AGLI Recortes de Prensa   Martes 24  Mayo  2016

Frenar el déficit, salga quien salga
Primo González Republica.com 24 Mayo 2016

Salga el Gobierno que salga de las próximas elecciones, España tendrá que ajustar sus cifras de déficit, lo que equivale sobre todo a un análisis crítico y más riguroso del gasto público. Los cruces epistolares y dialécticos entre Madrid y Bruselas han sido crecientes en los últimos días, lo que no parece haber impresionado mucho a los principales contendientes de las próximas elecciones, que siguen hablando del gasto público y de impulsar las prestaciones sociales con la alegría de quien parece ignorar que estamos, en la práctica, sometidos a una estrecha vigilancia por parte de las autoridades comunitarias. Y que si no nos han impuesto ya una multa por déficit excesivo es porque desde Bruselas no quieren hacer sangre en plena campaña electoral, con el riesgo de causar daños colaterales a alguno de los contendientes.

Una de las cosas que más llaman la atención en este debate y en la seriedad de los objetivos de déficit que se nos han marcado (en realidad, los que ya se habían establecido en anteriores versiones del Programa de Convergencia) es la ignorancia supina que le dedican los principales partidos políticos que participan en la contienda electoral en curso, de la cual ha de salir un Gobierno que gestione los asuntos económicos del país en el próximo futuro. Parece increíble que, a estas alturas, algunos partidos todavía estén hablando de aplicar fuertes aumentos en los gastos del Estado o del sector público al nivel territorial que sea, cuando a estas alturas España está claramente excedida en el empleo de recursos públicos que, para mayor desgracia, no tiene. De ahí el déficit presupuestario, que ni siquiera una economía cuyo PIB crece por encima del 3% anual no ha logrado contener o frenar. De ahí también el crecimiento de la Deuda Pública, que ya acaba de situarse por encima del prohibitivo nivel del 100% del PIB.

La ambigua estrategia de comunicación que maneja el Gobierno está contribuyendo además a confundir a todo el mundo. El único que parece tener algo más claras las ideas en este conglomerado de argumentos relacionados con las cuentas públicas es el candidato socialista, quien ha dicho que habrá que crear un nuevo tributo para pagar las pensiones ya que el dinero recaudado con las cotizaciones sociales no alcanza. Y ha añadido, más recientemente, que ese tributo será aplicable a las rentas más altas, lo que no deja de resultar una ilusión en un país cuyo tipo de gravamen sobre la Renta es de los más altos de Europa.

La solución fácil que se sacan de la manga los políticos en este país, sobre todo los que se consideran y califican como progresistas y de izquierdas, es subir los impuestos a los ricos, sin pararse a pensar el nivel actual de tipos de gravamen que tienen las rentas más altas y su comparación con otros países, y sin considera los riesgos de aumento de la deslocalización de capitales y de inversiones así como del aumento de la evasión fiscal. Argumentos que casi siempre se confrontan con el consabido aumento del número de inspectores fiscales y del endurecimiento de las penas y sanciones por incumplimiento fiscal, dos remedios que según algunos serían suficientes para hacer efectivos los aumentos de recaudación fiscal señalados.

La panacea del elevado déficit fiscal del país pasa por una revisión rigurosa y más crítica del gasto público a todos los niveles, tanto del Estado como de los entes autonómicos y municipales. El país tiene que ajustarse a sus posibilidades y a la realidad, lejos de fantasías recaudatorias que acaban por erosionar aún más la capacidad de recaudar impuestos, como están empezando a ver algunas Autonomías que en los últimos meses se han deslizado por la peligrosa rampa del incremento de los tipos fiscales.

Empleo público: el recorte que no fue
Juan Ramón Rallo okdiario 24 Mayo 2016

Denuncia CCOO en su último informe, ‘Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado’, que el número de empleados públicos se ha reducido en 140.000 durante los últimos cuatro años. En realidad, si acudimos al INE, la disminución ha sido algo mayor: 234.000. ¡Anatema! El sector público adelgazando. Desmantelamiento de los servicios sociales. Ultraliberalismo salvaje. Mas acaso convenga complementar este dato con otros tres que presentan una imagen muy distinta de la denunciada por CCOO.

Primero, es verdad que desde finales de 2011 a finales de 2015, el empleo público se redujo en 234.000 personas —desde 3,234 millones a 3 millones—, pero no convendría olvidar que desde finales de 2007 a finales de 2011 había aumentado en más de 265.000 —desde 2,969 millones a 3,234 millones—. O dicho de otro modo, en 2015 había más empleados públicos que en el pico de la burbuja inmobiliaria (año 2007). Es más, el auténtico recorte del empleo público se produjo en 2012 y 2013, cuando disminuyó en 325.000 personas. Desde finales de 2013, el empleo público ha crecido en España: en concreto, a finales de 2015 había 91.000 personas más que en 2013 trabajado en el sector público. La tendencia, pues, lleva dos años invertida.

Segundo, el recorte de empleo público ha sido muy modesto con respecto a la destrucción de empleo en el sector privado. En 2007, había un empleado público por cada seis trabajadores (o autónomos) en el sector privado. Hoy hay uno por cada cinco. Y en el momento de mayor destrucción de empleo público de la pasada legislatura (finales de 2013) había uno por cada 4,8. En algunas comunidades autónomas, como Extremadura, hay un empleado por cada 2,6 trabajadores en el sector privado. Por consiguiente, los empleados públicos han gozado de puestos de trabajo mucho más estables que sus pares en el sector privado: un lastre muy relevante dado que son los trabajadores del sector privado quienes, con sus impuestos, sufragan el coste del empleo público.

Y tercero, el recorte de empleo público también ha sido tremendamente modesto en términos de austeridad presupuestaria. En 2011, el sector público español gastó 125.000 millones de euros en pagar las nóminas de sus empleados —uno de cada tres euros recaudados—. En 2015, el Estado gastó en esa misma partida 117.000 millones: un recorte de apenas el 6,4% que, si añadimos la inflación acumulada durante ese período, asciende hasta el 9,6%. Sí, ese es el insoportable recorte del gasto en empleo público durante una legislatura en la que España estuvo al borde de la quiebra: menos del 10% del total. Menos del 10%… por mucho que CCOO, actuando como lobby de los empleados públicos, intente persuadir a los contribuyentes de que se ha recortado demasiado y de que, en consecuencia, deben estar dispuestos a pagar muchos más impuestos para volver a cebar el gasto en personal.

'Miente McCoy', el gurú económico de Podemos me pone la proa
Juan Torres da un repasito al autor de Valor Añadido a cuenta de su 'post' sobre la propuesta de Unidos Podemos de quitar la deducción a los planes de pensiones. Eso sí, ideas, ni una
S. McCoy El Confidencial 24 Mayo 2016

Está bien esto de que, de vez en cuando, alguien ponga los ojos en uno para hacerle objeto de sus diatribas. Es lo que ha hecho el catedrático Juan Torres al calor de un 'post' escrito por servidor en El Confidencial en el que cuestiono, según él de manera desmesurada, maleducada, zafia, simple, voraz y mediante insultos (sic), la propuesta de Unidos Podemos de eliminar la desgravación fiscal de los planes de pensiones, esos a los que aportan casi 10 millones de españoles al año. No sé exactamente lo que ha leído, ni cómo, pero no he encontrado nada de lo anterior en una relectura detallada del mismo. Quizás el titular, recurso literario. Lo cual me da una pista inicial: si el erudito es incapaz de diferenciar una forma hiriente de otra corriente, cómo pretender que comprenda el fondo de la cuestión. Imposible.

Y, en efecto, basta una lectura detallada a su argumentario para ver cómo elude, de manera consciente o inconsciente, el verdadero meollo de la cuestión, que es la necesidad que tiene España de fomentar el ahorro a largo plazo. Como se pueden imaginar, al más puro estilo de la formación cuyos morados colores defiende, dedica el 100% de su tiempo a demonizar a los que pensamos diferente para no aportar ni una sola idea, pero vamos, ni una, para solucionar un problema que no es exclusivo de España sino de la gran mayoría de las economías desarrolladas, hiperendeudadas como están -así pago yo también las pensiones, más madera- y con unos modelos de bienestar insostenibles.

Aritméticamente, sí, como algunas naciones comienzan peligrosamente a constatar.

Los que siguen esta columna desde hace ya más de 10 años saben que lo que persigue es proponer cuestiones para el debate. Poco más. Y hacerlo de manera independiente. Por eso me sorprende su acusación formal de "tener servidumbres concretas con el sistema económico financiero", su conclusión -sin conocerme de nada- de que "defiendo los intereses de los más privilegiados" y su tergiversación del cierre de mi 'post' al poner 'en mis letras' que todo lo escrito en él es "palabra de patronal", cuando dicha expresión se refiere únicamente al párrafo anterior y tres antes advierto de la imperfección de un producto que "deja el negocio en manos de los de siempre e impide al titular participar de manera directa en la gestión del negocio", que sería lo ideal. Es más, hace bien poco recogí en mi propio blog las conclusiones del estudio de Pablo Fernández del IESE al que él hace referencia; eso sí, un poquito más actualizado, que hay que ponerse al día.

Lo que plantea mi 'post' es la posibilidad de aumentar los instrumentos, no de impulsar un negocio. Más bien al contrario.

A partir de ahí, la entrada del economista tiene algunas cosas, cuando menos, sorprendentes.

Asoma la patita cuando dice que si no hay en lo público el día de mañana, habrá que tirar de lo privado. O sea, ya saben lo que les espera. Un mensaje óptimo, extrapolado a otros ámbitos, como para generar actividad y empleo en España, que, por cierto, es el que paga las pensiones. O, a lo mejor, es que el país no importa.

Señala, además, que las inversiones en fondos de pensiones son "casi siempre, puramente especulativas, arriesgadísimas y muy peligrosas, de modo que continuamente provocan quiebras…". Se echa de menos una enumeración de estas últimas, una diferenciación entre tipos de productos (de prestación definida o no), un análisis somero de la composición de los fondos (predomina la deuda soberana) y/o una referencia a la represión financiera de los bancos centrales que han hundido rentabilidades para salvar a banca y gobiernos, verdadero problema de fondo.

Acusa a un servidor de "ocultar la verdad" por no hablar de los que "nunca podrán generar suficientes fondos a lo largo de su vida para financiar una pensión privada cuando ya no trabajen". Es este un punto especialmente interesante, toda vez que está en el centro del discurso de Podemos: si mi votante no puede, entonces nadie, aunque eso suponga un perjuicio para la mayoría. Estadismo puro, vaya.

Muy interesante, por último, su referencia a un artículo de 'El Economista' en el que, precisamente, se defiende la tesis de un servidor. No en vano, su autora nos recuerda cómo esa forma de ahorro a largo plazo supone de media el 35% del PIB de la UE frente al 8% de España. Por cierto, en relación con la cuestión renta del trabajo-deducción, no hay que olvidar que quien más se beneficia de la fiscalidad de la aportación es, precisamente, quien mayores cotizaciones a la Seguridad Social realiza, por lo que cabría hablar más de proporcionalidad que de regresividad, ¿no?

No saben cómo me ha gustado que el profesor Juan Torres ponga su proa hacia un McCoy que, por exigencias del guion, escribe desgraciadamente cada vez menos. Eso sí, esperaba un poquito más de altura de miras, alguna idea que debatir más allá de la acusación 'ad hominem'. Espero, en cualquier caso, que este 'post' no le haya resultado desmesurado, maleducado, zafio, simple, voraz cual lobo salvaje o descalificador. Nada más lejos de mi intención.

Con todo mi respeto.

El Merodeador
Montoro no puede obstaculizar el control del déficit
EL ESPAÑOL 24 Mayo 2016

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha formalizado su demanda contra el Ministerio de Hacienda por obstaculizar su control del déficit público. Airef, que fue creado como organismo independiente en 2013 en cumplimiento de las directivas europeas para supervisar el déficit español, ha impugnado la orden ministerial firmada por Cristóbal Montoro en julio de 2015, ya que señala que impide su acceso directo a los datos de las distintas Administraciones Públicas.

Esta obstrucción por parte de Montoro es inadmisible. Los informes de la Autoridad Fiscal son la referencia que utiliza la Comisión Europea a la hora de juzgar si España está cumpliendo con los objetivos establecidos, por lo que al impedir el acceso a los datos, el Ministro de Hacienda está hurtando a Bruselas una información relevante sobre el cumplimiento del Gobierno. La propia Comisión Europea llamó la atención sobre esta obstrucción en un informe de febrero de 2016 en el que pone de manifiesto los obstáculos que afronta Airef en su papel como entidad de supervisión.

El mensaje que Montoro manda a Bruselas al cortocicuitar la información sobre su gestión es nefasto, sobre todo teniendo en cuenta que España ya se encuentra en riesgo de multa por incumplir el déficit. Hacienda debe dejar de poner trabas y permitir que este organismo independiente cumpla con su labor supervisora.

El voto determinado
ARCADI ESPADA El Mundo 24 Mayo 2016

LA RAZÓN última de que no haya gobierno en España (ni en Cataluña: ahí creen que lo hay, pero se trata de una más de sus ilusiones) es el proceso de secesión puesto en marcha por el gobierno nacionalista. A socialistas y podémicos solo los separó el referéndum de autodeterminación, por más que quisieran disimularlo con heroicos afeites. Ahora la situación es distinta. El Partido Socialista de Cataluña acudió a las pasadas elecciones generales habiendo rectificado su postura sobre el llamado derecho a decidir que había defendido Pere Navarro, el anterior primer secretario. Ahora ha vuelto a él, por boca del actual máximo responsable, Miquel Iceta, de la promoción de la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, cuyas opiniones nacionalistas son antiguas y conocidas, y hasta de la entrada de los socialistas en el gobierno de Ada Colau. Naturalmente eso no quiere decir que el Psoe reivindique ese supuesto derecho; pero la fractura entre los socialistas catalanes y los del resto de España respecto de este asunto es la novedad máxima de estas elecciones. Cataluña, como Andalucía, es una comunidad clave del voto socialista. Sobre la autodeterminación y sus consecuencias hay dos criterios: algunos socialistas catalanes piensan que reivindicarla les permitirá recuperar un voto que se ha ido al partido Podemos; para otros es un grave error del que va a beneficiarse Ciudadanos. Si los socialistas obtienen un buen resultado en Cataluña, y las circunstancias generales del voto hacen plausible un gobierno de Pedro Sánchez, la presión del Psc para un pacto de izquierdas que incluya alguna variedad de la autodeterminación colocará al Psoe en un serio conflicto interno.

El desplazamiento de una parte de los socialistas hacia la autodeterminación como manera de afrontar el conflicto catalán introduce una cierta inestabilidad en el habitual eje electoral derecha/izquierda. Es probable que una de las razones por las que el principal problema político español no formó parte del debate en la anterior campaña fuese el acuerdo de fondo entre populares y socialistas de no fragmentar la soberanía constitucional. Ahora ese acuerdo vacila. Habrá que ver cómo afecta al discurso de los partidos en la campaña. Y en qué medida puede evitar una repetición mecánica de los resultados paralizantes de diciembre.

Margallo y el fiasco de Gibraltar
Los primeros que se dieron cuenta de que al Ministerio de Exteriores había llegado un político encantado de situarse en el centro de la polémica fueron las autoridades gibraltareñas
Javier Caraballo El Confidencial 24 Mayo 2016

Recién llegado al Ministerio de Exteriores, José Manuel García-Margallo se fue a estrenar el cargo a Estrasburgo con una de las bravuconadas con las que luego iría salpicando toda su gestión. En los pasillos se encontró con un eurodiputado conservador británico que se le acercó para felicitarle. Margallo tenía las cámaras de televisión delante y aquello fue demasiado, como una pelota botando en el área. Así que se lanzó: “¡Gibraltar español!”, le dijo. El eurodiputado británico, entre sorprendido y abrumado, solo alcanzó a responderle, “ya hablaremos de eso…”. Los titulares de prensa se llenaron con ese grito antiguo, recurrente, visceral y baldío, y lo que no alcanzábamos a ver entonces es que lo importante de la anécdota era que el ministro Margallo nos estaba avanzando que lo fundamental de su gestión era el despliegue de carácter. Y para lo que nos iba a servir la bravuconada era para, cuatro años después, mirar hacia ese conflicto antiguo, esa frustración enquistada, y comprobar cuáles han sido los resultados.

De hecho, los primeros que se dieron cuenta de que al Ministerio de Exteriores de España había llegado un político encantado de situarse en el centro de la polémica fueron las autoridades gibraltareñas. Un ministro de Exteriores que se le va la fuerza por la boca debe ser lo contrario a la discreción y el rigor diplomático. Así que se pusieron manos a la obra para aprovecharse de la fuerza inútil del contrario. La mayor ofensiva de Gibraltar contra España se ha vivido en estos cuatro años y el resultado desolador es que Gibraltar está más lejos hoy de la soberanía española de lo que ha estado nunca. No porque en todos estos siglos atrás haya habido alguna posibilidad real de recuperar la Roca, sino porque las autoridades gibraltareñas han aprovechado el ministerio de Margallo para avanzar en todos los campos para su reconocimiento internacional.

Podemos fijarnos en dos aspectos que siempre han sido controvertidos, que España siempre ha sabido bloquear con más o menos eficacia: el reconocimiento de las aguas territoriales de Gibraltar y su aceptación, como miembro de pleno derecho, en organismos internacionales deportivos. Lo más reciente sucedió hace unas semanas, en México, cuando la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) admitió como nuevos miembros a Kosovo y a Gibraltar. "Son raras las ocasiones en las que Gibraltar puede ponerse en pie para dirigirse al mundo entero. Ha sido un largo camino para llegar a ser miembro de la FIFA. Ha sido fantástico", dijo enfático ante la asamblea del fútbol el representante gibraltareño, sabedor de la importancia fundamental que tiene este primer paso para la aceptación de Gibraltar en otras competiciones deportivas. Por la misma razón, lo que resulta difícil de explicar es que España no haya podido hacer nada para evitarlo. No solo eso, sino que la votación se saldó con 172 votos a favor y 12 en contra. Esa es la dimensión del fracaso cosechado por España: por goleada.

Es lo mismo que ocurrió en el verano de 2013, cuando Gibraltar decidió crear un arrecife artificial, justo en uno de los caladeros más utilizados por los pescadores españoles. Si hay algo que se exprese con nitidez en el Tratado de Utrecht, por el que España cedió a Inglaterra la soberanía sobre Gibraltar, es que en esa cesión no entran las aguas territoriales, que siguen perteneciendo a la Corona española. Pues nada, con la excusa de la “regeneración de la fauna marina”, los gibraltareños arrojaron al mar aquel verano 70 enormes bloques de hormigón.

La polémica descomunal entre los dos países acabó en la Unión Europea porque España 'exigía' al Reino Unido que retirase el hormigón, que reparase el daño causado y que, solo entonces, se podría volver a negociar sobre los problemas de Gibraltar. Pero cuanto más amenazaba España, más chulos se ponían en Gibraltar. “El infierno se congelará antes de que el Gobierno gibraltareño retire alguno de esos bloques”, le dijo Fabian Picardo, ministro principal de la Roca, a la BBC. ¿Y qué pasó? Pues como en la FIFA, otra batalla perdida por goleada. A mediados de abril pasado, Fabian Picardo realizó un viaje oficial a varias instituciones de Cádiz y en alguno de sus discursos recordó la polémica del arrecife para remarcar que la Unión Europea dictaminó a favor de Gibraltar y que le concedieron la autoridad para actuar en esas aguas territoriales, como si le pertenecieran. Picardo, por cierto, se fue de gira oficial por Cádiz, con la complacencia del PSOE provincial, que para eso tiene a alguno de sus más veteranos dirigentes trabajando para el Gobierno gibraltareño a modo de 'lobby' de influencia.

Que España no ejerza su influencia en un organismo como la Federación Internacional de Fútbol, hasta puede llegar a entenderse, pero que Gibraltar le gane un pleito tan decisivo en el seno de la propia Unión Europea, solo puede explicarse por el desastre de gestión del Ministerio de Exteriores. Lo curioso es que, a pesar del fiasco gibraltareño, el ministro Margallo sigue con la misma retórica bravucona con la que empezó.

En el último roce, cuando su colega británico Philip Hammond viajó hace unos días a Gibraltar para hacer campaña contra el Brexit, sin importarle un comino lo que pensara el Gobierno español, el ministro Margallo volvió a incendiar el ambiente con un duro comunicado que, a la vista de la realidad, de lo que está pasando, de lo que va ganando Gibraltar, resulta un penoso ejercicio de patetismo político: repite el ministro que Gibraltar es “un vestigio colonial", además de un "anacronismo histórico”, que "destruye la unidad nacional”, con lo que lo único que debe tratarse es la “restitución de la integridad territorial española, amputada con la presencia de la colonia en su territorio". En definitiva, otra vez “¡Gibraltar español!” como único discurso político; como si nada hubiera pasado a su alrededor.

En la última década han estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores dos políticos que son polos opuestos. Hemos pasado del buenismo insustancial de Moratinos a la literatura épica y bravucona de Margallo. Lo desolador, por la importancia que tiene la política de Exteriores en un país serio, es comprobar los resultados de ambas en un conflicto como el de Gibraltar, en el que se reflejan con mucha claridad. Se mira ese espejo y se comprueban los resultados. Se trata solo de elegir entre lo malo y lo peor.

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Apología de la violencia.
Vicente A. C. M.  Periodista Digital 24 Mayo 2016

Dicen los de PODEMOS que la lucha es el único camino. Al parecer van a protagonizar un ayuno de 24 horas junto a los pro etarras en defensa del ultra violento mamporrero del SAT Andrés Bódalo, en prisión condenado por agredir a una persona que se atrevió a ejercer su derecho a la libertad de expresión. Tampoco podemos obviar las hemerotecas con las manifestaciones de Pablo Iglesias sobre la violencia como un instrumento legítimo para la defensa de las ideas. Todo ello no deja lugar a dudas de la posición de estas formaciones opuestas a lo que éticamente y de consenso se considera respeto y democracia. Nada extraño en formaciones que claramente justifican a ETA y hablan su propio lenguaje de “conflicto”, “lucha armada”, “presos políticos” y demás perversión de las palabras para esconder lo que es un vulgar terrorismo. Pero el cinismo superlativo llega en el momento de querer disfrazar ese discurso suavizando las formas y el tono, en la esperanza de sacar provecho de la credulidad de muchos ciudadanos.

Un objetivo que por desgracia parecen ir consiguiendo si hacemos caso a las diferentes encuestas donde, por ejemplo, en el País Vasco, PODEMOS superaría al PNV en votos y escaños. Una muestra de que la radicalización se ha apoderado de amplios segmentos de una sociedad vasca enferma y podrida, que olvidando a sus víctimas sucumbe al discurso de sus verdugos, bien por miedo o por connivencia. Una victoria del mensaje de que la violencia es legítima para conseguir los objetivos políticos, en este caso la independencia del “oprimido pueblo vasco”. Eso sí, basado en su concepción de república socialista, otra perversión para referirse a un régimen ultra comunista que es el propugnado por las formaciones pro etarras y PODEMOS.

Y a este aquelarre de totalitarismo no ha tardado en sumarse el enterrador de IU, Alberto Garzón, que no tuvo ningún empacho en justificar la prisión de, este sí, un preso político como Leopoldo López condenado por el régimen dictatorial comunista bolivariano de Maduro, a pesar de que diversas organizaciones internacionales han denunciado el nulo respeto por los derechos humanos con la inculpación fraudulenta con pruebas falsas, reconocido por el huido Fiscal General de Venezuela. Unas declaraciones que dan idea de la catadura moral de estos sujetos que de nuevo se apoyan en las mentiras, en el descrédito personal y en la violencia para anular al oponente político.

Me niego a creer que seis millones de españoles vean en personajes como Bódalo, Cañamero, Colau, Carmena, Julio “el rojo”, Monedero, Iglesias, Garzón,… sus modelos para construir una sociedad libre y democrática. Me niego a creer que seis millones de españoles acepten la violencia como algo legítimo y normal en la confrontación política de las ideas. Me niego a creer que esta sociedad haya podido engendrar personas en las que se impone la fuerza sobre la razón. Pero, aunque me niegue a creerlo, no hay duda de que los resultados y las encuestas se empeñan en corroborar esta anomalía que no tiene justificación racional alguna. Algo se ha hecho muy mal para que hayamos llegado a este extremo de radicalidad y desprecio por la libertad.

Y ante esto ¿Cuál es la solución? Desnudarles al completo de sus mentiras. Desenmascarar sus verdaderos objetivos y formar un frente común contra su intento de sometimiento de la sociedad para implantar un régimen comunista radical en el sur de Europa que nos aislaría y nos llevaría a la ruina económica y al enfrentamiento social, de modo similar al que ya ha surgido en Venezuela, su país modelo con el régimen chavista.

¡Que pasen un buen día!

El juez
Ignacio Ruiz Quintano ABC 24 Mayo 2016

Inglaterra dio al juez Coke, América dio al juez Marshall y España deja a un juez de lo Contencioso la resolución del movimiento sedicioso de las esteladas

Tocqueville («padre fundador de los Estados Unidos», al decir de un tertuliano pepero) volvió de América maravillado de que en aquella democracia (¡la democracia!) un juez de primera instancia pudiera echar el alto a una ley que le pareciera anticonstitucional.

Chiribitas se le harían los ojos hoy a Tocqueville en España, donde el Estado deja a un juez de lo Contencioso-Administrativo el marrón de resolver el movimiento sedicioso de las «esteladas», que a esto se refieren los españoles que repiten, como loros arrobados, la tautología «Estado de Derecho».

Inglaterra dio al juez Coke, que explicó al bruto de Jacobo que no era la monarquía el sostén del derecho, sino el derecho el sostén de la monarquía. América dio al juez Marshall, que con su «Marbury contra Madison» sentenció la separación Estado-Nación para siempre (quiere decirse hasta hoy). Y España ha dado al juez Calidad (García-Pelayo), al juez Vengador (Garzón), al juez Estigmas (Bacigalupo), y ahora, a un juez de lo Contencioso-Administrativo como representante, el más modesto, de un poder, no «presque nulle», que diría Montesquieu, sino «presque inexistent» en un país que va camino de consagrar la sedición como derecho constitucional (maravilla que no vio Tocqueville en América), entre el aplauso de los jefes políticos de la «presque inexistent» nación.

Sin autoridad moral
Cayetano González Libertad Digital 24 Mayo 2016

Cuando la pasada semana Otegui fue "paseado" por la CUP y por "Juntos por el Si" por el Parlamento de Cataluña cual "hombre de paz", el Presidente del Gobierno en funciones manifestó que ese hecho hería el sentimiento de las víctimas del terrorismo y de millones de españoles. El sábado, Rajoy estuvo en Durango en un acto de su partido y al referirse a la despedida-homenaje que, salvo el PP y el diputado de UPyD Gorka Maneiro, el Parlamento Vasco había dispensado la víspera al Presidente de Sortu y convicto miembro de ETA, Hasier Arraiz, señaló: "podrán aplaudirlo, jalearlo, reírse de mucha gente, pero nunca tendrán la razón legal ni moral".

Todas estas manifestaciones de Rajoy estarían muy bien, si no fuera porque, como mínimo, la misma herida en el sentimiento de las víctimas y de millones de españoles a la que se refería por la visita de Otegui al Parlamento de Cataluña, provocó el hecho de que en el verano del 2012, su ministro de Interior tomara la decisión política, se supone que con el consentimiento del Presidente del Gobierno, de liberar al secuestrador-torturador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberría Bolinaga so capa de padecer un cáncer terminal al que sobrevivió, en libertad, casi dos años y medio.

Las declaraciones de Rajoy sobre la despedida-homenaje al líder de Sortu, serían dignas de ser tenidas en cuenta, si no fuera por el pequeño detalle de que ha sido la inacción de su Gobierno, al no querer aplicar la todavía vigente ley de partidos, la que ha permitido a las diferentes marcas de ETA seguir en las Instituciones, sean estas el Congreso de los Diputados, los Parlamentos y Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra.

Sería muy de agradecer que cuando un dirigente político, en este caso Rajoy, no tenga la autoridad moral necesaria para referirse a determinado asunto, lo mejor que podría hacer es abstenerse de realizar declaraciones grandilocuentes que son fácilmente rebatibles por los hechos.

Rajoy y con él el actual PP empezó a cavar su propia tumba y a enterrar en ella su credibilidad y su autoridad moral para referirse a la lucha contra ETA y para apoyar a las víctimas del terrorismo, el 20 de octubre de 2011, cuando tras conocerse ese día el comunicado de la banda terrorista en la que esta anunciaba "el cese definitivo de la actividad armada", el entonces líder de la oposición, desde la sede de su partido en Madrid dijo que "el anuncio de ETA se ha producido sin ningún tipo de concesión política". Posteriormente se supo que esa frase fue añadida por el propio Rajoy de su puño y letra a petición expresa de Zapatero, con el que había hablado instantes antes de comparecer ante los medios de comunicación.

Sabido es que Rajoy, tras la derrota electoral en las elecciones generales de 2008, decidió, por consejo de su asesor áurico Pedro Arriola, dejar de hacer oposición al Gobierno de Zapatero en la cuestión de la lucha antiterrorista. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, con episodios tan vergonzantes para las víctimas del terrorismo y para esos millones de españoles a los que se refería la semana pasada Rajoy como la ya citada liberación de Bolinaga o la suelta exprés de un buen número de etarras tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la conocida como doctrina Parot.

Con toda seguridad, el Gobierno de Rajoy no se ha sentado en estos cuatro años a negociar políticamente con ETA como si hizo Zapatero. Pero eso no es incompatible con que la falta de una política antiterrorista del ejecutivo del PP para derrotar total y absolutamente al entramado de ETA, que no son sólo los "comandos" terroristas, haya sido una de las mayores dejaciones de este Gobierno. Y eso es algo que también ha herido la sensibilidad de las víctimas del terrorismo y de muchos millones de españoles.

En una época de naufragio
JOSEBA ARREGI El Mundo 24 Mayo 2016

ES UN TÓPICO decir que España padece una triple crisis: la crisis económico-financiera, la crisis social consecuencia de la anterior, y la crisis del modelo territorial, del modelo de Estado. Esta triple crisis responde exactamente a la doble victoria que se celebraba no hace tanto tiempo: España era una historia de éxito por su desarrollo económico, y en paralelo, y como condición mutuamente, por el desarrollo autonómico. La hemeroteca está llena de testimonios de ello.

Falta citar, sin embargo la crisis más importante, la crisis mental, espiritual y cultural profunda ya presente en el momento en que se celebraba el doble éxito. Esta crisis mental, espiritual y cultural puede definirse recurriendo a la manoseada referencia de Baumann a la liquidez de la cultura posmoderna: todo se ha licuado, o todo se ha convertido en gaseoso, las ideas, los valores, las referencias, las creencias, las ideologías. La desorientación es reina y señora del mundo de la opinión pública, es la única guía de lo único tangible que existe en la cultura actual, el espectáculo, lleno de héroes y heroínas que no duran ni un día, de noticias que se pisan y no se mantienen ni el tiempo que se requiere en redactar un tuit, escándalos romos por su repetición ad nauseam, convertidos además en la mejor publicidad de los medios. Todo se diluye, todo se evapora en el hervor continuo que es el espectáculo público, se han borrado todas las fronteras entre lo privado y lo público, entre lo interior y lo exterior.

De aquí la necesidad de contar con convicciones seguras e indudables: la condena de la corrupción, primer artículo del credo actual; la defensa cerrada y sin límites de la libertad de expresión, segundo artículo del credo; la idea de que sin violencia cualquier idea es perfecta y legítimamente defendible, tercer artículo del mismo credo. En estos artículos dogmáticos del nuevo credo toda corrupción debe ser condenada, aunque haya matices: la de unos es más corrupción que la de otros, la corrupción es sólo de los políticos, la corrupción si cuenta con los elementos que más fácilmente puede mover al escándalo popular.

Algo parecido sucede con la libertad de expresión. Aunque se sabe y se conoce por sentencias que no es una libertad absoluta -ninguna lo es en un régimen constitucional- y que puede tener como límite el derecho al honor de personas afectadas, cuando se trata de banderas o de ideas políticas, sobre todo nacionalistas en ambos casos, entonces la libertad de expresión debe ser absoluta. La ikurriña no ha tenido, por lo visto, nunca nada que ver con su utilización para legitimar los crímenes de ETA, la estelada debe poder ondear siempre y en cualquier lugar, aunque exprese la exclusión de cualquier otra bandera junto a ella, y de los representados por ella. Cierto que si se preguntara, muchos de los que defienden esta libertad absoluta de expresión negarían con razón lo propio en el caso de una bandera franquista, negarían esa libertad en el caso de cualquier propaganda de tipo nazi, negarían la libertad de expresión para reclamar la introducción de la pena de muerte en nuestra constitución, negarían, con razón, la libertad de expresión para cualquier idea que valorara a grupos humanos -sociales, étnicos, raciales, religiosos- por encima de otros...

Las esteladas pueden ser llevadas a un campo que acoge la final de la Copa del Rey; la independencia puede ser defendida, por supuesto, si se hace pacíficamente; el ex terrorista Otegi, líder de un partido incapaz de condenar la historia de terror de ETA puede ser candidato a lehendakari; el mismo Otegi puede ser recibido por la presidenta del Parlamento catalán; el «jaque mate» exigido para la Guardia Civil sólo significa que se ha ganado la partida de ajedrez, y no que la victoria al ajedrez se simboliza en la muerte del rey, del enemigo que se ha quedado sin defensa, sin tropas. Algunos expresos de ETA de la vía Nanclares pueden seguir afirmando que persiguen los mismos fines políticos de cuando asesinaban, sólo que condenando la violencia, aunque sepan -o quizá se les ha olvidado- que asesinar era parte del proyecto político, matar como compendio de la exclusión de buena parte de la población vasca del futuro político que promovían vía asesinato.

Arnaldo Otegi ha afirmado que el Estado tiene miedo de él y del partido que lidera. Claro: porque buscan la destrucción del Estado de derecho que es España, aunque sea de forma crecientemente asimétrica: el presidente catalán puede apelar a la libertad de expresión y tildar de democráticamente absurda la decisión de prohibir introducir esteladas en la final de la Copa. Pero se cree en el derecho de negar la libertad de expresión básica negando la presencia del castellano como lengua vehicular de enseñanza en Cataluña; y se cree en el derecho a incumplir leyes y sentencias de los tribunales de justicia. Otegi puede intentar ser lehendakari, porque una sentencia judicial ha legalizado el partido que lidera. Pero se presenta para liquidar el Estado de derecho que le concede a él el derecho a ser candidato.

Y es muy probable, al menos no me atrevería a negarlo, que la grandeza de la democracia y del Estado de derecho radique precisamente en esa asimetría: conceder el derecho de ciudadanía incluso a aquéllos que pretenden cargarse, literalmente liquidar porque lo han demostrado con el terror, la garantía del ejercicio de esos derechos de ciudadanía.

En una conversación reciente me vinieron a la mente imágenes y palabras importantes. En los oficios fúnebres de Hans Martin Schleyer, presidente de la patronal alemana, secuestrado y vilmente ejecutado por las RAF alemanas, el presidente de la República Federal de Alemania Walter Scheel, puesto en pie, pidió solemnemente perdón a la viuda y a los hijos de la víctima asesinada de las RAF porque el Estado no había defendido su vida, ¡no había cumplido su obligación primordial!

Mientras no cambien las leyes y la Constitución, el Parlamento de Cataluña es institución de Estado, parte clave de su entramado institucional. Pero no levanta la voz para pedir perdón a las víctimas y familiares de los asesinados por ETA porque el Estado no ha cumplido debidamente su función básica de defender la vida de los asesinados. En lugar de ello, recibe con amplio despliegue de medios -¡ay los medios!- a Arnaldo Otegi, ex terrorista condenado y líder de un partido que no ha condenado la historia de ETA. Más asimetría. Y el PSC en la equidistancia, como si la propuesta de reforma federal de la Constitución fuera capaz de cumplir retroactivamente la función de defender la vida de los asesinados por ETA. Pero las víctimas molestan, ensucian. Será por lo que dijo el presidente catalán: porque el PP se ha apropiado indebidamente de ellas, lo que puede ser cierto, como también es cierto que los demás partidos las han abandonado, obviado, callado, criticado y escondido tan o más indebidamente.

A QUIEN ESTO suscribe le llama la atención la asimetría en la capacidad de dejarse escandalizar por algunas cosas más que por otras. Llama la atención lo escandalizados que estamos por la decisión de la delegada del Gobierno en Madrid de intentar prohibir las esteladas en la final de Copa, y la facilidad de introducir en la normalidad legal y democrática la candidatura de Otegi a presidir el Gobierno vasco y poder llegar a ser el representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma vasca para seguir con el mismo proyecto político que persiguió ETA matando.

Cierto es que a todos los cerdos les llega su San Martín, dicho sea con ironía, sarcasmo y libertad de expresión aunque no pueda pretender la libertad artística de titiritero, y a Sortu le empiezan a crecer los enanos, en forma de los antisistema de Podemos que recogen muchos elementos que hasta ahora llenaban sus filas, y en forma de una disidencia o escisión interna. Y en la forma más banal, que es la de un Otegi afirmando en Cataluña que ha ido a aprender de los catalanes, ¡el representante de los que se han considerado acto fundacional de la historia y del pueblo vascos! Licuefacción radical, la mayor disolución del estado sólido que haya existido en la historia vasca. Y en las encuestas el nacionalismo sigue bajando, y la opinión mayoritaria acerca del Gobierno vasco no es ni la de bien ni la de mal, sino la de que no importa, no sabe ni contesta.

Pero cuando todo se disuelve nunca ganan los demócratas. La democracia puede sobrellevar muchas asimetrías. Pero al igual que algunos partidos políticos mueren de éxito, al igual que se puede perder la guerra ganando todas las batallas, la democracia puede que no lo aguante todo, sobre todo la disolución de los principios en los que se sustenta. Cuando la libertad de expresión, y las asimetrías que la acompañan y el desprecio por las leyes y el derecho se hayan cargado el Estado, desde dentro, en el ejercicio del poder de ese mismo estado, ya no habrá democracia que defender.

Joseba Arregi, ex consejero del Gobierno vasco, es ensayista.

Cataluña, otra vez rehén de los antisistema
Editorial La Razon 24 Mayo 2016

Si la CUP se niega a aprobar los presupuestos que hoy presenta al Parlamento el consejero de Economía y líder de ERC, Oriol Junqueras, Cataluña puede verse forzada a repetir las elecciones autonómicas, lo que sería la cuarta convocatoria en menos de seis años. Los antisistema no están nada contentos con cómo el Gobierno de la Generalitat está llevando a cabo el proceso independentista y todo parece indicar que empiezan a aceptar la evidencia: que ni los convergentes ni los republicanos van a forzar un proceso separatista unilateral, por mucha hoja de ruta y plazo de 18 meses que hayan puesto sobre la mesa. Con un factor añadido que no hay que desdeñar: la ideología anticapitalista de la CUP no puede avalar unas cuentas públicas que, necesariamente, tendrán que mantener los ajustes en Sanidad y Educación aplicados hasta ahora. Sin avances en el camino a la independencia y con unas políticas económicas «burguesas», el pacto de gobernabilidad, que le costó la cabeza a Artur Mas, no tiene el menor atractivo para los «cuperos», que pueden hacer caer el Gobierno de coalición de Junts Pel Sí, prolongando así la inestabilidad en Cataluña y, por lo tanto, haciendo más difícil la recuperación económica de una de las regiones que más han acusado los efectos de la crisis.

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