Balcanización
EDITORIAL www.gaceta.es 17 Mayo 2016
Cada vez es más frecuente ver cómo las comunidades autónomas hacen
frente contra el Gobierno de la nación. La aplicación de la ley de
Educación ha sido el ejemplo más reciente. No es el primero ni será
el último. El más escandaloso ha sido, probablemente, la tenaz
desobediencia a los criterios de déficit. Las autonomías van
convirtiéndose poco a poco en estructuras neofeudales donde el poder
local, aupado en sus competencias o en la ausencia de ellas, desafía
a la administración general del Estado. No siempre falta razón en
las reivindicaciones locales, pero es una evidencia que semejante
dinámica sólo lleva a un puerto: la fragmentación progresiva de
España como comunidad política. El ejemplo de la educación es sin
duda el más dramático: en Cataluña ya es norma la violación
flagrante del derecho a recibir enseñanza en la lengua vehicular, y
lo mismo se va viendo en País Vasco, Navarra, Valencia y Galicia. En
nombre de la democracia y de las competencias autonómicas se machaca
el derecho de los ciudadanos. Y se destruye el sentimiento de
nación.
Nuestro Estado de las Autonomías adolece de un defecto gravísimo que
es la ausencia de cierre en el proceso de trasferencia competencial.
Ocurre que el modelo autonómico no se concibió realmente para
reorganizar la Administración, sino para dar satisfacción a los
partidos fundadores del sistema de 1978 repartiendo cuotas de poder
local. Porque la nuestra no es una democracia de ciudadanos, sino
una democracia de partidos. A los grandes partidos de ámbito
nacional se les permitió tejer estructuras clientelares de base
regional y a los partidos nacionalistas se les invitó a levantar su
propio ámbito de omnipotencia. Casi cuarenta años después, los
separatistas han construido en sus regiones pequeños estados que
gobiernan a su antojo, incluso contra la propia Constitución, y los
partidos “españoles” han edificado una suerte de “señoríos”
autonómicos que han llegado a acumular más poder que las propias
cúpulas estatales. La Administración ni se ha simplificado, ni se ha
acercado al ciudadano ni, menos aún, se ha abaratado, al revés:
tenemos el Estado más caro de Europa y su eficiencia no es
precisamente envidiable. Pero los partidos tienen pastel para
repartir.
Este proceso de fragmentación del tejido nacional pudo pasar
desapercibido mientras la prosperidad económica ocultaba el mal,
pero la larga crisis y la impotencia del Estado para superarla han
arrojado una luz siniestra sobre la gran enfermedad de España. A
fuerza de otorgar peso a los partidos, nos estamos cargando la
comunidad política y, por tanto, nos estamos cargando la democracia.
A los poderes neofeudales de orden económico, sindical o mediático
se unen los de orden local. Cada uno tira hacia su propio beneficio
en perjuicio del bien común. La conciencia de pertenecer a un
proyecto político común se extingue lentamente. La soberanía
nacional ya no es más que un vago fantasma.
Rectificar el Estado de las Autonomías se ha convertido en una
prioridad si queremos que España sobreviva como comunidad política.
Rectificar no quiere decir necesariamente “desmantelar”. Pero es
preciso racionalizar la estructura del Estado, garantizar la
igualdad de derechos ciudadanos, frenar las derivas separatistas,
desmontar el proceso de feudalización de la soberanía nacional.
Lamentablemente, ninguno de los grandes partidos está por la labor.
El 26J no es ninguna broma
Javier Benegas www.vozpopuli.com 17 Mayo 2016
Si algo traen debajo del brazo las grandes crisis es el desorden, el
caos del pensamiento, de la lógica y hasta del sentido común. No hay
escenario más provechoso para que los jugadores de ventaja vendan su
mercancía averiada que cuando todo parece desmoronarse. El orden, la
dislocación de causa y efecto y hasta la más elemental jerarquía de
las cosas sucumben ante la avalancha de malas noticias, la
corrupción y la degradación institucional. Entonces, las ideas
viejas, las soluciones más descabelladas, hasta las subculturas más
ridículas pueden convertirse en alternativas.
Un ejemplo. Por más que se haya aderezado con una suerte de
pseudociencia económica, el estancamiento de la economía se ha
interpretado de forma conspiranoica y maniquea. Al final la
conclusión siempre es la misma: la crisis es fruto de un oscuro
conciliábulo, un cuento de buenos y malos. El reduccionismo alcanza
cotas extraordinarias. Y la irresponsabilidad es mayúscula. Se
propone la salida del euro, incluso de la UE, para evitar el
empobrecimiento, cuando precisamente lo que nos ha evitado males
mayores ha sido que desde Bruselas nos pintaran unas líneas rojas
que aquí habían desaparecido.
Es evidente, a qué negarlo, que la UE no es un dechado de virtudes.
Pero en comparación con nuestros gobernantes, es la quintaesencia de
la sabiduría. Piensen qué habría sido de España si los Zapatero,
Montoro & Cia. no hubieran estado tutelados por los gendarmes de
Europa, ¿hasta dónde habrían llegado sus desafueros? Ahora eliminen
de la ecuación al rajoyismo y sustitúyanlo por el podemismo, sus
confluencias, animalistas incluidos, y separatistas asociados e
imaginen una España al margen del control europeo… No es necesario
que contesten, es una pregunta retórica.
Que los grandes partidos sean incapaces de establecer una hoja de
ruta reformista no significa que los oportunistas que aspiran a
sucederles vayan a dar en el clavo, porque, como su propia
naturaleza indica, lo más seguro es que intenten darnos gato por
liebre. De hecho, con la inestimable colaboración de los turnistas
que nos desgobiernan, han tenido bula para denostar a las maltrechas
instituciones. Ya saben, el recurrente “no nos representan” y su
particular síndrome de Antígona. Una llamada a la beligerancia, al
levantamiento con el que no sólo quieren expulsar a quienes hoy las
ocupan, sino demoler las instituciones mismas. Dicho más
directamente: no aspiran a reformarlas sino a derribarlas. Si lo
consiguen, las reconstruirán a su imagen y semejanza; nos traerán su
democracia, que en realidad es la centralización del Poder. Después,
y ya sin freno, irán a por esas otras instituciones, las informales,
que vertebran el orden social espontáneo. Declararán proscrito lo
que ellos llaman el “heteropatriarcado”, abolirán la propiedad
privada, prohibirán el capitalismo y enterrarán los restos de los
derechos individuales. Y en un abrir y cerrar de ojos estarán
decidiendo si debemos comer carne o pescado. El puritanismo
izquierdoso es esto.
Hace tiempo que desde estas página venimos advirtiendo que prohibir
la crítica al Régimen del 78 y convertir en tabú su reforma, lejos
de contener los problemas los agravaría. Cuando el debate se rehúye,
se cede todo el terreno al adversario, que rápidamente lo ocupará y
se hará fuerte. Precisamente eso es lo que ha estado sucediendo
durante estos nueve años de crisis. El populismo de izquierdas, en
sus formas casi infinitas, ha aprovechado la incomparecencia de sus
adversarios para acaparar el espacio reformista y hacerse fuerte.
Esto no significa que la suerte esté echada, pero es evidente que
llevamos casi 10 años jugando con fuego… y al final saldremos
escaldados. Es cuestión de tiempo, puro cálculo de probabilidades.
Abordar las reformas que el modelo político español necesita tiene
costes, especialmente para quienes gozan de más privilegios, pero no
hacerlo supondrá costes aún mayores para todos. Recuperar el terreno
perdido y poner pie en pared para detener la revolución cultural que
se nos viene encima requiere no sólo un cambio radical en los
partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas, también es
imprescindible el compromiso de esas élites que representan la parte
del león de la economía y la influencia en España. No se lo tomen a
guasa: el 26J no es ninguna broma, por más que estemos hasta la
coronilla. Si los prohombres del Régimen piensan que podrán seguir
manteniendo el control de sus negociados contemporizando e, incluso,
confraternizando con la tropa populista, se equivocan. El escorpión
tiene su naturaleza. No sean idiotas.
No persiguen a Podemos, ni tampoco al PP o al PSOE
OKDIARIO 17 Mayo 2016
Los documentos publicados por OKDIARIO durante las últimas semanas
acreditan que Hugo Chávez ordenó pagar más de 7 millones de euros a
la Fundación CEPS (entonces dirigida por los actuales líderes de
Podemos) para conseguir “un cambio político en España”, más
favorable a los intereses del régimen boliviariano.
Así consta en el documento firmado de su puño y letra por Chávez y
su ministro de Finanzas Rafael Isea, cuya autenticidad ha confirmado
este último ante la Policía española en una declaración prestada en
el Consulado español en Nueva York.
Todo ello apunta, por tanto, a que Hugo Chávez utilizó recursos
millonarios de Venezuela para crear una nueva opción política, que
cristalizaría en 2014 con el nacimiento de Podemos y que
efectivamente se muestra decidida a provocar un auténtico cambio de
régimen en España.
Pero no es éste el motivo que llevó a los agentes de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) a Nueva York para entrevistar
a Isea. Tal como informa hoy OKDIARIO, el objetivo de la
investigación policial abierta es determinar si los dirigentes de la
Fundación CEPS ocultaron a la Agencia Tributaria la mitad de los 7
millones de euros que recibieron de Venezuela. Algo que constituiría
un grave delito fiscal.
Por tanto, no se trata de una actuación policial instada por el
Gobierno con fines partidistas, como sostiene Pablo Iglesias. Si la
Udef ha actuado es porque existen unas sospechas fundadas de que los
dirigentes de la Fundación CEPS (hoy en Podemos) han ocultado más de
tres millones de euros pagados por el Gobierno de Venezuela.
A Pedro Sánchez jamás se le ocurría decir que la Policía actúa con
fines partidistas para destruir al PSOE, cuando investiga la
corrupción de los ERES de Andalucía. Del mismo modo, nadie sugiere
que la Udef ha emprendido una persecución contra el PP por destapar
la trama Gürtel o los numerosos casos de corrupción de la Comunidad
Valenciana.
Pablo Iglesias no puede reclamar impunidad para su partido, apelando
a una supuesta “conspiración” de los cuerpos de seguridad cada vez
que se asoman al abismo de la financiación de los líderes de
Podemos.
Iglesias: el negocio del 15-M
CARLOS CUESTA El Mundo 17 Mayo 2016
Domingo. Otro 15-M. Y Errejón volvía al trampolín en el que saltaron
él y sus compañeros para convertirse en políticos. En poderosos.
Volvía a una Puerta del Sol desde la que, hace ya cinco años, gritó
aquello de «el pueblo unido funciona sin partidos». A la misma plaza
en la que coreaba entre sonrisas eso de «fantoches que estáis en el
poder, dejaros de joder».
Pero esta vez algunas cosas habían cambiado. Porque ese mismo 15-M
gritaba ahora «fuera, fuera» a su señoría Errejón elevado a los
platós en plena plaza. Gritaba «Errejón, bájate de ahí» al mismo
diputado que ha buscado sin desmayo la alianza de poder con aquel
PSOE al que antes tachaba de rescatador de bancos.
Y es que cinco años después, su partido, el de Pablo Iglesias, ese
que hace purgas sin que ninguno de los cabecillas salga nunca de la
bien pagada estructura, tiene poder: poder para controlar, en
solitario, con sus marcas blancas o con el PSOE, ayuntamientos como
Madrid, Valencia, Barcelona, Cádiz, Pamplona, Zaragoza, Santiago,
Coruña o Badalona. Poder para condicionar comunidades como la
valenciana, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura o
Navarra.
¿Y qué ha cambiado? Algunas cosas, como la obstaculización de
cientos de proyectos generadores de empleo, como la Operación
Chamartín, Campamento, Wanda, hasta 35 hoteles sólo en Barcelona,
cruceros turísticos, la Marina Real de Valencia o el Palacio de
Exposiciones de Cádiz. Inversiones privadas que habrían generado en
conjunto más de 200.000 empleos.
Pero otras cosas no han cambiado. Porque quienes coreaban en el 15-M
aquello de «con nuestro dinero, se salva a los banqueros» han visto
cómo sus electos, posiblemente no hayan usado el dinero para pagar
banqueros, pero sí para pagarse a ellos mismos. Con sueldos como el
de Carmena -101.000 euros-; como el de los 82 cargos directivos del
Ayuntamiento de Madrid -entre 90.647,50 y 86.526,70 euros cada uno-;
como el de sus 67 eventuales -plagados de asesores de dudoso
currículum a 71.216,34, 53.058,48 ó 43.204,72 euros-; como el de
Colau -100.000 euros-; como los 98.192 euros de tenientes de alcalde
en Barcelona; como los 84.532 euros de sus concejales o los 168.201
del director de Servicios Municipales, Ignasi Armengol; como el de
Ribó en Valencia -82.602,94 euros-; o como los de los 16 concejales
suyos que cobran más de 70.000 euros y llegan hasta los 79.298,80.
Sueldos que, en su mayoría, superan los 78.966 euros de Rajoy.
No figuro yo entre quienes buscan que la gestión pública esté
monopolizada por aprendices de bajo sueldo. Todo lo contrario. Pero
sí entre quienes piden coherencia y no aprovecharse de la desgracia
de la gente. Porque es Podemos quien ha convertido en porteadores a
sus impulsores, quien ha convertido al 15-M en su negocio.
La Sexta prueba su propia medicina
EDITORIAL Libertad Digital 17 Mayo 2016
Los sedicentes indignados del 15-M recibieron en la noche del
domingo a los periodistas e invitados de La Sexta con una hostilidad
que dejó perplejos a todos los presentes en el plató improvisado por
la cadena podemita en la Puerta del Sol.
La televisión que más ha promocionado a los antisistema tal vez
esperaba algo de agradecimiento. Ciertamente, La Sexta no ha
escatimado esfuerzos para vender a un partido neocomunista con las
peores conexiones internacionales como una fuerza política modélica.
Sin embargo, quienes acudieron a Sol el domingo actuaron como
corresponde a grupúsculos de tal calaña y, lejos de comportarse como
un coro obediente, se dedicaron a boicotear la emisión de la cadena.
No sólo La Sexta estuvo en el punto de mira de los congregados.
También el inefable Íñigo Errejón recibió su dura ración de insultos
y abucheos por parte de quienes no estaban dispuestos ser meros
comparsas del show sextario. Las protestas y abucheos del público
convirtieron un programa que pretendía ser un homenaje al
supuestamente virtuoso movimiento 15-M en un espectáculo bochornoso,
que no dejó, por otra parte, de ser un retrato bastante certero de
los unos y los otros, que tanto tienen en común.
Incapaces de la menor autocrítica, desde la cadena izquierdista
seguían afirmando el lunes que la lluvia de insultos a sus
periodistas e invitados había sido un hecho puntual protagonizado
por una minoría de revoltosos. Aunque los pongan en el punto de
mira, los multimillonarios aprendices de brujo mediático que han
jugado a hacer respetable a un partido ultra de estirpe chavista
siguen defendiendo que su actuación ha sido en todo momento un
dechado de virtudes periodísticas. Cosas de la ceguera voluntaria.
El canal podemita por antonomasia recibió el domingo una ración de
la medicina que tantos han padecido durante estos años, medicina
cuyas propiedades han saludado con gran entusiasmo en esa casa, por
otro lado tan mimada por el Gobierno del PP, partido que representa
todo lo que detestan Podemos y los propios ideólogos de La Sexta.
Cosas de la política de la peor estofa.
Algunos verán en lo sucedido en Sol el domingo, más que un suceso
médico, un hecho de justicia poética. A ver si ahora Ferreras y su
tropa dedican más atención e interés a los señalados y acosados por
los indignados liberticidas, que de héroes no tienen absolutamente
nada.
Justificación del terror
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO El Mundo 17 Mayo 2016
Una de las historias que más me impresionaron del libro de Svetlana
Aleksiévich 'El fin del 'Homo sovieticus'' es la que cuenta Yelena
Yúrevna. Su padre había peleado en las filas del Ejército Rojo
contra las tropas de Finlandia. Cayó prisionero después de haber
sido rescatado de un lago helado por los finlandeses. Cuando
concluyó la campaña de Finlandia en 1940 hubo un intercambio de
presos. Al padre de Yelena le esperaba un cruel interrogatorio por
parte de sus camaradas compañeros de armas: "¿En qué circunstancias
te hicieron prisionero?". "Los finlandeses me sacaron del lago",
contestó. "¡Entonces eres un traidor! Preferiste salvar tu pellejo
antes que luchar por la patria".
Sin juicio, le condenaron a seis años de trabajos forzados en el
campo de Vorkutá. Tras cumplir la condena, al llegar a su casa, ni
siquiera su madre le reconoció; tal era su estado.
El padre de Yelena, sin embargo, no renegó de Stalin, cuyo retrato
mantuvo en su casa hasta su muerte. Él mismo se consideraba culpable
de haber aceptado la mano que le salvó la vida.
En 'El cero y el infinito', Arthur Koestler plantea la cuestión
esencial de la doctrina totalitaria a través de la historia del
viejo bolchevique Rubashov: la aceptación de un crimen no cometido
para no vulnerar el principio de infalibilidad del partido, para no
romper su disciplina interna por más irracional que ésta sea.
Ayer, en una entrevista en 'El País', Joseba Urrusolo Sistiaga, ex
miembro de los sanguinarios comandos Madrid y Barcelona de ETA,
condenado por 16 asesinatos y dos secuestros a 449 años de cárcel y
en libertad desde el 28 de febrero, hacía un repaso de sus
discrepancias con la organización terrorista, en la que militó desde
1977 hasta 1994.
Urrusolo, que se acogió a la llamada 'vía Nanclares', y que ha
pedido perdón a las víctimas ("siento de verdad el daño que hemos
creado"), es una prueba viva, indiscutible, para algunos hasta
incomprensible, de la capacidad del Estado de Derecho para
establecer unas normas que posibilitan la reinserción de los más
atroces asesinos.
Pero Urrusolo es aún una excepción. Como reconoció ayer el ministro
del Interior, Jorge Fernández, entre los presos de ETA hay todavía
quien piensa en la vuelta a la lucha armada.
Esos reclusos todavía ni se han planteado algo tan sencillo como que
no se puede matar a alguien por unas ideas. Y siguen justificando
barbaridades como los atentados de Hipercor, o los coches bomba
contra las casas cuartel de la Guardia Civil.
Para esos presos, con elevadas condenas, es peor la opción del
arrepentimiento, el reconocimiento de que todo por lo que han
luchado era pura basura, y, de paso, acortar su condena, que la
perspectiva de salir de prisión dentro de 20 o 30 años.
El padre de Yelena Yúrevna y el viejo bolchevique de ficción
Rubashov, no tuvieron fuerza suficiente para renegar de Stalin y del
Partido Comunista. Para estos terroristas irredentos resulta más
cómodo permanecer en prisión, esperando un milagro, que mirar a las
víctimas cara a cara.
Por eso resulta tan importante que el Estado de Derecho no haga
tabla rasa, que no exista ni la más mínima perspectiva de una ley de
punto final. Y por eso es tan peligroso que un dirigente político
como Arnaldo Otegi siga empeñado en justificar a ETA.
Daniel Lacalle: "Los españoles tendremos que elegir entre ser Grecia
o Irlanda"
El economista avanza una nueva crisis de deuda y advierte de que
España podría convertirse en Grecia.
Libre mercado 17 Mayo 2016
El economista e inversor Daniel Lacalle fue el encargado de
clausurar el XTB Trading Day el pasado viernes, el mayor evento de
trading organizado en España. Durante su intervención, ofreció
algunas conclusiones acerca de la situación económica y política en
España y sus posibles consecuencias en los próximos meses.
Para Lacalle, el actual clima de incertidumbre tiene dos partes bien
diferenciadas: "Por un lado, esta incertidumbre está afectando
negativamente a la inversión y está provocando una ralentización de
la creación de empleo. Pero, por otro lado, los datos de consumo y
los de crecimiento todavía son positivos; muestran que la economía
sigue creciendo a una tasa interanual cercana al 2,7%".
Sin embargo, si Podemos entrara en un posible Gobierno, el panorama
económico cambiaría radicalmente. "Es falso que los pactos con
Podemos moderen a Podemos; sucede lo contrario, como hemos visto en
Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Navarra, en Cantabria [...] Muy
lejos de acomodarse, para ellos parte del éxito político es
entorpecer y parar. Solamente se ponen de acuerdo en gastar y en
subir impuestos; y a la vez, la amalgama de ideologías introducen
muchos más escollos a la inversión y al empleo", indicó.
En Europa toda esta situación se ve con enorme preocupación, según
Lacalle. "Estamos viendo que lo que ha sido un ejemplo en cuanto a
salida de la crisis y mejora de la economía, que empezaba a repuntar
(aunque le quedaba mucho por hacer), ahora se corre el riesgo de
repetir los errores del año 2009; pensar que ya se ha acabado y lo
que hay que hacer es aumentar la rigidez, subir los impuestos o
aumentar el gasto público, es lanzarnos de nuevo a todos los errores
del pasado".
El peligro del populismo
Este diagnóstico erróneo parte de la base "de que no se puede estar
peor y que lo que hay que hacer, en lugar de continuar con las
reformas, es volver al proteccionismo, al gasto y al
intervencionismo", advirtió. Y el principal riesgo para la UE es que
"el crecimiento de estos populismos está llegando a todo el arco
parlamentario, incluidos los partidos serios, que se acercan a esas
tesis para calmar a sus votantes".
Como consecuencia, se podría avanzar hacia una nueva crisis de
deuda. "Todos hablan de tirar mucho más de gasto público, de
aumentar la inversión pública, contratar más funcionarios, etc.,
basado en la idea de que financiarse al 0,85 % es lo normal [...] Y
cuando suban los tipos de interés o el BCE pare su política
monetaria, simplemente porque se genere un shock político, entonces
la prima de riesgo se volverá a disparar".
Pese a ello, Lacalle se mostró optimista. "Soy positivo, porque creo
que los ciudadanos no son tontos. Llega un momento en el que pueden
caer en la trampa del populismo y las soluciones mágicas, pero al
final los ciudadanos miran a un lado y miran al otro y ven cómo está
Irlanda después de un rescate y como está Grecia después de un
rescate; uno crece al cuatro y pico por ciento y crea más empleo que
nunca y el otro está al borde del colapso", explicó.
"El ciudadano tendrá que elegir entre Grecia e Irlanda. Y si decide
Grecia, la culpa será nuestra, de los españoles, de los que lo
aceptamos, nos resignamos… Tenemos que huir de la resignación, hacer
mucho más todos -las familias, las empresas, los medios- por
divulgar esos peligros, porque no es verdad que no se pueda
empeorar. Se puede empeorar y mucho", alertó.
Papel de los bancos centrales
Por otro lado, en cuanto al papel de los bancos centrales, Lacalle
demostró ser un firme defensor de la política de Draghi: "Es una
política que debería valorarse positivamente, desde el punto de
vista de que está dejando en evidencia a todos los que decían que el
problema de la UE era un problema de política monetaria; está
demostrando con datos que el problema es de reformas estructurales,
porque la liquidez está ahí, el apoyo del Banco Central Europeo está
ahí, la política expansiva y el compromiso están ahí, el crédito
crece, las expectativas de inflación están a la baja… Lo que les
está diciendo a los Estados es eso, que lo que hacen falta son
reformas estructurales".
Y en Estados Unidos, lo mismo. "El milagro de Obama no existe, es
pura demagogia, porque el problema nunca ha sido de política
monetaria". Los bancos centrales han tomado las medidas que podían
tomar, pero ahora hace falta que los gobiernos tomen las que les
corresponden, según Lacalle. "Sin embargo, en vez de para mejorar la
renta disponible de las personas, reducir los desequilibrios o
aumentar la productividad, hacen todo lo contrario", concluyó.
Eliminar las diputaciones supondría ahorrar 600 millones en el acto
www.vozpopuli.com 17 Mayo 2016
El ahorro se duplicaría a medio plazo, según un informe de la
fundación ¿Hay Derecho?
El debate sobre la supresión de las diputaciones (o sobre su
mantenimiento a toda costa) sigue vivo. Ante la inminencia de las
nuevas elecciones, las voces en contra y a favor de acabar con estas
instituciones han vuelto a primer plano de la actualidad política.
Un reciente informa de la fundación ¿Hay Derecho? asegura que
eliminar las diputaciones provinciales supondría un ahorro
"inmediato" de 600 millones de euros, cantidad que se vería
duplicada a medio plazo gracias a los mecanismos correctores que
eliminarían duplicidades o las llamadas redes clientelares, uno de
los argumentos fundamentales de aquellos que abogan por su
eliminación.
Ya durante la pasada campaña del 20D los partidos se posicionaron
duramente sobre este punto. Mientras el PP era partidario de su
mantenimiento ("eliminarlas es un disparate"), las formaciones
emergentes, como Ciudadanos y Podemos, y también el PSOE, se
mostraron favorables a su eliminación, bien fuera de manera gradual,
bien de manera drástica.
En el nuevo informe, que lleva por título Coste y utilidad de las
diputaciones provinciales: claves para un debate necesario, y que ha
sido publicado por El País, se analizan los presupuestos de 38
diputaciones, para ver en qué se gasta ese dinero. Según el estudio,
un 37% del monto total de 6.300 millones de euros de presupuesto se
destina a pagar los sueldos y la las estructuras de las propias
organizaciones.
"Las conclusiones apuntan a un muy disperso y desigual
funcionamiento de estas entidades, a la irracionalidad de las
políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje
territorial y, en definitiva, a la conveniencia de abordar al menos
una reforma en profundidad de estas instituciones", escriben Jaime
Castellano y Rafael Rivera, los autores del estudio.
“En cada Provincia habrá Diputación, llamada provincial, para
promover su prosperidad.” (Constitución de 1812. Art. 325)
Si le dicen que las Diputaciones Provinciales no se pueden
suprimir porque ellas garantizan servicios públicos esenciales de su
municipio, no le están diciendo la verdad. Esos servicios apenas
ocupan la quinta prioridad de una institución que es en general
ineficaz, poco transparente, poco democrática y cuyo principal
objetivo es proporcionarle bienestar a su propia estructura. De
hecho, la principal partida de gasto de las diputaciones -un 37% del
total- es su propia estructura y los sueldos de sus diputados y
funcionarios, muchos de ellos designados a dedo o fruto del
nepotismo.
La eliminación de las diputaciones provinciales es motivo de
disputa desde que UPyD propusiera abolirlas en 2012. Se trata de una
idea incómoda para el establishment político y que sobre todo duele
en el bipartidismo: el PP la rechaza de plano y el PSOE no sabe
realmente qué postura tomar. El fuerte rechazo a su eliminación por
parte de los socialistas andaluces hizo que Pedro Sánchez
enmudeciera repentinamente en febrero pasado cuando le correspondía
anunciar que había pactado con Ciudadanos su eliminación y su
sustitución por un consejo de alcaldes.
Políticas irracionales
Desde hoy, el debate sobre las diputaciones tendrá nuevos y
poderosos argumentos. La Fundación ¿Hay Derecho? ha elaborado un
estudio sobre las 38 diputaciones de régimen común (se excluyen las
diputaciones forales vascas y navarra, los cabildos canarios y los
consells baleares) titulado Coste y Utilidad de las Diputaciones
Provinciales: Claves para un Debate Necesario. Se trata de un
trabajo sin precedentes que abarca desde los antecedentes
históricos, jurídicos y económicos de las diputaciones y de un
análisis matemático de su coste y utilidad basado en los ingresos y
gastos de 2015. También se han recopilado aspectos cualitativos como
la calidad de sus políticas públicas y aspectos que favorecen la
aparición de redes clientelares corruptas.
“Las conclusiones del estudio apuntan a un muy disperso y
desigual funcionamiento de estas entidades, a la irracionalidad de
las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje
territorial y, en definitiva, a la conveniencia de abordar al menos
una reforma en profundidad de estas instituciones”, sostienen los
autores del informe, Jaime Castellano y Rafael Rivera.
Gastan en sí mismas
Las 38 diputaciones analizadas sumaron un presupuesto global de
6.358 millones en 2015. El principal destino de su gasto, más de
2.370 millones (el 37,4% del total) son las actuaciones de carácter
general, básicamente su propio sostenimiento, es decir, el coste de
la estructura. En segundo lugar, figuran las actuaciones de
protección y promoción social (pensiones de funcionarios, atención
a grupos con necesidades especiales y fomento del empleo) que
suponen 1.050 millones, el 16,5%. En tercer lugar, las diputaciones
gastan 1.027 millones (el 16,2%) en actuaciones de carácter
económico que incluyen infraestructuras básicas, comunicaciones e
I+D. Su cuarta prioridad es la producción de bienes públicos de
carácter preferente (sanidad, educación, cultura, ocio y tiempo
libre, deporte) con 810 millones (el 12,8%) y sólo la quinta
prioridad son los servicios públicos básicos (seguridad y movilidad,
vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) a los
que dedican 647 millones de euros, el 10,2%.
El gasto de las diputaciones
provincialesFundación ¿Hay Derecho?
Redes clientelares
Que la principal partida de gasto se agote en sostener una
estructura que, primero, no es homogénea (la ley permite a las
diputaciones una gran libertad para organizarse); que en segundo
lugar, no es transparente (apenas es controlada muy rara vez por el
Tribunal de Cuentas); que es poco democrática (sus miembros son
concejales elegidos pero designados en forma indirecta en función de
los votos obtenidos por cada partido en las elecciones municipales),
que no tiene competencias definidas y que, en quinto y último lugar,
se maneja bajo criterios presidenciales heredados del siglo XIX
cuando el presidente de la diputación era el “Jefe Político de la
Provincia”, es una puerta abierta para que, según el informe,
prosperen en las diputaciones las redes clientelares que favorecen
casos de nepotismo, despilfarro y corrupción.
Ahí están los casos del popular Carlos Fabra en la
diputación de Castellón, donde seis miembros del clan familiar han
presidido la institución desde 1874; de José Joaquín Ripoll en
Alicante, Alfonso Rus en Valencia, del socialista José Manuel Tofiño
y sus 105 funcionarios designados a dedo en la diputación de Toledo,
de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno” de la
diputación de Orense, condenado por haber colocado a 104 personas en
el organismo… Y esos son casos con nombre y apellidos a los que hay
que sumar el despilfarro en diputaciones como la de Lugo, Valencia,
Málaga o lo que sucedía en Sevilla, donde se pagaban hasta tres
complementos salariales que las Cámara de Cuentas de Andalucía
identificó como “ilegales”.
228 consorcios y 714 mancomunidades
Respecto de su capacidad para organizarse de forma autónoma, las
38 diputaciones estudiadas han generado 50 organismos
autónomos-administrativos, 19 organismos autónomos y 45 sociedades
mercantiles. Participan, además, en un total de 228 consorcios. Como
si este despliegue no fuera suficiente para cumplir sus objetivos,
toda esta estructura coexiste con 714 mancomunidades de municipios
que existen en las 38 provincias estudiadas.
Según los autores del informe, el ahorro de suprimir las
diputaciones manteniendo los servicios para los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes sería de 588 millones de euros. A medio
plazo, los ahorros podrían llegar a ser el doble: 1.230 millones de
euros, debido a que los cambios institucionales deberían producir
políticas públicas más eficaces. Este cálculo es consistente con el
que elaboró el economista Jesús Fernández Villaverde (1.200
millones) y algo superior a una estimación que ofreció Alfredo Pérez
Rubalcaba en 2011 cuando se mostró partidario de la medida.
Venezuela: la farsa (económica) acaba en tragedia
La economía de Venezuela se despeña. Abandonado como un paria del
sistema productivo mundial, ha perdido el 25% de su PIB en apenas
cuatro años. El futuro no es halagüeño
Carlos Sánchez EC
Hace algunas décadas, un dictador haitiano abandonaba Puerto
Príncipe a la fuga. Por cierto, nada extraordinario en un país
acostumbrado a los golpes de Estado. Y en el aeropuerto que le
llevaba a su exilio, espetó a sus compatriotas: “Les dejo un cigarro
prendido por las dos puntas”. Es muy probable que cuando el régimen
bolivariano sea expulsado del poder, Nicolás Maduro,
o su sucesor, pronuncie la misma sentencia que el dictador haitiano.
No habrá por dónde coger a un país arruinado y construido desde hace
décadas -desde luego antes de que Hugo Chávez
llegara al poder- sobre una farsa. Pero que ha tenido en el chavismo
su sumo sacerdote desde 1999, año en que los bolivarianos
juraron devolver el poder al pueblo.
En realidad, lo que le han devuelto es a la miseria.
Algunas cifras extraídas del último informe del FMI reflejan la
naturaleza y la dimensión de la crisis, sin tener en cuenta el
desprecio por las libertades. El año pasado, el PIB venezolano se
contrajo un 5,7%, pero es que este año, según esas previsiones,
caerá nada menos que un 8%, mientras que en 2017 el descenso será
todavía del 4,5%, después de haber retrocedido un 3,9% en 2014. Es
decir, el país se comerá cerca del 25% de su PIB en apenas cuatro
años.
Una verdadera calamidad para un país anegado de riquezas
naturales que sufre en carne propia eso que se ha venido a denominar
la ‘maldición del petróleo’, aunque en realidad
habría que decir la maldición de sus gobernantes y de la baja
calidad de sus instituciones. Y que ni siquiera ha podido aprovechar
la primavera económica que ha vivido el subcontinente americano
hasta hace pocos años gracias al encarecimiento de las materias
primas.
La economía venezolana es hoy una colilla tirada al suelo y
encendida por las dos puntas que nadie quiere coger, lo que explica
la fuga de divisas y la ausencia de inversión extranjera. No es para
menos teniendo en cuenta que este año la tasa anual de inflación
alcanzará el 720%, impulsada, como sostieneAlejandro Werner, director del FMI para la región,
por la monetización de los gigantescos déficits presupuestarios.
Clientelismo político
O lo que es lo mismo, el banco central venezolano está
imprimiendo billetes para mantener un sistema económico basado en el
clientelismo político, lo cual genera inflación a borbotones, además
de un aumento en el tipo de cambio del mercado paralelo y la escasez
de bienes esenciales por falta de divisas.
Venezuela será, de hecho, el país del mundo con más inflación en
2017. Nada menos que un 2.200%, si se cumplen las previsiones del
Fondo.
El desplome del precio del petróleo, obviamente,
tiene mucho que ver con ello. Venezuela, paradójicamente, se apuntó
a la guerra de precios en febrero de 2016, cuando en Doha los países
más influyentes de la OPEP decidieron congelar la producción de
crudo para seguir combatiendo las nuevas alternativas energéticas y
hacerlas insostenibles financieramente. El resultado ha sido una
caída imponente de los rendimientos por venta de petróleo. Nada
menos que un 17% del PIB. Es decir, como si en España los recursos
del sector público cayeran en nada menos que 170.000 millones de
euros de un plumazo.
La consecuencia, como no puede ser de otra manera, es que la
economía venezolana es
hoy por hoy una apestada del sistema productivo
mundial. Entre otras cosas, por sus rigideces cambiarias, lo que ha
provocado un gigantesco desequilibrio en su balanza de pagos, y que
este año alcanzará el 6,6% del PIB. Su prima de riesgo
-diferencial con el bono de EEUU- se ha disparado por encima del
3.000%, lo que da idea de la credibilidad de la economía de
Venezuela, donde la seguridad jurídica para los inversores
extranjeros simplemente ha desaparecido.
La farsa es todavía mayor si se tiene en cuenta que el Gobierno
venezolano ha intentado a toda costa mantener su sistema clientelar,
toda vez que ahí radica su respaldo político. Las divisas
disponibles por venta de petróleo y otras materias primas
están siendo utilizadas, principalmente, para financiar
importaciones de bienes esenciales a expensas de bienes intermedios
y de capital. Es decir, la inversión se sacrifica para mantener la
red de ayudas públicas bolivarianas. Y debido a ello, la capacidad
productiva se ha desplomado como consecuencia de la falta de bienes
intermedios, de los controles de precios y otras
regulaciones y controles administrativos generalizados y del
deterioro del clima de negocios, como aseguran los economistas del
FMI.
Una farsa en toda regla que el Gobierno bolivariano intenta
enmascarar culpando al exterior de sus penalidades. Y que viene de
lejos. Venezuela se negó en 2004 a que el FMI analizara su economía
de acuerdo con el Artículo IV del Fondo, al que Caracas está
acogido, y desde entonces es un país paria con unas estadísticas
oficiales que nadie cree. O no se publican o lo hacen con tanto
retraso que son inservibles para el análisis de la coyuntura.
Aun así, se prevé que este año el déficit fiscal primario
(sin el pago de intereses) alcance un estratosférico 23,4% del PIB,
con un nivel de deuda pública, paradójicamente, muy bajo. De apenas
el 36% del PIB. La causa de este reducido endeudamiento tiene que
ver con el hecho de que el Gobierno no puede salir al exterior para
financiarse (sus bonos se consideran basura -'rating' CCC-) ni
tampoco existe ahorro interno que pueda comprar la deuda, lo que
obliga al banco central a trabajar a fondo emitiendo moneda que, en
realidad, es papel de escaso valor, y que necesariamente genera
altos niveles de inflación y de pobreza.
Curiosamente, empeñando uno de los logros de la revolución
bolivariana: la lucha contra la pobreza, que había conseguido buenos
resultados en los últimos años. Como
reconoce la Cepal, “el patrón de crecimiento ha sido claramente
favorable a los pobres” en países como Argentina, Paraguay, Uruguay
y Venezuela. Pero ahora, con la crisis, pierden todos: los pobres y
las clases medias, toda vez que los más acaudalados hace ya años que
salieron del país.
Entre 2006 y 2015, el coste de la vida ha subido a un media anual
del 47%, arruinando a las clases medias y a los ahorradores. La
renta per cápita ha caído hasta los 16.773 dólares, ya muy cerca de
un país históricamente pobre, como es Brasil, y muy por detrás de
Chile, Argentina o Uruguay, pese a las rentas del petróleo.
Silencio ante la degradación democrática del «proceso»
Editorial La Razon 17 Mayo 2016
El Parlamento de Cataluña vivirá mañana una jornada especialmente
vergonzosa y un insulto para la democracia y las víctimas del
terrorismo. El secretario general de Sortu y dirigente proetarra
Arnaldo Otegi acudirá a la institución, atendiendo a la invitación
de la Comisión de Exteriores. Nada en su trayectoria política le
acredita para acudir a la sede de la soberanía popular a impartir
sus lecciones sobre la paz, como ya hizo en el Parlamento Europeo.
No sólo no fue un artífice de que ETA anunciase el final de su
actividad terrorista, sino que sigue reivindicando su pasado de
muerte y justificando sus acciones.
Recordemos cómo disculpó
recientemente dos de los atentados más sangrientos de la banda, que
tuvieron lugar precisamente en Barcelona. En 1987, ETA asesinó a 21
personas en Hipercor. Otegi ha argumentado que los que pusieron el
coche bomba avisaron, pero el artefacto estalló con su 27 kilos de
amonal y 200 litros de líquido incendiario compuesto por gasolina,
escamas de jabón y cola de contacto. En 1991 la banda atentó con el
mismo método en la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic: murieron
diez personas, entre ellas cinco niños.
La inmoralidad de este
dirigente abertzale le llevó a decir, también hace unas semanas, que
ETA ya había advertido de que, por su seguridad, los agentes y sus
familias no deberían vivir en los acuartelamientos. Bastan estos dos
ejemplos para comprender por qué la presencia de Otegi es una ofensa
a las víctimas y a los principios democráticos que los terroristas
se esforzaron en destruir sin conseguirlo.
La fascinación y la
empatía que siente una buena parte del nacionalismo radical catalán
hacia el mundo abertzale no viene de ahora. Siempre ha habido una
admiración hacia el ejemplo vasco y por su determinación de defender
«con las armas» sus derechos, aunque en realidad empleasen los
métodos terroristas más indiscriminados. Después de todo, catalanes
y vascos, según la mitología independentista, comparten el enemigo
común de España. Recordemos, por ejemplo, que en las elecciones al
Parlamento Europeo de 1987 HB –que era entonces la versión más dura
del brazo político de ETA– sacó en Cataluña 40.000 votos (el 11% del
total). Nueve días después, el 19 de junio, se produjo la matanza de
Hipercor. Esa alianza continúa y se ha renovado con la entrada en
las instituciones de Cataluña de la CUP, un partido de fuertes
principios fundamentalistas en lo político y en las costumbres;
anticapitalista –su asesor económico lo ha sido del chavismo, ahora
en ruinas–, y que recogió los modos y la estética del mundo etarra.
Ese grupo está determinando ahora la política en Cataluña y
permitiendo que Convergència gobierne en la Generalitat ante la
irresponsable complacencia de su supuesto votante moderado. La
frivolidad de los que tan alegremente apoyaron a HB vuelve a
reproducirse en la complicidad hacia la CUP –que no dejan de ser los
hijos airados de un nacionalismo de secta y trabuco–, como ahora
está haciendo el partido de Mas y Puigdemont. La portavoz de
Convergència en el Parlamento catalán, Marta Pascal (nacida en Vic,
tenía nueve años cuando el infanticidio de la casa cuartel), ha
mostrado toda su comprensión a Otegi, la misma que han demostrado
los dirigentes de la CUP, David Fernández y Anna Gabriel, serviles
admiradores del jefe proetarra. El Parlamento de Cataluña demuestra
con este acto, y ante el silencio de la mayoría de grupos, la
degradación democrática del «proceso».
Homenaje catalanista a Otegi en el 'Parlament'
Pablo Planas Libertad Digital 17 Mayo 2016
Junts pel Sí y la CUP han invitado a Arnaldo Otegi al Parlamento
catalán. A la comisión de Acción Exterior, en concreto, que preside
la convergente Marta Pascal. Los diputados de la CUP brindan con
calimocho en honor de Puigdemont al tiempo que los de CDC y ERC, más
contenidos, dedican la hora feliz en el bar de la cámara regional a
agotar por patriotismo el excedente de ratafía.
El Parlament ha visto de todo en las últimas décadas.
Estraperlistas, comisionistas, traficantes y muchos más delincuentes
de toda clase y condición. Sus señorías autonómicas han rendido
pleitesía a chorizos, longanizas y butifarras, así como grandes
honores a crónicos de Münchhausen tan notables como Artur Mas o el
mismo Puigdemont. Para que se entienda, el bar La Mafia del barrio
chino es más aconsejable para los escolares que una visita guiada
por el edificio de la Ciudadela que alberga la cámara, justo al lado
de zoo de Barcelona.
Dado el nivel marcado por las últimas comparecencias del clan Pujol
y las proclamas separatas de JxS y la CUP, no ha quedado más remedio
que invitar a un sujeto como Arnaldo Otegi, alias El Gordo,
Yo-no-he-sido y A-mí-qué-me-cuentas-Follonero, para superar el
listón de la inmundicia que ha depuesto en las instalaciones
parlamentarias de Barcelona.
En Cataluña, como en los peores tiempos del País Vasco, la política
consiste en disimular y justificar el terrorismo, ya sea de ETA o de
su filial Terra Lliure. Resulta elocuente que mientras que los
afectados por la inmersión lingüística se tienen que ir a protestar
a la Eurocámara, el individuo Otegi vaya a ser agasajado por los
grupos parlamentarios de ERC, CDC, el Podemos catalán y la CUP en el
Parlament.
Dado el escaso predicamento del separatismo en el País Vasco desde
que ETA dejó de matar, se infiere que las nueces del árbol de
Arzalluz se han recogido en Cataluña. De hecho, no es la primera vez
que se reclama la presencia de Otegi en el Parlament. A finales de
2013, la comisión por el derecho a decidir propuso su presencia a
instancias de ERC y la CUP. Otegi, desde la cárcel, declinó asistir
en una "Carta al pueblo de Cataluña" aduciendo que, si bien la CUP y
Esquerra habían pedido su presencia, Convergencia manifestaba sus
reservas. Obstáculo superado. Los convergentes han evacuado sus
timoratas reticencias y este miércoles, salvo imponderables de
última hora, Otegi, "el hombre de paz", se aparecerá en carne y
hueso en el Parlament, como la muerte en Hipercor, Vich o Sabadell,
para recibir el homenaje del catalanismo. CDC, ERC, la CUP y los
podemitas catalanes le arroparán en la fiesta de Halloween en
primavera: truco lapa o bomba trampa.