AGLI Recortes de Prensa   Lunes 23 Mayo  2016

Deuda impagable
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 23 Mayo 2016

Perdónenme por mi postura insociable, o, más bien diría yo, disociable, pero las cosas, pienso, hay que decirlas con honestidad y sin tapujos, sin falsas hipocresías.

Pienso, que, en general, estamos en una sociedad idiotizada y esclerotizada mentalmente. Es del género imbécil plantear el uso de una bandera en una confrontación de fútbol, con un fin, objeto o sentido de independencia para Cataluña, como un problema de Estado, cuando lo que acucia a la gente es otro tipo de preocupaciones. Sin duda, la Delegada del Gobierno de Madrid tiene razón. Y el juez también. Esa bandera no busca la confraternización deportiva entre dos equipos de fútbol, sino el enfrentamiento político, la confrontación pura y dura con el sentimiento español, la provocación, el insulto a quienes queremos Cataluña en España porque es española y lo ha sido siempre. Yo no soy futbolero, más bien me aburre querer encontrar en las tardes de domingo una emisora que tenga un programa cultural o algo digno de ser escuchado y no poder sintonizar nada que no sea fútbol. Pero el hecho de que este deporte se utilice como ariete político me produce nausea.

El juez, desde el plano de su profesión, tiene la obligación de salvaguardar la libre expresión garantizada por una Constitución en estado de derribo. Pero si antes, durante, o posteriormente a la celebración del partido de la Copa del Rey se produce algún incidente con consecuencias luctuosas, alguien tendrá la responsabilidad moral y ese no será ni la Delegación del Gobierno, ni el juez, sino quienes han dado alas y auspiciado la conversión de una liza deportiva en un enfrentamiento político. En el momento que escribo este artículo aún no ha comenzado el partido.

Decía, no obstante, que es triste que este asunto de tan escasa enjundia intelectiva se lleve la principal atención de escribidores de prensa, tertulianos y público en general, y no una noticia que ha saltado a las páginas de economía. Ya se sabe que esta parte de los periódicos es la menos leída debido a la baja formación financiera de la mayoría de la sociedad, más teniendo en cuenta la escasa proporción de lectores habituales de la prensa.

Se trata de que la deuda del Estado es la mayor en 107 años, superando ya el PIB de nuestro país, que es tanto como decir que debemos más de lo que tenemos. Eso para una familia supondría quedarse literalmente en la calle y para una empresa la suspensión de pagos. Pero un gobierno frívolo de un Estado desestatalizado se permite el sofisma de la excusa baladí de que están los tipos de interés bajos y ello le da píe para subir el listón del endeudamiento; y que el crecimiento de la economía ayudará a revertir ese proceso imparable. Como dice Aznar, ese planteamiento de pan para hoy y hambre para mañana es una trampa mortal para nuestro futuro, sobre todo teniendo en cuenta que más pronto que tarde Estados Unidos nos arrastrará en la tendencia de subida de tipos, y, entonces no podremos subvenir a cubrir el pago ni de los intereses crediticios, y mucho menos del principal. Es decir, que dejaremos a nuestros nietos un país en quiebra que serán incapaces de abordar, puesto que el sistema habrá llegado al concurso de acreedores. La seguridad social se habrá volatilizado y el sistema en su conjunto será incapaz de hacer frente a sus obligaciones presupuestarias y al mantenimiento de los servicios esenciales. Véase Grecia.

Me repugna que la política sea el arte de lo posible. Ese pragmatismo de miras cortoplacistas es de una inmoralidad que conturba cualquier conciencia que tenga algún atisbo altruista. La política debe ser, por el contrario, un compromiso moral con las futuras generaciones. Yo no me resigno a dejar a mis nietos un país inhabitable, descompuesto, sin derechos y libertades esenciales, sin la capacidad de abordar los servicios más elementales, infantilizado, tercermundista, empobrecido en sus esencias. Es una responsabilidad ética la que tenemos las actuales generaciones que soportamos esta democracia degradada con las futuras.

Yo denuncio la impasibilidad, el oportunismo cretinoide, la demagogia que nos lleva indefectiblemente a una situación inviable, que se puede cargar la propia cohesión y supervivencia de la Unión Europea, pues no creo que nuestros socios estén dispuestos a confraternizar con esta degradación de las cuentas públicas y las constantes trampas para sortear los incumplimientos de eso que se llama rimbombantemente los “objetivos del déficit”, como si el déficit fuera objeto de plantearse objetivos y no ser reducido a su mínima expresión. España no es Grecia ni por tamaño ni por demografía, y sería imposible una Unión Europea tal como la entendemos hoy con una España en situación de impago en un próximo futuro. No podemos estar eternamente viviendo del subsidio.

Un dato: en los años sesenta del pasado siglo, España no superaba el 15% de deuda sobre el PIB, y ahora hemos desbordado al propio Producto Interior Bruto. Se puede argumentar que el peso del Estado en aquellos tiempos era muy inferior, vale, pero quiero recordar que solamente habían transcurrido veinte años desde la finalización de la Guerra Civil, y las tasas de crecimiento económico eran apabullantes. Quien lo niegue, miente.

No puede ser que todos, sobre todo las Comunidades Autónomas, miren para otro lado ante este hecho de Estado. Es como si el pasaje de un barco que se hunde se esmerara en preservar su camarote, sin tener en cuenta que éste también va a ser engullido por el agua en cuanto se vaya a pique. Esto debe ser una responsabilidad colectiva. Y no se puede seguir con esta inconsciencia.

Lo que ocurre es que tenemos la peor clase política de lo que llevamos de democracia, unos políticos lastrados por la endogamia, el populismo, la demagogia, la picaresca y la corrupción política que es peor que la económica, y que solamente mira por sus intereses de seducir a una clientela incapaz de mirar algo con más altura que sus propios zapatos. Y así nos vamos todos al infierno.

Camino al abismo: las pensiones (y III)
Estamos en manos de la clase política más ignorante, apátrida y sectaria de Occidente, que carece de proyecto político o económico alguno. Sus propuestas son a cual más delirante
Roberto Centeno El Confidencial 23 Mayo 2016

Dentro del océano de mentiras y ocultaciones con que el régimen político y mediático mantiene anestesiado al ingenuo e iletrado pueblo español, hay una que causa particular asombro por su gravedad: la indiferencia ante la quiebra del sistema de pensiones. Los jubilados actuales, 8,5 millones, podrían sufrir recortes de hasta el 20% en cuanto se agote la 'hucha' de las pensiones, lo que ocurrirá a finales del año que viene, mientras que los jubilados futuros, unos 250.000 anuales, verán recortadas sus pensiones en un 40% a partir de 2019, de acuerdo con los nuevos sistemas de cálculo ya aprobados por ley. Se trata de un hecho directamente criminal, el mayor robo a la clase media y trabajadora de la historia de España y de Europa, cuyas cuotas a la Seguridad Social fueron utilizadas desde 1984 para financiar gasto corriente del Estado y CCAA.

Y este hecho crucial que representará la miseria para millones no parece preocupar a nadie -solo un 2,7% de españoles dice preocuparle, según el CIS-. La propuesta del PSOE, gran culpable del expolio, de crear un impuesto para las pensiones, subir patrimonio e impuestos medioambientales, resulta escandalosa. Aplastar más aún con impuestos a los españoles y en particular a los 5,5 millones de contribuyentes con rentas superiores a 24.000 euros -que tendrían que pagar una media de 4.000 euros año adicionales para cubrir la totalidad del agujero-, mientras se niegan a reducir el despilfarro político cuando solo las duplicidades entre AAPP nos cuestan 36.000 millones de euros. Pero antes de entrar en el análisis del tema, debo resaltar mi asombro ante la capacidad del régimen político y mediático de mantener dormida a la opinión pública.

Un caso que ilustra bien la connivencia entre poder político y poder mediático es el de Carlos Herrera, un gran profesional a quien escuchan millones y para quien “Rajoy es el político más injustamente infravalorado, y también podría decir lo mismo de Zapatero”. Es decir, que estas dos auténticas plagas bíblicas que han endeudado a España en más de un billón de euros arruinando el futuro de las próximas generaciones, que han llevado el paro a más de cinco millones, que han elevado los impuestos al mayor nivel de nuestra historia, que han empobrecido al 91% de los españoles reduciendo la renta disponible de las familias en un 20%, la caída más alta de Europa, que han llevado la desigualdad al mayor nivel de la OCDE y reducido la clase media en 3,5 millones de personas, están infravalorados.

Y es que hasta la Conferencia Episcopal, la Iglesia, pone sus medios, COPE y 13TV, al servicio de la ocultación y de la mentira. El último gran engaño a los españoles han sido las declaraciones de Rajoy al 'Financial Times', según las cuales, “la recaudación de impuestos está yendo tan bien que vamos a bajar impuestos”, algo que nadie parece haber contrastado, porque la evolución de los ingresos tributarios homogéneos el 1T16, según la Agencia Tributaria, muestra justo lo contrario, un desplome brutal de los ingresos, el -0,1%, que compara con un +4,4% del 1T15. ¿Pero cómo un jefe de Gobierno europeo puede ser tan increíblemente mentiroso? Y, sin embargo, lo que aparece en todos los medios es que Rajoy piensa bajar impuestos, nadie dice que ha mentido como un bellaco.

Un caso de emergencia nacional
La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) prevé que el déficit de la Seguridad Social en 2016 será del orden del 2% del PIB, un agujero de más de 20.000 millones de euros. Según las cifras del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, sus cuentas presentaron un déficit de 16.707 millones de euros al cierre provisional de 2015, frente a la cifra falsa que el Gobierno envió a Bruselas de 13.570 millones. Pero si la despreocupación de los pensionistas ante lo que se les viene encima resulta inaudita, lo que no tiene pase es la nula reacción de Bruselas ante la falsedad de las cifras de déficit público del Gobierno, dado que este es como mínimo del 5,4% frente al 5,1% oficial.

Y este año es peor aún, la estimación de déficit es del 5,8% (2,8%, Estado; 2%, Seguridad Social, y 1%, CCAA). ¿De dónde saca Bruselas que tenemos que recortar solo 8.000 millones en dos años? La diferencia con el nuevo déficit del 3,7% son 22.000 millones y solo en un año. Todos hablan como gansos de los mayores ingresos fiscales por el crecimiento; no sabemos cuánto estamos creciendo, pero lo que sí sabemos es que hasta marzo los ingresos han crecido cero, entre otras razones por el empobrecimiento de la mayoría. Según los datos fiscales de 2015, cuatro millones de contribuyentes viven con menos de 17 euros diarios, 3,9 millones disponen de entre 17 y 34 euros, 3,8 millones, de entre 34 y 50 euros, y 5,5 millones, 66 euros o más, a quienes el PSOE quiere cargar el agujero de las pensiones.

Por esta razón, la sostenibilidad de las pensiones es una auténtica emergencia nacional, y no solo para los pensionistas. Para una mayoría de ellos, la pensión constituye la única fuente de ingresos, porque con un 46% de paro juvenil, la pensión es el único ingreso tanto para los jubilados como para sus hijos y parientes cercanos, y trasladar el problema a los contribuyentes no soluciona nada. La solución solo puede venir por el recorte drástico del despilfarro público, que asciende a casi 100.000 millones anuales entre duplicidades entre AAPP, miles de empresas inútiles, cientos de miles de enchufados públicos -los salarios públicos suponen el 24,8% del gasto público, frente al 22,9% de la media de la OCDE- o el desmadre en educación y sanidad, cuyos costos han subido exponencialmente y su calidad empeorado desde que Aznar las transfirió a las CCAA.

De todas maneras, lo que ahora está ocurriendo es un 'déjà vu'. Ocurrió exactamente lo mismo en 2007 con la burbuja inmobiliaria. Dio igual que los inspectores del BdE alertaran en 2006 en un informe de que la irresponsabilidad de bancos y cajas nos iba a llevar al desastre; dio igual que todas la cifras demostraran que había una burbuja insostenible, o que algunos nos desgañitáramos explicando lo que iba a pasar. Los españoles cerraron ojos y oídos y prefirieron creer al contubernio de Gobierno, bancos y constructoras, según el cual no había ninguna burbuja y solo se iba a producir en “aterrizaje suave”. Solbes afirmaría, coreado por todos los medios, "cuanto más se endeuden para comprar pisos, más ricos serán, porque las viviendas nunca pueden bajar de precio”. En un Estado de derecho, hubiera ido directamente a la cárcel. Aquí, anda suelto y forrado.

Y el Gobierno actual está en la misma onda. ¿Se pueden creer que Rajoy 'apuesta' por mejorar pensiones y servicios públicos, bajando impuestos y manteniendo el cumplimiento de los objetivos de déficit? O sea, por el milagro de los panes y los peces, cuando jamás ha cumplido los objetivos de déficit, ha subido los impuestos al mayor nivel de nuestra historia, ha deteriorado los servicios públicos y la pensión media ha bajado un 3,6%. Rajoy nos toma por imbéciles. Dice que esto se arregla creando dos millones de empleos. En 2014 se crearon 417.000 y el déficit de la Seguridad Social subió hasta 11.000 millones, en 2015 se crearon 525.000 empleos y el déficit creció hasta los 17.000. Y en 2016, en que el incremento de los gastos hasta marzo multiplica por cuatro a los ingresos, no es de extrañar que Oxford Economics, una de las entidades mundiales más prestigiosas de previsión, afirme que “el sistema español de pensiones ha entrado en rumbo de colisión”.

La mayor estafa al pueblo español
Existen dos tipos de pensiones, las contributivas, que representan el grueso de las mismas con 113.000 millones (y de las que existen cinco clases -invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor familias-), y las no contributivas, constituidas por aquellas percibidas por personas que, encontrándose en situación de extrema necesidad, no hayan cotizado el tiempo suficiente o nunca, y que representan 11.500 millones. En total, 124.500 millones o el 11,6% del PIB oficial. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social creado en el año 2000 no dejaría de crecer hasta 2011, año en el que totalizaba 66.815 millones de euros, desde entonces no ha dejado de caer, hasta los 34.221 millones actuales.

Para empezar, las pensiones no contributivas tienen que financiarse con cargo a impuestos, pero el núcleo del problema es que los excedentes de las cuotas de la Seguridad Social, en lugar de mantenerse en una caja separada para financiar las pensiones de quienes las habían aportado a su jubilación, se han utilizado para financiar el gasto corriente del Estado. Entre 1984 y 1996, el PSOE utilizaría decenas de miles de millones de euros equivalentes para financiar el gasto corriente y el despilfarro autonómico, e inversiones como el AVE a Sevilla o el desmantelamiento industrial. En el año 2000, se crea la caja de las pensiones para conservar esos excedentes, pero ni siquiera eso evitaría el saqueo de las cuotas. En 2010, Zapatero rompería la caja para traspasar al País Vasco las políticas activas de empleo, y utilizaría hasta 15.000 millones de euros de las cotizaciones sociales para “maquillar otras políticas”, en acusación de Fátima Báñez.

Por supuesto, están los problemas de base, demográficos, paro y de los nuevos empleos basura, que hacen que los gastos superen de largo a los ingresos creando un déficit creciente, y que llevarían a la quiebra antes o después. Pero esa no es la situación hoy, el problema es el saqueo a que se han visto sometidas las cuotas de la Seguridad Social desde 1984. Imaginen las decenas de miles de millones de euros equivalentes colocados a interés compuesto en bonos del Tesoro, más todo lo que se ha sacado después. Ese dinero sería suficiente para mantener las pensiones 10/15 años más, y tiene que ser devuelto a los pensionistas actuales, a quienes se les robó de sus cuotas, algo difícil porque en España no existe una ley de responsabilidad política por gestionar mal el dinero público como en otros países, y no hablamos de los países serios, de los que estamos a años luz, hablamos de Argentina y Brasil, donde Kirchner y Rousseff van a ser procesadas por ello. Aquí, la clase política goza de una impunidad absoluta.

En todo caso, lo que no pueden hacer partidos que han robado, mentido y cometido mil tropelías es tratar de solucionar un problema generado por su incompetencia, aplastando más aún a impuestos a la clase media y trabajadora, cuya presión fiscal por familia es ya la cuarta de la OCDE y con los nuevos impuestos pasaría a ser la primera. La única manera es recortar el despilfarro político. He explicado que el modelo autonómico supone un despilfarro de unos 100.000 millones de euros respecto a un Estado descentralizado, pero cojamos solo una parte: las duplicidades entre AAPP, 36.000 millones de euros anuales. Solo eso serviría para mantener el sistema de pensiones 10 años más. ¿O acaso es preferible llevar a la miseria a millones antes de tocarles el negocio a los compadres? Por supuesto que sí, y es que para estas “ratas de alcantarilla”, en feliz denominación de Arturo Pérez Reverte, como diría en su día Rajoy, “eso ni se toca”.

En todo caso, la situación es ya totalmente insostenible, ¡y todos los partidos proponen incrementar aún más el número de nóminas públicas! -hay 14,7 millones públicas frente a 14,3 millones privadas-. Estamos en manos de la clase política más ignorante, apátrida y sectaria de Occidente, que carece de proyecto político o económico alguno. Sus propuestas son a cual más delirante: más gasto y más impuestos (PSOE y Podemos/IU); seguir ocultando el problema como desde 2012 a la espera de un milagro (PP), y “contrato único, mejorar el sistema educativo, impulsar en el Pacto de Toledo un modelo de financiación” (C´s), con un par. ¿Y no sería mejor escribir una carta a los Reyes Magos? Como afirma la Ley de Murphy: “Toda situación por mala que sea es susceptible de empeorar”. Este es el desenlace seguro del 26-J, hasta que el BCE y/o los mercados aguanten.

¿Desigualdad? Más intervencionismo, más pobreza
Daniel Lacalle El Espanol 23 Mayo 2016

“I realize now, nothing is new. This is the sign of the times” Belle Stars

Uno se levanta un domingo y lee con asombro a nuestro economista burbujero favorito, Paul Krugman, decir, sin ruborizarse, que la administración de Obama ha llevado a cabo una exitosa “guerra contra la desigualdad”. Ante el ascenso del populismo que suponen Trump y Sanders, y unas cifras económicas pobres, Krugman se inventa cosas que ni la izquierda reconoce. La propia Anna Bernasek en el New York Times lo desmiente y de hecho muestra que la tendencia de desigualdad se ha acelerado en los años de Obama y Matt Stoller lo corrobora. La desigualdad ha aumentado con Obama más que con Bush.

Veamos los datos oficiales de esa -ejem- exitosa “guerra”:
A nivel renta: Con los últimos datos, el uno por ciento de la población acumulaba el 22,46% de la renta, comparado con un 18,1% en 2009, el primer año completo de “políticas de Obama”. En índice de Gini, la desigualdad subió con Obama de un 0,468 a un 0,477.

A nivel riqueza: Tampoco se ha reducido la desigualdad, de hecho, se ha disparado. La política de cero tipos de interés e inyecciones monetarias ha hecho que la riqueza -a través de la inflación de activos financieros- sea mucho más concentrada. El 10% más rico ha pasado de tener un 71,5% de la riqueza a un 75,2%.

Encima, el aumento del intervencionismo no ha reducido la pobreza, que ha aumentado y hoy se sitúa en el 14,8% tras seis años de recuperación. En el mandato de Bush, la pobreza antes de la crisis nunca llegó al 11,7% y llegó a un máximo del 13%.

Es verdad que EEUU ha llevado a cabo una recuperación con elementos positivos y otros muy preocupantes. Pero gracias a que es una economía dinámica y sustentada en el esfuerzo individual y la iniciativa privada. El intervencionismo favorecido por la administración Obama solo ha hecho que sea la recuperación más pobre y lenta de la historia de EEUU y que la participación laboral se mantenga a niveles de 1978, cayendo en todos los segmentos de edad, mientras en Reino Unido, con demografía similar, se sitúa diez puntos por encima.

Yes, we can’t. Krugman, simple y llanamente, se equivoca.
De hecho, si algo demuestran los errores de la administración Obama es que, si se hubiera mantenido exactamente la misma política económica que con Bush Jr y Bill Clinton, la de fortalecer el proceso de recuperación reduciendo trabas, hoy la pobreza sería menor, el crecimiento real más cercano al potencial y la famosa desigualdad, menor. Como ocurrió en ciclos anteriores. Intentando “corregir” el ciclo, lo ha hecho más injusto y, lo que tenía que haber sido la recuperación más solida, tras $27 billones de expansión monetaria y fiscal, es la más débil de la serie histórica.

El falso mito de la desigualdad en España
Si nos trasladamos a España y el falso debate de la izquierda sobre la desigualdad, veremos lo que yo llamo “amnesia pre-electorial”. Hay que recordar a esos amnésicos de la desigualdad cuándo y cómo se disparó en España, tal y como muestro en “La Pizarra de Daniel Lacalle” (Deusto): la desigualdad en España (coeficiente de Gini) se situaba en el 30,7 en 2004, similar al 30,6 de los 27 países de la Unión Europea.

Entre 2004 y 2011, la desigualdad aumentó un 11% mientras gastábamos en subvenciones, planes sociales, de estímulo y todo tipo de políticas “protectoras”. Mientras tanto, en la Unión Europea (UE 27) se mantuvo a los mismos niveles de 2004. Durante el gobierno del PSOE (2004-2011) la desigualdad se disparó de 30,7 a 34 puntos, y con el último dato de Eurostat, ha bajado a 33,7 en estos cuatro años. Mirwemos a los datos, en riqueza y renta.

España es uno de los países de Europa con menor desigualdad de riqueza. El índice Gini (2015) para España es 0,67, uno de los menores de Europa junto con Bélgica e Italia, y muy lejos de los países europeos con mayor desigualdad en la riqueza como son Dinamarca (0,89) y Suecia (0,81).

En términos de renta, según estudios de la OCDE y el Instituto Juan de Mariana, la desigualdad en renta está en media con la Unión Europea cuando corregimos por los alquileres imputados. La desigualdad (índice Gini) de renta de España (0,297) se sitúa por debajo de Francia (0,298) y similar a Alemania o Italia.

Igualdad, no: prosperidad
El debate de la desigualdad es una excusa para intervenir. No quieren que los pobres sean menos pobres, solo que la clase media y alta sean menos ricos. Porque el intervencionismo asume que la desigualdad es un efecto perverso que puede solventarse desde la intervención estatal y no es así, se perpetúa. De hecho, se profundiza. Lo que importa es la igualdad de oportunidades, y es en eso en lo que tiene que centrarse el Estado, no en penalizar el éxito.

Pero igualdad de oportunidades no es educación de aprobado general, ni universidad con títulos como churros, ni becas porque sí. Igualdad de oportunidades es que la sociedad ofrezca a cada individuo los medios para conseguir lo que merezca con su esfuerzo. No prometer que vas a tener lo que no mereces, ni lo trabajas, ni pueden dártelo. Una cosa es una política redistributiva orientada al crecimiento y otra las que potencian la burocratización y el clientelismo. El propio Instituto Sueco de Análisis Social (en “The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality”) lo explica.

Funcionan cuando están orientadas a facilitar el crecimiento y las oportunidades para todos, pero “cuanto más nos fijamos en dar beneficios y crear igualdad vía transferencias de dinero público a todos, es menos probable que se reduzca la pobreza y la desigualdad”. La mejor política social es crear empleo, no crear comités. Pero claro, eso no da oportunidades para colocar amigos en un observatorio “de la desigualdad” o “de los salarios.”

Lo que ha demostrado este periodo, es que, ante una crisis, las políticas redistributivas intervencionistas solo consiguen perpetuar los desequilibrios y profundizar la injusticia, centrándose en confiscar lo que queda del desastre en vez de en facilitar la recuperación, para que sea más rápida, sólida y enriquecedora. Como decía Ronald Reagan, el éxito de los programas de bienestar social no debe medirse por lo que se gasta, sino el número de ciudadanos que no los necesita.

Infinitos lazos de Podemos y Venezuela
EDITORIAL El Mundo 23 Mayo 2016

En un Estado fallido y en imparable deriva autoritaria como por desgracia se ha convertido Venezuela, la separación de poderes es pura quimera. Ése es uno de los mayores obstáculos que impiden a la oposición impulsar una transición reformista pese a su rotunda victoria en las elecciones legislativas. El Gobierno chavista se ha parapetado gracias a que controla los principales resortes del poder, incluidos el militar y el judicial. De hecho, Maduro interpreta la Constitución a su antojo y ha impuesto el estado de excepción y emergencia, a la vez que decreta toda clase de normas para ningunear al Parlamento, porque cuenta con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, con una mayoría de magistrados conocidos por su adscripción al régimen -sólo en Navidades, el chavismo nombró a 13 nuevos jueces como escudo protector tras el triunfo opositor en las urnas-.

Pues bien, como hoy publicamos, la actual presidenta del TSJ venezolano, Gladys María Gutiérrez Alvarado, además de ser una ardorosa defensora de la revolución bolivariana, tiene viejos nexos con algunos destacados miembros de Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias. En concreto, Gutiérrez -que entre 2003 y 2005 fue embajadora en nuestro país- aprobó su tesis doctoral en 2011 en la Universidad de Zaragoza, con una investigación dirigida por un profesor que hoy forma parte del Consejo Ciudadano de Podemos en Aragón. En el tribunal también hubo dos personas vinculadas al partido, uno tan destacado como Juan Carlos Monedero. Se da la circunstancia de que poseer un doctorado -o título equivalente- es un requisito imprescindible en Venezuela para poder ser miembro de su Alto Tribunal. Gutiérrez fue nombrada presidenta de este organismo en 2013. Su elección acarreó enormes críticas porque difícilmente podía encarnar la neutralidad que exige el cargo tras muchos años de destacado activismo prochavista.

Al margen de la calidad de la tesis presentada por Gutiérrez, que desconocemos, es éste otro ejemplo más de los vínculos tan estrechos y abundantes que unen a los actuales líderes de Podemos con los prebostes del régimen chavista. Algo que echa por tierra los intentos de Pablo Iglesias y los suyos de tratar de marcar ciertas distancias con Caracas, como hacen últimamente.

Recordemos que en los años en que la hoy presidenta del Supremo venezolano estaría dedicada a su tesis, el régimen de Hugo Chávez pagó al menos entre cuatro y seis millones de euros a la Fundación CEPS -embrión intelectual de Podemos- por diferentes trabajos de asesoría y consultoría. Monedero, sin ir más lejos, tuvo que acabar dimitiendo de su puesto de responsabilidad en el partido el año pasado tras el escándalo de Hacienda al saberse que no había declarado un ingreso personal de 425.150 euros procedentes del Gobierno bolivariano. Y no fue el único caso cuando menos antiestético. Luis Alegre, uno de los líderes de Podemos en Madrid, fue premiado con 150.000 euros por Maduro por un panegírico sobre el pensamiento político de Chávez. La oposición venezolana, además, ha denunciado hasta fechas recientes que la Fundación CEPS habría seguido cobrando de Venezuela al menos hasta 2015, cuando el país ya estaba en bancarrota y el desabastecimiento general y las colas se han adueñado del paisanaje. Éstas relaciones tan peligrosas son, desde luego, una pesada hipoteca para un partido que hoy aspira a gobernar España.

El libro de los Jueces
SANTIAGO GONZÁLEZ El Mundo 23 Mayo 2016

Los políticos se han convertido en los chivos expiatorios de las desgracias nacionales, un lugar común de las conversaciones banales. Ellos lavan la culpa de quienes les votan y no se repara en el hecho de que la decadencia de España es una obra colectiva, en la que con los mismos mimbres se hacen todos los cestos. Los políticos están hechos de la misma pasta que los jueces, los periodistas y los profesores universitarios (piensen un momento en la cúpula de Podemos). Son del mismo material con que se hacen los sueños, como dijeron Shakespeare y Sam Spade.

Hablemos de los jueces, cuya aportación a la política consideran algunos imprescindible para subir el nivel de la vida parlamentaria. Todo empezó con Garzón, aquel día en que Felipe le propuso ir de número dos en la lista de Madrid. El resultado ya es historia. El juez metió el caso GAL en el cajón de los sumarios dormidos, mientras él perdía la batalla contra otro juez más listo, Juan Alberto Belloch, y su ayudante, Margarita Robles. Cuando esto fue evidente incluso para Garzón, dimitió de su Secretaría de Estado, entregó el acta de diputado, volvió a la Audiencia y sacó del cajón aquel sumario.

Ahora el joven Pedro ha repetido la jugada, poniendo tras de sí a Margarita Robles, que ha solicitado la pertinente excedencia como magistrada del Supremo. El CGPJ se la ha concedido, al tiempo que aplicaba el artículo 357 de la Ley del Poder Judicial: «"Cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicitara la excedencia voluntaria y le fuere concedida, perderá la condición de tal".

Margarita Robles ha culpado del asunto al presidente Lesmes, por la ojeriza que le tiene. Puede que se la tenga, pero la Ley dice lo que dice sin ambigüedad alguna: la pérdida de su plaza está vinculada a la concesión de la excedencia, no a la obtención del escaño.

Podemos ha renunciado a su ministra de Justicia ante la posibilidad de que vaya a juicio por los delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso. Yo entiendo el asunto. Para limpiar la gestión de los asuntos públicos es mejor que los regeneradores vengan corrompidos de casa. Así no tendrán que malearse en el ejercicio de su cargo.

Pudo ser candidato de Iglesias el juez Castro, cuyo momento épico es el procesamiento de la Infanta. Uno no es un gran fan de Cristina de Borbón por creer que tiene más inteligencia emocional que de la otra, pero le inspira una cierta empatía como cabrita expiatoria de todas las fobias españolas. Castro la sentó en el banquillo el día en que su hermano, el Rey, iba a dirigir su primer discurso de Navidad a los españoles.

Ahora ha terciado en el caso Manos Limpias con una carta al juez Pedraz, sólo para suscitar la sospecha de que la defensa de la Infanta trató de hacer con él lo que da por supuesto que hizo con Manos Limpias, tenderle una celada. Y escribe a Pedraz una carta doblemente redundante. Lo que cuenta sólo es una insinuación chismosa que ya le había contado por teléfono desde el móvil de otro juez ¡porque temía que le hubieran pinchado el suyo! Le falta por explicar sus fotos de copas con la abogada de Manos Limpias, si él sólo trata con los abogados en su despacho, pero es que Virginia sabe dónde ponen los mejores gin-tonics de Palma. Hay que leer su carta, tan ayuna de sintaxis como de razonamiento, con sobrecargas enfáticas en los adjetivos y aun en los adverbios (entrevistas clandestinas y altamente secretas) y compararla con la sobria y categórica respuesta de Roca. Habrá que escribir sobre el juez Castro el día en que su instrucción se quede en nada.

El PP no quiere bajar impuestos
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 23 Mayo 2016

Durante muchos años, el PP logró rodearse del aura de ser el partido que baja impuestos. Se trataba de un aura más propagandística que basada en hechos: esto es, un aura construida a partir de promesas mitineras y no tanto en reducciones efectivas de la fiscalidad. Baste señalar a este respecto que el ministro de Hacienda de la segunda legislatura de Aznar, el encargado de orquestar el radical ajuste tributario durante la omnipotente mayoría absoluta del aznarismo, fue Cristóbal Montoro. Sí, el ministro de Hacienda que, durante los últimos cuatro años, ha aprobado la mayor subida de impuestos de toda nuestra historia. Visto así, no resultará difícil entender la escasa convicción de fondo con la que el PP, el de antes y el de ahora, ha afrontado siempre las rebajas de impuestos.

Sin embargo, y como decía, es verdad que antes se preocupaban por guardar al menos las formas: siempre que los dirigentes del PP tomaban la palabra, prometían en un futuro alivios impositivos incondicionales. "Bajaremos los impuestos". Sin más. No se prometían bajadas de impuestos subordinadas a que la economía creciera, a que cumpliéramos con el déficit o a que tuviéramos un año soleado. No, se prometía bajar impuestos para crecer y aun cuando hubiera que recortar el gasto. Ésa era una (electoralista) seña de identidad deliberada. Ahora ya no. El PP ahora sólo reduce impuestos si las circunstancia externas acompañan: es decir, minorar los tributos ha dejado de venderse como un resultado que deba alcanzarse mediante una acción política encaminada a tal efecto, y apenas consiste en una declaración aséptica y abstracta de buenas intenciones. "Si nos sobra el dinero, devolveremos algo a los ciudadanos".

Tomemos, por ejemplo, el reciente caso de Rajoy en el Financial Times: "Si los ingresos continúan creciendo como hasta ahora, plantearemos otra rebaja de impuestos". O cojamos las recientes declaraciones de Cristina Cifuentes: "Mi compromiso es no subir los impuestos (…) a mí me gustaría incluso poder bajarlos y espero que la situación económica lo permita. Pero lo que no voy a hacer es subirlos". A saber: si las lluvias acompañan, abriremos un poco el grifo. Como si recortar los tributos no fuera una decisión que dependiera exclusivamente de quienes elaboran los presupuestos, esto es, de los políticos: una decisión tan simple como aceptar renunciar a una pequeña porción del enorme botín que hoy arrebatan a los ciudadanos.

Cuestión distinta, claro, es que la prioridad del PP no sea bajar impuestos, sino mantener el actual volumen de gasto público. En tal caso sí: si la recaudación no aumenta, entonces no hay margen para bajar los impuestos. Pero, dentro de ese escenario, tengamos bien claras cuáles son las auténticas preferencias de los populares: primero, apuntalar la burbuja estatal; después, si acaso, repartir algún aguinaldo fiscal entre los ciudadanos (idealmente, antes de las elecciones). Ésa y no otra es la política tributaria del PP: amagar con una zanahoria mientras nos azota inmisericordemente con el palo montoriano. Al menos, ahora ya no lo ocultan como antes.

Corrupción: ¿el mundo al revés?
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 23 Mayo 2016

Recientemente, en un artículo aparecido en el New York Times sobre la falta de protección de los denunciantes de la corrupción (ejemplificado en la historia de Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel y ex empleada pública en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte) el autor comentaba, casi de pasada, que España tenía uno de los Gobiernos más corruptos de Europa. Es la explicación que ofrecía a sus lectores de que conductas que en otros países son fomentadas y defendidas en nuestro país podían acarrear el ostracismo profesional y hasta social y acabar con la carrera profesional del denunciante además de acarrear, en no pocas ocasiones, unos costes personales muy altos. Efectivamente, la situación de los denunciantes de las tramas corruptas en España da mucho que pensar sobre el verdadero funcionamiento de nuestro sistema político y sobre la naturaleza de sus incentivos.

En otro documental realizado mediante crowfunding y estrenado prácticamente en la clandestinidad -con apoyo de la sociedad civil-, Corrupción, el organismo nocivo, sobre la extensión de las tramas corruptas en Cataluña particularmente a nivel local, se cuenta por uno de los entrevistados cómo denunció a sus superiores la corrupción existente en unos cursos de formación. ¿La reacción? El cese fulminante. Otras veces, sencillamente no hay respuesta, por muchas denuncias que se dirijan a quienes supuestamente tienen la responsabilidad de velar por la defensa de la legalidad. En los casos peores, se convierte la vida personal y profesional del denunciante en un auténtico infierno, dado que quienes protegen la corrupción -que suelen tener mucho poder- se dedican sistemáticamente en desprestigiar al que la denuncia, delante de sus compañeros o ante la sociedad en general. Se les convierte en parias, en apestados. Así se manda una señal clara a los que pudieran tener tentaciones parecidas y de paso se consigue apartar el foco de lo que realmente importa: si existe o no la corrupción denunciada y si hay que asumir responsabilidades políticas o incluso judiciales.

El mecanismo siempre es el mismo. Y como explicaba una de las personas que aparecía en el documental, si el sistema expulsa y reniega de las personas honestas que intentan hacer bien su trabajo y que se cumpla la ley, cabe preguntarse por la naturaleza del sistema. La contestación es obvia: se trata de un sistema profundamente corrupto.

He comentado muchas veces que la corrupción es mucho mayor allí donde los controles preventivos son más débiles y donde el diseño institucional (monopolio discrecional en la toma de decisiones, falta de transparencia y rendición de cuentas) la favorece. En el reciente estudio sobre Diputaciones provinciales de la Fundación ¿Hay Derecho? hemos puesto de manifiesto subraya los problemas institucionales de estas entidades locales, problemas que favorecen la aparición de tramas clientelares, despilfarro y corrupción. Los datos demuestran que no hay casualidades, hay causalidades. Pero el problema es que esa falta de controles no se limita al ámbito local, sino que se ha ido extendiendo a todos los niveles de la Administración. Ha llegado por supuesto a las Comunidades Autónomas: la extensión de las tramas corruptas en Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía habla por sí sola. Pero también ha llegado a la propia Administración General del Estado, considerada hasta hace poco -y con razón- la joya de la Corona de lo que Fukuyama (en su extraordinario libro Political Order and Political decay) denominaría una "Administración weberiana": una Administración que cuenta con una burocracia profesional, meritocrática y que sirve con fidelidad los intereses generales.

Lamentablemente ya no podemos estar seguros de que esto siga siendo así. El caso Aquamed (sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) ilustra perfectamente cómo también la falta de controles y la politización ha llegado al entorno estatal, eso sí, mediante la aparición de este tipo de organismos que han proliferado como setas en los últimos años, sin demasiados motivos objetivos. O más bien con un único motivo: flexibilizar la gestión, es decir, eludir los controles administrativos tanto en el reclutamiento del personal como en los procesos de contratación. Controles que, por ejemplo, hubieran impedido o al menos dificultado inflar los contratos públicos a favor de una determinada empresa. Por otro lado, es difícil sostener que lo que se hacía en Aquamed era desconocido en el Ministerio del que dependía, dado que la sociedad estaba presidida por el propio secretario de Estado de Medio Ambiente y que en su Consejo de Administración contaba con altos cargos del mismo. No solo eso, era en el Ministerio donde se decidía qué proyectos se contrataban directamente por sus órganos administrativos y cuáles se gestionaban por Aquamed. No había ninguna diferencia técnica entre unos y otros, más allá de la voluntad política de gestionarlos de una u otra forma o dicho de otra manera, de controlarlos más o menos.

Como es sabido, el presidente de Aquamed tuvo como dimitir cuando ya era subsecretario del Ministerio de Presidencia a raíz del escándalo. Pero quizá lo más interesante es que los técnicos de Aquamed que denunciaron las irregularidades y gracias a los cuales se iniciaron las investigaciones judiciales no sólo no fueron atendidos por sus superiores sino que fueron despedidos con el beneplácito del Consejo de Administración de la entidad. A día de hoy, siguen despedidos, pese a que gracias a su actuación algunos directivos de Aquamed acabaron en la cárcel y se destaparon las irregularidades. La historia no acaba aquí: estos directivos -una vez excarcelados bajo fianza, aunque siguen siendo investigados- han vuelto a sus puestos de trabajo tranquilamente. Los que los denunciaron, por el contrario, no. Las cartas dirigidas solicitando el reingreso a la ministra de Agricultura no han sido atendidas. ¿El mundo al revés? Pues a lo mejor no tanto. Depende de cómo funcione el mundo.

Efectivamente, piensen por un momento en que lo sucedido en Aquamed ha sucedido en otras muchas empresas públicas. Es más, ha sucedido en la mayoría de las Administraciones Públicas donde se han emitido Instrucciones políticas para hacer favores a empresas amigas, de las que inevitablemente se han aprovechado unos cuantos intermediarios espabilados, como el director general de Aquamed. El propio ex presidente de Aquamed (que fue secretario de Estado con el ministro Arias Cañete) ha declarado recientemente que las instrucciones las recibía del ministro, que, por supuesto, estaba al tanto de todo, si bien no firmaba nada personalmente. Es fácil entender que en ese contexto de clientelismo y corrupción generalizada al más alto nivel resulta muy peligroso denunciar, máxime en un país donde mantener un puesto de trabajo fijo en el sector público puede marcar la diferencia entre una vida profesional tranquila y la precariedad o el desempleo. Que se lo digan a los despedidos disciplinariamente de Aquamed. Por otro lado, los cargos públicos tienen bastante claro que desobedecer ordenes políticas no favorece en nada su carrera administrativa. Y en cuanto a los políticos son fieles escuderos del líder del turno.

En definitiva, no se protege al denunciante de la corrupción como se debiera por la sencilla razón de que se prefiere proteger al corrupto o al que tolera o consiente la corrupción. Entre otras cosas porque el corrupto puede tirar de la manta y poner de manifiesto que, después de todo, él no era sino una pequeña pieza en un engranaje perfectamente engrasado y montado -o tolerado, tanto da- desde arriba. La corrupción y el clientelismo ha sido y sigue siendo una forma de gobernar en este país. Fukuyama diría que esta situación es prácticamente inevitable en Estados débiles que han alcanzado la democracia antes de haber fortalecido sus instituciones, de haber constituido un Estado de derecho digno de tal nombre y de disponer de una burocracia meritocrática y profesional.

Las buenas noticias son que, guste o no guste al Gobierno en funciones (y desde luego es comprensible que no le guste, dada su responsabilidad política y la poca voluntad que ha puesto en combatirla) las encuestas del CIS insisten en que la segunda preocupación de los españoles sigue siendo la corrupción. No se trata por tanto de un fenómeno pasajero, que se vaya a olvidar durante la campaña electoral. Más bien todo hace pensar lo contrario. Tampoco es válida la teoría de las pocas manzanas podridas cuando es el cesto el que se deshace ante nuestros ojos. Ni siquiera el loable esfuerzo de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es suficiente, máxime cuando la reciente y poco inocente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (una especie de amnistía vergonzante diga lo que diga el ministro de Justicia en funciones) va a permitir en breve el archivo de muchas causas, entre ellas también las que afecten a casos de corrupción. Por tanto, la corrupción seguirá estando mucho tiempo en el centro del debate público como debe ser si aspiramos a mejorar nuestra democracia y nuestras instituciones y a alcanzar a los Estados más prósperos del mundo. El día en que nuestros denunciantes de la corrupción duerman tranquilos y reciban el agradecimiento de nuestros ciudadanos podremos decir que lo hemos conseguido.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora del blog ¿Hay Derecho? y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

'Mafo', o cómo pedir ajustes y cobrar prebendas millonarias
EDITORIAL El Mundo 23 Mayo 2016

COMPLEMENTARIA a la que publicamos el pasado miércoles, la información que desvela hoy EL MUNDO revela la catadura moral del que fuera gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido por el acrónimo de 'Mafo', aprobó en 2008 un sistema de pago de indemnizaciones doradas con dinero público a altos cargos de la institución, sólo dos semanas después de la quiebra de Lehman Brothers. Las imágenes de los empleados del banco de inversiones estadounidense abandonando la sede principal de la entidad con sus pertenencias en cajas de cartón fue la constatación gráfica de la gravedad de la crisis internacional a la que nos enfrentábamos. Así lo reconocía el propio 'Mafo' en el Congreso sólo seis días después de haber aprobado el privilegiado sistema de prebendas. Entonces, ante la Comisión de Presupuestos, advirtió de la imperiosa necesidad de rebajar el déficit público y contener los costes salariales, evitando «la inercia alcista». «La situación es tremenda», advirtió, «desde la caída de Lehman aquí todo ha cambiado, ha supuesto un cambio radical de pérdida de confianza en los mercados».

Y sin embargo, la Comisión Ejecutiva del regulador bancario tomó la decisión, sólo conocida indirecta y parcialmente gracias a un reciente informe del Tribunal de Cuentas, de que sus responsables ejecutivos pudieran recibir una doble indemnización aun en el caso de que abandonasen su puesto de forma voluntaria. Gracias a este sistema, el ex gobernador y el ex secretario del Banco de España, José Antonio Alepuz, cobraron entre los dos casi 700.000 euros cuando abandonaron la entidad en 2012. Ese mismo año, el Gobierno intervenía Bankia y solicitaba un rescate bancario a la Unión Europea para poder llevar a cabo un saneamiento financiero debido al endeudamiento y la sobrexposición al ladrillo del sector, especialmente de las cajas de ahorros vinculadas a gobiernos autonómicos, partidos y sindicatos.

Una situación insostenible que, pese a los informes advirtiendo del grave riesgo que existía para nuestra economía de la Inspección del Banco de España, fue negada y ocultada reiteradamente por 'Mafo'. Una actitud irresponsable que ha provocado que todos los españoles tengamos que pagar el agujero de las cajas y que nuestro país sufriera una campaña de desprestigio en los mercados internacionales que puso en riesgo nuestra financiación y retrasó la salida de la crisis. Todavía el pasado mes de enero, en la presentación de su último libro, se atrevió a asegurar que la responsabilidad de «ponerse de rodillas» y pedir el rescate fue responsabilidad única del Gobierno de Rajoy, que apenas llevaba seis meses de legislatura. No hay que olvidar tampoco que fue bajo su mandato cuando el Banco de España permitió que Bankia saliese a bolsa incluyendo en su folleto «graves inexactitudes», en palabras del Tribunal Supremo, sobre la veracidad de sus balances. Actualmente, con el caso aún bajo investigación en la Audiencia Nacional, la entidad ahora intervenida ha tenido que provisionar 1.840 millones de euros para devolver el dinero estafado a los pequeños inversores que compraron acciones en 2011.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuyos principales méritos para ser nombrado gobernador del Banco de España fueron haber sido secretario de Estado con Felipe González y con Rodríguez Zapatero, jugó también un destacado papel en las elecciones que ratificaron a éste último como presidente del Gobierno en 2008. Unas semanas antes de las elecciones, el INE publicaba una cifra de crecimiento del cuarto trimestre de 2007, rectificada meses después, para demostrar que, como decía Zapatero, España no sufriría la crisis. Y quizá por ello, reiteró en diversas comparecencias que el sistema financiero español era de los más solventes del mundo y que nuestro país no corría ningún riesgo de recesión.

Preguntado por el Tribunal de Cuentas el pasado febrero, 'Mafo', como se puede leer en el documento que publicamos hoy, responde que no tiene «ninguna observación que hacer» sobre un sistema de indemnizaciones que, aunque legal, dada la autonomía de la que disfruta el Banco de España, es de una asombrosa falta de ética. Actitudes cínicas como la suya han contribuido al desencanto de la ciudadanía con sus dirigentes políticos y los directivos y cargos públicos.

Sindicatos y asociaciones de funcionarios ya han anunciado la posibilidad de llevar el asunto a la Fiscalía. El ministerio público debe llegar hasta el fondo para determinar si este tipo de comportamientos, que no deberían quedar impunes, pueden constituir delitos de malversación.

Cataluña, el fútbol y la libertad de expresión
EDITORIAL Libertad Digital

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 dejó el pasado viernes sin efecto la orden de la delegada del Gobierno en Madrid por la que se prohibía la entrada a la final de la Copa del Rey de Fútbol de las banderas estrelladas, símbolo utilizado en los actos de masas por las fuerzas separatistas catalanas.

Aunque las críticas que han llovido sobre la delegada madrileña del Gobierno, Concepción Dancausa, pretenden que esa orden obedeció a un impulso irreflexivo, conviene recordar que fue una decisión adoptada a petición de la Federación Española de Fútbol, entidad organizadora del evento deportivo y que, ya en el ámbito judicial, recibió el pleno apoyo del fiscal del caso. La propia Dancausa es una jurista de larga y reconocida trayectoria, incapaz por tanto de adoptar una resolución de estas características sin tener detrás razones suficientemente sólidas para ello.

Pero el apoyo a Dancausa por parte de la federación y la fiscalía no ha tenido su adecuado reflejo ni en el Gobierno ni en su partido. El Ejecutivo nacional osciló entre ponerse de perfil -su posición natural cuando se trata de los nacionalistas-, o criticar la decisión de su compañera, abandonada a su suerte en una cuestión de calado en la que debería haber estado arropada políticamente, fuera cual fuese la resolución judicial posterior.

Pero lo peor de todo este asunto es que se brinda a los nacionalistas catalanes una victoria en lo que respecta a su imagen exterior. Los separatistas catalanes, responsables directos de las mayores vulneraciones de los derechos humanos, pasan ahora por víctimas inocentes de un centralismo trasnochado, del que sólo han podido zafarse en el último minuto gracias a la decisión heróica de un juzgado.

Esta es la consecuencia de la estrategia desastrosa de un Gobierno que hace el mal incluso cuando pretende, a su manera, hacer el bien. A lo largo de cuatro largos años, gozando de una mayoría política arrolladora, Rajoy ha decidido dejar Cataluña en manos de los que han convertido a aquella región española en un reducto sin Estado de Derecho. Si se hubiera actuado con firmeza en asuntos de mucho mayor calado -la educación en español y la intentona secesionista principalmente-, la mamarrachada antinacional de las banderas estrelladas en el fútbol podría haberse evitado.

En cambio, el Gobierno ha brindado a los odiadores de la nación española y del resto de españoles una victoria de la que sólo cabe extraer una consecuencia anecdótica pero positiva: este domingo asistimos a la primera ocasión en que los separatistas catalanes obedecieron a pies juntillas una decisión de la Justicia española.

En cualquier caso, la única vía eficaz para terminar con estos comportamientos tan asquerosos en el deporte es sancionar severamente y, en su caso, expulsar al club de la competición. Sería impensable que la NBA mantuviese en la liga a una franquicia cuya afición silbase sistemáticamente el himno de EEUU al inicio de cada partido. A los estadounidenses no les gusta que se les insulte. Normal. Lo raro es lo de aquí.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Del bipartidismo imperfecto al bicobardismo perfecto
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 23 Mayo 2016

Si el lío político-judicial de las banderas del separatismo terrorista catalán se hubiera producido unos días antes, el Parlamento de Cataluña podría haber recibido a Otegui con la parafernalia simbólica que la ETA exhibió en la rueda de prensa que inauguró el protectorado terrorista que había pedido Carod Rovira y finalmente pactó –siendo presidente de la Generalidad en funciones- con el jefe etarra Josu Ternera. Por ese pacto las provincias catalanas quedaban exentas de los asesinatos que la banda seguiría intentando en las de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. A cambio, la Esquerra se comprometía a representar políticamente a la ETA en España y el Extranjero. Fue en Enero de 2004, dos meses antes del 11M, la fecha en la que, según reconoce el propio Otegui, "cambió todo".

Como en los actos de homenaje a los etarras vivos o muertos, los proetarras catalanes, que tras lo de Otegui son ya todos los nacionalistas, podrían haberle hecho al terrorista un pasillo de ikurriñas y esteladas hasta la tribuna del Parlamento, donde los separatistas entonarían, con chuletas de ayudamemoria, el Eusko Gudariak y Els Segadors.
Con Otegui, sobran pinganillos

Subrayemos que el pistolero conocido como 'El Gordo' desde sus años de poli-mili, o sea, Otegui, utilizó el español en su encuentro con sus socios catalanes, que también usaron la odiosa lengua opresora para entenderse mejor con su ídolo.

Tras la emotiva proclamación de su pacto para destruir España, la lengua común de vascos y catalanes, amplísimamente mayoritaria en ambas comunidades, volvió a ser maldita, multable y execrable, pero el acto sirvió para demostrar la onerosa ridiculez del pinganillo traductor en el Senado: cuando quieren entenderse en los asuntos importantes, por ejemplo con la ETA o en el vestuario del Barça, todos hablan español. Si no lo hacen en el Senado es por humillar a todos los españoles. Y porque a esa izquierda que no merece llamarse española pero que vive y muy bien de los impuestos de todos nosotros, suele complacerle denigrar a nuestra Nación.
Meritxell, equidistante entre la bala y la nuca

Pero la proclamación de Otegui como Conseller en Cap honorario y real de la Generalidad separatista, porque sus fans de la CUP son los que realmente mandan en Cataluña, sirvió para que los socialistas, la mitad del bipartidismo imperfecto que ha gobernado España durante cuarenta años, demostrara que ha alcanzado la última fase de su ciclo: el bicobardismo perfecto. Mientras los nacionalistas de todos los partidos homenajeaban a la ETA en la persona del terrorista Otegui y el PP y Ciudadanos se reunían con las víctimas del terrorismo en Cataluña -de la ETA y de Terra Lliure o ETA Lliure, por sus estrechísimos vínculos de siempre con la banda etarra-, la decapitadora, Iceta mediante, de la otrora indiscutible Chacón, Meritxell Batet, nº 1 del PSC por Barcelona y estrecha colaboradora de Pdr Snchz, decidía no decidirse por ninguno de los dos bandos, el de los verdugos o el de las víctimas. Aunque, por supuesto, lo que defendió en los medios fue la legitimidad de que Otegui fuera homenajeado en el parlamento catalán.

Es difícil imaginar mayor traición al Pueblo Español, que es el titular de la Soberanía Nacional y la fuente de sus ingresos, que la perpetrada por la otrora primera fuerza política de Cataluña: colocar al separatista Álvarez al frente de la UGT estatal y declararse neutral entre la ETA y sus víctimas. Sin embargo, la traición del PSC al PSOE y a España adopta la forma del cobardismo. Traición fue la del Tripartito de Montilla al doblar la cuantía de las multas por rotular en español los modestos comercios de Cornellá o Santa Coloma de Gramanet. Cobardía, dentro del cobardismo generalizado, es la de Meritxell, que prefiere no elegir entre los asesinos y los asesinados. En el País Vasco, entre el PP y la ETA, ZP y Eguiguren eligieron a la ETA. En Cataluña, cobardean porque hay elecciones, pero su bando está claro.

El cobardismo de Rajoy: el PP estelat
Xavier García-Albiol salvó el honor del PP en el homenaje a Otegui. Sin embargo, como Rajoy ha hecho de la cobardía un deporte profesional sólo tardó dos días en traicionarse, al estallar el Caso de las esteladas. Sólo Albert Rivera apoyó a Dancausa en su prohibición de una bandera que, tal y como ha explicado Pablo Planas en LD, no es la del separatismo catalán, sino la de los separatistas terroristas, la del EPOCA y la banda Terra Lliure.

El cobardismo de Rajoy alcanzó, en todo caso, un nivel estratosférico al desentenderse de la decisión de la Delegada del Gobierno en Madrid, que no sólo aplicó la Ley sino el sentido común, previendo conflictos entre las aficiones sevillista y nacionalista catalana, que no azulgrana, porque esa bandera no es la del Barça, ni la oficial de Cataluña, que es la de las cuatro barras del Reino de Aragón, ni siquiera la "cubana" o separatista antigua del Estat Catalá del coronel español Francesc Maciá, con el triángulo azul. Y el heroico Albiol del martes se tornó el jueves tan cobarde como el jefe real del PP catalán, Jorge Fernández Díaz, reprobando la actuación de la delegada del Gobierno en Madrid, que además de ser legal no le correspondía juzgar a él, si no fuera porque el papel de Pujol, Roca o Durán que siempre quisieron heredar los Fernández Díaz era y es el de agentes de todo lo catalán en Madrid, incluidos los intereses dudosos o abiertamente delictivos de tipo empresarial y las asociaciones nebulosa o claramente terroristas, como es la de la estelada y Terra Lliure.
Jueces que juzgan lo que no saben

El cobardismo perfecto en que está desembocando el bipartidismo imperfecto del PP y el PSOE, se manifiesta, sobre todo, por la deserción de los dos grandes partidos en todos los debates de la opinión pública. Hubiera bastado que García-Albiol, Fernández Díaz, Rajoy o, lo que parece lógico, porque para eso es la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareciera en rueda de prensa mostrando cinco banderas: la azulgrana del Barça; la blanca y roja con la cruz de San Jorge, propia de la ciudad de Barcelona; la cuatribarrada oficial de Cataluña; la "cubana" separatista y la separatista terrorista de Terra Lliure , exhibida y asumida por la ETA en esa rueda de Prensa que formalizó el pacto terrorista-separatista.

Si Soraya, que va de sabihonda y es más huera que el Sacromonte, hubiera explicado en cinco carteles la naturaleza de la estelada, aventando el analfabetismo periodístico y dificultando el odio a España de la horda podemita que ella teleamamanta, habría evitado el juez de lo Contencioso este terrible error en su auto: "En ningún caso ha resultado probado que la exhibición de la estelada pueda incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana".

Con todo respeto, Señoría: no tiene ni idea de lo que dice. Desde su origen como símbolo del separatismo radical y violento, la estelada representa el proyecto dictatorial de Terra Lliure y de la ETA. Cientos de asesinatos, miles de atentados, decenas de miles de víctimas, centenares de miles de exiliados son el resultado de esa política violenta, xenófoba, racista, discriminadora y que atenta contra la dignidad humana.

¿Tiene la obligación un juez, aunque sea de lo Contencioso, de saber esto? Moralmente, la tiene. ¿Tiene la obligación el Gobierno de España -y los dos partidos que se han turnado en él durante casi cuatro décadas- de explicarlo por si los jueces, de lo Contencioso o de lo que sea, no lo saben? Moral, política y hasta legalmente, la tienen. ¿Y por qué no lo hacen? Por lo dicho antes: al bipartidismo imperfecto le ha sucedido el bicobardismo perfecto. El resultado se verá pronto: hoy, en el fútbol; el 26J, en las urnas.

¡Prohibamos la UEFA!
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 23 Mayo 2016

Ya hemos comprobado que ni los jueces de lo Contencioso ni este Gobierno de lo Administrativo saben o quieren saber que la estelada es una bandera creada por el separatismo terrorista catalán, o sea, Terra Lliure, antes Exèrcit Popular de Catalunya, los del asesino del matrimonio Bultó que TV3 define como "independentista gran reserva", por supuesto con el respaldo del CAC. Y que esa bandera se inventó precisamente para diferenciarse del separatismo tradicional, el de la ERC de Maciá, que copió la bandera de Cuba poniéndole el triángulo azul a la cuatribarrada clásica, de ahí que se le llame "la cubana". Pero hasta hoy la bandera o estandarte oficial de Cataluña es, según el Estatuto, la cuatribarrada del Reino de Aragón. Y ninguna de las tres -tradicional, separatista antigua o moderna- es la azulgrana del Barça.

Es evidente que si ese club que hace años que no es de fútbol sino que, con el apoyo de la Federación Española de Villar, actúa como Oficina de Propaganda del separatismo catalán, insiste en hacer suya esa bandera en la final de la Copa de España -del Rey, de la República o del Generalísimo, es siempre de España- lo hace para ofender a los españoles y politizar el fútbol. ¿Qué parte de la ofensa a los españoles -delito de odio- no ven los jueces? ¿Qué ceguera finge Rajoy, a cuyo lado el último desertor es El Jabato?

¿Y cómo la recua de politicastros maricomplejines y rojicomplejines se atreve a hablar de "libertad de expresión" para legalizar los ataques a los españoles cuando en Cataluña se multa por rotular comercios en español, se prohíbe la escolarización en nuestra lengua y se agrede, como acaban de denunciar y documentar en el Parlamento Europeo, a los padres y profesores que pretenden ejercer ese derecho, respaldado por la Ley?

La cobardía política habitual dice que prohibir ese abuso, símbolo de tantos otros, es contraproducente. La primera tarea, pues, del próximo Gobierno, presídalo el Cabo Rajoy o el Comandante Iglesias, con Snchz corriendo la banda, tras cambiar la bandera española gigante de los mítines por la banderita roja de linier, debe ser la de prohibir la UEFA, que recordando los conflictos del fútbol balcánico ha osado multar al Barça por exhibir esteladas en el Nou Camp. Si la UEFA no se retracta, España debe abandonar la UE, ¡esa cárcel de los pueblos!

El Barça, rehén de los separatistas, es más que un club
Pedro de Tena Libertad Digital 23 Mayo 2016

Es cierto. Es mucho más que un club. Es separatismo invasor de fútbol y de club. No sé quién habrá ganado la Copa del Rey porque este artículo se escribe antes. Pero el partido político, que también se jugaba en el Vicente Calderón, lo han ganado desde hace tiempo los separatistas que han usurpado el barcelonismo nacional español de toda la vida (que está en sus peñas desde Andalucía a Galicia, desde Extremadura a Gibraltar, de Castilla la Mancha a Melilla e incluso Melilla, Miami o Rabat).

Poco a poco, pela a pela, euro a euro, el separatismo catalán, que incluso aspira a exhibir otro rehén, el "Real" Club Deportivo "Español", que ya es hazaña, ha ganado de nuevo en Madrid. El poeta y diputado por Almería, José de Espronceda, que murió en 1842, ya señaló el origen de una tragedia española que nunca escribió. Los intereses catalanes succionaban la riqueza nacional ganando el partido del “arancel” proteccionista. Sí, fueron las castas conservadoras las que lo permitieron y sucedió mucho antes de la sardana, de san Jordi, de la Virgen de Montserrat y del 11 de septiembre como fiesta regional. Coño, y eso que Cánovas era de Málaga, la provincia donde se erigió el primer alto horno y las primeras textiles.

He dicho otras veces que el profesor Velarde nos debía un estudio sobre el por qué Cataluña ha sido siempre una carga para la economía española. Lo ha referido alguna vez de pasada:

"Desde mediados del siglo XIX Cataluña ha sabido enlazar a las mil maravillas sus problemas económicos con la política general española. Por una parte, encabezó la política proteccionista: triunfó en la pelea por el arancel, gracias a lo cual consiguió ventajas notables sobre la otra zona de industrialización naciente, Andalucía, que quedó apartada definitivamente de los puestos clave de ese desarrollo." (Libertad Digital, 26-12-2012).

La consecuencia para generaciones de andaluces, entre otros españoles, fue que la Andalucía liberal y próspera que se dibujaba en el horizonte de mediados del siglo XIX se disolvió en la miseria y el atraso que no cesó durante decenas de décadas, las franquistas incluidas. Las diferencias relativas de bienestar con las partes ricas de España se perpetúan desde 1982, tras 34 años de socialismo gobernante. Qué fracaso.

El Barça, más que un club de fútbol que sólo debería ser un club de fútbol , ha sido el instrumento perfecto para justificar los desmanes y la condena de otras regiones de España. Es rehén y forma del separatismo, su iglesia, su máquina de propaganda perfecta.

¿Esteladas? Venga ya. Hablo de dinero, de proyectos, de carreteras, de industrias, de riqueza, del futuro de las generaciones. Economistas e historiadores de España, contadlo de una puñetera vez.
 


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