AGLI Recortes de Prensa   Sábado 13  Agosto  2016

El abuso administrativo
Javier Benegas www.vozpopuli.com 13 Agosto 2016

“Una tierra seca, estéril y pobre: el 10 por ciento de su suelo no es más que un páramo rocoso; un 35 por ciento, pobre e improductivo; un 5 por ciento, medianamente fértil; sólo el 10 por ciento francamente rico. Una península separada del continente europeo por la barrera montañosa de los Pirineos, aislada y remota. Un país dividido en su interior mismo, partido por una elevada meseta central que se extiende desde los Pirineos hasta la costa meridional. Ningún centro natural, ninguna ruta fácil. Dividida, diversa, un complejo de razas, lenguas y civilizaciones distintas: eso era, y es, España”.

Incapaces de crecer de verdad
La cita es de John H. Elliott. Y con ella se preguntaba cómo aquella España, que hasta el siglo XV no era más que una mera denominación geográfica, se convirtió súbitamente en realidad histórica. Siempre me ha gustado esta cita y la he usado en distintas ocasiones. No por la unidad de destino, sino porque, en lo sustancial, a pesar de las nuevas tecnologías en comunicaciones y los avances en infraestructuras, España sigue siendo eso: una tierra difícil e intrínsecamente pobre. Una realidad que solemos olvidar porque lo que acapara los titulares de los diarios, los telediarios, las redes sociales, es básicamente la trifulca de la política ordinaria, con sus facciones en litigio, sus intereses grupales y sus promesas de que, a pesar de todo, ataremos los perros con longanizas.

Pero la realidad es tozuda. Nuestro país es, en esencia, pobre. Al contrario que otros, no contamos con recursos naturales especialmente valiosos. No tenemos petróleo ni gas; tampoco, en la actualidad, yacimientos de materiales preciosos o materias primas cuya extracción resulte especialmente rentable. Mantenemos, eso sí, una minería residual a golpe de subvención que tarde o temprano desaparecerá. Si acaso, podríamos decir que el turismo es nuestra mina de oro, nuestro petróleo. Y la verdad es que lo explotamos bastante bien. Pero, más allá de eso, la riqueza que generamos depende de nuestra iniciativa; es decir, de lo que sea capaz de hacer cada persona. Resulta, sin embargo, que aunque en la base de la pirámide abunden los emprendedores, en España es especialmente complicado que un proyecto crezca. Tenemos muchísimas pequeñas empresas, pero, en comparación, el número de medianas empresas es inusualmente ridículo.

Deberíamos atender menos a las recetas de esos vendedores de crecepelo que son nuestros políticos y recordar que somos un país intrínsecamente pobre, donde a pesar de que ganas no faltan, las ideas no terminan de cuajar. Desgraciadamente, lo que mandan son los grupos de interés y los restos de códigos ideológicos o, en su defecto, los modelos de laboratorio, donde los datos son una religión. Los dos primeros forman parte en realidad de una misma impostura; y los segundos generan falsas esperanzas, porque los modelos de laboratorio, además de resultar difícilmente explicables al ciudadano raso, no funcionan a pie de calle: la realidad es un universo infinito de incógnitas, cuyas interacciones y contingencias son imprevisibles.

La falsa complicación
Douglas North, que realizó análisis cuantitativos colosales, concluyó al final que, si acaso, estos habían servido para plantear muchas más preguntas que respuestas. Otros, sin embargo, consideran que sus propias investigaciones son la verdad revelada. Así que proponen políticas cada vez más complejas, de tal suerte que, cuando no obran los beneficios esperados, que suele ser casi siempre, el manual de reparaciones no hay quien lo entienda. Lo peor, con todo, es que cada vez resulta más difícil oponerse a esta tendencia porque hace tiempo que se ha convertido en un fin en sí misma, como si el objetivo fuera construir un mundo cada vez más complejo donde las personas no puedan juzgar la política. Por eso, si a alguien se le ocurre advertir a los especialistas que, desmontado y vuelto a montar su artilugio, les han sobrado un puñado de piezas, le responderán “¿Acaso sabe usted lo que es un condensador de fluzlo?”.

En este espacio hemos intentado mantenernos al margen de esa tendencia que parece flotar sobre la realidad. Nada de lo escrito aquí está dirigido a las élites intelectuales sino a la gente corriente, a la que los ingenieros sociales no están facilitando la vida sino empujando a nuevos conflictos. Por eso, hemos escrito piezas que hablan de bodegas en mitad del campo que han de cumplir el “reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno”, de permisos que se han de solicitar en ventanillas que ni siquiera existen, de obras de insonorización por importe de decenas de miles de euros para diminutas escuelas de yoga, de instrucciones para declarar impuestos que parecen jeroglíficos, de inescrutables normativas que hay que cumplir para realizar cualquier actividad lucrativa en la propia vivienda, de ayuntamientos que despluman a sus ciudadanos, de pensiones futuras que no alcanzarán para hacer dos comidas diarias…

En definitiva, hemos puesto el foco sobre el desmadre administrativo donde el ciudadano es un sujeto pasivo, un espectador ignorante, alguien que, en la práctica, carece de derechos. Un paria al que, en una nueva vuelta de tuerca, un dron fotografía desde el cielo por si aparece en su jardín una piscina que antes no había y obtener así una recaudación extra. Y aunque la piscina sea desmontable y los burócratas hayan metido la pata hasta el corvejón, tendrá que gastar su tiempo en recurrir la pifia para evitar la sanción:

– Mire, ese recuadrito azul sobre un fondo más o menos verde, no es una piscina olímpica, es una hinchable que compré para los críos. Y ese puntito amarillo es un patito de goma.
– Lo comprendo, pero tendrá que demostrarlo.

No se lo tome a guasa, se han dado casos, y no pocos precisamente, en los que se han incluido piscinas hinchables como elemento que aumenta el valor catastral de un inmueble. Lo mismo ha ocurrido con barbacoas o pérgolas móviles, esos artilugios que se compran en un centro comercial por un puñado de euros para sacarle un poco más de partido al verano. Y es que hacer vida al aire libre en el jardín de casa también se ha convertido en una actividad peligrosa… para el bolsillo. De seguir así, nos harán pagar una licencia de obra para montar una estantería de Ikea.
El coste real del desmadre

Una parte sustancial de la crisis, sospechamos, está en la inflación de la política, en la hiperregulación (que se ceba sobre todo en la economía productiva y en la gente sin contactos), en ese abuso administrativo que invariablemente degenera en clientelismo, corrupción y tráfico de intereses. De hecho, se nos ocurre que si a algo deberían dedicarse los expertos en datos, en beneficio de todos, es a calcular los costes de transacción que supone este desmadre. Una tarea titánica, cierto. Pero a lo mejor hay recompensa. Y resulta que la baja productividad se debe más a estos cepos que a razones muy complejas. Se confirme o no esta sospecha, mejor será empezar por cambiar lo que evidentemente no funciona, lo obvio, que seguir avanzando por los inescrutables caminos de la iglesia de la cienciología política. ¿Si no funcionamos cómo vamos a redistribuir? No es sentido común, es aritmética.

También, por supuesto, hemos escrito sobre el mal de fondo que es, a nuestro entender, el actual modelo político, al que hemos llegado a calificar como el régimen más estúpido de la historia de España, sobre los burócratas y la banalización del mal, la bomba a punto de estallar que es la corrección política, la estafa ideológica del nuevo activismo, la moderna caza de brujas en que ha degenerado la “violencia de género”, la operación Ciudadanos, la intrahistoria de la regeneración y otros asuntos delirantes que está prohibido criticar. Siempre desde la libertad que nos proporciona este medio y con la aspiración de conectar con el público, no para asegurar una buena audiencia, que va de suyo, sino para demostrar que la política española se ha convertido en un grave problema. Y las personas están tomando conciencia de ello. De ahí la desafección, de ahí el populismo. Pero, también, una conciencia social más ponderada a la que apelamos.

Como es lógico, no hemos hecho demasiados amigos en determinados ambientes. Pero no estamos aquí para hacer amigos sino para romper tabúes, meter el dedo en el ojo y, sobre todo, ensanchar el terreno de juego. A la vuelta de unos días, seguiremos intentándolo. Tenemos ya en la recamara varias ideas que, esperamos, le resulten interesantes a usted, querido lector, que es a quien nos debemos. Mientras tanto, no olvide que España sigue siendo lo que ha sido casi siempre, una tierra difícil e intrínsecamente pobre. Un país que, para prosperar, necesita mucha iniciativa. Sin eso no hay nada, ni unidad territorial, ni Estado de bienestar, ni transferencia de rentas, ni clase media. Y mucho menos, democracia. Aunque le digan que la riqueza crece en los árboles o que el dinero se puede imprimir en el sótano de un ministerio, es rigurosamente falso. No es lo mismo empleo que trabajo. No es lo mismo dinero que riqueza. Lo que no seamos capaces de hacer por nuestra propia iniciativa no lo va a hacer nadie por nosotros. Así que será mejor que lo intentemos y… nos dejen intentarlo. No hay nada imposible.

Tengan todos ustedes un buen verano.

Lo normal, lo anormal y lo paranormal
Gabriela Bustelo www.vozpopuli.com 13 Agosto 2016

No lancemos las campanas al vuelo, pero nos vamos aproximando a lo que los optimistas creímos sucedería tras las elecciones generales del 20 de diciembre. El PP –partido más votado pese a su corrupción– gobernaría bajo el tutelaje de Ciudadanos, conminado a aceptar el papel de niñera de los talludos conservadores españoles. Estos ocho meses en funciones, jaleados por los liberales patrios como un periodo positivo por la imposibilidad del gobierno para intervenir en los asuntos nacionales, son observados con preocupación por el resto de Occidente. El New York Times sacaba en abril un artículo firmado por Raphael Minder afeando la conducta a una España discordante, con líderes incapaces de acordar nada mientras anteponen sus ambiciones a los intereses nacionales. Estos ocho meses al pairo se han intentado vender de abundantes maneras, pero son la escenificación de la bisoñez democrática española. Un fenómeno político semejante sería impensable en democracias veteranas como Francia, Reino Unido o Estados Unidos. En el pecado se lleva la penitencia, nos avisa la sabiduría popular: la España politizada y corrupta que se blindó tras la Transición no puede desmontarse en unos pocos meses.

Las enseñanzas del limbo político
Estos ocho meses de limbo político han servido, no obstante, para desnudar a los dos partidos veteranos, dejando al descubierto la criptonita política que les impide ser formaciones occidentales capacitadas para afrontar los retos del nuevo milenio. El PSOE disfuncional que lidera Pedro Sánchez encarna, por desgracia, a la izquierda mayoritaria en España. El socialismo español –acostumbrado a restregarnos su modernidad desde los años ochenta– es hoy cautivo de sus prejuicios sectarios. La paradoja que se ha visibilizado durante este ínterin: el Partido Popular está hoy más sincronizado con el tiempo presente que este PSOE desorientado que, cual protagonista del Crepúsculo de los dioses, trasluce un rostro marchito bajo el ajado maquillaje. Si ambos partidos están descuadrados, hoy el PP ha adelantado subrepticiamente a su rival socialista. Y la vanguardia de la ciudadanía española –la juventud de las grandes ciudades– los ha dejado atrás a ambos, apuntalando en estas dos elecciones generales la regeneración que España precisa para subir de una vez por todas al tren mundial. Albert Rivera, como bien ha dicho el tardíamente sensato Felipe González, ha protagonizado el primer acto de responsabilidad política desde las elecciones.

La regeneración española avanza por una delgada línea entre dos muros. A la derecha se alza el patriotismo retroactivo de un facherío que frena la autocrítica –tildándola de cobardía acomplejada– y cuya filosofía política podría resumirse en “¡No toques nada que se viene abajo el invento!”. A la izquierda se eleva la tapia del rojerío dogmático que impone sus propias tardanzas a las cuestiones urgentes para España: un sólido murallón de prejuicios guarnecidos de progresismo. Cuando Mariano Rajoy escriba –o le escriban– sus memorias (que la editorial Planeta comprará por menos millones que las de Pepe Bono) tal vez se digne a explicarnos por qué no ha querido ser el héroe que se atrevió a eliminar la corrupción del Partido Popular, impidiendo que la izquierda lo emplee como argumento válido para seguir agazapada en su sectarismo. El presidente Rajoy ha logrado la improbable gesta de enchufar en su entorno a un racimo de allegados (no especialmente brillantes, no especialmente honestos) y anteponer esa relación personal a los intereses de la nación española. Mientras en otros países un currículum falso basta para que el culpable se inmole políticamente, el Partido Popular nos ha ofrecido un desfile de viajes, pisos, coches, cuadros, relojes, bolsos, bragas y botellas de vino que ya lo quisiera el Vanity Fair neoyorquino para su número especial.

La normalidad anormal
La situación española: un partido político investigado judicialmente por corrupción (Caso Bárcenas) ha ganado con la estrategia del miedo las segundas elecciones generales en un país que lleva 286 días sin gobierno y cuyos políticos son prácticamente incapaces de sentarse ante una mesa a hablar. La insistencia de ciertos sectores en definir este escenario como “normal” –palabra peligrosa donde las haya–, es precisamente la constatación de la anormalidad. Ahora que España se ha llenado de historiadores aficionados a glosar las bonanzas del siglo XX patrio, nos resultará sencillo saber qué tirano nos legó la costumbre de llamar normal a lo anormal, costumbre que, por su nula credibilidad, podríamos calificar de paranormal.

Pedro y los lobos: el regreso de los poderes fácticos
Célebres durante el tardofranquismo, vuelven a la carga. Pero ahora lo hacen con el fin de presionar a Pedro Sánchez para que vote 'sí' ante una posible investidura de Rajoy
Carlos Sánchez El Confidencial 13 Agosto 2016

Hubo un tiempo en España en el que la expresión 'poderes fácticos' producía miedo. En particular, en los estertores del franquismo y los primeros años de la Transición, cuando la banca, los grandes empresarios, los jueces y, sobre todo, el Ejército, aparecían ante muchos españoles como fuerzas capaces de cambiar el curso de la historia. Frente al sistema democrático, los poderes fácticos se presentaban como un formidable mecanismo de presión ante el poder político con el fin de salvaguardar sus intereses particulares frente a los generales.

La consolidación de la democracia fue diluyendo la potencia de los poderes fácticos. Hoy nadie diría que las Fuerzas Armadas son un poder fáctico. Y aunque es verdad que en toda sociedad -incluso en las más avanzadas- siempre hay minorías con enorme capacidad de influencia sobre las decisiones colectivas -otra cosa son los 'lobbys' o grupos de presión-, lo cierto es que su papel ha tendido a diluirse.

Las dificultades para formar Gobierno, sin embargo, han vuelto a sacarlos a la luz con una fuerza inusitada. Al menos, desde la Transición. La diferencia respecto del tardofranquismo es que ahora los poderes fácticos no se presentan de forma tan grosera y tienen una configuración más difusa, más matizada, lo que convierte a ese Gobierno en la sombra en un enemigo casi invisible que pervierte el sistema democrático.

Si la democracia es el régimen de la opinión pública, los poderes fácticos no son otra cosa que su antítesis. Y no se puede hablar de democracia cuando minorías muy influyentes gobiernan o condicionan de una manera muy relevante la toma de decisiones.

Aunque todos los dirigentes políticos corren el riesgo de verse manipulados por los intereses oscuros de esa minoría, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, es probablemente, el dirigente político más vulnerable. No sólo él. También Albert Rivera sufre presiones inaceptables en un sistema democrático para que se entregue con armas y bagajes a la causa.

Sánchez, como todo el mundo sabe, ha dicho 'por activa y por pasiva' que votaría 'no' en un hipotético debate de investidura que la presidenta del Congreso, inexplicablemente, continúa sin convocar. Y al margen de que el secretario general socialista pueda estar equivocado, y parece evidente que perdería una doble oportunidad: sacar partido de la debilidad de Rajoy y convertirse en una alternativa creíble, no es menos obvio que las presiones que está recibiendo en las últimas semanas son intolerables. Y que serán de aurora boreal en las 48 horas que transcurran entre la primera votación y la segunda del debate de investidura, si lo hay.

La sorna del Premio Nobel
En particular, procedentes de algunos antiguos dirigentes de su partido, que se creen con legitimidad para irrumpir en un debate por el simple hecho de haber sido ministros o, incluso, presidentes del Gobierno. Probablemente, haciendo bueno aquello que comentaba un antiguo premio Nobel de Economía, que decía con sorna que el galardón de la academia sueca ya le permitía hablar de todo, aunque no tuviera ni idea.

El caso más obvio es el de Felipe González, quien, por supuesto, es libre de decir lo que quiera, pero un mínimo de lealtad hacia su partido aconsejaría su silencio para centrarse en sus negocios. Aunque fue solo por respeto hacia una decisión que no ha sido tomada de manera déspota por Pedro Sánchez, sino que fue sancionada por el Comité Federal de su partido. Ser exministro o expresidente del Gobierno no da derecho a nada, más allá de los honores protocolarios por los servicios prestados.

El problema es todavía mayor cuando esos mismos dirigentes utilizan como altavoz medios de comunicación en los que -como sucede en el grupo Prisa- los bancos y otras compañías del Ibex son los máximos accionistas. Aunque hay también que decir que otros medios de comunicación que durante años arrearon a González y a sus ministros por ser los más incompetentes desde Viriato, se muestran hoy felices por lo que dicen el expresidente y algunos de sus subordinados.

Medios de comunicación, en muchos casos, que obtienen su principal fuente de ingresos de decisiones administrativas del Gobierno de turno, lo que les debería invalidar para influir en la opinión pública de forma tan descarada.

No son, desde luego los únicos. Agencias de 'rating', servicios de estudios, presuntos expertos, etc. son juez y parte en el debate político, y por eso no pueden aparecer ante la opinión pública como organismos independientes desnudos de parcialidad.

Es por eso que en el actual debate sobre la formación de Gobierno no sólo está en juego la elección de un Ejecutivo, sino la propia esencia del sistema democrático, que, de ningún modo, puede verse contaminado por intereses espurios como los que representan muchos de quienes aparecen ahora sobrecogidos porque no haya Gobierno, pero que en realidad defienden sus propios intereses.

Cuestión de dignidad
Lo que ha hecho Rivera ofreciéndose gratis al Partido Popular es peor que un insulto a sus electores: es una traición y, con ella, su partido ha iniciado el rumbo hacia su desaparición
Miguel Ángel Vecino El Confidencial 13 Agosto 2016

Cuando en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Rajoy, una periodista preguntó a Rivera cómo explicaría su cambio del “no, nunca” a la rendición incondicional, Rivera contestó que “por España haría todo”.

Viejos recuerdos de un nacionalismo pos guerra civil que creíamos superado, volvían a la actualidad en la boca de un líder que siempre se ha presentado como la “nueva política”. Recurrir a la bandera, al "Todo por la patria", está bien en una guerra en la que esa patria y la libertad de sus ciudadanos esté en peligro, cuando aquello en lo que creemos y fundamenta la convivencia de todos es asediado por la destrucción, pero ese no es el caso hoy en España. Por ello, ese llamamiento a una nacionalismo extemporáneo suena a lo que es: un velo para ocultar lo inconfensable. También Pétain entregó Francia a los alemanes en 1940 por el bien de Francia. Churchill, por el bien de Gran Bretaña, no se rindió: los alemanes machacaron Londres, Canterbury y la mitad de Inglaterra, pero Churchill pasó a la historia como un héroe y Pétain como un traidor. La diferencia: el francés cedió en sus ideales y el británico no. Hay muchas formas de entender “la patria”, pero todos sabemos que sólo hay una de ser honesto.

Si el Sr. Rivera estaba dispuesto a ceder en todo por España, debería haberlo dicho en su campaña electoral que el cumplimiento de su programa dependería del momento. Lo demás es simplemente oportunismo de alguien que muy solemnemente utiliza la bandera para disfrazar lo que es evidente a todo aquel que quiere ver la verdad y no el engaño. A mayor abundamiento, el Sr. Girauta afirmaba que “si nos que tenemos que tragar lo que hemos dicho hasta ahora, nos lo tragaremos". O sea, que su programa, su palabra, sus promesas valen menos que los principios de Groucho Marx (estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros), porque este al menos se reía de si mismo y no utilizaba ningún sentimiento nacionalista para ocultar su oportunismo. Por eso, Groucho Marx era más noble, sincero y digno de confianza que Rivera y su equipo.

No, el Sr. Rivera ha decepcionado profundamente y, en primer lugar, a sus electores, a todos aquellos que creyeron en que Ciudadanos era una nueva forma de hacer política, que no pactaría si eso era traicionar a sus ideales, a esos ideales por los que le habían votado a él y no habían votado al Partido Popular. El Sr. Rivera ha demostrado que efectivamente si no era, sí se ha convertido en la marca blanca del PP.

Además, ¿quién es el Sr. Rivera para identificar sus ideas con las de España? ¿Quién es el Sr. Rivera para erigirse en juez de qué partidos merecen gobernar o no, cuando dijo que “negociaría hasta con los que no merecen gobernar España”? Será el pueblo español el que decida quién quiere que le gobierne, quién merece gobernarle. Al final, el Sr. Rivera ha traicionado a sus electores, ha vendido su programa y como premio se ha quedado sin honor.

Porque difícilmente se puede defender un país cuando no se ha sido capaz de defender ni las propias ideas, cuando no se tiene dignidad, porque la dignidad es ante todo y sobre todo el respeto de sí mismo, el respeto de la propia palabra, de los propios ideales, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

En ese sentido, el Sr. Pedro Sánchez merece todo el respeto de aquellos que ponen la dignidad por encima de todo: a él le han elegido para defender un programa y lo defiende, para ser fiel a sus electores y no los traiciona y por ello el Sr. Sánchez no se atrinchera en el inmovilismo, se atrinchera en la dignidad de su palabra, se atrinchera en sus ideas y se atrinchera en la fidelidad a sus votantes. El Sr. Sánchez no necesita escudarse en “España”, simplemente porque las personas dignas tienen su dignidad como escudo.

Lo que ha hecho el Sr. Rivera ofreciéndose gratis al Partido Popular (contra quien basó toda su campaña electoral) es peor que un insulto a sus electores: es una traición, y con ella su partido ha iniciado el rumbo hacia su desaparición. Es una lástima porque hubiera podido crear una derecha moderna que España tanto necesita.

El Sr. Rivera no debería haber cedido, aunque sólo hubiese sido por su propia dignidad.

Hubo sorpasso al PSOE y a la vez triunfó el miedo y el ‘turarsi il naso’
Pascual Tamburri esdiario 13 Agosto 2016

La situación navarra es peor que la general de España. Y ambas empeoran el original democristiano italiano
Donde la mayoría relativa no importa. Donde el sorpasso amenaza pero no llega. Donde la corrupción no quita votos. Donde todos los partidos son iguales. ¿Italia 1986 o España 2016?

El 26 de junio hubo otra vez elecciones generales, nos aburren de nuevo con un proceso de formación de Gobierno que en todo piensa menos en la Patria y el pueblo, y nos amenazan con más. ¿Y van a salvarnos Rajoy, Rivera o Sánchez? Quizás para hacer más ameno el repetido y monótono espectáculo de los políticos profesionales obedeciendo a sus asesores de imagen –omnipresentes y omnipotentes a diferencia de los asesores de principios, ideas, valores y lealtades, que no existen-, se introdujeron en el debate dos conceptos tomados de la política italiana de hace unas décadas: el ‘sorpasso’ como amenaza o deseo, y el ‘turarsi il naso’ como sacrificio necesario para evitarlo.

No debería sorprender, y esto por una razón que conviene recordar: España tiene desde 1978 una Constitución y un sistema electoral muy cercanos a los que la República Italiana tuvo desde 1947 –es decir, una democracia parlamentaria bicameral con una ley electoral aparentemente proporcional. Desde las elecciones constituyentes de junio de 1946, la izquierda y la extrema izquierda, en torno al Partido Comunista más fuerte de Occidente, pedían el voto de los rebeldes, los revolucionarios y los descontentos para ‘adelantar’ a las fuerzas conservadoras y cambiarlo todo. Al mismo tiempo, el centro de la Democracia Cristiana (rechazando ser ‘derecha’) apelaba al ‘voto útil’ y pedía a todos los anticomunistas (y especialmente a la ‘derecha’, a cambio de nada) que votasen a la DC a pesar de sus escándalos, ‘tapándose la nariz’ y por miedo al cambio. Todo lógico, en un sistema con variedad de partidos.

Más bien extraña lo sucedido en España entre 1977 y 2015, pues con un sistema similar nunca ha habido un Gobierno explícitamente de coalición, y el acuerdo o pacto entre partidos distintos parece poco menos que un imposible, mientras que en Italia con condiciones similares fue lo habitual y pese a todo permitió la reconstrucción del país y su retorno como potencia europea (castrada y domesticada, eso sí). Más aún extraña que nuestros políticos no fuesen capaces de tales acuerdos, en definitiva consustanciales al sistema: en Italia, en 18 legislaturas desde 1946, ha habido 12 Presidentes de la República y 27 Presidentes del Gobierno al frente de 63 gabinetes distintos, algunos de días otros de años, ninguno con mayoría absoluta y sin que nunca se haya terminado el mundo. Quizá sea una cuestión de educación, nivel y estilo político diferentes, tanto como puedan serlo Zapatero y Giulio Andreotti, Adolfo Suárez y Cossiga, o Pablo Iglesias II y De Mita. Pero veamos, desde este punto de vista, qué ha pasado o no ha pasado este verano en España en general y en Navarra en particular.

Sorpasso: miedo e ilusión. En España en junio de 2016 no ha habido ‘sorpasso’ y los de Iglesias sumados a los comunistas de IU han perdido más de 1.100.000 votos respecto a diciembre. No sólo el PP es el primer partido en el Congreso y en votos, y tiene mayoría absoluta en el Senado, sino que el PSOE conserva su liderazgo de la oposición. Los socialistas españoles temían, como los votantes democristianos de décadas en Italia, ser “adelantados” por los comunistas y perder la legitimidad política para dirigir al menos la oposición. El miedo al adelanto, al sorpasso, ha funcionado para movilizar al votante tradicional del PSOE. Un votante que en la España profunda no es exactamente socialdemócrata, pero que ha sentido por primera vez el temor a desaparecer de la política real, como ya le pasó al PSI de Bettino Craxi, después de haber sido el presidente del Gobierno más estable de la República, y uno de los mejores. Un nivel al que Pedro Sánchez no juega, me temo.

En todo caso, cuidado. Porque hubo otra España en la que ese adelanto ilusionaba, aunque menos de lo que Iglesias y Garzón creyeron. E ilusiona. Una España que por muchas razones, y en buena medida por el ambiente social y cultural creado en las últimas décadas por PSOE y PP –ya sin excusas, porque no ha remado a la contra cuando ha podido-, cree que todo puede y debe ser cambiado en la dirección del ‘progreso’. Ilusos unos, populistas otros, sí, pero pueden ganar. De hecho, en Navarra Podemos sí ha derrotado a toda la izquierda y los abertzales. O más bien ha sintetizado una versión popular y juvenil de la izquierda más revolucionaria y del independentismo. Les queda sólo el siguiente ‘sorpasso’, el de convertirse en primera fuerza de Navarra; una locura, si hablásemos hace cuatro años. Nada imposible, con esta Barkos, con este PP, con esta UPN. ¿Es la solución pedir el voto contra ellos y hacer cosas que ellos harían?

Turarsi il naso: la eterna tentación de la derecha sumisa. Ha funcionado en beneficio de Mariano Rajoy el votar ‘turandosi il naso’, en detrimento de otras opciones más coherentes y por ahora menos corruptas y volubles como Ciudadanos y lo que quede de Vox; y no por lo mismo ha habido ‘sorpasso’ de Unidos Podemos sobre el PSOE. Esperemos sólo que no extraigan de estos dos hechos las conclusiones equivocadas. Porque el PP no puede tirar indefinidamente de la derecha social, pidiéndole el voto ante el “que vienen los rojos” y luego gobernar haciendo sólo lo que los bancos y la izquierda social y cultural harían. Y porque el PSOE tampoco puede combinar eternamente el miedo y la inacción con lucha entre facciones.

Como en Italia en los 50 y los 60, los dos grandes partidos han buscado sus agentes sociales más clásicos, movilizando a su votante histórico, siempre postergado, siempre maltratado, y por miedo lo han llevado a las urnas “con la nariz tapada”. Porque el estiércol de la política profesional y de las instituciones caras, sectarias y facciosas huele. Más aquí y hoy que en aquella Italia, y por eso aquello que se rompió aquí puede romperse antes.

El miedo y el ‘taparse la nariz’ ante el mal olor han funcionado también en Navarra. Hasta cierto punto. UPN-PP (en coalición) obtienen en junio como en diciembre un voto estable, que no ilusiona pero al menos sí capitaliza el temor. Han mantenido su fuerza con el “voto del miedo”, arañando consensos a Ciudadanos y quizás a la abstención de los hastiados. Es un buen resultado a corto plazo para los profesionales, que sin embargo ni resuelve sus problemas internos, ni les da una meta clara y atractiva, ni soluciona la amenaza abertzale, ni los pone más cerca de derrotar al Cuatripartito foral de Uxue Barkos.

Tangentopoli: la corrupción como arma de muchos filos. A veces ‘taparse la nariz’ es un ‘mal menor’ pero votar por miedo no conquista ilusiones juveniles ni es nunca una verdadera solución. A comienzo de los 80, Bettino Craxi con su PSI trató de abrirse un hueco entre DC y PCI, que en teoría eran rivales por el poder pero en la práctica gobernaban juntos las grandes decisiones del país, salvando las formas no comunistas de la OTAN. Craxi creció porque fue distinto y contactó con la Italia real de entonces, ajena a la retórica de los partidos anclada décadas atrás. A su modo, fue populista. Fue molesto. Se abrió su hueco en el sistema. El sistema lo manchó de corrupción. Y después pagó el las culpas de todos, como si el único corrupto hubiese sido él, que seguramente lo fue el que menos (salva la honestidad, hasta Fini, de la eterna oposición al régimen del MSI).

Los escándalos de corrupción son hirientes ante la gente, y los juicios de Bárcenas en otoño serán muy molestos, más que los EREs del PSOE andaluz aunque sean muchos más millones. Por eso los partidos de un régimen como éste tienen que optar entre no ser corruptos ninguno y castigar sin piedad la corrupción o ser corruptos todos y cubrirse unos a otros, y cuando surja una nueva fuerza ofrecerle la opción entre la guerra total a muerte o un trozo de la rica tarta. Craxi tuvo las dos cosas, sólo que los jueces de Tangentopoli se llevaron por delante mucho más. A Podemos y a Ciudadanos les ofrecen ya esas dos opciones. El tiempo dirá con qué filo de la corrupción eligen cortarse.

Consociativismo: todos los políticos profesionales son, sienten, piensan y hacen lo mismo, aunque digan o parezcan algo distinto. En cifras, PP y PSOE pueden decir que se han estabilizado, o que suben, y cuanto quieran decir. Pero el hecho es que su votante, fiel, está envejecido y desilusionado, carecen de actividad social y juvenil real –como UPN-PP en Navarra- y han renunciado también a la batalla de las ideas, de la educación y de las imágenes. Y no precisamente ahora. Tienen una crisis de afiliación y de activismo, y realmente no saben dónde van. La izquierda radical de Podemos en cambio es joven y sí tiene un proyecto social sugestivo… aunque aún sea minoritario.

Es difícil no participar en un régimen así. Tiene muchos riesgos negarse a ser como los demás, y lo cierto es que mientras que algunos políticos corruptos (unos pocos) perdieron en Italia sus sillones, los verdaderos rebeldes, como los jueces Falcone y Borsellino, que investigaban las relaciones hondamente corruptas entre partidos del sistema, mafia, industria, banca y medios, sin excluir a nadie, fueron asesinados. Cambiar las cosas es peligroso. No cambiarlas, también, porque puede venir Podemos. Quizá se conformen también aquí, por un tiempo, con una apariencia de cambio. O los partidos de "centro" van a cambiar, o se arriesgan a un ‘sorpasso’ político que suceda al ‘sorpasso’ social y juvenil que ya se ha producido. También creyeron imposible perder el gobierno de Navarra en 2015, pero sucedió. Habrá de un modo u otro españoles que paren a la extrema izquierda revolucionaria y a todos los enemigos de España. Y sin necesidad de taparse la nariz, aunque se arriesguen a ser más Borsellino que Craxi y más Falcone que Andreotti.

C's propone otra fórmula electoral oligárquica
Lorenzo Abadía Gaceta.es 13 Agosto 2016

Después de veinte años apostando por la democracia formal, en estos cruciales momentos no debemos cansarnos de repetir que la naturaleza de un régimen político se distingue por el modo en que se regula la relación de dominación entre el poder y los ciudadanos. Es decir, por la ley electoral y el control a los poderes fundamentales del Estado. El resto (aforamientos, puertas giratorias, limitación de mandatos, inhabilitación de imputados, leyes de transparencia, etc.) son bonitos complementos que adornan el paisaje democrático pero de ningún modo lo determinan.

Si el mandatario no necesita del libre consentimiento de los ciudadanos para hacer uso del mando como se le antoje, en función de los grados de abusos a los derechos fundamentales nos encontraremos ante un dictador, un tirano o un déspota. Al disponer de total independencia respecto a los ciudadanos, los intereses de éste no coinciden en absoluto con los del pueblo.

Si el gobernante cuenta con el halo de legitimidad popular que le confieren una elecciones que en realidad esconden la existencia de ciertos grupos privilegiados que disponen del monopolio del poder del Estado, el cual controlan directa o indirectamente en sus tres ramificaciones, estamos ante una oligarquía. Puede estar basada en la tradición, tener carácter castrense o ser simplemente de partidos. En esta última, sólo a través de los partidos se puede acceder al Parlamento o al Gobierno y ellos colocan directa o indirectamente a los altos cargos del Poder Judicial, constituyendo lo que comúnmente se conoce como partidocracia, que procede del término partitocracia acuñado en Italia desde hace años porque fue allí donde se instaló de forma paradigmática. La partidocracia crea una clase social distinta de la sociedad civil, cuyos intereses tampoco coinciden con ella al no depender totalmente del pueblo. Los ciudadanos no pueden votar a quienes desearían porque sólo se pueden presentar aquellos a quienes los partidos incluyen en sus listas, en la mayoría de ocasiones por razones de fidelidad, convirtiéndolos en sus empleados. El resto puede presentarse, pero carecen de posibilidades al no disponer de financiación ni de publicidad.

Si el que ostenta el dominio o el poder es elegido directamente por el dominado, se invierten los términos. El dominado consiente que le manden porque todo país necesita de un gobierno, pero lo que le otorga al gobernante/representante es un mandato con el mismo efecto que un poder notarial. Un mandato para que le represente y le mande. La gran diferencia con los modelos anteriores es que dicho mandato se otorga a quien el votante o ciudadano desea porque en unas elecciones realmente libres todos los que lo deseen tienen la posibilidad de presentarse en igualdad de condiciones y no sólo los que hayan conseguido que los introduzcan en una lista, lo que implica que al término del plazo para el que se le dio el poder o mandato -habitualmente los cuatro años de la legislatura- los votantes y no el partido le pueden retirar la confianza. Además, en casos extraordinarios, si la confianza se ve flagrantemente traicionada, se puede retirar el mandato o el poder antes de que termine la legislatura, de la misma forma que uno puede quitarle los poderes notariales otorgados a un tercero en cualquier momento. Es decir, que el mandado es en realidad el mandante y sólo así los intereses de ambas partes convergen, porque como lo único que no desea el representante es perder su condición, actuará por interés propio a favor de sus votantes, no porque crea que es lo que debe hacer –a veces pueden coincidir política y moral pero no es lo habitual- sino porque le interesa hacerlo así para renovar su cargo.

En esto consiste la democracia.
Con las listas abiertas y desbloqueadas que propone de momento C´s se atenúa la oligarquía de partidos pero no se llega a los mínimos exigidos para poder considerar un sistema de democrático. C´s proponía en su programa electoral el sistema electoral mixto, que combina el paradigmático diputado de distrito con el sistema proporcional de listas. Sin ser auténticamente representativo, pues la representación real sólo se encuentra en el diputado de distrito con posibilidad de revocatoria anticipada de mandato, se aproximaba a él. Sin embargo, en su propuesta de ley electoral a Rajoy han mutilado tanto la libertad del votante para convertirse en el mandante del mandatario que casi no hay diferencia con lo que tenemos. Las listas abiertas y desbloqueadas no eliminan el carácter oligárquico de un sistema electoral, los candidatos seguirán dependiendo de las cúpulas de los partidos en vez de los votantes, que ya no serán sus mandantes, abriendo de nuevo un espacio insalvable entre los intereses de la clase política y los de la sociedad.

Estoy seguro de que si dan cuenta a tiempo del error, volverán a su propuesta original.
@lorenzoabadia

Bruselas carga contra España por la elevada opacidad en la contratación pública
La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública española. Considera que su opacidad es más elevada que en la UE y pide cambios normativos
Carlos Sánchez El Confidencial 13 Agosto 2016

La vigilancia 'reforzada' que sufrirá España por incumplir los objetivos de déficit público incluye una novedad. La Comisión Europea ha exigido al Gobierno español -cuando lo haya- que haga más transparentes los sistemas de contratación pública, toda vez que considera “insuficientes” los actuales mecanismos de control, tanto los que tienen carácter previo como los posteriores a la adjudicación.

La Comisión Europea entiende que España “destaca” en Europa como uno de los países en los que hay más opacidad en la licitación pública, ya que en un porcentaje muy elevado las distintas administraciones públicas prefieren utilizar la adjudicación directa o procedimientos negociados antes que acudir a los medios convencionales, como son los anuncios oficiales. “Esto se traduce”, dice la Comisión Europea, “en una competencia restringida de empresas de otros países de la Unión Europea”.

La exigencia de Bruselas aparece en el documento aprobado el pasado 27 de julio por el Consejo, en el que se autoriza a España una nueva senda de reducción del déficit público. En ese documento, se censura “el uso limitado de la contratación centralizada” a la hora de hacer las adjudicaciones, algo que “impide” la existencia de “ganancias de eficiencia que contribuyan al ahorro fiscal”.

Bruselas denuncia que "el uso limitado de la contratación centralizada” impide las “ganancias de eficiencia que contribuyan al ahorro fiscal”
Es más, se critica la inexistencia de un órgano independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento legal en la contratación pública, lo que supone un obstáculo para la correcta aplicación de las normas europeas de contratación. La UE sugiere que ello facilita casos de corrupción, lo cual tiene un impacto negativo sobre la situación de las finanzas públicas.

Según los datos que maneja Bruselas, mientras que la contratación que se publicita a través de anuncios oficiales representa en la Unión Europea el 4,4% del PIB, en España apenas alcanza el 1,8% del PIB en 2014, lo que sitúa a España en el puesto número 23 de los 28.

Del mismo modo, la tasa de publicación en términos de porcentaje del gasto total en materia de contratación es sólo del 13,2% en comparación con un promedio de la UE equivalente al 26,2%, situándose en España 22 de los 28 países. España, igualmente, también destaca por un uso relativamente alto del procedimiento negociado sin publicación previa (10% del total frente a 5% en el Espacio Económico Europeo), ocupando el puesto 22 de los 31 países.

Suministros y servicios
España, en todo caso, no es una excepción en Europa en términos de poseer un deficiente sistema de contratación pública. Y, desde luego, no se trata de un asunto irrelevante. Las autoridades públicas, de hecho, gastan cada año aproximadamente una quinta parte del PIB de la Unión Europea en la adquisición de obras, suministros y servicios. En el caso español, el gasto en consumo de todas las administraciones ascendió el año pasado a 208.670 millones de euros, lo que representa el 19,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

El Tribunal de Cuentas europeo destacaba la existencia de “trabas innecesarias” que “complican la vida” a los potenciales licitadores
El último informe del Tribunal de Cuentas europeo llamaba la atención sobre la deficiente aplicación de la Directiva de contratación en la UE. Y, en particular, ponía el acento en la existencia de “trabas innecesarias” que “complican la vida” a los potenciales licitadores que quieren encontrar oportunidades de contratación ofrecidas por las instituciones de la Unión Europea. Su conclusión era muy directa: “La visibilidad de dichas oportunidades en Internet es escasa; la información disponible es fragmentaria y está diseminada por numerosas páginas web distintas”.

El Ministerio de Hacienda aprobó antes de la disolución de las cámaras (hace casi un año) un anteproyecto de ley de Contratos del Sector Público que, en síntesis, suponía la trasposición al derecho español de la Directiva comunitaria. Y cuando llegó a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) para que realizara el preceptivo informe, lo que salió de allí es una crítica por los escasamente “ambiciosa” que era la reforma que se proponía.

En concreto, se cuestionaba el enfoque administrativista que tenía la ley en lugar de primar cuestiones de eficiencia económica. Según el organismo que preside José María Marín Quemada, la norma no preveía un sistema de “incentivos” (económicos o de otro tipo) que fomenten la “excelencia” en la búsqueda de eficiencia por el empleado público. Incluso podría hablarse, sostenía, de la existencia de “incentivos perversos, como el presupuesto incremental y la práctica habitual de reducir el presupuesto en el ejercicio siguiente a aquellos órganos administrativos que no lo hubieran ejecutado por completo”.

Y en este sentido, se recomendaba un control a posteriori que permita analizar la eficiencia económica obtenida así como, la competencia efectiva alcanzada y, en su caso, los “comportamientos indiciarios de prácticas contrarias a la defensa de la competencia”.

Para el regulador, cuando la competencia falla hay invariablemente una pérdida de eficiencia económica, un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos; un aumento del riesgo de colusión provocado por la menor tensión competitiva entre los propios licitadores y, en los casos más extremos, el favorecimiento de un “caldo de cultivo propicio para la aparición de problemas colaterales en forma de corrupción”.

Además, como señalaba Competencia, en la contratación pública confluyen circunstancias que la convierten, de forma inherente, en un área relativamente “más proclive” a la existencia de “prácticas irregulares” desde el punto de vista de la competencia que perjudican, si no se corrigen, a la Administración Pública, a los potenciales competidores y, en último término, “a los ciudadanos y contribuyentes”.

Corrección callejera
Jesús Laínz Libertad Digital 13 Agosto 2016

La Santa Iglesia de la Corrección Política está causando auténticos estragos.

Parece ser que, además de los recuerdos franquistas, hay quienes pretenden borrar de las calles de Madrid al marqués de la Ensenada por las medidas antigitanas que adoptó en su época de ministro de Fernando VI. En concreto se le acusa de haber preparado en 1749 el genocidio de los gitanos españoles, lo que no es exacto porque, si bien con medidas ciertamente expeditivas, no pretendió su exterminio sino su sedentarización forzosa para acabar con su conflictivo vagabundeo, objetivo perseguido infructuosamente por los monarcas españoles ya desde tiempos de Isabel y Fernando. Si se hubiera decretado su eliminación física no habría quedado uno para contarlo.

Orwell habría disfrutado del espectáculo de unos españoles entretenidos en la mezquina tarea de eliminar no sólo los vestigios del pasado que no encajen con eso que se ha dado en llamar memoria histórica –lo que no es más que una alzheimerización selectiva–, sino también los personajes de otros siglos cuyas vidas y obras no obedezcan a la corrección política decretada en nuestros tolerantes días.

En cuanto a la aburridísima neurosis antifranquista, que con tanta gallardía padecen nuestros próceres cuarenta años después de muerto el Innombrable, en España hay barrios enteros –y embalses y escuelas y hospitales y todo tipo de obras públicas– que fueron construidos durante la oprobiosa y, obviamente, bautizados en aquel momento, por lo que no se comprende bien la legitimidad para eliminar sus nombres o inscripciones conmemorativas. Un ejemplo curioso es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyo magnífico edificio de la calle Jorge Juan cumplió cincuenta años el pasado 2014 previa eliminación de la inscripción en latín que recordaba en el patio de entrada el acto inaugural presidido por el impronunciable personaje que ejercía de Jefe del Estado en aquellos días. Y lo mismo le ha sucedido a la placa del Hospital 12 de Octubre, igualmente inaugurado en 1973 por el Señor Oscuro, cuyo nombre, en la lengua de Mordor, no pronunciaré aquí.

Pero la eliminación del pasado inconveniente no se limita a las calles y a lo establecido por las leyes, puesto que las normas no escritas –es decir, las modas ideológicas– afectan de manera mucho más intensa a los hechos y palabras de los ciudadanos. ¿Recuerdan el escándalo que se organizó hace unos meses cuando a un futbolista extranjero se le ocurrió mostrarse ante las cámaras con una camiseta en la que aparecía una imagen del infame inaugurador inexistente? Curiosamente Lenin, Stalin o el Che, admirados filántropos, no provocan el escándalo de nadie.

Pero, regresando a la totalitaria pretensión de eliminar del recuerdo a las personas cuyos hechos pequen con efectos retroactivos contra los mandamientos de la Santa Iglesia de la Corrección Política, tras el marqués de la Ensenada, eliminable para no ofender a los gitanos, habría que continuar con las muchas calles que por toda España recuerdan a Cristóbal Colón, Hernán Cortes y Francisco Pizarro para no ofender a los amerindios. Y a Fernando III y Alfonso X para no ofender a los moros. Y a los Reyes Católicos para no ofender a los judíos. Y a Daoiz y Velarde para no ofender a los franceses. Y a Blas de Lezo para no ofender a los ingleses. Y a Álvaro de Bazán para no ofender a los turcos. Y a Carlos III, Isabel II o Alfonso XIII para no ofender a los republicanos. Y a Castelar y Salmerón para no ofender a los monárquicos. Y a Espartero para no ofender a los carlistas. Y a Zumalacárregui para no ofender a los liberales. Y a Quevedo para no ofender a los homosexuales. Y toda mención a vírgenes o santos para no ofender a los ateos. Y a Sabino Arana para no ofender a la inteligencia. Y a Felipe V para no ofender a los gilipollas.

La mejor solución para contentar a todos sería eliminar los nombres de persona y sustituirlos con animales, vegetales y minerales. O con números, como los yanquis. Y así, imposibilitadas las discusiones bizantinas, nuestros ilustradísimos políticos podrían empezar a ocuparse de cosas prácticas.

Pierden los conservadores
Amando de Miguel Libertad Digital 13 Agosto 2016

Ni siquiera la palabra se admite. Los que tendrían que llamarse conservadores o liberales prefieren pasar por el sucedáneo de populares. Los cuales, acomplejados para no parecer franquistas, aceptan lo nuevo y extravagante como superior a lo tradicional. Así, no tienen empacho en reconocer legalmente que ya no existe el sexo de las personas, transformado en orientación sexual voluntaria y caprichosa. Legalizados por primera vez en la historia el matrimonio homosexual y la transexualidad, solo queda reconocer el matrimonio con animales domésticos o con parientes próximos. Vamos camino de ello al conceder a los animales los derechos humanos. Suena muy franciscano, pero se trata de una aberración. El incesto dejará de ser el tabú sagrado aceptado por todas las civilizaciones, al entenderse que la orientación sexual debe ser libérrima.

Otro capítulo de la vida social que se ve alterado por la confusión actual es el derecho de propiedad, acaso el más antiguo de todos. Hoy se vulnera continuamente con toda tranquilidad. Los llamados okupas (forajidos), que se pueden meter aviesamente en un edificio público o privado, gozan de la más generosa impunidad. Ningún partido de los que mandan tiene en su programa acabar con tal desafuero. También para esto se necesitaría un partido liberal-conservador al frente del Gobierno.

Acaso lo de los okupas sea solo una pintoresca anécdota. Lo más grave es que aumentan los delitos contra la propiedad hasta un límite insoportable. Toda España se encuentra enrejada y pertrechada de alarmas y cajas fuertes. Este es el paraíso de las empresas de seguridad, pues el Estado se muestra incapaz de parar la ola de robos. No parece que se cumpla el viejo requisito del Estado como monopolio de la violencia.

Un atentado menor contra el derecho de propiedad es el llamado IBI (impuesto de Bienes Inmuebles). Consiste en tener que pagar una alcabala todos los años por seguir disfrutando de la casa en propiedad de uno. Cuando la compró, ya pagó todos los impuestos y licencias, pero por seguir utilizando ese bien hay que seguir contribuyendo. Es un pecho digno de la Edad Media.

Ahora los pecheros somos todos.
Existe una amplia base social para un partido que conserve las buenas tradiciones y defienda de verdad las libertades. Desgraciadamente, esa parte de la sociedad ha sido anestesiada por el opio del fútbol, la droga sintética de la telebasura y la marihuana de los juegos de azar.

No digo que toda la sociedad deba pasar ahora a respetar las tradiciones y el sentido común. Solo me asombra y escandaliza que no se reserven unos cuantos escaños en las Cortes de la nación para un partido liberal-conservador.

Bien está que haya lugar en el espacio público para los partidos progresistas. Pero, por favor, que no se lo lleven todo. Más escandaloso me parece el hecho de que haya un partido presuntamente de derechas que vaya del ronzal que llevan las izquierdas.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

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Artistas del postureo
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 13 Agosto 2016

El Gobierno de la ciudad de Barcelona sobresale en el arte del postureo, que practica en dos variantes: la iconodulia y la iconoclasia. La primera se expresa aquí en la veneración aparatosa de figuras históricas, imágenes y símbolos, inevitablemente asociados con ideas o actos revolucionarios o, por lo menos, contestatarios. La segunda implica la destrucción o proscripción de monumentos, placas conmemorativas o nombres afines al bando opuesto. Pero esta alternancia no es el producto de debates razonados, del hallazgo de nuevos documentos o de aproximaciones objetivas al discurrir de la historia, sino de un postureo sectario que ofende la inteligencia.

Crudo realismo
Uno de los últimos iconos bendecidos por la alcaldesa Ada Colau –cada día aparece uno nuevo– es el memorial Som i serem ciutat refugi, que consiste en un monolito situado junto a la muy concurrida playa Sant Sebastià, en el Passeig Marítim de la Barceloneta, dotado de un marcador electrónico en el que se irá actualizando el número de migrantes que mueren ahogados en el Mediterráneo. El día de la inauguración, la alcaldesa fue abucheada por los mismos que ella había sublevado contra las leyes, pues le reprochaban la detención de algunos manteros. El grupo municipal de CiU (qepd) acusa a Colau (LV, 27/7) de “acercarse demasiado a la pornografía del dolor” y reclama que explique cómo se “tratará a los inmigrantes sin papeles” que lleguen a Barcelona. “¿Seremos capaces de dar permisos de trabajo que eviten la explotación?”.

Ni Ada Colau ni sus acólitos contestarán estas preguntas porque están muy ocupados diseñando el próximo postureo con estatuas decapitadas en la explanada del Born. Allí las acompañará el mástil de 1.714 centímetros, un postureo del anterior alcalde Xavier Trías, con obvias cábalas numéricas secesionistas, que el edil del PSC Daniel Mòdol calificó de “porno, nacionalista y provinciano” (LV, 4/8). “Pornografía del dolor” el monolito; “porno” el mástil… hasta en el ámbito resabiado de la pornografía se entrometen los artistas del postureo.

Walter Laqueur nos suministra el antídoto con crudo realismo (LV, 9/7):
El Papa y el primer ministro italiano se preguntan si no es inhumano devolver a mujeres y niños, los más pobres entre los pobres. ¿Cómo se puede incluso considerar la posibilidad de no rescatar a los que se ahogan en el mar? Propusieron un fondo de miles de millones para mejorar la economía y la formación de los africanos en sus países, con lo que mejorarían las perspectivas de empleo. Pero el Papa no tiene dinero ni tampoco los italianos, nadie quiere dar y menos aun los que tienen algo. Y si algo de dinero llegara iría a parar a los bolsillos de los gobernantes corruptos de África. Así que los inmigrantes seguirán llegando, y los partidos antiinmigrantes crecerán y Europa seguirá moviéndose hacia regímenes autoritarios. Es una de las historias más tristes en el mundo contemporáneo. (…) El pánico nunca es útil, pero, exageraciones aparte, los datos y cifras sobre la inmigración son obstinados y es peligroso ignorarlos o restarles importancia.

Víctimas ninguneadas
La piel hipersensible del clan progre que ocupa diversos estamentos de poder en Cataluña tiene, para más inri, zonas estratégicamente anestesiadas. Así, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, se alejó de la justicia española tomándose unas vacaciones en Etiopía, una república independiente tercermundista, emancipada del colonialismo, donde tal vez esta sacerdotisa de la hoja de ruta fue a buscar el apoyo que la UE niega categóricamente a la ilusoria república catalana. Allí, el primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, entregó el premio African Dignity, en el marco del foro del mismo nombre, al presidente de Sudán, Omar al Bashir (LV, 31/7), acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.

Un medidor que contara los centenares de miles de víctimas menos mediáticas de los sátrapas africanos estaría mucho más activo y sería más conmovedor y pedagógico que el de la señora Colau. Aunque le estropearía las vacaciones a la señora Forcadell en el foco de ese matadero donde premian la dignidad de los genocidas.

Y puesto que de víctimas ninguneadas hablamos, es imperativo subrayar que las más próximas a nuestra civilización, los cristianos que padecen persecuciones, despojos, violaciones, torturas y masacres en los territorios dominados por los yihadistas, o son asesinados en nuestro propio entorno, no despiertan ni la solidaridad, ni la compasión ni el activismo de los artistas del postureo, que, para mayor bochorno, son hostiles a las fuerzas de seguridad que nos –y los– protegen. Colau hace ostentación de su fobia al Ejército (El País, 9/3).

Tomás Alcoverro nos devuelve al mundo real (“El pecado de ser cristianos”, LV, 28/7):
Los yihadistas del Estado Islámico, de Al Qaeda, pero también milicianos rebeldes sirios de otros grupos se han ensañado con religiosos cristianos, católicos, de nacionalidades europeas que se habían volcado en sus misiones en estos países de Levante. (…) Son numerosos los sacerdotes de Iraq, de Siria, que han muerto en manos de los bárbaros del islam, como el padre François Murad, decapitado por el Frente Al Nusra el 25 de junio del 2013, ante hombres y niños que aplaudían su martirio con un cuchillo de cocina gritando 'Alahu Akbar'.

(…)
No sólo sacerdotes y monjas han sufrido muerte, persecución y secuestro, sino que centenares de habitantes cristianos de Siria, de Egipto, fueron raptados por los yihadistas en estos años de desbordante terror. En junio del 2015, el asesinato colectivo de 21 cristianos de nacionalidad egipcia que trabajaban en Libia por bárbaros del Estado Islámico provocó el bombardeo del ejército egipcio contra una de sus bases en aquella descoyuntada república norteafricana. Todos pertenecían a la milenaria iglesia copta ortodoxa de Egipto.

Insólito y alarmante
No es extraño que los movimientos totalitarios, populistas, antisistema y nacionalistas que se han fijado como objetivo la destrucción de las sociedades abiertas y de las instituciones solidarias y auténticamente progresistas (no progres) del mundo democrático observen la barbarie islamista como una posible aliada circunstancial, se nieguen a cerrar filas contra ella y opten por distraer a las masas con su postureo histriónico. Un postureo que no salvará a sus líderes y seguidores, infieles todos ellos sin atenuantes, de ser degollados si triunfan los yihadistas.

Lo insólito, incluso alarmante, es que la reacción del papa Francisco a la embestida islamista también esté marcada por el postureo, en este caso típicamente peronista, con vestigios del folklore marxista. Dos días después de que un sacerdote de 86 años fuera degollado en una iglesia rural de Normandía al grito de “Alá es el más grande”, el Papa argentino sentenció (LV, 28/7):

El mundo está en guerra, pero no es una guerra de religión, no. Es una guerra de intereses, es una guerra por el dinero, es una guerra por los recursos de la naturaleza, es una guerra por el dominio de los pueblos; esta es la guerra.

Es interesante e instructivo que en los círculos académicos se debata si las Cruzadas, la Inquisición, la Reforma, la Contrarreforma y el calvinismo fueron fenómenos religiosos o económicos. No cabe duda, por ejemplo, de que cuando Roberto Calvi, figura clave en los pasteleos entre el Banco Ambrosiano, la Banca Vaticana, la logia masónica P2 y la Mafia, apareció ahorcado bajo el puente Blackfriars, en Londres, el 16 de junio de 1982, la motivación fue económica y no religiosa. Pero al sacerdote Jacques Hamel no lo degollaron en el altar de la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray para robar las limosnas del cepillo. Fue un asesinato ritual. Tampoco la Sagrada Familia de Barcelona y el santuario de Lourdes están amenazados por competidores turísticos sino por terroristas islámicos (LV, 10/8).

Sería necio pretender que el Papa se ponga al frente de la resistencia a la yihad, cuando además la cruenta guerra de religiones también se libra entre musulmanes suníes y chiíes, pero sería suicida aceptar resignadamente que se sume al coro de los artistas del postureo demagógico que nos ocultan, por sus necesidades sectarias, la magnitud global y el irracionalismo congénito de las legiones bárbaras que agreden a nuestra civilización.

La Generalitat amenaza con manifestaciones
Editorial La Razon 13 Agosto 2016

Es maestra en tergiversar la realidad. Para ella, el envite soberanista se ha convertido en «expresión democrática»; y las sentencias del Tribunal Constitucional no serán cumplidas «ante el mandato del Parlament en contra». El último desafío de la portavoz del Govern, Neus Munté, ha sido a cuenta de la presidenta de la Cámara autonómica catalana, Carme Forcadell. Ahora ha llamado a impulsar movilizaciones «unitarias y contundentes» en caso de que se inhabilite a Forcadell por no haber impedido la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del «proceso constituyente». E insiste en lo de siempre: «Me niego a dejarme llevar por el lenguaje de desobediencia en sentido negativo cuando lo que estamos haciendo en Cataluña es profundamente en positivo y no va contra nadie».

Niega la mayor. Desde hace tiempo, su función ha sido salvaguardar todas y cada una de las decisiones del Gobierno catalán –el de Mas y el de Puigdemont– que han estado instaladas en el desafío al Estado y a la Constitución. Ahora, de nuevo, enarbola el estandarte de la «judicialización de la política». Un recurso demasiado manido ante la deriva que ella y su partido han protagonizado en pos de un «procés» en el que cada uno hace su papel. Forcadell también. Y toda esta tensión, de espaldas a los ciudadanos.

Colau, contra los barceloneses
EDITORIAL Libertad Digital 13 Agosto 2016

El odio por la libertad de Ada Colau y su equipo en el Ayuntamiento de Barcelona es capaz de servirse de cualquier excusa para recortar los derechos de los habitantes de la ciudad condal y atacar su propiedad.

Así, con la excusa del comportamiento incívico de algunos, que desde luego no es mayoritario, la polémica alcaldesa pretende obligar a los barceloneses a usar su propiedad no como estimen conveniente o buscando su beneficio, sino según a las instituciones municipales les parezca más adecuado, en lo que en la práctica es una expropiación del uso de los pisos.

Las excusas de Colau y su equipo son insostenibles: Barcelona como todas las ciudades del mundo tiene normas y herramientas para solucionar los problemas de convivencia y lo lógico no es castigar al propietario sino al infractor, es como si se exigiese pagar las multas de tráfico a las empresas de alquiler de vehículos y no a los conductores que se salten semáforos.

Del mismo modo, resulta ridículo decir que la existencia de pisos turísticos dificulta el acceso a la vivienda cuando lo que hace es hacerla más valiosa para los cientos de miles de barceloneses, muchos de condición modesta, que ven así revalorizarse su propiedad.

Así, estas decisiones perjudican a todos los propietarios de pisos en Barcelona y no sólo a aquellos que están ya alquilándolos; perjudican por supuesto a los turistas, que merced a este tipo de oferta pueden en muchos caso ampliar sus vacaciones o plantearse viajes que de otro modo serían imposibles; y perjudican a todo un sector económico, el turístico, que a pesar del odio que le tienen Colau y su equipo es de vital importancia para la capital catalana.

Lo peor es que esta cruzada contra las nuevas formas alternativas de alojamiento es que no es una excepción en la política de un ayuntamiento que, pese a presumir de modernidad e incluso de ir contra las grandes corporaciones, a la hora de la verdad lucha contra las formas de economía colaborativa que representan plataformas como Airbnb o Uber. Nuevas ideas que están cambiando sectores económicos enteros y que, sobre todo, dan a sus usuarios más opciones tanto a la hora de consumir como a la de obtener ingresos económicos.

En realidad, a quién están defendiendo Colau y los suyos es a lobbies con una alta capacidad de presión, como la patronal hotelera, que, paradójicamente o no, debe estar muy satisfecha del gobierno de ultraizquierda de Barcelona en Comú.

El partido de 'los Otegis', pero sin Arnaldo
Guillermo Dupuy Libertad Digital 13 Agosto 2016

Sólo desde la estupidez –o desde la complicidad– podrá considerarse una victoria que 'los Otegis' tengan que presentarse a las elecciones sin Arnaldo.

De todos es sabido –o debería serlo– que la plataforma Bateragune, por cuya decisiva participación en la creación de la misma fue condenado Arnaldo Otegi,sólo fue un embrión, un punto de encuentro entre los batasunos, sectores de EA, Aralar y el sindicato ELA para poner en marcha lo que luego se plasmaría en diferentes siglas, como Sortu, Bildu y Amaiur.

Es público y notorio que ninguno de los magistrados del Tribunal Constitucional que, más tarde y de forma contraria a Derecho, tumbaron la sentencia de ilegalización de Bildu dictada por el Tribunal Supremo han sido condenados a penas de prisión o de suspensión de cargo público. Ni siquiera han sido juzgados.

Gracias a ese atropello jurídico, ETA pudo celebrar públicamente el haber "ganado la batalla de la ilegalización" y colar sus brazos políticos en las instituciones, donde se sientan y se podrán seguir sentando proetarras iguales o peores que Arnaldo Otegi, incluidos los pistoleros excarcelados por la indebida aplicación a todos ellos de la sentencia de Estrasburgo referida a la terrorista Inés del Río.

A pesar de que se sabe –o se debería saber– que en Derecho no se ha de especificar a qué cargo público afecta una pena de inhabilitación, salvo que el legislador o sentenciador pretenda que no afecte a todo cargo público, tampoco ha sido juzgado por presunta prevaricación el fiscal del caso Iker Casanova, que permitió a este etarra ocupar su escaño por Bildu alegando tamaña barbaridad jurídica como que la sentencia contra Casanova no especificaba para qué cargo público lo inhabilitaba.

Con estos precedentes, que deberían conducir nuestra indignación contra buena parte de nuestra clase política, judicial y hasta mediática, no me extraña que el proetarra Arnaldo Otegi –expresidente de Sortu y aspirante a candidato de Bildu a lehendakari– trate de burlar la hipócrita sentencia de inhabilitación que todavía pesa sobre él por tratar de sortear una ilegalización de Batasuna que terminó de ser burlada con la decisiva colaboración del mismo tribunal que a él lo condenó.

Decía Sófocles que “ocasiones hay en que la justicia misma produce entuertos”. En este caso no es la Justicia, sino una vergonzosa y politizada administración de la misma la que los está creando, por ser correa de transmisión de una clase política sumida en un envilecido proceso de apaciguamiento en el que la candidatura de Arnaldo Otegi no es más que un elemental corolario lógico.

En defensa del Estado de Derecho, Otegi no puede ser candidato
Editorial La Razon 13 Agosto 2016

En el mes de septiembre de 2011, Arnaldo Otegi quiso hacerse pasar por un «hombre de paz» que se había sacrificado –sin poner en riesgo su vida, claro está– para que ETA dejase de matar. No había pruebas de este delirante relato. Así lo vio la Audiencia Nacional, que desmontó el pacifismo del que había sido miembro de la banda, con participación directa en secuestro y otros delitos de sangre. Finalmente fue condenado a diez años de prisión –ha cumplido seis y medio– por la reconstrucción de la estructura de la ilegalizada Batasuna, «siguiendo instrucciones de ETA».

La sección cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Ángel Murillo, entendió que Otegi había dirigido esta estrategia de la banda armada. La pena incluía la «inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo –para ser votado– por igual tiempo» y el veto para ejercer cargo público hasta 2021. Por lo tanto, no caben interpretaciones sobre la sentencia: Otegi no se puede presentar como candidato en la lista de EH Bildu para las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre. El líder proetarra ya manifestó que la decisión de que él encabece la candidatura a lendakari es «soberana» y no hay ley alguna que lo impida.

El desafío tiene el característico estilo de la brabuconada de las «herriko tabernas»: «No va a haber tribunal, ni Estado, ni Guardia Civil ni Ejército español que vayan a impedir...». En esto, sigue la estrategia del independentismo catalán de desobedecer las leyes, a las que no reconoce, y sólo respetar la «soberanía» de un supuesto pueblo al que creen que sólo ellos pueden representar. En este caso, la «soberanía» es la de un puñado de militantes de los restos del brazo político etarra. Otegi vive encarcelado en la realidad construida por el terrorismo y no tiene en cuenta que el Estado de Derecho –al que con tanto ahínco él personalmente quiso destruir– se defiende haciendo cumplir las leyes. No cabe otra posibilidad.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, remitió ayer un escrito en el que sostiene que Otegi no puede presentarse a las elecciones vascas porque es «inelegible» al estar inhabilitado por sentencia firme hasta el año 2021. El escrito fue enviado a la Audiencia –que es a quien corresponde ejecutar dicha sentencia– para que a su vez remita a las juntas electorales vascas las sentencias por las que fue inhabilitado y el auto del Supremo en el que se rechazó su recurso. Todo indica que la estrategia electoral de EH Bildu se va a basar en el victimismo, precisamente del verdugo, al que se le quiere retirar la posibilidad de votar. Siguiendo el modelo de los secesionistas en Cataluña, cada paso que dé Otegi servirá para exaltar al «pueblo soberano» y cada sentencia del Estado de Derecho cerrando el paso a quien incumple la Ley será una demostración de su cariz antidemocrático. Nada nuevo.

Se abre una disputa legal muy previsible: Otegi tiene de plazo entre el próximo día 17 y el 22 para registrar su candidatura; el 24 se hará pública; el 26 y 27 se podrá impugnar; finalmente se proclamará el 29; hasta el 1 de septiembre hay de plazo para este contencioso electoral. Nos encontramos de nuevo ante un caso de desobediencia a las leyes y la amenaza de que sólo serán acatadas las que consideran propias o expresadas por la «soberanía», en este caso la abertzale. PP, Ciudadanos y UPyD han anunciado que impugnarán la candidatura de Otegi; no así los socialistas, que creen que no hay que favorecer su victimismo, por lo que es urgente que rectifique y se sume a las fuerzas constitucionalistas. Por principio democrático, hay que cerrar el paso a la burla de Otegi al Estado de Derecho.

UPyD propone reforzar el constitucionalismo de Euskadi frente al “filoterrorismo de Bildu y el populismo de Podemos”
OKDIARIO 13 Agosto 2016

El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ha propuesto a Ciudadanos reunirse para ver si es posible “fortalecer el constitucionalismo en Euskadi” frente al “nacionalismo del PNV, el filoterrorismo de Bildu y el populismo de Podemos”.

En un comunicado, Maneiro ha recordado que él mismo “impulsó” hace dos semanas, junto con Fernando Savater, un manifiesto “en defensa de una alternativa constitucionalista y la unión de los constitucionalistas en Euskadi” –que fue firmado por más de 1.000 personas en tres días–, “dado que hay cuestiones que deben ser defendidas conjuntamente con otros partidos”. No obstante, ha apuntado que no vio “interés en el resto de partidos”.

El representante de la formación magenta ha destacado que Savater, Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada han publicado, además, una carta que aboga por “fortalecer el constitucionalismo en el País Vasco”, algo que UPyD “comparte”.
Oscar López: "Nos guste más o nos guste menos, Rajoy tiene la iniciativa y tiene que intentarlo"

“Nosotros estamos dispuestos, como no podía ser otra manera, a hablar, no sólo con C’s, pero también con C’s sobre esa posibilidad, siempre que ello no signifique el abandono de los principios esenciales de UPyD”, ha añadido.

En este sentido, ha recordado que su partido “lleva ocho años defendiendo en el Parlamento vasco el constitucionalismo, la unidad de España y la ciudadanía compartida, muchas veces en solitario, ante la actitud vacilante a veces y otras condescendiente tanto del PP como del PSE, ante los excesos del PNV y la chulería de Bildu”.

TRAS NO CONSEGUIR ESCAÑO EN EL CONGRESO
UPyD, dispuesto ahora a pactar con Ciudadanos para las elecciones vascas
Así lo ha confirmado el líder de la formación magenta, Gorka Maneiro, después de que fuera imposible que las dos formaciones se pusieran de acuerdo para un pacto a nivel estatal en 2015. El plazo para presentar una coalición terminaba este viernes.
EFE Gaceta.es 13 Agosto 2016

El líder de UPyD, Gorka Maneiro, ha afirmado este viernes que está dispuesto a hablar con Ciudadanos sobre la "posibilidad" de concurrir juntos a las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre, aunque ha añadido que hasta ahora no ha visto interés en la unión de los constitucionalistas en Euskadi.

El dirigente de UPyD ha respondido así en una nota de prensa al emplazamiento que le han hecho en un escrito que publica El Mundo el filósofo Fernando Savater, la exdiputada del PP y directora del área internacional de la fundación FAES, Cayetana Álvarez de Toledo, y Arcadi Espada, periodista y uno de los fundadores de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

Bajo el título "Un pacto vasco por España", los tres firmantes piden a Ciudadanos y a UPyD que den una "notable lección ética y política" y concurran a las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre de manera conjunta para evitar que los electores tengan que escoger "entre dos partidos que nunca debieron ser distintos".

Añaden que separadas, ambas formaciones sacarían apenas un escaño mientras que juntos podrían lograr dos o incluso tres.

Además se preguntan qué puede justificar que "tantos demócratas vascos", que "abominan de todo lo que Bildu es y significa, que saben que Podemos sólo busca una nueva legitimidad para una ruptura idéntica de la ciudadanía y que desconfían de las hipócritas llamadas al voto útil de PNV", tengan que elegir entre UPyD y Ciudadanos.

Afirman que es un momento "decisivo", que la "reagrupación de los partidos constitucionalistas no es una opción" sino una "necesidad, una obligación y una oportunidad", y opinan que sería un "emocionante homenaje de la política a la razón" que esa unión empiece en "allí donde el constitucionalismo ha derramado más sangre y sufrimiento".

UPyD todavía no ha decidido si concurrirá a las próximas elecciones autonómicas vascas aunque este viernes ha finalizado el plazo para comunicar ante las juntas electorales la constitución de coaliciones.

En esta tesitura, Maneiro ha respondido que comparte con los firmantes de ese artículo la necesidad de fortalecer el constitucionalismo en el País Vasco "ante el nacionalismo del PNV, el filoterrorismo de Bildu y el populismo de Podemos", y recuerda que hace dos semanas impulsó junto a Savater un manifiesto en defensa de una alternativa constitucionalista que fue firmado por más de mil personas en tres días.

Sin embargo no vimos interés en el resto de partidos", ha añadido Maneiro, quien a pesar de ello ha insistido en que están dispuestos a hablar "no sólo con Ciudadanos, pero también con Ciudadanos sobre esa posibilidad, siempre que ello no signifique el abandono de los principios esenciales de UPyD".

 


 


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