te conocemos, cada día un poco más, los que vemos la gran mentira que se esconde detrás de alguna de tus verdades. Y por eso somos tantos los que te combatiremos, en las universidades si hace falta, en las urnas cuando toque, en los tribunales cuando la ocasión lo exija. En la cheka si ese es nuestro destino en la España soviética que querrías construir. Y en todos los lugares en los que pretendas dar tu pérfida batalla. Cuando quieras y donde quieras. Porque se trata de nuestra Patria y se trata de nuestra Libertad. Y no solo no crees en ninguna de las dos, sino que quieres destruir ambas.

Lo tienes crudo, porque somos millones los que pensamos que representas lo peor. Lástima que los corruptos te hayan dado esta oportunidad para engañar a tanta buena gente. Porque es así, Pablo, tú solo eres una consecuencia de la corrupción de tantos dirigentes del PSOE y del PP. Gracias a Dios, la España decente os combatirá a ambos a la vez. Por una España más unida, más justa y más libre. Os combatiremos siempre.

Santiago Abascal, presidente de Vox.

Pablo Iglesias: 'España soy yo'
El victimismo es parte esencial de los partidos populistas. Y los ataques de Iglesias a la prensa forman parte de una estrategia destinada a aparecer como víctimas del sistema
Carlos Sánchez El Confidencial. 25 Abril 2016

No estará de más repescar un desgarrador libro de Arthur Koestler, probablemente uno de los intelectuales más honestos que haya dado Europa en la segunda mitad del siglo XX. Su alegato más atormentado contra el estalinismo lo escribió en 1940, en el cénit del comunismo soviético. En 'El cero y el infinito', Arthur Koestler, un antiguo comunista, desnuda la farsa de los juicios de Stalin para liquidar a los viejos camaradas de la revolución. Para ello, fabrica un relato demoledor sobre los mecanismos de destrucción de la personalidad utilizados por el estalinismo.

La técnica es sutil. Comienza con la descalificación pública del enemigo mediante falsas acusaciones aireadas de forma conveniente (ahora se haría a través de las redes sociales). Pasado el tiempo, la presión social es tan fuerte que la delación -ahora muchos lo llaman activismo en forma de escrache- se convierte en un arma del pueblo contra quienes cuestionan al Número Uno. El envilecimiento público del disidente llega a tales extremos que, al final, la víctima se convierte en su propio verdugo.

- “Cuando le preguntaron si se confesaba culpable”, cuenta el ‘renegado’ Koestler en su obra maestra, “el acusado Rubashov contestó: ‘Sí’, con voz clara. A la otra pregunta del fiscal acerca de si el acusado había obrado como agente de la contrarrevolución, contestó otra vez: 'Sí', en voz muy baja...”.

Antes del interrogatorio se había producido un hecho singular. “Habiéndose preguntado”, decía el narrador de Koestler, “si deseaba un abogado para su defensa, el acusado contestó que renunciaba a ese derecho”.

La autoinculpación formaba parte del proceso, y eso es lo que, de alguna manera, Pablo Iglesias y sus conmilitones procuran cuando cualquier ciudadano cuestiona su estrategia política. Criticar el legítimo enfrentamiento con Errejón es lo mismo que embestir contra el líder, convertido en el tótem inaccesible que defiende a la tribu ante las inclemencias del exterior. Atacarle a él -al sumo sacerdote- es lo mismo que agredir al conjunto de la organización, y de ahí que cualquier argumento que no coincida con el pensamiento dominante es interpretado como una descalificación del proyecto global.

España soy yo
Este tipo de comportamientos son habituales en los sistemas totalitarios. El dictador Franco -como otros tiranos- confundía su persona con el Estado, y cuando muchos ciudadanos reclamaban en las calles más libertad y democracia, la respuesta era siempre la misma: quieren atacar a España.

La historia está lleno de majaderos así, pero había razones para pensar que en pleno siglo XXI la nueva política, al menos en el caso de Podemos, entendería que la libertad forma parte del progreso humano. De hecho, no se entiende la democracia sin libertad. Claro está, salvo que estemos ante un moderno Savonarola, aquel fraile dominico célebre por encender hogueras contra la vanidad de los díscolos y que acabó siendo, paradojas de la vida, ejecutado por la Inquisición.

Keynes, poco sospechoso de querer lo peor para los trabajadores, ya advirtió en 1925, con ocasión de su primer y único viaje a la Rusia leninista, que había nacido una nueva religión. “Como otras nuevas religiones”, sostenía, “el leninismo obtiene su poder no de la multitud sino de una pequeña minoría de conversos entusiastas, quienes tienen la fuerza de 100 indiferentes gracias al fervor y la intolerancia”.

Pablo Iglesias ha entrado en esa dinámica. Probablemente, como un mecanismo de defensa. Si hasta hace bien poco cuestionar en público su estrategia y su praxis era profundamente reaccionario (pocos eran los que se atrevían a hacerlo para no ser considerados de la casta), hoy el desgaste lógico de la acción política hace que cada vez más analistas lo cuestionen. Lo natural en un sistema de opinión pública, que es la esencia de la democracia.

Cualquier político lo entendería, pero Pablo Iglesias y sus conmilitones no pueden hacerlo por una razón sencilla. El victimismo forma parte esencial de la estrategia del populismo, y ante unas inminentes elecciones, solo cabe agarrarse a una idea elemental pero útil en términos electorales. El sistema -que diría Mario Conde- se levanta cada mañana con una obsesión: liquidar a Podemos y a lo que representa. Al fin y al cabo, como diría Keynes, ese pequeño grupo dirigente es la verdad revelada. "¡Tiembla la Casa Blanca!", que decía un pretencioso periodista de provincias cada vez que publicaba un artículo en un diario de tercera.

Es decir, su ataque a la libertad de prensa no solo forma parte de su ideología, sino que hay que incardinarla en un movimiento meramente instrumental destinado a hacer creer a la opinión pública que ellos son las víctimas del sistema. Por eso, en las próximas semanas, Podemos se sentirá perseguido, difamado y hasta vilipendiado por no haber querido apoyar el programa PSOE-Ciudadanos. Podemos contra todos. Eso es lo que dirá el mesías.

Pero también dirá que los poderosos quieren acabar con ellos y con la gente; que los periodistas están vendidos a los editores por un puñado de monedas para trepar en la escala social; que hay una conjura planetaria contra ellos y que el mundo se revuelve contra tanta paz y tanto amor que destila Podemos, que diría el pequeño Robespierre. Al fin y al cabo, no hay más verdad que la suya. Y la suya es una religión en la que no caben sectas, salvo la de sus acólitos. Ni siquiera la de Errejón.

España
UPyD: «La nueva política no era esto»
UPyD sigue defendiendo la reforma del Estado autonómico y de la Constitución Española «para acabar con las duplicidades, los despilfarros y la desigualdad en España»
S.E. Madrid ABC 25 Abril 2016

El portavoz de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, denuncia en su blog que «la nueva política no era esto». «Cuando, en 2007, un grupo de personas lideradas por Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán y Juan Luis Fabo se deciden a crear un partido político para ayudar a resolver los problemas de España y de los españoles, lo que se pretende antes que nada es sustituir la mala política que nos avergonzaba por una política decente».

UPyD sigue defendiendo la reforma del Estado autonómico y de la Constitución Española «para acabar con las duplicidades, los despilfarros y la desigualdad en España».

«Hoy día seguimos defendiendo la reforma de la ley electoral para introducir las primarias y las listas abiertas, endurecer las incompatibilidades y asegurar que el voto de los ciudadanos vale lo mismo independientemente del lugar donde se emita», recalca Maneiro.

UPyD siempre ha defendido y defenderá «la soberanía nacional y que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, la libertad lingüística, que se profesionalice la Justicia y que los partidos políticos saquen sus manos de ella».

Concluye Gorka Maneiro reclama medidas para luchar contra la corrupción, suprimir los aforamientos, acabar con el despilfarro y la mala gestión, eliminar diputaciones, agrupar municipios y regenerar la democracia. «Hoy día seguimos oponiéndonos a los recortes sociales y a la precariedad laboral y defendiendo el Estado del Bienestar», concluye.

Asociaciones o estatismo
Juan Pina www.vozpopuli.com 25 Abril 2016

Las actuaciones de la semana pasada contra Ausbanc y Manos Limpias se inscriben en este preocupante periodo de retroceso de las libertades y de la sociedad civil, iniciado hace bastante tiempo pero recrudecido durante el gobierno de Mariano Rajoy, nefasto para nuestros derechos civiles y libertades públicas. Un periodo en el que Hacienda es un arma de destrucción política, en el que se nos ha hecho a todos una terrible ley-mordaza, en el que el fisco puede ver tus cuentas sin orden judicial y los agentes de empresas privilegiadas del cártel eléctrico allanar propiedades privadas, en el que —como en los demás Estados desarrollados— se nos espía constante e impunemente, en el que se persigue y obstaculiza la producción independiente de energía o la economía colaborativa para beneficio de los lobbies encamados con la élite estatal, y en el que la propiedad privada se ha convertido en un mera posesión que el poder tolera discrecionalmente hasta que cambia de opinión.

Quiero dejar claro que no me cae bien ninguna de estas dos organizaciones en concreto, y que esa antipatía se debe a su praxis, no al rol que formalmente desempeñan o deberían desempeñar. Me explico. En una sociedad libre, el papel de las organizaciones privadas que trabajan por las causas más diversas, no es que sea legítimo, es que resulta absolutamente imprescindible. El movimiento asociativo constituye una malla de instituciones intermedias que nacen directamente del orden espontáneo que se da en la sociedad. Deben surgir, evolucionar y desaparecer libremente, por simple voluntad de las muchas o pocas personas que se agrupen y organicen en la sociedad, y servir como contrapesos necesarios al poder estatal. Para ello es urgente prohibir toda forma de subvención pública a las asociaciones (igual que a los partidos, centrales sindicales, organizaciones patronales o confesiones religiosas), pues esa fácil financiación con cargo a todos implica inevitablemente la colonización estatal del tejido asociativo. En una sociedad libre, sencillamente, es ilegítimo que el Estado nos quite parte de nuestro sueldo y done en nuestro nombre a quien él quiera. La cultura de la subvención lastra el despegue de nuestro asociacionismo, convirtiéndolo justo en lo contrario de lo que debería ser.

Lamentablemente es inevitable que se den situaciones en las que algunos dirigentes de asociaciones exitosas descubran un filón espurio y se sientan tentados de explotarlo, por ejemplo cobrando por “publicidad” a cambio de dar un trato más dulce a quienes teóricamente se vigila; o directamente poniendo precio a la interposición o no de acciones judiciales, especialmente tras haber conseguido el reconocimiento como acusación particular en casos notorios. Con independencia de si esas situaciones se han dado o no en los casos que ahora han saltado a los medios —cosa que sólo corresponde a la Justicia dirimir—, es verdad que en algunos casos huele bastante mal la acción de ciertas asociaciones.

Creo que el problema es de falta de competencia. Si tuviéramos una sociedad civil mucho más rica en organizaciones ciudadanas privadas, no se darían las situaciones prácticamente monopólicas que, presuntamente, pueden haber permitido a los dirigentes de Ausbanc o Manos Limpias incurrir en prácticas incorrectas. En otros países el tejido asociativo es mucho más tupido, profesional y eficiente, y hay muchos menos casos como estos. Por más que en todas partes cuezan habas, lo nuestro es particularmente lamentable. Nuestro problema no es que en España haya asociaciones que, al parecer, se hayan convertido en plataformas de extorsión, sino que no haya muchas más asociaciones para cada causa. Entonces el mercado colocaría a cada organización en su sitio, y los comportamientos incorrectos se verían penalizados. Pero tenemos una sociedad civil infravertebrada y, en consecuencia, un Estado sobrevertebrado que ocupa a sus anchas el ámbito de la primera.

Es muy triste que prácticamente la única voz privada que se ha alzado por vía judicial contra el entramado de corrupción de la casta estatal española haya sido la de un oscuro y extraño sindicato vinculado, al parecer, con la extrema derecha. Debilitando la legitimidad social de la acusación de Manos Limpias, lo que se intenta es afianzar la idea de que hay una persecución política contra Cristina de Borbón, y dejarla impune mientras miles de otros cónyuges han sido, son y serán condenados por firmar a ciegas lo que sea. Se ha hablado y escrito mucho sobre la figura de la acusación popular. No me gusta demasiado porque se presta al espectáculo y a la manipulación, pero no creo que debamos prescindir de ella mientras no tengamos un ministerio fiscal realmente libre de instrucciones políticas.

También es lamentable que la portavocía de los clientes de nuestra banca oligopólica —mera extensión de la infame banca central de los Estados—, haya sido durante décadas la ejercida por una asociación como Ausbanc. Con razón casi todas las entidades pasaban por caja. Qué más les daba pagarle un “impuesto revolucionario” más a esta asociación, si a fin de cuentas ellos crean dinero de la nada todos los días. En eso consiste el privilegio bancario, en hacer a diario algo que sería delito si lo hiciéramos usted o yo. Es una pena que Ausbanc ocupara un espacio que, tal vez, hubieran podido gestionar mejor asociaciones de clientes de banca no financiadas precisamente por la banca. Pero la culpa no es ni de Ausbanc, que vio una oportunidad y la aprovechó, ni de los bancos (ídem) sino de nuestra sociedad anestesiada, que no alumbra en general organizaciones privadas serias e independientes. Mucho tiene que ver el fortísimo síndrome de Estocolmo que sufre la ciudadanía, rehén inerme pero complacida del Estado socialdemócrata, ese lobo con piel de cordero que le tiene sorbido el seso. El asociacionismo, pero un asociacionismo auténtico y honrado, es uno de los diques más eficaces que podemos alzar contra la trágica inundación de estatismo que padecemos.


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Tender puentes al contubernio
Los datos económicos que airea el Gobierno se dan de bruces con los indicadores mientras el ministro asegura que no le importa que seamos multados
Roberto Centeno El Confidencial 25 Abril 2016

Es sencillamente escandaloso que, cuando España se encuentra literalmente en lo político -igual que en lo económico y en lo social- al borde del abismo y con los pies colgando, cuando ediles y militantes del PP son acosados y agredidos por los separatistas, cuatro ministros del Gobierno compartan juerga y comilona con los capos de la sedición y las élites extractivas. Es como si Abraham Lincoln en lugar de plantar cara al general Lee que avanzaba sobre Washington, se hubiera citado con él para una barbacoa. Me estoy refiriendo al sarao que anualmente organiza el empresario catalán Luis Conde -un 'go between' entre las élites políticas y económicas- íntimo de los sediciosos, amigo de empresarios y políticos de todo pelaje y, cómo no, del Gobierno, donde acudieron este año 300 invitados, y el que viene ha prometido asistir la radical antiespañola y anticristiana Colau, una indocumentada pero con capacidad de hacer favores, que es de lo que se trata.

Cuatro ministros del Gobierno en funciones, Ana Pastor, la mayor contratista del Estado; el irresponsable Margallo, a quien le importa una higa que los sediciosos monten embajadas a lo grande, con el dinero que expolia Rajoy a todos los españoles, para comprar apoyos para la destrucción de España mientras las embajadas españolas sobreviven en la miseria; Jorge Fernández, que está en Barcelona más que en Madrid, y Rafael Catalá, que en lugar de obligar a aplicar la ley, prevarica por omisión ante la sedición. Y el gran ausente, Soria, que ha permitido a los monopolistas afines a los sediciosos abusar como nunca de su posición dominante, y espera que le recompensen con una poltrona en Repsol o Gas Natural en cuanto encuentre los papeles que anda buscando por toda Canarias.

Una exhibición de desvergüenza impensable en un Estado de derecho. No tienen decoro, ni siquiera la moral de la apariencia, son auténticos exhibicionistas del cinismo, en realidad presumen de amorales, ¿como es posible que este bochornoso espectáculo no escandalice a la sociedad? El exministro Soria, habitual en estas francachelas donde se 'tienden puentes', es un ejemplo de cómo cuando aparecen listas de corruptos en cualquier lugar del planeta, aparece siempre algún líder del PP, lo que demuestra que es solo una banda con forma de partido para la que no existe ni el menor atisbo de ética en su acción de gobierno. Cuando se ha denunciado la corrupción de altos cargos del PP a sus jefes -y tengo experiencia personal en ello-, cuya obligación era investigar los hechos, han hecho justo lo contrario, los han silenciado y tapado totalmente.

Y el silencio no es lo peor que puede ocurrir. Tenemos el conocido caso de Ana Garrido, una funcionaria de Boadilla que primero denunció por carta a Génova las presiones a que se veían sometidos los funcionarios para elaborar pliegos de condiciones a medida de determinadas empresas -siendo alcalde un tal Arturo González Panero– sin recibir respuesta alguna. Ana Garrido acabó denunciando el tema ante la Fiscalía Anticorrupción, destapando lo que después sería la trama Gürtel. Y las consecuencias: acoso laboral institucional hasta el punto de verse obligada a abandonar su trabajo obtenido por oposición, campaña de desprestigio en medios de comunicación y amenazas anónimas, todo producido durante el mandato de un nuevo alcalde, un tal González Terol, 'el ultimo aguirrista' y numero 13 en las listas al Congreso de Rajoy. España y los españoles no podemos correr el riesgo de volver a ser gobernados por estas buenas gentes.

Alimentando a las fieras
En todo este festival de ignominia y de cesión, se encuadra con mayor gravedad aún el encuentro Rajoy-Puigdemont, quien afirmó que no tenía “ningún interés en reunirse con un presidente en funciones”, o lo que es peor, un miserable que afirma “la certeza de que los invasores serán expulsados de Cataluña”. Pero como la Generalitat está arruinada, con las empresas abandonando la región a centenares por la inseguridad jurídica y el peso creciente de las formaciones de ultraizquierda, cuyas propuestas económicas son delirantes, o con una alcaldesa incompetente y radical hasta la náusea en Barcelona, con su 'rating' en el nivel de bono basura y sin dinero para pagar a los proveedores, el capo formal de los sediciosos ha venido a Moncloa a poner el cazo.

Pero en plan prepotente, no solo sin renunciar a nada sino exigiendo una lista de 46 'reclamaciones' disparatadas, como crear un Ministerio de Asuntos Exteriores y que se le dé el dinero necesario para ello, es decir como si Cataluña fuera un país soberano, y que se blinde la enseñanza del catalán. O sea, que el presidente del Gobierno ignore una vez mas la Constitución y la ley y se les permita desterrar y perseguir la enseñanza del español como lengua vehicular. Pero lo más inaudito, porque entra en el terreno de la alta traición, es que Rajoy, en lugar de echarle a patadas, haya concertado una cita entre la vicepresidenta y el sedicioso Junqueras para hablar del dinero que necesitan y cómo lo prefieren, si en billetes de 500 o de 50 euros. Faltan adjetivos para calificar tanta ignominia.

Rajoy le suelta la pamema habitual de que “no se puede hacer política sin respetar la ley”, algo que a Puigdemont y al resto de los sediciosos les produce un ataque de risa, porque se lo pasan por el forro mientras que el presidente, en claro delito penal, mira para otro lado. Y la mayoría de medios, quebrados como están y dependientes de la publicidad de empresas afines a los sediciosos, alaban la “sensatez y diálogo”. ¿Sensatez y diálogo con quienes no desean otra cosa que la destrucción de España? ¿Sensatez y diálogo para arrastrar por el fango los valores mas dignos y sagrados de la nación? Y en lugar de detenerlos y procesarlos, les dan todo lo que piden. ¿Hasta cuándo los españoles vamos a tolerar este expolio, esta connivencia de nuestros indignos gobernantes con los traidores y con las élites extractivas?

En una España crecientemente empobrecida para una mayoría, con la actividad económica desacelerándose, el déficit fuera de control -España es el único país de la UE que aún no ha conseguido superávit primario-, una burbuja de deuda cada vez mas cerca de su explosión y la Seguridad Social quebrada, donde los actuales pensionistas verán recortadas sus pensiones un 20% en cuando se agote la caja de las mismas el año que viene, y los nuevos pensionistas recibirán a partir de 2019 un 40% menos que los actuales, el que se entregue más y más dinero de nuestros impuestos a los enemigos de España para financiar las estructuras de independencia que exhiben sin el menor recato, representa una actuación abiertamente criminal por la que algún día deberán responder ante la Justicia Rajoy y sus ministros.

Los ingresos caen el doble que los gastos
Aunque solo conocemos las cifras hasta febrero, y en consecuencia estas pueden variar, los ingresos no financieros en términos de contabilidad nacional se han desplomado un -9,7%, cifra que compara con crecimientos del +2,1% a febrero de 2015 o un +3,3% a febrero de 2014. Los gastos no financieros caen también, pero en -4,1%, con lo que la necesidad de financiación del presupuesto del Estado se eleva a 13.306 millones de euros. Esta cifra no extrapolable sí indica que el déficit del Estado en 2016 tiende a ser mayor y no menor que el de 2015, déficit del que aún no se sabe la cifra definitiva, aunque lo que sí sabemos es que no será del 5%, sino de al menos el 5,6%, ya que el déficit de la Seguridad Social no son los 13.600 millones oficiales sino unos 20.000, y luego están los miles de facturas que han ocultado las CCAA.

Y si vamos al déficit estructural, el que se produce con independencia del ciclo, que mide mucho mejor la sostenibilidad -el Pacto de Estabilidad, que Rajoy ha ignorado durante toda la legislatura, lo limita al 0,5% del PIB, y España lo tiene casi en el 2,3%-, es ya para cortarse las venas. El año pasado, la insensata política de gasto electoralista y bajada de IRPF, que fue la causa del crecimiento del PIB, ha incrementado en un punto de PIB el déficit estructural, y no solo no se va a reducir: en 2016, se estima que llegará casi al 3%, algo que saben perfectamente en Bruselas, lo que hace incomprensible su pasividad. Claro que el programa del PSOE/C's no solo no reduce el déficit estructural si no que lo aumenta, y el totalitario y guerracivilista Iglesias, que no solo aspira al poder sino a la eliminación absoluta de la oposición, propone elevarlo sin límite.

En estas circunstancias, el grado de irresponsabilidad de Rajoy y de su ministro De Guindos resultan pasmosos. El primero ya ha puesto en marcha un programa de gasto extraordinario que irá 'in crescendo' en cuanto comience la campaña electoral. El segundo anda negociando con Bruselas un incremento del objetivo de déficit 2016 hasta el 3,6%, algo que sabe de sobra que no va a cumplir, porque para empezar ni siquiera el BdE, siempre dispuesto a acatar las tesis del Gobierno mintiendo y manipulando donde haga falta, ha podido llegar a cifra tan disparatada y ha señalado un 4,4% del PIB como cifra mas probable del déficit. Pero es que ni con esas. El déficit de la Seguridad Social, gracias a la deflación salarial y los trabajos basura creados por Rajoy, será este año de más de 20.000 millones de euros o 1,9 puntos de PIB.

Y en cuanto a las CCAA, Montoro ya las ha autorizado a incumplir mas del doble, del 0,3 al 0,7%, y de paso les ha prometido 7.400 millones de euros mas que en 2015, ¡esto sí que es consolidación fiscal!, nos toman por imbéciles. Pero es que las CCAA ni así van a cumplir, jamás lo han hecho desde 2008, si vamos a una media de déficit de 1,0 puntos de PIB, estamos en 2,9 y luego queda el del Estado. ¿Y qué pasa con él? Pues que todo lo que se entregue de más a las CCAA será mayor déficit del Estado, que debería ser de 2,2 puntos, con lo que estaríamos en 2,8/2,9. ¿Y el crecimiento? La cifra del BdE y el INE del 0,7% es una tomadura de pelo, no coincide con nada, pero ¿en base a qué la han estimado?

Si vamos a los indicadores esenciales de actividad con el primer trimestre completo, tenemos lo siguiente: consumo de energía eléctrica corregido (-0,7% vs. +2,5 el trimestre anterior); consumo aparente de cemento (-0,5% vs.+5,8 el trimestre anterior), un auténtico desplome de la actividad de construcción; matriculación de vehículos de carga fuertemente correlacionado con la inversión (+11% vs. +31% el trimestre precedente), y en el sector exterior con datos hasta febrero el saldo comercial es de -2.074 millones vs. -1.869. O sea, lo pueden vestir como quieran, pero el crecimiento se está desacelerando seriamente.

Según las cifras de ejecución del presupuesto del Estado, a febrero los ingresos son 3.200 millones inferiores a los de febrero de 2015, y así las cosas, entramos de nuevo en un festival de gasto electoralista. Claro que son tan increíblemente irresponsables que De Guindos ya ha dicho que le importa un pimiento el que seamos multados -2.000 millones- por incumplimiento. A De Guindos le da igual pagar 2.000 millones, ¡como no son suyos!; pero además es tan insensato que ni tiene en cuenta que los mercados pueden tomarse muy a mal el que seamos el primer país de la eurozona en ser sancionado. Y entonces, a pesar del blindaje del BCE, nuestra prima de riesgo puede irse a las nubes.

El castellano en Cataluña, eje inexcusable de la campaña
Editorial El Espanol 25 Abril 2016

Hoy aportamos en EL ESPAÑOL el testimonio de tres familias que intentaron que en los colegios catalanes donde estudiaban sus hijos se cumpliera la ley en materia lingüística, que prevé un 25% para el castellano. Su experiencia se resume en las declaraciones de una de las madres: "Destrozaron la vida a mis niños".

Dos de estas familias tuvieron que cambiar de colegio a sus hijos, la otra sigue sufriendo presiones para que lo haga. ¿Cuál fue su pecado? Exigir el cumplimiento de sus derechos, ejercitar su libertad de elección para poder estudiar una cuarta parte de las asignaturas en su lengua materna, que según el artículo 3 de la Constitución es la lengua oficial del Estado.
Vivir un calvario
Estos padres vivieron un calvario, con manifestaciones a las puertas del colegio, con amenazas, con persecución, con estigmatización pública, con marginación social, con perjuicio en algún caso para sus negocios. Sus experiencias son la prueba definitiva de que la situación en Cataluña ha escapado de todo control, ya no legal, lo cual es en sí mismo gravísimo e intolerable, sino moral.

Si el color de piel de estas personas fuera otro estaríamos hablando de racismo puro y duro, pero está demostrado que en la España del siglo XXI se pueden pisotear derechos en nombre de proyectos colectivos, exactamente lo mismo que ocurrió en los peores tiempos del XX.

Después de que el Tribunal Constitucional establecise en la sentencia sobre el Estatuto que en la educación debe existir una "proporción razonable" de castellano y catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fijó ese equilibrio en el 25% de castellano, porcentaje que ratificó posteriormente el Supremo en una decisión salomónica: los padres recurrentes solicitaban que catalán y castellano se utilizaran al 50%, para hacer verdaderamente real el bilingüismo, y la Generalitat consideraba que le correspondía a ella establecer ese tipo de porcentajes.
Atmósfera hostil

La norma es perversa desde el momento en que obliga a que las familias soliciten en el centro su aplicación, y tienen que hacerlo en un entorno claramente hostil, dominado por la atmósfera nacionalista, con las autoridades políticas y educativas en contra. Baste decir que a uno de los padres reclamantes, el director del centro le dijo que lo mejor que podía hacer era llevarse a sus hijos a otro colegio.

Existe miedo, tanto a represalias como a ser señalado y a no poder hacer una vida normal. Las autoridades catalanas vienen justificando su oposición a aumentar las horas lectivas en castellano con el argumento de que son muy pocos quienes lo reclaman. Es un ejercicio de gran cinismo por su parte. Visto cómo se trata a quien se atreve a solicitarlo cabría decir que aún son muchos. Hay que ser un héroe.

Otra de las coartadas de la Generalitat, que han aceptado incluso partidos no nacionalistas como el PSOE, es que el sistema es eficaz, y que algunos de los mejores resultados escolares se dan en Cataluña, lo cual supone invertir los términos de la cuestión. Porque podría suceder también que utilizando en la mitad de clases el catalán y la otra mitad el castellano los resultados académicos fueran buenos o incluso mejores. ¿Por qué no hacen la prueba? Pero aquí no hay un problema de eficacia, sino de libertad y de derechos básicos.
Abandonados por el Estado

La realidad es que el Estado abandonó hace años a su suerte a los padres que han pretendido que sus hijos pudieran educarse en las dos lenguas oficiales en Cataluña, sin discriminación. No ha sido posible. Una de las madres a las que hemos entrevistado asegura que se arrepiente de haber iniciado esa lucha. Hoy sus hijos, después de todo lo que han pasado, tienen que estudiar a 30 kilómetros de su lugar de residencia.

La derrota de esta mujer no es la suya, sino la de un país en el que no se cumplen las leyes ni se respetan derechos fundamentales. Es una vergüenza nacional que debería llevar a todos los partidos con sentido de Estado a fijarse como objetivo que la doctrina del Supremo que obliga a impartir un 25% de las clases de español en Cataluña -¿qué menos?- se aplique de forma generalizada, sin necesidad de que las familias tengan que exponerse al escarnio y al linchamiento públicos. La previsible campaña electoral en ciernes sería una buena piedra de toque para demostrar esa voluntad política de defensa de los derechos de los ciudadanos.

CATALUÑA
"Pedí el 25% de clases en español y destrozaron la vida a mis niños"
Familias que pidieron la escolarización en castellano denuncian la “marginación social” que sufren. Es el caso de Ana Moreno.
Pol Pareja El Espanol 25 Abril 2016

Si una familia solicita el 25% de clases en castellano en Cataluña, debe aplicarse a toda la clase sin excepciones ni grupos separados. Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha situado a las familias que lo piden en el centro del conflicto. La consecuencia ha sido un fuerte rechazo social, insultos y manifestaciones de padres y políticos en las puertas de los colegios. Los padres que han pedido más castellano para sus hijos han sido acusados de egoístas, de hacer política a través de sus hijos y han visto cómo muchos vecinos los dejaban de saludar por su pueblo y a la salida del colegio.

“Ni el castellano deja de aprenderse, ni pasaría nada por enseñarlo un poco más”. Con esta frase definía la semana pasada la directora de un colegio público de Barcelona el debate sobre la inmersión lingüística en Cataluña. El modelo de escolarización exclusivamente en catalán ha sido objeto de constante debate desde su implementación durante los 80. El proceso soberanista, sin embargo, crispó aún más la discusión y el modelo educativo catalán acabó en los tribunales.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fallara que las familias tienen derecho a reclamar un 25% de clases en español para sus hijos, la consellería de Educación, buena parte de la comunidad educativa y de la sociedad emprendieron una lucha contra esta sentencia así como contra las familias que acuden a la justicia para reclamar un modelo que no sea exclusivamente en catalán.

Recientemente tres padres que solicitaron el 25% en castellano acudieron a un acto en Bruselas para explicar la “marginación social” que han sufrido tras acudir a los tribunales. Los tres casos son distintos. Algunos han acabado renunciando a su batalla y cambiando a sus hijos de colegio. Otros han preferido mantenerse firmes y asumir que ningún padre los salude cuando van a recoger a sus hijos. Estas son las tres historias.

Ana Moreno: “No ha valido la pena”
De los tres familiares entrevistados para este reportaje, Ana Moreno, de 36 años, es la única que se arrepiente de haber luchado contra la inmersión lingüística. “Ha salido demasiado caro”, reconoce esta granadina afincada en Balaguer, un pequeño pueblo de Lleida. “El coste ha sido horrible y a mis hijos no les he cambiado casi nada”.

El pasado julio de 2015 consiguió que el TSJC llamara al orden a su colegio, el centro público Gaspar de Portolà. A falta de una semana para que empezara el nuevo curso, sin embargo, la familia prefirió renunciar a la sentencia y cambió a los hijos de escuela.

Moreno se dio cuenta del rechazo que generó su reclamación cuando vio a medio millar de personas concentradas delante del colegio de sus hijos para reclamar que no se acatase la sentencia. Entre los concentrados había representantes de CDC, UDC, ERC, la CUP y el PSC.

Esta granadina, que lleva en Cataluña desde 2003, explica que la dirección del centro, el Ayuntamiento y los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalitat le presionaron para que renunciara al 25% de las clases en español. La familia recibió amenazas por internet incluso por parte de la candidata de ERC al Ayuntamiento, Roser Jurado. “Esto no quedará así! El día 14 [primer día del curso escolar] ya se verá cómo se recibe a la familia”, aseguró Jurado en un comentario de Facebook.

La presión del resto de padres y vecinos del pueblo la hizo renunciar y optó por cambiar a los hijos de escuela. Ahora acuden a un centro concertado en Lleida, a unos 30 kilómetros. ”Les han destrozado la vida a mis niños”, se lamenta. Moreno cuenta que sus hijos, de 5 y 7 años, no pueden hacer actividades extraescolares como fútbol o música ya que ahora llegan muy tarde del colegio.

El rechazo social se percibió también en su negocio -relata esta madre-, una cafetería que dispone de una zona de juegos infantiles. “De repente varios padres cancelaron las reservas que tenían para celebrar el cumpleaños de sus hijos”, afirma. “Antes tenía a tres trabajadores a media jornada, este curso he tenido sólo a una persona contratada por horas”.

Moreno reconoce que, desde que empezó su lucha contra la inmersión, su vida en el pueblo ha cambiado. “Notas el rechazo cuando vas por la calle”, explica. “Muchos de los que me saludaban ya no lo hacen”.

Agustín Fernández: “Los niños son los rehenes”
Agustín Fernández, ingeniero industrial de 53 años, decidió emprender su cruzada cuando una pedagoga del centro le pidió a su hijo que no hablara en castellano. “Fuí al director y le pregunté qué estaba pasando, me respondió que el modelo del centro era la inmersión lingüística”.

Fernández, nacido en Cataluña y de padres extremeños, también consiguió que el TSJC decretara un 25% de las clases en castellano en el centro concertado Santa Anna, en Mataró (Barcelona). Pero al igual que Ana Moreno, optó por cambiar a sus hijos de escuela tras ver el revuelo y el rechazo social que generó su reclamación.

Fernández y su mujer notaron que los padres empezaban a movilizarse tras ver cientos de mensajes en el grupo de WhatsApp que compartían con el resto de progenitores. La semana siguiente a la sentencia, cientos de personas se manifestaron ante el centro para solicitar que no se aplicara el 25% de las clases en castellano.

Al cabo de un par de semanas de la concentración, el director del colegio les sugirió que los hijos estarían mejor en otro centro. “No quisimos que se convirtieran en el pimpampum y decidimos cambiarlos”, recuerda Fernández, que asegura que a partir de ese momento sus hijos fueron objeto de burlas y frases hirientes por parte del resto de alumnos.

Ahora sus hijos van a un colegio privado de educación trilingüe. Asegura que está muy contento con el nuevo centro, pero cree que sus hijos deberían poder estudiar en cualquier otro lugar. “Yo pago mis impuestos para un sistema público del que he sido expulsado”, reclama.

El nuevo colegio trilingüe le cuesta unos 10.000 euros anuales por hijo. La de Fernández es una de las 39 familias que reciben la ayuda de 6.000 euros anuales por hijo para sufragar los costes de un colegio privado en el que se den más clases de castellano. Explica, no obstante, que la Generalitat ha interpuesto un recurso para evitar pagarle esa cantidad.

Preguntado por las consecuencias de su reclamación, contesta que lo volvería a hacer. “Ahora tenemos la autoestima más alta”, indica, antes de reconocer que el proceso fue muy duro. “Teníamos a los trabajadores del centro, a la dirección, a los políticos y a la asociación de padres en contra”, recuerda. “No hablamos de inmersión lingüística en el colegio, sino de inmersión nacionalista”.

SomEscola, la organización que agrupa decenas de entidades a favor de la inmersión lingüística y que promovió la concentración delante del colegio de Mataró, no ha respondido a las llamadas de este periódico.

Ana Losada: “Las familias tienen miedo”
Ana Losada es la cara visible de la lucha contra la inmersión lingüística
Mientras paseaba con su hija, Ana Losada se encontró a una amiga catalanohablante. Después de conversar en catalán con ella durante un rato, su hija Sabela le preguntó por qué hablaba “el idioma del cole”.

La escuela concertada Padre Enrique Ossó, en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat, tiene una mayoría de padres castellanoparlantes hijos de la inmigración de los 60. Losada pensó que este factor le granjearía apoyos entre el resto de padres, pero no fue así. Después de conseguir que el colegio implementara un 25% de clases en castellano, reconoce que ya ningún padre la saluda.

“Les han inculcado que el catalán es el ascensor social y la única manera de prosperar y mejorar en la vida”, opina. Los padres a las afueras del centro rechazan este argumento y son tajantes. “¿Si nuestros hijos hablan en castellano todo el día y ven la tele en castellano, dónde aprenderán el catalán si no es en el colegio?”, explicaban en un corrillo el pasado miércoles varios padres del centro.

Losada ha conseguido que su hija reciba el 25% de las clases, pero le parece insuficiente. Considera que lo justo sería el 50%, denuncia que el centro ha incluido las matemáticas en ese 25% y describe constantes intentos de minimizar la educación en castellano. “Ellos buscan darte la purria”, afirma.

Al igual que en el caso de Fernández, los primeros símbolos de rechazo llegaron al grupo de Whatsapp. Los padres la acusaron de estar haciendo política con su hija para promocionar su carrera personal -Losada es portavoz de la Asociación para la Escuela Bilingüe- y se dio cuenta de que el resto de familiares habían creado un chat paralelo sin ella.

Explica que, a pesar de la sentencia, la directora del centro les explicó al resto de padres que era una imposición judicial. “Si la directora, que es la autoridad moral del colegio, explica que la inmersión es fantástica, se la creen todos”, explica antes de recordar que esa directora fue profesora de castellano durante 20 años.

Continuidades
El ascenso de Otegui revela una perpetuación de ETA en la actual izquierda abertzale
Jon Juaristi ABC 25 Abril 2016

No entiendo que produzca estupor e indignación el hecho de que, apenas salido de prisión, Arnaldo Otegui se postule para encabezar la candidatura de Bildu en las elecciones autonómicas vascas. Es más, creo que se le debe agradecer que permita así visualizar la continuidad de ETA, ente vasco que, como la materia según Lavoisier, ni se crea ni se destruye: sólo se transforma. A comienzos de la transición, ETA se desdobló en ETA y HB para combatir más eficazmente a la democracia. Bietan jarrai!: es decir, sigamos en los dos frentes, en el del hacha y en el de la serpiente, combinando fuerza y astucia, forza e froda. Si el primer frente cae, pasemos al segundo todos los efectivos. La guerra y la política son, para la izquierda abertzale, vasos comunicantes. A mayor presión sobre la superficie del terrorismo, subida de nivel de la política digamos que legal. Y si la presión es tan fuerte como para impedir toda actividad terrorista, la totalidad de las energías disponibles se volcará en la política, pero sin abandonar el más mínimo de los objetivos estratégicos. Se pueden modificar los medios, no los fines. Los cambios tácticos no suponen alteración de la estrategia. La táctica es, por definición, reversible.

Esto fue, en síntesis, lo que sucedió con el «proceso de paz» de Zapatero. El complejo ETA-Batasuna se pasó al segundo frente y cambió de nombre unas cuantas veces, pero no de estrategia ni de liderazgo. No será porque algunos no lo hubiéramos advertido. En mi caso, ya expliqué por extenso en su día cómo ETA y su apéndice político habían hecho suyo, desde los años ochenta, el principio de la «guerra infinita», una operación antidepresiva de la izquierda académica francesa ante el acelerado derrumbe del comunismo occidental que precedió en veinte años al del socialismo realmente existente. El curso de Foucault de 1976 en el Collège de France estuvo dedicado a una brillante retorsión del concepto de la guerra como continuación de la política por otros medios, propuesto por Clausewitz en su famoso tratado. Según Foucault, ante la derrota de la revolución, los revolucionarios debían convertir la política en una continuación de la guerra, como lo había hecho en otros momentos históricos la contrarrevolución, que nunca se dio por vencida.

En su último libro, que acaba de publicarse en España (La carrera hacia ningún lugar, Taurus, 2016), Giovanni Sartori sostiene que la izquierda comunista optó, frente a una definición estricta y política de la revolución (como la de febrero de 1917 en Rusia), por otra omnicomprensiva y económico-social (la revolución de octubre) que se revelaría catastrófica: «La definición política de revolución –escribe Sartori– configura… un acontecimiento que debe terminar y que termina (exactamente igual que la guerra) en un momento preciso: con la derrota del vencido y la victoria del vencedor. Por el contrario, la definición omnicomprensiva configura una revolución que no termina nunca y, por lo tanto, desemboca en la teoría de la revolución permanente. Si la revolución debe rehacerlo todo, y al final del final debe rehacer incluso al hombre, entonces puede tener que continuar hasta el infinito o en todo caso ad indefinitum».

ETA tomó del bolchevismo esta segunda idea de la revolución, que el Foucault de 1976 maquilló para desvincularla en lo posible del marasmo soviético. En cualquier caso, llámese «revolución permanente» o «guerra infinita», allí donde se ha impuesto como programa político ha derivado fatalmente en terrorismo (desde la oposición) o en terror totalitario (desde el poder). La historia de la izquierda abertzale no ha sido una excepción a la regla y, lo que es peor, no lo será en el futuro. Al tiempo.

El Tribunal de Cuentas investiga los hechos
Barkos y sus ediles se repartieron ilegalmente 200.000 € en dietas en el Ayuntamiento de Pamplona
M.A. Ruiz Coll esdiario 25 Abril 2016

La actual presidenta del Gobierno foral de Navarra falseó las liquidaciones para cobrar con sus ediles decenas de reuniones del Ayuntamiento de Pamplona que no se habían celebrado.

El Tribunal de Cuentas investiga si la presidenta del Gobierno foral de Navarra, Uxue Barkos, se repartió ilegalmente 200.209 € en dietas con sus ediles de Nafarroa Bai entre 2008 y 2012.

Siendo portavoz de Navarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona, Uxue Barkos falseó documentos contabilizando decenas de reuniones del grupo municipal que nunca se habían producido, para conseguir que ella y sus concejales cobraran el importe máximo de dietas permitido por el reglamento municipal. Así consta en la denuncia presentada por la asociación Justitia et Veritas que ha dado lugar a la apertura de esta investigación.

De la cantidad total, la actual presidenta de Navarra se habría embolsado 61.035 euros en cuarto años, mientras que los 139.000 euros restantes se repartieron entre los otros seis concejales de su partido.

Significativamente, tras ser elegida diputada en las Cortes por Navarra en noviembre de 2011, Uxue Barkos ocultó estos cobros en su declaración oficial de bienes: indicó que sólo había cobrado 1.000 euros en dietas del Ayuntamiento durante 2010.

Lo ocultó en su declaración de bienes
Después de que un medio de comunicación pusiera en evidencia esta falsedad, se vio obligada a rectificar su declaración de bienes ante el Congreso de los Diputados y admitió otros 17.000 euros en ingresos adicionales –de esta cantidad, 11.880 correspondían a las dietas del Consistorio–, además de la existencia de un plan de pensiones.

De acuerdo con el reglamento municipal del Ayuntamiento Pamplona, los concejales que no cobran dedicación exclusiva perciben dietas por el número de reuniones de los órganos colegiados del Consistorio (plenos, comisiones y juntas de portavoces) a las que asisten.

Para redondear los ingresos de sus concejales, Uxue Barkos contabilizaba además en la hoja de liquidación semestral de las dietas entre 76 y 92 reuniones del grupo municipal. Es decir, unas 180 reuniones de grupo anuales.

Documento de cobro de dietas falsas firmado por Uxue Barkos

Con su mera firma como prueba, Barkos aseguraba que se había reunido con sus concejales cada dos días. Incluyendo sábados, domingos y festivos. También durante los dos meses de vacaciones de verano, en Navidad y mientras se encontraba, en realidad, en Madrid.

Gobierna con el apoyo de Bildu
Mediante este procedimiento, la actual presidenta del Gobierno de Navarra conseguía que los concejales de Nafarroa Bai cobraran la cuantía máxima permitida en dietas por el reglamento. Todo ello, a pesar de que estas reuniones no tienen la consideración de “órganos colegiados” del Ayuntamiento, y por tanto no generan derecho a cobrar dietas.

Según un peritaje caligráfico, la firma de Barkos había sido falsificada en al menos tres documentos de liquidación de dietas presentados por su grupo en 2011.

Documento de cobro de dietas falsas firmado por Uxue Barkos

La asociación Justitia et Veritas presentó una denuncia contra Uxue Barkos ante el Tribunal Supremo en 2013, pero la Sala Segunda no admitió a trámite el escrito y no llegó a realizar ninguna diligencia para investigar los hechos.

La entidad ha puesto ahora estas irregularidades en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que ha decidido verificar lo ocurrido. Uxue Barkos preside hoy el Gobierno foral de Navarra, gracias al apoyo de Podemos y Bildu.

TERRORISMO Homenaje de la Guardia Civil
El primer héroe ciudadano contra ETA
Fermín Garcés, que trabajaba de camionero en 1968, siguió a los etarras que asesinaron al guardia civil José Antonio Pardines aquel año
FERNANDO LÁZARO Madrid El Mundo 25 Abril 2016

Como un chiquillo con zapatos nuevos. En la explanada de la Dirección General de la Guardia Civil, con su bastón y su gorra, irradiando una sonrisa de serenidad, de tranquilidad, de felicidad. Se sentía el protagonista. Lo era. Porque Fermín Garcés se convirtió en el primer ejemplo de la colaboración ciudadana en la lucha contra el terrorismo de ETA. «Hice lo que tenía que hacer. No lo tuve ni que pensar». Y eso que tuvo que hacer fue ponerse delante de dos tipejos de la banda que acababan de cometer el primer asesinato de un guardia civil: ante quienes dispararon y mataron al agente José Antonio Pardines. Hablamos del año 1968, del 7 de junio.

Pero Fermín Garcés, que ahora cuenta con 87 años, lo recuerda con bastante precisión. Tanto como que, cuando ve la maqueta que reproduce ese primer atentado, en el museo de la Guardia Civil, es capaz de aclarar: «Aquel día llevaba una camisa de cuadros y no como la que me han recreado», apunta simpático Garcés, que el pasado viernes recibió el mayor homenaje de su vida: la imposición de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo (que ya le fue concedida hace muchos lustros) durante los actos centrales del 75º aniversario del Servicio de Información de la Guardia Civil.

En conversación con EL MUNDO, Fermín recuerda que aquel día viajaba desde Francia con su camión hacia España. Se encontró con un control de carretera en Villabona (Guipúzcoa): allí había un guardia civil (hijo y y nieto de guardias civiles) que estaba revisando un vehículo en el que viajaban dos jóvenes. «Algo raro vio. La matrícula delantera y la trasera no coincidían», relata Garcés. Uno ellos disparó al guardia. «Yo pensé que había sido un ruido del motor, que se había averiado algo. Para rato me voy a imaginar que estaban matando al guardia, hasta que lo vi caer. Luego, ya en el suelo, le volvieron a disparar».

Y en ese momento es cuando la vida de este navarro cambió por completo. Porque, sin apenas reflexión, hizo lo que el instinto le dictó. Se fue a por los asesinos, que ya estaban moviendo el coche tratando de huir. «Agarré a uno de ellos por la ventanilla. Pero el otro sacó una pistola y me amenazó». En ese momento, los etarras salieron «a toda velocidad». «Me subí al primer coche que estaba en la fila del control. Había otros dos jóvenes. Les dije que siguieran a los asesinos. Fíjate, ni me di cuenta, y podían haber sido amigos de los que acababan de asesinar al guardia. Llegamos al punto donde estaba la pareja de Pardines, Félix de Diego Martínez, y le avisamos de lo ocurrido. Y seguimos al coche de los etarras hasta Tolosa. Vimos cómo se bajaban del vehículo y cogían otro a punta de pistola en su huida. Lo seguimos. Pudimos llamar desde Tolosa a la Guardia Civil de nuevo para darle la información de dónde estaba el comando que había asesinado al guardia». Su información sobre Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasqueta fue clave para la actuación policial inmediata contra el comando. El primero murió a las pocas horas durante un enfrentamiento a tiros con el Instituto Armado, en Tolosa, en el lugar donde Garcés había señalado. Sarasqueta fue detenido y condenado a pena de muerte, conmutada después por la de cadena perpetua. En 1977 abandonó la cárcel por la Ley de Amnistía. El compañero de Pardines aquel fatídico día fue asesinado por ETA en Irún, 11 años después, cuando ya estaba retirado.

Fermín Garcés se convirtió en el primer «héroe ciudadano» en la lucha contra el terrorismo de ETA.

Testigo de un nuevo atentado
Tras su actuación fue recibido por los jefes de la Guardia Civil. En aquel momento, Fermín había decidido dejar el camión. Y allí mismo, en la Dirección General, ante la pregunta de cómo le podían recompensar, se dibujó su futuro. «Yo les dije que no hacía falta nada, que estaba orgulloso de lo que había hecho, que no lo hice para ganar nada... Pero también les indiqué que quería entrar en la Guardia Civil», recuerda sonriente. Se incorporó al Instituto Armado, al Parque Móvil, en Madrid, donde se dedicó desde entonces al mantenimiento de los vehículos del Instituto Armado. Pero la sombra de ETA le persiguió. No era objetivo directo pero le tocó, estando en la Dirección General, soportar otro atentado, en 1988. La banda colocó un coche bomba. Asesinó a un niño de dos años y a un trabajador de TVE. Fermín también estuvo allí.

«No es miedo. No. Pero sí temor. Desde lo de Pardines, siempre ha estado esa acción en mi cabeza. Me costó conciliar el sueño con tranquilidad. Revivía el asesinato. Muchas veces, cuando estaba en el campo, solo, pensaba que podía llegar cualquiera y...». Expresivo silencio.

Fermín fue a un sastre y se hizo un uniforme para, a los 87 años de edad, recibir esa condecoración -que ya le fue concedida en su día- de manos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con motivo del 75º aniversario del Servicio de Información de la Guardia Civil. «Estoy muy emocionado y muy contento. Me cambió la vida, sin duda. Pero si viviera lo mismo, creo que reaccionaría igual. Y estoy muy contento de que mi nieta Irene esté a punto de entrar en esta casa, en la Guardia Civil. Me llena de orgullo que siga mi estela».

Porque Fermín Garcés se ha convertido en el banderín, en el emblema para los agentes de la lucha contra el terrorismo. Este servicio estaba dedicado a acabar con ETA. De hecho es uno de los principales «responsables» de que la trama terrorista se encuentre como está en la actualidad. Ahora, sus actuaciones se centran en el terrorismo internacional. Sus operaciones contra las redes yihadistas son continuas.

 


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