AGLI Recortes de Prensa   Viernes 16  Septiembre  2016

Lo que pasa en España no es culpa de la República catalana
Guillermo Dupuy Libertad Digital 16 Septiembre 2016

El problema no está en la futura independencia 'de iure' de Cataluña, sino en la persistente independencia 'de facto' que desde hace años se le concede.

No es el presidente de ningún Estado independiente en forma de república, sino el presidente de una comunidad autónoma española –máximo representante del Estado español en Cataluña–, el que hace omiso al ordenamiento jurídico español y a nuestros más altos tribunales. No es la fragmentación de España en varios Estados soberanos y reconocidos como tales en el concierto de las naciones lo que explica la demencial fractura de la unidad de mercado que aqueja a nuestro país. No es el hecho de que Cataluña sea un país extranjero lo que explica que en esa comunidad española desde hace décadas no exista el derecho a estudiar en español o que se multe a quienes no rotulen sus comercios en catalán. Tampoco es la existencia en España de múltiples Estados independientes lo que explica el desamparo de muchos usuarios de la sanidad pública encuentran cuando están en una región española que no es la suya, o la que explica la quiebra de la unidad entre la España seca y la España húmeda. No es en la inexistente república catalana sino en una parte del Reino de España donde se educa en el odio o, cuanto menos, en el desprecio e ignorancia de lo español.

No creo que el hipotético y futuro reconocimiento legal de la independencia de Cataluña fuera a solventar el problema que nos aqueja. Más bien estoy seguro de que lo agravaría y serviría de estímulo para otras reivindicaciones identitarias y secesionistas en otras partes de lo que quedase de España. Ahora bien, el hecho de que ahí no radique la solución no implica que la hipotética y futura independencia de iure de Cataluña sea el problema o el origen de la quiebra que ya sufre la nación española entendida como Estado de Derecho.

El problema que aqueja a España como nación no es la futura independencia de iure de ninguna de sus regiones, tal y como pretenden hacernos creer todos aquellos que esperan a ver la existencia del problema a un futuro en que la cosa ya no tenga solución. El problema está en la persistente independencia de facto que desde hace años ya se les concede.

Para quienes consideramos que las fronteras más preciosas de una nación no son las territoriales sino las que la articulan como Estado de Derecho, lo que nos preocupa en este momento no es que a Cataluña se le pueda conceder en el futuro el estatus que tiene Portugal. Lo que nos preocupa es la vulneración de la ley, la manipulación de la Historia y de los sentimientos, la discordia por motivos identitarios que ya se da en el seno de muchas familias catalanas y, sobre todo, la conculcación de los derechos individuales que, desde hace años, se perpetra en lo que a día de hoy sigue siendo España.

La economía española está intervenida por los políticos. Y así nos va
Ramiro Grau www.latribunadelpaisvasco.com 16 Septiembre 2016

Vivimos en un país de segunda, que va camino de ser pronto de tercera, y los políticos dónde meten sus zarpas sólo producen corrupción, mala gestión y hundimiento del sector. Es algo que no falla, y a las pruebas me remito, por ejemplo al sector de las cajas de ahorros (que en paz descansen), cuyo funcionamiento era estupendo, hasta que empezaron a estabularse en sus consejos de administración los partidos políticos con mando en plaza, es decir en la autonomía, provincia o ciudad correspondiente…

Lo mismo sucede en la práctica totalidad de los sectores de la economía española, o por lo menos en aquellos a los que mejor les va, que suelen ser los más próximos al poder, o controlados por este: Notarios (en Zaragoza sólo hay 30 plazas de notarios, pero estamos más de 2.000 abogados. Lógicamente les va muy bien…), Procuradores de los Tribunales (desaparecidos en casi todo el mundo, pero que en España ya casi son funcionarios públicos), Estancos, Administraciones de Loterías y Gasolineras (que en la época de Franco se adjudicaban a las viudas de los militares y altos cargos, hasta que llegó Felipe González con las rebajas, y empezó a dárselas a los suyos), el gremio del automóvil, que es una gigantesca máquina de ordeñar a los ciudadanos, con sus ITV’s, que todos sabemos que sirven para bien poco, el permiso de conducir, que cuesta más que un curso en la universidad, el sector de las Autoescuelas, totalmente regulado y controlado, para evitar la aparición de profesores autónomos, que den clases por cuenta propia, y rebajen el coste del servicio, como sucede en otros países de nuestro entorno, etc.

Hace años la Unión Europea presionó a España para que la afiliación a los colegios profesionales obligatorios no exigiera el pago de una elevadísima cuota de entrada (creo que hay colegios de administradores de fincas que exigen más de 6.000 euros, simplemente por colegiarse), y que las cuotas de afiliación no pasaran de 250 euros anuales. Pues bien, todos los colegios se posicionaron en contra, y de la proyectada reforma de la ley de servicios y colegios profesionales, no hemos vuelto a saber nada. Y así ad nauseam…

Mientras tanto la economía va de mal en peor, el paro ha vuelto a crecer ¡hasta en el mes de agosto!, y la tan ansiada recuperación es sólo una promesa electoral, falsa como todos los programas políticos.

18 parlamentos legislando a todo tren (y no hablo del senado, que todos sabemos es un refugio de políticos jubilados y delincuentes políticos), estableciendo leyes distintas, cuando no contrarias, con lo cual muchas veces ni siquiera los juristas sabemos cual es la normativa realmente aplicable a un determinado producto, bien o servicio… Por no hablar, que también, de la absoluta ineficacia de la hidrocéfala maquinaria administrativa, tal vez por eso mismo, pues al ser tan grande y compleja, es casi imposible coordinarla bien, organizarla correctamente, etc.

En fin, para que seguir. El desánimo cunde en la población, y no hay más que hablar con pequeños y medianos empresarios, para comprobarlo.

Hoy por hoy los únicos que están relativamente bien son los funcionarios con salarios elevados, y los jubilados con buenas pensiones. Los demás a malvivir, y poco más.

Ramiro GRAU MORANCHO,
Abogado, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Los ERE, el gran proceso contra el fraude del PSOE andaluz

EDITORIAL El Mundo 16 Septiembre 2016

El proceso judicial por el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos, por el que se juzga a toda una etapa de la administración socialista de la Junta de Andalucía, prosigue lento pero inexorable y según se acerca al final, más negro parece el futuro de sus protagonistas. Ayer conocimos las conclusiones de la Fiscalía en una de las piezas del caso -la política-, que juzga la actuación de los responsables de la Junta en relación al sistema de financiación creado para desviar fondos públicos al margen del preceptivo control presupuestario.

El fiscal es contundente en su escrito: "Los encausados, para evitar esta labor de fiscalización de la Intervención que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas, modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria: las transferencias de financiación". Un sistema por el que entre 2000 y 2010 se pusieron en manos de la Consejería de Empleo 850 millones de euros que ésta "gestionó a su libre arbitrio y sin procedimiento alguno".

Por todo ello, el fiscal se alinea con las tesis que sostenía el juez en su escrito de conclusión de la investigación. Solicita una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación para cualquier cargo público para José Antonio Griñán, consejero de Economía y después presidente de la Junta en el tiempo de las irregularidades, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Para Manuel Chaves, que presidía el Gobierno regional cuando se estableció el mecanismo fraudulento, pide 10 años de inhabilitación.

Para los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo pide ocho años de prisión para cada uno por el delito continuado de malversación, y seis a la también ex consejera Carmen Martínez Aguayo por el mismo delito. Para otros dos altos cargos de la Junta, el ex vicepresidente Gaspar Zarrías y la ex consejera Magdalena Álvarez, solicita 10 años de inhabilitación. Junto a ellos, otros 21 cargos políticos y técnicos se enfrentan también a penas de cárcel e inhabilitación. El fiscal considera que todos estos encausados deben hacer frente a una fianza solidaria de 741,5 millones de euros, la cantidad en la que calcula el perjuicio para las arcas públicas.

Se trata de un juicio, repetimos, a toda una época del PSOE andaluz, que afecta directamente a dos de las figuras socialistas más representativas de la historia reciente de esta formación. ya que Chaves y Griñán han sido también los dos últimos presidentes del partido. Aunque ya no están en primera línea de la actividad política porque la abandonaron cuando el juez consideró que tenían responsabilidades en el fraude de los ERE, es lógico pensar que la petición de estas penas por el fiscal no hace nada bien a la imagen del partido.

José Antonio Griñán es quien se enfrenta a las mayores penas. El fiscal asume las tesis del juez, que consideraba en su auto que no era posible que desconociera el sistema de ayudas fraudulento. Sobre él pesa el testimonio del ex interventor de la Junta, Manuel Gómez -también encausado y para el que el fiscal pide seis años de prisión- , quien aseguró durante la instrucción que había remitió "decenas" de informes sobre el "uso inadecuado" de esos fondos a las consejerías de Hacienda y de Empleo. En 2013, Griñán negaba a este periódico tener "responsabilidad políticas en los ERE". Jugando con las palabras, afirmaba entonces que esos falsos expedientes no fueron un "fondo de reptiles", sino "unos reptiles usando un fondo legal". El juez y el fiscal consideran unánimemente lo contrario y ahora se sentará en el banquillo con esa petición de cárcel sobre su cabeza.

Ayer, distintas voces del PSOE volvieron a salir en defensa de la "honradez personal" del ex presidente socialista. Nadie lo ha puesto en duda. Esta pieza del caso de los ERE se refiere a sus responsabilidades in vigilando en la administración de los fondos de los ERE. Griñán, -como Chaves- ya asumió sus responsabilidades políticas al dejar su escaño en el Senado y sus cargos en el PSOE; ahora tiene que afrontar las penales en el juicio oral.

En total, la Fiscalía solicita penas de prisión o de inhabilitación a veintiséis altos cargos por delitos de malversación y prevaricación por haber defraudado esos 741 millones de euros de dinero público organizando una red clientelar con ayudas oficiales. Está llegando a su fin un proceso a toda una forma de hacer política en la Junta de Andalucía que nunca debería repetirse en nuestro país.

Las dos Ritas
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 16 Septiembre 2016

Rita Barberá va a ser investigada y probablemente acusada del delito de blanqueo de capitales, concretamente de 50.000 euros blanqueados por 50 militantes del PP de Valencia, que los pusieron de su bolsillo para las elecciones y el partido les devolvió, seguramente en negro, aunque su origen está por establecer. Todos los partidos, españoles y antiespañoles, piden unánimemente la expulsión de Rita del Senado donde la pusieron las Cortes Valencianas. El PP, el PSOE, Podemos, C's y los cien mil partidos catalanistas de Valencia se unen contra Rita. Gobierno no habrá, pero hay unanimidad contra Rita Barberá.

La eterna y eficaz ex alcaldesa de Valencia fue clave, con Soria, Arenas y Camps, en la destrucción del PP de Aznar en el congreso búlgaro de 2008. De los que oficiaron el entierro de la Derecha y su sumisión a ZP y Prisa sólo queda políticamente vivo Arenas. Y Matas lo ha denunciado ante el fiscal por entregarle el sobre con las condiciones de adjudicación fraudulenta de un hospital.

Los dirigentes del PP que, con Rajoy y Soraya a la cabeza, llevan cobrando muchos años sobresueldos en negro, piden la cabeza de Rita. El PSOE, acusado ayer mismo de robar 731 millones de euros sólo en los ERE, pide la cabeza de Rita. Los catalanistas financiados durante décadas por el lladre Pujol piden la cabeza de Rita. Y Podemos, que recibió millones de dólares del narcorrégimen chavista y de quienes recordamos los 400.000 dólares ocultados al fisco por Monedero, la beca black de Errejón, los pagos en negro de Iglesias a sus empleados de La Tuerka en Ispan TV, cadena financiada por Irán, o el fraude a la Seguridad Social de Echenique, también piden la cabeza de la investigada Rita. Barberá.

Pero hay otra Rita municipal, la Maestre de Madrid, que no ha sido investigada sino condenada por asaltar una capilla con cura y feligreses dentro, a los que amenazó de muerte gritando "arderéis como en el 36". Prometió que si era condenada dimitiría. No lo ha hecho. Pero ha ascendido a su padre a un sueldo que superará los 50.000 euros por los que procesan a los 50 militantes del PP de Valencia. Si la Rita del PP fuera de Podemos como la otra Rita, o como la Carmena del marital alzamiento de bienes y el pago de piso en negro, sería Santa Rita. Detesto el "y tú más", pero, en este caso, en esta Rita, sí, muchísimo más.

Corrupción sobrevalorada
JORGE BUSTOS El Mundo 16 Septiembre 2016

Por la atención que concedemos a la corrupción se diría que la Colombia de Pablo Escobar, al lado de la España de Mariano Rajoy, era un convento jansenista. No es que eso que don Mariano llama "ruido" o "martilleo" carezca de toda gravedad, ni que por lo demás no esté siendo juzgado con tanto escrúpulo como transparencia; es que la alarma que alcanza cada hito procesal de Taula, Púnica, Gürtel o ERE no se corresponde con las proporciones reales de la lacra. Los casos en tela de juicio informan de un pasado cleptocrático, sí, pero pasado, mientras el presente político del país aplaza desafíos infinitamente más relevantes, el primero de ellos un pintoresco bloqueo decimonónico que tiene a Moscovici jurando en belga y al general Pavía revolviéndose en su tumba. El hecho es que la corrupción está sobrevalorada y creo saber por qué.

A los medios nos gusta una buena hoguera lo que a un tonto una tiza. Sin el queroseno del corrupto diario me dirá usted cómo alimentamos la tertulia con un mínimo de audiencia. El negocio es redondo: el periodista cumple su orgullosa función de contrapoder y el público ve masajeado el órgano de su indignación, que en el español siempre está empinado. A ti, noble ciudadano, te arde la hemoglobina democrática cuando ves a Rita o a Chaves en el cepo catódico, pero eso no va a convencerte de que dejes de pedir 200.000 euros en A y 100.000 en B al próximo interesado que llame preguntando por ese piso remozado que has puesto a la venta en Idealista. Y luego que si políticos chorizos. Por el camino, se ha hundido el prestigio de la democracia representativa. Personalmente, cuando me sirven en la mesa de debate una paella de pícaros valencianos o un gazpacho de malversadores andaluces me atrapa un silencio angustioso. No se me ocurre qué añadir al proceso judicial del que toque opinar, más allá de pedir muchas dimisiones. Será porque nunca sentí la llamada del periodismo de investigación.

Aparte de medios y contribuyentes, la corrupción está sobrevalorada por culpa de los políticos, claro. No de los políticos corruptos, que valoran muy bien lo que hacen, sino de los limpios, que encuentran en la corrupción el pretexto para no hacer su trabajo. Que consiste básicamente en pactar cosas. Desde que los ventiladores de mierda funcionan a pleno rendimiento, a nuestros representantes les domina un complejo de pureza de sangre que cronifica la parálisis institucional. Cobran por tirarse imputados a la cabeza desde la bartola de un iPad, como si la corrupción no fuera un problema muy menor comparado con la recuperación económica, el plan secesionista catalán o la reforma educativa. Fue la corrupción de la Iglesia la que engendró el cisma luterano, y fue la corrupción del bipartidismo la que originó y sostiene el multipartidismo, pero el poder temporal debería ser lo contrario del dogmático. La corrupción, mucha o poca, jamás puede servir para estigmatizar a un partido democrático, ni para justificar un veto perezoso, puritano y sectario. Convergencia no es repugnante porque tenga sus sedes embargadas, sino porque ahora aspira a embargar la soberanía de los demás. Pero quizá se dan a la guerra de autos porque no saben cruzarse ideas. Se ponen o quitan medallas regeneradoras, pero ese vil metal luce para un telediario, no para una generación.

Judicializamos la política porque el Derecho es el refugio de los líderes sin discurso. Sólo las marujas y los dementes se obsesionan con la limpieza.

El uso político de la corrupción por los socialistas lastra una lucha de todos
Editorial La Razon 16 Septiembre 2016

Por la cuantía del dinero público malversado –741,59 millones de euros, según las cuentas de la Fiscalía–, por el extenso periodo temporal en el que se cometieron las irregularidades, casi una década, y porque los fondos se emplearon para facilitar el cierre de empresas y la consiguiente destrucción de empleo, el fraude de los ERE de Andalucía es uno de los casos de corrupción política y administrativa más graves de la reciente historia de España. Ayer, el fiscal presentó su escrito de acusaciones en el que pide penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación a 26 altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que destacan, por haber presidido el Gobierno autónomo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Para este último, la Fiscalía solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación y para el primero, 10 años de inhabilitación.

Se trata de un paso más en el largo proceso judicial promovido por la juez Mercedes Alaya en 2011, que le salta al PSOE en un momento muy delicado, cuando su secretario general, Pedro Sánchez, arrogado en el papel de justiciero contra el Partido Popular, se juega parte de su escaso caudal político en las elecciones del País Vasco y Galicia. Pero, como hemos señalado en otros casos judiciales, los tiempos de la Justicia no tienen por qué coincidir con los de la política y toca a todos mantener el más firme respeto a la independencia judicial. Si el lunes le estalló el «caso Barberá» al PP, sin que desde el PSOE se hiciera el más mínimo reproche a la posible intromisión electoral del magistrado de turno, hubiera sido coherente que, ayer, los portavoces socialistas se hubieran mantenido en la misma línea, sin esparcir sospechas infundadas sobre las intenciones de la Fiscalía andaluza.

Probablemente, en esta doble vara de medir, que afecta por igual a todos los representantes políticos, siempre prestos a utilizar electoralmente las conductas que afectan a los otros, sin importar la entidad de las acusaciones, su origen o la simple cronología, se encuentre uno de los mayores obstáculos para una lucha eficaz contra la corrupción pública en España y, de paso, para recuperar el buen nombre de la acción política en la estimación de los ciudadanos. Ni España es un país especialmente corrupto ni es cierto que desde las distintas instancias administrativas no se esté luchando contra esa lacra. De hecho, si hoy es más difícil que los delincuentes actúen se debe al endurecimiento legislativo, a la exigencia normativa de la transparencia en la gestión del dinero público y, sobre todo, a la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, todas ellas medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Incluso pudiera darse el caso, en virtud de la llamada «ley del péndulo», tan presente en la vida política, de que un exceso en el principio de precaución acabe por dificultar la normal gestión diaria de las administraciones. Es preciso un cambio de actitud en la lucha partidaria que abandone la doble moral en estos asuntos y, sobre todo, que no levante tormentas mediáticas que acaban en procesos paralelos y que, en la época de internet y los buscadores de archivo, pueden causar daños irreversibles al honor de las personas. Frente al «y tú mas», que no lleva a ningún sitio y sólo contribuye a desmerecer el prestigio de la política, hace falta un gran acuerdo contra la corrupción. Uno más de los que ha rechazado por razones de interés propio el secretario general de los socialistas

Entre Rita y Griñán, perdimos a don Beltrán
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 16 Septiembre 2016

La situación política española es calamitosa desde hace más de una década, como lo ha venido poniendo de manifiesto el continuo descenso del aprecio hacia los dos grandes partidos, un fenómeno que, aunque nunca presagió nada bueno, está llegando a extremos realmente catastróficos. Que se apueste cada vez más sólidamente por una tercera convocatoria de elecciones generales da una idea del monto del desastre, entre otras cosas porque nada asegura que no acaben siendo la excusa para las cuartas.

Nunca ha sido tan ancha la separación entre los españoles corrientes y la política, pero, lo que pudiera ser el sueño de un tecnócrata, está más cerca que nunca de ser una pesadilla liberal, la consumación de un despotismo de nuevo cuño, cuya única ventaja empieza a ser que muchos españoles se den cuenta que es mucho mejor estar sin Gobierno que con un Gobierno malo, como ha venido siendo lo usual. Por si fuera poca desgracia, los partidos que se han aparecido con el mantra de la nueva política se están revelando como un atajo de incompetentes, contradictorios, complacientes, en unos enredadores tan utópicos como irrelevantes y escasamente fiables.

Una agonía sin sentido
Los políticos no cesan de asombrarnos con su capacidad para ocupar a los Tribunales, y eso que los tienen mucho más cogidos por sus partes de lo que convendría, pero esta historia de la corrupción incesante, puede hacer que perdamos de vista que la política debiera consistir en algo más que defender una sospechosa presunción de inocencia con el auxilio de los privilegios procesales. Así entre Barberás y Griñanes nos olvidamos de que los que supuestamente están limpios no parecen saber cómo se hace la “o” con un canuto, no saben cumplir con su obligación de formar un Gobierno que responda a lo que los españoles han dispuesto.

Ahora mismo se empeñan en culpar al otro de las terceras elecciones sin haber hecho ni el menor intento de buscar una solución factible, simulando esperar que los comicios gallegos o vascos les den una clave para resolver el maldito embrollo, lo que es como esperar que nos toque el gordo la semana que viene para ver si conseguimos evitar que el Banco nos monte un ejecutivo en toda regla. Nunca el aprecio del Parlamento por sí mismo había caído tan bajo, pero luego se extrañan de que un buen número de exaltados catalanes se quieran convertir en soberanos, tomar por su cuenta lo que ahora les concedemos a los de Porriño o Zumárraga, que decidan por todos nosotros.

Dos por el precio de uno
Como en el viejo romancero, “con la grande polvareda perdimos a don Beltrán”, los diputados pueden olvidarse de sus obligaciones con nosotros porque no tienen otro señor que servir que el que pueda ponerles de nuevo en lista. En este punto es especialmente notable el empeño del PP, reducido a ser una especie de partido unipersonal, en sostener que sin Rajoy no hay salida, que la democracia pasa necesariamente por don Mariano. Esto es lo que Rajoy llama “lo básico”, y ya les ha advertido a los silentes diputados que la cosa va para largo, que es un problema de medio plazo, se ve que un año de Gobierno en funciones le parece una fruslería.

En el PSOE, al menos, parece existir una cierta división de opiniones, porque se dice abundan los que esperan que la ocasión sirva para quitarse de en medio a un Secretario General que juega con fuego cada vez que le hacen señas para que obedezca, que amenaza con preguntar a los militantes si ellos quieren darle una prórroga al gallego paseante. Felipe González lo dijo con bastante claridad, y eso que que no pinta nada, “dos por el precio de uno”. De esta forma, al paso que se asienta la idea de apoyar un Gobierno con el PP, pero sin Rajoy, se insinúa la intención de meter a Sánchez en el paquete. No es fácil adivinar lo que dará de sí la propuesta, pero no parece difícil apostar porque supondrá una complicación innecesaria en un plan cuyo fondo es muy razonable, mostrar que las terceras elecciones pueden evitarse si Rajoy acaba de comprender que ha perdido la mayoría absoluta y que hacerse el imprescindible puede ser el camino más directo a su particular Little Bighorn. La resistencia puede ser síntoma de fortaleza, pero también de una nada extraña demencia política.

El PP, mientras tanto, está pendiente de la lucecita de El Pardo, perdón de Moncloa, pero hay quienes empiezan a tener dudas sobre quién se ocupa de esa diminuta luminaria, crece la división al respecto, y la inquietud por estar en buena situación si, finalmente, la cosa no termina como parecía.

Semántica contra la corrupción
Dicen los periódicos que la corrupción no ayuda al PP, son unos desagradecidos, con lo que se ha hecho por ellos. Uno de los méritos indiscutibles de Rajoy es haber arracimado unos apoyos mediáticos tan dignos de envidia como de asombro. El día que alguien estudie sin demasiados prejuicios el arsenal de argumentos empleados para vitaminar las opciones de Rajoy habrá un asombro general. Que periódicos supuestamente al servicio de causas de altura hayan caído en extremos de sectarismo tan ridículos no es fácil de explicar sin tener en cuenta los poderosos recursos de la retórica desplegada por los gabinetes que defienden la causa rajoyana.

En virtud de su habilidad semántica, la corrupción se ha convertido en un asunto especulativo. Han llegado a decir, es literal, que el bloqueo, otro de los términos fetiche que es un hallazgo inmortal de estos equipos, también es una forma de corrupción. Dicen que nadie ha hecho más contra la corrupción, y, en efecto, han conseguido diluirla, confundirlo todo al respecto, con la inapreciable ayuda de Ciudadanos convertido en una especie de sexador de pollos corruptos.

Si siguen por esa vía, la corrupción podría convertirse en un mandato constitucional: el artículo 6 de la de Cádiz decía que “El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos”, y se podría dar un paso más generalizando los beneficios del estado social, por ejemplo a la manera andaluza, “los españoles han de ser … justos, benéficos, cultos y corruptos” (lo de “cultos” es para facilitar un poco más que el mono aguante firme la leña que se le aplica), un gran paso para que nadie se vea privado de los beneficios inherentes al aumento sistemático y continuado de la deuda pública…, naturalmente que mientras se reduce el déficit, eso dice Rajoy.

El maquinista de Renfe
Hace unos días un maquinista de Renfe abandonó el tren que conducía alegando mandato legal para no exceder en horas su jornada laboral y preocupación por la seguridad de los viajeros; por extraño e insolidario que parezca, su conducta ha sido racional y valiente, conforme a la ley, es decir inusual. No creo que haya muchos maquinistas de Renfe en el Congreso, pero bastaría que menos de una docena de diputados repasaran sus obligaciones constitucionales para que no tengamos que mezclar las papeletas con el hartazgo y el mazapán. Es cierto que el maquinista Rajoy debiera comprender que se le ha pasado el arroz, que la democracia consiste en derrocar pacíficamente a los Gobiernos y que el suyo ha sido ampliamente descartado conforme a la voluntad expresada por los españoles y la normativa vigente, pero si esa evidencia no le viene a la cabeza, se lo podría recordar cualquier buen compañero de escaño, porque es la seguridad de todos lo que está en juego contra su empeño de estirar la legitimidad de su mandato mucho más de lo que soporta el reglamento.

Lo malo de Rajoy tal vez sean las compañías. En una memorable escena de The Searchers, el capitán y Reverendo Samuel Johnstone Clayton (un extraordinario Ward Bond) trata de consolar a la hermana de Ethan Edwards tras la frustrada ceremonia matrimonial que el reverendo había sido llamado a presidir y le dice: “enhorabuena, ha sido una magnífica celebración, … aunque no haya habido boda”. Tras su fracaso en la investidura, seguro que han sido muchos los que se le han acercado para expresarle al alicaído presidente algo parecido, pero al reverendo capitán ni se le pasó por la cabeza recomendar una segunda intentona, porque siempre que las bodas fracasan es por algo.

El caso ERE y la nación
El caso ERE es consecuencia de una organización, de una tela de araña a la que se conoce en Andalucía como "el régimen".
Pedro de Tena Libertad Digital 16 Septiembre 2016

Récord absoluto en estas olimpiadas de la corrupción que vive España, salvo que el caso Pujol nos desmienta, que es posible, el caso ERE es la cima de esta escalada que comenzó con la toma del poder de las estructuras y dineros del Estado por los partidos políticos desarrollando a su manera los preceptos constitucionales.

El caso ERE sobresale muy por encima del caso Malaya. Desde su altura, ni siquiera se avistan casos como el conocido como Gürtel, e incluso el caso de los sobresueldos y Bárcenas. Lo de Rita Barberá y el PP de Valencia, en caso de confirmarse los indicios que han terminado en imputaciones, es una migaja de 50.000 euros a repartir entre 50. Cierto que las comparaciones son odiosas y que nuestro "y tú más" político no tiene sentido moral, pero, como la dialéctica marxista recoge en una de sus leyes que lo cuantitativo tiene consecuencias cualitativas, pues eso.

El caso ERE es el campeón por tres razones. Primero, por el montante. Más de 800 millones de euros irregularmente utilizados y algunos de ellos, perdidos, muchísimo más dinero que todos los casos de todos los demás partidos juntos (con la excepción presunta de la familia Pujol como se ha dicho).

Segundo por la calidad del dinero, público en su integridad en este caso. En otros casos mencionados el dinero en litigio era dinero privado o propio del partido, se blanqueara, se sobresueldeara o lo que fuera. En el caso ERE, ha sido el dinero de todos los españoles el que se ha malversado, aun presuntamente, para contribuir a la estructura de poder de un partido, beneficiando a los partidarios y perjudicando a todos los demás.

Por último, el caso ERE es consecuencia de una organización, de una trama de una tela de araña a la que se conoce en Andalucía como "el régimen", una estructura de dominio que comenzó en 1982 cuando, ganadas legítimamente las elecciones democráticas en España y Andalucía, el PSOE aplicó su vieja creencia de que la democracia constitucional era un instrumento formal que había que utilizar para beneficio de la causa, esto es, de la organización del partido.

Un régimen que se ha fraguado de las Cajas de Ahorro a la administración autonómica y municipal (de 1982 a 1990 no hubo más que una discutible oposición para entrar en la Junta ni existió control de las cuentas públicas); de Canal Sur a la educación (la inspección "socialista" es temida como a una KGB); de la sanidad (la estructura gerencial casi al completo está penetrada por el PSOE) al control absoluto de las empresas públicas y su "administración paralela"; o la arbitrariedad más injusta en cuanto a subvenciones y publicidad institucional, etc…

Por ello, el juicio que comenzará probablemente los primeros meses de 2017, será el procesamiento del régimen instaurado por el PSOE en el Sur desde hace 34 años, régimen que ha impedido porque ese era su fin, la alternancia democrática, considerada como se sabe, la regla de oro de toda democracia. Esto es, sustancialmente, el régimen que Ciudadanos ha apoyado sin apenas exigencias.

Aun siendo como es, meramente, el enjuiciamiento de uno de los hilos de esta gigantesca tela de araña y de un subcaso, la trama política, dentro de la pieza judicial de los ERE, estamos ante el imponente numero de 276 imputados, entre ellos y en este momento, dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; seis ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguado, Gaspar Zarrias y Magdalena Álvarez y el resto hasta 26, entre viceconsejeros, directores generales y directivos de empresas públicas.

Ni que decir tiene que estamos ante un caso histórico porque, y se olvida demasiado, entre los procesados hay dos presidentes nacionales del PSOE, Chaves y Griñán, pero asimismo hay un ex vicepresidente del gobierno de España (Chaves) y tres ex ministros(el propio Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez). La verdad es que Mariano Rajoy ni siquiera está imputado.

La Fiscalía ha debido asumir lo que inicialmente fue la tesis de una juez, Mercedes Alaya, y acusar de malversación a 18 ex altos cargos ampliando hasta 26 la acusación de prevaricación. Todos los acusados de malversación lo están asimismo de prevaricación. Por ejemplo, Griñán, Viera, Vallejo, Martínez Aguayo y Fernández. Hay ocho ex altos cargos sobre los que recae únicamente la acusación de prevaricación como, entre otros, Chaves Maleni y Zarrias.

Por penas, la fiscalía anticorrupción pide 8 años de prisión para los ex consejeros Viera, Fernández y Vallejo y 9 ex altos cargos más. Sobre Griñán y 5 más cae la petición de 6 años de cárcel. Para todos ellos, se piden 20 años de inhabilitación. Para Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, entre otros, el fiscal solicita 10 años de inhabilitación.

Entre todos los acusados de malversación deberían devolver solidariamente, y da la risa, 742, 3 millones. Por destacar un caso, Griñán, individualmente, por los presuntos delitos cometidos desde 2005 a 2010, debe devolver alrededor de 43 millones de euros, aunque podría ser una cantidad menor a tenor de lo que haya recuperado la Junta de los fraudes comprobados.

Con esto no se acaba el horizonte judicial del PSOE andaluz que se cierne como una bicha sobre las próximas elecciones de diciembre si llegan a celebrarse. Se calcula, procesos en mano, que hay más de 600 investigados en diversos frentes y se sospecha del destino de más de 4.300 millones de euros.

En el caso del fraude de la formación -del que se ha anunciado desde el juzgado que rige la sustituta de la juez Alaya, María Núñez Bolaños, que iba a ser archivado contra el criterio de su antecesora -, hay 18 procedimientos abiertos con 3.000 millones en el aire sin justificar y sin saberse a dónde han ido y cómo se han usado. En el caso, hay otros cuatro ex consejeros de la Junta imputados: Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, todos ellos consejeros de Empleo entre 2004 y 2013. Falta el cuarto, el ex consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, quien obtuvo de la Junta más de 50 millone.

En el caso Invercaria, hay 30 imputados de la empresa pública de la Junta y un dinero indeterminado malversado y, casi siempre, perdido. Sólo en el subcaso Jeremie-Invercaria, se ciernen irregularidades sobre el uso de 185 millones. En el caso Avales, hay 65 millones en juego y el ex consejero Martín Soler y varios ex altos cargos de la Junta investigados.

Otros casos son el caso Marismas, donde se pagaron 40 millones de euros por obras no ejecutadas en su totalidad y falsamente certificadas donde hay imputados seis ex altos cargos de la Consejería de Agricultura y varios empresarios y regantes.

Facturas falsas
En el caso Facturas Falsas de UGT, del que Libertad Digital informó en exclusiva rigurosa, hay dos ex secretarios generales de la UGT-Andalucía investigados y un ex alcalde de Sevilla, el socialista Manuel del Valle, implicado. En el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, que controlaban la formación y los empleos en amplias zonas, especialmente rurales, hay 7 ex altos cargos de la Junta y el exconsejero Antonio Ávila investigados. Y en el caso Bahía Competitiva, de Cádiz, 21 millones volatilizados y ex altos cargos de la Junta y familiares del famoso clan de Alcalá del PSOE gaditano, implicados.

Este panorama extingue definitivamente el discurso de la indecencia del adversario, utilizado especialmente por Pedro Sánchez, también aunque más moderadamente por Susana Díaz y el PSOE y por el PP, entre otros, y obliga a todos ellos a proponerse una refundación nacional donde la ética de la convicción, no sólo la de la responsabilidad, tenga cabida.

Si levantamos la vista y observamos el panorama nacional, con varios partidos implicados en sucesivos casos de corrupción y escándalos, desde el PP a la ex Convergencia de Pujol pasando por Podemos, cuyo crecimiento deriva de este clima, puede coincidirse en que España, si quiere seguir siendo una nación que merezca la pena, debe aprovechar los grandes logros de su imperfecta democracia y corregir un rumbo errado y errante que cultiva la exasperación y el pesimismo de sus ciudadanos. Es toda España la que necesita una refundación democrática desde la justicia a la educación, desde la empresa a la administración pública, porque la corrupción no es privativa de los políticos.

Para conseguirlo, lo primero es que algunos políticos piensen seriamente en retirarse por el bien de la nación. Me refiero a Pedro Sánchez y a Susana Díaz – es la representante y heredera del tinglado andaluz -, y, también y cómo no, a Mariano Rajoy. Podría seguir y seguir, pero creo que se entiende.

PP y PSOE, ‘empate técnico’ en corrupción
Pablo Sebastián Republica.com 16 Septiembre 2016

El fiscal anticorrupción que actúa en el caso de los ERE de Andalucía pide en su escrito de acusación seis años de cárcel para José Antonio Griñán y diez años de inhabilitación para Manuel Chaves, ambos expresidentes de Andalucía y expresidentes nacionales del PSOE. Y los dos están afectados por casos relativos a la malversación y fraude de una ingente cantidad de fondos públicos destinados a paliar los efectos del paro, lo que constituye un agravante político y moral que afecta al Partido Socialista.

Que la acusación del fiscal se haya hecho pública en estos días en los que la corrupción del PP campa por sus respetos puede considerarse, y así lo subrayan en el PSOE, una ‘coincidencia intencionada’. Pero tarde o temprano, y en todo caso antes del 15 de octubre, el fiscal tenía que presentar su escrito de manera que estamos ante una variante de dos o tres semanas que resta importancia a este preciso momento procesal.

Nos consta que ni Griñán, ni Chaves ni el PSOE se han enriquecido en este fraude de fondos públicos, aunque sí lo hicieron altos cargos de la Junta afiliados al PSOE y a la UGT. Pero Chaves y Griñán tienen clara y grave responsabilidad política (especialmente Griñán por no haber atendido las reiteradas advertencias de la Intervención del Estado) y una presunta responsabilidad penal que se va a dilucidar en el juicio.

Al fondo de todo ello aparece por enésima vez el grave problema de la corrupción política en España. Y dada la gravedad de todos los casos que afectan al PSOE y al PP -y no digamos a CiU y los Puyol- podemos decir que nadie está en condiciones en estos dos partidos de lanzar una piedra sobre el contrario porque estamos asistiendo a un lamentable y deleznable ‘empate técnico’ en la corrupción.

Y esto ocurre mientras España sigue sin Gobierno y cuando PP y PSOE no encuentran el camino del diálogo y de un pacto político. E incluso cuando nos encaminamos hacia unas terceras elecciones generales en las que nadie del PSOE o del PP podrá acusar a sus adversarios sin que el otro les reproche sus respectivos casos de corrupción.

Es cierto que en las últimas horas y días Mariano Rajoy estaba inmerso en el ojo del huracán por el gratuito escándalo de Soria y del Banco Mundial y más recientemente por la investigación de Barberá por el Tribunal Supremo y por su baja en el PP para esconderse en el grupo mixto del Senado -cosa que no hicieron Chaves ni Griñán- de acuerdo con lo que ella ha pactado con Rajoy a través de Cospedal, para evitar la ruptura del pacto de regeneración que el PP firmó con C’S.

Pero en este momento la entrada en la pista central del circo político español de Chaves y Griñán, aunque sea por asuntos que ocurrieron en tiempos muy anteriores al liderazgo de Pedro Sánchez, ha dirigido las miradas de la opinión pública y la publicada sobre la máxima dirección del PSOE.

De manera que Chaves, Griñán, Soria y Barberá (y Rato y compañía que están a punto de sentarse en el banquillo de Bankia) han empatado el partido de la corrupción, lo que electoralmente solo puede beneficiar a los partidos emergentes de Podemos (donde si tienen buena memoria como se vio cuando Pablo Iglesias desempolvó los GAL) y C’S. Empate que a lo mejor los conforta a los dos pero que al conjunto de españoles les provoca un profundo hastío y malestar ante el continuo espectáculo de una clase política degradada y de baja calidad que para colmo no es capaz de hablar entre si y de pactar en la defensa del interés nacional.

No pienses que va a haber nuevas elecciones
José Manuel Yáñez Libertad Digitalde 16 Septiembre 2016

Y es obvio que ya está usted pensando que es irremediable que tengamos que meter de nuevo la papeleta. Es curioso cómo toda la dirigencia política repite sin cesar que no quieren una nueva cita con las urnas, que no, ¡por Dios,! que no nos van a volver a hacer pasar por ese trago porque ya nos hemos expresado con claridad. Mentira. No han entendido absolutamente nada y disfrazan su indigencia intelectual y moral con apelaciones vanas a la incapacidad del otro, para tapar su escasa estatura política, su egocentrismo patológico y su dudosa capacidad para sobrevivir profesionalmente fuera de la cosa pública.

Para pasarnos la mano por la espalda, afirman con desparpajo que la sociedad está dando una lección de prudencia, mesura y templanza. Que los españoles somos muy sensatos y clarividentes. Se lo pasan por el forro, porque en el fondo saben de sobra que somos una sociedad pastoreada y que, ante las continuas afrentas a las que nos someten, miramos casi siempre para otro lado. Vamos como borreguitos a votar cuando nos citan, perdonamos la corrupción atroz que nos asuela a izquierda y derecha, el nepotismo y las tomaduras de pelo desde los poderes públicos, justificadas como el gozoso imperio de la democracia, que prostituyen a diario; las damos como inevitables y descontamos todo tipo de explicaciones estúpidas a los continuos desmanes, como si realmente nos merecieramos dicho trato. Y a lo mejor nos lo merecemos, por no articular una respuesta política contundente.

Recientemente, distintos sociólogos me han alertado de la enorme ventana de oportunidad que se está abriendo en España para que pueda ver la luz, quizá con éxito a medio plazo, una fuerza política populista de derechas –ojo, no confundir con la extrema derecha de camisa azul– que empiece a cantar las verdades del barquero.

Una voz que empiece a escupir el hartazgo con los recortes sociales mientras que la inflación de instancias políticas permanece casi intacta. Que diga que ya está bien del abuso de las ayudas sociales por parte de inmigrantes que supuestamente las necesitan, como me explicaban crispados el otro día habitantes de la localidad madrileña de Parla. Una fuerza política que empiece a capitalizar el descontento y hastío que se percibe en la calle y que tan pronto te diga que no es sostenible por más tiempo la existencia de tantos Estados dentro del Estado como te cante las cuarenta con la actitud en exceso rigorista de la Unión Europea y el coste que nos supone Bruselas y su escandalosa nómina de funcionarios. Por no hablar de la tentación de machacar al euro como responsable, en parte, de nuestro empobrecimiento individual desde su entrada en vigor.

En definitiva, una fuerza política que no sea casposa en apariencia y que capitalice todo aquello que no se dice en las tertulias políticas por aquello de la corrección política, pero que está en las tertulias informales del común.

Cuando ya han demostrado que los españoles les importamos absolutamente nada y que su puesta en escena, salvo honrosas y minoritarias excepciones, evidencia una enorme tomadura de pelo, no se extrañe usted si aquí aparece lo mismo que ha germinado con fuerza en otros países europeos, de los que también se decía que eran el paradigma de la mesura.

Que sigan tocando las narices, pero usted no piense en unas nuevas elecciones y tampoco en esa posibilidad que mis amigos sociólogos me cuentan. Veremos.

Aforados
Emilio Campmany Libertad Digital 16 Septiembre 2016

Cada vez que un aforado se enfrenta a la Justicia se oyen argumentos que defienden la institución diciendo que constituye más un perjuicio que una ventaja. Técnicamente, lo es. El aforado tiene que conformarse con una sola instancia. De manera que, emitido un único y último fallo, no hay posibilidad de recurso. En cambio, el resto de los españoles, si no están contento con lo resuelto, pueden recurrir. De modo que la gente de a pie somos unos privilegiados y los aforados, unos pringados.

No entiendo cómo nadie puede defender este argumento con seriedad. Es como pretender que es más afortunado quien no tiene dinero que el que lo tiene porque éste ha de dedicar tiempo y esfuerzo a invertirlo, guardarlo, conservarlo y, en el mejor de los casos, gastarlo. En cambio, quien no lo tiene disfruta de mucho más tiempo libre al no tener que ocuparse de cosas tan prosaicas.

Para empezar, el aforado que quiera más instancias puede tenerlas renunciando o dimitiendo del cargo que le otorga el aforamiento. Y sin embargo casi ninguno lo hace. En segundo lugar, ser juzgado por los más altos tribunales de la nación o la región es, sobre el papel, garantía de un juicio más ecuánime porque se supone que quienes juzgan son los más preparados. Ahora bien, todos sabemos que éste no es el debate. Los aforados que tienen que responder ante la Justicia no se aferran a su aforamiento porque crean que los magistrados de un alto tribunal son más competentes. Lo hacen porque esos magistrados están donde están gracias a ellos. Ser juzgado por quien debe el cargo al justiciable constituye una indudable ventaja. Que se lo digan si no a Pepiño Blanco, cuya causa de tráfico de influencias en lo de la gasolinera fue archivada por el Tribunal Supremo echando virutas.

Y luego, además, lo de la instancia única es en la práctica mentira. Porque, en el caso de que la única instancia se equivoque y condene al aforado, siempre se puede recurrir al Constitucional, cuyos magistrados también son nombrados por los aforados. Allí hay costumbre inveterada de revocar sentencias del Supremo poco convenientes o incómodas alegando inconstitucionalidades extravagantes que sin embargo son indispensables para justificar su competencia. Esto hace que el Constitucional sea al Judicial lo que el Senado al Legislativo, un tribunal de segunda lectura donde enmendar los errores del Supremo.

Así que el problema no es si el aforamiento es o no un privilegio, que es discutible. El problema es que lo es sin duda cuando a los magistrados de los altos tribunales los nombran los aforados. No es por tanto el aforamiento lo que le quita calidad a nuestra democracia, es la ausencia de una genuina división de poderes. Así llevamos desde 1985 y, a pesar de las muchas veces que nos han prometido arreglarlo y se han ganado elecciones gracias a ello, nadie ha puesto jamás remedio. Debe de ser que son masoquistas y les pone lo de la instancia única.

La izquierda mediática tóxica: el cuarto poder en España
“Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico”. Joseph Pulitzer (1847-1911)
Miguel Massanetdiariosigloxxi.com 16 Septiembre 2016

Seguramente si, al filósofo Montesquieu (Siglos XVII y XVIII), alguien le hubiera hablado de la posibilidad de que otro poder sobrevenido le hubiera disputado la hegemonía a sus tres poderes, diferenciados e independientes, recogidos en su obra "El espíritu de las leyes", para el gobierno de una nación, con el evidente fin de evitar poderes totalitarios, absolutistas o dictatoriales, describiendo los fundamentos de la organización política liberal, es posible que hubiera desechado la idea por absurda e improbable. Es obvio que, en los tiempos de tan insigne filósofo, las comunicaciones eran lentas, los mensajes tardaban meses o años en llegar, cuando los lugares que los mensajeros estaban alejados entre sí y, muy frecuentemente, las noticias pasaban de boca a boca de modo que, en este trasvase, era muy posible que los hechos ocurridos en un lugar llegaran ya distorsionados las informaciones a sus lugares de destino. No existían, como sucede en la actualidad, procedimientos novedosos que, en fracciones de segundo, son capaces de recorrer distancias que, en aquellos tiempos se hubieran considerado como utópicas y absurdas. El filósofo de la Ilustración fue el responsable de explicar, sistematizar y ampliar el reparto de competencias que se habían establecido con anterioridad por Locke, de modo que, sin duda, su aportación a los sistemas de gobierno de aquellas épocas debió de ser no sólo novedoso sino un impacto revolucionario para aquellas gentes acostumbradas a los gobiernos absolutistas y, en la mayoría de los casos, tiránicos.

Sin embargo, los avances técnicos, el enorme recorrido que la ciencia ha cubierto en unos pocos años, los impactantes cambios que la humanidad ha experimentado, en los dos últimos siglos, en los aspectos sociales y los adelantos que han experimentado los métodos de enseñanza, su calidad, su expansión, sus tecnologías y la posibilidad de extenderse a todas las capas sociales, dejando de ser patrimonio exclusivo de las clases acomodadas; lo que ha permitido que la ciencia ampliara su expansión a un número de personas que se han incorporado a la investigación, la propagación y divulgación del saber, que se ha extendido a lugares donde, sólo hace unos años, no existía más que el atraso, la miseria y el más absoluto analfabetismo.

Quizá el sector en el que, los nuevos sistemas de comunicación, las telecomunicaciones, las técnicas de digitación, la telemática y todas las ciencias relacionadas con ellas, ha sido más beneficiado ha sido el de las comunicaciones que, en sólo unos pocos decenios, ha podido constatar que sus capacidades de expansión y la posibilidad de lograr la práctica inmediatez entre la producción de la noticia y su trasmisión a todas las partes del mundo algo que, apenas hace un siglo era completamente inimaginable. Lo que, en un principio, no representaba para la humanidad más que ventajas, mejoras, grandes posibilidades de ver regiones que, de otra manera, la mayoría de personas no hubieran tenido la oportunidad de conocer, en estos momentos, cómodamente sentados en una butaca o un sofá, en sus propias casas, pueden verlo directamente, en colores y en las mejores condiciones y sin los inconvenientes y costes correspondiente a emprender un largo viaje para poder contemplarlo al natural.

Puede que, quizá debido a la rapidez con la que el cambio ha tenido lugar, sea posible que nos hayan traído importantes inconvenientes que, en ocasiones, puedan hacernos lamentar que este tránsito no haya tenido lugar más lentamente, con tiempo para digerirlo y de tomar las medidas preventivas para evitar que, los inevitables aventureros del engaño y el mal, consigan sacar provecho de la mala utilización de aquellos adelantos que, en un principio, representan un gran beneficio para la humanidad pero que, mal utilizados o dándoles un destino distinto a aquel para el que fueron concebidos, puedan causar importantes contratiempos, desgracias y quebrantos para aquellas personas que no sepan defenderse contra la acción de los que se valen del progreso para sus fines particulares, en beneficio propio o de grupos cuya finalidad estriba en aprovecharse de la ignorancia o la inocencia de aquellas personas en las que puedan influir con sus utopías, engaños y mala fe.

Deberemos reconocer que, en nuestra nación, España, las izquierdas, los antisistema, los llamados “progresistas”, los que presumen de intelectuales, aunque solo lo sean en apariencia, los comunistas llegados de fuera, especialmente los de Podemos, de origen bolivariano, llegados desde Venezuela, los anarquistas y los de esta farándula, inconformista, protestona y siempre dispuesta a arrimarse a cualquier tipo de revolucionarios que pretenda acabar con la seguridad, el orden, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos que, lo único a lo que aspiran es a vivir sin problemas y sin que nadie les impida gozar tranquilamente de su existencia; han conseguido una ventaja notable en cuanto al control de la mayoría de los medios de comunicación, sean radios, sean periódicos, magazines, revistas o publicaciones periódicas.

La mayoría de los periodistas que hoy cortan el bacalao en los medios de comunicación de nuestro país, provienen de universidades en las que sus profesores han dado prioridad el tema político, a lo que debiera haber sido el programar una enseñanza de calidad para sus alumnos que ha cedido en favor de las huelgas de tipo político, las algaradas, las presiones, la falta de autoridad de los profesores o catedráticos, la radicalización de las aulas y la poca democracia existente en la mayoría de universidades e institutos, de tal modo que, cuando se trata de permitir que se produzcan charlas por personas que no son de izquierdas y no comparten los postulados totalitarios de los extremistas, en raras ocasiones consiguen poder celebrar estos actos sin incidentes y, en la mayoría de los casos, el orador no puede asistir a las aulas por la actitud amenazadora y violenta de estos “demócratas” de vía estrecha, que entienden la democracia como un trágala para todos aquellos que no piensen como ellos.

La derecha y el centro han perdido la batalla contra esta pandilla que llevan años siendo dueños de las aulas, que han conseguido ir ocupando los puestos claves de las universidades y que, desde ellas, intentan boicotear, por todos los medios y empleando las ventajas que les proporcionan los micrófonos, las TV, la prensa escrita y las aulas para, sea con medias verdades, engaños, mentiras, artimañas, tergiversaciones históricas y la enseñanza de lo que ocurrió en la Guerra Civil española, de una forma parcial, inexacta, espuria, tendenciosa y cuajada de olvidos esenciales como podría ser no mencionar en absoluto todo el tema de las “chekas”, aquellas cámaras terribles que, los comunistas que vinieron de la Unión Soviética, se trajeron a Madrid, Barcelona y Valencia para torturar, enloquecer y asesinar a ciudadanos cuya única culpa había sido el ser ricos, el ser católicos o el no comulgar con las doctrinas y procedimientos asesinos de los que, antes del levantamiento del 18 de Julio de 1936 habían convertido las calles de las grandes capitales de España en verdaderos dominios de los sindicatos armados de la CNT, la FAI, las milicias de las Juventudes Socialistas ( dirigidas por Carrillo) y los anarquistas, todos ellos convertidos en bandas que, por las noches, recorrían las ciudades para visitar a todos aquellos que ellos consideraban que debían ser asaltados, robados, trasladados a las checas para ser torturados y finalmente, llevados a las afueras de las ciudades para ser asesinados alevosamente, sin posibilidad alguna de defenderse ni ser sometidos a juicio alguno.

Esta prensa de hoy es la que explica la Historia según su particular forma de verla y no, precisamente, como tuvieron lugar los hechos que ellos venden con si fueran reales. Esta es la prensa que, desde que el PP (con todos sus defectos y corrupción, algo que, por cierto, parece que no les perjudica a los Socialistas),gobierna España no hacen más que atacarlo cuando ellos tienen el mayor semillero de corrupción, tanto en cantidad de afectados como en cuantía de lo defraudado en su feudo de Andalucía, que, al parecer, con la separación de la juez Alaya del caso, parece ser que su sustituta permite que las causas prescriban y las va distribuyendo entre distintos juzgados, lo que permite que, sin levantar revuelo, todo se vaya difuminando sin que ninguno de los imputados reciba el castigo que se merece ¡esta es la Justicia que reclaman los socialistas para los otros, pero no para ellos!

Hoy en día no hay juez, tribunal, político ni personaje importante de la economía, la banca, la industria o la jet, que no tiemble cuando la prensa fija su mirada en él. Veamos lo que está sucediendo cuando, de forma masiva, sin más que las acusaciones de una parte de la prensa, la inquina de un periodista en contra de un partido o de un personaje determinado, se pone bajo la picota de los artículos acusatorios de la prensa a una persona o a un grupo de ellas, acusándolas de unos delitos o acciones poco correctas, que alguien ha decidido por su cuenta que han cometido y que se sacan a la luz en el momento menos conveniente para el que recibe tal acusación o para el partido al que pertenece, por ejemplo, en víspera de unas elecciones. ¿Quién lo impide? Nadie ¿A quién perjudican? Por supuesto a los que se les acusa, sin posibilidades de defenderse, sin haber sido imputados o investigados e incluso antes de que la Justicia los cite a declarar. Lo peor es que hay personas que justifican este linchamiento moral pretendiendo alegar que, esta interferencia en la acción judicial, adelantando una sentencia que, por mucho que se esmeraran los jueces no podrían impartir, condenado o declarando inocente al imputado, tardaría cumpliendo todas las etapas procesales varios meses e incluso años, es algo políticamente justificable. ¿Dónde está, en estos casos la presunción de inocencia? En ningún lugar, porque la prensa ya ha convencido a los ciudadanos de la culpabilidad de aquel al que han decidido crucificar, antes de saber si es culpable o inocente.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como todos estos que presumen de quijotes, de vengadores o de regeneradores de la política, son capaces de incurrir en los más repugnantes, sucios, y vergonzosos métodos para juzgar, muchas veces sin algo más que indicios o suposiciones, a personas que, por el mero hecho de aparecer acusadas en la prensa o la TV, ya se convierten en carne de horca para los ciudadanos que se creen, a pies juntillas, a estos vudús mediáticos. ¡Dios nos libre de semejante gentuza!

NUMEROSAS CRÍTICAS AL PLAN DE HOLLANDE
Una ‘guerra civil’ en Francia gracias al plan de refugiados
Los repetidos incidentes en campos de refugiados han alertado a la opinión pública, que teme que estos episodios se propaguen por todo el país gracias a las medidas puestas sobre la mesa por las autoridades francesas.
Arturo García  www.gaceta.es 16 Septiembre 2016

A Bernard Cazenauve se le acumulan los problemas y no son precisamente fáciles de solucionar. El ministro del Interior tiene que hacer frente al cierre del campamento de refugiados de Calais, la apertura de dos nuevos centros en París y el realojo de miles de migrantes por todo el país. Todo eso con los innumerables incidentes violentos en diferentes zonas de Francia provocados por los recién llegados.

El plan puesto sobre la mesa por parte de Cazenauve tiene varias lagunas que la oposición no ha tardado en denunciar. La idea pasa por crear “estaciones migratorias” en todo el país con el fin de alojar a los recién salidos de Calais. Una decisión que ha sido censurada por el resto de la opinión pública, que considera que “no es una buena idea” repartir los incidentes y que “se podría generar una guerra civil”.

Las estimaciones del gobierno socialista cifran en 12.000 las plazas que se necesitan hasta final de año. En un principio, el Ministerio del Interior pensaba que la cantidad de migrantes sería mucho menor, pero la mayor parte de ellos permanecen en Calais sin documentación y control alguno.

Se desconoce por el momento si el gobierno francés tiene previsto desactivar los controles policiales en estos centros, tal y como ha anunciado que ocurrirá en los de París. Ajenos completamente a los repetidos incidentes en estas instalaciones, por la difícil convivencia entre personas de diversas procedencias, las autoridades creen que “no se pueden crear cárceles de personas que no han cometido delitos”.

Junto con París, la isla mediterránea de Córcega, donde el porcentaje de población extranjera es más elevado, también es uno de los lugares que acogerán mayor número de migrantes. Ante las críticas recibidas, desde Interior han prometido una consulta que, en víspera de las elecciones presidenciales, puede convertirse en una votación plebiscitaria.

Desde el Frente Nacional, Marine Le Pen ha denunciado que se trata de un plan de alojamiento “descontrolado y desaconsejable”. La líder de la formación identitaria, que actualmente encabeza todas las encuestas, viene denunciando desde hace tiempo la “irresponsabilidad” de las autoridades francesas desde el comienzo de la crisis de refugiados y la “lealtad a las políticas suicidas de Merkel”.

Por su parte, Nicolas Sarkozy, que ha comenzado la campaña a las primarias de su partido asumiendo el programa electoral del Frente Nacional, ha pedido mayor “dureza” y ha tachado las intenciones de los socialistas de un “escándalo de estado”.

La inmigración y el terrorismo se han convertido en las principales preocupaciones de los franceses durante el último año y medio. La incapacidad de François Hollande y la UE para dirigir la crisis de refugiados y los ataques organizados en las principales ciudades por parte de los recién llegados han disparado las alarmas. La ‘guerra del Burkini’, que comenzó precisamente en Córcega, es un claro reflejo de la situación actual.
‘Su plan es multiplicar los problemas’

En este sentido, Sarkozy ha acusado al gobierno socialista de que su nuevo plan creará “cientos de Calais por todo el país” y permitirá “crear las condiciones necesarias para romper la unidad nacional y desencadenar una guerra civil”. Los Republicanos han propuesto la creación de un centro de acogida en Gran Bretaña para hacer frente a las miles de solicitudes de asilo.

“Debemos recuperar el control de las nacional y terminar con las prestaciones para los extranjeros que no tienen trabajo ni casa en Francia”, han remarcado, en un discurso "copiado" del Frente Nacional. Las presidenciales se celebrarán en abril de 2016 y los augurios no son buenos para la derecha tradicional francesa, por lo que la deriva en su política exterior parece tener ciertos tintes electoralistas.
Más refugiados detenidos por terrorismo

Los hechos están ahí y pueden ser probados. Las políticas migratorias de Merkel han resultado un tremendo fracaso y han supuesto la llegada de cientos de terroristas infiltrados en el flujo de verdaderos refugiados. Este martes, la Fiscalía alemana puso fin a una investigación de cuatros meses con la detención de tres hombres de origen sirio, solicitantes de asilo en Alemania, que habían llegado a Europa por pedido del Estado Islámico.

Su objetivo era matar al mayor número de “occidentales infieles” y sembrar el terror en las principales ciudades. Contaban con una célula lista para atentar, tras llegar al país gracias a la fragilidad del espacio Schengen con pasaportes proporcionados por terroristas, que también les dieron dinero y teléfonos móviles con programas de comunicación preinstalados.

En septiembre de 2015, cuando la trágica foto del pequeño Aylan ahogado en una playa turca había copado todas las portadas internacionales, Merkel, al grito de Welcome Refugees, animó a cientos de sirios, afganos, eritreos, nigerianos y un largo etcétera a embarcarse en una insegura aventura para alcanzar una tierra que estaba muy lejos de ser la prometida. Fue el comienzo de unos meses de descontrol e inseguridad para los ciudadanos occidentales y los verdaderos refugiados.

Ante la incapacidad de las élites de Bruselas para gestionar la deriva de la UE, el discurso de Martin Schulz es una buena prueba de ello, los ciudadanos comienzan a dirigir su mirada a partidos hasta ahora minoritarios. Es el caso del FPÖ en Austria, que espera la convocatoria de nuevas elecciones tras las sospechas de pucherazo, de Alternativa por Alemania, que ya supera en votos al partido de la canciller, la CDU, en su propio feudo, o del Frente Nacional de Marine Le Pen.

La mordida financiera de Rajoy: 720 euros de intereses por español
El presidente de la 'austeridad' y de los 'recortes' bate en 100.000 millones de euros el endeudamiento del manirroto Zapatero
El Confidencial 16 Septiembre 2016

La deuda pública española superó a mediados de año la cifra de 1,1 billones de euros: el equivalente al 100,5% del PIB español. Durante la segunda legislatura de Zapatero, esta cifra se incrementó en 360.000 millones de euros; desde que Rajoy llegó a La Moncloa, lo ha hecho ya en casi 460.000 millones (de todos ellos, por cierto, solo 51.500 millones serían imputables al canallesco rescate de las cajas). El presidente de la 'austeridad' y de los 'recortes' bate, pues, en 100.000 millones de euros el endeudamiento del manirroto Zapatero. De hecho, Rajoy ha emitido una media de 8.500 millones de euros de deuda al mes: el equivalente a un Plan E (cuyo coste total ascendió a 12.000 millones de euros) cada 45 días.

Algunos economistas consideran que no hay motivo de preocupación por este estallido de los pasivos estatales: la deuda pública, dicen, jamás se paga, solo se refinancia. Y es verdad que los estados desarrollados no suelen destinar porción alguna de sus ingresos no financieros a amortizar su deuda pública (el único presidente que lo ha hecho en democracia, por cierto, fue Zapatero): cuando algunos títulos de deuda vencen, se limitan a emitir otros títulos nuevos para pagar los anteriores. Desde esta perspectiva, pues, lo mismo daría una deuda pública del 100% del PIB que una del 20% o del 250%.

Aunque el principal de la deuda no suele pagarse sino refinanciarse, los estados han de pagar los intereses para que inversores estén dispuestos a refinanciarlos

Pero no: aunque es verdad que el principal de la deuda pública no suele pagarse sino solo refinanciarse, los estados sí han de pagar (y demostrar que van a seguir siendo capaces de pagar) los intereses de esa deuda pública, para que los inversores estén dispuestos a refinanciarlos. Un Estado sin posibilidad de hacer frente persistentemente al abono de los intereses de sus pasivos se enfrentaría a un cierre de los mercados financieros: esto es, no tendría margen para refinanciar los vencimientos de su deuda (de modo que debería comenzar a ajustar estrictamente su nivel de gastos a su nivel de recaudación del año en curso). Algunos economistas creen ingenuamente que el Estado tampoco necesita pagar los intereses de su deuda dado que puede financiarse a través de su banco central: pero un banco central que monetice deuda sin demanda en los mercados pronto se encontrará con que su propia moneda también empieza a ser rechazada por los inversores, desatándose en tal caso una ola inflacionaria que limitaría igualmente la capacidad real (que no nominal) de gasto del Estado.

Pues bien, si los estados han de ser capaces de pagar a largo plazo los intereses de su deuda sin incurrir en dinámicas financieras explosivas (emitir más deuda para pagar los intereses: la estrategia que el economista poskeynesiano Hyman Minsky denominó “esquema de financiación Ponzi”), sí es altamente pertinente que nos planteemos cuánto nos está costando ya, en términos de intereses, la deuda pública emitida durante la crisis. Para ello, vamos a expresar el volumen de deuda pública y de sus intereses en términos per cápita: esto es, en términos del español promedio.

Así las cosas, la deuda pública por español se ha incrementado desde 8.570 euros en el año 2007 a 23.900 euros a mediados de 2016, es decir, se ha multiplicado prácticamente por tres. A su vez, los intereses han pasado de 377 euros por ciudadano a 717, esto es, casi se han duplicado.

Fuente: Banco de España e Intervención General de la Administración del Estado.

Fuente: Banco de España e Intervención General de la Administración del Estado

La razón de que la partida de intereses no se haya disparado tanto como la de la deuda pública es, evidentemente, que los tipos de interés se han desplomado durante la crisis desde una tasa media del 4,5% en 2007 a una del 3% en la actualidad. Sin embargo, nótese que el hundimiento del coste de financiación del Estado no ha evitado que la factura financiera de cada español haya aumentado de manera muy sustancial: en 340 euros por español y año (más de 1.000 euros como media en familias con dos adultos y un menor). Por ponerlo en perspectiva, la recaudación por IVA en 2015 ascendió a unos 1.400 euros por español: es decir, actualmente más de la mitad de lo que año tras año estamos pagando por IVA se volatiliza en atender los intereses de la deuda.

Pero el problema, claro está, no reside solo en lo que pagamos hoy, sino en lo que podemos llegar a pagar mañana. Rajoy nos ha legado —hasta el momento— una hipoteca en forma de deuda pública de casi 24.000 euros por español. Si los intereses medios de la deuda repuntaran a lo largo de los próximos años desde el 3% actual al 4,5% del año 2007, entonces el coste financiero anual que debería soportar anualmente cada español rozaría los 1.100 euros. Es verdad que, llegado ese caso, es probable que la inflación también repuntase y eso constituiría un alivio sobre el bolsillo de los contribuyentes (a costa de imponerles una quita encubierta a los tenedores de deuda pública), pero en cualquier caso el riesgo de un potencial encarecimiento real de los pasivos estatales está ahí como consecuencia de la obra y desgracia de gobernantes como Zapatero y Rajoy.

Acaso nos ahorremos algunos recortes del gasto público durante varios ejercicios, pero será a costa de una carga financiera más cuantiosa en el futuro

Necesitamos, pues, estabilizar de una vez el nivel de nuestra deuda pública para que ni las generaciones presentes ni las futuras deban cargar con la irresponsable y manirrota gestión de nuestros políticos. En caso contrario, acaso nos ahorremos algunos recortes del gasto público durante varios ejercicios, pero ello solo será a costa de una carga financiera mucho más cuantiosa en el futuro. Acabemos ya con un agujero presupuestario que solo está desangrando a los españoles para que nuestros políticos puedan continuar gastando a manos llenas.

La falta de techo de gasto amenaza con un caos presupuestario a nivel autonómico
La ausencia de Gobierno está complicando de forma muy importante la elaboración de los presupuestos autonómicos. Algunos plazos se han incumplido por no haber techo de gasto
El Confidencial 16 Septiembre 2016

La falta de Gobierno está teniendo ya efectos adversos sobre el funcionamiento normal de las políticas públicas. Pero amenaza ahora con trasladarse a las comunidades autónomas si antes del 30 de septiembre el Consejo de Ministros no remite al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Entre otras cosas, porque la mitad del gasto público es gestionado por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, mientras que la Administración General del Estado gestiona poco más del 20% del gasto total. El otro gran agente 'gastador' es la Seguridad Social.

Algo que puede explicar por qué algunos barones socialistas prefieren que Pedro Sánchez, llegado el caso, y siempre que el PP sume a Ciudadanos, opte por la abstención. Buena parte de sus recursos dependen de decisiones tomadas en el palacio de la Moncloa y de la aplicación del actual modelo de financiación, y eso significa que si no hay presupuesto se tendrá que prorrogar el de 2016, lo que automáticamente tiene un efecto contractivo sobre las cuentas públicas.

Pero no sólo presionan algunos barones del PSOE. También lo hace Hacienda que, según Manuel de la Rocha, responsable económico de la ejecutiva socialista, está “chantajeando” a las CCAA para cercar a Sánchez. Fundamentalmente, negando información sobre cuánto les corresponderá el año próximo a las regiones en aplicación del modelo de financiación autonómica. Ni siquiera, según De la Rocha, ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiero para dar cuenta de la marcha de los ingresos, una información esencial para conocer los anticipos mensuales que les corresponderán (el 98% hasta la liquidación definitiva) y a partir de ahí confeccionar los presupuestos autonómicos.

Al menos siete consejeros de Hacienda han pasado ya por el 'confesionario Beteta', el secretario de Estado de Administraciones Públicas, y ninguno ha tenido conocimiento de las previsiones de ingresos del sector público para el año próximo.

No se trata de una cantidad irrelevante. Las transferencias corrientes y de capital (inversiones) previstas para este año para el conjunto de entes territoriales ascienden a 40.517 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2%, algo más de lo que crecerá el PIB en términos reales (alrededor de un 2,9%). Esa cantidad supone prácticamente la cuarta parte del presupuesto de gastos de todas las CCAA para 2016, que asciende a 168.964 millones de euros.

Servicios públicos

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado recogen como gasto las transferencias a los entes territoriales, tanto las que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes (fondo de suficiencia, fondo de garantía, fondos de compensación interterritorial, participación en ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, etc.) como aquellas otras que se derivan de convenios, contratos-programa, o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Estos entes comienzan a elaborar con detalle sus presupuestos una vez que conocen el techo de gasto aprobado por las Cortes, pero no sólo eso. También la llamada regla de gasto, que deben cumplir según los dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Lo que dice esa norma es que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales “aprobarán” un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria (la senda marcada por Bruselas) y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus respectivos presupuestos.

El límite de gasto no financiero excluye las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación, y antes del 1 de agosto de cada año Hacienda debe informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado. Este es el primer plazo que ya no se ha cumplido.

También antes de esa fecha, las regiones y ayuntamientos deben remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera “información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya aprobado”. Tampoco este plazo se ha cumplido porque, obviamente, no hay techo de gasto.

¿Puede un Gobierno en funciones aprobar el techo de gasto para 2017? Hasta ahora se entendía que no -el propio Rajoy ha sugerido que esa es una competencia de un Ejecutivo con todas las competencias-, pero el Partido Socialista ha hecho una interpretación muy distinta. Sostiene que el Gobierno está en condiciones (“no existe impedimento legal”) para que un Ejecutivo en funciones, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, dé luz verde tanto a los nuevos objetivos de estabilidad -la senda marcada por Bruselas- como al límite de gasto no financiero del Estado para el próximo ejercicio.

Razones de urgencia

El PSOE se acoge al artículo 21 de la Ley de Gobierno, aprobada en tiempos de Aznar, que establece que el Ejecutivo en funciones puede tomar decisiones de carácter político por razones de urgencia debidamente acreditadas o por causas de “interés general”, como puede ser el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Entre otras cosas porque la Comisión Europea amenaza con una multa a España si antes del 15 de octubre el Ejecutivo español no le remite un horizonte de reducción del déficit público.

La Ley de Gobierno da, por lo tanto, cierto margen de maniobra al Gobierno en funciones para poder actuar, siempre que se acoja a la 'excepcionalidad' que prevé la propia normativa, pero ese mismo texto legal prohíbe de forma taxativa la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que se podría aprobar el techo de gasto, pero su eficacia práctica sería nula, toda vez que su ejecución depende, precisamente, de los créditos presupuestarios. Ahora bien, esa información sería muy útil para las comunidades autónomas para elaborar sus presupuestos.

En el fondo, lo que pretende el Partido Socialista es quitarse de encima la presión que le ejerce el Partido Popular para que desbloquee la investidura culpándolo del incumplimiento de los compromisos exteriores de España en materia de déficit público. El diputado Pedro Saura, de hecho, ha pedido en el Congreso la comparecencia del ministro Montoro para que informe, con carácter urgente, ”de los motivos por los que el Gobierno considera que en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, así como del límite de gasto no financiero, no concurren las razones de urgencia o de interés general que la Ley 50/1997 [la de Gobierno] requiere para que puedan ser adoptados por un Gobierno en funciones”.

La negociación del techo de gasto es una de las cuestiones que se han comprometido a discutir en los próximos días Rajoy y Albert Rivera, pero por el momento nada ha transcendido de los contactos. Sí hay una cosa clara, en el programa electoral de Ciudadanos hay un compromiso claro de respetar lo que llegue de Bruselas, que, como se sabe, ha situado el déficit en el 4,6% del PIB este año y en el 3,1% el próximo, lo que exige un ajuste fiscal (entre ingresos y gastos) equivalente a unos 15.000 millones de euros.

En concreto, el programa de Ciudadanos hablaba de que “cumpliremos los objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas” con el objetivo de lograr unas finanzas públicas “saneadas”. La Ley de Estabilidad Presupuestaria deja claro que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Y por ello, antes de aprobar los límites de gasto no financiero, está obligado a reunir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

Para 2016 se fijó un techo de gasto equivalente a 123.394 millones de euros, pero esos objetivos han saltado por los aires toda vez que el déficit final en 2016 será con toda seguridad mucho más alto que lo previsto hace un año. El Gobierno estimaba un 2,8% del PIB (lo que hubiera sacado a España del Protocolo de Déficit Excesivo), pero la UE le permite ahora a España hasta un 4,6%, en línea con la previsión que ha hecho hace pocas semanas la Autoridad Fiscal Independiente.

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El catalanismo de baja intensidad de Arrimadas
Antonio Robles Libertad Digital 16 Septiembre 2016

El triunfo del nacionalismo es la manipulación del lenguaje. Esto es lo que no ha entendido la líder de C’s en Cataluña, Inés Arrimadas, a juzgar por su temeridad asumiéndolo. El triunfo del nacionalismo es haber creado un marco mental donde ha encarcelado cualquier forma de participación política. Fuera de él, eres un enemigo de Cataluña. Seas catalán de cuatro generaciones o nouvingut. Y para romper esos barrotes, para salirse de ese espacio común identitario, nació C’s. Eso es lo que desconoce o no ha entendido Arrimadas. O quizás haya empezado a abandonar C’s.

En su intervención en el Fórum Europa, Tribuna Cataluña lo ha dejado en evidencia. Nítidamente en evidencia, a pesar de rodearlo de buenas intenciones e inmejorable educación. Pero tales virtudes no pueden ocultar navajadas tan despiadadas a la resistencia transversal contra el nacionalismo de dentro y de fuera de C’s. Veamos.

Abrumada ante la demostración de fuerza del Once de Septiembre, asume el discurso nacionalista alertando a España del poder invencible de la calle y asegura, segura de haber dado con la solución: "No solucionaremos el problema que tenemos con Cataluña apelando solo a la ley. Se ha de hacer política". La Vanguardia cogió el regalo al vuelo: "Arrimadas urge una solución política ante la multitudinaria manifestación de la Diada". O sea, la matraca que viene exigiendo el nacionalismo para soslayar el incumplimiento de la ley. El mismo mantra que utilizó ETA y utilizan ahora sus herederos políticos en el País Vasco. De ahí el recurso obsceno a los "presos políticos", de ahí la legitimación política de los fines de ETA y del blanqueo de sus métodos. El propio Carles Puigdemont lo advertía un día antes de la Diada: "Es el momento de que la clase política española se dé cuenta de que sin Cataluña no se puede gobernar España y de que la solución de la demanda catalana es política y no judicial". ¿Qué diferencia hay entre esta bravuconada y la sal gorda que le hacía Inés un día después de la Diada?: "Ayer salió a la calle mucha gente. Es verdad que menos que en otros años (…) Es mucha gente y muy movilizada. Y esta situación requiere de una solución (…), sobre todo del Gobierno de España, que piensa que eso pasará, que eso no es importante, que eso es un grupito de personas; pero yo soy consciente de que eso requiere soluciones, y soluciones también políticas". Ni Durán i Lleida lo haría mejor.

No hay día en que Homs, Puigdemont, Junqueras, Más o cualquier otro representante del golpismo institucional se olviden de recordar la fuerza que tienen y la solución política como único camino para zanjar el conflicto España-Cataluña. Inés ha caído con todo el equipo en el panel de rica miel del lenguaje catalanista y, sin apreciarlo, ha negado la primera labor de C´s: librarnos del lenguaje nacionalista, o sea, de la realidad excluyente donde han construido su identidad predemocrática. ¿De qué "solución política" podríamos hablar con Tejero en pleno asalto al Congreso? Podríamos negociar una salida al chantaje, como se negocia un secuestro, pero no hacer política con él.

Lo de hablar de política, siempre y en todo momento, ha de hacerse en el marco democrático de la ley, con los que lo respetan.

¿Cómo que "la ley no es suficiente"? ¿Pero es que la política legítima es diferente a la ley democrática? ¿Es que se puede vivir en democracia saltándose el marco legal que la hace posible? ¿No se da cuenta la líder de C´s de que todo el procés es un retorno al Antiguo Régimen, donde ninguna ley limitaba el poder absoluto del monarca? ¿No se da cuenta de que cuando exigen soluciones políticas es que quieren ventajas que la ley les niega? ¿No se da cuenta de que todo el proceso nacionalista es una jerarquía de escalones hacia la independencia, precedidos siempre de una "solución política"? ¿Qué fue si no la reforma del Estatuto? Una solución política para encajar una vez más a Cataluña en España. Eso decían, pero antes lo fue la inmersión para normalizar la lengua catalana, aunque en realidad fuera para excluir la española; después, la transferencia de mayores competencias; después, la cesión de un tramo del IRPF, más tarde otro y otro y otro; mucho antes, la creación de los Mozos de Escuadra, para pedir a la primera debilidad del Gobierno nacional la sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con la intención de erradicarlos de Cataluña; más tarde, la eliminación del Servicio Militar… y todas y cada una de las cesiones en nombre de la negociación política. Pero al menos estaban dentro de la ley. Ahora no, ahora hay una rebelión contra el sistema democrático y la soberanía nacional.

Inés es joven y, en términos temporales, acaba de llegar a Cataluña. Lo cual no debería ser impedimento para saber que "el problema con Cataluña" no empezó cuando ella llegó: "Eso [el problema catalán] no es nuevo", nos asegura con afán didáctico; "Cataluña lleva empecinada en un debate político sobre la independencia desde el año 2010". ¿Así que desde 2010?

Quizá este sea el problema, que Inés no conoce las raíces del problema, ni su historia. Y es que hay cosas que hay que haberlas vivido y sufrido para tomar conciencia de su dimensión. Sigo a K. Marx: "La conciencia no determina el ser de las cosas, es el ser de las cosas el que determina la conciencia". O al menos en gran parte. La construcción nacional no empezó ayer por la tarde, o en el 2010 –como dice Inés–; ya en las primeras manifestaciones del 11 de Septiembre los convergentes susurraban socarrones: "Hoy, paciencia; mañana, independencia". Los colaboradores entregados a las urnas por el derecho a decidir sólo son marionetas que el destino diseñado por Pujol ha movilizado ahora, ahora que las primeras generaciones modeladas por TV3 y la inmersión han comenzado a salir del cascarón.

Inés confunde hacer política de centro con equidistancia entre dos extremos malos, falsamente iguales. Es la misma letanía peneuvista cada vez que ponía a ETA en un extremo y al Gobierno de España en otro (fuera este del PSOE o del PP). Ellos, los nacionalistas del PNV, se reservaban el centro, la sensatez, el diálogo, la paz. Reparen en las palabras de la líder de C's:

La solución de este bloqueo político en Cataluña y en el resto de España no va a venir de los extremos, sino de la centralidad política (…) y no va a venir de declaraciones del Gobierno de España o del Gobierno de la Generalidad, va a venir de horas de diálogo y de negociación (…) Desde los extremos se hace muy difícil llegar a acuerdos.

Arrimadas repite el discurso nacionalista sin siquiera darse cuenta. O sí. Además de jugar a la ruleta rusa con la abducción, es un profundo error. Por dos causas, porque se instala en el lenguaje nacionalista y porque neutraliza desde dentro lo mejor de C´s, ser el único partido político vivo hoy contra ese marco mental. Lo decía con exactitud Dolça Catalunya a propósito de su intervención:

¿"Extremos"? ¿Los que se oponen a la secesión son "extremos", Inés? ¿Y C’s es el centro entre los radicales separatistas y los "radicales" que no negocian con la ruptura de la convivencia?

Vaya, ahora resulta que quienes fundaron Ciudadanos son un extremo.

Sin apenas darse cuenta, ha caído en esa sumisión transparente al catalanismo para ganarse su afecto. Con las genuflexiones obligadas. Algunas, llegadas del compañero de partido que la precedió en la tribuna, Toni Roldán, recordando al auditorio en catalán que Inés hablaba mejor catalán que él a pesar de haber nacido en Cataluña. Le faltó recordar que era del Barça. Ella completó el recurso a la seducción lamentándose de que hay quien no considera catalán a C´s, para inmediatamente enfatizar la sumisión debidamente dramatizada:

Puigdemont es muy independentista, y eso es muy respetable, ¡mucho!, ¡muchísimo! Todos conocemos a personas que lo son y es absolutamente respetable.

Pareciera que el énfasis le otorgaba mayor pátina democrática y el salvoconducto definitivo para ser acogida sin recelos. ¡Ay, esa pleitesía ante la sacralizada Cataluña!

Pues no, Sra. Inés, podrá ser democrático defender la independencia, pero la aspiración independentista no es nada respetable, al contrario, es la plasmación de una insultante superioridad moral respecto al resto de ciudadanos con nacimiento equivocado y renta per cápita inferior a la del Sr. Puigdemont. Y eso es lo que no entiende, Sra. Inés. Este es el gran problema de las grandes miserias humanas que friccionan con la política. Como el terrorismo. Su ruido, su radicalismo, su inhumanidad, hace falsamente buenas las sombras políticas que toma como disculpas para sus fechorías. Y son esas sombras políticas, precisamente, lo menos respetable. Como es el caso de la independencia, aunque se defienda democráticamente. Aquel será vencido. Inevitablemente. Pero ésta es la alternativa de una casta nacionalista que se ha apropiado de la soberanía de buena parte de la sociedad catalana, y de toda la ciudadanía española, oculta tras sedas y oasis.

El independentismo es la culminación del egoísmo individual disculpado por el grupo. Pero egoísmo, al fin y al cabo. Los siglos XIX y XX son testigos de su capacidad para sembrar exclusión, odio y horror. No creo que Inés estuviera muy dispuesta a decir lo mismo si un proyecto político defendiera la expulsión de los inmigrantes, recluir a las mujeres en las tareas del hogar o prohibir el uso de la lengua mayoritaria de una población en la escuela. A priori, la ley y la libertad de expresión no impiden que proyectos políticos así puedan ser defendibles. Pero, por muy legales que fueran, seguirían siendo poco respetables porque surgen de los peores prejuicios del ser humano. Al fin y al cabo, las ideas están para debatirlas, apoyarlas, combatirlas; las personas, para respetarlas. Se puede respetar a las personas independentistas, pero el independentismo no es respetable. ¿Por qué entonces hace Inés Arrimadas tanto énfasis en su respetabilidad, si C’s nació para poner en evidencia lo contrario?

Volvemos al principio. A cuando dice: "No solucionaremos el problema que tenemos con Cataluña apelando solo a la ley. Se ha de hacer política". Reparen en la proposición de compañía con, en lugar de la de ubicación en. Personifica el problema, en lugar de ubicarlo. Pequeños rasgos de haber interiorizado de forma inconsciente el supremacismo lingüístico y el acoso moral del catalanismo. ¿El Síndrome de Catalunya ha entrado en la dirección de C´s? ¿Qué está pasando en un partido que tan claro lo tenía desde su fundación?

Y, por supuesto, una vez más, ni palabra de la exclusión lingüística en las escuelas, ni un mísero recuerdo a los padres satanizados socialmente por atreverse a rebelarse contra el abuso, ni denuncia alguna de las multas lingüísticas que no cesan, ni una mera referencia a las agresiones contra personas por el mero hecho de defender la bandera constitucional o difundir las hazañas de la selección española en la calle. Inmersión es ya la palabra innombrable, el nuevo tabú. Están en la gran política, estas cuestiones menores les deben de quedar ya pequeñas. Como si no pasara nada. Vuelta al oasis. El paraíso para el independentismo, que dicen combatir.


Aragón reparte subvenciones oficiales para fomentar la rotulación en catalán
También apoyará económicamente actividades educativas, espectáculos y festivales artísticos en esa lengua
El catalán ya puede ser «lengua vehicular» en centros educativos públicos de parte de Aragón
Roberto Pérez . Zaragoza. ABC

La promoción del catalán sigue abriéndose paso como parte de la política oficial del Gobierno aragonés PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán. Tras haber reformado la normativa educativa regional para permitir que el catalán pueda ser «lengua vehicular» en centros públicos de las comarcas que limitan con Cataluña -es decir, que las clases de las distintas materias se impartan en catalán, en vez de en castellano-, ahora acaba de lanzar una línea específica de subvenciones para fomentar el uso y difusión de esa lengua en territorio aragonés.

Lo ha hecho en el marco de una nueva línea de ayudas oficiales destinada a promocionar las «lenguas minoritarias» de Aragón, el aragonés (un grupo de lenguas enraizadas en los valles pirenaicos y conocida genéricamente como fabla) y el catalán.

La cuestión es espinosa y lleva años generando enfrentamiento político en Aragón. El PP y el PAR se han situado frontalmente en contra de que las hablas de las comarcas de Aragón que limitan con Cataluña sean denominadas como catalán sin más. Sostienen que son modalidades propias diferenciadas del catalán oficial.

El PSOE, la Chunta Aragonesista (CHA) e IU, sin embargo, sí se han mostrado abiertamente a favor -igual que los partidos de la órbita independentista de Cataluña- ha catalogar como catalán esas hablas del Aragón oriental. De hecho, en la pasada legislatura llegaron a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Lenguas aprobada en ese momento por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP), por no especificar como catalán lo que se habla en el Aragón oriental. Aquel recurso de inconstitucionalidad no prosperó.

Los pactos postelectorales que, en julio del año pasado, dieron lugar al actual gobierno de coalición PSOE-Chunta abrieron de nuevo el camino a apostar por la promoción del catalán en Aragón. La Chunta es especialmente insistente en este punto y es a este partido al que el PSOE ha dejado el área gubernamental de Política Lingüística. En el programa electoral de las municipales de 2015, CHA llegó a abogar por que el catalán fuera lengua cooficial incluso en Zaragoza capital.

Aunque en estos momentos sigue vigente la Ley de Lenguas que dejó aprobada el Gobierno de Rudi, y en la que el catalán no se recoge específicamente como «lengua propia» de Aragón, el Ejecutivo PSOE-Chunta -que trabaja en una nueva ley para derogar la de Rudi- ha ido adoptando acuerdos para que, de facto, se vaya apoyando la promoción del catalán a pie de calle, en los colegios y en actividades culturales.

Así, ha ido instituyendo y reforzando premios oficiales con el mismo fin, ha introducido medidas para fomentar el uso de las «lenguas propias» en la enseñanza pública, y ahora ha lanzado esta línea de subvenciones para instituciones locales y asociaciones que organicen actividades en catalán o en aragonés.

Aún así, para tratar de evitar polémica en un asunto espinoso como es el de las lenguas, en la regulación de estas subvenciones el Gobierno de Lambán ha optado por referirse al «catalán de Aragón», y no al catalán sin más. Trata así de dar un toque «autóctono» a este apoyo a la lengua catalana en suelo aragonés.
Actividades a subvencionar

Estas líneas de subvenciones en favor del aragonés y del catalán como «lenguas propias» de Aragón se han dotado de 50.000 euros de dinero público: 25.000 se repartirán entre ayuntamientos, comarcas, mancomunidades o entidades locales menores; y otros 25.000 para asociaciones. En ambos casos, esos fondos se repartirán para apoyar actividades que se hagan en aragonés o en catalán, tales como festivales o muestras de cine, música o artes escénicas; espectáculos de artes escénicas; rotulación y cartelería; actividades educativas; concursos, certámenes y exposiciones de artes plásticas y visuales; jornadas y congresos; y, en general, cualquier actividad destinada ala «promoción y sensibilización» en favor del aragonés y del «catalán de Aragón».
 


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