AGLI Recortes de Prensa   Jueves 2 Junio  2016

España cruzada de brazos
Aleix Vidal-Quadras  www.gaceta.es  2 Junio 2016

España tiene 15.7 millones de habitantes inactivos, es decir, personas mayores de 16 años que no trabajan y no son parados. Se trata, pues, de españoles que, pudiendo en principio producir, no realizan actividad laboral alguna ni manifiestan intención de hacerlo. En términos comparativos con el número de ocupados, somos el país europeo con más inactivos. De un total de 38.5 millones que son potenciales trabajadores, contribuyen directamente al PIB desempeñando una ocupación únicamente 18 millones. Así, 46 millones son mantenidos por 18 millones. No se puede decir que mostremos un gran interés por arrimar el hombro, aunque tampoco caben grandes reproches dado que la demanda de trabajo no da para más. La combinación de la crisis económica y el progresivo envejecimiento de la población tiene a España cruzada de brazos. El problema es que semejante situación es insostenible a medio plazo y catastrófica a largo. Los políticos, cuya mirada no alcanza a ir más allá de las próximas elecciones, no hablan de este panorama y se han permitido condenarnos a la parálisis colectiva durante seis meses por su incapacidad para formar un Gobierno estable, dando un espectáculo lamentable que no hubiese sido posible en casi ningún otro Estado Miembro de la Unión.

El inefable Pedro Sánchez ha incluido en su programa, no sabemos si previa consulta con Jordi Sevilla y Josep Borrell, aunque cabe sospechar que no, un nuevo plan E a la Zapatero para crear empleo público especialmente destinado a jóvenes y parados de larga duración. Como no le será posible sufragarlo con déficit porque somos parte de la Eurozona, se propone llevarlo a cabo subiendo impuestos y -música celestial- combatiendo el fraude. En otras palabras que, impermeable a la experiencia, su brillante idea aumentará el desempleo y es bastante probable que también el déficit. Podemos propone medidas similares, pero con mayor intensidad, es decir, prima de riesgo disparada, multa de la Comisión, fuga de capitales y colas aún más largas en las Oficinas del INEM.

Nos movemos entre la socialdemocracia blanda del PP, la socialdemocracia con gotas de liberalismo de Ciudadanos, la socialdemocracia clásica del PSOE y el colectivismo liberticida de Podemos. Algo así como ¿qué prefiere usted, susto o muerte? Puestas las cosas así, pues susto, y si puede ser, lo menos dañino posible.

El origen de nuestros males, y no somos los únicos del mundo occidental en padecerlos, radica en que nuestros políticos o no entienden cómo funcionan los mecanismos de creación de riqueza y empleo o sí los entienden, pero no les da la gana de aplicarlos si colisionan con sus intereses electorales inmediatos o si se ven incapaces de explicárselos a la gente de manera convincente. Es el inconveniente que tiene el haberse dedicado a robar a manos llenas durante décadas, que los ciudadanos, aparte de cogerte una explicable antipatía, no se creen nada de lo que digas.

Nuestro solemne ministro de Economía en funciones ha declarado que ni hay que recortar el gasto ni hay que subir los impuestos, basta con confiar en que el crecimiento espontáneo fruto de la recuperación nos proporcionará el maná que ansiamos. Lo grave de este tipo de pronunciamientos es que Luis de Guindos sí sabe de su materia y, por tanto, juega respecto a Rajoy el mismo penoso papel que jugó en su día Pedro Solbes respecto a ZP, el de encubridor de desaguisados. A los ministros, además de exigirles honradez en lo material, habría que juzgarles también por su honestidad intelectual. Cuando uno falsea la verdad porque es un ignorante, malo, cuando lo hace a sabiendas para complacer al jefe, peor.

La receta que nos curaría de nuestras desgracias, es conocida, y la han repetido muchos predicadores en el desierto. Reformas estructurales que dinamicen la actividad empresarial, reforma de las Administraciones que eliminen las decenas de miles de millones de dispendio inútil, clientelar o puramente comprador de votos, reforma de la estructura territorial que haga al Estado eficiente y funcional, supresión de subvenciones absurdas y acabar con el saqueo del erario de los numerosos Ali Babá que aún pueblan Ayuntamientos, Diputaciones, Autonomías y Ministerios. Esa sí que es una fórmula ganadora y no la persistencia en los mismos errores que nos ofrecen desde las diferentes siglas.

Se ha reiterado que nada resulta más fatigoso que luchar por lo evidente, por tanto permítanme que deje de teclear y me tome un respiro. No se inquieten, que volveré.

Chaves y Griñán a juicio por prevaricación y malversación
Pablo Sebastián Republica.com  2 Junio 2016

El subidón de Podemos en Cataluña que anuncian las encuestas en línea con sus excelentes resultados en las Comunidades de Madrid y Valencia ha sido la causa de la sorprendente y temeraria propuesta electoral de Pedro Sánchez en la que ofrece a Cataluña una ‘relación bilateral con el Estado’. Oferta imposible de llevar a cabo sin contar con el apoyo del PP, que por otra parte ha alarmado a los barones del PSOE, que la consideran inaceptable.

Pues bien, a los problemas electorales del PSOE en Cataluña, Madrid y Valencia (amén de Galicia donde tuvieron que cesar a su secretario general), se le suman ahora los de Andalucía. La región considerada el ‘cuartel de invierno’ del Partido Socialista y su mayor reserva de votos y escaños, por causa del procesamiento de Chaves (por prevaricación) y Griñán (por prevaricación y malversación) y de seis exconsejeros de la Junta en los que se incluye a la autoritaria Magdalena Álvarez y al extodopoderoso Gaspar Zarrías.

Parece como si una bomba de racimo de demoledores efectos hubiera caído sobre la sede del PSOE y la campaña electoral de Pedro Sánchez. No en vano Chaves y Griñán -que han pedido su baja en el PSOE-, son dos expresidentes de la Junta de Andalucía además de expresidentes del Partido Socialista y exministros en los gobiernos de Felipe González. El que a su vez está inmerso en el escándalo de sus recomendaciones en favor de su amigote Zandi (investigado por Hacienda) enviadas a los presidentes de Sudán, uno de ellos condenado por crímenes contra la Humanidad.

Con semejantes alforjas recientemente aprovisionadas de corrupción cabalga Sánchez por la campaña electoral donde difícilmente podrá criticar a Rajoy sin que le rebote en la cara. Ante estos hechos Albert Rivera debería extender a Sánchez las responsabilidades políticas por la corrupción que le exige a Rajoy. De igual manera Rivera tiene que pedir a Sánchez -su compañero de viaje en el pacto de la investidura- explicaciones detalladas sobre la propuesta de una relación ‘bilateral de Cataluña con el Estado’, que denuncian el PP y barones del PSOE.

Está claro que el PP no le va a la zaga al PSOE en esto de la corrupción, pero ese partido enfangado se acaba de empatar en Sevilla, lo que sin duda influirá en los debates electorales y en la campaña electoral. Y de especial manera en la de Andalucía para desgracia de Sánchez y puede que también de su primera adversaria interna Susana Díaz si el PSOE andaluz no obtiene el 26-J en el Sur los escaños que obtuvo el 20-D, lo que no les será fácil de conseguir tras la unidad de IU con Podemos. Un pacto camino del ‘sorpasso’ del PSOE por Podemos que en los sondeos electorales no cesa de crecer.

El régimen andaluz en el banquillo
Melchor Miralles Republica.com  2 Junio 2016

El auto del juez Álvaro Martín procesa a Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y un florido ramillete de ex consejeros y otros cargos de la Junta de Andalucía. Los delitos de los que se les acusa con gravísimos y tienen que ver con un fraude continuado, prevaricación, etc en el caso de los ERE y los cursos de formación. La gestión del dinero público español y europeo destinado esencialmente a ayudar a los parados que terminó en bolsillos particulares. A quien va a sentar en el banquillo el juez, en términos políticos, es el Régimen socialista instaurado hace tantos años en Andalucía que ha llevado a la Comunidad Autónoma a límites insostenibles de pobreza y clientelismo. Y el actual Gobierno de Susana Díaz no se va a librar.

Estos procesamientos era evidente que se iban a producir, y no por ello son menos graves y trascendentes políticamente. El dinero defraudado y la permanencia en el tiempo de esta banda evidencian la impunidad con la que se manejaban los Gobiernos andaluces socialistas, que no es que, según el juez, estuvieran al tanto de la trama, sino que la impulsaron y mantuvieron pese a las advertencias de algunos funcionarios de la intervención general.

La defensa de los acusados ha girado en torno a un argumento demoledor ética y políticamente: que como los jefes no se han llevado a casa el dinero público, sino que solo han permitido que otros se apropiaran de él, el asunto no es grave. Y lo grave es que en el PSOE y en los ciudadanos de Andalucía han existido una condescendencia y una indulgencia hacia esta corrupción universalizada que supera todos los límites, porque la mancha de aceite de esta corrupción estaba extendida por todo el territorio y en todos los ámbitos. Y como quienes manejaban el cotarro eran quienes gobernaban, obtenían rédito electoral de este grifo inagotable de dinero de todos empleado en beneficio particular de quienes gobernaban, sus potenciales votantes en las bolsas de más pobreza y sus más próximos.

Los receptores de este maná de dinero público malversado eran esencialmente el núcleo duro de votantes del PSOE en Andalucía, los pata negra que garantizaban permanecer en el machito: los sindicatos, las empresas controladas por el partido del Gobierno, los movimientos sociales afines o que se hacían pasar por afines. Es decir, quienes mantenían en el poder a los que repartían la pasta.

Pero este auto del juez Martín va a establecer un antes y un después. A ver qué hace ahora Susana Díaz, la campeona de las libertades y el progreso, que formo parte de esa Administración corrupta y o no se enteró de nada, o no quiso enterarse o miró para otro lado, que viene a ser lo mismo en gravedad. El PSOE ya ha dicho que sigue creyendo en la inocencia de los acusados, pero Pedro Sánchez avista la caída de su enemiga, que a estas alturas debiera proponer en el Parlamento andaluz una cuestión de confianza y, de no hacerlo, el resto de los partidos supongo que plantearan una moción de censura, porque Susana Díaz es políticamente hija de este régimen corrupto.

Las consecuencias políticas de este auto del juez Martín deben sustanciarse de modo inmediato, para que el 26-J los andaluces voten con toda propiedad. Y ojo a la satisfacción que se respiraba esta tarde en Unidos Podemos, que atisba un éxito electoral en Andalucía a costa del PSOE. Porque conviene tener memoria, y recordar que Izquierda Unida, socio de Podemos, fue quien sostuvo al Gobierno andaluz cuando este calificaba la investigación judicial de caza de brujas y miraba para otro lado mientras conseguía laminar a la juez Mercedes Alaya. A ver qué dicen ahora Garzón y los suyos. Y ojo a Ciudadanos, que debiera dejar de apoyar a un Gobierno al que salpica de lleno el caso de corrupción cuantitativamente más grave de la historia de España.

Una mordaza para Sánchez
Editorial El Espanol  2 Junio 2016

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán se han visto obligados a romper el carnet del PSOE después de que el cuarto instructor del caso ERE decidiera este miércoles sentarlos en el banquillo acusados de prevaricación y -en el caso del mentor de Susana Díaz- malversación de caudales públicos.

A 26 días de las elecciones, aunque se trate de una causa de largo recorrido y sus principales protagonistas lleven un año fuera de toda actividad política, el procesamiento de dos exministros y expresidentes del PSOE por delitos tan graves marcará de lleno la campaña. Principalmente porque este asunto amordaza a Pedro Sánchez, al obligarle a orillar el talón de Aquiles de Mariano Rajoy: su inacción y connivencia ante los escándalos de corrupción en el PP.

Candidato desarmado
El viaje al banquillo de Chaves y Griñán, aunque previsible después de cinco años de pesquisas, 300 imputados y 2.000 folios de sumario, desarma en la práctica al aspirante socialista, que ya no podrá llamar "indecente a Rajoy" sin que el candidato del PP le conteste "y el PSOE más". Del mismo modo, Podemos puede verse comprometido porque su compañero de viaje, Izquierda Unida, formó parte de los gabinetes bajo sospecha.

En este sentido, el auto del juez Álvaro Martín no sólo contraviene la práctica habitual del Tribunal Supremo de aparcar las decisiones judiciales de calado político a las puertas de un proceso electoral, sino que supone un balón de oxígeno para el presidente en funciones. Sin embargo, que el instructor no haya tenido en cuenta esta doctrina de prudencia -que hace una semana protegió al convergente Francesc Homs del banquillo- no resta un ápice de gravedad a las acusaciones que ahora pesan sobre Chaves, Griñán y otros 24 altos cargos de la Junta de Andalucía.

Fondo de reptiles
Entre 2001 y 2011, el Gobierno de la Junta creó y gestionó con absoluta arbitrariedad un fondo de más de 855 millones de euros destinado a facilitar a empresas en dificultades el pago de indemnizaciones y jubilaciones a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Durante toda una década, los gobiernos socialistas andaluces hicieron caso omiso a los requerimientos de la Intervención General de la Junta de Andalucía y repartieron este dinero a discreción, sin justificación alguna y con total descaro.

El instructor del caso, como quienes le precedieron en la investigación, mantiene que es imposible que los encausados desconocieran los informes que denunciaban la "ilicitud del sistema", de tal modo que "quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias". Por ello considera a Chaves, Griñán y el resto de procesados "responsables de generar, implantar, mantener e impulsar" el fondo de reptiles.
Clientelismo y corrupción

En términos políticos, el caso ERE supone una enmienda casi a la totalidad de unos Gobiernos que hicieron del clientelismo y la corrupción dos herramientas para mantenerse en el poder. Desde este punto de vista es difícil que el gesto de dejar la militancia salvaguarde del todo a Susana Díaz -en particular- y al conjunto del PSOE -en general- del estigma que supone haber sido apadrinados sucesivamente por dos acusados de corrupción.

Aunque la Junta de Andalucía ejerza la acusación popular, Susana Díaz no puede evitar ser hija política de Griñán, como éste lo fue antes de Chaves, con lo que ello supone de descrédito. El PSOE, obligado a defender la honorabilidad de sus expresidentes, parece ahora atado de pies y manos.

Veinte años del PSOE andaluz se sientan en el banquillo
Editorial La Razon  2 Junio 2016

Pedro Sánchez, el hombre que llamó «indecente» a Mariano Rajoy, es desde ayer el secretario general de un partido que tiene procesados por prevaricación y malversación de caudales públicos a quienes, desde el feudo andaluz, han marcado la vida interna del PSOE durante tres décadas. Sin menoscabo alguno de la presunción de inocencia de los acusados, que todavía no han sido juzgados, la gravedad de los hechos señalados para la vista oral debería hacer reflexionar al líder socialista sobre el error que cometió en la pasada campaña electoral al extremar sus acusaciones de corrupción contra el PP, en una descalificación general y arbitraria del adversario político que, ahora, se le vuelve en contra.

Porque ni Manuel Chaves, ni Magdalena Álvarez, ni Gaspar Zarrías ni, por supuesto, José Antonio Griñán han sido personajes menores en el entramado socialista, comenzando por el primero, que presidió el partido y fue vicepresidente del Gobierno. Todos ellos, junto con otros veinte ex consejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía, se sentarán en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en uno de los casos de corrupción y malversación de dinero público más graves de los que hay memoria en la España reciente. Un caso –el de los ERE–, que, además, tiene un trasfondo político inconcebible, como es el que un Gobierno fomentara en la práctica la destrucción del tejido industrial y productivo a cambio de una equívoca paz social.

Porque sea cual sea el resultado de un proceso judicial largo y complejo, llevado adelante por la juez Mercedes Alaya pese a la obstrucción de los mismos funcionarios de la Junta que debían velar por los intereses generales, no sólo se juzga a los ex altos cargos procesados, se juzga, también, una manera de interpretar la gestión del dinero público como vehículo clientelar al servicio de un partido y de sus estructuras de poder.

Estamos, como señalaba ayer la portavoz adjunta de IU en el Parlamento andaluz, Elena Cortés, ante veintitrés años de la autonomía andaluza sentada en un banquillo. Veintitrés años en los que reinó la más absoluta impunidad en el uso discrecional de unos fondos millonarios que, pese a las advertencias claras y repetidas de los interventores de la Junta, se repartían incumpliendo la Ley de Subvenciones y la Ley de Hacienda Pública.

Una trama que no hubiera podido mantenerse en el tiempo sin la complicidad activa o pasiva de quienes estaban más obligados a cumplir las normas y a hacerlas cumplir. Durante todos estos años de investigación, desde el PSOE se ha intentado rebajar la gravedad del asunto, tratando de desviar la atención a supuestas teorías de la conspiración que no se sostienen. Basta con leer la lista de los 24 altos cargos de la Junta procesados para comprender que la única conspiración posible estaba en los despachos oficiales.

Hay que insistir en que si la cantidad presuntamente malversada es importante –unos 720 millones de euros–su gravedad se acentúa por el perjuicio al conjunto de la sociedad andaluza, que ha visto cómo el dinero público que debería servir para promover políticas de empleo y de proyección económica se dedicaba a subvencionar la destrucción de puestos de trabajo. No basta que Pedro Sánchez, se escude en la pérdida de militancia de los procesados, es preciso que lleve a cabo una profunda autocrítica de la responsabilidad contraída.

Poca pena para tanto saqueo
OKDIARIO  2 Junio 2016

Manuel Chaves y José Antonio Griñán tan sólo pagarán con el banquillo y una probable inhabilitación para ejercer cualquier cargo público el hecho de haber consentido la distribución de al menos 854 millones de euros de forma arbitraria, tejiendo además un entramado para burlar los mecanismos de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Una pena escasa si tenemos en cuenta que el dinero fue adjudicado a compañías afines con total ausencia de bases reguladoras, control de cumplimiento, principios de publicidad o control posterior. Todo para beneficio de allegados con el objetivo de crear una red clientelar que los ayudara a perpetuarse en una región donde llevan gobernando desde 1978. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra los ex presidentes Chaves y Griñán —por prevaricación continuada el primero y por prevaricación y malversación de caudales públicos el segundo— y otros 24 ex altos cargos entre los que destacan la ex Ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez, o el ex consejero de Presidencia en Andalucía, Gaspar Zarrías.

El caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) resume la falta de ética más absoluta a la hora de manejar el dinero público además de la impotencia que genera el hecho de que no se recuperará ni un solo euro esquilmado. Recursos que deberían ser destinados al bienestar y a los servicios de los ciudadanos y que en Andalucía alimentaron una infamia que se desarrolló desde el año 2000 al 2011. Un caso que, dada la relevancia de ambos políticos, se personaliza en Chaves y Griñán. A pesar de que han comunicado su baja voluntaria en el PSOE tras saberse la decisión del juez Martín, el conocimiento de ambos al respecto de estos procedimientos ilegales hace que no tengan disculpa alguna. Resulta patético que el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, o el mismo candidato de los socialistas a La Moncloa, Pedro Sánchez, busquen excusas para tratar de justificarlos. Un partido que pretende gobernar España debe ser tajante en sus declaraciones a la hora de condenar este tipo de entramados que tanto daño han causado a los ciudadanos y a la propia credibilidad de la clase política.

Caso ERE, el PSOE pasa de responsable a víctima
La nueva línea de defensa establecerá que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas era legal y que si ha habido fraude, la primera perjudicada ha sido la Junta
Javier Caraballo El Confidencial  2 Junio 2016

Con la inminencia de los banquillos, el PSOE ha vuelto a cambiar su versión de defensa de los fraudes cometidos por las ayudas millonarias que ha repartido desde la Junta de Andalucía durante una década, y, gracias a una pirueta mágica que sólo permite el derecho penal, los dirigentes socialistas han pasado a presentarse como una víctima más de los escándalos. Con este último paso, que se mantendrá ya hasta la propia vista oral, los dirigentes socialistas cierran un círculo de exculpación que ha pasado desde la negación inicial de lo sucedido a la actual conversión en la que aparecen como los principales afectados por el fraude cometido.

Entre una y otra, en un periodo intermedio, ha habido momentos de diferencias en las interpretaciones que, finalmente, se han resuelto con la uniformidad de criterio de la que ha hecho gala el PSOE en cada ocasión que lo ha necesitado por algún apuro judicial. Uniformidad de criterio estricta, militar, en la que en todos los rincones de España se repetirá la misma versión: “Chaves y Griñán son dos personas honestas, que no se han llevado ni un céntimo, no tienen dinero en paraísos fiscales, y el fraude, si ha existido, ha sido contra la Junta de Andalucía”.

La primera de todas las versiones, o explicaciones, que se ofreció desde la Junta de Andalucía cuando estalló el fraude en los tribunales fue la negación misma de lo sucedido. “Es algo de poca sustancia”, dijo en febrero de 2011 la que entonces era consejera y portavoz del Gobierno andaluz, María del Mar Moreno. Más o menos por la misma fecha, la propia Moreno, que también fue presidenta del Parlamento andaluz y durante bastante tiempo la ‘tapada’ de Zapatero para suceder a Chaves en la presidencia de la Junta de Andalucía, recriminaba a la oposición por insistir en el escándalo. “Han pinchado en hueso”, decía.

Otras veces, redujo el alcance a “tres o cuatro pillos”, cuando se iban conociendo los casos de prejubilados en empresas en las que jamás habían trabajado. Pero nunca se consideró que el escándalo pudiera ir más allá ni que, por supuesto, pudiera afecta a ningún dirigente político. “El chicle no se puede estirar más”, dijo la misma portavoz, a pesar de que ya eran de dominio público algunas escenas grotescas de la trama de los ERE, como las del entonces director general de Empleo, Javier Guerrero, cuando se iba de putas y cocaína con dinero de esos fondos. Lo contó ante la jueza Alaya, en marzo de 2012, su chófer, Juan Francisco Trujillo: hasta 25.000 euros al mes habían llegado a gastarse con dinero de las ayudas públicas. ¿Y el comisionista, Juan Lanzas, el que tenía “dinero para asar una vaca”, según contaron sus padres a los agentes de la Guardia Civil? Esos eran, según la versión del PSOE de entonces, los “cuatro golfos” a los que se limitaba el escándalo de los ERE, pero a nadie más.

Ocurría, sin embargo, que la trama de los ERE seguía creciendo y, a partir de los detalles más groseros, como los anteriores, en el esquema judicial piramidal que dibujó la jueza Alaya aparecía una estructura jerarquizada en la que los “cuatro golfos” eran una consecuencia; ni la causa, ni el origen ni la explicación de todo. ¿Cómo era posible que se pudiera disponer de dinero público con tanta facilidad y sin dar cuenta de nada? Ese es el verdadero 'leitmotiv' de la investigación de los ERE y, cuando se comenzó a responder la pregunta, lo que surgieron fueron nombres que completaban los estratos de responsabilidad en la trama.

Es decir, el problema de fondo es el descontrol y la opacidad: la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos lo mismo sirve para comprar cocaína que para que Chaves acallara las protestas laborales que le afectaban en campañas electorales, como ocurrió con los trabajadores de Bilore en marzo de 2004, elecciones generales y andaluzas. En un mitin en Córdoba, le salen al paso los trabajadores de una empresa en crisis, Bilore, y desde Presidencia de la Junta se resuelve el conflicto con una simple nota: “En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer”. Esa es la nota que le mandaron a Francisco Javier Guerrero y actuó en consecuencia. Problema solucionado.

Cuando la investigación policial se adentró en esa fase y comenzaron a desfilar como imputados altos cargos de la Junta de Andalucía, es cuando aparecen las divergencias en las defensas. Entre Chaves y Griñán, por ejemplo, fueron muy evidentes. Chaves nunca se ha apartado del argumentario de manual: “Conocí los hechos por la prensa”, dijo siguiendo el clásico que ya empleó antes Felipe González con Filesa. Griñán, sin embargo, admitió que se había producido un “gran fraude”, aunque descargó la responsabilidad en otros. Incluso, cuando declaró ante el Tribunal Supremo, llegó a decir que lo que ocurrió en la Junta de Andalucía con las ayudas a empresas fue “una barbaridad”, y que “todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal”.

Nada de eso aparece ahora en las versiones ni aparecerá. Tanto en los cursos de formación como en el escándalo de los ERE, la nueva línea de defensa lo que establecerá es que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas era legal y que, por tanto, si ha habido fraude, los primeros perjudicados ha sido la Junta de Andalucía y sus responsables, como Chaves y Griñán. Uno de los imputados en los ERE, el abogado Carlos Leal, es el que abrió la defensa penal de la legalidad de las ayudas concedidas, y el PSOE se ha sumado ahora a esa tesis para su exculpación política. “Si hubo fraude, sería contra la Administración”, como dijo el pasado lunes Griñán en la comisión de investigación de los cursos de formación, muy lejos de sus versiones anteriores. “Si ha habido fraude, ha sido muy pequeño y contra la Junta de Andalucía”, añadió Chaves.

A partir de ahí, una vez sentado eso, a la versión definitiva solo le queda un añadido, “el calvario judicial” que están padeciendo los expresidentes andaluces. Lo dijo ayer Antonio Hernando y la misma versión se repetirá hasta la saciedad: “Tanto Chaves como Griñán son personas que no se han llevado ni un euro, ni un céntimo de euro. No tienen cuentas en paraísos fiscales, ni han recibido sobres, ni sobresueldos. Son personas honradas y honestas”. Más aún: además de honestos, buenos gobernantes. “La gestión ha sido positiva, razonable, útil y eficaz”, como dice Chaves de los gobiernos socialistas andaluces. En definitiva, de cuatro golfos a dos víctimas inocentes. El círculo de la exculpación se ha cerrado.

Chaves y Griñán, al final de la escapada del 'caso de los ERE'
EDITORIAL El Mundo  2 Junio 2016

Como los protagonistas de la célebre película de Godard, Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegaron ayer al final de la escapada, tras ser procesados por el escándalo de los ERE. Han tenido que pasar más de cinco años y medio desde que se iniciara la investigación judicial de esta macrocausa para que al fin un juez haya dado por terminada la instrucción de una de las piezas del caso -la política-, relativa al procedimiento empleado por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011 para repartir de forma ilícita casi 1.000 millones de euros. Y los dos ex presidentes no pueden salir peor parados. El juez instructor les acusa de prevaricación, junto a otros 25 antiguos altos cargos -incluidos varios consejeros como el otrora todopoderoso Gaspar Zarrías o la ex ministra Magdalena Álvarez-, Además, a Griñán le señala también por un delito de malversación continuada, lo que podría acarrearle pena de cárcel de entre cuatro y ocho años. Éste es un salto cualitativo respecto al procedimiento seguido en su día en el Supremo -cuando los protagonistas eran aforados-, donde no se apreció malversación.

El auto es demoledor cuando asegura que no era posible que los encausados desconocieran el sistema fraudulento de reparto de ayudas y subvenciones, "de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas las consecuencias". El juez pone negro sobre blanco cómo funcionaba el entramado de la Junta para beneficiar a empresas y particulares en una de las mayores redes clientelares nunca vistas en nuestro país, con "una pluralidad de autoridades o funcionarios" responsables de instaurar el procedimiento de reparto de fondos públicos. Echa así por tierra tanto la peregrina excusa esgrimida por Chaves y Griñán de que ellos nunca supieron nada, como, sobre todo, el argumentario del PSOE de que este asunto era cosa de cuatro golfos. Nada más lejos de la realidad. Estamos ante una trama institucionalizada, con la connivencia de los máximos responsables de la Junta, que miraron hacia otro lado ante las reiteradas advertencias de la Intervención General de que se estaba cometiendo fraude. Y abochorna que la cúpula del Gobierno autonómico durante un cuarto de siglo -hay constancia de que las primeras prácticas irregulares en los ERE se remontan a 1990, como atestiguó una sentencia del Supremo el año pasado- haya sido partícipe de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, junto con el del fraude de los cursos de formación.

Así las cosas, es inadmisible el cinismo que ayer demostró el PSOE. Los socialistas siguen denunciando una caza de brujas política y defendiendo la "absoluta honradez" de Chaves y Griñán. No es desde luego edificante que, cuando ambos tienen ya un pie en el banquillo, el partido se envuelva en teorías conspirativas al verse tan salpicado por la corrupción. Una actitud que difiere tanto de la dureza con la que los socialistas despachan los casos que afectan al Partido Popular.

Antonio Hernando no dudó en reivindicar que se trata de "personas honestas, que no se han llevado un solo euro". El portavoz socialista en el Congreso perdió una buena oportunidad tanto para pedir disculpas públicas en nombre de su partido por un asunto tan grave, como para hacer pedagogía de la regeneración tan necesaria en la esfera pública. Porque, al margen de lo que se dilucide en el juicio oral, la responsabilidad in vigilando de Chaves, Griñán y sus consejeros, es incuestionable. Y no se puede olvidar que estamos hablando de al menos 855 millones de euros repartidos de forma fraudulenta -al margen de los procedimientos administrativos preceptivos-, y de ellos, unos 150 claramente malversados, repartidos en chanchullos, conseguidores, comisionistas y premios en forma de prejubilaciones para arribistas muy bien relacionados con el poder, en concreto con el PSOE andaluz.

Tras este importante paso procesal, cabe felicitarse de que la Justicia empiece a arrojar luz sobre un asunto de corrupción tan execrable, no sólo por la abultadísima cuantía malversada, sino también por corresponder a una materia tan sensible como las prejubilaciones y las ayudas a quienes pierden su empleo. Muchos de los detalles de esta trama fueron desvelados gracias a la labor de investigación periodística de EL MUNDO, en un escenario de durísima hostilidad desplegada por todos los resortes del poder andaluz, con toda clase de descalificaciones. Tampoco la investigación judicial ha sido sencilla. Tanto por la complejidad y número de afectados en el caso, como por las trabas de Chaves, Griñán -y el resto de implicados-, incluido el aforamiento al que se aferraron durante un tiempo para ralentizar el proceso.

De ahí que su renuncia temporal como militantes del PSOE que se conoció ayer -antes de ser expulsados en cumplimiento del código ético impuesto por Pedro Sánchez- no supone ninguna demostración de que "ambos siempre han ido por delante de los acontecimientos", como presumió Hernando, sino la sencilla evidencia de que ahora sí se saben acorralados por la Justicia.

Diez datos vergonzosos en el auto de los ERE
Carlos Segovia El Mundo  2 Junio 2016

El Gobierno de la comunidad más poblada de la cuarta economía del euro implantó un sistema bananero para repartir 854 millones durante once años para paliar el drama del paro. Los presidentes en ese periodo lo eran además del PSOE, el partido que durante más años ha gobernado España en democracia. El escalofriante auto del juez Alvaro Martín que cierra la instrucción describe unos hechos que deben ser juzgados y nunca más repetidos en un país que pretende ser avanzado. Es muy importante que no solo se considere delictivo que un dirigente político se lleve dinero público, sino también, aunque no se lo embolse, que tome decisiones de descontrol del erario a sabiendas para forjar una red clientelar ajena al interés general. Por eso, en relevante precedente en España, Manuel Chaves y José Antonio Griñán van camino del banquillo de los acusados tras las revelaciones en los últimos años, de, entre otros, EL MUNDO en Andalucía. En el Financial Times recuerdan que el PSOE lleva gobernando esta comunidad desde 1978.

1. Saqueo de 854 millones. "Entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse procedimiento específico, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros".

2. "Total oposición a la Ley". "Los mecanismos utilizados para proveer de fondos públicos al procedimiento específico, la forma de gastar estos fondos, la ausencia de criterio para la fijación de los beneficiarios, de las cuantías concedidas y del control del destino, permite concluir que se postergó el servicio de los intereses generales en favor de los de terceros, que ello se hizo con total oposición a la Ley y al Derecho y con una total falta de objetividad".

3. Seis controles burlados. El sistema que permitía repartir subvenciones para paliar el drama del paro se implantó "con estos fines u objetivos": "Eludir la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, la cual es propia de todo procedimiento de subvención; omitir el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención; ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella; falta de control del cumplimiento, por parte del solicitante de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda; infracción de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad,transparencia, igualdad y no discriminación que es exigible en todo procedimiento de subvención conforme a lo dispuesto por la Ley general de Subvenciones; y ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención, vía oportuna justificación por parte del beneficiario".

4. Pluralidad de responsables. "Apreciamos una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el Director General de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros".

5. Manuel Chaves autorizó. El que fuera presidente del PSOE y ministro de Trabajo presenta indicios suficientes de delito de prevaricación, según el juez instructor. Sin pena de cárcel, pero sí de inhabilitación para cargo público. "El Sr. Chaves asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa". "Conocía la ilicitud del sistema que estaba instaurando y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia".

6. José Antonio Griñán mantuvo. Acusado además de malversación continuada de fondos públicos, penada con cárcel, porque fue todavía más consciente que Chaves de lo erróneo del sistema, según el auto.. "Consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. Como responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones,conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones". En el caso de este ex presidente del PSOE, "no es concebible que se mantuviese ajeno", concluye el juez.

7. Magdalena Álvarez inició. Acusada de prevaricación, era la consejera de Economía y Hacienda entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004. Posteriormente fue ministra de Fomento e incluso vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. "De ella consta que inició el impulso de este procedimiento proponiendo la realización de modificaciones presupuestarias que se gestionaban o aprobaban en su departamento".

8. Gaspar Zarrías no adoptó medidas. Era el consejero de Presidencia de la Junta y está acusado de prevaricación. "Como responsable del gobierno de la comunidad, impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones (...) no adoptó medida alguna para la modificación del régimen".

9.José Antonio Viera, "plenamente consciente". Como consejero de Empleo "era plenamente consciente de todas las características del sistema que se estaba instaurando". Está considerado mentor, como jefe directo en el partido de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. "Su honestidad está más que demostrada", dijo de él Díaz en 2011 cuando era la secretaria de Organización del PSOE andaluz.

10. "Continuidad delictiva". El juez no acusa a los altos cargos de la Junta de llevarse el dinero como sucede en otros casos de corrupción de políticos como la Operación Púnica, pero sí de prevaricación y malversación de fondos públicos de forma continuada. "Al igual que en el caso de la prevaricación, esta conducta malversadora, se prolongó en el tiempo, como modo de ejecución del plan originalmente establecido en el año 2000 e indudablemente conocido por los investigados desde el año 2005, y se mantuvo con una vocación de perpetuidad hasta que fue puesta al descubierto en el año 2011, de manera que concurren los presupuestos del Art. 74 del Código Penal para afirmar la continuidad delictiva".

Un juez pone al socialismo de Chaves y Griñán contra las cuerdas en plena campaña
Con Chaves y Griñán, se ponen en entredicho dos décadas del PSOE andaluz y de la Junta, y por más que Susana Díaz no quiera mirar al pasado, el partido está muy tocado por el golpe
Isabel Morillo. Sevilla El Confidencial  2 Junio 2016

Aunque esperado, ha sido un mazazo al PSOE a las puertas de una campaña electoral decisiva y cuando el partido está al borde del precipicio. Cuando se marchó Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla, muchos lanzaron la idea de que el caso ERE se desmoronaba como un castillo de naipes. Nada más alejado de la realidad. Aquí está el final de su imaginada pirámide. El juez Álvaro Martín, al frente de la pieza política, ha puesto contra las cuerdas más de dos décadas de socialismo y 10 años de gestión de la Consejería de Empleo en Andalucía. No admite “la ignorancia” aducida por los expresidentes ante el Tribunal Supremo. Sentará en el banquillo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros seis exconsejeros y 13 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos el que fue interventor general y jefe del gabinete jurídico de la Junta, dos de los altos funcionarios con más pedigrí de la Administración autonómica.

En un auto “duro”, según la valoración de voces distintas del mundo judicial, el instructor ha sorprendido a muchos imputando a Griñán un delito de malversación que se suma al de prevaricación administrativa que el Supremo ya dictó para los expresidentes. “Nadie lo podía esperar”, sostiene un abogado que conoce muy de cerca el caso ERE. La prevaricación administrativa conlleva pena de inhabilitación para cargo público, algo que todos los que están procesados ya llevan meses e incluso años cumpliendo en realidad. La malversación sí tiene pena de cárcel, de entre cuatro y ocho años, o hasta 12 en caso de que sea continuada o grave.

En su auto, de más de un centenar de folios, el juez Martín fija con claridad una nueva raya roja: todos los que conocieran los avisos de la Intervención de la Junta realizados a partir de 2005 han podido incurrir también en un delito de malversación, aunque sea por omisión. Sostiene que Griñán, como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, mantuvo el procedimiento para la concesión de ayudas, las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias. “El Sr. Griñán asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados”, dice el escrito.
15 alertas de la Intervención y nadie vio nada

El auto sostiene que se instauró un procedimiento específico y absolutamente particular, desde 2000 a 2011, que permitió el reparto de “una partida indeterminada no inferior a 854,4 millones de euros” destinados a empresas en crisis y trabajadores víctimas de ERE. Esas ayudas sociolaborales, tal y como señaló Mercedes Alaya y suscribió el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, se repartieron sorteando los controles, sin fiscalización previa, saltándose la ley de subvenciones y la de Hacienda pública, de forma discrecional, sin convocatoria pública y pagando sobrecomisiones a las aseguradoras e intermediarios.

El instructor sitúa en la trama a todos los que conocieron del diseño de este sistema, a quienes supieron de las hasta 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron en una década para nutrir este fondo y a quienes tuvieron conocimiento de los 15 avisos de la Intervención y de dos auditorías privadas sobre posibles irregularidades, alertando de que el sistema de transferencias de financiación no era el adecuado para estas ayudas. Las alertas de los interventores, no obstante, nunca llevaron a elevar un informe de actuación, que hubiera desatado la alarma, el código rojo, suspendido el fondo y conducido a los tribunales. De hecho, el juez imputa al que fue máximo responsable de la Intervención General, Manuel Gómez, porque “omitió la adopción de medidas para impedir que se mantuviese el sistema”.

El retrato es desgarrador. El juez Martín, un instructor joven de corte conservador que ya trabajó codo con codo con Alaya como refuerzo y que ahora lleva la pieza política, admite que hay asuntos importantes aún por resolver. Muchos. Entre otros, si ese sistema “particularísimo”, según define, “que no encuentra paralelo dentro o fuera de esta Administración autonómica”, fue ideado intencionadamente para desviar dinero público. “Mayor importancia podría tener la discusión sobre si estas deficiencias fueron buscadas como fines, o asumidas como consecuencias necesarias del sistema, que se quería dotado de una falta de control que permitiese una más fácil disposición sobre las cantidades destinadas a subvenciones y ayudas sociolaborales”, sostiene en el auto.

Avisan de que no habrá juicio hasta 2018
No se sabe cuándo se fijará el juicio. La intención de la actual instructora, María Núñez Bolaños, al dividirlo en varias piezas fue agilizar un caso que lleva ya un lustro de instrucción. Se apuntó la posibilidad de que se iniciaran los juicios en 2016, pero hay abogados que dudan que sea antes de 2018, atendiendo al calendario de citas pendientes en la Audiencia de Sevilla. De momento, Chaves y Griñán ya se han dado voluntariamente de baja como militantes del PSOE. Para muchos, este momento ha sido mucho más duro que el auto de procesamiento.

Son dos históricos del partidos. Ambos han sido presidentes federales del PSOE, secretarios generales de los socialistas andaluces, ministros de Trabajo y presidentes de la Junta de Andalucía. Durante años, Chaves fue un referente en el PSOE, un patriota de estas siglas, un pilar, el hombre ponderado al que se acudía para apagar los incendios internos, el garante de los equilibrios. Hoy vive jubilado y sobrelleva como puede este final de su carrera política y sus 19 años como presidente de Andalucía. No renuncia a participar en los actos públicos a los que le invitan, imparte conferencias y quiere seguir vinculado al mundo universitario, aunque ahora mismo su teléfono haya dejado de sonar.

Griñán es distinto. Tiene una personalidad muy diferente. Era el intelectual. Ambos fueron amigos íntimos, se distanciaron y ahora vuelven a retomar una relación más fluida dentro de la adversidad. Griñán volvió al Gobierno andaluz en 2004 y desde el primer momento dijo que quería retirarse y dedicarse a sus hijos y sus nietos. Nunca cumplió su palabra. Repitió como consejero de Hacienda y asumió en 2009, tras días dándole vueltas, el encargo de suceder a Chaves al frente de la Junta. Llegó como una 'rara avis'. Impulsó a un equipo que los ‘pata negra’ del PSOE andaluz, los de toda la vida, denominaron con sorna “los tecnócratas”. Defendía en público que la política necesitaba que se primara más el mérito y la capacidad y menos la militancia en el partido o la cuna de las Juventudes Socialistas. Después, este discurso distinto se apagó. Para muchos, lo engulló lo que el PP había llamado “el régimen socialista”. Ahora sale poco, está dedicado a escribir sus memorias y evita los actos públicos.

Por mucho que el PSOE asegure en su discurso oficial que este caso de los ERE está amortizado y no influirá en la campaña electoral, alegando que el PP tiene mucho más que callar, el golpe ha sido duro y la herida profunda. Chaves y Griñán ya habían comunicado la semana pasada que no iban a plantear ningún problema y renunciarían a su militancia en cuanto estuviera el auto. Ya lo hicieron como diputado y senador, respectivamente.

El PSOE andaluz, el que estaba llamado a salvar los resultados de Pedro Sánchez, está anímicamente en las horas más bajas que se recuerdan en décadas. Susana Díaz se ha erigido en la regeneración, tuvo permiso de su mentor para matar al padre y lo hizo en cuanto vio que le podía salpicar esta pesada herencia. Pero por dentro, para los militantes, para los veteranos, para quienes van a las casas del pueblo y sostienen al PSOE en Andalucía, imaginar a Chaves y Griñán en el banquillo no es nada fácil. Susana Díaz combinará la distancia y el respeto a las decisiones judiciales con las declaraciones de confianza en la honestidad y honorabilidad de los expresidentes. De ahí no pasará. “Es pasado”, insisten.

Nadie podía presagiar este final. Durante años, el PP retrató una Andalucía sin alternancia política por culpa de un régimen político clientelar, alimentado desde la concertación social, que año tras año reunía al Gobierno andaluz, la patronal y los sindicatos en una mesa con millones de euros en subvenciones públicas. El PP buscó y buscó un caso de corrupción que le permitiera sostener ese discurso. En 2008, Chaves seguía proclamando en las entrevistas electorales que “su mayor patrimonio" era "su honestidad”, mientras Javier Arenas encaraba otra mayoría absoluta de los socialistas. En 2009, se abrió la sucesión y todo comenzó a desmoronarse. Entonces ya el director de la oficina de Chaves coincidía con unos empresarios amigos en el Betis que le alertaron de que les pedían una mordida para recibir una ayuda con la que montar una escuela de hostelería. Una cinta con comprometidas grabaciones que acabó en la Fiscalía. Se abría el caso Mercasevilla, por la lonja mayorista sevillana.

De aquel hilo salió el caso ERE. Se detectó un primer intruso en aquel ERE, un militante socialista de Jaén, Antonio Garrido Santoyo. El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, explicó con detalle a la Guardia Civil que había “un fondo de reptiles”. El Gobierno andaluz y el PSOE se parapetaron tras la teoría de que eran “cuatro golfos”. El chófer de Guerrero puso el punto sórdido declarando que el dinero también fue para copas y cocaína. El exconsejero Antonio Fernández siguió al director de Trabajo en la cárcel. El día de la toma de posesión de Susana Díaz, en septiembre de 2013, la jueza Alaya apuntó por primera vez directamente a la cúpula del Gobierno andaluz. El final es que Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo no se sabe cuando y que se han dado de baja como militantes socialistas.

La teoría del régimen clientelar, de las ayudas destinadas a comprar votos y paz social, cobra cada vez más fuerza. Al PSOE le queda la esperanza de que sus expresidentes salgan libres tras el juicio. El abogado de Griñán ha pedido el archivo del caso apelando a la doctrina del Supremo con la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP). En una pieza separada de la trama Gürtel no ve indicios de responsabilidad penal de la diputada popular. Sí cree que se adjudicaron contratos a empresas vinculadas con esta trama “al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas -tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas”. Pero no ve en la alcaldesa, que firmó los expedientes, una conducta dolosa. Descarta que lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad.

El auto califica de “creíble” el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de “toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, que resultan no solo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable”. Esa puerta de salvación es la que esperan muchos socialistas que ahora se abra.

De «cuatro golfos» a la cúpula del PSOE
El caso arrancó hace cinco años y medio con la jueza Alaya como instructora, que fue apartada, y concluye la primera pieza separada de seis, con 855 millones en entredicho
M. González Q.. Sevilla.. La Razon  2 Junio 2016

Casi cinco años y medio de instrucción, cerca de medio millar de imputados, 855 millones en entredicho, cuatro jueces instructores –con el relevo forzado de la jueza Alaya incluido– y hasta siete funerales (de investigados fallecidos) y una boda (entre los abogados de la acusación que ejerce el PP).

Abierto por Alaya
El «caso de los ERE», puede que el mayor fraude de la historia de España, ya está listo para el juicio oral. El proceso ha pasado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Tribunal Supremo, para regresar al juzgado de partida aunque con jueces diferentes. Lo abrió Mercedes Alaya, ahora en la Audiencia de Sevilla a petición propia (pero no sin polémica, ya que pretendía continuar la instrucción), y cierra esta pieza separada sobre el llamado «procedimiento específico» el juez de refuerzo Álvaro Martín. A Alaya la sustituyó Núñez Bolaños, de la que cuestionó su preparación y su «estrecha amistad» con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera. Quedan aún cinco piezas pendientes. Sólo en rama política del caso hay encausados medio centenar de ex altos cargos. Aún deben concluir las instrucciones de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilación, las ayudas a tres empresas (Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica y Cenforpre) y las que recibió el entramado de empresas vinculado a los afines al PSOE de la Sierra Norte José María Sayago y José Enrique Rosendo (fallecido el 8 de enero).

Mercasevilla, en el origen
El «caso ERE» nace del «caso Mercasevilla» (2009), en el que se grabó a los directivos pidiendo «mordidas», «para carteles de Felipe y los niños saharauis». «La Junta ayuda a quien la ayuda» es una de las frases más recordadas. El «caso de los ERE» ha pasado de un fraude de «cuatro golfos», como sostenían los socialistas, a la imputación de hasta los ex presidentes. La jueza Alaya cifró el desvío de fondos de los ERE en 855 millones y el juez Álvaro Martín lo mantiene. Según la investigación, es el dinero público total malversado (presuntamente, hasta que se demuestre en juicio), aunque el PP lo llegó a elevar hasta los 1.400 millones.

Informes de Intervención
La jueza consideró que la Administración andaluza dispuso de manera «ilegal» de 855 millones, «los cuales se habrían desviado en ayudas para favorecer a terceros en detrimento del resto de administrados». La investigación describe un sistema prefijado. En contra de los altos cargos, están los informes de la Intervención General (14 de enero de 2004, 25 de julio de 2005, 29 de septiembre de 2006, 9 de marzo de 2007, 4 de diciembre de 2007 y 8 de octubre de 2008), en los que se alertaba del desbarajuste en las cuentas y en el procedimiento de las ayudas. Las hasta siete modificaciones presupuestarias realizadas para dotar de más fondos al llamado «fondo de reptiles» determinan, asimismo, la actuación de los distintos consejeros de Hacienda, entre ellos, Griñán. Finalmente, ya con José Antonio Griñán como presidente, la instrucción considera que «todo siguió como antes».

Incidente de nulidad
Los aforados se personaron en su día en la causa abierta en el Tribunal Supremo, con la pertinente solicitud para declarar de forma voluntaria, algo que podrían haber hecho –así lo indicó la jueza Alaya en diferentes autos– ante el propio Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y por lo que no optaron. De hecho, desde la Junta y el PSOE se trató de desligar la causa de Alaya, criticándola en reiteradas ocasiones, dificultando su labor con retrasos en la documentación y señalándola por parte de altos dirigentes del partido –como Alfonso Guerra– como poco menos que un títere popular. El Ejecutivo andaluz presentó incluso un incidente de nulidad para arrebatar el caso a la magistrada, al entender que se apropió de la causa sin pasar por reparto.

La llamada «paz social» –el argumento base de ese «fondo de reptiles»– salió muy cara a las cuentas públicas. En el juicio se dirime quién asume la cuenta. Alaya argumentó en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo que Chaves y Griñán permitieron la «disposición ilícita de fondos» y consideró «imposible» que ignoraran cómo se pagaban los ERE. De Chaves, indicó que el sistema respondía a una «directriz política» y supo de las sobrecomisiones que cobraban sindicatos, patronal y mediadores. De Griñán, estimó que infló el «fondo de los ERE» y ya como presidente maquilló el procedimiento. La necesidad de un pacto para la investidura de Susana Díaz en la Junta forzó, por parte de Ciudadanos, la dimisión de Chaves y Griñán como diputado y senador. Ahora, con su procesamiento para el juicio oral, abandonan el PSOE antes de que los echen. Ambos, afiliados desde el franquismo, fueron presidentes de la Junta y del PSOE.

El bar
David Gistau ABC  2 Junio 2016

Mi primer pensamiento al ver el vídeo de Ciudadanos fue que cualquier intento español de hacer «Cheers» degenera en el bar de la esquina con banderín de fútbol, palillo entre los dientes y tragaperras. Es una asociación de ideas que constituye la única transversalidad, la única coincidencia doctrinal: la visión del español promedio como un tipo que huele a fritanga y tardará un rato en acertar a meter la llave en la cerradura cuando regrese a casa. Hasta Rajoy, cuando le dijeron antes de las elecciones anteriores que algo tenía que hacer para volverse más reconocible por el español promedio, se pegó a la mano un doble de cerveza de atrezo y se acodó en todas las barras tabernarias entre Génova y Moncloa. Si quiere usted parecer cercano y genuino, convoque a las cámaras para que lo graben agarrándose un pedo de vermut mientras le corrige a Del Bosque con aceitunas la disposición defensiva de la Selección.

En el vídeo de Ciudadanos hay, sin embargo, un matiz: Rivera es el único personaje exógeno al bar, el único «au dessus de la mêlée», y el único, aparte del camarero, que está trabajando. Un «nerd» de mucho cuidado, vaya. Una de las disputas de la nueva política refundadora es la catalogación y apropiación de la Gente verdadera. Ya sabíamos, más o menos, cómo es el ideal de Gente para Podemos, que oscila entre la tribu rusoniana que contiene con esponjas de mar el flujo menstrual y el hipster que, para bajar los humos al capitalismo, se autoabastece con huertas domésticas y tiene un concepto revolucionario de sí mismo. Ahora sabemos que, para Ciudadanos, la Gente es costrosa, un hatajo de atorrantes que se han quedado varados en el más cutre de los bares de abajo y que aguardan, sin hacer nada por ellos mismos, la aparición del ser providencial. Por eso Rivera no está en el bar, es decir, en la decadencia a la española. Por eso se hace carne mortal en el televisor a una altura suficiente para que los parroquianos lo contemplen desde abajo, conscientes de que son chiquitos, como es lógico suponer que veríamos aparecerse a cualquier mesías redentor entre un coro de ángeles. En realidad, todo encaja con esa percepción de secta juvenil y «soft», como fundada en Malibú, que también alcanza al visitante de la sede madrileña de Ciudadanos, donde es imposible no sentirse abrumado por la presencia exagerada de retratos XL desde los cuales nos sonríe Rivera componiendo una modalidad de salvador menos colérica que la de Iglesias. Más cienciológica.

La cutrez de bar de la esquina con la que ven a la Gente estos urbanitas es tal que cuando se burlan de Rajoy acusándolo de leer sólo el Marca lo que logran es hacerlo más semejante a su español promedio, que no es de Schopenhauer, sino del Marca, de lo que habla en ese bar. El alarde intelectual siempre penalizó al político. Eso lo comprendió Rivera que, muy astuto, cuando le preguntaron el pasado verano cuál había sido su bagaje lector, dijo que empezó una novela de Lucía Etxebarría pero no la terminó.

Zancos
Ignacio Camacho ABC   2 Junio 2016

Una de las virtudes que mejor ha sabido desarrollar Albert Rivera es la de aparentar más relevancia política de la que tiene. La demostró durante su etapa catalana erigiéndose en líder de facto de la oposición con apenas un puñadito de diputados, y la ha perfeccionado en los últimos meses al exprimir el protagonismo de su partido en el baile de las alianzas, sacando máximo rendimiento de un reducido capital de escaños. La semana pasada supo agrandar la importancia de su viaje a Venezuela con un hábil manejo del impacto mediático. Todo eso lo logra sin sobreactuaciones al estilo de Pablo Iglesias, desde un conocimiento estratégico que le permite ensanchar su influencia a base de consolidar una imagen de responsabilidad muy superior a su peso específico real. Con esa capacidad de autoamplificación puede ser un severo dolor de cabeza a la hora de abordar nuevos pactos de Gobierno. No parece la clase de tipo que se deja engatusar con baratijas programáticas y ministerios de comparsa.

Sin embargo, a pesar de ese contrastado esfuerzo, el comportamiento electoral de Ciudadanos se ha vuelto una incógnita demoscópica. Las encuestas, que en diciembre lo proyectaron con excesivo ímpetu, le pronostican ahora un cierto estancamiento. Parece seguro que una porción de sus votantes maduros piensan volver al PP del que se alejaron, y no está claro que pueda compensar esa pérdida con electores procedentes de la socialdemocracia. La posición templada típica de un partido tercerista lo damnifica en unas elecciones manifiestamente bipolares, dominadas por la llamada al voto útil y el enfrentamiento de bloques. A diferencia de lo que le ocurre a Podemos con el PSOE, su distancia con los populares es demasiado grande para dibujarlo como una alternativa y además la derecha tiene un suelo sociológico muy sólido. Abrirse hueco por el centro, a base de matices y claroscuros, es la tarea más difícil cuando el debate vira al esquematismo dual del blanco y negro. La paradoja que debe afrontar el riverismo consiste en que su buen desempeño durante la legislatura fallida, cuando sujetó a Sánchez evitando que se echara en brazos de la radicalidad, le puede acabar pasando factura entre el electorado que lo asocia a un perfil de centro-derecha en el que sus dirigentes no se sienten cómodos.

Ese vídeo de precampaña que ridiculiza a Pablo Iglesias y desprecia a Rajoy –ignorando simplemente a los socialistas– parece un avance del argumentario electoral de C´s en busca del voto de reformismo moderado. Pero la opinión pública lo percibe como una bisagra y será complicado que escape a esa condición preasignada de apéndice minoritario. Está en riesgo de emparedamiento. Va a ser interesante comprobar si Rivera encuentra esta vez el modo de volverse competitivo; si logra sobrevivir a la simplificación de la polaridad alzándose de nuevo sobre los zancos de su probado talento.

La caída de los ingresos provoca dudas sobre el cumplimiento de las cifras del déficit impuestas por la Unión Europea
Julio Ransés www.vozpopuli.com  2 Junio 2016

El Partido Popular ha vuelo a prometer esos días una bajada de impuestos para el caso de que consiga gobernar tras los comicios del 26 de junio. Idéntica promesa realizó durante de las elecciones del 2011, lo cual no fue obstáculo para que durante 2012 los bolsillos de los españoles sufrieran la mayor subida de la historia de la democracia. La justificación de la subida fue la de sanear las cuentas públicas para hacer frente a la “herencia recibida” del anterior ejecutivo.

Para demostrar que las promesas se cumplen, o que al menos se intenta, en el último año de la legislatura el gobierno afrontó la llamada reforma fiscal, cuyo principal eje fue el revertir la subida acometida durante el 2012. La bajada se ha aplicado escalonadamente en 2015 y 2016, razón por la cual los ingresos fiscales están siendo especialmente bajos durante este ejercicio, e incluso inferiores a las previsiones.

Las cuentas del gobierno, siempre optimista, se basaban en que la recuperación económica y el relanzamiento de la economía, unida a una cierta expansión provocada por el estímulo al crecimiento que acompaña a toda bajada de impuestos, supondría una mayor recaudación, ya que el impacto del aumento de las bases imponibles derivado de la recuperación de la actividad económica será superior al impacto de la bajada de los tipos de la reforma fiscal. Es decir que compensa ingresar poco de mucho que mucho de poco.

Pero estas cuentas no siempre salen. De hecho, según datos de la AEAT, la aplicación de la reforma tributaria en el primer cuatrimestre de 2016 ha supuesto una merma de 2.556 millones de euros con relación al mismo periodo del año anterior.

El mes de abril ha sido especialmente negativo, pues se ingresaron 21.282 millones de euros, un 10,2% menos (-2.415 millones) que en el mismo mes de 2015. Este hecho es especialmente preocupante, si tenemos en cuenta que el mes de abril es uno de los que recibe mayor recaudación, pues en este mes se presentan, además de los modelos mensuales procedentes de las retenciones, las declaraciones de fin de trimestre y el primer pago a cuenta del impuesto sobre sociedades.

Causas de la caída de la recaudación
La causa principal de la caída de la recaudación ha sido la incidencia de la reforma fiscal. Desglosando por impuestos, en el impuesto sobre sociedades, el pago a cuenta de abril de 2016 supuso un ingreso de la mitad que en 2015, lo que explica toda la caída de la recaudación. La razón de esta caída es triple. Por un lado la reforma ha supuesto una bajada del tipo general del impuesto, que se ha materializado en este ejercicio. En segundo lugar los pagos a cuenta del impuesto se han reducido. En este sentido es necesario recordar que durante los últimos se incidió mucho sobre la subida de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades, estableciendo tipos incrementados y pagos mínimos, con el objetivo de anticipar la recaudación. Este hecho se ha corregido en 2016, por lo que aunque es de esperar una mayor recaudación en el 2017 (por los menores pagos a cuenta de 2016), en este ejercicio ingresaremos mucho menos. Estas dos razones explican una caída de la recaudación de 1.782 millones. La tercera razón no está vinculada a la reforma fiscal, sino a que el pasado abril de 2015 recogió un ingreso extraordinario de 2.165 millones derivados de la privatización de AENA, que este año no tenemos.

En el ámbito del impuesto sobre la renta, la menor recaudación está vinculada a la rebaja de los tipos del impuesto, que se materializa en una menor recaudación en concepto de las retenciones que ingresan los empresarios y que detraen a sus empleados de la nómina. Pese a ello, los ingresos cayeron tan solo ligeramente gracias al aumento del empleo con relación al año anterior y al crecimiento de los pagos de los empresarios individuales.

Previsiones de recaudación
Las previsiones de la recaudación para el resto del año no permiten asegurar que los objetivos de recaudación previstos se vayan a conseguir.

El IRPF, con el que se recaudaron algo más de 72.300 millones de euros el año pasado, se provee para 2016 una recaudación superior a los 75.400 millones. Por ello, de confirmarse la tendencia del primer cuatrimestre de este año podríamos generar un agujero, solo de IRPF, de más de 5.000 millones.

En el impuesto sobre sociedades las previsiones son también poco esperanzadoras, ya que frente a los 21.133 millones de euros recaudados en el 2015, las estimaciones iniciales para este año ascienden a 25.000 millones, casi 4.000 millones más. Si la tendencia se mantiene, no solo no se igualará la recaudación del año anterior, sino que disminuirá, lo cual volverá a agujerear más el colador de los ingresos públicos.

Pero no todo son malas noticias, la recuperación del consumo, que se materializa en los mayores ingresos de IVA y en el impuesto sobre hidrocarburos permitieron que los ingresos derivados de estos tributos ascendieran en abril un 2,3% y un 3,2% con relación a lo recaudado el año anterior. Si esa tendencia continúa, 2016 será un año excelente para este tributo.

Antes de disolver las cortes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, informó en el Congreso de una rebaja de la expectativa de crecimiento -del 3% al 2,7%-; un déficit sustancialmente superior al prometido inicialmente -3,6% frente al 2,8%-; y una creación de empleo algo más leve -400.000 frente a 500.000 estimados en principio-. Fuentes gubernativas han augurado unas previsiones negativas, pues "crece el IVA levemente, pero Sociedades baja y la caída del IRPF va más allá de lo que pudiéramos esperar por efecto de la entrada en vigor del último tramo de la rebaja fiscal".
Conclusión
En mi opinión será difícil el recuperar la recaudación en los términos previstos por las cuentas públicas, pero admito que dependerá de la evolución de la economía de aquí al final de año.

La actual mejoría con relación a años anteriores derivada de la bajada de los precios del petróleo, la caída de la tasa de cambio del euro frente al dólar que ha hecho más competitivas nuestras exportaciones, y el mantenimiento de los tipos bajos de intereses ha hecho que la economía española crezca a tipos cercano al 3%. De mantenerse este crecimiento, unido a que las previsiones de inflación son al alza, podría generarse un efecto positivo que hiciera que los ingresos tributarios, al menos nominalmente, permitieran alcanzar los objetivos y recuperarse la recaudación.

No obstante el objetivo es ambicioso, porque el esfuerzo adicional que ha exigido la bajada de impuestos, se ha sumado a la exigencia de una adicional reducción del déficit comprometido con Europa y puede comerse el mayor aporte derivado del aumento del PIB. Por otra parte la ralentización del crecimiento económico mundial, más la incertidumbre generada por los mercados asiáticos, no son buenas consejeras. Asimismo la incertidumbre política sobre quién formará parte del gobierno, o la sombra de una posible sanción multimillonaria que la Unión Europea puede imponer a España en el mes de julio, podrían ser un mazazo para las cuentas públicas.

Termino recordando la necesidad de redoblar los esfuerzos para seguir luchando decididamente contra el fraude fiscal. No diríamos ninguna tontería si afirmamos que los ingresos adicionales que obtendríamos si se eliminaran los paraísos fiscales, servirían para equilibrar las cuentas públicas al instante, e incluso para obtener superavit.

Julio Ransés es expresidente de los Inspectores de Hacienda (IHE).

La desmesura de RTVE
Manuel Muela www.vozpopuli.com  2 Junio 2016

Ni en los tiempos más gloriosos del franquismo se llegó a las metas conseguidas ésta semana por la televisión pública a cuenta del partido de fútbol de Milán: los medios humanos y materiales desplazados a la capital de la Lombardía y el tiempo dedicado en la programación, con los noticiarios anegados por el evento, exigirían un estudio del dinero público despilfarrado en pro del negocio de las empresas privadas que manejan el sector futbolístico. Dejando a salvo el interés de los aficionados y la transmisión del acontecimiento en el apartado correspondiente de deportes, el desbordamiento al que hemos asistido no tiene otra explicación que el proyecto de convertir el viejo panem et circenses en la columna vertebral de la nueva campaña electoral. Mientras los partidos políticos que concurren a la misma proclaman sus deseos de austeridad y de mesura, la radio televisión española se hace la dueña del escenario, no para ilustrar a la opinión pública sino para deformar la realidad, convirtiendo la afición legítima de millones de españoles en el becerro de oro para unas cuantas empresas.

El negocio boyante del fútbol
Lo primero que no hay que perder de vista es que el fútbol, por encima de cualquier otro deporte, cuenta con empresas que pueden codearse por facturación y medios con las grandes compañías del país y que, además, han sorteado la crisis en términos envidiables, si lo comparamos con lo ocurrido en otros sectores de la economía. Se trata, pues, de un negocio boyante, cuyos abusos o desvaríos, suelen contar con la indulgencia de una parte significativa de la opinión pública. Pero en esas realidades, algunas de ellas positivas, la contribución de los medios de comunicación tiene la parte del león y, lógicamente, son demandados por el conglomerado de intereses del balompié para que inunden el mercado con el producto futbolístico, sobre todo en épocas en las que convienen distraer a las masas de sus afanes o desdichas. Por supuesto, el fenómeno se puede enjuiciar desde ángulos diferentes, sociales, psicológicos o meramente deportivos, aunque, visto lo ocurrido estos días, prevalece el negocio sin adjetivos.

Y la pregunta que cabe hacerse es si los medios públicos de comunicación, que son sostenidos por los contribuyentes, deben ser utilizados como instrumentos casi monopolísticos al servicio de un negocio privado. Creo que no, por la simple razón de que los caudales públicos han de administrarse siempre con moderación sin perder nunca de vista los intereses generales que, en el caso de la radio televisión pública, son los de facilitar información y, en su caso, contribuir a formar opinión sin deformarla en provecho de negocios privados o de meros intereses políticos coyunturales. Por eso resulta llamativo que en un país que tiene defensores del pueblo a go go y observatorios mil sobre los aspectos más variopintos, amén de autoridades independientes para casi todo, no surja iniciativa alguna para poner en razón la deriva que es objeto de este comentario.

Resignación para sortear el diluvio de la propaganda
Se podría argumentar que lo de Milán acaba de pasar y que no ha habido tiempo para reaccionar. Como excusa, parece flaca, porque en realidad lo de Milán es la sublimación de unas prácticas que han ido tomando carta de naturaleza precisamente a lo largo de los años más duros de la crisis española y, que se sepa, no se han levantado voces en contra de ello. Supongo que tales voces tampoco surgirán ahora, teniendo a la vuelta de la esquina unas elecciones y la Eurocopa, que viene al pelo para la distracción general. De todas maneras, no es mucho pedir que se conociera lo que cuesta al organismo público la movilización de medios, a todas luces exagerados, en acontecimientos como el vivido días pasados.

Probablemente habrá que resignarse a lo que hay y que cada cual sortee el diluvio de la propaganda y de los excesos como buenamente pueda, sabiendo, eso sí, que su óbolo contribuye a la fiesta interminable de la sinrazón impuesta en un país que debería contar con mejores gestores públicos.

TRES MACROCONTRATOS A SOLO UNAS SEMANAS DEL 20D
Cifuentes gasta más de 24 millones en publicidad para 2016
El Ejecutivo de Cristina Cifuentes acaba de dar luz verde a las campañas de publicidad de la Comunidad, Metro y Canal. La cantidad es tan abultada que supera lo presupuestado en becas de formación para alumnos de FP
F. de Castro Estrella Digital   2 Junio 2016

La Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes acaba de sacar a concurso público, a menos de un mes de las elecciones generales, tres campañas publicitarias por valor de 24 millones de euros para este 2016.

La de mayor cantidad es la de publicidad institucional relacionada con la propia Presidencia y las consejerías de la Comunidad, para la que se han presupuestado más de 20 millones de euros (20.160.000 euros). Se trata de un concurso público que ha convocado la Consejería de Economía que dirige Engracia Hidalgo, en el que se anuncian los “servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid”. La fecha prevista para iniciar los procedimientos de adjudicación es el 1 de junio, a 25 días de las decisivas elecciones generales.

Metro de Madrid ha dividido sus concursos en dos contratos que suman 1,1 millones de euros. El primero de ellos, por valor de 200.000 euros, es para el “servicio profesional de diseño, creatividad y producción de campañas”. El plazo para que las empresas presentaran sus proyectos finalizó el pasado 5 de mayo. El segundo está destinado a la ejecución de estas campañas y para ello la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes cuyo titular es Pedro Rollán, ha convocado la licitación “para la contratación de un servicio profesional de central de medios de publicidad para la difusión de las campañas de Metro de Madrid”, dotado con 900.000 euros. En este caso el plazo para la presentación de las ofertas por parte de los licitadores terminó el pasado 24 de mayo y ahora serán los técnicos los que valorarán la oferta económica más ventajosa que se haya presentado para adjudicar el contrato.

La última gran campaña encargada bajo el paraguas de la Comunidad de Madrid es la del Canal de Isabel II, a la que Cifuentes ha decidido destinar 2,8 millones de euros (2.843.500 euros) para los “servicios de gestión de compra de medios y diseño y producción de campañas de comunicación y desarrollos web de Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima”. Hay que recordar que la semana pasada la Comunidad de Madrid hizo públicos los gastos publicitarios de este organismo, al responder a una pregunta del diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca. En ella interpelaba al Gobierno regional por los pagos realizados por el Canal de Isabel II y sus distintas filiales a medios de comunicación, profesionales de la comunicación o empresas relacionadas con el sector entre los años 2004 y 2015. Así se supo que los gobiernos de Aguirre y González gastaron 55 millones de euros en 10 años.

Para poner en valor el esfuerzo financiero que supone a la Comunidad de Madrid, Cifuentes gastará en publicidad más dinero del que suponen los proyectos de I+D empresariales, a los que hay destinados 20 millones. Esta cantidad fue la que anunció la consejera Engracia Hidalgo durante unas jornadas organizadas por Madrid Excelente. Al igual sucede con las becas de formación para los alumnos de FP, a las que este año van a destinar 22 millones de euros, como aseguró el consejero del ramo Rafael Van Grieken, lo que supone dos millones euros menos de lo que se gastará en campañas de publicidad. Con ese montante económico, según los datos de la Comunidad de Madrid, también se podría atender a 400 personas con discapacidad física en las residencias de la región durante tres años seguidos.


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El señorito catalán
Pablo Planas Libertad Digital 2 Junio 2016

En Cataluña, los antisistema son los señoritos de siempre, los 'hereus', desocupados de tomo y lomo que se ríen de los currinches.

El irredento Benet Salellas, camarada del feroz Garganté, ha resultado ser un potentado propietario, un pijeras gerundense que abraza la causa de pegarle fuego al barrio de Gracia de Barcelona mientras le rentan las finquitas y los locales. Nada nuevo. Es más que probable que su militancia en la CUP sea una tapadera para preservar la integridad de sus terrenos rústicos, pisos y locales y al tiempo dárselas de comprometido, solidario, progre y pacifista. En teoría, su partido está por abolir la propiedad privada, expropiar las segundas residencias, colectivizar las fábricas y quemar a las monjas, como en el 36. Todo para el pueblo, nada sin el pueblo. ¡Abajo el mal, muera el capital! Eso sí, lo suyo es suyo y lo de los demás, también.

En Cataluña, los antisistema son los señoritos de siempre, los hereus, desocupados de tomo y lomo que se ríen de los currinches autónomos, de los paletas, de los empleados mierdeuristas de cuello blanco y de los reponedores del supermercado. Hay dos tipos: los antisistema fiscales que se llevan la pasta a Suiza envueltos en el espantajo de la estelada y los de camisetas, pantalones cortos y sandalias, hijos de papá que van por ahí llamando fascistas a quienes no son separatas, alternativos, progres o zampabollos de kilómetro cero. El nexo de unión es el proceso, la fotografía del abrazo entre el burgués Mas y el alternativo David Fernàndez, piquetero secretario de Arnaldo Otegi.

El cambio de papeles es alucinante. Los niños mal de familia bien van por ahí asustando a las abuelas, arrasando propiedades públicas y privadas y dando lecciones de ética y economía del bien común. Escupen a los guardias, les llaman esbirros y se van tranquilamente a fumarse unos petas porque el consejero de Interior, Blandiblup Jané, tiene órdenes de Cocomocho y del Junqui de no joderles el guateque incendiario. ¿Detenciones? ¡Qué exageración! ¿Cómo van a trincar a los vándalos? ¿Y si hay algún niño pera de papá, el hijo de una consellera, un concejal de la CUP o el vástago de un empresari de los nuestros? No sale a cuenta y están en juego los presupuestos del Estat propi.

Tales cholos tienen a su favor la sensibilidad de una izquierda, nacionalista o no, que les ríe la gracia para no pasar por fachas de mierda, españolistas, viejunos, catolicazos o retrógrados. Son de esos que ven una bandera de España y ejecutan un mohín de asquito mientras degustan una esferificación de cagarruta de paloma con un vino, por decir algo, del Ampurdán en algún garito supermoderno del Born. El desfile de los viejos legionarios del pasado sábado por el centro de Barcelona les ha pillado con la guardia cambiada, de modo y efecto que se han apuntado al linchamiento. Tal vez desconozcan que entre los manifestantes había exsoldados tullidos que se dejaron la piel, el bazo o un brazo en Sarajevo, Irak o el Líbano, viudas de militares asesinados en misiones de paz, mujeres que empuñaron las armas en Kosovo para evitar masacres étnicas y gentes que han mirado cara a cara a los yihadistas y han vivido para contarlo. ¿Franquistas? Otro Jameson, si us plau. This is Catatonia

Cataluña y sus misterios
Aleix Vidal-Quadras  www.gaceta.es  2 Junio 2016

Cataluña es una Comunidad muy especial, de hecho es la única sociedad del mundo que se encamina conscientemente hacia su autodestrucción. No hay otro caso conocido de una colectividad de seres presuntamente racionales en la que sus integrantes, unos por acción y otros por omisión, trabajen con denuedo todos los días para empobrecerse materialmente, aislarse internacionalmente, dividirse internamente y desembocar en el fracaso y en la irrelevancia. Sobre todo cuando cuentan con el capital humano, empresarial, climático, paisajístico, cultural y tecnológico para caminar exactamente en sentido contrario, hacia un crecimiento sostenido, un liderazgo claro en España y en Europa, un creciente prestigio y una notoria influencia positiva sobre su entorno geográfico y político. Cualquier intento de entender en términos coste-beneficio este singular fenómeno que oscila entre el masoquismo agudo y la pulsión suicida está condenado a la frustración porque es simplemente imposible dotarlo de un contenido inteligible. Las explicaciones, por tanto, hay que buscarlas en el dominio de la psicología o, mejor aún, de la psiquiatría, porque nos encontramos ante un proceso a todas luces patológico.

Dentro de este alarmante cuadro clínico, destacan dos notables subcasos, asimismo incomprensibles. Se trata de las respectivas estrategias desarrolladas por el PPC y el PSC, dos partidos en principio leales al marco constitucional y contrarios, por tanto, a toda veleidad separatista. Centrémonos en los socialistas catalanes porque los populares, siendo también patéticos, por lo menos pueden alegar que lo suyo entra más en el dominio del error en el análisis y del oportunismo que en el de la neurosis.

Los dirigentes del PSC, que han contado históricamente con el respaldo masivo de los estratos sociales de renta media, media-baja y baja procedentes en primera o segunda generación de otras partes de España, y que se beneficiaron en origen de la fusión con el PSOE, se han dedicado a coquetear crecientemente con las tesis nacionalistas y de forma gradual, pero continua, han ido abandonado su identidad natal para irse travistiendo en una opción particularista. Así, se han apuntado a la inmersión lingüística en catalán acompañada de la eliminación del español de las esferas educativa, institucional y pública, han promovido un nuevo Estatuto de Autonomía que rebasa por todos lados el perímetro de la Constitución, han adoptado el lenguaje de los separatistas y una buena porción de su discurso y de su iconografía, han defendido durante una cierta etapa el ilegal referendo de autodeterminación y ni siquiera se han preocupado de mantener una cierta equidistancia entre independentismo y constitucionalismo, sino que siempre que han podido se han escorado del lado del bando secesionista. Baste citar dos ejemplos muy recientes de este comportamiento esquizofrénico: las declaraciones de Meritxell Batet afirmando enfáticamente que las competencias en educación, lengua y cultura han de ser exclusivas de la Generalitat o la presencia en primera línea, no está claro si con contoneo bailongo o no, nada menos que del primer secretario, Miquel Iceta, en la manifestación de los separatistas contra el Tribunal Constitucional para protestar por el escandaloso hecho de que el alto intérprete de nuestra Ley Fundamental cumpla con su obligación de anular las disposiciones del Parlamento de Cataluña contrarias al ordenamiento vigente.

Partiendo de la base de que el objetivo de una fuerza parlamentaria es conseguir el máximo de representación y teniendo en cuenta que en 1999 el grupo socialista en el Parlamento de Cataluña obtuvo 52 escaños y hoy está reducido a 16, es obvio que su evolución hacia las posiciones secesionistas no le ha proporcionado el éxito en las urnas. Entonces, ¿por qué las sucesivas cúpulas del socialismo catalán desde Maragall hasta el presente se han empeñado en dispararse tiro tras tiro en el pie? ¿Son nacionalistas en el fondo de su corazón y les puede esa oscura pasión? ¿Han elegido sistemáticamente a comités ejecutivos de IQ medio limitado? ¿Buscan con estas maniobras contradictorias con su espacio natural ganarse a los votantes independentistas? Ninguna de estas posibilidades parece plausible por absurda, contraria a la realidad o inverosímil.

La conclusión es que Cataluña es una tierra enigmática cuyos habitantes actúan por pautas que escapan a los métodos de interpretación del mundo del resto de los humanos. Y sí, quizá en este aspecto merezcan un Estado propio para cultivar sus fantasías sin que nadie les moleste con datos objetivos, verdades históricas o llamadas a la sensatez. Al fin y al cabo, España es afortunadamente un país de gentes libres y si una parte de su población quiere vivir en la escasez, la insignificancia, el vandalismo en las calles, el conflicto civil y la mediocridad, pues que lo haga. Cuando despierten de su delirio y pidan volver a la matriz común como sucedió a finales del XVII, les acogeremos benévolos como se debe recibir siempre al hijo pródigo que regresa arrepentido tras haber sufrido las amarguras de la soledad y de la penuria. Además, quedarán tan escarmentados que no lo volverán a intentar por lo menos en otros trescientos años. ¡Qué descanso!

25 años de la masacre de Vic
El domingo se cumplen 25 años de una de las salvajadas de la banda terrorista ETA: el atentado contra la casa cuartel de Vic.
M.J. Grech Libertad Digital 28  Mayo 2016

A las siete y cinco de la tarde del 29 de mayo de 1991, la banda asesina ETA lanzaba un coche-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), que quedó totalmente destruida. La explosión provocó la muerte directa de nueve personas. Dos guardias civiles: JUAN CHINCOA ALÉS y JUAN SALAS PÍRIZ; dos mujeres: NURIA RIBÓ PARERA, mujer del guardia civil Juan Chincoa, y MAUDILIA DUQUE DURÁN, suegra del guardia civil Juan Salas, también fallecido; y cinco menores de edad: FRANCISCO CIPRIANO DÍAZ SÁNCHEZ, de 17 años; MARÍA PILAR QUESADA ARAQUE, de 8 años; ANA CRISTINA PORRAS LÓPEZ, de 10 años; ROSA MARÍA ROSA MUÑOZ, de 14 años, y VANESSA RUIZ LARA, de 11 años. Además, el guardia civil en la reserva RAMÓN MAYO GARCÍA falleció al ser atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras prestaba auxilio a los afectados por la explosión.

Vic, localidad de unos 30.000 habitantes, situada a unos setenta kilómetros al norte de Barcelona, era una de las subsedes donde se iban a celebrar pruebas de los Juegos Olímpicos de 1992, concretamente las de hockey sobre patines, que iban a tener carácter de exhibición. La banda asesina ETA había amenazado reiteradas veces con atentar contra objetivos relacionados con los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en la capital catalana en 1992.

El vehículo utilizado, un Renault 6 cargado con 216 kilos de explosivos (doce bombonas con dieciocho kilos de amonal cada una), fue proyectado aprovechando la ligera pendiente de una de las calles laterales en las que se encontraba ubicada la casa cuartel. Una vez que el coche-bomba estuvo dentro del patio de la casa cuartel, el etarra Juan Carlos Monteagudo activó el explosivo con un telemando.

En la casa cuartel de Vic vivían catorce agentes de la Guardia Civil, trece mujeres y veintidós niños. El atentado se produjo cuando numerosos familiares de los guardias se encontraban en sus viviendas y algunos niños, como era habitual a esas horas, jugaban en el patio. Los niños iban al colegio por la mañana, pero a las siete de la tarde, hora del atentado, lo habitual es que hubiese 10 ó 12 de ellos jugando en el patio. Por ello las niñas asesinadas fueron las más afectadas por la explosión y sus cuerpos quedaron literalmente destrozados.

Cuarenta y cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración, algunas de ellas muy graves, con importantes mutilaciones (a una de las niñas heridas tuvieron que amputarle una pierna) y secuelas. Entre los heridos muy graves que consiguió sobrevivir, el niño de 2 años Rafael Reinoso Sánchez, que sufrió fractura de la base del cráneo.

Debido al estado en el que quedó el edificio se tuvieron que utilizar grúas y perros adiestrados para localizar a las víctimas bajo los escombros. A las diez de la noche los servicios de rescate lograron sacar con vida a una joven de 18 años y a una niña con su chupete en la boca.

La deflagración, a la que siguió un incendio, derrumbó el inmueble construido en los años sesenta y del que sólo quedó en pie la fachada. La explosión causó daños materiales en medio centenar de edificios situados en un radio de doscientos metros, principalmente en ventanas y cristaleras, aunque el edificio situado justo enfrente tuvo que ser derribado debido a los graves daños estructurales sufridos. Entre los inmuebles más cercanos al lugar de la explosión figura un colegio de religiosas con setecientos alumnos que en el momento del atentado estaba casi vacío.

La calle donde estaba la casa cuartel había sido cortada con motivo de una carrera ciclista comarcal, en la que el pueblo de Vic rendía homenaje al corredor local Melchor Mauri, que había ganado diez días antes la Vuelta Ciclista a España. Gran parte de la dotación de guardias se encontraba de servicio, cubriendo precisamente la competición deportiva, por lo que la mayoría de víctimas fueron familiares de los agentes.

El Hospital General de Vic quedó colapsado una hora después de la masacre, por lo que algunos heridos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a otros centros hospitalarios de Barcelona. Las autoridades locales realizaron llamamientos radiofónicos para que los médicos de la ciudad se personasen en los centros hospitalarios y los habitantes de Vic acudieron a donar sangre masivamente. Numerosos vecinos ofrecieron sus hogares a los damnificados y el obispo de Vic, Josep María Guix, también ofreció las instalaciones del Seminario Diocesano para acoger a los guardias y a sus familiares que se quedaron sin vivienda.

El presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, el consejero de Gobernación, Josep Gomis, y el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, acudieron inmediatamente al lugar del atentado. Gomis fue increpado por uno de los guardias que sobrevivió al atentado, presa de un ataque de nervios.

Este atentado mostró la catadura moral de un personaje como Josep Lluis Carod-Rovira. Dos días después de la masacre, el por entonces diputado y portavoz en el Parlamento catalán de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) escribió una carta abierta publicada en el diario Avui en la que pedía a la banda asesina ETA que no atentara más en Cataluña. Bajo el título "ETA, Kataluñatik Kanpora!", Carod-Rovira escribió: "Nada de lo que voy a decir es nuevo para vosotros. Os lo dije ya, hace medio año, en algún lugar de Euskadi, cuando en nombre de mi partido os pedí, formalmente, que no actuaseis más en mi país. Habéis respetado la petición durante seis meses. Ahora, sólo me atrevo a pediros que, cuando queráis atentar contra España, os situéis previamente en el mapa". Lo que sucedió después es de todos sabido. Mientras la banda criminal a la que Carod-Rovira suplicaba que no matase en Cataluña seguía asesinando, el abyecto político nacionalista continuó reuniéndose con los asesinos. Algunas de esas reuniones trascendieron a la opinión pública. Así, los días 3 y 4 de enero de 2004 se reunió en Perpiñán (Francia) con Mikel Albizu, alias Mikel Antza, y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, para pedirles, de nuevo, que no cometieran más acciones terroristas en Cataluña. En un comunicado hecho público el 28 de febrero posterior, la banda asesina confirmó el pacto con el nacionalista catalán y anunció una tregua para dejar de matar sólo en Cataluña.

Pero si de cataduras morales hablamos, también hay que referirse a la reacción de Herri Batasuna. Tras no condenar el atentado, algo habitual en ellos, añadieron en un comunicado público que los dos etarras muertos en la operación de la Guardia Civil del día siguiente (Monteagudo y Erezuma), autores materiales de la masacre, "convirtieron sus vidas en permanente entrega a la causa de la paz y la libertad".

Pese a la reacción inicial que provocó la masacre, el paso del tiempo dejó en el olvido a las víctimas del atentado y a sus familiares. Así se denunció con motivo del décimo aniversario del mismo. Familiares de los asesinados se quejaron públicamente de que el Ayuntamiento de la ciudad jamás hubiera hablado con las víctimas. Cinco años después, en 2006, el Ayuntamiento de Vic aprobó por unanimidad destinar un espacio en el lugar donde estaba la casa cuartel "para erigir un monumento, una placa o un símbolo en recuerdo de las diez personas que fallecieron". El símbolo se instalaría "dentro de unos años, cuando el Ayuntamiento venda el actual solar que servirá para financiar parte del nuevo teatro municipal", según recoge el texto oficial.

Al día siguiente de la brutal masacre, la Guardia Civil desarticuló al grupo Barcelona de ETA, autor del atentado, en una operación llevada a cabo en un chalé de la localidad barcelonesa de Lissá de Munt. Durante la operación murieron los etarras Juan Carlos Monteagudo Povo (jefe del grupo y exdirigente de Terra Lliure) y Juan Félix Erezuma Uriarte, que se resistieron a su detención con armas de fuego, pero se detuvo al tercer autor directo de la matanza, Juan José Zubieta Zubeldia, que no opuso resistencia. En la misma operación se detuvo a Pilar Ferreiro Bravo y a Jordi Mas Trullenque, profesor ayudante de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En el chalé se incautaron numerosos efectos (armas, explosivos, útiles para la confección de artefactos...) y documentación. Entre ésta destaca el informe que los asesinos estaban haciendo para el entonces máximo dirigente de la banda asesina, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito. El texto, publicado por la revista Cambio 16 (10/06/1991), y sin finalizar debido a la intervención de la Guardia Civil, decía: "En la ekintza [acción] nos marcamos dos objetivos: uno militar y otro político. En primer lugar, como objetivo militar, ver si era posible meter un kamikaze [coche-bomba teledirigido] en el patio del cuartel. Como segundo objetivo, esta vez político, destruir el cuartel sin afectar demasiado al colegio que está al lado. El primer apartado tenía varias variables. La primera, ver si era posible otra...". Aquí se interrumpió bruscamente el informe al irrumpir por sorpresa la Guardia Civil en el chalé.

En junio de 1993 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Zubieta Zubeldia a una pena total de 1.311 años como autor material. El fiscal Ignacio Gordillo calificó el atentado como "uno de los más bárbaros, alevosos y cobardes" que se han juzgado en la Audiencia Nacional, cuya única finalidad fue la de "provocar el mayor número de muertes posibles", y acusó a Zubieta de ser "autor directo" de nueve asesinatos y otros 44 asesinatos frustrados.

En diciembre de ese mismo año, se le condenó a otros 28 años y 6 meses de prisión por los delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. En la misma sentencia se condenó a Pilar Ferreiro Bravo y Jordi Mas Trullenque, a 8 y 6 años respectivamente, por su colaboración con el grupo Barcelona de ETA. Ferreiro Bravo alojó en su domicilio a Zubieta Zubeldia, Monteagudo Povo y Erezuma Uriarte. Además, convenció a Mas Trullenque, con el que mantenía relaciones sentimentales, de que alquilara el chalé de Llissá de Munt, donde los etarras se ocultaron y prepararon la masacre de Vic.

Juan Chincoa Alés, guardia civil de 30 años, era natural de Martín de la Jara (Sevilla). También fue asesinada en el atentado su esposa, Nuria Ribó Parera, de 26 años. Su hija Ana fue una de las heridas. Quedó huérfana de padre y madre antes de cumplir los 2 años.

Francisco Cipriano Díaz Sánchez tenía 17 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA en la casa cuartel de Vic. En el momento de la explosión se encontraba estudiando en su domicilio del acuartelamiento. Murió en el acto por la onda expansiva provocada por el coche-bomba. Francisco estudiaba tercero de enseñanza secundaria en el Instituto Callis de Vic. Sus padres estaban ese día en Zaragoza asistiendo a un funeral, y su hermana Pilar, de 18 años, también resultó herida por la explosión.

Ana Cristina Porras López, de 10 años, murió en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Su hermana Isabel Porras López, de 7 años, resultó herida de gravedad y se le tuvo que amputar parte de la pierna izquierda. Eran hijas del guardia civil Teodoro Porras.

Vanessa Ruiz Lara, de 9 años, también murió en el acto. Era amiga del colegio de hijas de guardias civiles. Como en otras ocasiones, su madre, Emilia Lara, había dejado que su niña fuera a jugar al patio de la casa cuartel con sus amigas, hijas de los guardias civiles. Con motivo del asesinato de Silvia Martín Santiago en agosto de 2002, Virginia Ródenas recordó en un artículo publicado en ABC la historia de otros padres que perdieron a sus hijos a manos de esta banda de alimañas. Entre otras trágicas historias se recuerda el caso de Vanessa y cómo su madre tuvo que aguantar en el juicio la declaración del asesino exterminador de niños Juan José Zubieta Zubeldía, uno de los tres autores materiales del atentado. Como respuesta a la pregunta del abogado acusador de "si no vio a los niños jugar segundos antes de lanzar el vehículo explosivo" dijo: "ése es un hecho que no valoramos porque no es nuestro problema que los guardias civiles utilicen a los niños como escudos humanos". Y añadía Emilia: "Me destrozaron la vida. ¿Qué significa que te destrocen la vida? Lo hemos dicho tanto que parece que no es nada. ¿Hay mayor dolor que perder a un hijo? ¿Puede haber algo más terrible que te arrebaten de esa manera tan brutal a tu hija de nueve años? Jamás nos ha llamado nadie del Ayuntamiento, nadie se ha interesado por nosotros, si seguimos vivos o hemos reventado. Diez años después no ha habido el más mínimo reconocimiento a los nueve muertos del atentado de Vic, cinco de ellos niños. Nada. Sólo el olvido. Y después de que te asesinan a un hijo ¿puede haber algo más doloroso que le entierren en el olvido? Ana Chincoa, que no tenía más de dos años, perdió a su madre y a su padre en el atentado. ¿Quién se acuerda de ella?" (Los Domingos de ABC, 11 de agosto de 2002). Emilia y la hermana pequeña de Vanessa, Cristina Ruiz, fueron entrevistadas en el documental Trece entre mil de Iñaki Arteta. Este es el testimonio de Cristina: "Siempre que salíamos del colegio íbamos un día al parque que había al lado de mi casa y otro día al cuartel. Ese día tocó ir al cuartel. A mí me cayó un ladrillo en la cabeza y me quedé ahí también. Ya luego vino un guardia y me cogió y me sacó para fuera". Cristina contaba cómo desde el asesinato de su hermana mayor visiona periódicamente un vídeo en el que está con Vanessa tres días antes del atentado, en el campo: "A lo mejor hay semanas que lo pongo tres días seguidos o pasan tres semanas y lo pongo otra vez (...) Tengo a mis hermanos, pero no es lo mismo. Ahora mismo me gustaría que estuviera para darme consejos, hablar de cosas (...)".

María Pilar Quesada Araque, de 8 años, estudiaba en el colegio del Sagrat Cor, situado a escasos metros de la casa cuartel en la que vivía. Al domingo siguiente iba a recibir la primera comunión. Por ese motivo, la niña había ido minutos antes de la explosión del coche-bomba al colegio para mostrarle a las monjas unas fotografías de estudio que le habían hecho con motivo de la celebración del citado sacramento.

Rosa María Rosa Muñoz, de 14 años, murió también en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Sus hermanos, Pedro y David, de 15 y 17 años en esos momentos, se salvaron de milagro, pues esa tarde se estaban examinando en la Escuela Industrial de Vic. En el momento en que asesinaron a su hija, su padre, el cabo de la Guardia Civil David Rosa, se encontraba en Madrid cursando estudios para ascender de graduación. Su madre, María Angustias Muñoz, estaba terminando su jornada laboral en un taller de confección cuando oyó la explosión. No le dejaron ver el cuerpo de su hija, que tuvo que ser reconocido por una vecina y compañera de trabajo. María Angustias confesó a ABC (01/06/1991) que querían quedarse en Vic, "porque es donde hemos enterrado a mi hija y es el pueblo donde ella se quería quedar. Ella estaba bien en Vic, hablaba catalán y tenía buenas amigas".

Juan Salas Píriz, guardia civil de 48 años, era natural de Olivenza (Badajoz). Estaba casado con Manuela Morgado Duque, que resultó herida, y tenía dos hijos. La explosión del coche-bomba también mató a la suegra de Juan, y madre de Manuela, Maudilia Duque Durán, de 78 años y natural de Alburquerque (Badajoz).

Ramón Mayo García, de 55 años y casado, era guardia civil en situación de reserva activa. Natural de Talavera la Real (Badajoz), falleció atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras él mismo prestaba auxilio a los afectados por la explosión. Ramón fue reconocido como víctima del terrorismo por el Consejo de Ministros en el año 2005. Hubo otros tres heridos consecuencia de accidentes que se produjeron durante las labores de rescate y evacuación de los heridos: Josefina López Muñoz, de 48 años; Salvador Rodríguez Caña, de 17 años, y Juan Manuel Ruiz Alcalá, de 29 años.

Este artículo es un extracto del blog In Memoriam que se publicó en Libertad Digital el 29 de mayo de 2011.

Cataluña tiene 395 organismos autonómicos, más del doble que Madrid
Las comunidades autónomas crearon 205 entes públicos entre 2007 y 2011 y desde 2012 han cerrado 489, si bien siguen teniendo 1.844
Andalucía es la comunidad que menos organismos ha reducido desde 2012 y Baleares, la que más
Javier Tahiri. Madrid . ABC  2 Junio 2016

Los organismos dependientes de las comunidades autónomas se multiplicaron durante la época de bonanza pero se han convertido en una administración menguante en los últimos años. Las regiones cuentan con 1.844 entes públicos, casi 500 menos que en 2012 lo que significa que han cerrado un 21%. Otros 191 están a punto de liquidarse, por lo que el ajuste alcanzaría el 30% en cuanto este procedimiento se complete. En esta estadística no se incluye a País Vasco, que está fuera de la serie histórica.

Las diferencias entre comunidades son amplias. Cataluña es, de lejos, la autonomía con más entes públicos abiertos con 395 organismos, seguida de Andalucía (326), Madrid (153), País Vasco (144) y Comunidad Valenciana (122). La Generalitat tiene más entes que la suma de los de Madrid y País Vasco y más del doble que ambos gobiernos autonómicos.

En el proceso de ajuste, la comunidad que más redujo porcentualmente los organismos que engrosaban su administración fue Baleares (un 54% menos), si bien entre 2004 y 2012 los aumentó un 56%. Andalucía es la región que menos ha adelgazado sus organismos desde 2012, con una reducción del 9%.

El crecimiento de esta administración satélite no dejó de crecer hasta 2011. Si en 2003 sumaban 1.761 organismos, en 2011 alcanzó los 2.445. Sin embargo, desde entonces, su peso comenzó a ajustarse hasta los 1.844 actuales.

Al observar los tipos de ente que se han reducido el último año, llama la atención que el número de agencias autonómicas ha crecido en dos hasta 13 y que desde 2012 se han doblado.
 


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