AGLI Recortes de Prensa   Sábado 7  Mayo  2016

Los voraces burócratas y el efecto "trinquete"
Javier Benegas, Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 7 Mayo 2016

Una vez la gente ha escarmentado y se vuelve mucho más respetuosa con las normas, el burócrata compensa la menor recaudación por multas con nuevas argucias, por ejemplo, haciendo que las velocidades máximas permitidas varíen con mayor frecuencia, incluso en trayectos muy cortos. Induce así a que se produzca el error humano. Ya no es la reprobable imprudencia sino el inevitable despiste lo que sirve para hacer caja.

Vehículo abandonado
El comercial de un destacado stand del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible estaba estupefacto. Su empresa había desarrollado un sistema de seguridad vial para los peligrosos quitamiedos, esas estructuras metálicas donde año tras año pierden la vida muchos motoristas o sufren terribles amputaciones. Su dispositivo no sólo reduciría considerablemente el riesgo de lesiones por impacto sino que, además, evitaría que el desafortunado motorista rebotara y fuera devuelto a la vía, donde podía ser atropellado.

Confiaba en que sus potenciales clientes, concejales de ayuntamientos, consejeros de comunidades, miembros de diputaciones y altos cargos del ministerio, siempre tan preocupados por la seguridad de sus conciudadanos, se detuvieran en su stand y se mostraran francamente interesados, casi conmovidos, por un invento que salvaba vidas y evitaba centenares de lesiones irreversibles. Pero su sorpresa fue mayúscula al ver que todos los mandamases pasaban de largo en tropel, como búfalos presos de una estampida. Ninguno reparaba en su expositor, ni siquiera le dedicaban una mirada perdida. Raudos y veloces se arremolinaron frente a otro stand cercano.

¿Qué prodigioso artilugio ofrecía la otra empresa? ¿Quizá uno que salvaba muchas más vidas que el suyo? ¿O acaso regalaban jamones de pata negra? Nada de eso. El reclamo era muy distinto. Allí estaba lo último en radares y sofisticados dispositivos capaces de detectar si un vehículo no había pasado la preceptiva ITV, circulaba sin estar asegurado, si sus ocupantes no llevaban puesto el cinturón de seguridad e, incluso, si el conductor apartaba "imprudentemente" alguna mano del volante. En pocas palabras... vendía productos con una cualidad imbatible: incrementar sustancialmente la recaudación por multas de tráfico.

Mientras que la implantación del sistema de protección para motoristas costaba unos 1.000 euros por kilómetro, cada radar de última generación implicaba un desembolso de 70.000. El primero salvaría vidas directamente. El segundo, siempre según la propaganda oficial, podría hacerlo de forma indirecta, disuadiendo a los conductores de asumir determinados riesgos… pero con toda certeza permitía freír al personal a multas. Que por el precio de un solo radar se pudieran convertir en inofensivos 70 kilómetros de temibles quitamiedos importaba un comino. Los burócratas habían acudido a la feria con la decisión tomada: comprar radares a granel, por docenas, como quien acude a un mercadillo a adquirir calcetines para toda la familia.

Burócratas y políticos maximizadores... del presupuesto
Este tipo de decisiones administrativas, que priman la recaudación sobre la seguridad, el volumen del presupuesto disponible sobre los servicios prestados al ciudadano, son demasiado comunes. La idea de que los burócratas −y en España se incluyen los políticos− tienden a anteponer sus intereses a los del público fue expuesta por el economista norteamericano William Niskanen en su ya clásico Bureaucrats and politicians (1975). En ausencia de controles externos eficaces, los burócratas muestran una fuerte inclinación a maximizar el presupuesto del que disponen, ingresos y gastos, pero no a mejorar la calidad del servicio público prestado.

Quienes dirigen los organismos públicos se interesan por su propio bienestar, que incluye el salario, otras gratificaciones y prerrogativas, la calidad de sus despachos e instalaciones, el número de subordinados, el poder del que gozan. Todo ello crece con el presupuesto disponible. También crecen, en ambientes corruptos, las comisiones por adquisición de materiales y adjudicación de contratas. Los burócratas prefieren los radares a la nueva modalidad de quitamiedos porque los primeros permiten expandir su presupuesto; los segundos no.

Pero no es solo que burócratas y políticos tiendan a gastar demasiado, a prestar servicios a un coste excesivo. Su comportamiento conduce también a una marcada asimetría en la evolución de impuestos y gasto público. Ambos tienden a aumentar con facilidad pero muestran una enorme resistencia a disminuir. Según Alan Peacock y Jack Wiseman, se trata del efecto trinquete, en alusión a esas piezas de maquinaria que se mueven con soltura en unadirección pero se bloquean en la contraria. En las épocas de recaudación muy elevada, los políticos expanden alegremente las estructuras estatales, convierten los ingresos excepcionales en gastos permanentes, añadiendo más personal, nuevas estructuras y organismos, que difícilmente desaparecerán cuando llegan las vacas flacas. Es fácil incrementar el dispendio, pero no tan sencillo reducirlo. En casos de necesidad, los políticos recortarán el gasto, pero siempre en una cuantía inferior a aquella en que lo incrementaron cuando pudieron. Por ello, los servicios no mejoran pero los presupuestos siempre crecen a largo plazo.

El efecto trinquete explica muy bien el comportamiento de la DGT y de las diferentes autoridades de tráfico de las demás administraciones. Una vez la gente ha escarmentado y se vuelve mucho más respetuosa con las normas, el burócrata compensa la menor recaudación por multas con nuevas argucias, por ejemplo, añadiendo nuevas señales, haciendo que las velocidades máximas permitidas varíen con mayor frecuencia, incluso en trayectos muy cortos. Induce así a que se produzca el error humano. Ya no será la reprobable imprudencia sino el inevitable despiste lo que servirá para hacer caja. Se sembrarán las carreteras y vías públicas de radares y surcarán el cielo sofisticados helicópteros capaces de detectar la más mínima “negligencia”. Si el conductor manipula la radio, se hurga la nariz, gira la cabeza para hablar con el copiloto, aparta la mano del volante para rascarse salva sea la parte, o realiza cualquier otra acción susceptible de ser tildada de" imprudencia"...multa al canto.

Aunque lo deseable es que las personas interioricen la necesidad de conducir con prudencia, instaurando así las convenciones correctas, la legislación sancionadora es necesaria para erradicar determinadas conductas que atentan contra la seguridad. Pero la sociedad no puede permitir que políticos y burócratas utilicen la legislación para abusar, para perseguir objetivos interesados, en absoluto bondadosos. Así, una regulación cada vez más compleja, arbitraria, retorcida, llena de excepciones –de trampas– es un cepo que atrapará prácticamente a todo el mundo. Pocos se librarán de la multa pues el objetivo no es ya promover la seguridad sino mantener a toda costa la recaudación, ese volumen de presupuesto al que los gerifaltes se han vuelto adictos.

El círculo vicioso se cierra destinando millones de euros a campañas publicitarias para que los medios de información manipulen a la opinión pública, difundiendo de manera entusiasta las falacias oficiales que criminalizan al sufrido automovilista. ¿Es necesario recordar que la democracia funciona cuando la prensa actúa como contrapeso del Poder, no como su correa de transmisión?

La seguridad no es esto
Mientras las diferentes Administraciones Públicas limitan el uso de helicópteros sanitarios para asistencia a víctimas de accidentes por el elevado coste por hora de vuelo, los helicópteros equipados con el sistema de radar Pegasus operan sin restricción (5.100 horas de vuelo en 2013), sancionando a un vehículo cada tres minutos. Si lo primordial fuera la seguridad, el esfuerzo sería el inverso. Se reduciría así el tiempo medio de espera desde que se produce el accidente en carretera hasta que llegan los servicios de emergencia, que en España oscila entre 25 y 38 minutos. En Alemania, por ley, es de 15 minutos. Sepa, querido lector, que reducirlo a 15 minutos implicaría un descenso de hasta un tercio en la mortalidad.

Por si esto no fuera suficiente, hay más de 200.000 señales de tráfico cuyas láminas reflectantes están caducadas, 20.000 kilómetros de trazado que necesitan ser repintados urgentemente y miles de desperfectos en los pavimentos (grietas, agujeros y badenes)… todo esto representa una amenaza mayor para la seguridad que los mitificados excesos de velocidad, pero, claro, “combatirlo” no genera ingresos adicionales. En resumen, a pesar de que la Administración recauda 25.000 millones de euros anuales del sector del automóvil, destina sólo 2.800 millones a garantizar la seguridad de nuestras carreteras. El resto, tal como apuntaba Niskanen, se pierde en una insaciable y creciente burocracia.

Sólo existe una solución. El sistema constitucional debe establecer reglas claras, mecanismos eficaces de control y contrapeso para contener tal desafuero y arbitrariedad. Para evitar que políticos y burócratas se sirvan a sí mismos, no a la sociedad. Para impedir que abusen de todos nosotros, en definitiva, que apliquen el "trinque" y el "trinquete", con la excusa de que... velan por nuestra seguridad.

La capitulación como ofensa
Hermann Tertsch ABC 7 Mayo 2016

Hace décadas que la derecha entregó la educación a los nacionalismos, en la ridícula suposición de que podría vivir al margen de la peste ideológica

NO ha hecho falta esperar a que llegara al poder el Frente Popular. Cuando llegue -lo que vista la energía y convicción de sus adversarios será pronto- ya permitirá que cada región hasta ahora española se dedique a la fabulación de toda una nueva leyenda mágica como pasado propio. Y haga desaparecer los molestos rastros de la milenaria historia de la nación española. Pero de momento, sin tener el poder central, las fuerzas izquierdistas y separatistas no dejan de avanzar y conquistar posiciones fundamentales en la batalla de las ideas y en su ofensiva por consumar la reescritura falsificadora de la historia. Ahora han logrado otro paso capital: que las fuerzas que se pretendían defensoras de la Constitución, de la Nación española y su legado histórico abdiquen definitivamente de su compromiso en la lucha ideológica por las mentes y los corazones de las generaciones jóvenes. El Gobierno renuncia a todo intento de unificación de criterios y contenidos en la educación de los niños y jóvenes españoles. Y asiste al desacato generalizado de las autonomías en materia de educación con la misma pasividad que a la desobediencia sistemática y el desprecio al Estado de unas instituciones que su política -mejor dicho, su falta de política- y la complicidad socialista han dejado en manos de comunistas y ultras separatistas.

El presidente del Gobierno y su equipo abandonan, sin lucha, sin esfuerzo, con perfecta indiferencia, una tras otra, todas las plazas en las que debía ser defendido el proyecto nacional de reconstrucción y rehabilitación para una España fuerte, abierta y normalizada en el siglo XXI. Es la capitulación de toda idea nacional como una ofensa sistemática, más allá de su electorado, a una Nación que exigía y merecía ser defendida. Si esa abdicación ya la había hecho el PSOE, el PP ha cumplido esa máxima de que la derecha española emula lo peor de la izquierda, siempre con retraso. La única idea que defiende ya es la supervivencia, cueste lo que cueste, duela lo que duela, de su jefe Mariano Rajoy y quienes le rodean. Por eso tratan con desprecio a todos menos a los enemigos del Estado, a esos que deben cumplir la función de asustar lo suficiente a la maltratada clase media como para convencerla de votar, nariz tapada o vergüenza confesa, a lo que presentan como única alternativa al caos y a la destrucción de España. Tan creíble han querido hacer el fantasma de la destrucción que este está mucho más vivo que el propio Gobierno.

Hace décadas que la derecha entregó la educación pública y la hegemonía cultural a la izquierda y a los nacionalismos, en la ridícula y egoísta suposición de que podría vivir al margen de la peste ideológica del resentimiento social y el victimismo tribal. La cúpula del PP, atenazada por la mala conciencia y por temores a un poder mediático entregado a los enemigos por cálculos torticeros e inconfesables, huye ahora de todo conflicto. Y busca abrazarse a lo que sea para salvar al soldado Rajoy, ya sea Ciudadanos, PSOE o a un pedazo de este, si logran romperlo, que es posible. Pero todos huyen del PP hacia la izquierda. Y el PP de Rajoy detrás. Así queda en un rincón, ignorada, marginada y apestada, la idea de renovación e integridad nacional, del retorno del imperio de la ley y la unidad en defensa de la libertad y el bienestar frente a las amenazas extremistas destructivas y sus mentiras. Millones de españoles políticamente huérfanos se debaten entre la rabia y el miedo. Y al Gobierno lo único que parece interesarle es que lleguen al 26-J lo bastante asustados como para pensar que todo lo demás es peor que Mariano.

La financiación de las campañas electorales y el modelo de partidos políticos
Mikel Buesa Libertad Digital 7 Mayo 2016

La inevitable convocatoria de unas nuevas elecciones para el mes de junio, fruto de los vetos apriorísticos y de la incapacidad de los partidos políticos para buscar puntos de encuentro –eso sí, de unos más que de otros, como todo el mundo sabe–, ha estado acompañada de un plañidero lamento acerca de su coste económico que ha conducido a sus principales representantes a esgrimir variopintas propuestas para reducirlo. No seré yo el que entre en el detalle de las chorradas que hemos podido oír ni concederé un premio a la más robusta, pues todas ellas son aproximadamente igual de meritorias en cuanto a la expresión de la hipocresía con la que las principales fuerzas políticas de nuestro país abordan estas cuestiones.

Pero vayamos por partes. Las elecciones generales cargan sobre el presupuesto del Estado un coste de aproximadamente 190 millones de euros, de los que 125 corresponden al montaje de la maquinaria electoral –o sea, a sufragar los gastos de la administración electoral, la instalación de mesas, urnas y cabinas en los colegios, la impresión de las papeletas, el pago de dietas a los ciudadanos que, por sorteo, son elegidos para formar las mesas y el sistema informático empleado en el recuento– y otros 65 a cubrir los gastos de la campaña por parte de los partidos políticos. Quiere ello decir que, salvo que se pretenda adelgazar el aparato administrativo-electoral, dañando así la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes, prácticamente dos tercios del coste que acabo de referir es inamovible. Por ello, si los partidos políticos estuvieran verdaderamente preocupados por estos asuntos, lo que tendrían que haber hecho es comportarse de otra manera para evitar la repetición de las elecciones.

Pero nos queda el tercio restante; o sea, los 65 millones de euros que, más o menos, se destinarán a sufragar el coste de la campaña. Puntualicemos esto de entrada porque, dicho así, parecería que el Estado carga con todos los gastos que se realizan para convencer a los votantes. No es así por dos motivos. El primero es que las subvenciones electorales sólo alcanzan a los partidos que tienen éxito –o sea, que colocan a alguno de los suyos en el Congreso o el Senado–, pero no a los que se quedan en las puertas de la representación. Estos últimos no sacan nada. En las elecciones de 2015 hubo así 43 partidos que sumaron más de 800.000 votos que no recibieron ni un solo euro para financiar su campaña. Y el segundo es que esas subvenciones, para los que las reciben, no cubren más que una parte de sus gastos electorales, que oscila, según los casos, entre el 20 y el 99 por ciento.

Estas últimas proporciones nos van introduciendo en el meollo de la cuestión, que no es otro que el carácter discriminatorio que tiene el sistema de financiación electoral en favor, naturalmente, de los partidos mejor establecidos. Un carácter que redunda en la protección de los insiders frente a los outsiders; de los que forman parte del oligopolio partidario frente a los que quieren entrar en él. Y a su vez, dentro del oligopolio, de los que ocupan las posiciones dominantes frente a los que tienen un papel secundario.

Las subvenciones electorales tienen dos capítulos: uno que sufraga gastos corrientes de las campañas –siempre que estén debidamente documentados– y otro que cubre el coste del envío de papeletas al domicilio de los electores –para lo que se exige que éste se haya realizado a través de la empresa estatal de Correos, a la tarifa establecida y previo pago por el partido correspondiente de la totalidad de su importe, que llega hasta los ocho millones de euros si se abarca la totalidad del censo electoral–.

Las subvenciones para gastos corrientes tienen, por otra parte, dos componentes: uno por cada escaño obtenido por cada partido y otro por cada voto emitido hacia cada partido. Sin embargo, este segundo elemento está condicionado a que los votos se hayan traducido en escaños, de manera que sólo cuentan para la subvención los que han depositado los electores en las circunscripciones en las que el partido correspondiente logra algún diputado. Esto significa que los partidos grandes que tienen representación en todas o casi todas las provincias reciben la subvención por todos o casi todos los votos que acumulan. Pero los partidos que solamente consiguen escaños en pocas circunscripciones, aunque tengan votos en todas, ven mermada su subvención porque los votos sin representación no cuentan. Este es el motivo por el que algunos partidos –principalmente, los nacionalistas– consiguen que el Estado les pague, con relación a sus votos, cinco veces más que a los partidos nacionales relativamente pequeños o vez y media más que a los partidos grandes, también nacionales. Por tanto, los efectos discriminatorios de estas subvenciones son bastante notorios.

Pero para discriminación de verdad, la que se deriva de la subvención de los envíos electorales –ese mailing que Javier Arenas considera intocable–. En este caso, para que un partido vea compensados sus gastos de correo tiene que conseguir formar un grupo parlamentario. Esto implica que hay que tener un mínimo de 15 diputados o bien que, teniendo al menos cinco escaños, se cumpla la condición de haber obtenido el 15 por ciento de los votos en las provincias en las que se haya presentado el partido o el cinco por ciento en el total nacional. En el Congreso que ahora cierra hay siete partidos que, sin ser demasiado estrictos, cumplen tales requisitos –PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y PNV–; pero son trece los partidos con representación. Por tanto, hay seis que se han quedado sin nada. Casi todos ellos lo tenían previsto y, por ello, no gastaron nada en el mailing; pero alguno se ha quedado colgado de la brocha y sus deudas pesan como una losa en el momento de definir su futuro –como le pasa a Izquierda Unida–.

O sea que, al final, el sistema de subvenciones electorales beneficia a los grandes partidos –tanto nacionales como regionales–, a los que cubre la mayor parte de sus gastos, y deja en el desamparo a los pequeños –de manera parcial cuando logran colocar a algún diputado, y total cuando se quedan a las puertas del Congreso o del Senado–. Por eso las fuerzas políticas dominantes no quieren cambiar las cosas y nos cuentan el cuento del ahorro en el coste de la campaña. Pura hipocresía. Otro caso sería si hubiesen propuesto simplificar el sistema, haciéndolo equitativo –por ejemplo, pagando 1,7 euros por cada voto emitido, haya dado lugar o no a la representación– y eliminando el mailing electoral. En tal situación, las elecciones nos costarían a los españoles alrededor de cuarenta millones de euros en subvenciones y las oportunidades serían las mismas para todos los participantes. Claro que nos ahorraríamos sólo 25 millones, porque el gasto en montar los colegios electorales no nos lo quita nadie.

Sindicalismo en ruinas
Eguiar Lizundia www.vozpopuli.com 7 Mayo 2016

En España se han celebrado esta semana las tradicionales manifestaciones del Primero de Mayo. O eso creo. Porque la cobertura de los medios de las actividades de los sindicatos españoles es cada vez más limitada, en simetría perfecta con la relevancia menguante del que fuera históricamente el principal de los “agentes sociales”. El diario El País (¡!) casi deja la información del Día de los Trabajadores fuera de portada, dedicando un minúsculo cajetín a la noticia en la esquina inferior izquierda de su primera página, justo al lado de la publicidad.

Decir que los sindicatos ya no son lo que eran apenas justifica una entrada en este blog. Lo que sí merece algún comentario es el alcance de su insignificancia actual, que es única respecto a cualquier grupo de presión o colectivo con interlocución política y social. En estos tiempos de crisis del sistema del 78, en los que no ha quedado prácticamente ninguna institución a salvo de la quema, de los partidos a la Corona, los sindicatos apenas han recibido atención. A diferencia de su habitual pareja de baile, los empresarios de la patronal, que han sido blanco de críticas durante los años del ajuste, de las centrales sindicales casi ni se ha hablado. Más allá del fetiche de algún comentarista y a pesar del escándalo de las tarjetas black y de los EREs de Andalucía, el rol del sindicalismo en la sociedad actual parece no interesar, o al menos está completamente fuera del debate público.

Lógicamente existen circunstancias explicativas del retroceso del movimiento sindical en España, que han sido ampliamente documentadas por los estudiosos de la materia. Entre otras cabe destacar el aumento vertiginoso del paro, la dualidad del mercado de trabajo, la flexibilización de la normativa laboral, el deterioro de la credibilidad de los líderes de las principales centrales (la “casta sindical”) y la progresiva reducción del proletariado industrial, tradicionalmente la punta de lanza del movimiento obrero. Sin embargo, ninguno de estos factores tendría que determinar la caída en la irrelevancia de los sindicatos, si acaso darían razones para su reforma y adaptación a la economía y la sociedad de principios del siglo XXI. No en vano las principales centrales en España agrupan a más de dos millones de afiliados, más que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos juntos. Pero la decadencia está ahí: según el CIS los sindicatos son la institución menos valorada por los españoles, sólo por detrás de los partidos políticos.

Sobre este declive reflexiona Jose María Lizundia Zamalloa en su último libro, Las ruinas del sindicalismo (Alhulia, 2016). El autor, abogado laboralista del sindicato USO durante treinta años y autor de varios volúmenes sobre los sindicatos y el laboralismo, apunta a algunas claves que explican el porqué del hundimiento de los sindicatos que tienen que ver más con las dinámicas internas de la propia actividad sindical que con condicionantes externos a estas organizaciones.

Destaca en primer lugar lo que Lizundia llama el amateurismo sindical. Los sindicatos, a diferencia de los partidos políticos, tienen incentivos limitados para la buena gestión, en la medida en que no existe la expectativa de alcanzar el poder y por lo tanto la necesidad de una mínima preparación (si bien se celebran elecciones sindicales estas son decididas por muy pocos trabajadores y entre candidaturas que sólo presentan diferencias a nivel retórico, con resultados muy constantes en el tiempo). Las responsabilidades de los sindicatos, como la negociación de convenios colectivos, son en su mayor parte procesos mecánicos, repetitivos, casi automáticos. La consecuencia de esta combinación de unas perspectivas limitadas y un quehacer poco exigente es un escaso nivel de profesionalidad, acentuado por un fenómeno de selección inversa en el reclutamiento de cuadros dirigentes.

En parte como resultado de lo anterior, los sindicalistas de hoy en día tienen una visión hierática del mundo, ajena al presente. Una cosmovisión pseudo feudal que les incapacita para entender y enfrentar una realidad compleja bajo parámetros no maniqueos. Paradójicamente esta se debe en parte al abandono de la tradición marxista en uno de sus aspectos más rescatables, la aceptación de la base material objetiva como condicionante de la acción. Con una afiliación menguante, un desempleo por encima del veinte por ciento, la progresiva desindustrialización del país y una precarización de la fuerza laboral en aumento resultaría apremiante, cuanto menos, una transformación del discurso y un lavado de cara. Sin embargo, parece que el sindicalista español continúa centrado en lo subjetivo, es decir, en sí mismo.

Es cierto que, como concede Lizundia, “el sindicalismo coletea sin aire fuera del ecosistema que lo hizo nacer”, que es la revolución industrial y la sociedad de clases. No obstante, la razón más de fondo del colapso sindical debe encontrarse en lo que él considera el “déficit congénito” del sindicalismo, que no es otro que su posición subalterna y subsidiaria de la política. En España este axioma alcanza niveles paroxísticos, con la segunda central del país hermanada con el PSOE y la primera vinculada a los herederos del Partido Comunista. La gran paradoja, una vez más, es que estos estrechos lazos, lejos de potenciar el rol de los sindicatos como actores políticos, no parecen sino perpetuar su letargo. Más allá de generalidades y las llamadas a sacar al PP del gobierno, los sindicalistas demuestran carecer de ideas políticas; ni siquiera en su sentido más prosaico o técnico (¿alguien sabe qué propone UGT para impulsar la contratación indefinida?, ¿cuál es la reforma fiscal que busca CCOO?). No es de extrañar que en la fallida sesión de investidura del pasado marzo se aburrieran. Menos mal que se pusieron a jugar al Candy Crush Saga. De lo contrario ni los habríamos visto.

El 5,9% no se sienten españoles
Aumentan los defensores de un Estado sin autonomías
Pese a que la opción mayoritaria sigue siendo el mantenimiento del Estado de las Autonomías, un 19,7% de los españoles quiere un Estado con un único Gobierno central. Este porcentaje crece en los votantes del PP -34,6%-.
Gaceta.es 7 Mayo 2016

Los defensores del actual Estado autonómico han descendido más de dos puntos en un mes -del 39,4 al 37,3 por ciento-, al tiempo que han bajado también -del 10 al 9,7 por ciento- los partidarios de reconocer a las comunidades la posibilidad de convertirse en estados independientes, según el CIS.

El barómetro correspondiente al mes de abril refleja que lo que gana adeptos, en lo que se refiere a la organización territorial del país, es un Estado en el que las comunidades tengan más autonomía que ahora, algo que el pasado marzo apoyaba el 11,9 por ciento y en abril, el 13,8. También aumentan los que propugnan un Estado con un único Gobierno central sin autonomías -del 18,6 al 19,7- y los que abogan por comunidades con menor autonomía que en la actualidad -del 9,4 al 11,2-. Por partidos, el 34,6 de los votantes del PP quieren un único Gobierno central y el 50,7% de los votantes del PSOE quieren un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad.

El CIS indica que la mayoría de los españoles, el 52,7 por ciento, se siente tan español como de su comunidad, mientras que el 18 por ciento se siente únicamente español y el 12,3 se siente más de su comunidad que español. Los que no se sienten españoles representan el 5,9 por ciento, porcentaje similar al 5,4 que declara sentirse más español que del gentilicio que le corresponde. Cabe destacar que un 15,5% de los votantes de Podemos se sienten únicamente españoles, y el 60.5% de los votantes de PP, PSOE y Ciudadanos se sienten tan españoles como de su gentilicio. Como anécdota queda que el 2,2% de los electores de ERC y el 7,5% de los votantes de DiL-dos formaciones que quieren la secesión de Cataluña- se sienten también españoles.

Las relaciones Asad-Estado Islámico y la temible operación 'Romper el Cerco'
Pablo Molina Libertad Digital 7 Mayo 2016

El dictador sirio viene sosteniendo desde el inicio de la guerra civil que su objetivo es exterminar a los terroristas islamistas presentes en el territorio, empezando por el Estado Islámico (EI), la organización liderada por el sedicente califa Abubaker al Bagdadi. A tal fin, reclama el apoyo de la comunidad internacional recordando que el terrorismo islamista es la principal amenaza contra Occidente.

Pues bien, un informe exclusivo de la cadena británica Sky News vendría a demostrar que, en realidad, el régimen de Damasco y el EI están cooperando en la guerra siria.

La cadena cita documentos manuscritos de los dirigentes del EI, así como el testimonio de numerosos desertores de la organización criminal que una unidad del Ejército Libre de Siria, el principal grupo rebelde que combate contra Asad, se encarga poner a salvo de las represalias de los hombres de Bagdadi.

Tras el estudio de todas las pruebas recopiladas, Sky News cree considera probado que

– hubo un acuerdo con el régimen baazista para la retirada del armamento del EI en la ciudad de Palmira;
– el EI y el régimen baazista han intercambiado petróleo por fertilizantes;
– ha habido pactos para evacuar algunas zonas controladas por el EI antes de que el Ejército sirio lanzara sus ataques.

Sky News reconoce que es muy difícil autentificar los documentos, en su mayoría copias manuscritas de órdenes dictadas por los dirigentes del EI. Ahora bien, ha recopilado numerosa documentación procedente de esas mismas fuentes a lo largo de los últimos 18 meses, y todo lo que aparecía en los documentos ha acabado convirtiéndose en realidad.

Tal vez el asunto más sorprendente sea el de la conquista de Palmira, todo un éxito de propaganda para el régimen de Damasco. Según ha podido comprobar la cadena británica, uno de los documentos intervenidos es una orden del comando central del grupo terrorista escrita poco antes del inicio de la operación militar del Ejército sirio; en ella se ordena a los hombres del EI "la retirada de toda la artillería pesada y las ametralladoras antiaéreas dentro y alrededor de Palmira, en la provincia de Raqa".

Estos documentos y testimonios probarían que el Estado Islámico y el dictador sirio colaboran sobre el terreno cuando lo consideran oportuno. La retórica antiterrorista de Asad, justificada por Irán y Rusia, sería tan sólo una táctica para desviar la atención de la guerra del tirano contra los que considera sus enemigos, las fuerzas rebeldes que tratan de derrocarlo

‘Romper el Cerco’
Conviene por otro lado prestar especial atención a la operación que el EI ha denominado Romper el Cerco. La organización terrorista ha pedido a sus hombres que se dividan en grupos de cuatro y viajen a través de la frontera siria con destino a los países infieles a fin de cometer atentados en ellos. Uno de los documentos, fechado el mes pasado, confirma que algunos grupos ya han llegado a destino. Un desertor ha identificado Europa como el gran objetivo de Romper el Cerco. En medios europeos y americanos se teme que vaya a haber más ataques como los registrados recientemente en París y Bruselas.

Las órdenes relacionadas con esta operación van dirigidas a Abu Mohamed al Shamali. "Su nombre aparece en nuestros archivos casi 400 veces", dice Sky News, "vinculado a menudo a los yihadistas del norte de Europa". "EEUU ofrece 5 millones de dólares por su cabeza", agrega.

Las informaciones que maneja Sky News dan fuerza a la tesis de que el Estado Islámico busca su expansión en los territorios tradicionales del islam, pero también provocar una guerra abierta contra Occidente.

© Revista El Medio

Supone el 10% de la población reclusa
Los marroquíes, a la cabeza de la delincuencia en España
El informe de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre delitos cometidos por extranjeros muestra que los asesinatos cometidos por marroquíes han aumentado un 30%.
Juan E. Pflüger  www.gaceta.es 7 Mayo 2016

En España se cometen al año algo más de 300 asesinatos. La población inmigrante marroquí cometió en 2015 el 18% de ellos (53), a pesar de que solamente supone el 1,5% del total de la población en España, lo que supone un aumento de casi el 30% de los asesinatos que los inmigrantes de esta nacionalidad cometieron en 2014. Entre los no españoles presos en cárceles de nuestro país, los marroquíes ocupan el primer lugar. Suponen el 10% del total de la población reclusa y el 25% de los extranjeros encarcelados en nuestras cárceles.

Solamente el contingente de rumanos residentes en España supera en número total de delitos a los procedentes de Marruecos, pero mientras que los norteafricanos concentran los crímenes de mayor gravedad –asesinatos, violaciones, maltrato o tráfico de drogas-, los procedentes del este de Europa se centran en hurtos y robos a pequeña escala.

Estos datos, extraídos del informe estadístico sobre extranjeros y delincuencia elaborado por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, son más que significativos.

La colonia marroquí en España es muy similar a la rumana. En ambos casos se sitúa en torno a las 700.000 personas. El mayor contingente de población hispanoamericana en España es el ecuatoriano. Suponen casi 200.000 personas, pero su índice de criminalidad es mucho menor que el de la población marroquí. La población procedente de Ecuador cometió en 2015 6.523 delitos, muy por debajo de los más de 20.000 que cometen miembros de cada una de las dos nacionalidades antes indicadas.

Gaceta.es se ha puesto en contacto con miembros de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para saber a qué achacan las mayores tasas de delincuencia y la comisión de delitos graves por parte de los naturales de Marruecos. Estas fuentes aseguran que se debe a tres tipos de razones principales: religiosas, culturales y sociales.

La mayoría de los marroquíes que delinquen en España son musulmanes, una religión que en muchas de sus prácticas choca con la legalidad en Europa. Entre ellas las concernientes al trato y la consideración de la mujer. Por eso los delitos contra la libertad en el ámbito familiar superan a los de cualquier otra nacionalidad.

Culturalmente, Marruecos se encuentra en una zona geográfica en la que el respeto por la vida, la propiedad y el bienestar de terceras personas tienen una consideración menor que en Europa y socialmente se debe a que la entrada de población inmigrante de esta procedencia viene de zonas especialmente deprimidas en las que ya delinquían antes de llegar a España.

Las mismas fuentes aseguran que la población rumana que delinque en España es principalmente de etnia gitana, por lo que no debe ser identificada con el conjunto de la población de ese país europeo.

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El destape de los excéntricos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 7 Mayo 2016

Durante la hoy menospreciada Transición, España asistió a un fenómeno bautizado como "destape" por su componente más pintoresco: la represión que ejercía el régimen franquista sobre las manifestaciones públicas de sexualidad fue sustituida gradualmente por una desacomplejada liberación de las costumbres y las imágenes. Quizá la foto emblemática de aquella época fue la que mostraba a la actriz Susana Estrada exhibiendo un pecho desnudo junto al alcalde de Madrid, el profesor Enrique Tierno Galván. Sin embargo, el destape de la libido sólo fue un ejemplo más de que la naturaleza siempre retoma su cauce después de los periodos de estancamiento, en tanto que si la Transición se convirtió en un acontecimiento histórico memorable fue porque se destaparon, afortunadamente, cambios sociales, políticos y culturales de cuyos frutos todavía gozamos… aunque la banalización rampante haga que muchos de sus beneficiarios los ignoren.

Ciudadanos inermes
Ahora, las fuerzas conjuradas para dinamitar la paz social y la convivencia de los españoles han creado un clima tóxico en el cual los que se destapan no son los innovadores y creadores, como en la década de los 70, sino los excéntricos que vegetaban en los márgenes de la sociedad. Estos excéntricos afloran a la superficie aprovechando la ola de irracionalidad que se alimenta de fobias y mitos arcaicos y se cuelan en las instituciones, que la crisis política y moral ha dejado desguarnecidas. Con el agravante de que no se instalan en ellas sólo para usufructuarlas sino también, y sobre todo, para imponer sus caprichos a los ciudadanos inermes.

Convencidos de que sus fórmulas simplistas son las que salvarán el mundo de lo que ellos interpretan como los males de la globalización, el capitalismo y el cambio climático, invaden arbitrariamente la intimidad de los individuos mediante una legislación encaminada a regimentar su comportamiento y sus costumbres. Como sucedía en el por ellos añorado 1714 absolutista y en el no menos idealizado colectivismo comunista, reducen al individuo a la condición de borrego dentro del rebaño.

El abuso más grave
El abuso es más grave cuando asume la forma del lavado de cerebro a niños y jóvenes. Ya no queda nada que agregar sobre el acoso lingüístico que se practica en el sistema de enseñanza de Cataluña, desobedeciendo todas las sentencias judiciales para vetar el castellano en escuelas e institutos. La novedad consiste en que las excéntricas (también se puede emplear el femenino discriminando a los varones) de la CUP del Ayuntamiento de Manresa desahogan su aversión al sistema empeñándose en reeducar a las adolescentes para que cambien los tampones y compresas por esponjas marinas, copas menstruales y lo que llaman el sangrado libre: ejercicios de la musculatura vaginal con el fin de retener el flujo menstrual. Todo reutilizable. El pretexto es, faltaría más, ecologista y anticapitalista. Y durante el pleno del Ayuntamiento las militantes de la CUP, acompañadas por la diputada pirómana Anna Gabriel, desplegaron una pancarta con el lema: "Basta de prejuicios y tabúes sobre nuestros cuerpos. Hagamos visible la menstruación" (LV, 22/4).

Ironizó Susana Quadrado ("Tampax ens roba!", LV, 21/4):
Así tal cual hay que explicárselo a las chicas que ahora están en la ESO y que se estrenan en la menstruación. Más que nada para que ellas no se despisten y vayan haciéndose a la idea de adónde va la Cataluña del futuro. Ya se lo digo yo: hacia el paleolítico.

Un lector del mismo diario, que firmaba Julián Revuelta, vertió su propia dosis de sarcasmo en una carta ("Mes enllà dels tampons", 23/4). Traduzco del catalán:
Creo que habría que ir más allá tratando de desterrar un par de productos fruto del consumismo capitalista y que son en buena parte responsables de la deforestación. Me refiero al papel higiénico y a los pañuelos de papel. En el primer caso habría que fomentar el uso de las hojas de vid, que tan bien conocen los vendimiadores, o de los cantos rodados que podemos encontrar en cualquier lugar fuera de las ciudades.

Zonas oscuras
En el llano, los excéntricos pueden ser inofensivos, incluso cómicos. Pero cuando toman las riendas del poder y pretender complicar a los demás en sus fantasías las cosas cambian y van a peor. Barcelona es una ciudad minada por las contradicciones. A primera vista es un modelo de prosperidad e iniciativa. Profundizando, aparecen las zonas oscuras. Cáritas Diocesana atendió en el 2014 a 23.000 personas en riesgo de pobreza y las parroquias a más de 150.000 (LV, 3/5/2015). Ese mismo año el Banco de Alimentos distribuyó más de 4.600 toneladas de productos entre 250.000 beneficiarios.

¿Cómo reaccionan los pijoprogres ante el flagelo del hambre? Muy sencillo: la comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, a propuesta de ERC y con los votos favorables de ERC, BComú, CiU, PSC y CUP, y las abstenciones de C’s y PP, resolvió declarar a Barcelona "ciudad Veg-Friendly", o sea amiga de las dietas vegetariana y vegana (LV y El Mundo, 23/3). Lo cual implicará crear un centro informativo, editar una guía, organizar actos y conferencias de divulgación y adherir a la campaña "Lunes sin carne". Esto, con gran regocijo del lobby de la verdura e irritación del de la carne.

Alfred Bosch, presidente del grupo municipal de ERC, se felicitó de que Barcelona se convierta en "la ciudad pionera en el respeto al medio ambiente, las personas y los animales". Eso sí, mientras Cáritas, las parroquias y el Banco de Alimentos se ocupan de las personas que pasan hambre, los pijoprogres se tiran los trastos a la cabeza, como lo hacen en el plano político, debatiendo cuál es la fracción más ortodoxa: por un lado, los veganos que no comen lácteos ni huevos, los que sólo comen frutas y semillas pero no verduras para no hacer sufrir a las plantas (sic), los que sólo comen verduras crudas; y por otro, los vegetarianos que también consumen huevos y no lácteos o a la inversa, los que consumen pescados y mariscos pero no aves, los que consumen aves pero no pescados y mariscos, y así hasta el infinito, sin contar a los herejes flexitarianos, los más listos, que de vez en cuando se zampan todo lo prohibido ("La tribu verde", LV, 17/4).

Cáritas, las parroquias y el Banco de Alimentos no participan en esta competición entre dietas ecológicas y compasivas con los animales. Sólo se preocupan por los seres humanos. Tampoco participan los científicos, que para los excéntricos como la monja antivacunas Teresa Forcades están al servicio del aborrecible capitalismo imperialista. Una vez más, rumbo al paleolítico sin escalas.

En fin, asombra que veganos y vegetarianos no adopten, en defensa de sus dogmas, el curioso argumento que empleó Juan Manuel de Prada para abominar de la pornografía. Según este novelista y columnista, autor del bestseller Coños (Valdemar, 2003), los consumidores de pornografía terminan convertidos en pedófilos (ABC, 5/4). Los veganos y vegetarianos podrían argumentar, con el mismo razonamiento excéntrico, que los consumidores de carne terminamos convertidos en antropófagos.

Polvo en el metro
Cuando quienes deberían velar por el cumplimiento de la ley desde los puestos de mando son los primeros en jactarse de desobedecer la Constitución y las sentencias judiciales, como sucede en Cataluña, a nadie debe extrañar que en la calle se instalen el desorden y el delito. Los excéntricos y marginales serán los primeros en aprovechar que se ha levantado la veda.

Una pareja practica el acto sexual en el andén de la estación de metro Liceu de Barcelona. ¿Y qué? ¿Acaso el metro no es escenario de todo tipo de desafueros con el consentimiento de las autoridades, lo mismo que la vía pública? Apenas asumió su cargo la alcaldéspota Colau, se mostró comprensiva con quienes se colaban en los medios de transporte. Después los manteros se instalaron donde se les antojaba y ahora corren por túneles y escaleras embistiendo a pasajeros y transeúntes, con la Guardia Urbana maniatada y agredida. Y agraviada por un edil con ínfulas de matón. Mientras los carteristas hacen su agosto en andenes y vagones.

Aquí no son los polvos los que traen estos lodos, como reza el adagio, sino, a la inversa, son los lodos de la cúpula gobernante los que traen este polvo etílico de una pareja heterosexual en el metro. Exhibición más discreta, en todo caso, que algunas que se han visto, sin escándalo mediático, a plena luz del día, en carrozas del desfile del Orgullo Gay. Al observar cómo se consolida la corriente LGBT, los más imaginativos adictos a la política-ficción orwelliana temen que las relaciones heterosexuales puras y duras terminen siendo una rareza punible en un nuevo Estado totalitario.

Los excéntricos son las rémoras que parasitan las sociedades cuando los ciudadanos les ceden el poder, obedeciendo las consignas de demagogos y embaucadores. Lo estamos padeciendo. De nosotros depende que después del 26-J vuelvan a ocupar su sitio dentro de la caja de Pandora que destaparon unos inescrupulosos aprendices de brujos.
 


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