AGLI Recortes de Prensa   Lunes 6 Junio  2016

Análisis de las propuestas electorales: Izquierda Unida-Podemos
El programa de Podemos no es para tomárselo a la ligera, si les dan poder y tiempo, arruinarán España y a los españoles para 50 o 100 años
Roberto Centeno El Confidencial  6 Junio 2016

El próximo día 26 tendrán lugar elecciones legislativas donde, como explica Antonio García Trevijano, el mejor pensador político en la historia de las ideas de nuestro país, “no se va a elegir a los representantes del pueblo o de la sociedad, sino a refrendar unas listas de partido cuyos componentes han sido colocados en ellas por los jefes de los mismos, no por los votantes. No representan pues a los electores ni a la sociedad civil, sino a una oligarquía política que desprecia a la democracia y a los electores”. Pero para quienes decidan participar en esta farsa en lugar de abstenerse, creo que el mínimo exigible es que conozcan lo que piensan hacer con este país y con su futuro aquellos cuyas listas piensen votar.

Hoy analizaré la propuesta de Unidos Podemos, que emerge como segunda fuerza gracias a la estupidez absoluta de Sánchez, que ha sido engañado y llevado a una trampa mortal por Iglesias, y al PSOE que lo ha permitido, que puede quedar destrozado para siempre. En lo económico, hay casi unanimidad en los grandes partidos: más impuestos sobre los 'ricos', es decir, sobre la clase media y trabajadora, más despilfarro político y más enchufados públicos. El récord de gasto lo propone Podemos con 96.000 millones más, un disparate estratosférico. Y Rajoy, un mentiroso compulsivo que dice que va a bajarlos por la mejora de la recaudación, cuando esta se ha desplomado en el primer cuatrimestre.

El pensamiento de IU/Podemos
Como es de sentido común, lo relevante no son los programas que ofrecen una colección de promesas incumplibles para engañar al mayor número de incautos e ignorantes posible -¿recuerdan a Chaves prometiendo casa gratis a todas las familias andaluzas?-, lo relevante son las ideas expresadas por los líderes sobre lo que de verdad piensan hacer si gobiernan. IU definió su ideario económico en su último congreso y lo que piensa es salir del euro, impagar la deuda, nacionalizar la banca, las grandes empresas y hasta las grandes cadenas de distribución, desde Mercadona a Eroski, y dos millones más de enchufados públicos. Iglesias, que es ya su jefe, les ha obligado a olvidarse de momento y hasta a esconder sus banderas: la republicana y la roja con la hoz y el martillo. Viven en el siglo XIX.

Por su parte, Pablo Iglesias ha expuesto con toda claridad sus ideas y su estrategia para la conquista del poder, en un artículo publicado en una revista izquierdista británica bajo el título de 'Understanding Podemos'. Iglesias, sin fuerza armada que lo sostenga, a no ser que acabe haciendo lo de su mentor Maduro, que ha reclutado y armado una 'milicia popular' de 100.000 hombres ante la pasividad del Ejército -que son quienes le mantienen, en contra de la mayoría del pueblo-, utiliza la televisión, “el aparato ideológico central en nuestras sociedades”, que el oligopolio privado -Sexta y Cuatro-, sostenido por la publicidad del Ibex y la prohibición publicitaria a TVE que el cobarde de Rajoy ha mantenido, le presta en forma prioritaria para dar una imagen falsa de piel de cordero y promesas incumplibles. Si gana, los tres van a tener lo que se merecen

Su intención declarada es implantar un régimen tipo Venezuela, Ecuador o Bolivia, que son sus grandes referentes políticos. “América Latina vivió derrotas históricas de la vieja izquierda, pero surgieron formaciones populares y progresistas que consiguieron victorias electorales que transformaron en proyectos de recuperación de la soberanía del pueblo”. Soberanía del pueblo que significa dictadura sin paliativos. Como explica Ada Colau: “No estamos dispuestos a acatar leyes injustas”, es decir, todas la que se opongan a su poder. Una de sus medidas estrella si llega al Gobierno es obligar a jueces y tribunales a prestar juramento de fidelidad al 'Gobierno del cambio' igual a lo que ocurría en la Alemania nazi.

Aparte, su personalidad totalitaria y ansia ilimitada de poder explica que su estrategia para la conquista del poder tenga dos fases. La primera, agrupar a todas las organizaciones izquierdistas bajo su mando. IU se ha vendido gratis y el PSOE, con un memo por líder a quien desprecia, piensa que a cambio de la compensación adecuada -¿una presidencia nominal?- este mindundi estará dispuesto a apoyar su “asalto a los cielos” cediéndole todo el poder efectivo. “Nuestro objetivo esencial es atraer al PSOE, que aún tiene un soporte social significativo, a nuestras posiciones, y o bien se suma al cambio [reconociendo su liderazgo absoluto] o se ancla en el pasado y se suicida políticamente”.

La segunda es la toma del poder y poner al servicio del 'Gobierno de cambio' a todas las instituciones del país, “la frustración de las clases medias y asalariadas -empobrecidas por las políticas de Rajoy- es el factor más decisivo para comprender las posibilidades políticas del presente”. “Cuando me resisto a entrar en debates sobre la forma de Estado -monarquía o república- , memoria histórica -vuelta al guerracivilismo-, política educativa -cierre de todos los centros de enseñanza privada-, relaciones con la Iglesia, etc., no significa que no tengamos las ideas perfectamente claras en estos campos, ni que hayamos moderado nuestra posición, sino que asumimos que sin controlar la máquina institucional del poder, no tiene sentido focalizar la lucha en estos temas y alejarnos de la mayoría que no está a la izquierda, pero lo haremos cuando controlemos el poder”.

El programa: 50 pasos hacia el desastre
Respecto al programa, que titulan '50 pasos para gobernar juntos', centrándome en lo económico: se trata del delirio más absoluto, prometiendo repartir como si fuera maná caído del cielo lo que España no tiene ni puede obtener del exterior, promesas tan absurdas que solo gente muy desesperada o ignorante puede creer. El primer punto es un Plan de Transición Energética que propone “la modernización económica y la eficiencia”, sustituyendo la generación clásica por renovables entre tres y cinco veces más caras. Cambiar las nucleares, cuyo coste es de 10 euros/Mwh, y los ciclos combinados de gas, 30 euros/Mwh, por eólica, de 85 euros/Mwh, y fotovoltaica, entre 100 y 200 euros/Mwh, la tecnología más moderna. Promete “reducir el coste de la energía a empresas y hogares”, cuando su propuesta multiplicará más de tres veces el recibo de la luz, pero en este país de iletrados con La Sexta y Cuatro a su servicio, todo vale.

Propone una “nueva senda de reducción del déficit”, consistente en exigir dinero sin límite a los mercados hasta que le dé la gana, y además anuncian que no lo piensan devolver (reestructuración de la deuda). Habrá cola para prestarnos dinero, aunque eso les da igual porque tienen un plan B: impago de la deuda, salir del euro y empezar a imprimir pesetas cono si fuera confeti. Reforzar el Estado de bienestar, fortalecer los servicios públicos, reformar el art. 135 de la Constitución y dos huevos duros. Su propuesta reduce el gasto ya ridículo en Defensa un 20%, en orden público un -15%, congela la protección social y sube un 10% Sanidad y un 15% Educación, sin tocar la gestión absolutamente desastrosa en ambos casos. Reforma tributaria para subir impuestos, afirmando que la presión fiscal es ocho puntos inferior a la media europea, una falsedad clamorosa cuando la OCDE acaba de publicar que la fiscalidad sobre el trabajo en España es la cuarta mayor del mundo desarrollado.

Nuevo marco de relaciones laborales, derogando las reformas del PSOE y del PP, “un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de calidad”, o sea, basura populista al por mayor. Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares, mediante la “reducción en el valor de las hipotecas”, algo que se llevaría por delante el sistema financiero, que se encuentra ya al borde del abismo, pero le da igual porque también tienen un plan B: crear una banca pública alrededor de Bankia y el ICO que sustituirá gradualmente a la privada como en Venezuela. Nuevo modelo productivo, “un modelo de desarrollo sostenible centrado en buscar el bienestar y la prosperidad de toda la sociedad, capaz de crear empleo estable y asegurar una redistribución de la riqueza más justa”. ¿Cabe acaso mayor grado de fantasía y estupidez?

En el tema social, renta garantizada, de un mínimo de 600 hasta un máximo de 1.290 euros, el cómo se paga es irrelevante. Se paralizarán los desahucios por motivos económicos “probados”. Agua y luz gratis para 1,4 millones de hogares. En Educación, se iniciará un plan para la supresión progresiva de los centros privados, que pasarán a integrarse en la red de centros públicos, “gobierno democrático” en las universidades, es decir, al servicio del 'Gobierno del cambio'. En Sanidad, acceso universal a los españoles y a los inmigrantes, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo, nada de acabar con el despilfarro, los miles de enchufados, el mayor absentismo de Europa que protegen los sindicatos y el desastre de gestión (la CNMC acaba de denunciar el pago de cientos de millones anuales de más solo en los pañales de la Sanidad pública).

Pero si todo es un disparate y un camino directo al abismo, el colmo del despropósito se alcanza en las pensiones. “Se indexarán con el IPC y se derogarán las reformas del PSOE y del PP” para garantizar la sostenibilidad de las mismas, que este año cerrarán con un agujero de más de 20.000 millones de euros. ¿Y quién pagará la fiesta? “Nos comprometemos a garantizar las pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva”, es decir, el agujero de las pensiones lo pagarán la clase media y la clase trabajadora, los 5,5 millones de contribuyentes con rentas brutas iguales o superiores a 24.000 euros, lo que supone una media de incremento de impuestos de 4.000 euros anuales por contribuyente. Nada de suprimir la duplicidades entre AAPP (36.000 millones), empresas públicas inútiles (15.000 millones) o acabar con los monopolios que, como denuncia la CNMC, facturan (roban) 46.000 millones anuales de más por los bienes y servicios que suministran a las AAPP.

“Se eliminaran los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados”, “se revisarán todas las medidas de reducción de las cotizaciones empresariales”, justo lo que se necesita para crear empleo y competitividad, y así todo lo demás. Y, cómo no, compromiso de acoger inmigrantes sin límite y aumentar el presupuesto de ayuda al desarrollo hasta el 0,7% del PIB. Si será por dinero. Sin embargo, el programa de Podemos no es para tomárselo a la ligera, si les dan poder y tiempo, arruinarán España y a los españoles para 50 o 100 años.

Y para terminar incluye, cómo no, la vuelta al guerracivilismo en un apartado que denomina “memoria democrática, verdad y justicia”, donde la verdad es el odio de los vencidos y la mentira lo que afirman los vencedores. “Se otorgará reconocimiento a todas las víctimas del franquismo”, incluidos asesinos y genocidas. ¿Qué pasa con genocidas como Companys, que se jactaba de haber acabado con todos los curas, frailes y monjas de Cataluña, o con Carrillo, que mandó asesinar a 5.000 hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales fueron enterrados aún vivos?, y cero a las víctimas de la República. De nuevo media España contra la otra media, y donde lo único que no importa es la verdad y la justicia. No solo van a destruir España económica y socialmente, quieren enfrentar de nuevo a los españoles en dos mitades irreconciliables.

Defensores del expolio
Daniel Lacalle El Espanol  6 Junio 2016

“He's not the man to hold your trust, everything he touches turns to dust. He´s King Midas in reverse” Graham Nash

Cualquier empresario sabe que si tienes un negocio cíclico no puedes cargarlo de costes fijos y endeudarlo porque lo hundes. Una familia, la entidad económica más social que existe, sabe que la supervivencia y el bienestar vienen del ahorro, y que gastar más de lo que se gana es una locura. Nadie le dice a su pareja “cariño, no podemos bajar gastos, tendrán que subirme el sueldo”, porque recibe un sopapo.

Cuando llegamos al Estado, se cuenta con una flexibilidad muy relevante, que es el acceso a financiación mientras exista confianza en que se gestionará con responsabilidad crediticia y se potenciará el crecimiento. Sin esas dos condiciones, el milagro de gastar como si diese igual todo, desaparece en muy poco tiempo. Incluso si el Estado ignora todos los desequilibrios económicos y se dedica a monetizar todo su gasto, hace a su moneda inservible y pierde valor porque nadie la quiere.

Recordemos Argentina o la propia Grecia antes de la entrada en el euro. La prima de riesgo de Argentina superaba los 1.000 puntos a pesar de “imprimir todo lo que el Estado necesita”, mientras creaba inflación de más del 40% anual y su moneda se depreciaba brutalmente. En los ocho años de Kirchner, la moneda nacional se devaluó un 66,2% respecto del dólar, que en la cotización oficial saltó un 200% desde los 3,15 dólares de diciembre de 2005. Medido por dólar libre, el salto cambiario era del 400 por ciento. “Crear dinero para el pueblo”. El destrozo ahora lo tiene que solucionar otro.

Esto les sonará a todos los que leen las propuestas económicas del populismo inflacionista:

Un ejemplo aterrador, que en España encima se “glorifica”, es el de Allende en Chile. Intervenir la economía, expropiar y nacionalizar y luego imprimir moneda como locos. El plan populista de Allende fue subir salarios nominales enormemente mientras se aplicaban controles de precios, se daban subvenciones “para sectores estratégicos” de hasta el 10% del PIB y se nacionalizaban empresas. Primero, déficits brutales, que pasaron de 6,69% del PIB en 1970, a 15,28 % en 1971, 24,53 % en 1972 y 30,48 % en 1973.

¿Cómo se financió ese agujero fiscal? Imprimiendo billetes. Un aumento de la masa monetaria de 6,60 % del PIB en 1970, 13,61 % en 1971, 22,71 % en 1972 y 30,40 % en 1973. La inflación, por supuesto, se disparó a más del 400%. Ya te pueden “subir” el sueldo lo que quieras que la inflación fagocita ese “aumento”.

El Estado “creando todo el dinero que necesita” llevó al desabastecimiento, la pobreza, y la implosión de ingresos fiscales. ¿A quien le echaron la culpa? Igual que Venezuela hoy, que Kirchner, que todos los inflacionistas, al “enemigo exterior”. Primero a los comercios “que quieren ganar más dinero”, luego a EEUU. Como explica el economista Guillermo Sánchez, “el desastre era evidente y en absoluto hacía falta una “intervención externa” para causarlo. La CIA ni controlaba el aumento de salarios, ni agrandaba el déficit, ni imprimía los billetes”. Y terminó en una dictadura terrible.

Pero como se hizo por el pueblo, el perpetrador del desastre no puede tener la culpa. Lo hizo por “nuestro bien”. Así que tiene que ser culpa de otro. El enemigo externo. El mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, como dice mi admirado profesor Carlos Rodríguez Braun.

Esto es lo que nos venden los nuevos alquimistas del comunismo inflacionista.No, el Estado no tiene recursos ilimitados. Los recursos del Estado están sujetos a la economía a la que pertenece. Para que exista un sector público se tienen que dar ingresos de un sector privado sólido y próspero. Para que el gasto público sea sostenible la economía debe crecer, ser competitiva y productiva.

En este entorno de locura colectiva que nos parece haber invadido, han saltado los defensores del expolio y se presentan como “expertos”, que traen soluciones mágicas que a nadie se le habían ocurrido. Y es que todo esto se ha hecho mucho antes y muchas veces con resultados desastrosos. Los países líderes saben que la política monetaria no funciona si no se da confianza generalizada en la moneda y si no se garantiza un mercado secundario solido con un sistema financiero donde se esterilice la deuda y se garantice el repago porque se percibe una economía rica y dinámica. Esterilizar es vender aquellos bonos que el banco central compra.

Los países ricos no lo son porque tengan mucha deuda. Son muy ricos y por ello pueden endeudarse, porque existe seguridad de repago. El balance de un banco central no crece exponencialmente porque lo decida un comité, sino porque la confianza en la economía y el sistema permite ese desequilibrio puntual para posteriormente normalizar la política monetaria, e incluso con esa premisa se crean enormes distorsiones, como hemos vivido desde 2008. Una moneda no es reserva global porque lo decida un círculo de Podemos, sino porque la acepta el resto del mundo. El dólar se utiliza en el 80% de las transacciones globales, el euro no.

Como estamos viendo claramente en Europa, o en Japón, no es una casualidad que la política monetaria no funcione en economías intervenidas y dirigidas, y funcione -aunque con enormes desequilibrios- en EEUU. Como decía Bill Clinton, “es la economía, estúpido”. Si no tienes una economía potente, dinámica, competitiva, innovadora y abierta, con empresas privadas líderes, la política monetaria no sirve de nada. Aumentar la masa monetaria por encima del crecimiento del PIB real siempre genera enormes desequilibrios. Que esos desequilibrios sean burbujas financieras, o exceso de inflación y miseria, termina siempre de la misma manera: Lo paga usted. El ciudadano sufre el destrozo de los alquimistas.

Crear dinero artificialmente siempre crea alta inflación y crisis. Que les digan que no ocurre porque ahora no hay inflación es porque ignoran -a sabiendas- el efecto depresor en la velocidad de dinero de la impresión masiva y la brutal inflación en activos de riesgo. La inflación no es el IPC. Lean la falacia de la “nueva teoría monetaria” que no deja de ser la misma de siempre, sumar dos y dos, y creer que pueden dar veintidós. Cualquier niño sabe que no hay más riqueza por imprimir más billetes. Solo se divide y empeora la capacidad de compra. Pero en Europa se está extendiendo de manera peligrosa el inflacionismo comunista desde la percepción de que el problema no es de competitividad y productividad, sino de imprimir moneda.

Los que dicen que quieren “la política monetaria de EEUU”, pero rechazan su competitividad, apertura, seguridad jurídica y libertad, no quieren emular a EEUU. Quieren copiar a la Argentina de Kirchner. El que vive dentro del poder populista vive muy bien con esas políticas… Es usted el que sufre las colas, el desabastecimiento y la miseria. Ellos tienen privilegios de partido. Y luego, como Allende, Maduro, Kirchner y tantos otros, le echarán la culpa al enemigo exterior, con sus ahorros bien guardados en… dólares y fuera del corralito interno. Ellos son el pueblo… Estas cosas que dice Daniel Lacalle son tonterías porque “esta vez es distinto”. Cuando no lo sea, como siempre, será culpa del enemigo externo.

De la vieja nueva política a la nueva vieja política
Rivera descuidó totalmente la explicación de por qué el programa de Podemos sería un desastre para España.
Juan Ramón Rallo Libertad Digital  6 Junio 2016

La mejor definición de demagogia probablemente sea la ofrecida por Pablo Iglesias a lo largo del debate de ayer, a cuenta de su actitud ante los medios de comunicación: "Los candidatos hacemos lo que nos pedís". Es decir, el candidato dice aquello que la gente quiere escuchar, hace aquello que la gente quiere verle hacer, promete aquello que la gente quiere que le sea prometido: todo cuanto sea necesario para alcanzar el poder. Si los ciudadanos reclaman la construcción de castillos en el aire, la cría estabulada de unicornios alados o la multiplicación de los panes y los peces, el candidato se compromete a lograrlo: lo que cuenta es captar su voto y asaltar con él las instituciones estatales.

Esto es, en esencia, lo que sucedió entre Pablo Iglesias y Albert Rivera en el debate que mantuvieron este domingo en Salvados. Durante la anterior campaña electoral, las dos fuerzas políticas emergentes habían adoptado la estrategia de la transversalidad: eran partidos atrapalotodo que, en consecuencia, aspiraban a pescar en todos los caladeros de voto. De ahí que se insistiera reiteradamente en la monserga de que ellos eran la "nueva política": nuevas formas, nuevos talantes, nuevas ideas y nuevas voluntades de acuerdo.

En la presente campaña, en cambio, los objetivos son distintos: Podemos aspira a fagocitar al PSOE y Ciudadanos intenta no ser fagocitado por el PP, de ahí que la vieja nueva política haya mutado en la nueva vieja política. Así, Podemos ha radicalizado su discurso y su tono izquierdista ("Podemos es la verdadera izquierda"), mientras que Ciudadanos ha radicalizado su discurso y su tono anti-Podemos ("Ciudadanos es la verdadera garantía contra el izquierdismo extremista y fracasado de Podemos"). El teatro electoral del 20-D ya no servía para capturar el voto el 26-J, y por eso la función se ha transformado por ambos lados sin la más mínima preocupación sobre incoherencias discursivas y programáticas: ora defendemos A, ora abrazamos No-A.

Así, el debate de Salvados se convirtió en una mera escenificación para convencer a los ya convencidos y para atraer a los indecisos dentro de aquellas coordenadas ideológicas que ambos ocultaron hace medio año. Ninguna propuesta de fondo ha sido debatida para que se reflexione críticamente sobre su conveniencia o factibilidad: la forma ha desplazado al fondo, pues a estas alturas de la película electoral el fondo les resulta menos relevante que nunca a los electores. Lo único importante es construir una narrativa sentimental que mueva a un votante irracionalmente fanatizado.

Por eso, por ejemplo, Pablo Iglesias ha podido prometer sin despeinarse que subiendo el Impuesto de Sucesiones recaudará 40.000 millones de euros (20 veces su recaudación actual); que derogando las reformas laborales de PSOE (2010) y PP (2012) acabará con la temporalidad (cuando la tasa de temporalidad en 2005 fue un 50% superior a la actual); que nos acercaremos fiscalmente a Europa derogando los copagos sanitarios, cuando los copagos sanitarios están absolutamente generalizados en Europa y, sobre todo, en los países nórdicos; que promoverá la demanda interna de los españoles subiéndoles masivamente los impuestos; que no aceptará la venta de armamento militar a Arabia Saudí, cuando el alcalde gaditano de Podemos ha apoyado explícitamente el contrato de Navantia con el régimen wahabita; o que defenderá la educación pública erradicando progresivamente la concertada y sin una paralela rebaja fiscal a los ciudadanos que les permita escoger en libertad.

Y por eso también Albert Rivera abusó improcedentemente de chascarrillos –como que los "cuentos chinos" rememoran la vinculación comunista de Podemos; o que referirse a una sociedad "madura" ilustra un subconsciente lapsus bolivariano de Iglesias–, al tiempo que descuidó totalmente la explicación de por qué el programa de Podemos sería un desastre para España: por qué aumentar el salario mínimo genera desempleo y pobreza; por qué no hay forma de recaudar los más de 150.000 millones de euros anuales que Podemos promete recaudar sin machacar vilmente a impuestos a todos los ciudadanos; por qué un enfrentamiento frontal con Bruselas a propósito de los objetivos de déficit sólo generaría incertidumbre y estimularía una asfixiante fuga de capitales al estilo de Syriza; por qué la contrarreforma laboral que propone Podemos sólo incrementaría la temporalidad y el desempleo; por qué estimular la demanda interna sólo equivale a un burbujón a lo Plan E en lugar de un cambio de modelo sostenible protagonizado por los millones de empresarios españoles; o por qué extender la escuela pública a costa de desmantelar la concertada es sólo una forma para garantizarse el control del adoctrinamiento estatal de nuestros hijos en lugar de una educación adaptada a las necesidades de los estudiantes.

La crítica de fondo quedó desdibujada –por ambos lados– entre eslóganes que quedan vacíos al margen de un discurso ideológico estructurado: Venezuela, Irán, comunismo, PP, defensor de dictaduras, etc. La nueva política caricaturizándose a sí misma para mayor entusiasmo de la vieja política. La casta frotándose las manos ante la ruda exhibición de la neocasta. Quizá vaya siendo hora de darse cuenta de que la verdadera disyuntiva no se da entre nueva y vieja política, sino entre política y sociedad civil. Menos política y más sociedad civil debería ser lo que les exigiéramos a todos los políticos: más libertades individuales y menor dirigismo político-demagogo por parte del Estado.

En estas elecciones, claro, ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos ni Podemos ofrecen una verdadera regeneración y catarsis social frente a la burocracia gubernamental: todos pretenden consolidar el extraordinario poder del Estado a costa de la sociedad. Eso sí, Podemos ha manifestado abiertamente su intención de incrementar todavía más las prerrogativas y las potestades del Estado sobre la sociedad: esa amenaza política es la que ni quiso ponerse sobre el tapete ni combatirse ideológicamente durante en el debate. Y, por eso, el peor reproche que podrá dirigirle a Pablo Iglesias cualquier televidente tras la tertulia de Salvados es que mantuvo un tono crispado con Rivera: no que sus propuestas políticas sean, como lo son, liberticidas y pauperizadoras.

Así destruye el populismo la economía
Francisco de la Torre Díaz El Espanol  6 Junio 2016

El coste del populismo es la destrucción de la economía

Todos viviríamos mejor disfrutando de más y mejores servicios públicos y sin pagar ningún tipo de impuestos. Bueno, eso nos podemos creer, porque tal cosa no existe, y si no recaudamos impuestos, no podremos pagar el gasto público. Como señalaba el juez Oliver Wendell Holmes, "los impuestos son el precio que pagamos por la civilización; en la selva no existen". Por eso, cuando la recaudación fiscal disminuye por el fraude y el déficit aumenta, nos estamos alejando de la civilización y acercándonos a la selva, nos demos cuenta o no.

Esto resulta particularmente cierto en estos tiempos de populismo de izquierdas y derechas. Por una parte, los populistas de derechas proponen rebajar el IRPF y el impuesto de sociedades, y además establecer bonificaciones en las cotizaciones sociales. Según Rajoy, todo esto nos los podemos permitir sin tener que realizar recortes ni reformas de ningún tipo porque "la recaudación está subiendo".

Por otra parte, lo que podríamos denominar el populismo moderado de izquierda propone subir el salario mínimo, establecer un ingreso mínimo vital, incrementar las prestaciones por hijo de la Seguridad Social y, además, aumentar las pensiones. Según una estimación conservadora esto costaría unos 25.000 millones de euros...

Todo esto se financiaría subiendo la práctica totalidad de los impuestos y se crearía uno nuevo para pagar las pensiones. Increíblemente, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, asegura que no subirá impuestos a las clases medias. Es simplemente imposible recaudar cuantías de este calibre sin subir impuestos a las clases medias y trabajadoras.

Pero para populismo, nada como la extrema izquierda de Unidos Podemos, la coalición de Podemos, Izquierda Unida, En Marea, En comú Podem y Compromís -creo que no me he dejado ninguno- que propone un incremento del gasto público de 96.000 millones de euros. El catálogo de mejoras en los servicios públicos y de gasto adicional incluye casi todas las partidas del presupuesto: protección del medio ambiente, vivienda, salud, cultura, ocio, educación y protección social. ¿Hay quién dé más?

Si usted se pregunta quién pagaría todo esto, la respuesta es las grandes empresas -con un impuesto mínimo del 15%, que ahora también propone el PSOE-, las grandes fortunas y, por supuesto, los bancos, mediante un impuesto de solidaridad.

Ante este panorama de ofertas, un observador que no conociese la realidad de la economía española pensaría que la situación de las finanzas públicas es envidiable y que los partidos están buscando cómo gastar un superávit. Sin embargo, si esto fuese así, España no tendría una deuda pública -resultado de la gestión de Zapatero y Rajoy- que supera el 100% del PIB, es decir, todo lo que producimos en un año. De hecho, desde 2008, los sucesivos gobiernos han incumplido el objetivo de déficit todos los años.

Hace dos meses, después de negarlo sistemáticamente, el Gobierno tuvo que admitir que el déficit público superaba en más de 10.000 millones de euros el objetivo establecido. Esta mentira de 10.000 millones tuvo varias consecuencias: en primer término, Montoro y Rajoy descubrieron súbitamente que las Comunidades Autónomas gastaban más de lo previsto e incumplían los objetivos de déficit, por lo que cargaron contra ellas y les exigieron que recortasen 2.000 millones de euros. Posteriormente, tras las críticas en el Congreso de -entre otros- Ciudadanos, cayeron en la cuenta de que debían dar ejemplo y recortaron ellos también 2.000 millones.


Otra consecuencia del incumplimiento del déficit es que puede acarrear una multa de las autoridades europeas, que ya han abierto expediente a España. La cuantía de la multa puede llegar a 4.000 millones de euros, es decir, lo mismo que todos los recortes aprobados o prometidos, suponiendo que se cumpliesen. Lo peor, con todo, no es que los recortes puedan servir exclusivamente para pagar una multa, sino que la credibilidad de nuestro país se está viendo gravemente afectada.

Ante esto, Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea comprometiéndose a hacer más ajustes en el segundo semestre, después de las elecciones. La publicación de la carta dio lugar a una ceremonia de la confusión entre los dirigentes del PP: unos consideraban que la rebaja de impuestos permitiría incrementar la recaudación, otros que los ajustes no iban a hacer falta porque la recaudación iba como un tiro...

Ante toda esta exhibición de populismo y de hipocresía, diciendo una cosa a Europa y otra a los españoles, ¿qué dicen las cifras? Pues que no vamos nada bien. El pasado 31 de mayo se publicaron los datos de déficit, recaudación y ejecución presupuestaria, y es difícil que puedan ser peores. Por una parte, en los tres primeros meses de 2016 el Estado y las Comunidades Autónomas han tenido más déficit que en 2015.

Hay que reducir el déficit, y en eso está de acuerdo hasta Podemos, aunque su propuesta sea hacerlo a un ritmo de tortuga e incrementando masivamente el gasto, y de hecho se está aumentando. La Administración que peor lo está haciendo, de momento, es el Estado, que en estos cuatro primeros meses ha incrementado su déficit del 1,12% del PIB al 1,25%.

Si con un crecimiento superior al 3% no reducimos el déficit es que la gestión del Gobierno es desastrosa

A primera vista no parece mucho, pero si con un crecimiento superior al 3% no conseguimos reducir el déficit es que la gestión del Gobierno del PP está siendo manirrota y desastrosa. Con todo, lo peor son los datos de recaudación. De enero a abril de 2016 se ha recaudado menos que en el mismo periodo de 2015. Y la recaudación de abril ha sido un 10% inferior a la de 2015. Dentro de unos datos simplemente desastrosos, destaca el impuesto de sociedades, que está en negativo. Es decir, que mientras en 2015 se recaudaron 1.682 millones de euros en los cuatro primeros meses, este año se han devuelto, netos, 1.082 millones.

La reforma del impuesto de sociedades ha entrado en vigor, realmente, en 2016. En este primer pago las pymes han pagado más (un 11,%), en línea con un incremento de las bases -los beneficios- de un 11,5%. Sin embargo, las grandes empresas han pagado un 48,4% menos. El derrumbamiento de la tributación de las muy grandes empresas ha sido aún mayor (un 62,9%), con lo que han pagado 1.682 millones de euros menos que en el mismo periodo del año anterior. Si la recaudación del impuesto de sociedades continúa a este ritmo -y nada hace pensar lo contrario-, las grandes empresas y los grupos consolidados pagarían unos 10.000 millones de euros menos que el año pasado, dejando la recaudación total del impuesto en la mitad.

Esta es la realidad, que dista mucho del populismo. Si no combatimos decididamente el fraude fiscal, y eso no se hace dando amnistías y recortando medios el Agencia Tributaria, no mantendremos la recaudación. Esto hará inevitables recortes injustos y subidas de impuestos a los que ya pagan demasiado.

Por otra parte, el coste de abrir agujeros en la normativa de los grandes contribuyentes es sideral. Estos agujeros no se cierran exigiendo impuestos mínimos a las sociedades por sus beneficios. Gran parte de los beneficios de los grupos consolidados y grandes empresas proceden de filiales en el extranjero. Si se exige un impuesto mínimo del 15% sobre estos dividendos que perciben las grandes empresas españolas, estaremos incumpliendo un centenar de convenios internacionales. Pero además no servirá para nada, ya que las empresas simplemente no repatriarán los dividendos, no recaudaremos y habremos eliminado una fuente de liquidez fundamental para la Bolsa española. Es el coste de la medidas populistas de toda la izquierda.

En Ciudadanos hemos adaptado nuestras propuestas a una realidad presupuestaria que es muy complicada. Por eso, a diferencia de los demás partidos, hemos elaborado una memoria económica en la que se detalla y justifica el coste y la viabilidad de todas las medidas. Y algunas propuestas, como la lucha contra el fraude, la eliminación de gasto superfluo y duplicidades, y el cierre de agujeros en nuestro sistema fiscal -especialmente en el impuesto de sociedades- son ahora más necesarias que nunca. Si no abordamos estas reformas acabaremos sufriendo recortes y subidas de impuestos, porque entre el populismo y la realidad hay un abismo que se está ensanchando cada vez más.

*** Francisco de la Torre Díaz, inspector de Hacienda, es candidato de Ciudadanos al Congreso.

El dictador y sus apoyos
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo  6 Junio 2016

A veinte días del 26-J, el panorama empieza a estar tan claro que resulta cegador. El futuro presidente del Gobierno según las encuestas, un empleado del aparato del PCE financiado luego por Irán y Venezuela para la refundación mediática -ahora electoral- del comunismo en España, se ha permitido en el diario que desde hace 30 años deslegitima a la derecha para proteger los negocios de González y Cebrián -ahora se escandalizan de que otros recojan el guerracivilismo que sembraron- no sólo amenazar al PSOE con la rendición inmediata a su caudillaje o la extinción, sino anunciar un asalto al Estado típicamente totalitario. Dice el Daily Star Petroleum que "no está claro" el proyecto de Iglesias. Falso: está clarísimo.

Para empezar, piensa deshacer desde el Gobierno la estructura del Estado para satisfacer a los separatistas en una catarata de referendos que destrozarán no sólo la Administración sino la ya difícil convivencia en las comunidades dominadas por la ETA y otros despotismos antiespañoles.

Luego, con su modestia característica, Iglesias piensa también cambiar el modelo económico. Véase la gestión municipal de Madrid: la semana pasada, los podemitas instalados por Snchz -el antisemita, la asaltacapillas, los defensores de Alfon- se cargaron el Plan Chamartín: 120.000 empleos. ¿En nombre de qué? De un "modelo productivo" que consiste en no dejar producir a nadie. Barcelona es la primera ciudad en proclamar el "crecimiento negativo", o sea, el empobrecimiento. Podemos vota con Marine Le Pen contra el euro. Hundiría la economía española en un mes.

Iglesias también ha anunciado la selección de jueces por su "identificación con el proyecto", o sea, con Él, y la incautación de los medios privados de comunicación. No oculta su modelo comunista. ¿Y por qué el PP y sus televisiones (Daily Star Oil acusa a Planeta y a La Sexta; se olvida de su Cuatro, vendida también ilegalmente a Berlusconi) fingen que no saben que su plan de aterrorizarnos para votar a Rajoy no hace que votemos a Rajoy y sí que pueda triunfar el Terror? El Defensor del Menor no actúa contra la manipulación norcoreana de niños en Telecinco ni el de los mayores por la obscena obsequiosidad de Antena 3. Vamos de cabeza a la dictadura y todos, especialmente los medios, hacen como si no fuera cosa suya. Pero lo es.

Okupas, alcaldes del cambio y fracaso tras fracaso
Francisco Marhuenda. Libertad Digital  6 Junio 2016

Durante meses escuchamos la cansina cantinela de que “no nos representan” referido a las instituciones, que había otra forma de hacer política, que el régimen había fracasado.... Todo este baratillo ideológico quedó resuelto tras unas elecciones municipales y autonómicas que permitieron que los antisistema se hicieran con el control de algunas de las grandes ciudades españolas. Fue un escenario insólito en Europa, salvo el caso de Grecia, porque esa confusa amalgama ideológica de raíz comunista alcanzó, entre otras, las alcaldías de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Cádiz.

Ha pasado un año y el balance es desolador. Los ayuntamientos del cambio reflejan la incapacidad de unos políticos populistas e inexpertos que tienen, además, un fuerte componente autoritario y clientelar. La experiencia muestra que se ha producido un claro retroceso. La responsabilidad corresponde al PSOE que ha preferido que los antisistema logren esos gobiernos sin importarles las consecuencias. En la mayor parte de casos apoyaron a los candidatos populistas para impedir que el PP siguiera al frente de la alcaldía. Es un proceso inquietante que puede conducir que el PSOE coseche un sonoro fracaso como le sucedió al PASOK en Grecia y acabe, finalmente, por desaparecer o caer en la marginalidad.

El sistema que tanto criticaban los líderes del 15-M les ha permitido alcanzar las alcaldías y que personas sin experiencia como Carmena, la juez “icono pop”, y Colau, la “reina” de los escraches o la okupación, gobiernen, respectivamente, Madrid y Barcelona. A su alrededor encontramos a una pléyade de pijo-progres tan inexpertos como sectarios e ideologizados. Las consecuencias son demoledoras. Es un estilo de gobierno rencoroso y manipulador con el pasado para esconder sus carencias y unas medidas que desincentivan el crecimiento económico.

A esto hay que añadir graves sucesos como la okupación en Barcelona que pone de manifiesto las contradicciones de unos políticos que ahora están en el gobierno pero que sus simpatías están con aquellos que vulneran sistemáticamente las leyes. Es sorprendente que una parte de los ciudadanos catalanes y barceloneses hayan dado su confianza a unas alcaldesas que son muy populistas y demagogas, pero que no saben gestionar. Es una paradoja en una de las naciones más avanzadas y ricas del mundo, pero sobre todo una gran frivolidad que sólo se puede entender a partir de la grave crisis económica que hemos sufrido. Las crisis son siempre el caldo de cultivo para que surjan oportunistas.

La terrible ambivalencia entre el PP y UP
La bonhomía de Rajoy no podría resistir embates como los que se espera de los populistas totalitarios.
Amando de Miguel Libertad Digital  6 Junio 2016

El espectáculo de la política en España exige de vez en cuando una mirada un poco imaginativa. Por lo menos hay que dirigirla más allá de los incidentes diarios. El elemento nuevo es la irrupción en la escena de los nuevos totalitarios con piel de cordero: la conjunción de los antiguos comunistas con los populistas. Los totalitarios se juntan. El equivalente del histórico Frente Popular de cuando la República es ahora la extraña amalgama de Unidos Podemos. Pero miremos hacia el futuro posible, recurriendo a los verbos en condicional.

Una posibilidad para el difícil gobierno de España sería que gobernara el PP, auxiliado por C's, y la oposición estuviera constituida por UP (Unidos Podemos), con la colaboración del PSOE. Siempre sería un buen acicate para los populares, que así tendrían que bregar contra gente aguerrida y disparatada. La política volvería a tener un gran interés, casi tanto como el fútbol. Quizá se vería entonces que al frente del PP debería figurar un epónimo más luchador, más estratega, desprendido de la tela de araña de las corrupciones. La bonhomía de Rajoy no podría resistir embates como los que se espera de los populistas totalitarios. Naturalmente, se habría acabado el turnismo blando entre el PP y el PSOE, el que ha definido la Transición. Sería otro régimen, un tanto estrafalario, sin equivalentes en otros países europeos. Nosotros, los españoles, siempre tan originales.

Claro que también podría ser que gobernara UP con el abigarrado apoyo de socialistas y nacionalistas de toda laya. En ese caso el PP pasaría a ser la oposición más nutrida. Ahora sí que la política superaría en pasión a los apasionados duelos futbolísticos. Se ampliarían a la escala nacional los últimos experimentos municipales y ralos de Madrid, Barcelona, Cádiz, etc. Pareceríamos un país hispanoamericano más que europeo. La única esperanza, para los que tememos tal destino sería que la Unión Europea impusiera su veto a una extravagancia tan sonada. No sé cómo lo haría, pero no se quedaría quieta. No es por amor a España sino por razones prácticas. El PIB español es demasiado abultado como para permitir experimentos totalitarios. No digamos si además implicara una salida como la de la trituración de Yugoslavia en su día.

Se podría pensar que las dos hipótesis que anticipo en esta ensoñación parecen muy improbables. De momento, lo que sucede es que el PP menosprecia a C’s (y a la inversa), mientras que el PSOE se ve sobrepasado por el empuje cardiosaludable de UP. Si esos dos movimientos siguieran adelante, no sería nada raro que los dos principales partidos fueran PP y UP. Estaríamos ante un nuevo bipartidismo. La contraposición entre las dos fuerzas no puede ser más terminante. Parece imposible que ambas se coaliguen, pues tendrán que enfrentarse en el Congreso, cada una con una hueste de más de un centenar de diputados. Se distinguirán por el atuendo, el tocado, el lenguaje. Por eso digo que harán la política algo muy atractivo; tanto que prefiguran el disparate o el desastre. Seguimos siendo una rareza en el continente. Por algo fuimos en su día "el fin de la Tierra".

Frente a la libérrima especulación anterior, cabe algo más prosaico: simplemente, que no se entiendan ninguna de las cuatro fuerzas más numerosas. En tal caso se produciría lo que todos temen: nuevas elecciones. No sé qué es peor. Ante una eventualidad tan ridícula, quizá no cabría más que la dimisión de los cuatro caudillos en liza. Acaso sus escuderos respectivos podrían llegar a acuerdos razonables. Por imaginar que no quede.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

La teoría de la mierda
El nivel de mierda de la política española, al parecer, todavía no es suficiente para provocar la reacción higiénica necesaria.
Luís Herrero Libertad Digital  6 Junio 2016

Que la política española es un patatal fangoso es un axioma. No necesita demostración. Que en la sociedad había ganas de algo mejor es una percepción plausible. Que antes del 20-D las elecciones parecían el camino idóneo para alcanzar la mejoría deseada es una sospecha razonable. Y que el 26-J ya no se percibe como el umbral de esa mejoría es una deducción lógica. De entre las muchas encuestas publicadas este fin de semana, el dato que más sobresale es que el 42,6 por ciento de los votantes asegura tener menos interés en estos comicios que el que tuvo en los de diciembre. Confróntese el estudio de Sigma Dos para El Mundo.

El umbral de las expectativas ha sufrido un bajón estrepitoso. Lo que verbalizan todos los partidos menos uno, cada cual a su modo, es que hay que evitar a toda costa que siga Rajoy al frente del Gobierno. Y en la excepción a la regla, que naturalmente es el PP, si bien ese deseo no se verbaliza libremente, lo cierto es que anida en no pocas cabezas de su electorado. Y tal vez de su nomenklatura. Hasta hace poco no se trataba sólo de quitar a Rajoy sin más. Se trataba de quitar a Rajoy, exponente de una política vetusta y fétida, para poner en marcha un cambio profundo.

No se trataba sólo de un cambio de caras. También de moldes. Se buscaba el fin de la aparatocracia (Pedro J. lo llama cupulocracia), la dictadura de unos pocos que, encima, nunca son los mejores. Se buscaba el fin del encorsetamiento legal que nos sujeta a unas reglas de juego envejecidas y caducas. Se buscaba el fin de los hábitos –pésimos, impunes– que presiden desde hace tiempo el ejercicio del poder con independencia de su color ideológico. A ese conjunto de objetivos convinimos en llamarle, para entendernos, regeneración política.

Pero ahora la bandera de la regeneración ya no descuella en el mástil de casi ningún partido. Miradlos: el PP se acula en torno a un señor que confunde su continuidad con la prosperidad de España, el PSOE ha dejado de pensar en lo colectivo para centrarse en la batalla de la primogenitura de la izquierda, y en Podemos y sus adherencias sólo anida la obsesión del sorpasso. Las dos primeras son meras batallas de supervivencia. La tercera, de colonización ideológica con técnicas de camuflaje: relegada la hoz y el martillo a la ropa interior, ahora en sus vestiduras lucen risueños corazoncitos. Sólo Ciudadanos mantiene, a duras penas, el discurso preeminente de la regeneración.

Los dos únicos arcanos que parecen escondidos en las urnas del 26-J son si el PP será capaz de preservar el liderazgo de Rajoy durante las conversaciones postelectorales que está llamado a liderar en su condición indiscutida de partido más votado, y si el PSOE podrá mantenerse como principal baluarte de la oposición. Incluso la continuidad de Sánchez, haya sorpasso o no lo haya, ha dejado de ser un enigma. Las campanas del partido ya doblan luctuosamente por él. Todo lo demás –el cambio que llevó una bocanada de ilusión al ánimo de una sociedad sitiada por el hastío– ha desaparecido casi por completo del discurso político.

Habrá quien piense, tras la lectura de las encuestas del domingo, que el 26-J está en juego mucho más que lo de Rajoy y el sorpasso. El hecho de que ya empiece a especularse con que la suma de Podemos y PSOE pueda acumular más escaños que la de PP y Ciudadanos parece justificar el temor a que vuelva a ensabanarse el fantasma del Frente Popular. Y eso sí que suena a palabras mayores. Yo, en cambio, sigo sin ver que ese riesgo nos amenace con carácter inminente. El PSOE parece decidido, como mal menor, a dejar que gobierne la lista más votada. Sólo si Podemos adelantara al PP en intención de voto –algo que según las encuestas aún no está cerca de suceder– correríamos verdadero peligro.

Felipe González lo ha explicado bastante bien, tras apearse de la prédica de la gran coalición: será más fácil conseguir un pacto de investidura –ha dicho– que un Gobierno que gobierne. Es decir, que los suyos no pagarán el peaje de provocar unas terceras elecciones, negándole al PP el derecho a hacer valer su condición de minoría mayoritaria, pero tampoco le prestarán la fuerza necesaria para que consiga suficiente estabilidad parlamentaria. El PP podrá gobernar, sí, ya veremos con qué candidato, pero tendrá en los bancos de enfrente a una fuerza de oposición más numerosa que la del apoyo al Gobierno.

En esas condiciones, poco se puede hacer. Tal vez fuera posible, en teoría, identificar algunos objetivos comunes, de esos que ahora damos en llamar transversales, y acometer reformas sistémicas. Pero ni el PP parece especialmente motivado para deslizarse por esa senda –y Rajoy, todavía menos– ni el PSOE emerge en esta situación como el cómplice ideal para hacer tal cosa. El mismo Felipe González que le marca a su partido el camino de la estrategia postelectoral le marca también la pauta del discurso regeneracionista, que es, en su caso, el discurso de la no regeneración.

La defensa que ha hecho de Chaves y Griñán, revalidando su vieja tesis autorreivindicativa de que la honradez consiste en no llevarse el dinero público al propio bolsillo, deja a los socialistas invalidados para capitanear la lucha contra la corrupción. Si un presidente autonómico que deja que el dinero de todos se lo lleven unos pocos, que no se entera de nada de lo que pasa en las zahúrdas de su Gobierno y que juzga el comportamiento del adversario con otra vara de medir es un dechado de honradez por el que vale la pena poner la mano en el fuego, que venga Dios y lo vea. Con esa receta, que es la que González se aplicó a sí mismo para no salir calcinado de su agónico crepúsculo presidencial, no hay regeneración posible. Y en la medida en que Susana Díaz y el resto de los barones socialistas la han hecho suya, la inhabilitación adquiere rasgos colectivos.

Así pues, se acabó lo que se daba. La esperanza del cambio debe posponerse una temporada más. En los últimos años de la UCD, también agónicos pero no tan pestilentes como estos, se acuñó la llamada teoría de la mierda, cuya formulación quedaba resumida poco más o menos así: "Cuando el español note de verdad que la mierda le va llegando a las narices, entonces se pondrá manos a la obra para quitarse la mierda de encima". El nivel de mierda de la política española, al parecer, todavía no es suficiente para provocar la reacción higiénica necesaria. Debe ser que a la clase política le gusta revolcarse en el fango.

Los mejores aliados de Donald Trump
Luis del Pino Libertad Digital   6 Junio 2016

Ayer comentamos en el programa lo que está sucediendo en la campaña electoral americana, que está adquiriendo tintes cada vez más violentos a medida que el ascenso de Donald Trump se ha ido consolidando. Y no se trata de violencia ejercida por Trump, sino contra él y sus partidarios.

Las televisiones americanas han mostrado las imágenes de detractores de Trump, no ya interrumpiendo sus mítines, sino agrediendo a los asistentes y enfrentándose a la policía.

Uno de los editores principales de un influyente sitio web de la izquierda americana acaba de ser cesado por abogar abiertamente en las redes sociales por la utilización de la violencia contra los mítines de Trump. Preguntado por algunos escandalizados lectores qué grado de violencia consideraba legítima contra Trump, el editor no tuvo reparo en contestar que, salvo el asesinato, todo tipo de violencia. Y argumentaba que si Trump representa el fascismo, entonces hay que pararlo incluso recurriendo a la violencia. Algunos otros medios han justificado la violencia física contra los mítines de Trump argumentando que el candidato republicano ejerce una violencia verbal injustificable contra sus oponentes y contra diversos grupos de población

Por supuesto, lo que ese tipo de actitudes indica es que el fascismo anida menos en Trump que en algunos de sus detractores. E indica, además, que los oponentes de Trump son, en estos momentos, sus mejores propagandistas.

Vayamos por partes para analizar el tema.
En primer lugar, es cierto que Trump ejerce una inaceptable violencia verbal contra sus oponentes y recurre a argumentos demagógicos contra mexicanos, mulsulmanes o cualquiera que se le ponga por delante. Pero en Estados Unidos, donde la libertad de expresión está más protegida penalmente que en la mayoría de los países; en Estados Unidos, donde la corrección política restringe más la libertad de expresión que los propios tribunales… lo que Trump hace no es ilegal. Por poner un ejemplo muy claro, en Estados Unidos ni siquiera son delictivos, según la jurisprudencia, los llamamientos genéricos a la violencia contra los mítines de Trump, así que mucho menos lo son las palabras de Trump, por muy rechazables que esas palabras nos puedan parecer.

En consecuencia, si Trump no comete ningún delito, y mientras no lo cometa, tendrá derecho a decir las barbaridades que quiera. Es la esencia de la democracia: quien marca los límites es la Ley. Por tanto, quienes recurren a la violencia contra Trump y sus seguidores son mucho más peligrosos que el propio Trump, porque pretenden imponer por la violencia unos límites que la propia ley no establece. ¿A Vd no le gusta que se digan ciertas cosas? Pues tiene fácil solución: propugne una reforma de la Constitución americana que establezca límites más estrictos a la libertad de expresión. Si consigue Vd convencer a los americanos de que se dejen recortar ese derecho, podrá usted exigir a un político, o a un ciudadano cualquiera, que no diga ciertas cosas prohibidas por la Ley. Pero mientras Trump tenga derecho a decir barbaridades, el peligroso es usted, que pretende prohibirle que las diga sin contar para ello con base legal.

¿Le parece horrible que pueda haber gente riéndole las gracias a Trump? Pues aguántese: la democracia consiste en respetar el hecho de que no a todo el mundo le parecen deseables o rechazables las mismas cosas. Y usted no tiene más razón, a priori, que un seguidor de Trump. Critique usted a Donald Trump con toda la dureza de que sea capaz, pero no tiene usted derecho a usar la violencia contra quienes no opinan como usted.

Pero es que, además, quienes están alentando la violencia contra los mítines de Trump le están haciendo el favor de su vida, porque le garantizan una cobertura mediática ilimitada y encima contribuyen, con su violencia, a dar la razón a Trump a los ojos de una parte del pueblo americano.

¿Qué creen los detractores de Trump que puede pensar un americano medio al ver a enemigos de Trump ondeando banderas mexicanas, quemando contenedores y enfrentándose violentamente a la policía? Pues habrá mucha gente que sepa distinguir las cosas, pero habrá otros muchos que le darán la razón a Trump en sus diatribas populistas contra los mexicanos.

¿Qué creen los detractores de Trump que puede pensar un americano medio al ver a gente agrediendo a asistentes a los mítines de Trump, para a continuación quemar una bandera americana delante del local donde se celebra el mítin? Pues habrá gente que sepa diferenciar los temas, pero habrá otros muchos que no podrán evitar pensar que Trump representa a América, mientras que sus detractores representan a quienes la atacan.

Con su violencia física y con sus errores simbólicos, están lanzando a Trump mucho más que lo que el magnate hubiera podido soñar. El propio Trump llegó a reconocerlo en un mítin, cuando agradeció a unos reventadores su labor y les dijo que estaba por contratarlos para que fueran a todos los mítines siguientes, por la publicidad que le hacían.

De hecho, hay quien se ha molestado en cuantificar esa ayuda que Trump está recibiendo. La violencia que rodea a la campaña contra Trump hace que sus mítines sean éxitos de audiencia, calculándose en unos 500 millones de dólares mensuales la publicidad gratuita que Trump recibe de las televisiones. No es extraño que, a pesar del rechazo que suscita en muchos grupos de población, esté ya empatado con Hillary Clinton en las encuestas. Como sigan haciéndole sus detractores este tipo de publicidad, va a arrasar en noviembre.

Llegados a este punto, tengo claras dos cosas respecto a la campaña americana: la primera es que Trump es un peligro, pero algunos de sus oponentes son aún más peligrosos. Y la segunda cosa que tengo clara es que Trump es bastante más listo que muchos de los que sueltan espumarajos contra él.

Caso ERE: sigamos la pista del dinero
Pedro de Tena Libertad Digital  6 Junio 2016

Ya verán cómo, en cuanto se tenga que pagar por lo que se hace, la corrupción política en España empieza a descender vertiginosamente.

No olvidemos lo que decía el garganta profunda del caso Watergate y convirtámoslo en grito de la garganta ética nacional. Que sí, que lo de Chaves, Griñán y demás procesados en el caso está como debe estar, dimitidos y procesados. ¿Que eran honrados personalmente? Es discutible, incluso para los sectores de su partido que no los defienden. Ya escribiremos sobre ello otro día. Pero ¿y qué? Aquí resulta que se han utilizado irregularmente e incluso malversado –que por eso se acusa a Griñán y a otros cuantos– más de 855 millones de euros, que son casi 150.000 millones de las antiguas pesetas. Lo curioso del caso es que la Junta de Andalucía aparece como acusación en el caso y lo escandaloso es que, al final, por el arte de birlibirloque, ella misma puede ser considerada responsable civil subsidiaria. Esto es, los españoles y andaluces pagamos dos veces: uno por haberse perdido el dinero malversado y otra para restituir ese mismo dinero, como en el caso de la formación.

Pero sigamos la pista del dinero. Lo que ha ocurrido, empero, es que ese dinero ha salido de los bolsillos de todos los andaluces, ya sean votantes del PSOE o no, para ir a parar a amigos, empresarios, sindicatos, clientes, correligionarios y demás tropa aliada con el fin, también, y casi siempre sobre todo, de beneficiar electoralmente al régimen socialista andaluz. De hecho, ha sido uno de los mecanismos utilizados para obstaculizar la regla de oro de la democracia, la alternancia democrática. ¿Quién se acuerda del drama de los muchos trabajadores que no tuvieron ayudas porque ellos o sus empresarios no eran de la cuerda? ¿Quién se acuerda de las carencias de otras zonas andaluzas cuyos alcaldes no eran tan amigos como los de la Sierra Norte de Sevilla? ¿Quién se acuerda, en fin, de los andaluces marginados por una política arbitraria por sectaria y partidista, además de presuntamente ilegal?

No entiendo mucho de Derecho, a pesar de los esfuerzos de mi mujer, pero algo de la vida creo que voy entendiendo. Los romanos, para comprender quién era el responsable de algún crimen, se preguntaban a quién beneficiaba. Pues en este caso, como en otros, los beneficiarios han sido un partido político determinado y sus dirigentes, que lograron seguir siéndolo y mandando en Andalucía (y también muchos años en España) gracias a que ganaban elecciones con estos y otros métodos. Pero su autoría y su responsabilidad no están previstas en el Código Penal, ni siquiera a modo de responsables civiles del desaguisado. Por ello, propongo que, a partir de ahora, el dinero mal usado y malversado por decisiones irregulares de los dirigentes de un partido político ni se pierda ni se vuelva a poner del bolsillo público. Que lo restituyan también los responsables civiles beneficiarios, en este caso, la persona jurídica, el PSOE, y en otros, el que corresponda. Ya verán cómo, en cuanto se tenga que pagar por lo que se hace, la corrupción política en España empieza a descender vertiginosamente.

Hacer a España grande otra vez
Las oligarquías políticas no creen en nuestro país, desdeñan la Patria y creen que los españoles no tienen remedio.
Santiago Abascal Libertad Digital  6 Junio 2016

En España pasa algo que no tiene parangón en el resto de países de nuestro entorno: las oligarquías políticas no creen en nuestro país, desdeñan la Patria y creen que los españoles no tienen remedio.

Los políticos separatistas y la izquierda odian la idea de España. Los primeros, porque la quieren destruir para montar sus pequeños reinos de taifas, en los que ejercer un poder omnímodo. Los segundos, porque, a pesar de los años que han pasado, continúan identificando a España con el bando vencedor de la Guerra Civil. No es casualidad que en las regiones en las que los separatistas han gobernado las políticas de acoso y derribo de la idea de unidad nacional española hayan contado con el apoyo entusiasta de socialistas y comunistas. El resultado es claro: dos generaciones de vascos y catalanes han sido educados en el odio o, en el mejor de los casos, en la indiferencia hacia nuestra nación y sus símbolos.

Por si no fuera ya bastante tener a la mitad de nuestros políticos en contra, la otra mitad, la representada por los del centro y la seudoderecha, no ha destacado por ser una gran defensora de nuestro proyecto nacional. Presos de sus complejos y de su vacío moral, populares y centristas parecen incapaces de afirmar España sin a continuación hablar de la Unión Europea, como si lo de invocar a España exigiera matices o disculpas. Y no es raro escucharles proclamarse "ciudadanos del mundo". Son precisamente los últimos en llegar a la clase política, los de Ciudadanos, los que han dado mayores muestras de entusiasmo en esta materia. Sin ir más lejos, en su propuesta de reforma constitucional, los de Rivera han incluido la introducción de un mecanismo para transferir nuestra soberanía a Europa. Por primera vez en nuestra historia constitucional, nuestra Carta Magna incluiría la posibilidad de un suicidio nacional. Lo peor es que no hemos escuchado a nadie criticar tan desafortunada propuesta.

Nuestros políticos han hecho a España pequeña. La han hecho pequeña hacia adentro, haciendo crecer el Estado Autonómico más allá de cualquier línea roja. Ahora las comunidades autónomas controlan competencias esenciales, como las de educación y sanidad, y, gracias al dominio de los medios de comunicación y de la enseñanza, han fomentado los sentimientos regionales en detrimento de los nacionales. Y no es sólo una cuestión de sentimientos y de identidad: la descentralización política, lejos de acercar el poder al ciudadano, ha creado una oligarquía regional que controla los recursos públicos y ha multiplicado la burocracia y la corrupción por diecisiete.

España pequeña hacia adentro, por lo tanto, pero también insignificante hacia afuera, que entrega a la Unión Europea parcelas esenciales de nuestra soberanía y se somete de forma acrítica al dictado de una burocracia europea cada vez más corrupta e ineficaz. Y, lo que es peor, incapaz de dar respuesta a los desafíos que afronta nuestro continente.

Nosotros no vamos a colaborar con ellos. A diferencia de las oligarquías políticas actuales, en Vox creemos en España. Por eso, queremos desmontar el nefasto Estado de las Autonomías y reducir el aparato político al mínimo indispensable. Queremos quitar poder y recursos a los políticos y devolvérselos a los españoles. Desmontaremos el Estado del Bienestar de los políticos para preservar el Estado del Bienestar de los españoles.

Haremos cumplir la Constitución y utilizaremos todos los instrumentos legales para terminar con el desafío separatista catalán y hacer pagar a los responsables de los actos de sedición.

Abandonaremos el papanatismo europeísta del que ya hablaba Unamuno y exigiremos reformas profundas para democratizar la Unión Europea y hacer que vuelva a ser un instrumento útil para los europeos, y no, como es ahora, un nido de privilegiados burócratas que no hacen otra cosa que tratar de destruir las naciones europeas.

Pero, sobre todo, trabajaremos para que los españoles, independientemente de la región en la que residamos, tengamos los mismos derechos y obligaciones y recuperemos nuestro orgullo y nuestra autoestima nacional. Porque somos una gran nación, porque nuestra patria merece una defensa y porque estamos convencidos de que, entre todos, seremos capaces de "hacer a España grande otra vez".

Santiago Abascal, presidente de Vox.

Ante la inacción de los políticos
Manifiesto de intelectuales a favor del español

Nace ‘Castellanohablantes’, una plataforma de personalidades del mundo de la cultura, las letras, la ciencia y la educación que han impulsado un manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes de España”.
Rosalina Moreno  www.gaceta.es  6 Junio 2016

Un numeroso grupo de personas ligadas al mundo de la cultura, las letras, la ciencia y la educación presentarán este lunes un “manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes de España”.

La exposición del documento tendrá lugar en la Casa Árabe de Madrid, ubicada en el número 62 de la calle Alcalá, a las once, e irá acompañada de la emisión de un documental.

El acto contará con los impulsores del manifiesto, todos ellos ciudadanos castellanohablantes de comunidades autónomas con diversidad lingüística. Han gestado una plataforma llamada Castellanohablantes, que será presentada en sociedad en este mismo evento, en el que también participarán personas que han visto vulnerados sus derechos lingüísticos en los ámbitos de la enseñanza, de las Administraciones Públicas y de las relaciones privadas.

Quieren que los poderes públicos reconozcan los derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante de España en todo el territorio nacional.

“Se trata de una iniciativa de personas de toda España, algunos tenemos detrás a una organización que se dedica a esto, otros son particulares a los que les afecta de una forma muy directa. Hemos decidido llevar a cabo un proyecto de forma conjunta teniendo como telón de fondo la imposición del lenguaje, el problema que tenemos personas que somos castellanohablantes y que vivimos en comunidades con más de una lengua, aunque esta problemática también afecta a personas de otros lugares de España que quieran trasladarse por motivos de trabajo o los que sean a otra comunidad a vivir. De eso va a tratar el acto”. Así lo ha detallado a GACETA.ES Gloria Lago, de ‘Castellanohablantes’, que por ahora es solamente una iniciativa, que tiene como base este acto, pero que puede que impulse algo más.

“Proyectaremos un vídeo con el que trataremos de trasladar lo que está ocurriendo, que hay gente que aún no conoce y que, además, se está extendiendo a comunidades donde hasta ahora no había este problema”, se limita a añadir Lago, que guarda con celo más detalles del evento hasta la presentación del manifiesto y la puesta de largo de la plataforma.

“Queremos que sea algo que se lleve a cabo en toda España”, apostilla la portavoz de esta entidad “formada por personas que tienen problemas derivados de la imposición de lengua, y por personas pertenecientes a plataformas que ya están defendiendo los derechos de los hablantes en lugares donde existe este problema, como Galicia, Cataluña, Baleares, Valencia, País Vasco, y Navarra”.

No es la primera vez que intelectuales se unen para hacer frente a los problemas que sacuden a España, como la secesión que promueve el Gobierno de Cataluña. Este es el caso de Libres e iguales, presidido por Cayetana Álvarez de Toledo. Además, esta plataforma también pide a los grandes que se blinden contra Podemos.

Recientemente, una treintena de personalidades, entre los que se encuentran el prestigioso pintor Augusto Ferrer-Dalmau, se han unido contra "la felonía de la política catalana, corrupta”. Estas personalidades de “la cultura, la universidad, las artes y las ciencias” exigen a Mariano Rajoy y al próximo presidente que “salvaguarde y mantenga, por todos los medios a su alcance, la unidad nacional”.

POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS CASTELLANOHABLANTES EN TODA ESPAÑA
www.castellanohablantes.es   6 Junio 2016

Los que promovemos este manifiesto somos ciudadanos castellanohablantes que residimos en comunidades autónomas con diversidad lingüística: Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia.

El castellano está reconocido como lengua oficial en toda España. Nuestra peculiaridad consiste en que compartimos espacio con otros ciudadanos que tienen como lengua materna o de identificación otra lengua española, también reconocida como oficial en toda o en parte de una comunidad autónoma, o bien una modalidad lingüística que se habla en ciertas zonas.

Para nosotros, las políticas de los poderes públicos deben basarse en el respeto a la diversidad, en el principio de paz lingüística entre las distintas comunidades lingüísticas que comparten un territorio, y en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus integrantes.

Los castellanohablantes de territorios monolingües tienen reconocidos estos derechos y pueden ejercerlos sin dificultad. Sin embargo, esto no sucede en las comunidades autónomas donde coexisten diversos idiomas oficiales. En ellas se está confundiendo el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales, con la marginación y creciente vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante que allí reside.

La Constitución reconoce el derecho de los españoles a no ser discriminados por razón de origen, y establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento en el territorio nacional. El ejercicio de este derecho actualmente no es completo, y su limitación perjudica, especialmente, a quienes tienen hijos en edad escolar.

El conflicto lingüístico existe y tiene su base, entre otras razones, en el desigual tratamiento dado a los derechos la comunidad castellanohablante en algunas zonas de España, lo que ha ocasionado situaciones de evidente discriminación.

Por lo tanto, consideramos esencial sentar las bases para solventar este problema. Corresponde a los Poderes Públicos del Estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, PROCLAMAMOS:

1. Que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas deben ser objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes.

2. Que la declaración constitucional de lengua oficial del castellano conlleva el reconocimiento legal de, al menos, los siguientes derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante en toda España:

a. El derecho a recibir la enseñanza en castellano.
b. El derecho a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas.
c. El derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria.
d. El reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público.
e. El derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma.
f. El derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano, así como a una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación.

3. Que los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben actuar como garantes y facilitar el ejercicio de estos derechos en todo el territorio nacional.

4. Que el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística.

En Madrid, a 6 de junio de 2016.

Parole Parole
Nota del Editor 6 Junio 2016

Si no hubieran transcurrido tantos años sufriendo este disparate autonómico-lingüístico, estas palabras podrían significar algo. Pero a estas alturas de la película ya no significan nada, la constitución española ha sido tergiversada, los derechos de los español hablantes conculcados. Lo que hay que reclamar es una lengua oficial única en toda España y dejarse de medias tintas.

Todas estas "buenas intenciones" parecen encaminadas a que la sociedad persista en el estúpido estado de esperar que algo puede cambiar con más leyes, cuya ejecución estará en manos de quienes se lucran de imposición de las lenguas regionales.

La petición del derecho a recibir la enseñanza en castellano oculta que se impone la lengua regional como en la atualidad. Lo que hay que pedir es que la lengua regional no tenga ventaja alguna, que su conocimiento no suponga menoscabo alguno para quienes no la conozcan. Que atiendan en español en la administración pública no significa que todos los españoles puedan trabajar en ella porque el conocimiento de la lengua regional es requisito excluyente e irracional.

El derecho a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas ya existe (previa petición en cada caso), pero no sirve para nada puesto que todos los procedimientos se ejecutan en la lengua regional, resultando totalmente desamaparados los ciudadanos español hablantes.

El derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria ya existe en parte porque cada día eliminan algún resto del español. Lo que hay que pedir es la eliminación de las lenguas regionales en todos los entornos, especialmente en la  señalización viaria porque es un atentado a la seguridad vial de los ciudadanos español hablantes que tienen que perder tiempo de atención a la conducción hasta que aparece el mensaje en español.

Los otros puntos ya se tienen, salvo la relación con algunos clientes que se benefician de las lenguas regionales y se dedican a incordiar a las empresas para que desperdicien recursos utilizando una lengua regional en detrimento de la lengua española que constitucionalmente tienen el deber de conocer.

Cientos de personas protestan por la imposición del catalán en Aragón
La concentración en la plaza del Pilar ha reunido a varios centenares de personas.
Agencias Libertad Digital  6 Junio 2016

Cientos de personas, según la Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán organizadora de la movilización, se han congregado este domingo en la plaza del Pilar de Zaragoza para protestar por "las leyes impositivas" del Gobierno de Aragón con respecto a la introducción del catalán en la Comunidad.

Bajo el lema "Por la identidad, lengua y cultura aragonesas. El catalán no es lengua propia de Aragón", los manifestantes se han mostrados muy contrariados con la última norma de PSOE y CHA mediante la que "todos los colegios e institutos públicos aragoneses pueden introducir el catalán como lengua vehicular en la enseñanza", han explicado los organizadores.

Además, los manifestantes han pedido que se suprima el catalán como lengua propia de Aragón y que se respete "la voluntad de los ciudadanos".

En la misma plaza del Pilar se ha leído un Manifiesto en el que se exigía respeto por las modalidades lingüísticas del aragonés tanto en la zona norte como en la zona oriental.

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Condescendencia con la violencia en Cataluña
Editorial La Razon  6 Junio 2016

En demasiadas ocasiones, las instituciones catalanas se han mostrado condescendientes con las actitudes violentas de algunos sectores del separatismo, con alambicadas justificaciones de lo injustificable, cuando no transfiriendo la responsabilidad a las propias víctimas. Casos de acoso en las universidades a profesores y conferenciantes que no comulgan con el nacionalismo, de ataques incendiarios contra las sedes de partidos constitucionales e insultos en la vía pública a representantes políticos se han venido repitiendo durante los últimos años sin la adecuada respuesta que merecen este tipo de actuaciones en el seno de una sociedad democrática y que aspira a vivir en paz y libertad como es la catalana.

Ayer, dos jóvenes que atendían en Barcelona una mesa de apoyo a la Selección nacional de fútbol fueron cobardemente atacadas, por dos veces, por unos facinerosos al grito de «putas españolas». A pleno día, en medio de los transeúntes, se han recogido suficientes pruebas gráficas para identificar sin ninguna duda a los agresores. Es preciso que la Generalitat actúe con contundencia contra estos sembradores de odio y que caiga sobre ellos el peso de la Ley. No es posible minimizar la violencia ni mirar para otro lado cuando se trata de la libre expresión en un país democrático.

Racismo cultural encubierto
ANTONIO ROBLES El Mundo  6 Junio 2016

Es sorprendente que haya escandalizado tanto el Manifiesto Koiné por pedir abiertamente la exclusión oficial de la lengua española y convertir al catalán en el único idioma oficial de una hipotética República catalana. Como sorprendente que haya habido tantas críticas contra él por parte de compañeros de viaje, no por lo que dice sino por poner en peligro los planes supremacistas del nacionalismo lingüístico llevados con sigilo desde la Transición.

En realidad, el Manifiesto Koiné es la historia de la normalización lingüística del pujolismo a bocajarro, sin encubrimientos. Desde el primer Gobierno de Pujol en 1980, la idea de convertir al catalán en la única lengua institucional fue el objetivo de la normalización lingüística. A la vuelta de los años, esa evidencia es incontestable. Hoy la lengua catalana es la única oficial de facto en todas las instituciones y medios públicos de la Generalidad. Incluyendo la escuela, donde la inmersión sólo en catalán ha convertido a la lengua española en extranjera. ¿Qué diferencia hay entre lo que pide el Manifiesto Koiné hoy y la política lingüística desplegada por la Generalidad desde 1980? Sólo el exabrupto.

Ni siquiera esa petición es nueva. Ya en 1979 El Manifest d'els Marges pedía eliminar el bilingüismo y sustituirlo por el monolingüismo amparándose en el riesgo de desaparición de la lengua catalana. Se publicó bajo el título de Una nació sense estat, un poble sense llengua y estuvo promovido por profesores nacionalistas de la UAB y apoyado por el PSUC. No era la labor de cuatro fundamentalistas de la lengua, sino la pulsión inconfesable del catalanismo identitario surgido a partir de 1961 alrededor de Òmnium Cultural. La irrupción en 1966 del movimiento pedagógico Escola de Mestres Rosa Sensat, inspirado por la socialista Marta Mata, proponía, por el contrario, la enseñanza en lengua materna y bilingüismo escolar inclusivo.

Frente a este modelo de escuela pública y respetuosa con las dos lenguas, la DEC (Delegació d'Ensenyament en Català), organismo de Òmnium Cultural para la enseñanza del catalán, proponía un modelo excluyente. Descartaba totalmente el bilingüismo e imponía el catalán como único idioma de la escuela. "La escuela -sostenía Joaquim Arenas ya entonces- había de ser catalana por la lengua, los contenidos y las actitudes". Las razones de este modelo de lengua única las resume el mismo Joaquim Arenas i Sampera en la edición de 1988 de Abséncia y Recuperació de la llengua catalana a l'ensenyament a Catalunya 1970/1983: el bilingüismo significaría la muerte del catalán porque siempre favorece a la lengua más fuerte, en ningún caso la lengua propia puede ser la segunda lengua de un país libre, y sólo se puede asimilar a los niños inmigrantes a la identidad nacional a través de la lengua y la cultura propias.

Las tesis excluyentes de Òmnium cultural se impusieron a las bilingüistas de Marta Mata en el primer Gobierno de Pujol (1980); y Joaquim Arenas, responsable de los profesores de catalán de Òmnium Cultural y del DEC, es nombrado desde el Gobierno para organizar la Dirección General de Política Lingüística con Aina Moll al frente. Él será el padre de la inmersión y el inspirador de la doctrina nacionalista adosada a ella. El integrismo lingüístico y la identidad nacional serán el modelo de escola catalana de todos los gobiernos de Pujol durante los 23 años que estuvo en el poder. Y Joaquim Arenas el arquitecto. Su influencia en la exclusión de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en la escuela es determinante, como lo fue la de Carme Laura Gil i Miró, nombrada desde 1980 directora general de Bachillerato de la Generalidad hasta 1996. Su labor al frente del ideario integrista lo continuó después como diputada por CiU y, desde 1999, como consejera de Educación. El mismo recorrido de la maestra de escuela Irene Rigau, que después de dejar su impronta integrista en la inspección educativa pasa a formar parte del Consejo Nacional de CDC, luego diputada por Gerona, en 2009 ponente de la Ley Catalana de Educación y, finalmente, consejera de Educación con Artur Mas.

¿Qué tienen en común estos responsables de las políticas lingüísticas de la Generalidad desde 1980 con el Manifiesto Koiné? Que todos lo han firmado. Por decirlo con exactitud, quienes piden ahora abiertamente imponer un modelo de fascismo manifiesto, han sido los responsables del racismo cultural encubierto de la normalización lingüística desde 1980. Aunque sus formaciones políticas de Junts pel Sí (CiU/ERC) y la CUP cínicamente se escandalicen ahora por temor a que el mundo perciba la xenofobia que late tras tanta revolució dels somriures. Los editoriales de La Vanguardia y El País bastan y sobran para rastrear el cinismo de ese racismo cultural que les lleva a preocuparse más por la mala imagen que pueda provocar al catalanismo, que por delatar el fascismo manifiesto que destila: "Los autores del texto olvidan que en Europa existe un Estatuto de las Lenguas Minoritarias. Si se impone un idioma contra otro, los usuarios del agredido pueden reivindicar derechos lingüísticos escolares, canales de televisión y otros apoyos oficiales. Lo que consagraría una fragmentación de la sociedad. Y cancelaría por siempre la inmersión escolar y la unidad civil y cultural de la nación catalana. Por eso, simulando defenderlos, el manifiesto es una letal arremetida contra los catalanes". (Editorial de El País, 6/4/2016) ¿Hace falta explicar la obscenidad de estos párrafos?

Pero no sólo firman responsables directos del monolingüismo institucional, también políticos de otras formaciones que saquearon el voto castellanohablante simulando defenderlos, como el socialista Antoni Dalmau, el ex presidente de ERC; Josep Carod-Rovira o el ex diputado de la CUP, Julià de Jodar; periodistas del régimen, como Vicenç Villatoro; sociólogos de pesebre, como Salvador Cardús; o profesores de la cosa nacional como Jordi Solé i Camardons, todos con el chantaje de la cohesión social como excusa. Rastreen las biografías del resto. No están todos los que son, pero todos los que son ayudaron a estar donde estamos.

Francesc Moreno describía con exactitud el alcance perverso de este reparto de roles en Koiné, Poli malo, donde el manifiesto exagera la nota y provoca por defecto que las exclusiones lingüísticas impuestas por Junts pel Sí (CiU/ERC) y la CUP aparezcan como moderadas (Poli bueno). Mientras tanto, los gestores del negocio nacional seguirán gozando en exclusiva "del monopolio de las subvenciones públicas y blindan(do) sus puestos de trabajo en la escuela, en la cultura y en general en toda la administración pública o concertada dependiente de la administración autonómica y local".

Lo tremendo de este manifiesto, lo más lamentable por irreversible es el relato histórico que impone para justificar su miserable supremacismo. Tal relato, adobado a lo largo de décadas de adoctrinamiento escolar y mediático, actúa como una losa de mentiras y emociones bajo la cual es imposible pensar, disentir o respirar. El conocimiento ya no es una búsqueda, sino una fe. Llegados a este punto, la reflexión se hace imposible, y la política se reduce a inquisidores y herejes. O estás conmigo o contra mí. Hay algo muy malsano en este manifiesto, no sólo por el hedor que repele, sino por la luz que atrapa a cuantos confunden Cataluña con sus tesis, a la lengua con su historia y a la historia con el delirio que describe.

Esta ceguera generalizada es lo que lleva a Gregorio Morán a preguntarse: "¡Que gentes, presuntamente de izquierdas, lleguen a sostener que en este país flagelado por el paro, los desahucios, los recortes, las estafas, 'quizá el principal problema sea la cuestión lingüística', es que se nos han roto todos los cristales y de pura vergüenza no nos atrevemos a mirarnos a ningún espejo que nos retrate de cuerpo entero! Son ustedes, señores firmantes, unos neofascistas sin conciencia de serlo". (El Neofascismo lingüístico. La Vanguardia, 9/4/2016). Neofascistas sin conciencia de serlo, he ahí el drama, incapaces de cuestionarse nada porque el delirio es la atmósfera donde viven y las mentiras de sus políticos, docentes, periodistas e intelectuales, el aire que necesitan para seguir respirando.

Antonio Robles es periodista. Fue diputado del Parlamento de Cataluña por Ciudadanos.

La violencia en Cataluña
Francesc MorenoCronica Global  6 Junio 2016

En Cataluña la violencia empieza a ser noticia cotidiana. En estos momentos sufrimos la de los antisistema, incidentes reiterados en torno al denominado Banc Expropiat, y la de los independentistas radicales contra aquellos ciudadanos que osan manifestar en público ideas que no gustan al régimen. En menos de un mes se acumulan el ataque a las dos chicas que promocionaban La Roja; el acoso a una profesora, subdelegada del Gobierno, en la Universidad de Lleida; la agresión a jovenes de SCC en la UAB; las pintadas intimidatorias a Josep Ramon Bosch; los destrozos en una sede de Ciudadanos, y las amenazas cada día más explítictas contra los no independentistas en las redes sociales.

Si la Generalitat o el Parlament pueden promocionar la "desconexión", saltarse las leyes que consideran "injustas" o no ejecutar las sentencias que no les gustan, ¿por qué no va a poder hacerlo cualquier colectivo?

Siempre han pasado cosas así. Pasan en todas partes. Lo llamativo es la creciente reiteración y la reacción --o mejor dicho, la escasa o nula respuesta-- de las instituciones ante estos hechos. Para ser justo, debo destacar que los Mossos estan salvando la dignidad institucional del Govern. Su actitud está siendo la que se corresponde con su papel constitucional: defensa de la legalidad y la libertad de expresión, reunión y manifestación. Pero en el resto de las instituciones catalanas prevalece una actitud ambigua frente a los okupas, y un clamoroso silencio ante la violencia de los radicales independentistas.

No es extraño. Han sido nuestros responsables políticos los que han facilitado el clima actual. Su desligitimación de la legalidad abre la puerta a toda actuación al margen de la ley. Si la Generalitat o el Parlament pueden promocionar la "desconexión", saltarse las leyes que consideran "injustas" o no ejecutar las sentencias que no les gustan, ¿por qué no va a poder hacerlo cualquier colectivo?

Por otra parte, cuando los dirigentes nacionalistas hablan de que "la patria está en peligro", "España nos roba" o se califica de "fascistas" o "traidores" a los disidentes, es natural que los más radicales, sintiendose amparados, pasen a la acción.

El momento es problemático. La independencia exprés se aleja. La sociedad catalana se manifiesta cada vez más plural, y las próximas elecciones volverán a demostrarlo. Los no nacionalistas salen a la calle e inundan las redes, hasta hace poco reductos exclusivos de los indepes. La frustación crece y la sonrisa prepotente se convierte en rictus impotente y agresivo.

La sangre, afortunadamente, no ha llegado al río. Independentistas y contrarios a la independencia deberiamos poder convivir en Cataluña, porque esto no se va a resolver a corto ni medio plazo. Algunas minorías pueden apostar por la violencia. Pero las instituciones catalanas deberían asegurar la convivencia, a partir de su neutralidad y de la garantía de los derechos constiucionales de todos. Si no lo hacen, serán los responsables de lo que pueda llegar a pasar.


 


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