AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 1 Junio  2016

Fulanismo (y miedo y odio)
Emilio Campmany Libertad Digital 1 Junio 2016

Al principio de la Transición, trató de evitarse que la política española se convirtiera en una sopa de letras, un rosario de partidos que hiciera ingobernable el país. La solución la proporcionó Monsieur D’Hondt. También era temido el fulanismo, esa tendencia española a seguir a la persona sin importar sus ideas. Se creyó que la adopción de un sistema parlamentario en vez de uno presidencialista sería suficiente para conjurar el peligro. Enseguida se vio que no. En las victorias electorales de la UCD en 1977 y 1979 tuvo mucho que ver el atractivo personal de Adolfo Suárez. No hablemos de la relevancia del encanto de Felipe González en las de 1982. Y en los fracasos de Landelino Lavilla y Manuel Fraga no fue inocente la mala imagen de ambos. No obstante, los males del fulanismo fueron ocultados por el bipartidismo. Parecía que bastaba decidir qué era uno, si de derechas o de izquierdas, para saber a quién votar. La verdad es que en muchos casos el elector hacía lo contrario, decidía quién le gustaba más y de ese modo sabía si era de derechas o de izquierdas.

En las elecciones de diciembre pasado las personas tuvieron tanta importancia como siempre, sólo que, desaparecido el bipartidismo, se hizo patente la importancia del fulanismo. Y eso que en diciembre hubo algún debate ideológico. Hoy, a nadie parecen importarle las ideas, sólo quién las defiende. Votar o no al PP depende del rechazo que provoque en el potencial elector la figura de Rajoy. Cuando la arcada es insuperable, busca otra opción. Al tradicional votante del PSOE le pasa algo parecido con Sánchez, sólo que aquí lo que disuade es la escasez de mollera del candidato. Quien se niegue a ser liderado por alguien con tan pocas luces tratará de hallar una alternativa. Quienes se plantean votar a Ciudadanos tienden a justificarlo con lo mucho que les gusta Rivera, sin aludir a ninguna de sus ideas, más allá de su admirable defensa de la unidad de España, que parece mentira que algo así esté sujeto a debate. Y a muchos de quienes quieren votar a Podemos lo que les gusta es Pablo Iglesias e ignoran que no es más que un comunista de habla pausada, barba rala y mirada vitriólica.

Los fulanos que dirigen los partidos lo son todo en estas elecciones. Y, al serlo, han hecho que las ideas no sean nada y que parezca que da un poco igual quién gane porque los impuestos seguirán siendo muy altos y se hará lo que haga falta para conservar el Estado del Bienestar hasta que el sistema reviente. De forma que cada cual, dentro de su espacio ideológico, parece que decidirá su voto en función de quién le caiga mejor. Como mucho, todo se salpimentará con el miedo que en algunos inspira Podemos y el odio que en otros despierta el PP. Así pues, Fulanos, miedo y odio son los tres pilares con los que contamos para hacer avanzar nuestra democracia. No parece que vayamos a llegar muy lejos.

Depresión democrática en España
CARLOS DOMÍNGUEZ LUIS El Mundo 1 Junio 2016

El próximo 26 de junio, los españoles estamos llamados a las urnas por segunda vez en seis meses. Nunca en nuestra historia se habían repetido unas elecciones generales por la imposibilidad de los candidatos de obtener la confianza del Congreso. Mucho se ha escrito acerca de tan notorio y novedoso hecho. En párrafos firmados por autorizadas plumas, se ha destacado la incapacidad de los principales líderes políticos para llegar a un acuerdo que garantizase la gobernabilidad del país en unos momentos en que todavía está lejos de amainar la tormenta desatada por la corrupción, los desafíos separatistas y los coletazos de la brutal crisis económica vivida. En otros casos, se han puesto de relieve los palos en las ruedas hábilmente colocados por algunas formaciones políticas en el carro del pacto al que otras se habían subido, en una maniobra más al servicio del tacticismo y la estrategia de partido -con clara visión cortoplacista- que orientada al interés general.

Nadie discute que la celebración de unas elecciones, en cuanto máxima expresión de la libertad democrática, constituye un acontecimiento de alta significación social, que concita positivas valoraciones. Ahora bien, una saturación de citas con las urnas puede conducir también a consecuencias no tan provechosas. La primera: la eventual percepción de las elecciones como una rutina, que, como muchas rutinas, puede llegar a cansar. Sobre todo, cuando las razones que la imponen resultan discutibles. Y es que el 26 de junio iremos a votar para intentar solucionar una situación que se nos ha presentado como de "bloqueo", cuando, en realidad, no sabemos si, de verdad, hay bloqueo o incapacidad de los representantes políticos salidos de los comicios del 20 de diciembre para adaptarse a un nuevo contexto delimitado por tres fronteras: la inexistencia de mayorías absolutas, la superación del bipartidismo y la necesidad de pactar.

Algún líder político se ha apresurado en los últimos días a asegurar que no habrá terceras elecciones. Ojalá. Sólo barruntar esa posibilidad ahondaría en la quiebra de su percepción como acaecimiento especial y su automática conversión en la pura rutina, no exenta, como muchas rutinas, de quejas.

No hace falta ser politólogo ni sagaz observador para darse cuenta de que la celebración de estas nuevas elecciones es resultado de estrategias partidistas. De lo contrario, hoy habría Gobierno en España. Cabría pensar que ese dato es harto revelador de un hecho denunciado con profusión últimamente: la desconexión de la clase política de la ciudadanía, de los problemas que, de verdad, importan al común y, sobre todo, de los modos en que, de ordinario, han de conducirse los negocios, las empresas, en suma, la vida cotidiana.

Los miles de contratos que, a diario, se celebran -entre empresas y consumidores, entre particulares, entre multinacionales, entre nacionales y extranjeros y, así, un largo etcétera- están basados en el acuerdo. La fusión de dos mercantiles exige del pacto, no se impone por mayoría absoluta de no se sabe quién. Y si esto es así en el día a día, ¿por qué no vale en política?

Ahora bien, hemos de ser justos. Por más que, en los últimos tiempos, hayan aflorado las denuncias sobre el alejamiento de los políticos de la sociedad -no en vano, alguna formación ha convertido esta queja en santo y seña de su estrategia electoral-, ni ese mal es producto exclusivo del contexto actual ni, desde luego, es fruta de pronta maduración. Hace tiempo que está entre nosotros, aunque, cierto es, la crisis económica y los frecuentes casos de corrupción que nos asolan han servido de lupa para su más eficaz detección.

Echemos la vista atrás, bastante atrás. De forma coetánea a la celebración de los famosos Pactos de La Moncloa -en 1977-, se asistió en España a un proceso de acomodación de los políticos democráticos en, al parecer, las gratas butacas de las instituciones estatales. Hasta quienes venían de situaciones tan extremas e incómodas como la pertenencia a partidos ilegales durante la etapa franquista -sobre todo, de izquierdas- no tardaron en comportarse como burócratas expertos, que marcaban grandes distancias, no sólo con la sociedad, sino, incluso, con los propios compañeros de militancia. Es como si los políticos, a medida que se introducen en espacios en los que relucen perspectivas de ejercicio de poderes institucionales -no digamos cuando ya se han alcanzado-, se burocratizaran, es decir, se dejaran llevar por rutinas, por una moderación que los conduce a posiciones cada vez más conservadoras de su 'status', máxime si éste comporta beneficios económicos o simbólicos.

Esta tendencia, analizada por Gramsci -uno de los referentes ideológicos de Podemos- y bautizada como "transformismo", presentó manifestaciones en lugares aparentemente inhóspitos para su siembra. En la antigua Unión Soviética, por ejemplo, no sólo hubo un proceso de aburguesamiento de la clase política, sino, incluso, una aristocratización de los antiguos revolucionarios marxistas-leninistas. Parece que el mal afecta a todos.

Veamos algún ejemplo en nuestro país. Y no precisamente próximo en el tiempo. A finales de 1984, el número de parados en España era de 2.400.000 personas, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. A primeros de abril de 1985, se conoció que los ministros iban a cambiar sus baratos Seat 132 por lujosos Opel Senator de importación, a razón de tres millones de las antiguas pesetas por unidad (el sueldo anual de tres o cuatro obreros de la época). En aquellos momentos, el presidente del Gobierno, Felipe González, tenía asignado un sueldo anual de algo más de siete millones de pesetas. Nada que ver con las retribuciones de los presidentes de las empresas públicas, globalmente ruinosas, por cierto. Sin ir más lejos, el presidente del entonces Instituto Nacional de Hidrocarburos cobraba 9 millones de pesetas, más gastos de representación y dietas -conceptos, estos últimos, que podían llegar a sumar las 90.000 pesetas mensuales-. Poca cosa en comparación con el presidente de Cantabria. A su sueldo oficial de 5.120.000 pesetas brutas anuales, había que añadir otros seis millones para gastos reservados y unos 50 millones para "gastos de libre disposición".

ESCENARIO QUE poco ha cambiado en los tiempos actuales, pues son numerosísimos los cargos públicos con emolumentos muy superiores a los percibidos por el presidente del Gobierno. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año está plagada de ejemplos. Se demuestra, así, que el alejamiento de la clase política de la sociedad -por mor de la propia acomodación de la primera, dadas las abundantes normas que así lo posibilitan- viene de lejos. Se mire por donde se mire, pisar alfombra roja siempre es más gratificante que caminar por adoquines.

El problema es que esa desconexión lleva inherente una sistemática pérdida de confianza en la clase dirigente y un paulatino desinterés hacia los temas políticos. De ahí los riesgos de que ese desinterés devenga en franca depresión cuando se abusa de las convocatorias electorales por la impericia de nuestros representantes a la hora de adaptarse a nuevos contextos parlamentarios.

Para muestra, un botón. Los últimos sondeos atribuyen un claro suspenso a todos y cada uno de los líderes políticos en lo que a valoración ciudadana se refiere. No ha conseguido el aprobado ninguno. De otro lado, la abstención en España en unos comicios generales no baja, en los últimos años, del 26% de media -es decir, una cuarta parte del electorado llamado a las urnas, ni más ni menos-. En 2011, Mariano Rajoy ganó las elecciones con un porcentaje de abstención del 31,06%, que pasó al 26,8% el 20-D. Las últimas encuestas sobre intención de voto de cara a las próximas generales advierten del riesgo de una alta abstención. De hecho, la expectativa de participación que contemplan a duras penas llega al 68%, es decir, cinco puntos menos que el pasado 20-D y seis puntos menos de la media histórica desde que hay democracia.

Cabe pensar que se trata sólo de encuestas y de datos. Es posible. Sin embargo, la fiebre también es, en realidad, una simple señal. Pero siempre alerta de algo más grave.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado en excedencia y socio de Business & Law Abogados.

La esquizofrenia de Pedro Sánchez
EDITORIAL Libertad Digital 1 Junio 2016

"Dime con quien vas y te diré quién eres", dice el refrán. El problema que nos plantea el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez es que un día se busca unas compañías muy distintas de las que se busca al día siguiente. Así, un día habla de su irrenunciable acuerdo de Gobierno con una socialdemocracia moderna, compatible con la economía de mercado y defensora de la nación entendida como Estado de Derecho como es Ciudadanos, y otro día se muestra partidario de buscar alianzas con lo que él llama "ala blanda" de un partido marxista leninista como Podemos, firme defensor, además, de acabar con la Nación con la excusa de poner en pie un Estado plurinacional. Un día Sánchez parece estar cómodo con Borrell –el mayor azote contra el nacionalismo que pueda encontrarse en las filas del PSC– y al otro con Iceta, a quien le gusta manifestarse con los separatistas en contra del Tribunal Constitucional.

Ya nos dirá Pedro Sánchez qué entiende por "ala blanda" a la hora de referirse a elementos de Podemos como Íñigo Errejón, que defendía hace escasos días la tiranía chavista diciendo que si los venezolanos sufren colas para adquirir productos básicos es porque "tienen más dinero para consumir más". Sea como fuere, para fraguar una alianza con Unidos Podemos Pedro Sánchez necesitará algo más que ganar en escaños a la coalición comunista y que en ésta se imponga la línea de pactos que propugna Errejon. Sánchez tendrá, además, que traicionar su compromiso de no alcanzar acuerdos con formaciones políticas que no respeten el pacto alcanzado con Ciudadanos.

Pero es que además Sánchez tampoco podría alcanzar la Presidencia del Gobierno si Ciudadanos cumpliese su promesa de votar en contra de un Gobierno PSOE-Podemos. Y es que, si bien es cierto que ya existen encuestas que cuestionan el cacareado sorpasso de Pablo Iglesias, no existe una sola que pronostique que los escaños sumados de socialistas y comunistas serán más numerosos que los de PP y Ciudadanos.

En busca de una abstención –especialmente la de Ciudadanos– parece ir dirigida la petición de Pedro Sánchez a la restantes fuerzas políticas de que "no bloqueen" la posibilidad de formar Gobierno al partido que consiga "reunir más escaños", dando por descontado que Rajoy no podrá reunir más que los del PP.

Con este encaje de bolillos, Pedro Sánchez no desvela si es un Dr. Jekyll o un Mr. Hyde, un Julián Besteiro o un Francisco Largo Caballero. En todo caso, y en la hipótesis más benigna, se retrata como un pobre hombre que no puede permitirse abandonar un cargo público y que, con tal de sobrevivir en la política, plantea una cosa y la contraria como oferta electoral y como alianza de Gobierno.

Sánchez veta otra vez al PP y apuesta por Podemos
EDITORIAL El Mundo 1 Junio 2016

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, inauguró ayer un nuevo foro de EL MUNDO, denominado Cuatro + Uno, en el que el invitado se enfrenta a cuatro periodistas del periódico en una rueda de preguntas y repreguntas sin condiciones previas. Este formato novedoso en este tipo de encuentros permitió que el candidato socialista concretase algunas cuestiones de importancia de cara a la cita electoral del 26 de junio.

Un Sánchez quizá demasiado confiado en las posibilidades electorales del PSOE pidió a las fuerzas políticas que en esta ocasión no se bloquee la formación de Gobierno al candidato que logre "reunir más escaños" para la sesión de investidura. Sánchez piensa en unos resultados similares el próximo mes a los alcanzados el 20-D, con lo que podría reeditar el pacto con Ciudadanos y presentarse de nuevo en el Congreso con más apoyos de los diputados que cualquier otra formación política.

En cualquier caso, el líder socialista recalcó que bajo ningún concepto, ni mediante apoyo explícito ni con la abstención, iba a permitir un Ejecutivo del PP: "Es algo que no me planteo", afirmó taxativo. Por el contrario, Sánchez dijo que "no vetará a ninguna de las fuerzas políticas del cambio" y, en concreto, se mostró partidario de gobernar incluso con Podemos si se dieran las circunstancias. En este sentido, resultó extraño que en distintos momentos de la entrevista se dedicara a criticar con dureza a Pablo Iglesias, de quién dijo que en las negociaciones sobre un posible pacto en la anterior legislatura "en lugar de tender puentes lo que quería era volarlos" y que quiso centrar la negociación en "una cuestión de sillas" y no de contenidos para formar un programa de Gobierno. Con este planteamiento de pactos, podemos encontrarnos el 26-J con una situación de bloqueo similar a la vivida el 20-D que llevó, como se ha dicho tantas veces, al fracaso de los políticos.

Sánchez cree que, contrariamente a lo que reflejan las encuestas, el PSOE puede ganar las elecciones por lo que no entró de lleno en el debate sobre su renovación como secretario general del PSOE de cara al próximo Congreso del partido. "Yo aspiro a presentarme a la secretaría general como presidente del Gobierno". Y no soltó ese discurso cuando se le inquirió sobre qué pasaría si no lo logra. Se puede intuir que, por el momento, está pensando en no optar a seguir liderando el PSOE si sufre otra derrota electoral.

En otro orden de cosas, hay que agradecer al líder socialista su claridad al hablar de fiscalidad y anunciar sin tapujos que si gobierna el PSOE no habrá rebajas de impuestos porque "la situación económica del país" lo impide. Sánchez pretende mantener el IRPF de las "clases medias y altas" y, a la vez, prevé subir la tributación del ahorro hasta equipararla a la de las rentas del trabajo y propone la creación de una serie de impuestos medioambientales. Además, concretó que ese «recargo de solidaridad» que creará el PSOE para paliar el déficit de la Seguridad Social se nutrirá de fondos que saldrán de una "cesta de impuestos" y no de una nueva figura que se cree ex profeso.

Mucho tendrán que afinar los expertos del PSOE para lograr que el recargo de solidaridad, los impuestos medioambientales y la subida fiscal del ahorro no perjudique a las clases medias ni afecte negativamente al crecimiento económico.

Elecciones generales: ¿no hay dos sin tres?
Almudena Negro www.vozpopuli.com 1 Junio 2016

No son pocos los que lo empiezan a temer. Me refiero a una nueva situación de bloqueo institucional que pudiera surgir de las urnas el próximo 26 de junio y que abocara a España, ante el estupor de los inversores de todo el mundo, a unas terceras elecciones en las navidades de 2016. Y es que las encuestas arrojan un resultado similar al del pasado 20 de diciembre, con el Partido Popular consolidado como fuerza mayoritaria, el PSOE en retroceso ante los populistas y Ciudadanos estancado. De ahí los mensajes y hasta promesas que empiezan a aparecer aquí y allá o el cabreo sordo que parece inunda Zarzuela.

Nos dirían en tal caso, por supuesto, que nosotros, los que votamos o no votamos, estamos hartos de votar. Vaya por Dios. Que somos tontos. No reconocerán que la situación viene dada por la desafección de la gente hacia la política. Una desafección de la cual ellos son los principales responsables, como explica magistralmente el historiador Guillermo Gortázar en El salón de los encuentros (Unión Editorial, 2016). Tampoco nos ofrecerán en el mes que queda hasta que los españoles visiten las urnas, las reformas realmente necesarias para salir de la crisis política en que nos encontramos inmersos. Reformas que pasan indefectiblemente por mandar al baúl de los recuerdos al señor D´Hondt (quien también la lió en su día en Venezuela dándole el poder a Hugo Chávez), y que permitan que podamos elegir a nuestros representantes directamente, además de la necesaria separación de poderes. No sólo con respecto al politizado poder judicial, sino también entre ejecutivo y legislativo. Pero no. Regresarán a enero de 2016. Y vuelta a empezar.

Mientras, sigue engordando el voto a Podemos, que es el deseo del resentido de aniquilarlo todo y venezolinizar España, castigando el esfuerzo, la individualidad, el ahorro y el mérito y premiando lo grosero, lo hortera y lo colectivo. Es la soberbia propia del Estado de Partidos, cuyo origen se encuentra en el consenso socialdemócrata establecido por la Constitución de 1978. Una partidocracia que, desde su atalaya, desprecia a la gente, y cuyos dirigentes todo lo hacen pensando no en el bien común, sino en el suyo propio y en el de su formación. Así, Sánchez tratará de aferrarse como sea a su silla, Rajoy seguirá sin dar paso a los jóvenes populares, y Rivera vivirá en su mundo de unicornios centristas mientras veta a candidatos de otras formaciones. El veto de los naranjas a Rajoy empieza a parecer absurdo. Lo único que han conseguido es que en el PP todos, incluso abstencionistas del 20-D, cierren filas. A nadie le gusta que ajenos a la familia le digan que su tío, su padre o su hijo, aún siendo consciente de ello, es tal o cual cosa. Y en ese error ha caído Ciudadanos, que verá cómo votos que recibió en los pasados comicios de ex votantes del PP vuelven a Génova 13. Iglesias contendrá su caída gracias a haberse merendado a Izquierda Unida. Cosas de Julio Anguita, el que se cargó el PCE.

Claro que el “no habrá terceras elecciones” pronunciado por Pedro Sánchez es interpretado como un posible acuerdo con el Partido Popular, que es lo que quieren todos en Europa. Porque más allá de nuestras fronteras, la socialdemocracia implosionante prefiere pactar con el centro-derecha democrático, y así mismo socialdemócrata, a hacerlo con el populismo autoritario. Como en Alemania. Y hay quien empieza a estar harto de que el PSOE considere a los españolitos europeos de segunda y no entre por la senda del sentido común. Claro que tal acuerdo, que hoy no parece ya ser un imposible aunque Antonio Hernando se esfuerce en negárselo a sí mismo, debería pasar, insisto, por un programa claro de reformas que devuelva a España la libertad política secuestrada por el Estado de Partidos. Sólo así el bipartidismo, que no es malo per se ya que siempre será mejor un gobierno fuerte que gobiernos débiles, podría sobrevivir.

Aunque la tendencia suicida de Sánchez (no se entera de nada el muchacho), sigue siendo la podemización de su partido y, con ello, su desaparición. De hecho, el programa electoral que presenta para junio está lleno de guiños a Coleta Morada. Veremos qué sucede. Podría ser cierto aquello de no hay dos sin tres.

PD. Me entero que la Universidad Complutense, por algo muy parecido a la inquina personal de la vicerrectora Mercedes Gómez Bautista, ha decidido comunicar su cese a la profesora de Ciencias de la Información que se había enfrentado en concurso-oposición de contratado doctor al candidato externo Francisco Cabezuelo, quien presuntamente habría falsificado su curriculum (como sostienen profesorado, departamento y sindicatos al unísono). Es decir, que la plaza irá a Cabezuelo, haciendo caso omiso el Rectorado de una denuncia de falsedad documental. La Complutense de Andradas parece no tener remedio.

Ciudadanos no tiene identidad
Cuando el votante se acerque el 26-J sabrá qué consecuencias tiene meter en la urna una papeleta del PP o de Unidos Podemos, pero no de Ciudadanos.
Jorge Vilches www.vozpopuli.com 1 Junio 2016

Alguien debería decir a Rivera que olvide su obsesión por Rajoy, y que eche cuentas si quiere participar en un gobierno reformista. Las encuestas, que crean opinión más que reflejarla, muestran que Ciudadanos puede convertirse en una fuerza irrelevante. No se trata solo del posicionamiento de los otros, sino de los errores propios. La capacidad para convertirse en una opción necesaria, como aliado –olvídense del “espíritu bisagra”, que no funciona– depende solo de ellos. Pero el entorno del líder naranja no acaba de colocarse en el mapa político, y se nota. La gran dificultad de Ciudadanos es sostener el abrupto y equivocado mensaje del “Rajoy, no”, y al mismo tiempo que sea creíble su disposición a pactar con los “constitucionalistas” contra los “rupturistas”.

Este discurso de la campaña para el 20-D que duró los cuatro meses de investidura, dañó a la formación naranja porque su opción era distinguirse del odio calculado de Podemos, tanto como del grito poligonero de Pedro Sánchez, y no lo hizo. Se sumó al carro del acoso y derribo del PP de Rajoy, lo que reforzó al núcleo duro del votante popular, le dio un discurso a los marianistas, el de la resistencia y la moderación, y llenó de contradicciones el ya de por sí endeble discurso “regeneracionista” de Albert Rivera.

La visita de Rivera a Venezuela, pensada no solo para apoyar a la oposición, sino para dañar a Podemos, que se desespera cuando le sacan el ejemplo venezolano, no ha estado bien pensada. En ciertos momentos ha dado la imagen de equidistancia entre dos polos –el autoritarismo frente a la democracia–, como si eso fuera posible. Pero, y he aquí lo peor, el vínculo que han establecido entre la dictadura bolivariana y Podemos no ha supuesto que Ciudadanos exija al PSOE, con quien pactó un programa de gobierno, que rompa con los podemitas en los Ayuntamientos. Esto es lo grave: que quiera imponer primarias en partidos ajenos, pero que acepte que su socio político apoye en las ciudades más importantes de España a los que quieren acabar con la democracia, como en Venezuela.

Uno de los problemas de Ciudadanos, además de su rápida construcción por aluvión y candidez, como en Madrid, es que tiene una superficial concepción de la democracia. No hay más que leer el artículo de Françesc de Carreras en El País donde defiende el pacto político entre los que tienen un “tronco común”: el “racionalismo ilustrado” y el “liberalismo político”. No solo confunde Carreras el Estado con el Gobierno al interpretar a John Locke, sino que simplifica hasta la distorsión la historia de las ideas en Occidente, especialmente de los últimos doscientos años. Esto se debe a que Carreras, y con el Ciudadanos, ha asumido hoy el relato socialdemócrata de la Historia, proveniente de la filosofía whig y el marxismo.

A lo Fukuyama, Carreras entiende que el final de la Historia es el Estado social y democrático de derecho, en el que el progreso del individuo se subsume en el progreso colectivo, y sitúa los “derechos sociales” –no dice cuáles– por encima de los individuales. Lo relevante, anuncia, es combatir las desigualdades sociales a través del Estado; lo que es el típico comunitarismo sentimental y planificador contra el que alertaron Hayek y Mises hace décadas como enemigos del “liberalismo político”. Por tanto, ese “racionalismo” planificador de la sociedad, del que habla Carreras, es incompatible con la libertad. Y si estas contradicciones quieren salvarse diciendo que se trata de una opción centrista, mejor apaga y vámonos.

La unión de mala estrategia electoral, con la descolocación en el mapa político, y un ideario superficial y contradictorio, hacen que Ciudadanos carezca de identidad. Cuando el votante se acerque el 26-J sabrá qué consecuencias tiene meter en la urna una papeleta del PP o de Unidos Podemos, pero no de Ciudadanos. El proyecto de esos dos partidos polarizados está claro, y según avance la campaña electoral lo estará más: moderación y resistencia, frente a ruptura populista. Pero, ¿qué significa votar a Ciudadanos? Carreras lo dice: son una opción de pacto, como si fuera lo que Lipjhart llamaba “democracia consocional o de consenso”. Sin embargo, la circunstancia histórica es otra, y eso debería haberlo aprendido Rivera en su viaje a Venezuela. Debieron contarle lo que ocurrió en 1998, cuando ante el ascenso del socialismo del siglo XXI, del populismo de Chávez, los partidos tradicionales y los nuevos grupúsculos, se dedicaron a atacarse entre sí, a vetarse, llenos de contradicciones y con nula perspectiva política. Hay quien dice que es fácil verlo ahora, pero un dirigente político debe tener un conocimiento algo más que suficiente de historia política y de las ideas, que le alerte de estas circunstancias y actitudes peligrosas para la convivencia.

El experimento sociológico del PP en Murcia
Pablo Molina Libertad Digital 1 Junio 2016

Cuando cayó el primer pedrolo de la Estación Espacial en el noroeste murciano, en noviembre del año pasado, el pastor que encontró el artefacto hizo algo esencial: llamar por teléfono a su cuñado Iván, de profesión community manager. Gracias a los conocimientos del bueno de Iván y a su facilidad para rastrear en las redes sociales, el cuñado del ganadero descubrió que lo que había caído en el campo de Calasparra no era una sonda exploratoria de una civilización extraterrestre, como ya sospechaba el ikerismo, sino un trozo de chatarra espacial.

Viene esto al caso para demostrar que, en Murcia, estamos muy bien posicionados en el manejo profesional de las nuevas tecnologías y la gestión de las redes sociales. ¿Había necesidad, por tanto, de recurrir a unas oscuras empresas intermediarias para algo tan sencillo como promocionar a un político en las redes? Pues al parecer sí. Al menos es lo que hizo uno de los dos delfines del PP murciano que aspiraban a suceder al presidente saliente, hoy imputado en la Audiencia Nacional y, por tanto, con su carrera política tirada a la basura. El otro, Pedro Antonio Sánchez, es el actual presidente de la comunidad autónoma y en estos momentos trata de zafarse de una peculiar acusación, según la cual habría sido durante el mes de octubre de 2014 un "corrupto en grado de tentativa" (¡!). O sea, que pensó en corromperse aunque no llegó a dar el paso.

La escandalera mediática ha sido importante y en el Parlamento murciano la oposición ya afila sus cuchillos. El líder socialista lleva treinta años perdiendo elecciones; el podemita, como corresponde, siente un odio africano por todo lo que huela a PP y en Ciudadanos son de muy buen comer y no le harían ascos a nada. Los tres partidos están que semocionan encima. El de Rivera, también.

La oposición quiere que dimita el presidente de la Región de Murcia, sobre todo una vez que Ferreras ya lo ha declarado culpable en su programa de La Sexta. El motivo es haber destinado dinero público a fines electoralistas. Esa es la acusación esencial del PSOE, apoyada con firmeza por Podemos y C’s, las dos formaciones murcianas que, como se ha confirmado documentalmente, utilizaron la asignación de sus grupos parlamentarios para pagar gastos electorales, algo prohibido taxativamente por la ley. Con la altura ética que les brinda ese pasado impoluto, no es de extrañar que exijan la salida de Pedro Antonio Sánchez del Gobierno, porque igual no se corrompió, pero seguro que pensaba hacerlo.

El delirio en todo este asunto es de tal naturaleza que se utiliza como elemento acusatorio algo tan banal como el hecho de que un político encargue la gestión de su presencia en las redes sociales. Hacerlo con dinero público (¿acaso manejan los partidos dinero que no provenga de nuestro bolsillo?) puede no ser presentable, pero difícilmente un delito penal. Ahora bien, eso no elimina las responsabilidades políticas, por lo que si aparecen transcripciones de conversaciones comprometedoras con los de la trama Púnica el presidente murciano tendrá que irse a su casa y, además, con el baldón de corrupto, aunque sea en grado de tentativa.

Y aquí entra Rajoy, el campeón de la verdad, la independencia y la justicia. Su defensa del presidente murciano, casualmente también del PP, ha consistido en indicarle el camino a la calle en caso de que las sospechas se concreten. En esta ocasión se ha referido al "presidente de Murcia", gesto de deferencia que el aludido tendrá que agradecerle, ya que la última vez que le preguntaron en televisión sobre las acusaciones contra Pedro Antonio Sánchez se refirió a él varias veces como "ese señor". Con presidentes de tu partido como éste no hace falta una oposición podemita.

Y mientras el círculo íntimo del PP deja caer a su presidente murciano (gran aportación también de Soraya a esta defensa numantina, cuando ayer explicó que ella no sabe nada de todo esto), la otra implicada en este asunto, la exalcaldesa de Cartagena, amiga personal de un miembro destacado de la Púnica y su antecesor en la alcaldía por el PSOE, es elegida para ir en las listas electorales como número dos para el Senado.

Cada vez parece más claro que Rajoy y los sorayos están haciendo con los murcianos un experimento sociológico: deben de estar comprobando hasta qué extremos de náusea puede llegar el votante popular sin renunciar a entregarles el voto. En eso estamos.

Díaz se borra del fraude de la formación y enciende el ventilador contra el PP
ESdiario 1 Junio 2016

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ante la comisión que investiga el fraude de la formación.
“Yo no estaba aquí”. Ni autocrítica ni petición de disculpas a los andaluces por el fraude del caso Edu, que ha constado más de 3.000 millones de euros de las arcas públicas de la Junta.

Era una de las comparecencias parlamentarias más esperadas pero defraudó. La presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ante la comisión parlamentaria que investiga el fraude en los cursos de formación destapado por la Guardia Civil, se solventó con una declaración de intenciones en una intervención inicial que apenas se prolongó durante tres minutos.

Para perplejidad de los representantes del PP, Ciudadanos e IU, Díaz recurrió al consabido "yo no estaba aquí" para endosar las responsabilidades del fraude -la presidenta se refirió en todo momento a "deficiencias"- mil millonario en sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñan, que este lunes desfilaron también por la Cámara andaluza.

Díaz, que cierra este martes la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación, ha dicho que iba a ser breve durante su intervención inicial porque es lo que interesa y no los "juicios de valor o las opiniones personales, sino los hechos".

Tanto en esa brevísima exposición inicial como en su debate con el representante de IU, la también secretaria general del PSOE andaluz escurrió el bulto del llamado caso Edu al afirmar que en la etapa de la presunta trama "yo no estaba en el Gobierno ni era presidenta".

En su opinión, comparecer en esta comisión supone "una oportunidad" ante una situación que se ha producido "en el conjunto del territorio español". Y es que, según ha asegurado, con la comparecencia en este órgano se contribuye "con los jueces, la policía, los fiscales y otros parlamentos que tienen una situación parecida a ésta".

En este sentido, lo que sí quiso Díaz es aprovechar su intervención para poner el ventilador contra otros partidos afectados por casos de corrupción al recordar que se han producido "operaciones policiales en toda España" y que en ningún otro parlamento se han creado comisiones de investigación similares a la que acoge el Parlamento de Andalucía. Se refirió expresamente a Valencia, Galicia y Madrid, comunidades que habían sido gobernadas por el PP.

Deriva la culpa a la ministra Báñez
En esta línea de eludir las responsabilidades, Susana Díaz ha reprochado al Gobierno central que no paralizara los cursos de formación después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, detectara las "deficiencias" del sistema y defendiera que era necesario una nueva norma para subsanarlas, unas deficiencias que también, ha apuntado, señalaron el Tribunal de Cuentas.

Díaz ha manifestado que han sido "dos años complicados en el conjunto del Estado" para la formación y ha criticado que la ministra del ramo "no haya llamado a los gobiernos que sufrían dificultades" con la formación, que les hubiera reunido para analizar las deficiencias del sistema y que el Gobierno de España "hubiera paralizado y modificado la norma".

Finalmente, la jefa del Ejecutivo andaluz ha dicho esperar que las conclusiones que salgan de esta comisión de investigación sean "buenas" para mejorar el sistema "aquí y fuera". Además, ha garantizado las tendrá todas "muy en cuenta".

Uno de los momentos más tensos de la sesión se produjo cuando preguntaba a la presidenta la parlamentaria del PP, Teresa Ruiz Sillero, quien se interesó por el hecho de que el marido de Díaz trabajase como auxiliar administrativo de la UGT en los cursos de formación subvencionados. Tras un agrio rifo rafe con mención a los tribunales de por medio, la presidenta andaluza sentenció: "Me he casado con un tieso, sí". Y todo por que, dijo, las nóminas de su marido oscilaban entre los 700 y los 1.200 euros.

España y el referéndum del 'Brexit'
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 1 Junio 2016

El 23 de Junio, los ciudadanos del Reino Unido votan en referéndum su continuidad en la Unión Europea o su abandono (Brexit). La UE queda así abierta a debate público, con sus pros y contras, no como en España donde siempre fue un dogma. Y el concepto "Uropa", un argumento de autoridad que cerraba cualquier discusión. Quizá por la insistente propaganda, o por un estúpido complejo provinciano, siempre fuimos los más europeístas sin llegar a plantearnos el significado. Mucho menos las ventajas e inconvenientes.

Las encuestas, y el deslizamiento de los referendos hacia el statu quo, apuntan a la permanencia del Reino Unido, pero el resultado sigue abierto. Y en estos debates se mezclan argumentos sensatos con proclamas dirigidas a las emociones del público. Los contrarios a la permanencia apelan al orgullo patrio herido, a una Gran Bretaña diluida en un club, dominado por Alemania y menguante en importancia dentro de una economía globalizada. Los partidarios de la UE, por su parte, intentan asustar con las graves consecuencias económicas que tendría la salida para el Reino Unido, algo imposible de determinar a priori pues nadie conoce los detalles de la opción alternativa, esto es, el nuevo acuerdo que regirá la relación de Gran Bretaña con los países miembros tras un eventual abandono de la Unión.

Pero, entre toda la hojarasca, hay un interesante argumento de fondo que esgrimen los contrarios a la UE, una idea con implicaciones para todos los países, incluido el nuestro. Sostienen que Gran Bretaña cedió parte de su soberanía a unas instituciones sometidas a un control democrático imperfecto, a unas burocracias que no responden ante los ciudadanos, a unas élites designadas, no elegidas. Afirman que hay determinadas normas y regulaciones nocivas para el Reino Unido, establecidas con criterios burocráticos, que los ciudadanos británicos no pueden cambiar con su voto, como sí ocurre con las políticas nacionales. ¿Existe un déficit democrático en las políticas de la UE? ¿Las normas y regulaciones que dicta la UE son demasiado restrictivas?

¿Déficit democrático en la UE?
La Unión Europea se dotó de una burocracia técnica, supuestamente neutral, capaz de ejercer tareas de armonización en los mercados. El déficit democrático no se manifestó mientras las instituciones europeas ejercieron mayoritariamente tareas técnicas. Pero, poco a poco, y especialmente a raíz de la crisis, fueron tomando decisiones más políticas, aquéllas que son objeto de controversia, las que deben ser sometidas a estricto control democrático.

Las últimas reformas han reforzado el papel del Parlamento Europeo, pero en países como España, con listas cerradas, baja participación y poca información sobre las tareas parlamentarias, el control de los electores sigue siendo muy débil. Y el español medio vota, cuando lo hace, con meras claves de política nacional. Quizá porque sabe que, tras introducir una lista en la urna, los escogidos se integrarán en la disciplina de su grupo en Bruselas o Estrasburgo, acatarán las órdenes del jefe, se darán a la buena vida y no se les volverá a ver el pelo hasta cinco años después. Falta en España mucha transparencia, apertura de miras y confrontación de ideas para que Europa deje de ser una nebulosa, un agujero negro en el imaginario del votante medio. Es cierto que las decisiones importantes las toman los gobiernos miembros, pero el argumento “viene obligado desde Europa” sirve en ocasiones como excusa, para que los dirigentes nacionales eludan sus responsabilidades.

Aun así, los defectos de la UE son relativos, deben valorarse en términos comparativos. Existe déficit democrático en la UE pero... no más que en España. Y las regulaciones son restrictivas, pero mucho menos que las impuestas por las administraciones patrias. En España se diluyó la separación de poderes, desaparecieron controles y contrapesos, los órganos del Estado perdieron su esencia, su neutralidad, convirtiéndose en meras correas de transmisión de los partidos. Y surgió una clase política poco fiable, mediocre, estrecha de miras, centrada en la contemplación de su ombligo... y su bolsillo. Las administraciones, especialmente las autonómicas, han venido promulgando una auténtica selva de enrevesada legislación, una hiperregulación que entorpece la creación de empresas, la competencia y el empleo.

Burócratas europeos: tuertos en un país de ciegos
Por ello, los burócratas de la UE, sin ser especialmente fiables, son menos insensatos y más rigurosos que nuestra clase política; algo que tampoco tiene mucho mérito. Son los tuertos en un país de ciegos. Al menos los europeos intentan fijar reglas comunes, mejores o peores, en pugna con nuestras Comunidades Autónomas, siempre empeñadas en establecer barreras, en imponer regulaciones distintas a las del vecino. Los burócratas europeos tienen muchos defectos pero son preferibles a los políticos patrios y, desde luego, a los nefastos caciques autonómicos.

Las restricciones y ligaduras externas, que pudieran ser un inconveniente, un lastre, en países con controles democráticos aceptables, constituyen, por el contrario, un alivio en países con un sistema político muy defectuoso, con gobernantes capaces de tomar cualquier decisión por descabellada que sea. Las ataduras sobre las decisiones políticas nacionales pueden molestar en el Reino Unido pero, por el principio del mal menor, no deberían incomodar en España.

Con unos dirigentes que disfrutan como cosacos promulgando toneladas de legislación, poniendo trabas a la actividad económica, inmiscuyéndose en la vida privada de los ciudadanos un día sí y otro también... las normas de Bruselas son casi un bálsamo ante el disparate, un freno frente a la extrema insensatez. Por supuesto, las instituciones de la UE deben evolucionar, rendir más y mejores cuentas. Pero es en España donde la política tiene un amplísimo margen de mejora... una distancia casi sideral.

Barcelona
David R. www.latribunadelpaisvasco.com 1 Junio 2016

Lo que está ocurriendo en la magnífica ciudad de Barcelona es un problema que trasciende cuestiones de orden público y me estoy refiriendo concretamente a lo que sucede en el barrio de Gracia, y a lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en esta ciudad, porque Barcelona parece haberse convertido en la meca de los antisistemas de Europa. Un lugar de peregrinación y habitación para esta gente.

Las responsabilidades, como siempre en democracia, son repartidas, pero jerárquicas. Así observamos cómo la alcaldesa Ada Colau, que hasta hace cuatro días era antisistema y antipropiedad privada, tiene actualmente a concejales y otros personajes en plantilla al frente de los enfrentamientos con los Mozos de Escuadra, que supongo tienen que estar bastante hartos de soportar insultos, vejaciones y agresiones, mientras la alcaldesa de Stop-Desahucios les pide actuación proporcional. Ella sabe mucho de eso porque ha estado al frente de muchas manifestaciones ilegales.

Señora Alcaldesa: ¿Se ha planteado la posibilidad legítima y legal de que la Policía autonómica declare una huelga en su ciudad?, ¿Quién la protegerá a usted y a sus correligionarios?, ¿Quién protegerá a los ciudadanos? No descarte esa posibilidad porque sin dudad están aguantando más de lo razonable, y en ese sentido están avisando sus jefes. Señora alcaldesa: Está jugando con una bomba que ha contribuido a activar, pero que no sabe desactivar.

Pero lo más grave que está ocurriendo en Barcelona, tiene dos facetas muy preocupantes:
Por un lado, se está destruyendo el concepto de autoridad que tenemos en los sistemas democráticos. En nuestros sistemas políticos, la autoridad se convierte en un recurso del poder institucionalizado, que se une irremediablemente al concepto de orden y al sentimiento de obligación y obediencia que permite no invertir esfuerzos en la persuasión ni recurrir a la fuerza. Se trata de evitar males mayores. Se está cuestionando la legitimidad de la autoridad, que en este caso ostenta la Policía autonómica. Sin esa autoridad que no es conferida por una alcaldesa sino por la legislación democrática vigente, su principal función se interrumpe, con consecuencias como las que estamos observando.

Por otro lado, se está cuestionando el modelo de Estado, que en palabras de Max Weber, es la asociación que, dentro de unas fronteras espaciales, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Todas las personas que hayan estudiado tan solo un poco de la historia reciente de Europa saben a dónde nos llevó la subversión de ese monopolio de la violencia legítima, y en Barcelona parece que está ocurriendo, otra vez. Contra ese monopolio legítimo siempre han estado los que lo quieren controlarlo unilateralmente, fascistas, nacionalistas y dictadores de todo tipo, o los anarquistas y los radicales de la interpretación de Marx y Engels, que al final del camino también quieren controlarlo, pero en todos los casos quien se desmorona es la democracia. Parece que ahora vuelven a estar muy activos los populistas en la lucha por ese monopolio legítimo, pero todos sabemos que jamás ha existido un dictador que no fuese populista.

No sé hasta qué punto Ada Colau es consciente de la gravedad de lo que acontece, pero sí sé que muchos ciudadanos observamos con preocupación los hechos.

Pronóstico: Que se vayan preparando, porque lo que tienen en frente no son personas desahuciadas, son "niños de papa", de clase media, con unos móviles muy caros que son la base de su red, y que no tienen prisa. Son antisistema mantenidos por el sistema.

Radiografía del nacionalismo español
Algunos niegan que tal cosa exista, pero vaya si existe. Siempre ha estado ahí, pero ahora, con el resurgir de los nacionalismos en todo el mundo, el carpetovetónico no iba a quedarse atrás
El Confidencial 1 Junio 2016

Muy interesante la propuesta del PSOE sobre Cataluña. Esa patata caliente se dejó aparcada en el acuerdo con Ciudadanos y ahora, en el cuarto texto programático de los socialistas en los últimos seis meses, recuperan el tema.

Lo que propone el PSOE -respaldado por el PSC- está lleno de racionalidad y de buen sentido; podría haber señalado el camino de la solución si se hubiera planteado antes de que alguien decidiera pegar una patada a la mesa y romper la baraja. Pero han pasado demasiadas cosas, algunos han ido demasiado lejos y me temo que la medicina llega mal y tarde. Entre otras causas, porque un pacto político de España con Cataluña tiene que pasar por dos desfiladeros llenos de alambradas y sembrados de minas: el del nacionalismo catalán embalado hacia la secesión y el del nacionalismo español, que habita principalmente en la derecha pero tiene raíces profundas en muchos sectores de nuestra sociedad.

Hablemos hoy del nacionalismo español y hagámoslo con algunos datos. Algunos niegan que tal cosa exista, pero vaya si existe. Siempre ha estado ahí, pero ahora, con el resurgir de los nacionalismos en todo el mundo, el carpetovetónico no iba a quedarse atrás.

El CIS nos da cuatro valiosos indicadores para conocer y medir la fuerza actual del nacionalismo español.

Dos son indicadores emocionales (lo que siempre es relevante cuando se habla de nacionalismo): el orgullo de ser español en su grado máximo y el hecho de sentirse únicamente español o más español que de cualquiera de sus territorios.

Los otros nos refieren a dos posiciones políticas: por un lado, la pulsión centralista, expresada en la preferencia por un Estado sin autonomías o en que las autonomías tengan menos competencias que en la actualidad. Por otro lado, la de quienes recelan de la diversidad y piensan que la presencia de personas de distintos orígenes pone en peligro los valores y la cultura propios.

Si alguien declara enfáticamente que se siente MUY orgulloso de ser español (no simplemente orgulloso, como la mayoría); que se siente únicamente español o más español que gallego, valenciano, extremeño o lo que sea; que prefiere un Estado en el que se supriman o se reduzcan las autonomías, y que la presencia de inmigrantes es una amenaza para los valores y la cultura española, no parece exagerado concluir que estamos ante un nacionalista español.

Pues bien, estos son los que responden a esos cuatro rasgos:

Como tiene relevancia política inmediata, detengámonos en el primer indicador. En lo que se refiere al modelo de organización territorial del Estado, podemos clasificar a los españoles en tres grupos:

Los centralistas, que prefieren un Estado sin autonomías o con menos autonomías; como hemos visto, en este grupo están el 30% de los españoles mayores de edad.

Los autonomistas, que están básicamente conformes con el actual Estado autonómico. Es la posición mayoritaria: el 39% se conforma con las competencias actuales de las CCAA y un 14% desearía que tuvieran mayor autonomía, pero dentro del marco legal vigente. Entre ambos suman un 53%.

Y por último los secesionistas, que son aquellos que desearían un Estado en el que se reconozca a las CCAA la posibilidad de convertirse en estados independientes. En esta posición están el 10% de los ciudadanos.

Para quienes prefieren contar personas que porcentajes: en España hay 10,4 millones de centralistas, 18,3 millones de autonomistas y 3,4 millones de secesionistas. 

Siguiendo con nuestros cuatro indicadores del nacionalismo español, podemos saber en qué sectores sociales es más fuerte comprobando dónde las cifras de cada uno de ellos son sensiblemente superiores a la media:

 Pinche para ampliar.

Los cuatro gráficos coinciden básicamente: el nacionalismo español es, políticamente, un fenómeno propio de la derecha y muy acusado entre los votantes del PP y -en menor grado, pero claramente por encima de la media- de Ciudadanos (si bien hay que señalar que en el terma de la diversidad estos tienen una posición mucho más abierta); sociológicamente, característicos de las personas mayores de 65 años, de los jubilados y amas de casa y de las personas con niveles de estudios más bajos, y por fin, se da con más abundancia en las grandes ciudades (por encima de 400.000 habitantes) que en las poblaciones medianas y pequeñas.

Tras ver estos datos, dispónganse a seguir la campaña electoral de los partidos, especialmente la del Partido Popular, y verán cómo nada sucede por casualidad. Sin ir más lejos, cuando alguien lanza a una delegada del Gobierno a que monte un escándalo a cuenta de la presencia de banderas independentistas en un partido de fútbol, sabe muy bien lo que está haciendo, por qué y para quién.

Francamente malo
Nota del Editor 1 Junio 2016

Este panfleto contra  España es tan malo que no vale la pena molestarse en machacarlo.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El PSOE propone acabar con el equilibrio territorial español
Editorial La Razon 1 Junio 2016

La última propuesta del PSOE, que ha anunciado como un «pacto político» entre el Estado y Cataluña, es un paso más dentro de las tentativas que los socialistas vienen realizando sobre un tema central para la gobernación del país. En concreto, dicho acuerdo se basaría en el reconocimiento de los «derechos históricos» y «el hecho diferencial», conceptos de difícil traducción al campo del Derecho, sobre todo si se quiere mantener el principio de igualdad territorial, un concepto básico para los que se reclaman de la tradición de izquierda o liberalconservadora y que la Constitución especifica en su artículo 138.1: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español».

Todo lo que altere este principio nos sitúa en un terreno políticamente desconocido, que incluso va más allá del federalismo que históricamente ha defendido el socialismo español. La propuesta de Pedro Sánchez ha sido muy bien recibida en el PSC por boca de su primer secretario, Miquel Iceta, que ve en ella un freno al referéndum de independencia o una forma de ganar tiempo ante una situación que sospecha irreversible.

Garantizar competencias para evitar la ilegalidad de algunas leyes desarrolladas por la Generalitat y los constantes choques con el Tribunal Constitucional es consagrar un sistema asimétrico, esté o no inspirado por el federalismo que tanto ha defendido el PSOE. Si se acepta que la singularidad catalana debe ser reconocida en la Carta Magna, como proponen los socialistas, estaríamos situando en un ámbito de bilateralidad que dinamitaría el principio de que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» (artículo 138.2). La fórmula para este reconocimiento sería muy fácil: incorporar a la Constitución el artículo 5 del actual Estatuto de Autonomía.

Así lo vería Iceta, sin especificar que dicho reconocimiento supondría «una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat», como especifica el propio Estatuto. Se trata de aceptar en la práctica una mezcla de federalismo asimétrico y de confederalismo. De ser así, estaríamos hablando de la demolición del sistema territorial autonómico que rige en España desde 1978 –materializado por Cataluña con el Estatuto del 79– y que, en su concreción práctica, es comparable al federalismo aplicado en Alemania.

Ya ha habido dirigentes socialistas que han llamado la atención sobre lo que supondría una alteración del principio de igualdad. Conviene echar la vista atrás para entender que los errores cometidos por los socialistas han propiciado una situación en la que ha dado alas al soberanismo. La reforma del Estatuto fue una idea de Pasqual Maragall sin demanda social alguna y basada, de nuevo, en que debía ir de acuerdo con una reforma constitucional. El reconocimiento de los derechos históricos llevó a la redacción de un Preámbulo de nefastas consecuencias. El PSOE ha vuelto al mismo lugar que desencadenó la actual situación. Hay que partir de un hecho: el nacionalismo es, por definición, antifederal y contrario a la igualdad de los territorios.

Esquizo-sánchez
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 1 Junio 2016

Ayer, en EL MUNDO, Pdr Snchz, castizo nombre español desecado de vocales por la dictadura del márketing o, como dicen en la Florida, del 'mercadeo' y venta de líderes como si fueran detergentes, dio un paso de gigante (por altura, casi lo es) para volverse loco y volver locos a sus votantes. Sólo en la 'bolchevización' del PSOE tras perder las elecciones del 33, encabezada por Largo Caballero y combatida por Besteiro, fue tan necesario oponer sensatez y patriotismo al ansia enloquecida de poder de un líder. Entonces fue el 'Lenin español', pocos años antes secretario de Estado de Trabajo en la Dictadura de Primo de Rivera, dizque para que la UGT desbancara a la CNT. Ahora es Sánchez el que dice lo mismo que Largo: que gobernaría con el "ala moderada" de los comunistas, del PCE de Stalin ayer, del PC venezolano podemita hoy. Y ahora Sánchez nos invita a cenar con unos caníbales que se proclaman vegetarianos, pero que traen de aliño la salsa roja de la ETA y el salpicón negro de la CUP.

El 11 de noviembre, Iceta, respaldado por Sánchez, presentó en el Tribunal Constitucional junto a Arrimadas y García Albiol un recurso contra la proclamación de la independencia por el Parlamento catalán. Este fin de semana, Iceta, respaldado por Sánchez, se manifestó con los rufianes de ERC y los amigachos de Otegi contra el TC por suspender una ley de ese mismo parlamento regional que obliga a los propietarios de pisos a poner una parte en manos de los 'okupas' que han devuelto a Barcelona a la época de la 'Ciutat cremada' cuando el catalanismo burgués utilizaba a la izquierda violenta para arrancar dinero y poder a 'Madrit'. Hasta que la fiera se desmandaba, claro, y se pedía de rodillas a la despreciada España, a la que se decía 'adéu', que impusiera el Orden como fuera. Nada se repite del todo, pero está claro que el separatismo catalán y el PSOE de ayer se parecen horrores al separatismo catalán y al PSOE de hoy.

Adentrándose en el camino sin retorno de la esquizofrenia, Sánchez dice defender la igualdad de los españoles y la desigualdad de los catalanes, el régimen constitucional y pactar con los enemigos de la soberanía nacional, formar Gobierno con Ciudadanos y gobernar con Podemos. ¡Y todo a la vez! Para votarlo no basta taparse el ERE de la nariz, hay que ponerse la camisa de fuerza.

Separatista declaración de intenciones
Editorial La Razon 1 Junio 2016

Junts pel Sí y la CUP acaban de registrar en la Cámara autonómica una proposición de ley para crear la «Agencia Catalana de Protección Social», organismo que pretende ser el embrión de una hipotética Seguridad Social catalana. Se trata, según los promotores, de la primera de las tres leyes de «desconexión» del Estado previstas en esta legislatura, pero en realidad se queda en simple declaración de intenciones aunque, eso sí, separatistas.

De momento, el texto legislativo se limita a aglutinar todos los organismos y estructuras de los que ya dispone la Generalitat en materia de protección social, pensiones no contributivas, Sanidad y Seguridad Social. Es decir, nada que suponga un verdadero desafío al Estado que pueda acarrear consecuencias jurídicas y penales para sus promotores.

La cuestión es, por supuesto, si el actual Gobierno de la Generalitat trata de ganar tiempo enredando a la CUP en promesas que no piensa cumplir, o si de verdad cree en la quimera de la independencia exprés. En el primer caso, es una táctica política poco elegante, aunque no inusual. En el segundo, los catalanes se enfrentarían a un desvarío que perjudicará la convivencia y el progreso, pero sin que deban temer por el futuro de sus pensiones. Al menos mientras la Seguridad Social siga en manos del Estado.

La Ertzaintza y la verdad sobre ETA
Mikel Buesa Libertad Digital 1 Junio 2016

El Gobierno vasco acaba de publicar un informe patrocinado por él mismo y realizado por el Instituto de Derechos Humanos Padre Arrupe de la Universidad de Deusto acerca de los ataques de ETA sobre la Ertzaintza y la correspondiente vulneración de los derechos humanos de sus miembros. El informe se construye sobre dos fundamentos: el primero lo constituye un conjunto de datos cuantitativos elaborados por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco –que los investigadores universitarios emplean como tales, sin el menor análisis crítico de su contenido– y el segundo lo forman los contenidos de un conjunto de entrevistas con quince personas a partir de un cuestionario planteado por esos investigadores. La tesis central del informe es que, en el período 1990-2011, existió una "amenaza general" de ETA sobre la Ertzaintza que adquirió en determinados casos un nivel de hostigamiento y coacción (…) claramente incompatible con la convivencia (…) por vulnerar los derechos fundamentales y libertades públicas.

Aunque no tengo nada que objetar a la tesis central del trabajo, pues en efecto las acciones de ETA vulneraron los derechos humanos de los ertzainas y sus familias, que sufrieron sus ataques, sí creo que su contenido es claramente insuficiente y, en algunos casos, discutible, para establecer las dimensiones reales de la zozobra experimentada por esos servidores públicos, una zozobra en la que, además de ETA, ejerció una influencia secundaria, aunque en nada desdeñable, la orientación de la política policial del Gobierno vasco con respecto a la lucha antiterrorista. Es precisamente en este aspecto en el que el informe de la Universidad de Deusto lo calla todo, tal vez porque sus investigadores se han visto constreñidos por el hecho de que su trabajo fue encargado por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia de la Administración regional, o acaso porque ignoran las fuentes disponibles existentes sobre el asunto.

Pero empecemos por la visión cuantitativa del tema. El informe se ciñe en esto a la reproducción de un material estadístico proporcionado por la dirección de la Ertzaintza. Ese material arranca de la cuantificación del número de sus agentes perseguidos por ETA, de la que se deduce que el de la policía autonómica fue "un colectivo amenazado en su totalidad", simplemente porque a ETA se le incautaron copias de los boletines oficiales en los que aparecían los nombramientos de los ertzainas. No obstante, se reconoce inmediatamente que con un nivel de riesgo específico –derivado del hecho de que la organización terrorista disponía de una información elaborada– no hubo más allá de 48 agentes. También se relacionan los atentados terroristas –27 en total– en los que murieron ertzainas o que tuvieron como objetivo las instalaciones y medios de la institución policial. Se añaden a ello datos sobre los cambios en los números profesionales de los policías y en las matrículas de sus vehículos, adoptados como medidas de autoprotección. Y se completa este panorama con una estadística de los ataques de kale borroka sufridos por ellos o sus familiares. Estos últimos son sorprendentemente elevados –1.335 en total–, sobre todo si se tiene en cuenta que no son para nada coincidentes con otras fuentes disponibles. En concreto, en los Balances que el Ministerio del Interior publicó entre 1999 y 2004 se señala que el número de esos ataques fue de 88, mientras que la estadística de la que se hace eco el informe los cuantifica en 418 para el mismo período. Es decir, la información oficial vasca multiplica caso por cinco las cifras disponibles en la fuente estatal. Digamos adicionalmente que esta es la primera vez en la que el Gobierno vasco hace pública una estadística sobre el terrorismo callejero; y que los investigadores de la Universidad de Deusto no han hecho el menor análisis crítico de ella.

Esos mismos investigadores han omitido otras fuentes cuantitativas y cualitativas que les habrían permitido profundizar sobre un panorama más completo de la incidencia que tuvo el terrorismo sobre la Ertzaintza. Por ejemplo, ahí están las estadísticas sobre el absentismo laboral en ese cuerpo policial que, elaboradas por el Departamento de Interior y dadas a conocer en el Parlamento vasco, permiten saber que, en la década que media entre 1998 y 2007, se perdieron 129.000 jornadas anuales de trabajo, con un absentismo que más que duplicó el de otros sectores de la economía. Un absentismo que redujo la eficacia del cuerpo policial y sobre el que incidieron varios factores, entre ellos, el terrorismo. Tampoco mencionan los informes del Servicio Médico de la Ertzaintza sobre la salud mental de los agentes y las bajas concedidas por causas psicológicas, que en la primera mitad la década de 2000 duplicaron y hasta triplicaron las correspondientes a otros cuerpos policiales. Por no hablar de los resultados de la encuesta que, en 2005, realizaron Comisiones Obreras y Sigma Dos entre los agentes de la División de Seguridad Ciudadana, donde los investigadores de Deusto habrían podido comprobar la dimensión sociológica de la desmotivación policial y sus causas, entre las que no son menores las decisiones políticas de los mandos de la Consejería de Interior. Esas mismas decisiones fueron criticadas en numerosas ocasiones por los sindicatos policiales, los miembros individuales del cuerpo, cuando se atrevieron a hacerlo, e incluso los jueces encargados de la lucha antiterrorista, configurando un elenco de testimonios que debieran haberse tenido en cuenta en un estudio como el que aquí comento. Y de la misma manera deberían haberse considerado los cambios organizativos de la Ertzaintza, que, en más de una ocasión, tuvieron como resultado una reducción de la eficacia policial contra el terrorismo, amén de nefastas consecuencias para sus agentes. Por ejemplo, a raíz del Pacto de Lizarra, en 1998 se disolvieron las unidades especializadas en ETA, lo que impidió conocer la preparación de los atentados que siguieron a la ruptura de ese acuerdo, en uno de los cuales fue asesinado el ertzaina Jorge Díez Elorza cuando acompañaba a mi hermano Fernando Buesa. En los meses previos, en los que se planificó la acción terrorista, no hubo ninguna actuación de seguimiento o de contravigilancia en torno a la figura de mi hermano, pese a ser una persona amenazada desde varios años antes.

Todas estas carencias –que podrían haber suplido con sólo consultar mi libro ETA, S.A., en el que se dedica un amplio espacio al tema– han impedido a los investigadores de Deusto valorar los aspectos organizativos y de operativa policial que potenciaron la negativa incidencia que el terrorismo tuvo sobre el sufrimiento de los ertzainas. Diré más: cuando se observa el cuestionario que esos investigadores han empleado para sus entrevistas con miembros del cuerpo o sus familiares, se comprueba que esos asuntos han estado completamente ausentes de su planteamiento, proporcionando así un relato incompleto de la realidad que pretendían estudiar. Es decepcionante, pero es así. El terrorismo, como otros fenómenos totalitarios, tiene actores principales y actores secundarios. Entre éstos están los que jalean y los que callan; y también los que, ostentando el poder político, se adaptan a tal circunstancia procurando molestar lo menos posible, sin asumir el deber y el riesgo de oponerse con radicalidad. Son los apaciguadores. Es cierto que la responsabilidad principal de los daños causados por ETA –entre los que está la vulneración de los derechos humanos– corresponde a sus dirigentes y militantes; pero la verdad sobre ETA va más allá de ellos y, en este trabajo que comento, ha quedado desdibujada, al menos parcialmente, porque sus autores no han querido o no han sabido verla.

'Rancio catalanismo de la alcaldesa populista' El 'radikalismo' de Colau
De cómo los planes impulsados por Ada Colau tienen una larga tradición en el Ayuntamiento de Barcelona. Los comunes objetivos de las "izquierdas" y "derechas" catalanas.
Iván Vélez Cipriano  www.gaceta.es 1 Junio 2016

«Usted, señora Colau, ha sido una de ellos, y por ello le pido que ejerza de alcaldesa sin ocupar el cargo con k». Estas han sido las palabras pronunciadas por el popular Alberto Fernández Díaz en el Ayuntamiento de Barcelona durante un pleno marcado por los incidentes violentos que han tenido como escenario la noche de la Ciudad Condal. En el mismo edificio que otrora albergaba el Salón de Ciento ocupado por cargos propios del Antiguo Régimen, la alcaldesa de Barcelona, que tanto debe a aquellos sus años mozos como activista emboscada tras el antifaz y la lycra del disfraz de Supervivienda, ha pedido proporcionalidad a los Mozos de Escuadra, cuerpo heredero de aquellos borbónicos dieciochescos empeñados en barrer de austracistas migueletes las tierras catalanas.

La democrática ceremonia ha sido contemplada por el célebre concejal borbonicida, chófer del independentismo cupero, Josep Garganté Closa, hombre de barba prieta y puño cerrado que deja ver en su siniestra la palabra «odio» tatuada en un perfecto español que figura en su piel en detrimento de su equivalente en catalán, ese «odi» que dejaría una falange ayuna de tinta.

Para completar el cuadro, hemos de incorporar a la escena al ex alcalde Xavier Trias, predecesor de Colau y pieza fundamental para reconstruir lo acaecido en Barcelona, pues según parece, don Xavier, hombre próximo a Pujol, pagó con dinero público el alquiler, el IBI, la tasa de basuras e incluso algunos desperfectos del local llamado «banco expropiado», cuyo desalojo ha dejado tras de sí escenas propias de la kale borroka proetarra en cuyo espejo se miran los representantes de la CUP ante el deleite de otras sectas catalanistas especializadas en otro tipo de trabajos hispanófobos menos callejeros. Que la letra k está de moda en Cataluña parece fuera de toda duda, a pesar de que los filólogos de laboratorio que pulieron el idioma para limpiarlo de adherencias españolas no dieran a dicha letra el espacio que ahora parece ganarse por vandálicos méritos propios.

Ocurre, no obstante, que la hoy insurgente k tuvo su primer momento estelar español hace más de un siglo, gracias a un vizcaíno insigne: Miguel de Unamuno. Fue en 1913 y en las páginas del madrileño diario Mundo Gráfico donde, en contestación a un escrito del tuberculoso y chocarrero Félix Méndez, don Miguel, que un año antes había escrito: «¿Quién duda de que Platón, Descartes, Newton o Kant, han influido más en la cultura –o mejor dicho Kultura,– que Alejandro Magno, Colón, Napoleón o cualquier otro hombre de acción?», desplegaba toda su ironía en un artículo titulado «La Kultura y la Cultura», en el cual encontramos perlas como la que sigue: «La k da autoridad e importancia a un escrito». La apelación a la Kultura hecha por Unamuno conecta bien con ciertos componentes de la viscosa ideología que alimentaba ayer a «los chicos de la gasolina» –Arzalluz dixit- y lo hace hoy con estos okupas subvencionados y al orden de pagos residentes en la Barcelona que ha acogido con honores a Arnaldo Otegui, «hombre de paz» al decir del fundador de la Alianza de Civilizaciones.

Ironías aparte, los escritos periodísticos de Unamuno señalaban, en relación con la letra k, a Alemania y a la Kultura, verdadero mito dominante de Europa desde el XIX en el que cristalizó el catalanismo, alentado en inicio por una oligarquía insaciable que enseguida mostró su cara más desleal tras la pérdida de los privilegios otorgados por el proteccionismo comercial. En efecto, en cuanto el mercado de Las Antillas, abierto al puerto de Barcelona por el denostado Felipe V, comenzó a dejar de ser rentable ante el empuje capitalista británico alimentado por los miserables proletarios novelados por Dickens, comenzó a crecer un movimiento al que se acabarían sumando incluso los charnegos, ignorantes de la canina etimología de tan peyorativa palabra. La cultura circunscrita, barruntada por Unamuno y caracterizada bajo la exitosa fórmula de las «señas de identidad» del archipremiado islamófilo barcelonés Juan Goytisolo Gay en los 60, comenzó a marcar el rumbo político de Cataluña.

Los vínculos entre el catalanismo y el Ayuntamiento de Barcelona son profundos y tienen en lo cultural uno de sus más sólidos nexos con precedentes lejanos que conviene analizar, pues si bien los actuales okupas se dicen internacionalistas, entre la miríada de naciones que configurarían el orbe figurarían las naciones culturales, entre las que figuraría esa Cataluña que trata de sacudirse el yugo español. Fundamentalistas democráticos, los okupas desalojados son firmes partidarios del derecho a decidir, y lo reclaman en la lengua del ignorado clérigo Jacinto Verdaguer.

El antecedente directo entre cultura y separatismo, plenamente asumido por los antisistema anarquizantes acogidos por el Ayuntamiento en el «banco expropiado», tiene también una filiación municipal que nos lleva al año 1908, cuando se aprueba el Presupuesto Extraordinario de Cultura y se trata de poner en marcha la Institución de Cultura Popular por parte del Ayuntamiento de Barcelona, iniciativas que ya se habían ido larvando en ambientes clericales, masónicos y federalizantes, que todo cabe en tan clásico movimiento transversal como es el catalanismo. El Presupuesto, cuyo monto ascendía a 2.800.000 de pesetas, tenía como objetivo principal el fomento de dicha ideología de objetivos políticos disolventes que trataba de abrirse paso por medio de aulas, ediciones, bibliotecas e incluso bolsas de viajes en las cuales los futuros agentes de tal credo pulirían su estilo en contacto con la Kultura europea. El proyecto encontró un año más tarde su respuesta proporcionada: la suspensión del Presupuesto por parte del gobernador civil de Barcelona, Ángel Osorio. Dábase así al traste con una maniobra que incluía la colocación de muchos agentes dentro de la Institución de Cultura Popular. Un siglo después, la red catalanista, cosida con instrumentos culturales, es tan tupida que sostiene una estructura clientelar capaz de sostener a 242 cargos, entre ellos Puigdemont, que cobran más que Mariano Rajoy, Presidente de España en funciones que sólo puede hablar en el Ayuntamiento a través de la testimonial e irrelevante voz de Alberto Fernández Díaz
 

 


 


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