AGLI Recortes de Prensa   Lunes 12  Septiembre  2016

 

 

Confusiones sobre la opinión pública
Amando de Miguel Libertad Digital 12 Septiembre 2016

Los programas y secciones de opinión se llenan de políticos que declaran lo que no tienen más remedio que decir para seguir en el candelero.

Me considero un diligente aficionado a los programas y secciones de opinión en todos los medios: escritos, orales o visuales. Por eso mismo me preocupa el declinar del género. De forma espuria se impone la idea de que los políticos expresan opiniones, y ahí se acaba todo. No, señor. Los políticos hacen declaraciones, naturalmente pro domo sua, que no es lo mismo. Los programas y secciones de opinión se llenan de políticos que declaran lo que no tienen más remedio que decir para seguir en el candelero. Por mucho que sean políticos de una u otra camada ideológica (y así dar la impresión de pluralismo), tales discursos no equivalen a una muestra de la opinión pública.

Es tal el peso del poder político que el sesgo que digo contamina también las opiniones de muchos comentaristas. De tal modo es así que los comentarios de los periodistas o expertos en los programas o secciones de opinión se tiñen de uno u otro color ideológico según sus preferencias. Es decir, también se repite aquí la impresión de que no tienen más remedio que decir lo que dicen. En cuyo caso se produce en la audiencia la misma impresión de tedio.

Otro uso inveterado es que la mayor parte de los comentaristas son periodistas. En cuyo caso, lo que persiguen no son opiniones sino titulares para la prensa. No les importan tanto las ideas como las noticias. No me parece mal, solo que el predominio de esa tendencia desanima a la audiencia.

Hay más elementos que contribuyen al sopor de los lectores, oyentes o televidentes de los programas o secciones de opinión. Se repiten cansinamente las palabras periclitadas que alguna vez movieron al interés. Así, cambio, progreso, regeneración, consenso. Es más, la renovación del léxico político, al carecer de imaginación, refuerza el aburrimiento. Por ejemplo, la sustitución de "pueblo español" por "la gente". Los cordobeses, tan finos, dan en el clavo cuando apostrofan: "Señores de Córdoba, señoritos de Sevilla, gente de Málaga". Es broma, claro.

De todas las expresiones gastadas, me irrita especialmente la de regeneración democrática. Tendrían que empezar por regenerarse los partidos políticos, que ahora gustan de llamarse formaciones, un término militar. Su función principal debería ser la de seleccionar bien al personal político. Dudo de que la cumplan. En su lugar, se organizan más bien como grupos de presión, aunque más parecen ser un conglomerado de señores de presión. No otra cosa son los llamados barones. Su misión principal es llegar al poder, conservarlo todo lo posible y repartir prebendas y favores a los amigos y seguidores. Mientras, la casa sin barrer.

La auténtica regeneración de los partidos debería empezar por la simplicísima norma de que en las Cortes Españolas solo pudieran sentarse los que intentan representar al pueblo español. Es el espíritu de la Constitución y del sentido común, pero nunca se ha cumplido. Así nos va.

Un detalle del lenguaje corporal. Cuando dos líderes de partidos se vean obligados a estrecharse la mano delante de fotógrafos y cámaras, por favor, mírense entre los dos, no miren a los que toman las imágenes. ¿Es que no hay asesores de imagen que les indiquen algo tan sencillo?

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

El secuestro de las urnas
ELISA DE LA NUEZ El Mundo


Aunque resulte paradójico a medida que vamos repitiendo elecciones nuestro voto cada vez vale menos y con él nuestra democracia representativa. Quizás dentro de dos o tres convocatorias más nuestro voto valga incluso menos que la contestación que se le da al entrevistador de la encuesta de turno. Puede que con tanta repetición electoral el partido más votado consiga no tener que pactar con nadie, y menos con el segundo partido más votado. Hasta si se sigue insistiendo en repetir elecciones se puede llegar a obtener una cómoda mayoría absoluta por incomparecencia de la mayor parte del hastiado electorado. Pero que nadie se engañe: con esto habremos conseguido tirar al niño con el agua del barreño. No es probable que una democracia representativa aguante -por muy estoico que sea el electorado y sin duda el español lo está demostrado- una devaluación constante de lo que se supone que es el acto más importante en una democracia: votar.

La reacción ante una situación de este tipo probablemente sería la de recuperar formas alternativas de democracia directa más o menos imaginativas. Hasta sería un ejemplo de justicia poética: cuando se recomendó a los manifestantes del 15-M que dejasen calles y plazas para presentarse a las elecciones se les convenció de que no había nada más sagrado que las urnas. Eso hicieron y con grandes resultados. Pero resulta que nuestros políticos -sobre todo los líderes de los dos principales partidos- nos están convenciendo paso a paso y convocatoria electoral tras convocatoria electoral que realmente las urnas son más bien de usar y tirar. Quizás sirven para pulsar cómo está el patio con un poco más de exactitud que unas encuestas que cada vez fallan más. Pero el mensaje que nos mandan -por mucha retórica con que se envuelva- tras dos elecciones consecutivas, dos investiduras fallidas de dos candidatos distintos a Presidente del Gobierno (una por cada partido del fenecido bipartidismo para no dejar lugar a dudas), muchos millones de euros malgastados y la amenaza de nuevas elecciones es que nuestros votos no sirven para que nuestros representantes se dignen elegir un Gobierno, y de paso, una oposición. La pregunta es obvia. Entonces ¿para qué sirven?

Lo más curioso de esta historia (que ya forma parte por méritos propios del Ruedo Ibérico del siglo XXI, con amenaza de votación el día de Navidad incluida para que no falte ni un detalle esperpéntico) es que realmente los dos grandes partidos podrían pactar perfectamente si se concentrasen en unas medidas concretas. Esto es lo que revela de forma meridiana la coincidencia del 70% de las medidas recogidas en el acuerdo PSOE-Ciudadanos con las del acuerdo PP-Ciudadanos. Esto además es una gran noticia, porque demuestra que nuestros grandes partidos están de acuerdo en cuestiones esenciales, aunque estén en desacuerdo en muchas cosas, lo que por otra parte es muy sano. Incluso con muchas medidas -básicamente las que se refieren a la regeneración democrática- no me cabe duda de que también estaría de acuerdo Podemos, una vez que este partido decida dar el salto de la adolescencia a la madurez institucional. Me imagino que en los países felices donde hay que pactar constantemente la parte más difícil debe de ser la de acordar el programa de investidura o de gobierno. En cambio aquí, por razones derivadas del mal funcionamiento de nuestros partidos políticos y de la deriva hacia un presidencialismo de facto durante más de 30 años, resulta que lo difícil es pactar quién va a ser Presidente del Gobierno o líder de la oposición. Acabáramos.

El bloqueo español más que preocupación o perplejidad -eso ya lo dejamos atrás tras las primeras o las segundas elecciones- empieza a suscitar cierta mofa a nivel internacional. Es difícil tomarse en serio a un país y sus ciudadanos cuando sus propios líderes no lo hacen. Recordemos por ejemplo lo que se nos dijo cuando se convocaron las segundas elecciones: que lo único seguro es que no se convocarían unas terceras. Pero ¿qué impide ahora que a las terceras les sigan las cuartas, las quintas o las que hagan falta? Los dos grandes partidos piensan -correcta o incorrectamente- que repetir elecciones les puede beneficiar y que lo que no les han dado los electores en las anteriores (mayorías suficientes) lo pueden acabar consiguiendo por desesperación o por desistimiento de los votantes. Lo que pretenden más o menos de forma encubierta -porque no parece que sea una pretensión muy democrática- es volver a una situación en la que no haya que pactar con el enemigo, el otro gran partido. Mucho mejor esperar tranquilamente en la oposición y cuando te toque, que te toca seguro, cambiar todas las leyes y revertir todas las decisiones que no te gusten o incluso las que te gusten, para marcar bien el terreno. Si para conseguirlo hay que obligar a los españoles a ir a las urnas tantas veces como haga falta pues no pasa nada. Desde luego el coste económico en forma de subvenciones a los partidos, sueldos de diputados y senadores y gastos electorales no lo pagan ellos.

El problema es el otro coste que no es económico: el coste de despreciar los votos de los ciudadanos una u otra vez, de desprestigiar aún más las instituciones puestas al servicio del partido de turno y en definitiva de incrementar la desconfianza y el alejamiento de la ciudadanía. Alejamiento que puede concretarse en un alejamiento de las urnas. Por no hablar del ridículo internacional. Es lo que tiene vivir en una cómoda burbuja política y mediática donde todos están muy cómodos. Parece que hasta que nuestros representantes no se tengan que parapetar detrás de unas vallas en la Carrera de San Jerónimo para protegerse de ciudadanos encolerizados la cosa no va con ellos. Pero es que el coste de tanta frivolidad y tanta irresponsabilidad puede ser nada menos que la democracia española.

Resulta que en España parece que da miedo decir y mucho menos exigir en voz alta lo que tantos dicen en voz baja, empezando por los afiliados y simpatizantes y terminando por cargos importantes en los respectivos partidos pasando por una parte muy importante de su electorado. Que los dos actuales candidatos de PP y PSOE no son las personas adecuadas para encabezar una nueva candidatura a unas nuevas elecciones por la sencilla razón de que han demostrado que son incapaces de llegar a acuerdos para formar un Gobierno. Lo que realmente les importa es mantener vivo el discurso guerracivilista, aunque sea de boquilla, con el que tan bien les ha ido durante los últimos años, además de llevarse por delante a la competencia que les ha surgido a cada uno en su espacio electoral generando frustración y hastío en los ciudadanos. Que los dos líderes pretendan volverse a presentar a unas terceras elecciones -o a las que hagan falta- como si nada hubiera ocurrido no es de recibo. Incluso en un país tan renuente a asumir responsabilidades políticas como es el nuestro tiene que estar claro que la primera obligación de un candidato a Presidente del Gobierno es llegar a acuerdos para pasar de candidato a Presidente. Si por las razones que sean -por muy justificadas que les parezcan a cada uno- los candidatos no son capaces de forjar los acuerdos necesarios en torno a su persona, hay que dejar paso a alguien de su partido que sí pueda conseguirlos. Empezando, lógicamente, por el partido más votado.

Es interesante también destacar que esta es la única vía que todavía no se ha intentado transcurridos diez meses desde las primeras elecciones. Porque los candidatos no quieren, su partido no es capaz de exigírselo y a los ciudadanos nos han tomado como rehenes. Por eso si un candidato fracasa siempre queda la opción de recurrir a las elecciones siguientes como si fueran un bálsamo de Fierabrás: una pasada por las urnas y el candidato fallido queda como nuevo, con unos escaños más o menos, con o sin sorpasso, recuperando terreno, desafiando a sus críticos y siempre con un nuevo motivo para mantenerse en el puesto. Proclamando su disponibilidad para volverlo a intentar porque el electorado así lo quiere. Lástima que la voluntad del electorado la interprete siempre cada líder en función de sus propios intereses y que esa voluntad no se tenga mucho en cuenta una vez acabado el recuento.

Porque estaría bien -ya puestos a identificar los votos con las encuestas- que le diésemos un poco la vuelta al tema. ¿Qué pasa si las encuestas insisten en que los electores no quieren volver a votar, que están hartos de que les tomen el pelo, que piensan que la clase política actual es un desastre o que prefieren que su partido presente a otro candidato? ¿No habría que hacer un poco de caso? Claro que algunas preguntas incómodas no se hacen, quizás porque a los encuestadores les pagan los partidos o los medios que más o menos les apoyan y no los ciudadanos.

Y así seguimos, ya en septiembre de 2016, sin ver la salida a tanto despropósito, más allá de los intentos de juristas ilustres y bienintencionados de conseguir modificaciones in extremis del Reglamento del Congreso para desbloquear la situación. Puede que la democracia en España todavía no haya descarrilado y sólo siga en vía muerta; pero lo que está claro es que si arrancamos marcha atrás podemos caminar hacia el precipicio. Ciertamente devaluar el valor de las urnas no parece el mejor camino para fortalecer nuestra democracia.


La Justicia ante el espejo
Javier Gómez de Liaño ESP

La Justicia no se arregla con retórica

Ilustración Jon G. Balenciaga

“Si suprimos la justicia, ¿qué son entonces los reinos sino grandes latrocinios?” (Agustín de Hipona. 'La ciudad de Dios').

Hace seis años, septiembre de 2010, asistí al estreno de La fiesta de los jueces, obra dirigida por su autor Ernesto Caballero. El espectáculo tenía como protagonistas a varios miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que deciden representar, en versión libre, El cántaro roto, una farsa costumbrista del dramaturgo Heinrich von Kleist, donde se denuncia el pésimo funcionamiento de la justicia. En un escenario cubierto de procedimientos judiciales previamente pasados por una trituradora de papel y con un gran espejo en el que los actores se reflejan, los propios jueces se juzgaban a sí mismos en un original e inteligente juicio popular.

Esta representación teatral me ha venido a la memoria con motivo de la Apertura del Año Judicial que el pasado día 6 y con arreglo a la vieja usanza el Rey Felipe VI declaró inaugurado después de que la fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del GGPJ pronunciaran sus discursos de rigor. Poseo la colección completa de los Discursos de apertura de tribunales –desde 1870– e incluso he asistido a varios de estos actos. Que recuerde, en ninguno se pronunciaron palabras que declarasen decepciones o pesimismos. Todos son recapitulaciones formales de lo que se hizo o se dejó de hacer y nunca oí hablar de lo mal que fueron las cosas y de las culpas de unos y otros. Aparte de disparar el cohete anunciando que se abre el portón de los tribunales, lo que abunda son las sugerencias recomendando el borrón y cuenta nueva del periodo anterior de una administración de Justicia que subsiste como una empresa al borde del concurso de acredores, precisamente no fortuito.

Nuestra justicia se encuentra en un estado de salud muy delicado

Que veinticuatro horas antes de tan solemne acto, una asociación judicial –Jueces para la Democracia (JpD)– emitiera una nota denunciado, entre otras cosas, “la grave situación de atasco, colapso y precariedad en que se encuentran los tribunales”, es prueba o, al menos, indicio racional, de que nuestra justicia se encuentra en un estado de salud muy delicado. El diagnóstico de los jueces y magistrados es alarmante. En el comunicado de JpD puede leerse que “se observa con preocupación la constante instrumentalización de la Justicia en el debate político más allá de un proyecto para su modernización”.

No se trata de aguar la fiesta, sino de llevar vino a la fiesta, pero al margen de los análisis y sondeos de opinión, algunos de ellos muy solventes, como el del profesor Toharia o el barómetro del Consejo General de la Abogacía, de 2015, a los que el presidente del CGPJ y del TS se refirió en su intervención, creo que, hoy, por hoy, la administración de Justicia española da más sobresaltos y disgustos que gozos y satisfacciones. Sus ritmos son desesperantes y nuestra maquinaria judicial se mueve aún a velocidad de tortuga, lo que es síntoma de inseguridad y agotamiento. Lamento decirlo. Hace tiempo que la fe de los ciudadanos en la justicia es escasa y tengo la sensación de que a algunos les pasa como a los enfermos de anorexia, que pueden estar en el lecho de muerte y siguen viéndose gordos. Y todo por culpa del papel residual que durante años pretéritos el Poder Judicial ha ocupado dentro del Estado, en el que ha girado como un minúsculo rodamiento fácil de engrasar. Esto es algo que todo el mundo sabe. Hasta los propios jueces que, hartos de la situación, de vez en cuando se manifiestan y claman por la despolitización de la Justicia y reprueban el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante.

Una institución cuyos miembros son nombrados como lo son poco puede dar de sí

Al señor presidente del CGPJ y del TS, de quien desde hace muchos años tengo la opinión de que es un buen juez en el sentido que Azorín describe y al que él se refiere al final de su discurso, le hago un ruego, casi una súplica. Que sea algo más sincero de lo que aparenta ser en los siete folios que brindó a los asistentes y que, en la próxima ocasión, nos cuente los auténticos males de nuestra doliente Justicia. Cierto que un acto tan solemne siempre ha sido una especie de gaudeamus, pero la gente prefiere oír la verdad en cueros vivos, por dura que sea.

“En nuestro sistema judicial no hay héroes ni seres excepcionales (…)”; “su grandeza se construye sobre la actividad cotidiana de una suma de hombres y mujeres prudentes, honestos y capaces (…)”; “nuestra sociedad tiene que saber que cuenta con sus 5.500 jueces y juezas, con su espíritu de servicio (…)”; “los jueces asumen con entusiasmo cada día la responsabilidad de procurar una justicia imparcial, eficiente y de calidad (…)”. Estas fueron algunas de las reflexiones del discurso del señor Lesmes que, a no dudar, gustaría a muchos. A mí, no tanto como hubiera deseado, pues sin perjucio del elogio a la judicatura en general y que comparto plenamente, sin embargo, no se adentró, uno por uno, en los síntomas patentes de una administración de Justicia perezosa, indolente, atascada, desigual, imprevisible, mal trabada e incluso desgarrada. Y, a todo esto, sin una referencia a la lejanía del CGPJ en relación a los jueces y magistrados que, en una gran mayoría, dudan de que les represente y, lo que es más dramático, que defienda la independencia judicial.

Comprendo que una institución cuyos miembros son nombrados como lo son, poco puede dar de sí, hasta el punto de ser un órgano constitucional reverente y dócil que no pasa de ser una burocratizada jefatura de servicios. Desde su constitución en 1980 hasta nuestros días, no todos, pero sí en su conjunto, los vocales han sido marionetas movidas por los mandamases de turno. Esto no es un juicio temerario. Tampoco se trata de cuestionar la honradez profesional de nadie ni, por tanto, de convertir al vocal elegido por el dedo del político en la encarnación de la perversión del sistema. Limpieza y suciedad se distribuyen, como las virtudes y los vicios, con criterios bastantes más complejos.

En materia de justicia, España lleva muchos años dormida en los laureles

Lo que ofrezco son datos netos que nos perseguirán hasta que no se produzca una verdadera revolución en bloque de los jueces, dispuestos a que se lleven a cabo sus legítimas reivindicaciones, por cierto, algunas no siempre justas. Me refiero al comportamiento de las asociaciones judiciales cuando se apartan del papel constitucionalmente encomendado y pasan a ser meras agrupaciones gremiales cuyo objetivo es la obtención de cuotas de poder a cambio de ofrecer sumisión al partido político que les designa.

“Detrás de la comedia y de la sátira se encierra un dolor y una preocupación por ese pilar del Estado que está sufriendo las consecuencias de no haber hecho una reforma en su momento", dijo Ernesto Caballero el día del estreno de La fiesta de los jueces. Cuánta razón tenía. La misma que cuando confesaba su inquietud porque hubiéramos caído en “una justicia de autor”. Pese a su carácter satírico, a lo largo de toda la representación sonaba la voz de la desesperanza. Entonces tuve para mí que en las páginas del texto estaban secas las lágrimas amargas de desilusión y de desencanto. Sé que la obra irritó a algunos espectadores judiciales y no judiciales, lo cual no me extrañó porque la sinceridad no gusta a quienes están acostumbrados a una realidad judicial maquillada, a la verdad silenciada. Sin embargo, también tengo la convicción de que encantó a cuantos padecen por la injusticia disfrazada de Justicia y a los que buscan qué hay detrás de las palabras altisonantes y de las ideas hueras.

Nos hemos creído que la justicia era una cuestión menor, un artículo de última necesidad y así nos ha ido

En materia de justicia, España lleva muchos años dormida en los laureles. Nos hemos creído que era una cuestión menor, un artículo de última necesidad y así nos ha ido. Todo lo que nos pasa, nos está bien empleado. Si los gobernantes acertaran a poner en manos de los ciudadanos la herramienta de hacerles cómodo y saludable acudir a los tribunales, el problema entraría en la vía de solución, pero este trance ideal está todavía muy lejos por el mansueto entendimiento que los políticos tienen de la justicia.

Confieso que, al igual que a muchos, me gustaría decir bienvenido sea el nuevo año judicial, bienvenidos sean los nuevos proyectos, bienvenidas sean las nuevas ilusiones, bienvenidos sean los renovados propósitos de enmienda y hasta bienvenidos sean esos cacareados planes de modernización o los sonoros pactos por la Justicia que tan a menudo son invocados y hasta constituyen moneda de cambio en acuerdos entre partidos para la formación de gobierno. Son bastantes años viendo aperturas de tribunales presididas por la retórica. Alocuciones de unos y otros que no explican los problemas de la justicia y que se apoyan en lo ceremonial para confundir al personal, aunque éste ya no traga porque está muy escaldado.

Nada me importa, pues, brindar por el nuevo año judicial. Si alguien solvente me lo propone, no tengo inconveniente en levantar mi copa y desear que los infortunios judiciales presentes dejen paso a los encantos de una justicia verdadera, real, sobria y rigurosa. Sé bien que jamás se tiene seguridad en aquello que el mañana nos habrá de deparar, pero se me ocurre si acaso no deberíamos esforzarnos para que el próximo curso resultase mejor que el precedente.

*** Javier Gómez de Liaño, juez en excedencia, es abogado y consejero de EL ESPAÑOL.



Errar en lo más
Alejo Vidal-Quadras VZ

Las predicciones del CIS sobre los próximos resultados electorales en el País Vasco martillean un nuevo clavo en el ataúd del Partido Popular y del Partido Socialista en aquella Comunidad. La evaporación de la idea de España en Cataluña y en el País Vasco, que es el proceso social y cultural profundo que acompaña al imparable declive de los dos grandes partidos nacionales en esos territorios, es una de las grandes tragedias del período histórico iniciado en la Transición y la tremenda responsabilidad de los máximos dirigentes de ambas formaciones, ciegos durante décadas ante el creciente peligro nacionalista.

El error intelectual es confundir diferencia con diversidad y reconocimiento de la identidad étnica, lingüística e histórica con mejor calidad democrática

Los errores intelectuales y morales conducen irremediablemente a errores políticos y la absoluta falta de recto juicio sobre el significado y las consecuencias de los particularismos de raíz étnico-lingüística de los sucesivos ocupantes de las sedes de las calles Ferraz y Génova les han llevado a convertirse en opciones residuales en dos piezas clave del mosaico nacional a la vez que arrastraban a la Nación en su conjunto al borde de la desaparición.

El error intelectual es confundir diferencia con diversidad y reconocimiento de la identidad étnica, lingüística e histórica con mejor calidad democrática. La diversidad, propia de las sociedades extensas y complejas, es un factor positivo porque da cabida, a través del pluralismo y la tolerancia, al debate de ideas y al contraste de opiniones, con el consiguiente enriquecimiento de la vida en común. La presencia en un mismo demos de diferentes colores de piel, creencias religiosas, posiciones políticas y preferencias estéticas presta dinamismo a las interacciones de los individuos dentro de la colectividad y, mediante el respeto mutuo y la igualdad ante la ley, fortalece el propósito común en busca de la prosperidad, el orden y la justicia. La diferencia, en cambio, y no digamos su exaltación obsesiva como hacen los nacionalistas catalanes y vascos, es un veneno que crea guetos, fabrica enemigos imaginarios y excluye a sectores enteros de la comunidad.

En cuanto a la democracia, no sólo no se perfecciona reconociendo políticamente y jurídicamente “hechos diferenciales”, casi siempre inventados, sino que se cuartea desgarrada por los choques violentos entre identidades irreconciliables. Lejos de ser un signo de apertura democrática, el trazado de fronteras jurídico-políticas basadas en rasgos diferenciadores que en realidad son irrelevantes liquida la democracia en la medida que desemboca en la clasificación de los ciudadanos, que deben ser libres e iguales, en dos categorías irreconciliables, los de primera clase, que se ajustan al canon de la identidad arbitrariamente fijada como la buena, auténtica y superior, y los de segunda, que no encajan en el molde inflexible de la nación así configurada. Las continuas y graves violaciones de los derechos fundamentales en los ámbitos lingüístico y cultural que se han venido perpetrando por los gobiernos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco son un ejemplo claro de esta incompatibilidad entre nacionalismo étnico-lingüístico y democracia.

El error moral es aún de superior calado porque invierte y trastoca la jerarquía de valores que caracteriza a la sociedad abierta

El error moral es aún de superior calado porque invierte y trastoca la jerarquía de valores que caracteriza a la sociedad abierta. La identidad étnico-lingüístico-histórica es un valor que en la escala axiológica jamás puede situarse por encima de la libertad, la igualdad y la justicia. Si la elevamos a la cúspide de los referentes éticos, todo el entramado moral que debe sustentar la convivencia en las sociedades heterogéneas en cuanto a raza, religión, lengua y tradiciones, se derrumba y, llevada a su extremo tan monstruosa concepción, convierte a seres humanos destinados a relacionarse y cooperar de forma pacífica en asesinos despiadados, tal como hemos visto en la siniestra trayectoria de los carniceros etarras.

Los cabezas de filas del Partido Popular y del Partido Socialista, en su ignorancia y en su superficialidad, han carecido de la estructura mental y moral necesaria para comprender y aplicar estas relevantes verdades. El resultado está a la vista y no puede ser peor. La Transición gestó una Constitución y un Estado que, prescindiendo de estos fundamentos, ha alimentado y excitado hasta dejarlo fuera de control al monstruo identitario.

Volviendo del revés el célebre pasaje de El Alcalde de Zalamea en el que Calderón nos recuerda que si se acierta en lo más no importa errar en lo menos, podemos hoy afirmar con tristeza que la tremenda equivocación respecto a la perversidad intrínseca de la idolatría de la identidad ha hacho palidecer y ha empequeñecido los aciertos, que también los ha habido, de la etapa del devenir colectivo español que se abrió con tanta esperanza y entusiasmo hace cuarenta años y que se encamina imparable a su fracaso.




El secesionismo, entre la contención y la confrontación
Francesc Moreno CG


La Diada de 2016 se ha caracterizado por la afloración de profundas divisiones entre los secesionistas y de mensajes contradictorios en Junts pel Sí. La CUP ya ha anunciado la independencia para julio 2017, un mes después de un supuesto RUI (referéndum unilateral de independencia) que se celebraría en junio. Unos de sus dirigentes ha señalado que el RUI ha de servir, por lo menos, para provocar una reacción violenta del Estado, ya sea meramente legal o utilizando la fuerza bruta.

Neus Munté, dirigente del partido heredero de CDC y consejera de la Presidencia de la Generalitat, ha recordado que el RUI no esta en la hoja de ruta. Puigdemont, por su parte, ha pasado en veinticuatro horas de quejarse de que el Estado haya "desconectado" de Cataluña, a anunciar que la tras la próxima Diada de 2017 tendremos "elecciones constituyentes".

Como se ha visto en la disminución de la participación en la Diada secesionista de hoy, la utilización como señuelo movilizador y electoral de la independencia inevitable e inminente agoniza

Valga esta selección de declaraciones para poner de manifiesto las evidentes contradicciones del conjunto de fuerzas declaradamente secesionistas. A ello debemos unir la posición de En Comú Podem, que ha jugado con la ambigüedad más estridente, participando en la Diada pero negando el RUI y criticando las declaraciones más radicales de los dirigentes de la CUP.

La realidad, como se ha visto en la disminución de la participación en la Diada secesionista de hoy, es que la utilización como señuelo movilizador y electoral de la independencia inevitable e inminente agoniza.

Las fuerzas secesionistas son conscientes de ello pero discrepan respecto a lo que hay que hacer. Desde Junts pel Sí, especialmente los antiguos convergentes, tratan de evitar una situación "revolucionaria" de confrontación directa y abierta con el Estado, convencidos de que sus bases sociales no les seguirían y pondría en riesgo su poder --el Estado aplicaría más que probablemente el artículo 155 de la Constitución-- y, además, no cambiaría las cosas pues ni tienen los instrumentos para controlar el territorio y las personas, ni el "nuevo Estado" sería reconocido internacionalmente. La CUP y otras fuerzas secesionistas minoritarias sueñan en cambio con una huelga general revolucionaria, que provocaría una reacción del Estado y que acabaría con estallidos violentos que harían "irreversible el proceso".

El punto débil del secesionismo es que ha quemado etapas por la competencia electoral entre los partidos que lo defienden. Pero este acelerón se ha hecho sin mayoría social, sin tener capacidad recaudatoria, sin capacidad para controlar por la fuerza el territorio, sin apoyos internacionales y sín un líder indiscutudo.

Durante el próximo año asistiremos a una dura batalla entre quienes quieren quemar las naves y quienes apuestan por la vía gradualista con vistas a las elecciones autonómicas de otoño 2017

¿Qué pasará? No tengo la bola de cristal, pero durante el próximo año asistiremos a una dura batalla entre quienes quieren quemar las naves y quienes apuestan por la vía gradualista con vistas a las elecciones autonómicas de otoño 2017 (salvo que Puigdemont quiera agotar la legislatura en contra de los acuerdos de su investidura, lo que supondría la ruptura total del frente secesionista). Entre tanto, asistiremos a episodios de tensión (juicio del 9N, inhabilitación de Forcadell, etc.) que servirán para que los secesionistas midan su fuerza real, no en manifestaciones institucionales y festivas como la Diada --propia de regimenes totalitarios--, sino mediante la confrontación en la calle (ocupaciones, huelgas, etc.).

Mi impresión es que, a pesar de la presión de los más radicales, no se producirá una confrontación en toda la regla, entre otras cosas porque convergentes y republicanos ya tienen un poder muy importante (Generalitat, diputaciones, ayuntamientos...) que nadie en su sano juicio pone en serio peligro por hacer seguidismo de unos cuantos "revolucionarios" sin tener unas elevadas probabilidades de éxito.

¿Y el Gobierno central qué debe hacer? Primero, formarse, ser eficaz, transmitir la ilusión de una nueva etapa a los ciudadanos, afrontar los problemas más acuciantes de todos los españoles, incluidos los catalanes. Específicamente en relación al problema secesionista, actuar con moderación, evitando exaltar los ánimos innecesariamente pero aplicando el Estado de derecho. No hacerlo sólo serviría para dar aire y tiempo a los secesionistas y transmitir a la población, que ya lo cree en parte, que los secesionistas tienen ganada la partida y que conviene apuntarse a caballo ganador (el "pueblo" tiende a a apuntarse a los que cree vencedores).



Enrique Arias Vega tbn
La independencia de Cataluña

Al menos la mitad de los catalanes tiene la quimérica pretensión de que la independencia de su región solucionará todos sus males personales y colectivos.

Hace 40 años, cuando la transición del franquismo a la democracia, no había elecciones ni sondeos que cuantificasen dicha creencia. En mi modesta opinión, la cifra podría ponderarse entonces entre un 2 y un 4 por ciento, confinada en los militantes del minúsculo Estat Català, en los radicales de Terra Lliure y en una ínfima minoría de la entonces exigua Esquerra Republicana. Es una opinión personal, ya digo.

Eso sucedía en una Cataluña oprimida por la dictadura franquista, sin derechos individuales ni colectivos, con un conocimiento escaso de la lengua catalana y con una renta per cápita veintitantas veces inferior a la actual. Un desastre, vamos. Hoy día, en cambio, con un bienestar, una libertad y una autonomía sin precedentes, la sensación de agobio político y la aspiración a la independencia son mayores que nunca en la Historia.

¿Cómo es posible semejante paradoja?
Lo es, supongo, porque las libertades políticas alcanzadas no han servido para unir a la sociedad, sino para dividirla. El poder democrático ha sido monopolizado por una minoría de la burguesía local, que se ha servido de las señas de identidad catalanas (lengua, cultura, historia…) para controlar la Comunidad y excluir al resto de los grupos sociales de la toma de decisiones.

La utilización del dinero público por ese grupo ha sido un buen ejemplo. Desde la quiebra partidista de Banca Catalana, a la imputación de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta por el caso Pretoria, pasando por el enriquecimiento de la familia Pujol y el escándalo del Palau de la Música, el saqueo de las arcas públicas ha sido constante.

Aun así, el sentimiento independentista ha crecido exponencialmente. Ha sido un éxito de la propaganda propia y de los desaciertos ajenos; un resultado de la habilidad de los separatistas y de la torpeza sin límites de los creyentes en la igualdad de los ciudadanos españoles. Entre unos y otros han conseguido que ser independentista en Cataluña resulte in, moderno, cool, guay… ¿Cómo no ser, pues, soberanista, frente a la imagen retrógrada de los constitucionalistas?

Haber llegado hasta allí sin haberse percatado de esa inexorable deriva ha sido una responsabilidad inexcusable de los sucesivos Gobiernos españoles. Y creer que semejante problema se resolverá por sí mismo es de una estúpida e incomprensible ingenuidad, porque el que Cataluña consiga la independencia no es tan difícil.

Otro día reflexionaremos sobre este punto.


EDITORIAL El Mundo
11-S, quince años de una guerra que aún hoy perdura

Es ya un lugar común decir que con la voladura de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 comenzó el siglo XXI. Y no por una evidente cuestión cronológica, sino porque aquel ataque al corazón del mundo occidental dio paso a un guerra de naturaleza desconocida hasta entonces en la reciente historia contemporánea que aún hoy mantiene varios frentes abiertos. Una guerra que no conoce fronteras, ni nacionales ni continentales, y que amenaza con prolongarse hasta la derrota definitiva de cualquiera de los contendientes. Porque no parece que el yihadismo, que sentenció a muerte a todos los "infieles" que no comulgan con su intolerante versión del Corán, esté dispuesto a negociación alguna.

Lo demostró en aquel salvaje atentado de hace ahora 15 años, como no dejaría de hacerlo en sucesivas matanzas masivas de ciudadanos indefensos en Indonesia, Rusia, Irak, la India, Paquistán, Yemen, Túnez, Turquía, Egipto, Libia... en el 11-M de Madrid, el 7-J de Londres, o los más recientes asesinatos indiscriminados en Francia y Bélgica. En todos estos años, tanto Al Qaeda y sus diferentes ramas en África y Oriente Próximo, como el Estado Islámico (IS), desde su constitución como califato en Siria e Irak en 2014, se han disputado la primacía del terror en un doble conflicto con el argumento de la guerra santa (yihad) como bandera: frente a los países occidentales, especialmente, por cercanía, los europeos e Israel, a los que culpan de la depauperada situación económica de las repúblicas árabes; y contra todas aquellas comunidades de creyentes musulmanes que no comparten su interpretación del libro sagrado ni la manera de entender culturalmente el islam. Y es esa esencia ante todo religiosa la que otorga a esta guerra unas connotaciones tan particulares.

Porque antes de ésta que inaugura el 11-S de 2001, hubo en el llamado corto siglo XX dos guerras mundiales que fueron devastadoras para la población de los países europeos. Y ambas, intereses económicos y geoestratégicos aparte, como históricamente ha ocurrido en todo conflicto humano, nacieron de la sustitución en el imaginario colectivo de la religión por la ideología, de la esperanza mesiánica por el fanatismo político. Y sin embargo, superado aquel sangriento siglo, el mundo occidental tiene que hacer frente a una amenaza extremadamente difícil de combatir, porque allí donde haya un creyente radicalizado hay un potencial riesgo de ataque.

El enemigo, por tanto, no está sólo en los territorios donde se asienta el califato del IS o las células de Al Qaeda, sino en cualquier ciudad cuyos ciudadanos hayan sido señalados como enemigos del islam. Pero no por ello ha de ser visceral la respuesta de nuestras sociedades. Occidente ha conseguido el desarrollo más importante de la historia de la Humanidad gracias a su diversidad cultural, religiosa y política y a una identidad de tolerancia y solidaridad, de respeto a los derechos humanos, a la ley como órgano rector de la con- vivencia y a la defensa del libre mercado y la propiedad privada como valores innegociables para el desarrollo individual. Como señaló ayer Barack Obama, la fortaleza de EEUU, pero también del mundo occidental, se edifica sobre esa diversidad, que "no es una debilidad, sino una gran fortaleza". Y esa fortaleza debe imponerse a quienes hace ya 15 años iniciaron una guerra de terror.

Los independentistas catalanes no tienen ya el favor internacional
José Oneto REP

Cinco años después de que se iniciase, de hecho, el proceso de desconexión de Cataluña de España, después del fracaso que supuso la reforma del Estatuto de la que el gran causante fue el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, este 11 de Septiembre cientos de miles de catalanes han salido a la calle para pedir, de nuevo, la independencia para Cataluña, una independencia cada vez más problemática. Problemática por la división interna del independentismo cada vez más influenciado por la actitud intransigente de la CUP, y por la marginación de los sectores más moderados del catalanismo.

De ahí que, al margen de la tradicional guerra de cifras, entre las distintas fuentes, sean cada vez menor el grueso de los catalanes que salen a las calles a sumarse a las consignas independentistas. Frente a cifras que en otras Diadas han superado el millón de manifestantes, este año, ninguna fuente se atreve a manejar una cifra de ese tipo. Aunque, por quinta vez, los organizadores parecen haber superado el medio millón de participantes, si bien es cierto que la movilización descentralizada ha sido mucho menor que la de los cuatro años anteriores, seguramente por la división política que hay en el independentismo, sobre la hoja de ruta a seguir, y sobre el papel de los antisistema y antieuropeos que parecen condicionar el actual proceso político catalán.

Este lunes casi todos los medios internacionales con los que se reunió previamente el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, antes de celebrarse el acto del 11-S, hacen el mismo análisis de la Diada que el que avanzó el domingo este cronista. Por ejemplo, el periódico alemán Frankfurter Allgemaine Zeitung recuerda que el movimiento de protesta comenzo´ hace cinco an~os con un millo´n de manifestantes en Barcelona. Desde entonces, hubo cadenas humanas una y otra vez “pero como la independencia se demora tanto y los partidos catalanes se dedican, sobre todo, a luchas de poli´tica interna, y se ven ya las primeras muestras de agotamiento”. La historia y sus interpretaciones son tan importantes para los secesionistas que, cuando hace falta, sencillamente, se inventan lo que les parece. El historiador de la ANC, (Asamblea Nacional de Cataluña), principal organizadora de todas las manifestaciones independentistas, presento´ recientemente dos revelaciones memorables. Por un lado, explico´ Victor Cucurell, que Miguel de Cervantes se llamaba en realidad Joan Miquel Servent, era catala´n y escribio´ su Don Quijote en catala´n. Adema´s, Cristo´bal Colo´n no era italiano ni espan~ol, sino catala´n. Joan Cristofol Colom i Bertran habri´a descubierto Ame´rica 15 an~os antes y llegado a Canada´, no al Caribe. Mientras los medios de Madrid se tomaron esto a risa, en Barcelona so´lo ri´en los chinos. “Son ellos -revela el periódico alemán- quienes vendieron en las Ramblas las banderas, bufandas y gorras con la “bandera nacional”. Incluso, se ofreci´an los primeros pasaportes catalanes. Todo ello, “made in Taiwán”.

Ese mismo cansancio y hastío es el que detecta el International New York Times que destaca que a pesar de su fra´gil posicio´n al timo´n de un pole´mico Gobierno de coalicio´n, Puigdemont está convencido de que “el tren catala´n no se ha detenido, a pesar de que la poli´tica espan~ola este´ empantanada. Nuestro tren avanza, y el otro tren, lleva meses bloqueado”. Sin embargo, muchos participantes reconocieron estar cansados despue´s de cinco an~os de manifestaciones infructuosas para conseguir que el Gobierno de Madrid permita que Catalun~a celebre una votacio´n sobre la independencia. “El Gobierno, con el respaldo de los tribunales espan~oles, ha bloqueado repetidamente las iniciativas secesionistas y ha demandado a importantes poli´ticos catalanes acusa´ndoles de infringir la legislacio´n espan~ola”. El Gobierno espan~ol sigue implacablemente opuesto a la independencia, o incluso a un refere´ndum al estilo escoce´s sobre la independencia, como siempre. Otros gobiernos europeos tienen crisis mayores que el conflicto Catalun~a-Espan~a que afrontar.

Para el Financial Times sin el consentimiento de Madrid o el reconocimiento del mundo exterior, la mayori´a de los analistas tienen problemas para ver un camino viable hacia una independencia o un Estado catala´n. Sin embargo, Centenares de miles de personas salieron a las calles de toda la regio´n de Catalun~a, en el noreste de Espan~a, para celebrar el di´a nacional catala´n, incluso cuando el estancamiento poli´tico en Madrid y las luchas internas en la regio´n han colocado al movimiento independentista en una difi´cil encrucijada. Y, para el francés Les Echos, a pesar de la apariencia de unidad de la “marea amarilla” del domingo, los partidarios de la independencia se enfrentan desde hace meses, reflejando la incertidumbre respecto al futuro de su movimiento. Esta´ claro que a falta de entendimiento entre Madrid y Barcelona, las ambiciones separatistas tienen pocas posibilidades de prosperar paci´ficamente. El Presidente regional y la franja moderada saben que esto tomara´ tiempo. Esperar, es precisamente lo que los independentistas ma´s determinados no quieren. “El pro´ximo Gobierno espan~ol, sea del color que sea, -es la conclusión- tendra´ el asunto catala´n entre los temas urgentes”.

La conclusión de la mayoría de los medios y de los analistas internacionales es que dada la situación de bloqueo no hay tiempo para atender a las peticiones de los que se quieren separar de España, aparte de que es muy evidente que la causa del independentismo ha perdido mucho apoyo internacional. Espan~a se enfrenta a una situacio´n de estancamiento poli´tico, tras ocho meses sin formar Gobierno y unas posibles terceras elecciones. La conclusión es que las autoridades catalanas podri´an seguir tomando medidas para impulsar el proceso independentista, y el conflicto entre Madrid y Cataluña podri´a seguir agrava´ndose durante los pro´ximos meses, en los que lo más importante es formar Gobierno.

NO CESA EL ACOSO CONTRA AQUELLOS QUE RESPETAN A ESPAÑA
Separatistas persiguen a una familia por gritar '¡Viva España!' en BarcelonaUn hombre, acompañado por su mujer y su hija, caminaba tranquilamente cuando un grupo de separatistas comenzó a perseguirlos y a increparlos. Su único delito fue decir “¡Arriba España!”.
Gaceta.es


El desafío separatista sigue su curso y el acoso contra aquellos que aman y respetan a España no cesa. En esta ocasión le ha tocado pasar este desagradable trance a una familia. Un hombre, acompañado por su mujer y su hija, caminaba tranquilamente por el ‘Fossar de les Moreres’ de Barcelona cuando un grupo de separatistas comenzó a perseguirlos y a increparlos. Su único delito fue decir “¡Arriba España!”.

El incidente fue grabado y difundido a través de Youtube por uno de los presentes y se resolvió sin problemas mayores. El hombre atacado se giró para lanzar un mensaje a los separatistas: “os quiero”, dijo, y la familia se marchó del lugar.

Cabe recordar que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha renovado el convenio que el Consistorio suscribió en 2014 con l'Associació Memorial 1714, una entidad fundada para “preservar el ‘Fossar de les Moreres’ como un recinto sagrado donde venerar la memoria de los patriotas muertos” a manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión.
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Ernesto Ladrón de Guevara TBN
Sofismas, falacias y absurdos con respecto al euskera en el sistema educativo vasco




Vayamos por partes:



Desde el actual Estatuto de Autonomía se introdujeron conceptos que no se sostienen desde el punto de vista semántico:



Se declaró al euskera lengua propia del pueblo vasco. Esto es un sofisma de difícil interpretación jurídica, antropológica y semántica, porque…



Las lenguas no pueden ser propias de un territorio, la propiedad de las lenguas la tienen los hablantes. Por ejemplo, a no ser que a los vascos de zonas castellanohablantes que no han hablado otro idioma desde épocas inmemoriales que el llamado castellano se les considere parias o asimilados a los metecos de la Antigua Grecia, el idioma propio de esos vascos no es el euskera. Parece mentira que a los juristas se les haya pasado esta cuestión de simple antropología cultural.



Nadie ha definido desde el rigor científico lo que es pueblo vasco. ¿Es el conjunto de ciudadanos que habla euskera en un determinado territorio delimitado por ese uso? En este supuesto, amplias zonas de Euskadi o de la llamada Euskal Herria quedarían fuera del ámbito conceptual de pueblo vasco. ¿Qué es pueblo vasco? ¿Es el ‘volk’ del nazismo, que tiene un significado de comunidad superadora de las propias fronteras políticas, lo que justificó la invasión de Austria, con un significado de unidad de sangre, raza y lengua? ¿Qué es pueblo en un sentido étnico cuando cada vez existe mayor hibridación en las sociedades y más mestizaje y menos etnocentrismo? Fijémonos en lo que está sucediendo en el mundo islámico, ¿ese es el modelo?



El mal llamado castellano es tan lengua propia en origen de los vascos occidentales de las Encartaciones y de los valles de Valdegovía, Mena y de la zona cantábrica, como el euskera. No en vano los cartularios de Valpuesta contienen las primeras evocaciones escritas en lengua romance, derivado del latín, descubiertas hasta ahora, como prueba escrita de su origen. Incluso se podría afirmar, si recurrimos a las enseñanzas que nos han legado sabios como Caro Baroja, Valdeavellano o Sánchez Albornoz, que algunas tribus existentes antes de la vasconización de los actuales territorios de la Comunidad vasca eran cántabros, como lo prueba determinada toponimia de la cordillera que delimita parte del territorio alavés con la vertiente del de la Rioja.



Pero aun suponiendo que fuera cierta la tesis de que el euskera fuera la lengua originaria de todos los vascos sin distinción, no es legítimo, aunque sea legal, cambiar los usos sociales y forzar la realidad. Recordemos que la Ley de Normalización del Uso del Euskera establece dos principios en la enseñanza:



El respeto a la realidad sociolingüística de cada zona
La decisión de los padres, es decir, el respeto a su voluntad.



En ambos casos se han torcido las políticas lingüísticas en la planificación educativa, pues no se ha respetado esa realidad. En el caso de las zonas de casi hegemónico predominio del castellana a los padres se les ha llevado al redil que los políticos nacionalistas querían, retorciendo la verdad hasta el esperpento. La prueba evidente es que el Decreto que regulaba los modelos lingüísticos, aún vigente, establecía que existirían tres modelos, el A para zonas castellanohablantes con el euskera como asignatura, el B para zonas mixtas, y el D para zonas con predominio euskaldun. La realidad de los hechos nos dice que prácticamente el A ha sido erradicado por estigmatización, el B es inexistente y el D se ha generalizado. El demostrar cómo se ha realizado esta transformación forzada me obligaría a escribir un libro, ya que no me cabría en un artículo. Recomiendo a tal efecto la lectura de mis dos libros: “Educación y nacionalismo. Historia de un modelo” y “Educando. Alternativas a la farsa pedagógica”



Curiosamente aquellos que hablan de la educación integradora y de la multiculturalidad son, hipócritamente, los que permiten centros educativos guetos y excluyen a quienes tienen como lengua materna el español que es la lengua hablada en toda España, en contraposición a las lenguas de España que son las que se hablan en cada una de las regiones; donde, paradójicamente, se intenta erradicar la lengua común, en lo que yo llamaría el síndrome tribal, en un mundo cada vez más globalizado e internacionalizado; es decir, menos aldeano.



Las bases ideológicas de este modelo aberrante parten de la consideración del euskera como lengua nacional de Euskadi (concepto sabiniano), siguiendo la doctrina de Federico Krutwig contenida en su obra “Vasconia” (1963), donde se sustituía el paradigma de la raza por el de la lengua tras la estigmatización de esta idea etnocéntrica por la experiencia nazi. De ahí la identificación del euskera como lengua del pueblo vasco, idea muy poco sostenible desde el plano antropológico como es obvio para todo aquel que analice el concepto con un poco de rigor a la luz de las fuentes sociológicas, culturales e históricas.



Otra idea falaz sostenida desde la órbita nacionalista, que se ha convertido estúpidamente en transversal en la casi totalidad de la llamada clase política, es la de considerar al euskera como un instrumento de “integración” de los ciudadanos del pueblo vasco. Idea sofista por antonomasia, pues es justo lo contrario a lo que se ha hecho. El resultado ha sido el de la segregación de los ciudadanos por razón de la zona geográfica donde se hubiera nacido o vivido, creando patricios y plebeyos en las oportunidades de acceso al bien escaso que es el trabajo. La lengua nunca debería haber sido motivo de segregación, entre otras cosas porque se ha utilizado como mecanismo de selección ideológica y como excusa de colocación a afines.



Otro principio falaz es el de la justificación histórica, también recusable por razones de rigor histórico que exigiría la redacción de un ensayo, aunque el engaño y los mitos para deformar la realidad de nuestro pasado está suficientemente documentado. O, dentro de este principio, el de reparación histórica, igualmente falaz, pues no se puede modificar lo que ha sido la evolución natural donde prima la adaptación diacrónica a las necesidades sociales en razón a variables multifactoriales, en las que poco pudo influir el franquismo pues fueron previas; al menos desde principios del siglo XIX.



O el principio de territorialidad, por razón del cual se podría decir que son las hectáreas las que hablan las lenguas y no las personas que habitan un territorio.



Ya es hora de desmontar mentiras y verdades a medias. Nunca es tarde y nada debe ser tabú en mentes abiertas y liberales.



Seguiremos en el próximo artículo.



El rugido del león ESP
Menos manifestantes, el mismo desafío

Es sintomático que la convocatoria de este 11 de Setembre el independentismo catalán haya reunido al menor número de personas de los últimos años, porque confirma que la gente ha empezado a cansarse de la movilización permanente y porque refleja que la división interna que se percibe en el seno del movimiento separatista ha hecho mella en la calle.

Hay que tener en cuenta que no era una Diada más, sino "la última" de una Cataluña como comunidad española -a decir de Junqueras- o la penúltima si hemos de hacer caso a los pronósticos del presidente Puigdemont, para quien, en 2017, esta fecha marcará el final de la unión con España y el inicio de la preparación de la nueva República catalana. Por eso los organizadores trataron de acercar los actos a la población, celebrándolos simultáneamente hasta en cinco puntos distintos de las cuatro provincias catalanas, y por eso el pinchazo resulta particularmente significativo.
El recurso a la calle

En cualquier caso, hayan sido 300.000 los asistentes a las marchas -según la estimación de Societat Civil Catalana- o algo menos de un millón -según los cálculos de las distintas guardias urbanas-, la realidad es que el independentismo sigue manteniendo un suelo todavía amplio en la sociedad catalana y que no hay que minimizar el problema.

Además, la Diada de este domingo ha servido para escenificar algo muy peligroso: el compromiso con la masa -desde luego, con esa parte de la población que exige romper con España- para saltarse la legalidad. En ese sentido, hubo alusiones directas a desobedecer al Tribunal Constitucional si, como todo parece, acaba inhabilitando a la presidenta del Parlamento catalán por dar curso al proceso soberanista. En el ánimo de quienes tomaron la palabra está la idea de respaldar a Forcadell para que, llegado el caso, siga presidiendo las sesiones de la Cámara y crear así una situación límite que pudiera devenir en conflicto de orden público.
El edificio del Estado

Los representantes del movimiento independentista pidieron a los dirigentes políticos en esta Diada que no les fallen y estos se comprometieron a no hacerlo. Así pues, el desafío sigue en pie y el Estado debe afrontarlo con serenidad y con firmeza.

De la misma forma que los separatistas han llamado a la unidad, los partidos políticos constitucionalistas deben actuar con responsabilidad en un momento como este. Porque somos más los españoles -incluidos los catalanes- que apostamos por la convivencia y el entendimiento, y porque el edificio del Estado -como bien refleja hoy Tómas Serrano en su viñeta- es de una envergadura muy superior a la frágil avioneta que representa la amenaza rupturista.


Cataluña, otro año perdido
Editorial LR

Las manifestaciones separatistas celebradas ayer en distintos puntos de Cataluña –una fórmula que camufla el descenso, por otra parte evidente, de participación– han supuesto subir un escalón más en la desafección institucional de las autoridades catalanas con la presencia en las mismas del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por más que esta última haya intentado nadar y guardar la ropa con el argumentario de rigor ante la realidad de que la mayoría de los barceloneses, incluidos sus votantes, a los que representa no son partidarios en absoluto del proceso soberanista. Patéticos resultaron sus intentos de no dejarse fotografiar junto con los dirigentes independentistas, con los que compartió la tribuna de autoridades. Si en algún momento, la Diada quiso ser la fiesta común de los ciudadanos de Cataluña, hace ya mucho tiempo que se desvaneció cualquier espíritu de convivencia, pero, al menos, hasta este año, los altos representantes políticos del Principado se abstenían de arrastrar a la institucionalidad de Cataluña por el barro del sectarismo. Ni siquiera el ex presidente Artur Mas se atrevió a tanto. Ha tenido que ser el actual presidente de la Generalitat quien rompiera el último atisbo de respeto a la pluralidad social de la comunidad, y lo ha hecho porque su Gobierno está en manos de los extremistas de la CUP, que le tienen emplazado con una moción de confianza, prevista para el próximo 28 de septiembre, y sin margen de maniobra alguno para rechazar sus exigencias, puesto que ya puede vislumbrarse en el horizonte político más inmediato la formación de un nuevo frente de izquierda, un tripartito radical, que acabará con él y, de paso, con cualquier posibilidad de recuperación de la influencia política que tuvo la antigua CDC. De hecho, ayer el presidente de la Generalitat volvió a demostrar que todo su programa de gobierno, cualquier línea de gestión, sigue condicionado por la estéril «hoja de ruta» separatista de sus compañeros de viaje. Así hay que interpretar los anuncios hechos por Puigdemont de que intentará negociar con el Gobierno un referéndum secesionista que sabe imposible, pero con el que intentará ganar tiempo. Lo mismo reza para el anuncio de celebrar unas elecciones constituyentes para el otoño de 2017, en las que, una vez más, su partido no tendría que competir de tú a tú con la izquierda independentista. Con todo, lo más grave es el daño que viene sufriendo el conjunto de la sociedad catalana desde hace ya demasiados meses. Prácticamente han pasado dos años sin que en Cataluña haya habido un Gobierno capaz de gestionar los intereses generales de sus ciudadanos, secuestrados por el delirio del desafío independentista, al que se ha sacrificado cualquier atisbo de racionalidad. Y ello, en unos momentos en los que la emergencia de la crisis aconsejaba aunar los esfuerzos de todos los españoles para vencer la recesión y recuperar la senda del crecimiento. Si la sociedad civil catalana, con su tejido empresarial y sus estructuras productivas, ha estado a la altura de las circunstancias, mucho mejor le hubiera ido a Cataluña, y con ella al conjunto de España, de haber contado con un Ejecutivo que se hubiera puesto a la labor, en lugar de dispersar esfuerzos y el escaso dinero público en el proceso separatista. Un Gobierno preocupado por recuperar el crédito internacional, salir de la insolvencia financiera –paliada por las inyecciones crediticias del FLA– y generar mayor riqueza para todos sus ciudadanos.



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Ducha escocesa tras la Diada
Pablo Planas Libertad Digital 12 Septiembre 2016

Lo que viene es la 'confluencia' entre Colau, Junqueras y Anna Gabriel. Como dijo Murphy, todo es susceptible de empeorar.

Después del ardor patriótico del 11 de septiembre, en Cataluña llega una resaca del doce. Tras la exaltación, la realidad, que hasta el actual presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, es capaz de percibir entre las brumas de la ensoñación separatista. No se puede hacer un referéndum que no tenga garantías, que no sea validado por la comunidad internacional y que no cuente con el beneplácito y el acuerdo del Gobierno de la Nación, ha venido a decir este lunes; pero sin lo de la Nación. Para ello se debería cambiar la Constitución y montar una confederación ibérica de comunidades autodeterminadas o alguna chapuza por el estilo. Es lo que propone abiertamente Podemos al pairo de las teorías de sus socios en Cataluña, País Vasco y Galicia sobre la fragmentación de la soberanía nacional.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de campaña por Galicia y seguramente aconsejado por la candidata Cristina Losada, ha calificado lo de la Diada como un "penultimatum", el ya tradicional "vamos, vamos, que nos vamos" de cada año por estas fechas en la comunidad autónoma catalana y que desemboca al cabo de doce meses en un reiterado Onze de Setembre "para la Historia". Se trata de un acierto semántico el de C's, que, empero, no debería contribuir a la relativización del denominado procés, a pesar de los cinco años de reposición de lo masivo, festivo, cívico y pinturero que es el "pueblo catalán" a la hora de organizar coreografías multitudinarias. Y este año con el aliciente añadido de que no había una sola pista en el circo, sino cinco.

Puigdemont necesitaba calentar la última Diada y ahora necesita enfriar el ambiente, una práctica que en términos de salud y belleza es una ducha escocesa. De ahí que, ante la tesitura de un referéndum unilateral en las mismas patéticas circunstancias que el del 9-N de 2014, tenga en la cartera un plan B, unas nuevas elecciones autonómicas a celebrar el próximo verano y que, como las pasadas, el separatismo considerará constituyentes si vuelve a ganar en escaños, dado que en Cataluña los votos cuentan poco si contradicen el mantra de que el soberanismo es mayoritario.

En manos de la CUP y con Podemos (en Cataluña, En Comú Podem) al acecho, Puigdemont sólo tiene dos salidas: comenzar a quemar fotos del Rey y banderas de España para satisfacer a los cuperos o convocar elecciones en un plazo asumible para la refundación de su partido, la formación sin siglas heredera de Convergencia que preside Mas. El problema cambia de perfil. Las urnas pueden dar al neopujolismo una patada en el trasero definitiva tras un ciclo electoral de derrota en derrota. Lo que viene es la confluencia entre Colau, Junqueras y Anna Gabriel. Como dijo Murphy, todo es susceptible de empeorar.

Un acto festivo, una huida hacia adelante
EDITORIAL El Mundo 12 Septiembre 2016

La manifestación que en la primera Diada, hace cuarenta años en Sant Boi, fue un deseo de democracia de todos los catalanes, que reclamaban Llibertat, amnistía i Estatut d'Autonomía, se ha convertido en los últimos años en un acto de división, como se volvió a reflejar ayer en las ciudades y pueblos de Cataluña. El delirio independentista de los dirigentes de la Generalitat desde la etapa de Artur Mas ha expulsado de las celebraciones de 11 de septiembre a muchos ciudadanos, que no quieren ser partícipes de esos ejercicios de presión popular en los que se han convertido las convocatorias de lo que debería ser una fiesta de todos los catalanes.

Como se preveía, la sociedad catalana no ha seguido las celebraciones con la misma intensidad que en los últimos años, sobre todo porque las campañas institucionales han sido mucho menores. Y a pesar, una vez más, del denigrante sectarismo de a favor de las tesis soberanistas de TV3, la televisión pública de la comunidad autónoma, que debería ser de todos los catalanes. El lógico cansancio popular -son cinco años de Diadas reivindicativas- ha convertido las manifestaciones de ayer en una especie selfie soberanista sin más pretensiones que un pretendido lucimiento del independentismo.

Con todo, ha sido la primera en la que el presidente de la Generalitat ha acudido a una de las manifestaciones convocadas, eludiendo así su papel institucional de representante de todos los catalanes. Puigdemont rompió la tradición de Mas y acudió a los actos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. En parte lo hizo obligado por las circunstancias, para evitar que la presencia en la calle de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, capitalizara el posible éxito de la convocatoria. Colau acudió ayer porque "como alcaldesa hay más motivos para estar que para no estar". Justo lo contrario que hace un año, cuando afirmó que en "mi rol institucional es mejor separar las cosas".

Este ponerse al frente de la manifestación de los representantes de las dos más altas instituciones catalanas denota también el clima de división que se ha vivido en la celebración de la Diada. ERC participó el viernes en un acto organizado por En Comú Podem y la CUP para conmemorar el 40 aniversario de la Diada al que no fue invitado el Partido Demócrata Catalán (antigua Convergència), decisión que fue calificada de "equivocada" por la portavoz del Govern, Neus Munté.

Aunque el independentismo no sea mayoritario en las urnas, el mensaje secesionista ha calado en la sociedad y los partidarios de la ruptura con España han ido ganando apoyos. Eso hace que los partidos soberanistas peleen por disputarse ese voto. Así se explica la radicalización de En Comú Podem, manifestada como decimos en la presencia de Colau en los actos más reivindicativos, y en el deslizamiento de ERC hacia la izquierda separatista, alejándose de un PDC en el que cada vez hay más voces que sugieren levantar el pie del acelerador soberanista.

Los mensajes no trajeron novedades, excepto la constatación de un nuevo retraso en la hoja de ruta de la Generalitat. Puigdemont habló de negociar con el Gobierno la convocatoria de un referéndum y aunció la posibilidad de nuevas elecciones antes de la próxima Diada para el "tránsito entre la postautonomía y la preindependencia". Queda lejos el objetivo que se marcó en su investidura, el pasado enero, de lograr la secesión del Estado en 18 meses. Ahora bien, la Generalitat no reduce un ápice la tensión del desafío y mantiene su intención de seguir legislando sobre esas "estructuras de Estado", a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional.

El hecho es que desde Cataluña, la mayoría de los partidos, de las asociaciones y las instituciones no dudan en la defensa del proceso soberanista. Para ese sector de la sociedad, sólo existe el anhelo de independencia y todo lo demás no importa. Cataluña vive gracias al auxilio económico del Estado porque sus dirigentes la han llevado a la ruina, pero eso no parece importar a muchos ciudadanos.

Aunque estamos convencidos de que Cataluña nunca se independizará de España, el reto es mayúsculo y para afrontarlo con garantías hace falta un Gobierno con fuerte respaldo parlamentario capaz dar las respuestas políticas adecuadas -además de las judiciales cuando sea preciso- a los intentos de avance de los separatistas, para que se den cuenta de que han emprendido un camino que no llega a ninguna parte.

El gran psicodrama
La retórica nacionalista se ve en la necesidad de articular de cuando en cuando alguna controversia para lograr conferir a la Diada una cierta verosimilitud y un hálito de vida
JOSÉ MARÍA ALBERT DE PACO El Mundo 12 Septiembre 2016

Hasta hace pocos años, las crónicas de la Diada se escribían con falsilla. Jornadas de carácter reivindicativo a la par que festivo, presididas por la unidad de los partidos catalanes, el tono conciliador de los líderes y la benemérita normalidad institucional. Párrafos y párrafos de retrogusto franquista que alimentaban la doble ficción de una Cataluña que, en respuesta a la opresión española, desplegaba su legendaria prudencia, lo que venía a poner de manifiesto, una vez más, su superioridad moral. De cuando en cuando, se desencadenaba alguna controversia, hum, real que, convenientemente azuzada por la retórica nacionalista, confería al relato una cierta verosimilitud y, sobre todo, un hálito de vida.

En vísperas de la celebración de 1991, por ejemplo, Jordi Pujol comparó Cataluña con Lituania, por entonces recién independizada de la URSS, si bien se apresuró a puntualizar que, aunque Cataluña era Lituania, España no era la URSS. Y dos años después, lamentó que las demandas catalanas, «justas y sensatas», provocasen «respuestas y campañas de gran dureza», a pesar, dijo, «de que Cataluña, más que ninguna otra comunidad, ha actuado con espíritu de solidaridad política y económica en el conjunto de España». Se trataba, en suma, de alentar el conflicto con una mano y refrenarlo con la otra. En este sentido, ningún canutazo fue tan revelador como el de la recepción institucional de 1989: «Llevo nueve años siendo presidente de Cataluña y, si hubiera querido conducir a Cataluña hacia posturas de enfrentamiento, lo habría podido hacer». Eso dijo, el magnánimo.

Frente a este psicodrama, los partidos políticos que se situaban (es un decir) en el extrarradio del nacionalismo y que, en cualquier caso, se decían alternativa al pujolismo, doblaron la cerviz, asumiendo todas y cada una de las cotas de beligerancia, ombliguismo y ridiculez en que Convergència cifraba su política de país. Así, año tras año, en la tradicional-ofrenda-floral-a-Rafael-de-Casanova, las delegaciones del Partido Popular, PSC-PSOE y demás sospechosos habituales, recibían el espumarajo del vulgo patriotero, cuyas formas no eran muy distintas de las de los nostálgicos de la dictadura. Eso sí: a diferencia de la España que éstos anhelaban, la Cataluña en cuyo nombre actuaban los primeros jamás había existido, lo que añadía al oprobio una nota de irrealidad que aún lo hacía más lacerante.

Y sin embargo, nadie, ni un solo partido, institución o entidad de cuantas eran escupidas, insultadas y, finalmente, como ocurrió en 1995 con Alejo Vidal-Quadras, agredidas, se atrevía a romper la baraja. Por ese mismo periodo, las consignas unitarias de finales de los 70 (Llibertat, amnistia, Estatut d'autonomia; Volem l'Estatut) habían pasado a la historia, y l'Onze se reducía a una exudación de antiespañolismo más o menos residual y deslavazada. Pero ni por ésas: el temor a que el virrey, o alguno de sus acólitos, señalara a los no-nacionalistas como los anticatalanes que, en efecto, parecían ser, neutralizó cualquier conato de desobediencia... civil. (Anticatalanes, sí; el nacionalismo es un virus que se ha infiltrado también en la ortografía, hasta hacer de la cursiva un dique elemental, enojoso, contra la quiebra de la razón). Resulta entrañable, por cierto, cómo La Vanguardia, el gran palanganero del independentismo, trataba de aprovechar la evidencia de que ya no había nada que reclamar, salvo otra Champions, para afirmar el carácter inexorablemente lúdico de la festividad.

Pretender la transversalidad de la Diada es como pretender la laicidad del Ramadán

La deriva independentista que empezó a fraguarse en 2009 y eclosionó en 2012 ha tenido al menos la virtud de deshacer el equívoco de que la Diada, que nunca ha sido más que un aquelarre supremacista, sea percibida como el día-de-todos-los-catalanes. Aun así, ni siquiera los partidos de obediencia, je, española, como es el caso de Ciudadanos, se han sacudido los complejos. No en vano, quienes pusimos nuestro grano de arena en construir ese partido, lo hicimos, entre otras razones, para dejar constancia de que en días como el de ayer no tenemos nada que celebrar. Ciudadanos, en cambio, dio una comida popular en un pueblo de la costa. Una comida popular, han leído bien, en un pueblo de la costa. En nombre de qué, es una pregunta que ningún votante naranja sabrá responder sin conculcar el ideario de la formación.

Mas en la genuflexión general ha habido una excepción. Una honrosa excepción. Verán, mi amiga Teresa Giménez Barbat, eurodiputada por UPyD, recibió una invitación de Amadeu Alfataj, el espectral «representante permanente del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea», para asistir al acto de celebración de la Diada. Y Giménez Barbat, que sí se ha sacudido los complejos, respondió como sigue:

«La existencia de su oficina no tiene ningún sentido. Se puede decir que otras comunidades autónomas también tienen oficinas en Bruselas, es cierto, y quizá incluso podríamos estar de acuerdo usted y yo en que son prescindibles, pero ninguna de ellas tiene por objetivo destruir o dejar en mal lugar al Estado del que forman parte, España, como sí pasa en su caso».

Y más:

«Paradójicamente, si las funciones que tiene usted atribuidas tuviesen éxito, su oficina perdería la razón de ser, ya que Cataluña quedaría fuera de la UE».

Y así, con este fernangómez tamizado por la diplomacia, se quitó a Alfataj de encima. Cumpliendo el mandato, no se olvide, de quienes la habíamos votado. Y poniendo, de paso, de relieve, que pretender la transversalidad de la Diada (por ahí va la comida popular de Ciudadanos) es como pretender la laicidad del Ramadán.

El preocupante horizonte vasco
Cayetano González Libertad Digital 12 Septiembre 2016

Antes que aceptar el apoyo de los populares, el PNV echará mano del PSE, si es que antes no decide pactar con Bildu o con Podemos.

El foco informativo ha dejado de estar en los últimos años centrado en el País Vasco debido fundamentalmente a dos motivos: a que ETA ha dejado de matar, aunque no hay que cansarse de repetir que ni se ha disuelto ni ha entregado las armas; y al llamado procés en Cataluña, al cual la banda terrorista no es ajena desde la famosa reunión en Perpiñán con Carod Rovira en enero de 2004, por mucho que recordar esto enfade a los nacionalistas e independentistas catalanes.

Los que crean que los nacionalistas vascos, sean del PNV o de Bildu, incluso los partidarios del derecho a decidir como Podemos, van a renunciar a plantear en un futuro más o menos inmediato otro pulso al Estado como el que en estos momentos existe en Cataluña es que son unos ingenuos. En este contexto, analizar con detenimiento el horizonte político que dibuja la última encuesta del CIS sobre las elecciones vascas del próximo día 25 no puede provocar más que preocupación, agravada por la situación de gran debilidad institucional que estamos viviendo y que los nacionalistas de todo signo saben aprovechar para sus intereses.

La primera conclusión de la encuesta del CIS es que los partidos denominados constitucionalistas, PP y PSE, consiguen entre los dos el mismo número de escaños (16) que el estudio demoscópico otorga por separado a la marca de ETA, EH Bildu, o a Podemos.

El PP y el PSE sufren un auténtico descalabro. Lo de los populares no es que se viera venir, es que llevan acumulando méritos desde que en 2008, tras la marcha de María San Gil –¿se acuerdan del "¡Arriba España!" que le dedicó el nonato director ejecutivo del Banco Mundial José Manuel Soria?–, los Oyarzabal, Semper, Maroto y Alonso de turno decidieron que el PP vasco tenía que ser guay, pop y no sé cuántas sandeces más, lo que les ha llevado a ser absolutamente irrelevantes.

Los del PSE también se lo han ganado a pulso, porque, además de los esfuerzos hechos durante años por la rama guipuzcoana del partido, encabezada por Eguiguren o Zabaleta, de convertir a los socialistas vascos en un mala copia de los nacionalistas, ahora resulta que la candidata a lehendakari, Idoia Mendía, lleva en su programa electoral que Euskadi es una nación, y a la hora de hablar de la violencia que se ha sufrido en la sociedad vasca –esto lo dijo la candidata en un reciente debate electoral en la SER– equipara a ETA con el GAL o con los abusos policiales. Vuelta a los complejos y a las falsedades históricas.

Pero en el Madrid político y mediático, habitualmente despistado y errado con lo que sucede en el País Vasco, lo único que interesa es saber si después del 25-S el PNV puede replantearse su apoyo a Rajoy en una hipotética nueva investidura a cambio de que el PP le dé el suyo a Urkullu en Vitoria. Antes que aceptar el apoyo de los populares, el PNV echará mano del PSE, si es que antes no decide pactar con Bildu o con Podemos. ¿Por qué no, si ya lo hicieron en junio de 2015 en el Gobierno de Navarra o en el Ayuntamiento de Vitoria?

En el Parlamento vasco, los partidarios de la independencia o del derecho a decidir tendrán después del 25-S cerca de 60 diputados, de un total de 75, mientras que las fuerzas constitucionalistas, el PSE y el PP, quedarán relegadas a ser la cuarta y quinta fuerza política y no llegarán entre las dos a la veintena de escaños. Y está por ver que Ciudadanos consiga sacar por Álava el escaño que en las dos últimas legislaturas ha obtenido UPyD, con Gorka Maneiro. Un panorama ciertamente preocupante. Pero en Madrid seguirán preguntándose si el PNV apoyará a Rajoy. Así nos va.

PNV y PSE-PSOE
La Diputación Foral de Guipúzcoa regala un millón de euros a los medios de comunicación en euskera
www.latribunadelpaisvasco.com 12 Septiembre 2016

La Diputación Foral de Guipúzcoa, en manos del PNV y del PSE-PSOE, ha hecho público un dictamen por el que concede casi un millón de euros (931.615 euros) en forma de ayudas económicas “destinadas a entidades que promuevan o impulsen publicaciones periódicas en euskera”.

Para justificar esta decisión, que permite que decenas de medios de comunicación que trabajan en euskera pervivan a pesar de contar con unos mínimos índices de audiencia, la entidad territorial explica en el Boletín Oficial de la provincia que estas subvenciones se conceden con un único objetivo: “el desarrollo de una política lingüística hacia la sociedad, que impulse el uso del euskera en todas las esferas de la vida social”.

En la actualidad, poco más del 10% de la población vasca se expresa habitualmente en euskera.
 


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