AGLI Recortes de Prensa   Viernes 23 Septiembre  2016

El dinero público no es de nadie
Emilio Campmany Libertad Digital 23 Septiembre 2016

A pesar de lo escandaloso de la afirmación, parece que es lo que piensa la mayoría de los españoles.

Hace ya algún tiempo, una ministra de Zapatero dijo aquello de que el dinero público no es de nadie. A pesar de lo escandaloso de la afirmación, parece que es lo que piensa la mayoría de los españoles. Los telediarios anuncian con orgullo cualquier clase de subvención, con la que va a ser agraciado tal o cual sector. Se reciben con albricias los planes PIVE. Se monta la mundial porque las entradas a los cines y a los teatros van a pagar el mismo IVA que cualquier otro producto. Y eso teniendo en cuenta que la mayoría de las películas españolas ya han sido subvencionadas con una generosidad que raya la prodigalidad. Los mineros se enfrentan a la Guardia Civil para defender que se siga subvencionando, en beneficio de unos pocos empresarios, un carbón nacional que es caro y de mala calidad. Y cuando se manifiestan en Madrid, la gente que paga esa injustificada subvención les aplaude como si fueran luchadores por la libertad.

Coinciden hoy dos noticias que abundan en el asunto. Libre Mercado nos cuenta que una señora, a la que le tocó el sueldo que regala Nescafé, tiene que devolver a Hacienda diecisiete mil y pico euros que recibió por estar en paro y haber perdido el derecho al subsidio de desempleo. La razón es que, dados sus ingresos, no tenía derecho a la ayuda. La señora alega buena fe, puesto que comunicó que efectivamente estaba cobrando de la multinacional suiza. Muchos de los que comentan la noticia opinan que el problema es de Hacienda, que se equivocó y es injusto que la señora tenga que devolver lo que Hacienda le ingresó indebidamente. Me gustaría saber qué opinarían estas personas si, tras hacer una transferencia por error a la persona equivocada, la Justicia no les amparara y quien recibió indebidamente el dinero les contestara lo mismo, que ellos no pidieron nada y que no son responsables de los errores que cometa otro.

El Español publica una entrevista con Luis Roldán donde el ex director general de la Guardia Civil exige a Paesa que pague a Hacienda el dinero que le dio a tal efecto. No consta en base a qué título entregó Roldán a Paesa no sé cuánto dinero. Pero si era para pagar a Hacienda, lo más prudente hubiera sido que lo ingresara él mismo y no por medio de tan escasamente fiable intermediario. Y, en cualquier caso, quien nos debe a todos los españoles el dinero que robó es Luis Roldán, no Paesa. Si cometió la tontería de darle a Paesa lo que robó, él sabrá si valían los servicios que le prestó y que, por lo que sabemos, al menos incluía cumplir su condena en unas condiciones privilegiadas. Pero quien tiene la deuda y no la paga es Roldán. Pretender que el que tiene que pagar es Paesa es poco menos que remitirse a Rita la cantaora. Y a todo el mundo le parece muy bien. A fin de cuentas, el dinero público no es de nadie.

La triste realidad que esconde la negociación entre PP y PSOE
Editorial Libertad Digital 23 Septiembre 2016

Si PP y PSOE no han llegado a un acuerdo para facilitar la gobernabilidad es, exclusivamente, por el egoísmo personal de sus máximos dirigentes.

Las aparentes diferencias irreconciliables que han blandido PP y PSOE a lo largo de los últimos meses para justificar su mutua falta de apoyo en los fallidos procesos de investidura que han tenido lugar hasta la fecha han quedado desmontadas esta semana, tras descubrirse que ambas formaciones están de acuerdo en aprobar una serie de medidas económicas urgentes para sortear de algún modo la muy probable prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cara a 2017.

Los dos están de acuerdo en asestar un nuevo sablazo fiscal a las empresas que facturen más de 20 millones de euros para recaudar unos 6.000 millones de euros extra al año a través del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades. Asimismo, elevarán el objetivo de déficit autonómico previsto para este año y el próximo, permitiendo así a los gobiernos regionales un mayor margen de gasto y despilfarro, pese a incumplir de forma reiterada e intencionada los compromisos presupuestarios. Si a todo ello se le suma la intención de subir las pensiones y los sueldos públicos por la puerta de atrás, entre otras partidas, es evidente que lo que une hoy por hoy a populares y socialistas en materia económica y fiscal es mucho más de lo que les separa.

De hecho, basta observar la gestión llevada a cabo por Mariano Rajoy la pasada legislatura para comprobar que las diferencias son mínimas, cuando no inexistentes. PP y PSOE han aplicado históricas subidas de impuestos bajo el falaz argumento de que España tiene un problema de ingresos públicos y no de excesivo gasto; los recortes aplicados han sido escasos y claramente insuficientes, y sólo se han adoptado in extremis, cuando el país estaba al borde de la quiebra y no quedaba más remedio que hacer algo para evitar el desastre. Y lo mismo sucede con las famosas reformas, que si bien han sido positivas en algunos ámbitos, como el laboral, brillan por su ausencia y falta de intensidad a la hora de liberalizar realmente la economía. Como consecuencia, España sigue contando con un Estado del Bienestar ineficiente e insostenible, cuya carga lastra el crecimiento potencial del país, al tiempo que las rigideces impiden solventar el drama del paro.

El hecho de que Rajoy y Sánchez se hayan puesto de acuerdo con tanta facilidad en este nuevo paquete de medidas confirma la coincidencia programática que, en gran medida, presenta el bipartidismo. Así pues, es evidente que si el primero no apoyó al segundo en su intento de investidura no fue por el contenido del pacto alcanzado con Ciudadanos, especialmente en materia económica, tal y como entonces alegó Rajoy, al igual que el segundo no respaldó al primero haciendo uso de idénticas excusas. Si PP y PSOE no han llegado a un acuerdo para facilitar la gobernabilidad es, exclusivamente, por el egoísmo personal de sus máximos dirigentes. Lo que menos importa en esta particular pugna por el poder es el interés y bienestar de los españoles.

Además, esta negociación destapa la engañosa y falsa estrategia urdida por Moncloa, consistente en alarmar a la población acerca de las nefastas consecuencias de prorrogar los Presupuestos con el fin de obtener la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy. Hace apenas dos semanas, la ley, según Soraya Sáenz de Santamaría, impedía actualizar las pensiones, el sueldo de los funcionarios o subir impuestos, abocando al país al costoso incumplimiento del objetivo de déficit negociado con Bruselas. Hoy, sin embargo, es factible lo que antes era imposible. Así pues, alguien miente: o bien la ley permitía aprobar dichas medidas y se ocultó, o bien lo impedía y ahora se retuerce la legislación con fines electoralistas de cara a la convocatoria de unos terceros comicios. En cualquier caso, el poder político sigue tratando a los españoles como a tontos a los que es posible, necesario y conveniente engañar, lo cual resulta lamentable.

En este sentido, conviene recordar que, según la doctrina constitucional, la prórroga de los Presupuestos sólo permite modificar partidas en caso de urgente necesidad mediante un real-decreto, y no parece que éste sea el caso. El plan económico financiero que pretende aprobarse por la puerta de atrás agrava, por tanto, el problema de inseguridad jurídica que padece España. Y, lo peor de todo, es que el contenido de dichas medidas pone de manifiesto, una vez más, que ningún partido está dispuesto a poner en marcha los profundos ajustes y reformas que sigue precisando España para salir de la crisis sobre sólidos y duraderos cimientos. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, en mayor o menor grado, coinciden en la necesidad de aumentar el gasto y los impuestos, a pesar de que España registra el segundo mayor déficit de la zona euro, tan sólo superado por Grecia, mientras que la deuda pública supera el 100%, el mayor nivel desde principios del s. XX.

La negociación entre bambalinas de PP y PSOE destapa, pues, un triste juego de engaño político, decadencia ideológica y lastre económico.

Por qué votaré ‘no’
Fernando Londoño Hoyos Libertad Digital 23 Septiembre 2016

Este Acuerdo Final no es acto de paz, sino una declaración de guerra.

1) Porque me opongo a una Constitución blindada de 297 páginas, a espacio sencillo, que nos condena para siempre a lo que en ella se dispone. Es una barbaridad, así fuera la Constitución más sabia. Pero es monstruosa. Ni los hijos de los hijos de nuestros hijos la podrían modificar.

2) Porque crea un sistema de impunidad detestable, con horrendo valor ejemplarizante. No hay delincuente potencial que no quiera un trato semejante. Las penas previstas en ese mamotreto son un mal chiste. Lo dijo Vivanco, el Director de Human Rights Watch. "La clemencia asesinaría si perdonase a los que matan". (Shakespeare, Romeo y Julieta).

3) Porque no es acto de paz, sino una declaración de guerra. La "lucha contra las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo" es un capítulo entero de esta aberración. Claro que serán ellas, las FARC, las que digan quiénes serían denominados como sus enemigos, para matarlos o encarcelarlos.

4) Porque me niego a vivir en una Patria comunista. En diez millones de hectáreas, dos veces el departamento de Antioquia, se formará una "economía campesina, familiar y comunitaria" que dominarán económica, social y políticamente las FARC, que nunca, ni ahora mismo, han renunciado a su credo marxista leninista. Está claro cuáles tierras serán despojadas y a quiénes se practicará ese despojo.

5) Porque el acuerdo de pazes hambre para Colombia. El modelo agrario ha sido tomado de Cuba, Venezuela, Corea del Norte y China antes de que se volviera capitalista. Ese modelo agrario no produce sino hambre, buena condición para dominar a los hambrientos con un mendrugo de pan en la mano.

6) Porque me niego a vivir en el reino de las FARC. Nada garantiza que las FARC entreguen las armas que tienen. Pero lo que es seguro es que no entregarán su dinero, que tienen acumulado en cantidades gigantescas. Con el que ganan cada año como narcotraficantes y mineros ilegales, les basta para acabar de corromper este pueblo y ganar todas las elecciones. Armas, dinero, curules gratuitas, 31 emisoras FM, comunidades campesinas en su poder, 31 zonas de dominio, diez millones de hectáreas a su disposición (toda el área sembrada de Colombia es de cinco millones de hectáreas) aseguran que de aquí en adelante, hasta el desastre final, las FARC serán dueñas de Colombia.

7) Porque el acuerdo arruina definitivamente el país. Las inversiones en el campo, en las zonas que se entregan a las FARC, son de tal magnitud que no queda un centavo para el resto de Colombia. Solamente la pensión para "los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse" y la comida gratuita para todos los raspachines de coca y las "comunidades" cocaleras garantizan este resultado. Seremos más pobres que Cuba.

8) Porque no voy a vivir en un Narcoestado. Quedan constitucionalmente prohibidos los bombardeos a los campamentos cocaleros; constitucionalmente prohibidas las fumigaciones aéreas; constitucionalmente prohibidas las extradiciones de narcotraficantes; constitucionalmente prohibida la acción de la Policía y el Ejército contra el narcotráfico. El acuerdo garantiza que Colombia será, para siempre, un Estado de narcotraficantes para narcotraficantes. La sustitución voluntaria de los cultivos es otro chiste de mal gusto. Convencer a un campesino de que deje por las buenas una actividad que le da diez veces lo que cualquier otra no pasa de una charada.

9) Porque me niego a vivir en una dictadura. El Congreso quedará en manos de las FARC. Pero el que se elija, cualquiera, quedará sometido a las 297 páginas de esta basura supraconstitucional. El Poder Judicial queda suplantado por el Tribunal Judicial de Paz, para absolver delincuentes de las FARC y para condenar como delincuentes a los miembros del Ejército, a los empresarios, profesores, agricultores y periodistas que "amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz". Las instituciones, tan imperfectas como se quiera que sean, se van al diablo. Solo quedan Timochenko y Santos y los suyos. Y no voy a votar por Santos y por Timochenko.

10) Porque no quiero vivir en un desierto empobrecido en poder de delincuentes. La deforestación del país es trágica; la destrucción de los ríos, patética; la conversión del campo en un narcocultivo de cocaína, marihuana y amapola, incontenible. Y el acuerdo garantiza que eso se multiplique. La llamada paz es la guerra mortal contra el país que produce, la industria, el desarrollo en las ciudades, la ciencia, la clase media, los asalariados.

Todo esto lo digo con el Acuerdo Final en la mano. Que tengo estudiado, repasado, subrayado, analizado. Y lo digo en honor de los que queriendo la paz van a votar por su destrucción definitiva, sin leer una página del mamotreto letal que supuestamente la contiene. Querido lector: puede hacer dos cosas. Creerme o estudiar el acuerdo. De ambas maneras vamos a coincidir. Seguro.

Fernando Londoño Hoyos, exministro colombiano de Interior y Justicia.

El sueño de la paz puede convertirse en una pesadilla
Plinio Apuleyo Mendoza Libertad Digital 23 Septiembre 2016

Colombia corre el riesgo de seguir el tétrico rumbo de Venezuela.

El acuerdo final suscrito por el Gobierno y las Farc será sometido a consideración de los colombianos en un plebiscito que tendrá lugar el próximo 2 de octubre. Abarca 297 páginas que muy pocos han tenido la paciencia de leer. Son densas, abordan temas muy complejos y a veces resultan nada claras para el ciudadano común. No obstante, sin tener un real conocimiento del acuerdo, el elector se encontrará a la hora de votar con una pregunta para la cual solo existen dos opciones: un sí o un no. Redactada con su conocida astucia de hábil jugador de póquer por el presidente Santos, la pregunta dice así: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?". A cualquier observador extranjero el voto por el no debe de resultarle exótico, incomprensible, como si su depositario fuese amigo de la guerra.

Por cierto, este es el camino que sigue la estruendosa propaganda oficial. Su lema "Sí a la paz, no a la guerra" invade no solo todos los medios de comunicación, sino también ventanas y edificios con carteles con la seráfica imagen de una paloma. En la televisión y la radio se pregunta a los colombianos si desean el fin del secuestro, de la extorsión, de los atentados, del reclutamiento de menores y de otras tantas acciones que desde hace más de cincuenta años vienen asolando el país.

Sin duda, el acuerdo logrado en La Habana –y los alardes publicitarios que lo acompañan– puede alcanzar un efecto positivo en el ámbito internacional y también en electores rasos de Colombia, especialmente en las zonas rurales que por largo tiempo han vivido bajo la constante amenaza de las Farc.

Ahora bien, ¿cuáles son las razones de quienes se proponen votar no en el plebiscito? Conviene mirarlas con detenimiento. De un lado, obedecen a una realidad que el Gobierno tuvo que maquillar o pasar por alto para abrir el diálogo con las Farc y aceptar sus exigencias. De otra parte, el sombrío porvenir que muchos de los acuerdos tienen para el inmediato futuro de Colombia.

En busca de esa realidad escamoteada, debemos volver atrás, a los primeros años de este siglo, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez puso en marcha su política de Seguridad Democrática para combatir, al fin con mano firme, a las guerrillas y a las Autodefensas Campesinas o paramilitares. Dos experiencias del gobierno de Andrés Pastrana le sirvieron para trazar esta nueva ruta de acción. La primera fue el fracaso de los diálogos del Caguán, que mostraron la manera cómo, gracias a la concesión de un territorio, las Farc extendieron su poder militar en muchas zonas del país. La segunda fue el apoyo logístico que obtuvo Pastrana de los Estados Unidos con el Plan Colombia, apoyo que permitió un mejor acceso aéreo a las regiones donde las Farc tenían sus campamentos.

Los resultados de Uribe fueron innegables. Desalojadas de muchas zonas que antes controlaban, dados de baja sus principales cabecillas (Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Alfonso Cano) o detenidos y extraditados como Simón Trinidad, liberada del secuestro la famosa Íngrid Betancourt y desmovilizados 52.000 integrantes de paramilitares y guerrillas, las Farc por primera vez fueron diezmadas y obligadas a considerar imposible la toma del poder por las armas. Ninguno de sus campamentos estaba seguro.

El objetivo último de Uribe Vélez era lograr con ellas, como había ocurrido con los paramilitares, que aceptaran un sometimiento a la justicia a cambio de que solo pagaran ocho años de cárcel por los delitos cometidos. Pensaba que este último objetivo iba a realizarlo Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, quien logró ganar las elecciones presidenciales de 2010 gracias a su apoyo.

Como es bien sabido, desde el primer día de su gobierno Santos no quiso aparecer como el continuador de la política de Uribe. Al contrario, marcó rotundas diferencias con quien había facilitado su triunfo. Se acercó a Chávez llamándolo su "nuevo mejor amigo". Y en vez de continuar asediando a las Farc con fuertes operaciones militares, abrió secretas conversaciones con sus comandantes. Dos factores lo movieron a ello. El primero, las vanidades de su ego. El segundo, un cambio en la estrategia de las Farc.

Chávez convenció al entonces comandante supremo de las Farc, Alfonso Cano, de que ya no era viable en el continente llegar al poder por las armas, como lo consagraba la cartilla castrista. Era factible aprovechar el descontento de las clases marginales para lograr un triunfo electoral y una vez en el poder poner en marcha su proyecto revolucionario, identificado con el socialismo del siglo XXI.

Sin dudarlo, bajo esta sugerencia, Cano creó varias iniciativas: el llamado Plan Renacer, que implicaba un regreso a la guerra de guerrillas, la disminución del número de efectivos, la suspensión de combates abiertos con las Fuerzas Militares, la formación de un movimiento político y la infiltración de milicianos clandestinos en la justicia, los sindicatos, las universidades, las comunidades indígenas y afrodescendientes y, algo de suma importancia, los medios de comunicación. Dentro de esta nueva estrategia, buscó contactos confidenciales con Juan Manuel Santos para iniciar negociaciones.

Para hacer efectiva esta propuesta, Santos no tuvo inconveniente en bautizar como conflicto armado lo que bajo el gobierno de Álvaro Uribe era una abierta lucha contra el terrorismo. Pasó por alto con esta denominación el prontuario criminal de las Farc, que condenaba a sus máximos líderes a un total de 1.629 años de prisión por cuenta de 27.000 secuestros, 25.000 desaparecidos y seis millones de desplazados. De igual manera, pasó por alto también que las Farc se habían convertido en el tercer cartel mundial del narcotráfico, con ingresos de 600 millones de dólares al año. Escogió como intermediarios en este proceso de negociación a los gobiernos de Cuba y Venezuela, que comparten la ideología marxista de las Farc, y no vaciló en elegir como sede de los diálogos La Habana.

En síntesis, el hecho de haber definido a las Farc como uno de los actores del conflicto, colocándolas en pie de igualdad con el Estado, es una de las primeras razones que han movido a un creciente número de colombianos a votar no en el plebiscito. Las primeras, pero no las únicas.
Peligrosas concesiones

Luego de cuatro años de negociaciones, muchos de los puntos contenidos en el Acuerdo Final representan concesiones inaceptables a las Farcy riesgos muy grandes que ensombrecen el futuro del país. El primero de ellos es la impunidad, pues el acuerdo admite que los miembros de la guerrilla quedan eximidos del pago de cárcel por los delitos cometidos. Solo tendrán una temporal restricción de la libertad en zonas previamente acordadas donde realizarán "trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas, programas de protección del medio ambiente, de desarrollo rural, de eliminación de residuos o reparación de infraestructura". La supuesta restricción de la libertad a que serán sometidas las Farc no les impedirá ocupar curules en el Congreso de la República. No sobra señalar que mientras las Farc reciben este beneficioso trato, los militares retirados que están siendo investigados o ya fueron condenados (muchos de ellos injustamente) se mantienen en centros de reclusión militar.

La aplicación de la justicia transicional convenida con las Farc plantea varias dudas sobre su funcionamiento y la selección de jueces que tendrán fueros no contemplados en la Constitución. La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será conformada por instancias extranjeras y tendrá facultades y poderes que sobrepasan los de las Altas Cortes, juzgados y tribunales del país. La Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría pierden sus atribuciones penales, y sus decisiones en cualquier época pueden ser revisadas e incluso anuladas. Los fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz serán inapelables y no admitirán doble instancia. Hay, pues, muchas inquietudes y temores de que esta clase de justicia proceda con abierta parcialidad.

El narcotráfico, calificado como delito conexo al de rebelión, seguirá convertido en un millonario recurso para las Farc una vez se constituyan como partido político. En efecto, la decisión del gobierno de Santos de suspender la fumigación con glifosfato de los extensos cultivos de coca ha producido un considerable aumento de estos en los últimos dos años. Hoy cubren nada menos que 170.000 hectáreas, ello sin contar que las Farc no confiesan ser narcotraficantes y por tal motivo declaran no tener recursos para resarcir a sus víctimas.

Sorprenden otros beneficios otorgados a las Farc. El Acuerdo Final establece para sus líderes diez curules directas en el Congreso durante ocho años sin necesidad de votos. Además de las que ya tienen movimientos políticos de cercana orientación ideológica, habrá 16 más en la Cámara de Representantes por cuenta de unas circunscripciones especiales de paz ubicadas en áreas donde las Farc han tenido una presencia dominante. El futuro partido político creado por ellas recibirá el diez por ciento de los recursos que el Estado destina a todos los partidos políticos. Además de un cinco por ciento adicional para financiar la mejor difusión de su plataforma ideológica, tendrán acceso a 31 emisoras de radio y a un nuevo canal de televisión. Parece increíble que después de cincuenta años de acciones terroristas las Farc reciban estos beneficios, nunca antes concedidos a partido político alguno.

La reforma rural integral contemplada en el acuerdo supone crear un fondo de tierras de distribución gratuita y de carácter permanente. Solicitada por las Farc, suscita inquietudes por varias razones. Se practica sobre las llamadas tierras insuficientes, sin que se explique el alcance de este término. Los expertos aseguran que la creación de un fondo de tierras con subsidios y créditos va a generar inmensos costos para la economía nacional. El otro tema que inquieta es que muchas de estas tierras van a quedar en manos de comunidades agrarias creadas o influidas por las Farc.

Lo que queda claro del Acuerdo Final es que a las Farc se les han atendido todas sus exigencias, con el chantaje de que sin ellas no llegaría a buen término el proceso de paz. En realidad, su aspiración no es la paz como tal, sino un nuevo punto de partida para llegar al poder por la vía electoral y, una vez alcanzado, consolidar el proyecto revolucionario tal como lo hicieron en el continente Maduro, Correa, Evo Morales y Daniel Ortega con la complicidad de los Castro.

Desde luego, para las elecciones presidenciales de 2018 no van a postular un candidato propio, teniendo en cuenta la baja favorabilidad que tienen en el país. Su nueva estrategia está encaminada, como bien lo dice su asesor, el jurista español Enrique Santiago, "a la reconformación de la izquierda y a la unidad de los movimientos de progreso antineoliberales como ha pasado en otros países de América Latina". He aquí el riesgo que se nos presenta. Aunque en este país la gran mayoría es consciente del terrible desastre que produjo el chavismo en Venezuela, es cierto también que un fenómeno como el vivido por el país hermano en 1998 se puede deslizar sigilosamente en Colombia.

La corrupción que invade el mundo político, el descontento que va a producir una voraz reforma tributaria –que afectará a la mayoría de los colombianos–, la crisis en la salud y la administración de justicia se harán sentir, y como como consecuencia de todo ello pueden abrirle el paso a una opción totalmente diferente y lograr que una izquierda dentro de la cual se ubicará el partido político de las Farc recoja el creciente descontento que se empieza a sentir en lo que podríamos llamar el elector raso.

Debe tenerse en cuenta que el sueño de la paz, fervorosamente pregonado por la propaganda oficial y acatado por quienes votarán sí en el plebiscito, se derrumbará cuando en reemplazo de las Farc y con el sustento del narcotráfico, el Eln, el Epl y las llamadas Bacrim (bandas criminales) ocupen su lugar con las mismas acciones terroristas. Dueños de las 29 vastas zonas de concentración, comandantes de las Farc, libres de cualquier control y con mucho dinero en su poder, tendrán a su cargo la movilización campesina por primera vez con fines electorales.

Este es el inquietante panorama que se advierte en Colombia a raíz del Acuerdo Final que se firmará en Cartagena el 26 de septiembre. El engaño está sobre la mesa. El sueño de la paz puede convertirse en una pesadilla.

Plinio Apuleyo Mendoza, periodista, escritor y diplomático colombiano.

los suecos incendian las redes con quejas
'No hay marcha atrás, Suecia nunca volverá a ser lo que era'
Una voz dice: "Los nuevos suecos reclamarán su espacio y traerán su cultura, idioma y costumbres y es el momento de verlo como una fuerza positiva". "No hay vuelta atrás", agrega el anuncio del Gobierno emitido en la televisión del país.
RT  www.gaceta.es 23 Septiembre 2016

Un anuncio de la televisión estatal sueca elaborado por una organización benéfica respaldada por el Gobierno ha instado a los ciudadanos a aceptar que el país escandinavo "nunca volverá a ser lo que era antes" y a que encuentren una manera de "convivir" con el creciente número de inmigrantes y refugiados.

El video, de 75 segundos de duración, se titula 'El nuevo país' y muestra las caras sonrientes de diferentes perfiles raciales y étnicos. Una voz dice: "Los nuevos suecos reclamarán su espacio y traerán su cultura, idioma y costumbres y es el momento de verlo como una fuerza positiva". "No hay vuelta atrás", agrega el anuncio.

Además, la grabación pide a los habitantes del país escandinavo "convivir" con los recién llegados y "construir un país en el que apartemos el miedo y el odio."

El anuncio es obra de la organización benéfica sueca Individuell Manniskohjalp (Alivio Individual), que forma parte del Consejo sueco de recaudación de fondos –al que respalda el Gobierno–, según el portal local Fria Tider.

La publicidad televisiva ha provocado tantos comentarios negativos en la red social Twitter que la organización se ha visto obligada a y afirmar que no pedía a los suecos que renunciaran a su cultura, sino que promueve una "integración mutua".

"Literalmente se publicita el Genocidio a los Blancos. Suecia necesita a los refugiados: ¿Y que pasa con los que construyeron esta nación?", escribió un usuario.

Cerca de 200.000 refugiados llegaron a Suecia el año pasado, el mayor porcentaje por habitante de Europa. Las encuestas muestran que solo el 13% de la población cree que deben aceptarse más inmigrantes.

Según un completo estudio del profesor Manuel Montero
El nacionalismo prima en todos los ámbitos a las personas con apellidos vascos
www.latribunadelpaisvasco.com 23 Septiembre 2016

El profesor e investigador Manuel Montero ha publicado recientemente en la revista “Sancho el Sabio” una compleja y detallada investigación sobre la “Etnicidad e identidad en el nacionalismo vasco” que demuestra, por primera vez, “cómo los representantes de los nacionalistas vascos en los ayuntamientos, parlamentos o gobierno presentan una peculiaridad”: las personas con apellidos vascos tienen una presencia mayor que en el resto de la sociedad.

El estudio de Manuel Montero analiza la estructura demográfica del País Vasco según los grupos de apellidos y la compara con la que, desde ese punto de vista, presentan las representaciones políticas.

“En todos los ámbitos el nacionalismo prima a las personas con apellidos vascos y en particular a quienes tienen los dos de este tipo”, explica Montero, que añade que este principio no tiene excepciones. “Se produce en todas las poblaciones y niveles políticos. Lo encontramos en los puestos de gestión y en las representaciones en los órganos legislativos. Está también presente en los municipios, en las distintas circunstancias que pueden distinguirse. En las localidades donde tienen primacía los apellidos autóctonos –el modelo ascendente–, éstos copan las candidaturas nacionalistas, con una presencia muy escasa, incluso marginal, de los que carecen de ellos”.

El trabajo “Etnicidad e identidad en el nacionalismo vasco” demuestra que “el nacionalismo, hasta la fecha, no ha integrado a la población sin apellidos vascos de forma estadísticamente normalizada. En todos los casos presenta un sesgo que lo distancia de la estructura general que a este respecto presenta la población. Tiene importancia la cuestión, pues este peculiar etnicismo sobrevalora una parte de la sociedad y relega otra”.

Manuel Montero explica cómo la contundencia y la repetición de los resultados obtenidos en su investigación sugieren que las candidaturas locales representan la composición interna del nacionalismo. Y éstas ofrecen una imagen muy nítida. “Lo componen fundamentalmente personas asociadas a la procedencia autóctona, con un peso muy alto –si se compara con el conjunto de la población– de la principal representación simbólica de la autenticidad, los dos apellidos vascos. Esta circunstancia proporciona un concepto nacionalista del pueblo vasco que no sólo privilegia a las personas con algún apellido autóctono, sino que lo identifica sobre todo con quienes poseen los dos. En casi todos los ámbitos tienen éstos la primacía entre los tres grupos considerados. Con las principales excepciones de la margen izquierda, Bilbao y Vitoria, es el grupo mayoritario en las candidaturas nacionalistas”.

El estudio explica que, en los principales cargos nacionalistas –Juntas, Parlamento, órganos de gestión– se acentúan los rasgos etnicistas, si se comparan con las candidaturas locales. “Su estructura –primacía neta de los dos apellidos vascos y muy baja presencia de los dos castellanos– se asemeja a la del modelo cóncavo, en el que el nacionalismo resuelve la tensión entre dos grupos equiparables, a los que siente antagónicos, con la hegemonía de los apellidos locales (…) Incluso en las grandes ciudades el nacionalismo se articula en grupos de referencia étnica, que tienen así un perfil muy distinto a su entorno”.

Por eso, explica Manuel Montero en su texto, la argumentación identitaria de tipo cultural que utiliza el mundo nacionalista aparece como una mera justificación ideológica que evita las nociones étnicas, hoy desprestigiadas. “Además, proporciona un discurso de acogida a personas de otras procedencias, que tendrían limitada la adhesión si se desarrollase un planteamiento etnicista. Este argumentario cultural crea la noción de un pueblo abierto, de resonancias democráticas, pero a partir de los datos analizados no tiene consecuencias relevantes en la conformación del nacionalismo ni en la selección de sus principales cargos políticos. Éstos, ante todo, son entendibles a partir de las nociones etnicistas”.

Para Montero, según la actual composición del mundo nacionalista, han fracasado el discurso identitario y el proceso de nacionalización vía cambios educativos, al menos de momento. “El nacionalismo se reconoce sobre todo en criterios selectivos de resonancia étnica y no de otro tipo; y si aplica otros esquemas, los resultados no presentan diferencias sustanciales. No ha acogido a otras procedencias en un número relevante. El nacionalismo cuenta básicamente con grupos de apellidos vascos, con presencia secundaria de los de otros orígenes. En esto coinciden el nacionalismo moderado y el radical. Ambos proceden de los mismos ámbitos etnicistas”.

“En sus listas políticas, el nacionalismo aparece como la representación política de una comunidad que se reconoce sobre todo por su origen autóctono, con la integración minoritaria y secundaria de sectores de otras procedencias. Pese a las diferencias políticas entre la versión radical y moderada del nacionalismo, se impone la imagen de que comparten un origen similar. Posiblemente, la fuerza del nacionalismo vasco radica en buena medida en sus rasgos etnicistas, que proporciona mayor capacidad de cohesión que los esquemas culturales o las doctrinas ideológicas e identitarias, que no son aprehensibles de forma tan inmediata e intuitiva. Además, los rasgos etinicistas facilitan la afirmación de lo nuestro y lo ajeno, nociones fundamentales en un movimiento de este tipo. Crean vínculos de solidaridad prepolíticos, con capacidad de actuar políticamente. Favorecen adhesiones que no requieren un discurso ideológico complejo, así como solidaridades internas ante supuestas agresiones a una comunidad enlazada imaginariamente por lazos de sangre”.

Pero, según el profesor Montero, esta apuesta del nacionalismo vasco por el etnicismo, también le generará problemas. “En tanto mantenga sus rasgos etnicistas, su capacidad de crecimiento queda también limitada, sobre todo si –lo sugieren los datos– en los casos de tensiones identitarias se construye como un ámbito cerrado para gentes de otras procedencias. Además, la vinculación afectiva a entornos tradicionales con preferencia a la hibridación urbana crea también un ámbito imaginario de rasgos peculiares, a largo plazo de difícil encaje en la sociedad crecientemente urbanizada”.

“En suma, la imagen actual del nacionalismo, en función de su composición interna, sugiere fortaleza, pero también rémoras en su capacidad de desarrollo. Queda abocado a la tensión con otros sectores que quedan fuera de la filiación autóctona. Esta tensión no podría resolverse por su expansión hacia ámbitos que sigue identificando como foráneos y a los que, por lo que se ve, acoge de forma renuente, sin que ponga en cuestión las primacías históricas. Todo quedaría en manos de la eventual debilidad del adversario y de la fortaleza propia, en antagonismos anclados en un equilibrio de fuerzas estable, sin evolución posible”.

“En el nacionalismo hay un debate implícito –y silenciado– entre etnicidad e identidad. Lo ha resuelto a favor de lo primero. El discurso identitario, que se expone de forma radical, no ha tenido hasta la fecha capacidad de atracción, si es lo que pretende su enunciado. Persiste una contundente correlación entre el nacionalismo y la evocación étnica”.

Las editoriales occidentales se someten al Islam
Giulio Meotti (*) www.latribunadelpaisvasco.com 23 Septiembre 2016

Cuando se publicó “Los versos satánicos” de Salman Rushdie, en 1989, Viking Penguin, la editora británica y estadounidense de la novela, sufrió diariamente el acoso islamista. Como escribió Daniel Pipes, la oficina de Londres parecía "un campamento militar", con protección policial, detectores de metales y escoltas para las visitas. En las oficinas de Viking en Nueva York, los perros olfateaban los paquetes y el lugar estaba clasificado como "punto sensible". Numerosas librerías fueron atacadas, y muchas se negaron incluso a vender el libro. Viking se gastó tres millones de dólares en medidas de seguridad en aquel año letal para la libertad de expresión.

A pesar de todo, Viking nunca vaciló. Fue un milagro que la novela acabara saliendo. Otras editoriales, en cambio, flaquearon. Desde entonces, el problema sólo ha ido a peor. Muchas editoriales occidentales están flaqueando ahora. Eso es lo que significa el nuevo caso de Hamed Abdel Samad.

Los Hermanos Musulmanes dieron a Abdel Samad todo lo que cualquier niño egipcio podría desear: espiritualidad, camaradería, compañía, un propósito vital. En Guiza, Hamed Samad se unió a los Hermanos. Su padre le había enseñado el Corán, y los Hermanos le explicaron cómo traducir a la práctica esas enseñanzas.

Abdel Samad renegó de ellos tras pasar un día en el desierto. Los Hermanos habían dado a todos los nuevos militantes una naranja después de que hubiesen caminado bajo el sol durante horas. Les mandaron pelar la naranja. Después, les pidieron que enterraran la fruta y se comieran las mondas. Al día siguiente, Abdel Samad abandonó la organización. Era la humillación necesaria para convertir a un ser humano en un terrorista.

Abdel Samad tiene hoy 46 años y vive en Múnich, donde se casó con una danesa y trabaja para el Instituto de Historia y Cultura Judías de la universidad. En su localidad natal egipcia, su primer libro causó un escándalo. Algunos musulmanes quisieron quemarlo. El nuevo, Der Islamische Faschismus: Eine Analyse (El fascismo islámico: un análisis), ha sido quemado en la hoguera, pero no en El Cairo por islamistas, sino en Francia por algunos franceses mojigatos.

El libro es un éxito de ventas en Alemania, donde ha sido publicado por la conocida editorial Droemer Knaur. En EEUU, Prometheus Books ha publicado una traducción al inglés con el título Islamic Fascism. Hace dos años, la editorial francesa Piranha adquirió los derechos para traducirlo al francés. Se llegó a anunciar incluso su fecha de publicación en Amazon: el 16 de septiembre. Pero en el último momento la editorial paró su lanzamiento. Su director, Jean-Marc Loubet, comunicó al agente de Abdel Samad que en estos momentos resulta inconcebible publicar su libro en Francia, no sólo por motivos de seguridad, también porque reforzaría a la "extrema derecha".

Por criticar al islam, Abdel Samad vive bajo protección policial en Alemania y, como en el caso de Rushdie, pende una fetua sobre él. Después de la fetua viene la afrenta: ser censurado por una editorial libre. Eso es lo que hicieron los soviéticos para destruir a los escritores: destruir sus libros.

El caso de Abdel Samad no es el primero. En un momento en que decenas de novelistas, periodistas y académicos se enfrentan a amenazas islamistas, es imperdonable que las editoriales occidentales no sólo se dobleguen, sino que a veces sean las primeras en capitular.

En Francia, por criticar al islam en el diario Le Monde en una columna titulada "Nos negamos a cambiar de civilización", el famoso escritor Renaud Camus perdió a su editora, Fayard. Antes de que se volviera repentinamente impopular entre la clase literaria parisina, Renaud Camus había sido amigo de Louis Aragon, el famoso poeta comunista y fundador del surrealismo, y estuvo a punto de formar parte de los inmortales de la Academia Francesa. Roland Barthes, la estrella del Collège de France, escribió el prefacio a la novela más conocida de Renaud Camus, Tricks, libro de culto en la cultura gay.

Después, un tribunal de París condenó a Camus por islamofobia (con una multa de 4.000 euros), por un discurso que pronunció el 18 de diciembre de 2010, donde habló de la "Gran Sustitución": la de la población francesa mediante el caballo de Troya del multiculturalismo. Fue entonces cuando Camus se convirtió en persona non grata en su país.

The Jewel of Medina (La joya de Medina), una novela de la escritora estadounidense Sherry Jones sobre la vida de la tercera esposa de Mahoma, fue primero comprada y después descartada por la poderosa editorial Random House, que ya había pagado un adelanto y lanzado su ambiciosa campaña promocional. La nueva editorial de Sherry Jones, Gibson Square, fue más tarde atacada con bombas en Londres.

Después estaba Yale University Press, que publicó un libro de Jytte Klausen, The Cartoons that Shook the World (Las viñetas que sacudieron el mundo), sobre la historia de las polémicas viñetas de Mahoma publicadas por el diario danés Jyllands Posten en 2005 y la crisis subsiguiente. Pero Yale University Press publicó el libro sin las viñetas, y no incluyó ninguna otra imagen del profeta musulmán Mahoma.

"La sumisión de Yale University Press ante amenazas que ni siquiera han sido proferidas es el último y tal vez más grave episodio de la tendencia a rendirse ante el extremismo religioso, en concreto al extremismo musulmán, que se está extendiendo en nuestra cultura", comentó el difunto Christopher Hitchens. Es posible que Yale estuviese esperando ser la siguiente en recibir la donación de 20 millones de dólares que el príncipe de Arabia Saudí Al Walid ben Talal acababa de otorgar a la Universidad George Washington y a Harvard.

En Alemania, Gabriele Brinkmann, una popular novelista, también se quedó de repente sin editorial. Según su editora, Droste, la novela Wem Ehre Geburt (A quienes el honor alumbra) se podría considerar como "ofensiva para los musulmanes", y exponer a la editorial a intimidaciones. Se pidió a Brinkmann que censurara algunos pasajes. Ella se negó y se quedó sin editorial.

La misma cobardía y sumisión impregnan ahora toda la industria editorial. El año pasado, la Feria del Libro de Turín, la más prestigiosa de Italia, eligió (y luego pospuso) a Arabia Saudí como invitado de honor, a pesar de los muchos escritores y blogueros que están encarcelados en el reino islámico. (Raif Badawi ha sido sentenciado a mil latigazos, diez años de cárcel y una multa de 260.000 dólares).

Muchas editoriales occidentales están asimismo "rechazando ahora obras de autores israelíes", al margen de sus posiciones políticas, según Time.

Fue a raíz de Los versos satánicos de Salman Rushdie cuando muchas editoriales occidentales empezaron a ceder a la intimidación. Christian Bourgois, una editorial francesa, se negó a publicar Los versos satánicos después de haber comprado los derechos, como también hizo el editor alemán Kiepenheuer, que al parecer dijo que se arrepentía de haberlo hecho y decidió vendérselos a un consorcio conformado por cincuenta editoriales de Alemania, Austria y Suiza, agrupadas bajo el nombre Un-Charta Artikel 19.

No sólo capitularon los editores de Rushdie; otras editoriales también decidieron romper filas y volver a hacer negocios con Teherán. Oxford University Press decidió participar en la Feria del Libro de Teherán, junto a dos editoriales estadounidenses, McGraw-Hill y John Wiley, pese a la petición de la editorial de Rushdie, Viking Penguin, de boicotearla. Esas editoriales optaron por responder a la censura asesina con la rendición, dispuestas a sacrificar la libertad de expresión porque los negocios son los negocios: vender libros fue más importante que expresar su solidaridad con los colegas amenazados.

Es como si en la época en que los nazis quemaban libros las editoriales occidentales no sólo hubiesen guardado silencio, sino que hubiesen invitado a una delegación alemana a París y Nueva York. ¿Resulta igual de inimaginable hoy?

(*) Artículo publicado inicialmente en la web del Gatestone Institute. Traducción elmedio.com

******************* Sección "bilingüe" ***********************

!Oh, los idiomas…!
Miguel Font Rosell  Periodista Digital 23 Septiembre 2016

El idioma es el proceso culminativo de la capacidad de comunicación del genero humano, es uno de los patrimonios mas preciados con los que contamos a la hora de relacionarnos, de intercambiar ideas, mercancías, sensaciones, sentimientos, etc. Es algo que significa una clara distinción sobre el resto de los animales, los cuales disponen de instrumentos de comunicación mucho más sencillos, aunque no exentos de efectividad, de los que desconocemos en casi su totalidad el contenido de los mismos, así como las posibles variantes que puedan darse en función de razas, lugares de procedencia o situaciones, algo que si influye notablemente en el ser humano a la hora de entenderse, aunque no siempre pacíficamente

Hoy en día es absolutamente imposible determinar el número de lenguas que se hablan en el mundo, aunque se estima que está entre las 5.000 y las 7.000.


Si nos centramos en el número de personas, en millones, que tiene como lengua materna un determinado idioma y a su lado referenciamos el uso que de esa lengua se hace en el mundo, siempre disponiendo de cifras altamente cambiantes, obtenemos la siguiente lista:


Chino mandarín 950 1.200
Español 470 550
Inglés 375 1.100
Hindi 310 490
Arabe 255 600
Portugués 215 250
Bengalí 205 215
Ruso 155 280
Japonés 130 135
Punjabí oriental 110 115
Alemán 100 180
Francés 80 220
Coreano 80 210

De ello podemos extraer varias conclusiones, entre ellas que aun cuando el idioma mas hablado en el mundo sea el chino mandarín, ello se debe principalmente a la densidad de población existente en una parte muy concreta del mundo que, aunque de gran tamaño, no tiene prácticamente la menor influencia en el resto en cuanto a su idioma, lo que también sucede con el Hindi, el Bengalí o el Punjabí oriental.


Otra de las conclusiones importantes es que hoy en día el inglés, aun cuando se trata de la tercera lengua materna, es el primer idioma en el mundo en cuanto a utilización a todos los niveles, fruto sin duda del enorme nivel de colonización de Gran Bretaña en el mundo y del alto nivel, tanto económico como cultural o científico, de aquellas zonas en las que está más implantado, sobre todo por su protagonismo en América del norte.

También que aun cuando se trate de la quinta lengua de origen, el árabe es la segunda lengua efectiva, al tratarse de la que hablan en la práctica totalidad de los países de confesión musulmana.
Otros idiomas como el francés o el portugués, deben también su expansión a su antigua actividad colonial.

Finalmente, el español se ha convertido ya hoy, si exceptuamos el chino por las razones apuntadas, en el primer idioma hablado como lengua materna en el mundo, debido sin duda a nuestra actividad colonizadora, siendo, tras el chino, el inglés y el árabe, la lengua más hablada en el mundo con alrededor de 550 millones de personas que tienen nuestra lengua como instrumento de comunicación.

Pero, ¿que pasa en España?
El idioma oficial en España, el obligatorio en cuanto a su conocimiento para todos los ciudadanos es, según nuestra Constitución, el castellano, o la lengua española, como lo define nuestra Real Academia, aun cuando se reconocen otras lenguas, más o menos habladas, en alguna de nuestras Comunidades Autónomas, haciéndose eco de ello, nada menos que 7 de los distintos Estatutos de Autonomía de distintas Comunidades, concretamente las de Euskadi, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra Islas Baleares y Asturias.

A esos efectos y con datos de 2005, voy a citar a continuación los porcentajes del uso exclusivo del castellano, del idioma particular, del uso indistinto, y otros, en esas comunidades:

Cataluña 55,0 31,7 3,8 9,5
C. Valenciana 60,8 28,8 9,5 0,9
Galicia 30,1 52,0 16,3 1,6
Euskadi 76,1 18,8 5,1 0,0
Baleares 47,7 42,6 1,8 7,9
Navarra 81,9 5,7 3,8 8,6
Asturias 58,6 17,7 20,5 3,2

De ahí también se pueden sacar varias conclusiones, pues tales porcentajes son consecuencia de una macro encuesta donde las respuestas no son necesariamente de plena exactitud. La primera es que en Euskadi y sobre todo en Navarra, en donde el vasco es idioma oficial, 3 de cada 4 en Euskadi, y 4 de cada 5 en Navarra, solo hablan castellano, y que también en la comunidad valenciana, Asturias y Cataluña, el castellano es el idioma que habla la mayoría, encontrándose ambos idiomas prácticamente en equilibrio en Baleares y siendo en Galicia, en la única comunidad en la que se habla más el gallego que el castellano, aunque al igual que en Asturias se utilizan ambos idiomas al mismo tiempo en porcentajes altos de la población, mientras en Navarra el euskera solo lo habla algo menos del 6% de la población. Finalmente señalar que, curiosamente, en Baleares se habla en mayor porcentaje el catalán que en la propia Cataluña.

No obstante lo indicado, por mi condición de catalán y por haber vivido casi la totalidad de mi vida en Galicia, aun cuando hablo ambos idiomas (mi interés por el gallego en la dictadura, y mi biblioteca, me proporcionaron entonces alguna que otra sorpresa), he de hacer algunas matizaciones: Hoy en Cataluña, donde el idioma oficial en la práctica, muy por encima del castellano, es el catalán, no llega a un tercio de la población quienes se expresan en catalán habitualmente, al contrario de lo que sucedía en la dictadura, en la que el idioma oficial era para absolutamente todo el castellano, y donde la inmensa mayoría de la población, no obstante, se manifestaba únicamente en catalán. En este sentido, mi caso es paradigmático, ya que habiendo nacido en el centro de Barcelona, llegué a Vigo con 5 años y solo hablaba catalán. El caso de Galicia es radicalmente el contrario, ya que los porcentajes reseñados pueden sorprendernos enormemente (no tanto tratándose de una encuesta “al revés te lo digo para que lo entiendas”) a quienes vivimos en una ciudad como Vigo, donde el uso del castellano es mayoritario, pero no lo es tanto en el resto de las grandes ciudades gallegas, y sobre todo en las pequeñas ciudades y en el rural, donde el uso del gallego está más generalizado. También en mi caso he vivido lo ocurrido al respecto en la dictadura, en una época en la que hablar gallego estaba mal visto, pues se consideraba algo propio de la aldea, de manera que en las ciudades, la práctica totalidad hablaba únicamente castellano, siendo así que ciudadanos de las capitales, de mas de 60 años de edad, prácticamente casi ninguno puede expresarse actualmente con soltura en gallego.

Lo que si es evidente es que en las Comunidades Autónomas reseñadas, el idioma se ha convertido en un elemento de distinción, de confrontación en algunos casos y de expresión de lo políticamente correcto en detrimento del castellano, propiciado todo ello, en la mayor parte de las veces, no tanto por el pueblo en general como por los políticos que rigen tales comunidades, o por minorías independentistas altamente intolerantes a quienes invariablemente han coreado gran parte de los medios, algo que sorpresivamente se ha convertido en “progre”, lo que ha hecho que el resto de los políticos se hayan entregado a ello simplemente por cuestiones electoralistas, de no ser tachado de “españolista”.

Veamos, no obstante, que dice nuestra Constitución al respecto y los distintos Estatutos de Autonomía de las distintas Comunidades en las que se considera algún idioma concreto distinto del castellano.

Constitución española, de 29 de diciembre de 1978. Artículo 3º:
1 El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2 Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3 La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Estatuto de Autonomía del Pais Vasco, de 18 de diciembre de 1979. Artículo 6º:
1. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.
2. Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad socio-lingüística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es institución consultiva oficial en lo referente al euskera.
5. Por ser el euskera patrimonio de otros territorios vascos y comunidades, además de los vínculos y correspondencia que mantengan las instituciones académicas y culturales, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar del Gobierno español que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales, para su autorización, los tratados o convenios que permitan el establecimiento de relaciones culturales con los Estados donde se integran o residan aquellos territorios y comunidades, a fin de salvaguardar y fomentar el euskera.

Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 18 de diciembre de 1979, corregido en 19 de julio de 2006. Artículo 6:
1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.
2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua.
3. La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la presencia y la utilización del catalán en los organismos internacionales y en los tratados internacionales de contenido cultural o lingüístico.
4. La Generalitat debe promover la comunicación y la cooperación con las demás comunidades y los demás territorios que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña. A tales efectos, la Generalitat y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros mecanismos de colaboración para la promoción y la difusión exterior del catalán.
5. La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto y las leyes de normalización lingüística.

Estatuto de Autonomía de Galicia, de 6 de abril de 1981. Artículo 5º:
1. La lengua propia de Galicia es el gallego.
2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos.
3. Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento.
4. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.

Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, de 30 de diciembre de 1981, corregida en 2002. Artículo 4º:
1. El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje.
2. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable.

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de 1 de julio de 1982, corregido el 10 de abril de 2006. Artículo 6º:
1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
2. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.
3. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento.
4. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
5. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano.
6. La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y la enseñanza.
7. Se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana.
8. La Acadèmia Valenciana de la Llengua es la institución normativa del idioma valenciano.

Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, de 10 de agosto de 1982. Artículo 6º:
1. El castellano es la lengua oficial de Navarra.
2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra.
Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua.

Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, de 25 de febrero de 1983, corregido el 28 de febrero de 2007. Artículo 4º:
1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.
2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.
3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.

Algunas conclusiones:
Evidentemente, de todo lo expuesto se pueden sacar muchas conclusiones, aunque la primera es la que emana de nuestra Constitución, quien deja bien claro que el castellano es el idioma que todos tenemos el deber de conocer y el derecho de usar, pero deber en si, de manera que ningún español puede alegar su desconocimiento, pues todos los españoles, si queremos, podemos entendernos usando nuestro extraordinariamente loado exteriormente, idioma común.

La segunda conclusión, en cuanto a lo que emana de la Constitución, es el que el uso de los idiomas propios de cada Comunidad podrá ser oficial de acuerdo a lo que sobre el particular se contenga en sus Estatutos, y la tercera es que la Constitución propugna simplemente el respeto y la protección de los distintos idiomas, no haciendo mención alguna a su promoción, fomento o preponderancia, términos activos de distinto cariz que la pasividad que representa el mencionado respeto y protección.

Siendo así, y si analizamos el contenido que sobre del particular se contiene en los distintos Estatutos, veremos que existen tres que no se separan un ápice del contenido en el texto constitucional, como son los de Valencia, Navarra y Baleares. Que algunos rozan el mencionado contenido, como son los de Euskadi por su mención al “fomento” del euskera, Galicia por la “potenciación” del gallego y Asturias por su “promoción” del bable.

Donde al menos a mi juicio, y al de muchos juristas, se separa el Estatuto del contenido y espíritu de la Constitución, es en el de Cataluña, donde en principio se anuló por ilegalidad el término “uso preferente” del catalán de su apartado 1, aunque prevalezca lo de “lengüa normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”, algo enormemente discutible y para muchos recesivo. Otra de las ilegalidades manifiestas, para la inmensa mayoría, es la del “deber” de conocer el catalán para los ciudadanos de Cataluña. No obstante, donde ya el asunto toma tintes un tanto esperpénticos, es en lo del reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE y su presencia y utilización en organismos internacionales. Ante todo esto, lo de la “promoción” parece pacata minuta, mientras lo de oficializar el dialecto que constituye la variedad gascona de la lengua occitana, conocida como aranés en el valle de Arán, hablada por algo menos de 3.000 habitantes, resulta poco menos que pintoresco.

En mi caso, tengo la dicha de poder comunicarme en España con aquellos ciudadanos que en Cataluña hablen catalán, con quienes lo hablan en Baleares, curiosamente bastante distinto en algunos aspectos, con quien hable el valenciano (el catalán pronunciado como se lee), y en gallego con quien lo habla en Galicia, un idioma de mayor alcance, lo que también me ha facilitado muchísimo el poder comunicarme con soltura con los portugueses y algo menos con los brasileños, y la inmensa riqueza de hacerlo habitualmente en lengua española, lo que me abre un mundo de cerca de 600 millones de personas con los que poder comunicarme, lamentando profundamente no hacerlo como debiera en inglés, para poder así considerarme poco menos que un absoluto privilegiado en este mundo global en el que de una manera u otra, si queremos avanzar, todos hemos de acabar comunicándonos, algo que si hacemos a través de idiomas mundialmente más utilizados, todos saldremos ganando.

Yo de momento, que me siento ciudadano del mundo, europeo, español y catalán. En España, me sigo comunicando con todo el mundo en castellano, todos me entienden al hacerlo, y si ahora volviera a nacer, junto al español, mi idioma imprescindible sería sin duda alguna el inglés, respetando, como impone nuestra Constitución, tanto el catalán, como el gallego, el euskera, el valenciano, el bable, e incluso el aranés, aunque para nada impondría a mis hijos, de cara a labrarles un futuro, el aprendizaje de tales idiomas mas allá de lo que fuera su propio y manifestado interés.

Al respecto, el historiador Fernando García de Cortazar, manifestaba lo siguiente: “Discursos políticos, programas escolares, emisiones televisivas, ondear de banderas y resonar de himnos asentaron a lo largo y ancho de España una ridícula variedad de estrafalarios regionalismos, fogosidades provincianas y patriotismos chicos. Los niños fueron educados en el culto a la comarca y el olvido de la nación. Los dirigentes sacaron pecho para poner el interés local por delante del interés general. Los nuevos caciques del autonomismo promovieron símbolos, cánticos, identidad y melodramas de lírica silvestre, para que la idea de España acabara siendo desterrada de la conciencia de todos, y convertida en una mera referencia de marco constitucional, de unidad formal del territorio, de alusión a un “Estado español” que solo parecía encarnarse en las negociaciones exteriores con la arrogante Unión Europea y en las exigencias voraces de la inevitable Agencia Tributaria.”

Ya sé, por tanto, que hay ciudadanos que prefieren formar a sus hijos exclusivamente en su lengüa vernácula, en su historia, geografía, o cualquier otra materia local por encima del español, de la de España, e incluso del inglés, aunque no sería yo quien me arriesgara a tener que darles explicaciones en un futuro, a esos hijos, por su minusvalía en cuanto a sus posibilidades de comunicación e interelación con el mundo, y a su desconocimiento y contacto con materias y conocimientos más universales, incluso de su propio país, España.

Si por mi fuera, en España, la enseñanza se llevaría a cabo en un idioma fundamental hoy en el mundo, el nuestro, el español, en todas las comunidades, en las que sería obligatoria además la enseñanza del inglés y de otro idioma, bien el propio de la comunidad (el respeto y protección aludido en al Constitución), o cualquier otro optativo. Es mi opinión, y aunque hoy, en esta folclórica España de pandereta, no sea políticamente correcta, estoy en mi derecho al manifestarla.

Menos mal que existe un idioma universal en el que todos podemos entendernos, al contrario que con la letra: la música. Y sinceramente, creo que la música de lo expuesto, es bastante armónica.

Gasto público
Más de 100 millones de euros al año para «euskaldunizar» a los vascos
Para el Gobierno de Urkullu, insistir en la expansión del euskera es esencial para una «convivencia de calidad»
Roberto Pérez Madrid ABC 23 Septiembre 2016

El euskera, una de las banderas identitarias cultivadas con más ímpetu por el nacionalismo, les cuesta a los vascos más de 100 millones de euros al año. Es lo que el Gobierno de Íñigo Urkullu (PNV) dedica este año, con cargo a los presupuestos de la Comunidad autónoma, para la «euskaldunización» lingüística de la población, que de forma abrumadoramente mayoritaria usa el castellano como lengua principal en su día a día.

Al menos la mitad de los vascos no domina el euskera lo suficiente como para poder hablarlo con fluidez ni escribirlo correctamente, y tres de cada diez vascos no entiende esta lengua, según los datos recogidos en un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Un informe realizado en 2013 por el Clúster vasco de Sociolingüística indicó que solo un 13,3 por ciento de la población utiliza esta lengua en sus conversaciones cotidianas. Y el propio Gobierno vasco reconoce en su web que «aproximadamente la mitad de las tiendas, restaurantes y bares de la Comunidad Autónoma Vasca nunca utiliza el euskera, y tres de cada cuatro raramente o nada».

La elevada cantidad de dinero público que se dedica desde hace décadas a potenciar el uso del euskera se ha dado de bruces con la realidad de una población para la que este idioma es parte esencial de la riqueza cultural del País Vasco, pero no su herramienta lingüística cotidiana.

El Gobierno vasco, sin embargo, persevera en despliegue de fondos públicos: este año, los presupuestos del Ejecutivo de Urkullu contemplan un gasto total de 104,62 millones de euros para insistir en la expansión del euskera. El grueso, 51,73 millones, los maneja el área gubernamental encargada de Política Lingüística; otros 10,24 millones nutren las unidades encargadas de extender el euskera en la Administración autonómica; y 42,65 millones de euros se dedican a la «euskaldunización del sistema educativo».
Euskera y «cohesión social»

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu, candidato del PNV a la reelección, justifica con ímpetu argumental esos más de 100 millones de euros al año dedicados al euskera. Según consta en la documentación oficial que acompañó a los presupuestos de este año, para el Gobierno vasco el euskera es uno de los elementos imprescindibles para una «convivencia de calidad».

El Ejecutivo de Urkullu afirma en esos documentos que «la situación sociolingüística actual no garantiza la igualdad de condiciones en nuestra sociedad»; dice que «fomentar el euskera es contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada y con mayor grado de bienestar»; y asegura que «la cohesión social basada en una convivencia de calidad requiere la promoción del conocimiento y del uso del euskera».

Una parte significativa de esos más de 100 millones de euros se van en sueldos públicos, en pagar a la larga lista de empleados públicos que están adscritos a servicios relacionados con la promoción del euskera desde la Administración.

Parte de los fondos también acaban recalando en entidades públicas y privadas por la vía de las transferencias presupuestarias o de las subvenciones. Entre ellas, por ejemplo, el Instituto Vasco de Administración Pública –recibe 10 millones para la «euskaldunización y normalización lingüística» en el sector público de la Comunidad-, la Academia de la Lengua Vasca –percibe más de un millón de euros al año- o los ayuntamientos.

En el caso de las subvenciones, el despliegue económico para intentar que se expanda el euskera se articula por múltiples vías. Entre las más dotadas, las ayudas públicas para sostener medios de comunicación en euskera o que tengan algunos espacios en esta lengua. La partida dedicada a tal fin en los presupuestos del Gobierno vasco ronda los 5 millones de euros al año -al margen queda el presupuesto, diferenciado, del que se nutre la radiotelevisión autonómica-. Y, por ejemplo, también reserva 1,6 millones a subvencionar a aquellas empresas que colaboren para aumentar el uso del euskera en sus centros de trabajo.

Patrocinios
Otegui no es un orador honorable. No dispone, para ello, de salvoconductos legales ni morales
David Gistau ABC 23 Septiembre 2016

La intervención de Arnaldo Otegui en una conferencia organizada por el Forum Europa de Nueva Economía y patrocinada por el Banco Santander se ha convertido en noticia por una ocurrencia de Vox: dejar en el atril la grabación de unos improperios. No entraré a valorar la táctica empleada por Vox para recordar que existe basada en las gamberradas y en unos candidatos que un día invaden Gibraltar a la manera de Ynestrillas y cualquier otro saltarán al césped del Bernabéu desnudos. Allá cada cual. Pero sí me asombra que la noticia haya sido la grabación, y no el hecho de que un foro con vocación institucional y patrocinado por un banco como el Santander haya concedido moqueta y atril a un terrorista convicto que jamás dio una sola muestra de arrepentimiento y que, a día de hoy, permanece inhabilitado por los tribunales. Sé que, en el periodismo, existe un miedo galo, a que el cielo se abata sobre nuestras cabezas -o sobre nuestros rendimientos publicitarios-, si se menciona a empresas como el Santander en un contexto crítico. Pero es obligado decir que, a este paso, terminará promocionando, en las universidades de verano de la Magdalena, mesas redondas con asistentes del ISIS y la Camorra que saldrán blanqueados por la deferencia institucional en el trato, con el vasito de agua rellenado si es menester.

Respondo ya a la pregunta que muchos se estarán haciendo con sólo haber leído el primer párrafo de este artículo: ¿acaso no debe un foro como el de Nueva Economía albergar toda la variedad de voces del escenario público español? ¿Acaso no debe incluso reflejar el proceso de normalización vasco? Sí, estoy de acuerdo. Creo que debe hacer ambas cosas. Albergar todas las voces, por más discrepantes que sean, por más estimuladas que estén, incluso, por doctrinas antagónicas con el sistema. Pero las voces legales. Por eso no veo motivo de polémica si el Banco Santander promociona la conferencia de las candidaturas de Bildu, que de hecho hablaron después de la presentación de Otegui, ya que estas no están inhabilitadas. Como tampoco vi polémica alguna cuando fue invitado a uno de los desayunos el Pablo Iglesias del ceño todavía fruncido y montaraz, representante de un partido político legal, en la actualidad líder del tercer partido español más votado, por más que en aquella ocasión resultara jugoso para la crónica jugar con la entrada en el Ritz de los barbudos de Sierra Maestra.

Otegui no goza de ninguna de estas consideraciones. No es un orador honorable. No dispone, para ello, de los salvoconductos legales ni morales. No deja de resultar hiriente contemplarlo hacer chistes con las supuestas arbitrariedades que contra él comete la Fiscalía mientras a su alrededor le ríen las gracias los asistentes, suponemos que en un buen hotel, a un foro respetable y pimpante de patrocinios. Algún principio colectivo es conveniente revisar si en los mismos ámbitos públicos donde sería impensable la presencia de un corrupto aún encaja un terrorista sin turbulencias.

El peligro de la ortodoxia
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 23 Septiembre 2016

Alarma que en una situación de vida o muerte para España algunos formadores de opinión encuentren argumentos para disparar fuego amigo contra Cs.

España hace equilibrios sobre el filo de una navaja llamada investidura. En Cataluña, una ensoberbecida camarilla antisistema y belicosa lleva la batuta del alzamiento contra las leyes nacionales e internacionales, tirando los hilos del títere que ella misma entronizó en la Generalitat. El nuevo miembro del politburó de la CUP, Carles Riera, del núcleo duro de Endavant, es un firme partidario de la "construcción nacional de los Països Catalans", lo que implica la anexión de territorios españoles y franceses (LV, 17/9). Es el programa urdido por los verdaderos capos del proceso, para que la nueva república independiente rompa con la Unión Europea y exija al complaciente Ximo Puig que le entregue la Comunidad Valenciana.

Mientras la bomba de relojería desgrana su tic tac, dos partidos políticos –PP y C’s– negocian entre tiras y aflojas las vías para descolgarse de la navaja y sellar entre ellos y con hipotéticos socios el pacto de investidura, con la menor cantidad de heridas posible. El PSOE debate si será parte de la solución o del problema, y los buitres chavistas, colauistas y secesionistas afilan el pico listos para devorar, juntos o separados, los despojos del estallido, si este se produce.
Fuego amigo

Alarma que en una situación tan comprometida, se podría decir que de vida o muerte para España, algunos formadores de opinión encuentren argumentos para disparar fuego amigo contra Ciudadanos, Albert Rivera e Inés Arrimadas. Aclaro, desde ya, que no tengo ningún compromiso con C’s, más allá de que invité a votarlo en las dos últimas elecciones, con la salvedad de que antes lo había hecho por el PSOE y el PP y podría hacerlo en el futuro por estos o por otro partido liberal, laico y constitucionalista si lo hubiera y se justificara. Tampoco tengo ningún tipo de relación personal con Rivera, Arrimadas u otros dirigentes de C’s, aunque sí siento un gran afecto por algunos fundadores del partido, a los que además admiro por su larga y abnegada militancia a favor de las libertades y los derechos civiles en Cataluña, como parte de España.

Precisamente definí como el "Vademécum de la dignidad ciudadana" (LD, 14/2/2014) el libro Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña (Biblioteca Crónica Global, 2013), de Antonio Robles, uno de aquellos fundadores de Ciutadans, a quien califiqué y sigo calificando como "histórico protagonista e impulsor de todas las campañas que se libraron y se siguen librando para rescatar a Cataluña del Leviatán secesionista". Añadí que el libro será

un texto de consulta obligada tanto para los estudiosos como para los profanos que deseen conocer, por un lado, los entresijos de la trama pacientemente armada por los secesionistas para conquistar todos los resortes de poder y someter a quienes consideraban sus súbditos a un inescrupuloso lavado de cerebro que empieza en el parvulario y, por otro, la gradual contraofensiva de los ciudadanos aglutinados en asociaciones empeñadas en recuperar y salvaguardar sus libertades y los valores de la convivencia civilizada dentro de una sociedad abierta.

Un parto difícil
Robles no sólo no oculta los choques internos y las divisiones que marcaron el desarrollo del movimiento de resistencia al nacionalismo, ya fueran de naturaleza ideológica o personal, sino que los desmenuza con precisión quirúrgica y presenta un cuadro verídico, realista y rico en enseñanzas que ojalá sirvan para evitar la repetición de errores. Al fin nació Ciutadans, un parto difícil y una criatura polifacética que Robles evoca así:

El relato detallista de la historia de la Resistencia, se vuelve impresionista y sentimental con C´s. Sólo las pinceladas necesarias para explicar la llegada al Parlamento, la descripción de una campaña electoral que dio la vuelta al mundo, mi decisión de abandonar el acta de diputado y el relato, en capítulo aparte, de una de las convicciones que aún creo imprescindible para que el proyecto de una España de ciudadanos libres e iguales, triunfe: la fusión de C´s y UPyD, la Tercera España.

Temo que este fuego amigo sea producto de las tensiones preexistentes, que convirtieron la fundación de Ciutadans en un parto difícil, repito, cuyos pormenores proporciona Robles. La lectura de su libro obliga a pensar que, no obstante sus méritos y el coraje y los sacrificios de sus militantes, la Resistencia estuvo lastrada desde el vamos por un exceso de ortodoxias que engendraron una multitud de divisiones. No se explica de otra manera que hubiese tantos movimientos y asociaciones que luchaban por un mismo objetivo, dispersando sus fuerzas. Con un efecto esterilizante, del que da testimonio el fracaso de la anhelada fusión entre C’s y UPyD. Aunque la aproximación de Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner desde UPyD a Ciudadanos, en el País Vasco, invita a recuperar el optimismo.

Ciudadanos es el fruto de aquella Resistencia, despojado de las ortodoxias que frustraron las iniciativas de sus predecesores. Es un partido político, no una onegé obsesiva, y por lo tanto tiene que adaptarse a las circunstancias. Y estas son muy distintas de las que imperaban cuando nació el partido. El nacionalismo del peix al cove se ha transmutado en un secesionismo furibundo dirigido entre bambalinas por revolucionarios de pacotilla, que han dejado huérfana a la clase media emprendedora. Miquel Roca i Junyent, Josep Antoni Duran Lleida, Joaquim Gay de Montellá, Antoni Fernández Teixidó, incluso el volatinero Santi Vila, miran con desprecio a la chusma descamisada que hace bajar los pantalones a los burgueses tránsfugas.

Las ortodoxias serían doblemente peligrosas si impidieran negociar con los numerosos descontentos. El frente nacionalista está resquebrajado y no podemos darnos el lujo de fracturar el nuestro. Hoy tenemos interlocutores. Si hasta La Vanguardia, que tantas veces tildé de "somatén mediático", ha dado un giro de 90 (no 180) grados.

La cabra de la Legión
¿Ha habido claudicaciones en Ciudadanos? No es serio reprochar a Arrimadas que se aparte del lenguaje ortodoxo de los veteranos. Arrimadas no es una resistente pata negra y debemos regocijarnos de que nouvinguts como ella se sumen a nosotros. Es lo que pretenden lograr los esquerranos con la pintoresca Súmate y no lo consiguen.

Incluir en el programa la enseñanza trilingüe, ¿implica abandonar la lucha contra la inmersión y desentenderse de los padres acosados porque exigen el castellano para sus hijos? Tres lenguas son más que una y su presencia pone fin a la inmersión… como muy bien lo entienden los talibanes de la Generalitat, que se conjuran para no aplicar la nueva ley cuando se promulgue (LV, 29/8).

El histrión Joan Tardà vociferó: "Si no vienen con la Legión, la inmersión continuará". En Estados Unidos, cuando el gobernador George Wallace intentó bloquear la entrada de dos estudiantes negros en la Universidad de Alabama, el 11 de junio de 1963, desobedeciendo una ley federal, el fiscal general adjunto telefoneó al presidente Kennedy y éste ordenó la intervención de la Guardia Nacional de Alabama. El general Henry Graham ordenó al gobernador que dejara libre el paso y éste se hizo a un lado de mala gana. Aquí bastará que venga la cabra de la Legión para que los iletrados secesionistas se hagan a un lado de mala gana y termine la segregación de dos lenguas cultas: castellano e inglés.

Virtudes del pragmatismo
Las pruebas de los efectos nocivos de la ortodoxia se multiplican en países amigos de larga tradición democrática. Jeremy Corbyn fue elegido para depurar el Partido Laborista británico de las lacras atribuidas al blairismo, pero con su retórica de rancia ortodoxia marxista lo está reduciendo a escombros. Bernie Sanders prometió divorciar al Partido Demócrata de Wall Street y estuvo a punto de entregar la cabeza de Hillary Clinton a Donald Trump, quien, dicho sea entre paréntesis, también abomina de Wall Street en sus soflamas populistas.

Ciudadanos adquirió, en su corto periodo de vida, la experiencia suficiente para reconocer las virtudes del pragmatismo. Recoge en su programa las enseñanzas de la Resistencia contra el nacionalismo, empezando por la de que no hay que repetir el error de dividir fuerzas ni el de espantar a posibles aliados. La Resistencia dejó un semillero de valiosas entidades que mantienen viva la llama de la oposición al secesionismo. Son muchas pero impotentes desde el punto de vista práctico. Ciudadanos encarna lo mejor de todas ellas, y si el fuego amigo provocara un desprendimiento, como fue Vox respecto del PP, o generara la creación de un nuevo partido competidor de C´s que le restara votos, como hasta ahora se los restó UPyD, quienes saldrían ganando serían, una vez más, aquellos que nunca se sintieron amenazados por la Resistencia fragmentada.

Es posible que Ciudadanos no deje satisfechos a los virtuosos perfeccionistas. El Partido Popular aun menos. Las pasadas fechorías de Rita Barberá producen indignación en las gente honesta. Pero la actual prepotencia totalitaria de Ada Colau entraña una amenaza mayor, que debería chocar con la rebelión de los demócratas. Hablando del contraste entre la corrupta Barberá y la agitadora Colau, recordemos que la historia es más benévola con los corruptos Medici, patrocinadores del Renacimiento, que con su contemporáneo fray Girolamo Savonarola, en cuyas hogueras purificadoras ardían los pecadores y sus obras de arte.

Hoy, la supervivencia de España y de sus valores depende del entendimiento entre los dos partidos consecuentemente constitucionalistas y de todos aquellos, si los hay, que abracen la herencia civilizada de la Transición. El fuego amigo no es correctivo, es suicida. Dejemos que lo practiquen los resentidos podemitas, socialistas y secesionistas.

Revisionismo en torno al final de ETA
Mikel Buesa Libertad Digital 23 Septiembre 2016

La historia del final de ETA aún no ha sido escrita; entre otras cosas, porque ese final aún no ha llegado, pues ETA ni siquiera se ha disuelto.

A medida que pasan los años y avanza el olvido, en los medios nacionalistas y de la izquierda se ha ido imponiendo la tesis de que el final de ETA tuvo como principales actores al último ministro del Interior socialista y a los dirigentes de la izquierda abertzale. Según esa tesis simplificadora, tras el esfuerzo desplegado por el gobierno de Zapatero para negociar con ETA un final pactado de su actividad violenta dentro de las coordenadas teorizadas por el Pacto de Ajuria Enea, en virtud de la ruptura que supuso el ataque al aeropuerto de Barajas, Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras imponía la mano dura en la represión de los comandos armados de la organización terrorista, ofrecía al partido de ETA su rehabilitación política a cambio del final de los atentados. De esta manera, tanto el partido socialista como el de la propia ETA serían los artífices de la pacificación en el País Vasco. El primero podía así presentarse como el único actor del lado democrático en afrontar con eficacia el terrorismo y el segundo adquiría el marchamo necesario para actuar en la política vasca y española.

Más allá de unos hechos que pudieron haberse configurado, al menos en parte, como sostiene esa tesis –algo que todavía está por ver, pues los documentos en los que quedaron recogidos no se han hecho públicos y lo único que tenemos son algunos testimonios interesados o claramente tergiversados, como es el caso del libro que escribieron al alimón, en 2011, Jesús Eguiguren y Luis Rodríguez Aizpeolea–, lo más relevante de su formulación es que deja fuera del proceso que conduciría al final de la lucha armada etarra a todos los demás actores que contribuyeron a lograrla. Más aún, se deslegitima implícitamente la teoría del final del terrorismo que se desprendía del Pacto por las Libertades del año 2000, según la cual ETA debía ser derrotada sin paliativos.

A este respecto, conviene recordar tres elementos sobre los que los historiadores, cuando aborden este asunto, tendrán que indagar. El primero se refiere a la voluntad política de derrotar a ETA que se impone en el gobierno del presidente Aznar después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y da lugar a la diversificación de la política antiterrorista más allá de la represión policial de los comandos armados, extendiéndose ésta hacia el aparato político y civil de la banda, por una parte, e integrando el ámbito de la lucha ideológica, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, la atención a las organizaciones de la sociedad civil contrarias a ETA y el independentismo nacionalista, y la acción diplomática internacional –una de cuyas patas sería el reforzamiento de la cooperación policial con Francia, y que, tras los atentados islamistas del 11 de Septiembre en Estados Unidos, entraría en la creación de instituciones jurídicas contra el terrorismo tanto en Naciones Unidas como en el ámbito de la Unión Europea–. Los méritos de ese gobierno en orden al logro del final de ETA fueron indudables y pueden ser evaluados en la propia trayectoria de esta última, en la que se comprueba que durante los últimos meses de la segunda legislatura de Aznar se vio incapaz de cometer nuevos atentados. Los acontecimientos políticos de 2004 frustraron esta situación, pues en cuanto Zapatero mostró su interés en la vía negociada, ETA reemprendió su campaña terrorista para adquirir alguna capacidad de presión sobre el gobierno.

El segundo elemento descartado por el revisionismo es el que recoge la actuación y el impacto de las organizaciones cívicas para poner en cuestión los fundamentos del independentismo y la validez del empleo de la violencia política para lograrlo. En este terreno son muchas las iniciativas que habría que recordar, empezando por las organizaciones pacifistas que, en un ambiente muy duro, levantaron la bandera de la deslegitimación moral del terrorismo y siguiendo por las que se empeñaron en una actividad intelectual que hacía frente al terrorismo en el terreno político e ideológico. Entre estas últimas destacan sin duda el Foro Ermua, Basta Ya –que, sin embargo, dio un paso atrás para favorecer la política negociadora de Zapatero, aunque posteriormente, con la ayuda del Foro Ermua, se reincorporó a las tareas de la resistencia civil contra ETA– y la Fundación para la Libertad. Todas ellas encontraron la interlocución, el amparo –y muchas veces la ayuda material– del gobierno de Aznar, aunque en ellas se integraban, junto a miembros del PP, personas independientes y rivales políticos de su partido. Pero fueron marginadas deliberadamente, cuando no denostadas, por el socialismo durante la gobernación de Zapatero; e ignoradas hasta su decadencia por el gobierno de Rajoy. Los abundantes documentos elaborados por estas organizaciones, junto a sus acciones de propaganda, sus manifestaciones públicas y su continuada y oculta labor de lobby con dirigentes y militantes destacados de los principales partidos constitucionalistas –en especial, el PP y el PSOE– fueron extraordinariamente importantes en el rearme de la sociedad civil frente al terrorismo, a lo que entonces se denominó el nacionalismo obligatorio y al intento secesionista de éste bajo el liderazgo de Juan José Ibarretxe. La legitimación de la política antiterrorista al extenderse más allá del terreno policial contra los comandos de ETA no habría sido posible sin el concurso de estas organizaciones.

Y queda el tercero de esos elementos, que no es otro que el de las asociaciones de víctimas del terrorismo, en especial Covite y la AVT, y también alguna de las fundaciones surgidas en recuerdo de víctimas destacadas de ETA. Su irrupción como actores políticos tuvo lugar durante las legislaturas en las que gobernó Zapatero, en oposición a la negociación con ETA y a la injusticia que ello suponía con respecto a las personas asesinadas y heridas por esta organización terrorista. Y fue precedida por una tarea de reflexión intelectual acerca del valor político de las víctimas, en el marco de los problemas que suscitaba el terrorismo, que se desarrolló en varios cursos de verano de la Universidad Complutense a partir de 2001, así como en un seminario que, en noviembre de 2005, promovió la Fundación Miguel Ángel Blanco en la Universidad Rey Juan Carlos. Pertrechadas con las ideas surgidas de esas instituciones universitarias y con la ayuda inicial de varias organizaciones cívicas, tanto vascas como de otras regiones españolas, las asociaciones de víctimas, movilizando a miles de ciudadanos, marcaron los límites de la tolerancia política con respecto a ETA y condicionaron la actuación del gobierno socialista.

La historia del final de ETA aún no ha sido escrita –entre otras cosas, porque ese final aún no ha llegado, pues ETA ni siquiera se ha disuelto–, pero cuando lo sea no podrá incurrir en las simplificaciones a las que quiere someterla el revisionismo que hoy está tan en boga. Esperemos que la inteligencia de los historiadores sepa recobrar el papel de todos los actores que influyeron en que esa banda terrorista se viera impelida a dejar de matar.

Cuando Emilio vuelva a Lazcano Álvaro Martínez
Álvaro Martínez Mundaca (Vizcaya) ABC 23 Septiembre 2016

Parece que hubiera pasado un siglo de aquello... pero no. Teniendo en cuenta que la historia de ETA tiene cincuenta años y 829 asesinados, miles de heridos y decenas de miles de deudos, lo de Emilio fue casi anteayer. Emilio es Emilio Gutiérrez, el joven que en 2009 irrumpió en la herriko taberna «Ansotegi», en Lazcano, con una maza: cristales, mesas, máquinas dispensadoras... Emilio fue un molinillo repartiendo mandobles y dejó aquello arrasado, como un «saloon» del lejano oeste el día de paga a los vaqueros. La madrugada anterior ETA había destrozado su hogar –recién reformado– al volar con diez kilos de explosivos la Casa del Pueblo del PSOE, situada en la calle San Prudencio de esta localidad guipuzcoana. Emilio se arrepintió de inmediato de su arrebato de cólera. Cuando la Erztaintza lo esposaba tras pasar la maza por el bar proetarra, y entre diversos juramentos en arameo, solo se le escuchaba decir: «Lo siento por mis padres, lo siento por mis padres...». Después de ese insólito arranque de ira –una minúscula gota en el mar de lágrimas lloradas y sangre anegado por ETA– Emilio tuvo que abandonar el pueblo unas semanas después por las amenazas recibidas y el cerco que los malos montaron a su alrededor. Marchó a Levante, donde tenía unos parientes. No se le ha visto más por Lazcano.

Que ETA haya dejado de matar no significa que la normalidad se haya instalado del todo en el País Vasco donde el nacionalismo –hegemónico en el poder durante 36 años, con el único pestañeo de los cuatro años que el PP concedió al socialista Patxi López– ha fraguado un «establishment» político y social al que parece que le da muchísimo menos repelús integrar a los etarras y sus acólitos que concederle espacio a los constitucionalistas, que han puestos casi todos los muertos.
La ola y la ikurriña

En Mundaca los surfistas de toda Europa buscan la mejor «ola de izquierda» del continente, que rompe brava e interminable contra el arenal de la desembocadura del río Oca y que, uno de cada tres días, puede ofrecer un tubo de hasta 400 metros por donde volar sobre el agua. Hoy no es uno de esos días. El mar es un espejo de plata quieta y solo dos «surfers» hacen brazos remando sobre sus tablas. Corona la playa un mirador donde se levanta el mástil de una enorme ikurriña, cuyo pedestal es recorrido por una especie de zócalo con carteles pidiendo la excarcelación de los criminales etarras. Por contra, para encontrar la bandera de España en el balcón del Ayuntamiento es preciso emplear un telescopio de última generación, de lo arrinconada que está, minúscula, como comprada en los chinos.

En Mundaca manda el PNV, que ganó las últimas elecciones municipales (2015) con casi el 60 por ciento de los votos. Entre el PSE y el PP no llegaron al 5 por ciento.

De aquí es Oier González Bilbatúa, portavoz del colectivo de presos que desde 2013 puede pasearse como Kepa por su casa por sus empinadas calles, a los pies del alto de Bretocol y el monte de Katillotxu, salpicados ambos de caseríos. González es un experto en el asunto delincuencial, ha estado en penales de España y Francia por una variada gama de ilícitos terroristas. Tan experto es que la Universidad del País Vasco, siempre atenta a estos inconcebibles acomodos, incluyó al etarra hace un par de años en una mesa redonda donde justificó todas las andanzas sangrientas de la banda.

No prosperó la denuncia de las víctimas.
Triatlón de «gudaris»
Se aprecia una notable carrera interna dentro del nacionalismo a ambos lados de la línea roja, una especie de triatlón a ver quién es más euskaldún, más gudari... En no pocos municipios, PNV y Bildu tratan de atraer o retener ese voto identitario, el que pone mala cara cuando le hablan de España. Los proetarras han de pelear ahora también con Podemos en la disputa de a ver quién es más «rojo». No se entiende de otra manera que hace una semana, en la cercana Lequeitio (a 32 kilómetros por carretera de la ola), el alcalde peneuvista cediese su sillón a un pistolero del «comando Madrid» recién excarcelado, autor de secuestros y asesinatos. Antonio Gabiola, un auténtico hijo de la gran villa marinera, donde la banda terrorista ha matado al «arrantzale» Ignacio Montes, al policía municipal Juan Rodríguez y al guardia civil Alberto Villena. Ninguno de los tres tiene calle en ese mismo Lequeitio que honró el otro día a Gabiola, alias «casquillos». El lavado de cara de los proetarras parece tan palmario como que han intentado colar de candidato a Otegui, antiguo secuestrador y quien trató de refundar su «comando politico» cuando la banda estaba del todo acorralada.

No hay duda que el fin de los asesinatos, la extorsión y la «kale borroka» hace mucho más «respirable» el oxígeno de la libertad. Hace dos días Rajoy se paseaba por las calles de San Sebastián haciendo campaña, en una estampa casi insólita. Y cierto es que apenas quedan 135 escoltas dando protección.

Pero queda por recorrer un largo trecho antes de que desaparezca el odio, hasta que la justicia complete su imperio, y hasta que Emilio, por ejemplo, pueda volver a la calle San Prudencio.

«Guirnaldo» y la cuarta provincia Álvaro Martínez
Álvaro Martínez Bilbao/guernica (Vizcaya) ABC 23 Septiembre 2016

En la terraza de la taberna de «Boliña el viejo» de Guernica, en el arranque de la calle Adolfo Urioste, se juntan todos los días a tomar los vinos una cuadrilla de «arrantzales» jubilados que se curtieron en el mar y que cogen el vaso con esas manos ocres y anchas como guantes de boxeo que les han dejado el salitre, el sol y la faena en miles de días en la cubierta del barco. Mantienen el seseo que marca el acento de los marineros del norte pero no hablan de política sino, por ejemplo, de la última victoria del Athlétic tras «castañaso» europeo y de alguna novedad local, como las próximas ferias de octubre. A unos días de los comicios autonómicos, la campaña discurre aquí, en la capital sentimental del País Vasco, casi tan exteriormente mortecina como en el resto de la Comunidad. La cartelería electoral casi ha desaparecido tanto en los pueblos como en las grandes ciudades. En Bilbao, por ejemplo, los candidatos han reservado su imagen para el chasis de los tranvías verdes que recorren la ría de Atxuri a Indautxu. Fuera de ahí, los únicos postes, banderolas y carteles que se aprecian son los de Arnaldo Otegui, al que no se le puede votar al estar inhabilitado por sentencia judicial. El proceso de «dulcificación» de los proetarras ha llegado al diseño de su propaganda, de aspecto amable y colorista, como si hablara de la primavera. Tan recurrentes son las imágenes decorativas del «no candidato» en las calles vascas que ya le han sacado allí un alias: «Guirnaldo Otegui».

La casa de Pili
En Guernica también hay muchos carteles con la cara de «Guirnaldo». Pero la mañana transcurre como si fuera un día cualquiera del resto del año, vísperas de nada. El único recordatorio (con movimiento) de que dentro de unos días se vota es el tenderete con globitos morados que dos voluntarias de Podemos atienden en la plaza del mercado y al que apenas nadie se acerca. Una de las señoras de edad que pueblan las terrazas adyacentes se arranca y les pregunta: «Oye, es verdad lo de la casa de Pili y el millón de euros…». Las militantes quitan hierro al asunto y justifican la mansión en Zarauz de la candidata populista en que Pilar Zabala «oye, es dentista» y en que el marido «también gana bien». La señora no parece muy convencida y regresa a su café con leche con un globito.

También aquí, en la capital de Busturialdea donde se alza el telúrico roble de la Casa de Juntas, hay una sensación general de que todo el pescado está vendido. El PNV lleva enganchando tres victorias electorales seguidas (autonómicas 2012, municipales 2015 y generales 2016) y la única pugna parece estar entre los proetarras de Bildu y los populistas de Pili.

Pero la aritmética electoral preventiva sí señala que cada voto es importante para diseñar el bloque mayoritario gobernante una vez que parece descartada cualquier posibilidad de mayoría absoluta, resultado que nunca se ha producido en unas autonómicas vascas. Menos aún tras la irrupción del partido de Iglesias y Errejón, esa pareja que ha decidido ponerse a reñir por Twitter como si fueran Pepa y Avelino, en «Escenas de matrimonio», en plena campaña.

Un «batzoki» de Benidorm
Y como todo voto es clave, los partidos se han volcado en la llamada cuarta provincia para recabar el voto de los residentes fuera de la Comunidad. Alicante se erige aquí como la plaza más deseada y fuerte. Tanto el PNV como el PSE cuentan con un «batzoki» y una Casa del Pueblo en Benidorm, donde se calcula que residen de forma habitual no menos de 7.000 vascos si bien se estima que cerca de 350.000 visitan al año aquellas costas.

En Extremadura se repite la peripecia, pero en este caso no por quienes han elegido cambiar el clima por su gusto, los huesos, el asma, el sol… o por ETA –que la diáspora es también multitudinaria por el terrorismo–. Hablamos de aquellos que retornaron a Mérida, Plasencia, Trujillo o Llerena después de pasar más de media vida trabajando en los altos hornos o cualquier otra factoría de la segunda revolución industrial vasca que sacó de Cáceres y Badajoz a 230.000 extremeños en los años sesenta y setenta. Muchos han regresado pero siguen empadronados aquí, donde viven sus hijos, que ya han formado su propia familia y reciben la visita navideña del «aitona» (abuelo) que vive en el valle del Jerte. En Extremadura sí se pagan impuestos de sucesiones y el tramo autonómico del IRPF y otros tributos transferidos son más altos que en estas tierras vascas, que una cosa son las raíces y otra la cartera.

Son la cuarta provincia y por eso los partidos buscan su voto a cientos de kilómetros de los carteles de «Guirnaldo».

La Guardia Civil velará por su seguridad
VOX planta cara a los batasunos y cerrará la campaña en Vitoria
La formación que lidera Santiago Abascal clausurará este viernes la campaña de las elecciones vascas en el Centro Cívico Judimendi, mismo lugar donde la pasada semana sufrió el ataque de 200 proetarras con insultos, y el lanzamiento de botellas de cristal y tuercas.
Gaceta.es 23 Septiembre 2016

VOX celebrará su mitin de cierre de campaña de las elecciones vascas este viernes en el Centro Cívico Judimendi de Vitoria, mismo lugar donde la pasada semana sufrió el ataque de 200 batasunos con insultos y amenazas y con el lanzamiento de botellas de cristal, tuercas y otros objetos. La Guardia Civil y la Policía Autónoma Vasca velarán por la seguridad de los militantes, tal y cómo ha informado la formación en un comunicado.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ya manifestó que "no iban a dar un paso atrás y que nada les iba a detener". "Ni la indiferencia ni el silencio del resto de partidos políticos que a estas horas no han querido solidarizarse con VOX, ni las amenazas o los insultos o los intentos de amedrentarnos o agredirnos. VOX va a seguir adelante en estas elecciones y va a volver a dar una lección para que miles de vascos y millones de españoles puedan seguir orgullosos de lo que estamos haciendo", dijo.

Abascal censuró que ningún candidato a lehendakari condenara el ataque al acto, que contaba con la presencia de José Antonio Ortega Lara, exfuncionario de prisiones que fue secuestrado 532 días por la banda terrorista de ultraizquierda ETA y Ana Velasco, hija de Jesús Velasco Zuazola, jefe del Cuerpo de Miñones asesinado en 1980. Cabe señalar que sólo lo hicieron el líder de UPyD, Gorka Maneiro, a través de las redes sociales. "Santi, recibe nuestra solidaridad. No pasarán. Un abrazo", escribió, y el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que 24 horas después del ataque, tuiteó: "Condeno firmemente los infames ataques contra José Antonio Ortega Lara, perpetrados por los amigos de sus secuestradores y torturadores".

Como respuesta al ataque, VOX colocó un altavoz durante un discurso del dirigente batasuno y exmiembro de ETA, Arnaldo Otegi, para que se escucharan voces y gritos de "españoles, hijos de puta". Dichos gritos eran, precisamente, los proferidos por los “cachorros de ETA” a los miembros y simpatizantes de la formación derechista. “Es nuestra manera de denunciar ante el terrorista Otegi el ataque ocasionado por los suyos la semana pasada. Nos hemos metido en la tribuna y hemos dejado ahí el altavoz. Se ha creado incertidumbre en el acto central de la campaña de Bildu. ¿El objetivo? Poner en evidencia y ante los medios de comunicación a esta banda que se camufla de demócrata”, describió Ortega, representante de VOX.

Nueva Economía Forum, entidad que organizó el acto bildutarra, subrayó posteriormente que no hay impedimento legal alguno para que Otegi participase en actos de campaña y afirmó que no se había faltado el respeto a las víctimas del terrorismo en ningún momento del acto, como si la presencia de un tipo que perteneció a ETA, fue condenado por secuestrar a Luis Abaitua y sigue legitimando a los verdugos, no fuera suficiente humillación para las víctimas. Además, acusó a VOX de aprovecharse de sus desayunos para alcanzar notoriedad mediática.

Bronca épica en la prensa catalana por el españolismo de “La Vanguardia”
J. F. Lamata esdiario 23 Septiembre 2016

“La Vanguardia”, “El Periódico”, “Ara” y “Punt Avui” presumían de tener una relación entre ellos mucho más diplomática que la prensa de Madrid, casi siempre a la gresca. Pues menos mal...

Los responsables de los periódicos catalanes siempre han presumido de que ellos son "mucho más moderados" que la prensa de Madrid a la hora de evitar polémicas entre medios. Juan Tapia, ex de La Vanguardia, defendía su pacifismo sobre El Periódico de Catalunya en que ambos "compartían lectores" y achacaba la crispación de los madrileños –siempre zurrándose entre ellos (El País contra El Mundo, La Razón contra ABC… etc) – a la "cercanía de estos con el poder".

Es por ese contexto pacifista de la prensa de Barcelona que un recuadro en La Vanguardia contra su compañero el diario de lengua catalana Ara suponga uno de los mayores torpedos lanzados por el periódico dirigido por Marius Carol en su historia. Detrás de la dentellada hay dos móviles: la réplica y la editorial.

"Donde las dan, las toman"
Hace unos días el diario Ara que dirige la exjefa de prensa de la consejería económica de la Generalitat, Esther Vera, dedicaba una página a arremeter contra el periódico del Conde de Godó con perlas como:

"La Vanguardia ha retornado a sus orígenes: como en los inicios de los años 80 del siglo XIX, es un negocio deficitario; como en los inicios, cuando era la voz de los liberales monárquicos, es un diario de partido (pero, ¡ay!, que de repente se ha quedado sin partido, huérfano de la fracasada UDC duranista), y como durante la mayor parte de su existencia, está reencontrando su ADN anticatalanista".

El texto del Ara viene a sostener que La Vanguardia vuelve a Gaziel (director del periódico durante la II República que acabó calificando al secesionismo como "una enfermedad de los catalanes" tras los sucesos del 34) y deja caer la idea de que intentar hacer catalanismo en castellano supone hacer españolismo en catalán. Asegura que esos intentos han fracasado recordando el fiasco que fueron los diarios pujolistas El Correo Catalán en los ochenta y El Observador en los 90 que se publicaban en castellano (es llamativo que Ara eche en cara el fracaso de periódicos catalanes en castellano teniendo en cuenta los datos que arrastra históricamente la prensa catalana en catalán ¿Quiere comparar la tirada de El Periódico y La Vanguardia con la del Punt Avui?). Y termina con un consuelo: "Los fracasos en papel se compensan con el éxito de una televisión nacional TV3". Los lametones de Ara a TV3 son en buena parte autolametones, ya que los accionistas de referencia y caras visibles del periódico son todos presentadores de TV3 (Monica Terribas, Bassas, Capdevila, Bosch, Toni Soler, Empar Moliner…etc).

Godó acostumbra a ignorar los tiros de la prensa de Madrid: el ABC le dedicó terceras de Guillermo Luca de Tena llamándole traidor, El Mundo reportajes enteros o La Razón garrotazos vía Ussía y nunca ha replicado. Pero ahora atacaban desde Cataluña, con dos cosas que han debido escocer: atribuirles ADN "anticatalán" e insinuar que son un "negocio deficitario". Esta última acusación era especialmente sangrante teniendo en cuenta el estado del periódico que atacaba. Por ello en una sección de La Vanguardia dedicada a confidencias editoriales Godó lanzaba su torpedo de réplica:

"En la prensa es habitual el trasvase de periodistas, pero no lo es en absoluto que una sección se despida en bloque para irse a la competencia como acaba de pasar en el diario Ara (…) Antes habían dejado también el rotativo dos jefes de sección de Política. Esta fuga masiva de redactores se produce en un momento en que el Ara se debate entre la línea más independentista de sus inicios y un giro hacia posiciones más moderadas (…). Seis años después de su lanzamiento a bombo y platillo, el Ara se mantiene como el cuarto diario catalán. (…). En el espacio digital, el diario Ara ocupa la novena plaza en Catalunya (comScore).

"¡Y cuando quieras vuelve a por otra, Esther!", les ha faltado decir a Carol y a Godó. Pero aparte de una pelea empresarial, está el innegable motivo editorial. La Vanguardia se empeña en pedir que el referéndum separatista se haga "pactado con el Estado", la tesis de Unió a la que repentinamente parece estar aproximándose estos últimos días Puigdemont y la ex CDC. Por el contrario, el Ara esta misma semana se descolgaba publicando en portada "las diez condiciones" para hacer posible el referéndum, diez condiciones que se resumían en decir que la consulta sólo es viable si primero se declara la independencia unilateral. Es decir más leña.

La pelea entre La Vanguardia y el Ara viene a evidenciar que los antiguos socios de Junts pel Sí (ex CDC y ERC) tienen cada uno su propia hoja de ruta, y está claro por cuál apuesta La Vanguardia y por cuál Ara.

La nueva Izquierda Abertzale
David R. www.latribunadelpaisvasco.com 23 Septiembre 2016

La Izquierda Abertzale de siempre (en lo sucesivo IA), mutante en sus nombres, ahora está cambiando profundamente en los contenidos y en las personas, se está produciendo una transformación de características históricas que es consecuencia del devenir de los acontecimientos y principalmente de los siguientes factores:

1. Se verifica la peor de las hipótesis respecto al rol que jugaba la violencia criminal de ETA en la IA, y en ausencia de esa actividad criminal, la IA se ha quedado sin lo que evidentemente era el principal elemento aglutinador, ordenador y de fascinación, que los psiquiatras estudiarán; el mítico líder ha fallecido, y la IA se ha quedado huérfana.

2. El inevitable reconocimiento introspectivo, que no público, de que ninguno de los objetivos pretendidos, definidos y escritos miles de veces no se han alcanzado tiene que ser frustrante. El no reconocimiento de que los únicos objetivos alcanzados han sido un genocidio, la provocación del dolor a muchas miles de personas, conseguir que se produjese una migración y, en definitiva, haber estado sometidos a la disciplina de una élite inculta y ultraviolenta debe ser como para tener problemas para dormir.

3. La rápida desafección de los jóvenes, sus jóvenes, a un proyecto político absurdo, que desorientados observan otras opciones políticas o ninguna, es cuestión de muy difícil solución.

4. La irrupción de Unidos Podemos en el espectro político de la CAV es un serio problema para la IA, porque como en ocasiones he comentado ese espectro político es una representación matemática que va de 0 a 100, si alguien entra en el espectro es porque le quita espacio a uno de sus habitantes, el espectro no puede valer 87 o 116, y ocurre que han aparecido nuevos actores. Unidos Podemos ataca por su flanco, la izquierda populista.

5. La evidente reducción del porcentaje de ciudadanos que apuestan por la independencia en esta CAV dibuja un panorama sombrío para un proyecto que básicamente pivota sobre ese elemento.

6. Además, la IA tiene un serio problema que arrastra desde hace años, la financiación, y de esto se habla poco, pero sus siempre limitados recursos financieros, sin ETA, sin las herriko tabernas y estructuras paralelas coordinadas por las organizaciones del MLNV, y sin un plan viable, se convierten en exiguos. Miren lo que le ha pasado a la extinta Izquierda Unida, que tenía acceso al crédito financiero en el circuito normal sin recurrir al "impuesto revolucionario".

En estos momento de extrema dificultad y ante las próximas elecciones autonómicas del día 25 emerge la figura de Arkaitz Rodríguez, persona con un currículum que llama la atención: 37 años, ingeniero en electrónica, acabando Administración y Dirección de Empresas, fue militante y dirigente de Jarrai-Haika-Segi, seis años de prisión, deportista reconocido, buen conocedor de los diferentes usos que permite la gasolina, pero no del manejo de las pistolas.

Tiene enfrente la tarea de sustituir al periclitado Arnaldo Otegui y su generación, de neutralizar a los minoritarios y prehistóricos disidentes agrupados básicamente en torno a ATA (Amnistía ta Askatasuna), de reorganizar la IA más allá del inútil proceso de reflexión Abian, de convertir la IA en una estructura parlamentaria financieramente viable para lo cual tiene que articular un discurso político creíble que permita conseguir escaños.

Arkaitz dice: "Hay que dotar a la oferta independentista de un profundo contenido social que permita ampliar la base incorporando a amplias capas populares...", y también dice: "Creemos que no solo hay que refundar la IA o Sortu, sino la propia oferta independentista".

Ardua tarea la de Arkaitz Rodríguez, que lo primero que tiene que hacer es desmontar el sistema de organización leninista de democracia centralista, aplicado a una estructura territorial piramidal que se sostiene en los taldes (pueblos o barrios), los eskualdes (comarcas), los herrialdes (provincias) y un nivel nacional en la cúspide de la pirámide ocupando el espacio que ha dejado vacío el inexistente KE (Comité Ejecutivo) de ETA.

Lo que ha hecho Valentín Puig por la lengua catalana
Vicente Torres  Periodista Digital 23 Septiembre 2016

Dolca Cataluña es un digital que día a día va ganando adeptos. Es una voz sensata que surge de entre un mar de locura y fanatismo. Las noticias que llegan de Cataluña consisten en disparates encadenados, como esa de que se van a tirar 9 millones de euros a la basura, que no otra cosa es la bufonada esa del DNI catalán.

Por ese motivo, descartada La Vanguardia como fuente fidedigna de noticias sobre el desafío nacionalista, el personal busca en Dolca Cataluña la cordura que echa en falta en otros medios que han acabado por depender totalmente de las subvenciones. Una de las últimas noticias que ha dado este medio se refiere a Valentín Puig, del que dice que es sucesor de J. Pla y que ha hecho mil veces más por la lengua catalana que los nacionalistas.

Esta afirmación ni siquiera necesita ser demostrada, pues todo aquel que no esté infectado por el virus del nacionalismo puede darse cuenta de que los nacionalistas están acelerando la desaparición de la lengua a la que dicen amar, pero de la que en realidad se sirven, sin importarles que su política sea contraproducente para su conservación.

Así, por ejemplo, ocurre con un profesor de Economía que lleva tiempo denunciando a quienes rotulan en español, con lo cual no hace más que ponerse él en ridículo, acrecentar el rechazo a la lengua catalana por parte de los denunciados y de los observadores y poner de manifiesto el carácter dictatorial de todo nacionalismo.

Pero el daño que ha hecho el nacionalismo no se circunscribe a la lengua y no lo han podido hacer sólo los nacionalistas, sino que han recibido la ayuda de los socialistas, que, evidentemente, andan perdidos ideológicamente. El PSOE renunció al marxismo, pero no se ve que lo haya reemplazado con nada, como lo demuestra el influjo que ejerce el nacionalismo en muchos de sus militantes. Quizá en la mayoría.

Reflexión ante la distorsión: políticas lingüísticas del nacionalismo *
Mikel Arteta http://www.fronterad.com  23 Septiembre 2016

Sobre un arraigado marco mental que en España confunde progresismo con la defensa de la diversidad por la diversidad (como si Hitler fuera algo mejor sólo por ser diferente de Gandhi), tanto las instituciones nacionales como las autonómicas han dejado que los distintos nacionalismos periféricos, allí donde existen, coopten la administración periférica (local y autonómica) y acaben imponiendo una realidad pública (la que vemos reflejada día a día cuando miramos un cartel o un panfleto informativo, cuando inquirimos a un funcionario, cuando vemos la televisión autonómica o cuando tratamos de acceder a algún puesto laboral ofertado por la administración) monocolor por monolingüe. Y es que la diversidad, para un nacionalista, es la que debe percibir un dios cuando, contemplando el mundo desde su omnisciencia, vislumbra un perfecto mosaico de culturas, cada una muy distinta del resto. Eso sí, a cada parroquia le aguardará la homogeneidad prefabricada que los líderes nacionalistas impondrán.

Así se ha ido generando una distorsión, que se completa cuando el nacionalismo logra que la lengua regional (que siempre es la minoritaria) gane prácticamente todo el terreno de lo público a la lengua común, el castellano, que es lógicamente la lengua más conocida y hablada por la mayoría de los españoles en todas y cada una de las comunidades autónomas. Es entonces cuando la sociedad alcanza el punto crítico: por una parte, se impone la ley del silencio entre los castellano-parlantes, que, contra natura, empiezan a creer estar en minoría y, no sin vergüenza, piensan estar traicionándose a sí mismos y hablar la lengua incorrecta; y, por otra, se envalentonan los nacionalistas, que, ya sin oposición, azuzan el recelo hacia lo común, hacia todo lo español, promoviendo políticas cada vez más desancladas del interés general.

Pues bien, parece que Ciudadanos, PP e incluso el PSOE han decidido empezar a poner en cuestión este conservador marco mental. Y renuncian por fin a que siga comiendo terreno una lengua que en el mejor de los casos (con todas las trampas consabidas que rodean a tal tipo de mediciones), usa un 13,4% de los vascos y que sólo sirve para excluir de la función pública y de buena parte del mercado laboral a la gran mayoría de los vascos. Hasta ahora se trataba, encima, de una imposición que sólo servía para generar una administración pública nacionalista que los tacha de malos vascos, por “españolistas”. Parece, por tanto, que hay acuerdo en comenzar a derribar un marco que acabaría a la larga expulsándoles de la partida: si siempre se trata de ser más nacionalistas que Sabino, el PSOE dejará de poder competir aunque Sánchez y su leal escudero Iceta pongan todo su empeño. Un empeño ridículo y contrario a los intereses socialistas, teniendo en cuenta que los idiomas regionales son hablados por una minoría de la población, generalmente de las clases más acomodadas.

No se trata de imponer una lengua única, como les gustará rebatir a los erizos de la política. Resulta que los derechos lingüísticos de los ciudadanos (¡nunca de las lenguas!) son peliagudos por ser derechos individuales de ejercicio colectivo y, por tanto, contextuales. Y esto implica necesariamente establecer un criterio territorial para garantizarlos correctamente: en las CCAA bilingües suele haber zonas de uso (quizás más confusas en Cataluña pero muy nítidas en la Comunidad Valenciana, Euskadi o Navarra; no conozco suficiente Galicia), que son lo que la política lingüística debe determinar; sin permitir, como de hecho está ocurriendo de manos del nacionalismo, que las leyes autonómicas expandan artificialmente dichas zonas allí donde no hay tal uso. ¿Si todos sabemos que no se oirá en Alicante el valenciano que se oye en Castellón, ni en el sur de Navarra el euskera que quizás sí llegue a oírse en algún punto del norte (¡el uso del euskera en Navarra roza el 10%!), por qué exigir en ambos sitios, castellanoparlantes, el requisito (o mérito desorbitado) lingüístico para el acceso a la función pública? ¿Aceptaría un madrileño o un albaceteño que le exigieran aprobar un examen de catalán o euskera para acceder a la función pública en Madrid o en Albacete? ¿Por qué nos echan a nosotros a los leones nacionalistas?

Otro ejemplo: si, por razón de las guerras y el terrorismo en el norte de África, llegasen en masa a Valencia refugiados sirios y con el tiempo adquiriesen derechos de ciudadanía pero conservasen sus usos lingüísticos, el Ayuntamiento probablemente (en función de su representatividad relativa en la zona) debería en justicia garantizarles derechos lingüísticos.

Pero al mismo tiempo parecería razonable sostener, por una parte, que garantizar tales derechos a los hablantes no puede hacerse a costa de sacrificar la lengua política, es decir, no pueden garantizarse mermando la función democrática e integradora de una lengua común, que deberá ser obligatorio estudiar. Y, por otra parte, no menos razonable será pretender salvaguardar el derecho al igual acceso a la función pública. Entre otras cosas porque quienes, mediante oposición, acaban siendo gestores del poder administrativo (que debe regirse por principios como los de legalidad o imparcialidad) ejercen un papel democrático esencial, pocas veces bien aquilatado por la teoría política. De hecho, piensen en lo que ocurriría si, para garantizar los derechos que en el caso anterior corresponderían a los sirios, se exigiera un nivel (no digo ya alto, sino un nivel mínimo) de árabe en todos los puestos de acceso a la función pública… Es evidente que la mayoría de valencianos tendrían obstaculizado el acceso a la función pública. Por eso, y para garantizar que en la función pública prime la competencia, es fundamental pensar, por zonas, en sistemas de cuotas a la hora de exigir requisitos lingüísticos en las oposiciones; y que tales cuotas sólo se impongan para puestos que tengan que dar cara al ciudadano. Pero esta no es, desde luego, la estrategia del nacionalismo, que tiene más interés en llevar a puerto la construcción nacional que en garantizar una función pública competente.

Otro ejemplo, este real. “Els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes” es un estudio de “expertos” encargado por la Universidad de Valencia y otras instituciones, publicado en 2011 por la Academia Valenciana de la Llengua. Pese a que, como ellos mismos advierten, sólo el 22,3% de los estudiantes de la Universidad de Valencia demandaron en 2010 sus clases en valenciano (y que sólo un 15,75% de los estudiantes de las 5 Universidades demandaron matricularse en valenciano en 2004), se propone como objetivo que cada universidad apruebe un plan de igualdad de las dos lenguas para que “el 50% de la docencia se imparta en valenciano, distribuida armoniosa y equitativamente por todas las áreas de conocimiento de todas las titulaciones y posgrados, tanto en las asignaturas obligatorias como en las optativas”.

Quizás alguien piense que esto es análogo a la discriminación positiva de las mujeres en puestos de relevancia. Nada más lejos de la realidad. Las mujeres, al fin y al cabo, son y estadísticamente seguirán siendo alrededor de la mitad de la población; y puede tener algún sentido que, puntualmente, se las promueva en determinados puestos para visibilizar una igualdad a la que cabría tender si simplemente contaran las aptitudes de cada cual. Sin embargo, en el caso de la lengua, la medida citada sería más bien análoga a lo siguiente: si sobre el total de los valencianos las mujeres representaran un 30%, lo justo, según sus mismas premisas, sería cortar por lo sano… ¡y operar a casi un tercio de los hombres para someterlos a un cambio de sexo! Sería igual de inútil, porque ni el cambio de sexo aumentará la capacidad reproductiva de la especie ni la imposición lingüística está logrando, por más empeño que le pone, que aumente el uso del valenciano por encima del 30% (de nuevo, siendo muy generosos). Eso sí, en ambos casos se vulnerarán los derechos con ingeniería social. (Por cierto que, en Cataluña, con mayores esfuerzos por filtrar el catalán por absolutamente todos los poros sociales, su uso ronda el 35% y bajando).

Como de costumbre, los nacionalistas quieren imponernos sus proyectos, rompiendo con la base de la democracia: en democracia no se trata de igualar dos lenguas, sino de igualar derechos de las personas, que siempre son sustancialmente diferentes. En este caso, para igualar derechos de los hablantes, el 15,75% de demandantes de clase en valenciano debería poder matricularse en dicha lengua. A menos que decidan matricularse en castellano porque, dominándola igual de bien, prefieran otro horario, otro profesor u otro grupo donde coincidan con sus compañeros, que también son buenas razones.

Desgraciadamente, no hay estamento social que no asuma los conservadores postulados del nacionalismo. Y más los traga cuanto más progresista se crea. Así, la Confederació Intersindical Valenciana, sindicato mayoritario en la educación de la Comunidad Valenciana y muy próximo a Compromís, abogan abiertamente en sus estatutos por:

—“La Lluita i defensa dels interessos del poble valencià en el seu conjunt, el ple exercici de l'autogovern, potencia la realitat comarcal i, conseqüentment amb tot això, proclama el dret a la seua autodeterminació i el seu dret a decidir”.

—La unitat de la classe treballadora, amb la voluntat d'agrupar a quantes organitzacions sindicals i col·lectius de treballadores i treballadors existisquen en el Pais Valencià”.

—“L'establiment d'un marc valencià de relacions laborals i de protecció social”.

—“L'exercici de l'autodeterminació, és a dir el dret a decidir, dels diferents pobles de l'Estat espanyol, de manera que, superant l'actual Estat de les Autonomies, aconseguisquen el màxim grau d'autogovern.”

—“La plena normalització de l'ús del valencià, acadèmicament llengua catalana. El valencià és la llengua pròpia de la Intersindical Valenciana que ha de vertebrar l'acció sindical i vehicular la comunicació, sense perjudici que en les comarques castellanoparlants el castellà també tinga aquesta consideració i la llibertat de qualsevol persona afiliada a expressar-se en la llengua que considere.”

—“La promoció de moviments socials i polítics que tinguen com a objectiu la pau mundial basada en la justícia, la igualtat i la solidaritat”.

(Las cursivas son mías). Si no estuviéramos curados de espanto, debería asombrarnos el cínico brindis cosmopolita al sol con el que rematan una lista plagada de proclamas nacionalistas. Tras pretender la autodeterminación y levantar un sinfín de barreras de entrada a los trabajadores castellanoparlantes (incluidos la gran mayoría de trabajadores valencianos), a quienes les opone un marco valenciano y en valenciano de relaciones laborales, dicen defender la emancipación de la clase trabajadora; objetivo al que sólo puede aspirarse en el marco internacional que ellos desprecian y buscan fragmentar. Se diría que es un sindicato que no defiende al trabajador, por más que lo afirme, y mucho menos a la clase trabajadora. Si lo hicieran, tal vez se preocuparían por dar armas a los trabajadores; y la principal arma que pueden darles hoy en España es, además de conservar por el momento uno de los pasaportes más poderoso del mundo, eliminar las barreras que el nacionalismo trata de levantar para impedir la movilidad entre distintos mercados laborales, sobre todo respecto a nichos tan codiciados como el de la función pública, algo que incumbe también directamente a los contratistas (a los que el Gobierno autonómico ya tiene previsto exigir que se relacionen en valenciano con la Administración). Pero que, en general, incumbe a cualquier trabajador que, teniendo hijos, vea dificultades para matricularlos en nuestra lengua común, el castellano.

En fin, que no parece fácil relacionar la solidaridad y la defensa de la clase trabajadora (que, por oposición al capital a partir del cual se define, tampoco debería conocer fronteras) con la fragmentación de comunidades políticas. Pero eso es lo que pretende el nacionalismo, bien construyendo directamente barreras jurídico-políticas (fronteras), bien, como hemos visto, preparando antes el terreno mediante barreras menos visibles, como las de la lengua (usando requisitos o méritos tan desproporcionados que, en la práctica, juegan el papel de requisitos). Aunque un gallego y un catalán acabarán comunicándose en castellano (y en eso radica la potencia de toda lengua común o política –y más el castellano–, en abrir puertas y tender puentes, en hacernos accesible objetos –producciones culturales, guías turísticos, mercados de trabajo extranjeros, etcétera– que, para hablantes de lenguas minoritarias, quedan restringidos), resulta que cuando cada uno de ellos busca trabajo en la comunidad autónoma ajena sólo encuentra obstáculos que desincentivan su movilidad; obstáculos para acceder a los puestos de la función pública (incluso para puestos donde no tendría que atender al público), para cerrar contratos de obra o de servicios con la administración autonómica, para escolarizar a sus hijos, para presentar su tarjeta de la Seguridad Social y ser normalmente atendido, etc.

Muchos ciudadanos españoles que vivimos en comunidades bilingües (repetimos que las comunidades bilingües no albergan exclusivamente a ciudadanos bilingües, sino también –y son mayoría, por eso sonroja repetirlo tantas veces– monolingües en castellano) usamos diariamente el castellano y vemos un alto coste de oportunidad en manejar correctamente la lengua cooficial en lugar de estudiar inglés o de emprender otras muchas actividades. Nos piden que valoremos una lengua que no es la nuestra, pero no tenemos por qué valorarla hasta tal punto, sin que ello implique menospreciarla. Lo que sí valoramos es que nuestros conciudadanos bilingües puedan comunicarse sin obstáculos en su lengua, que sean atendidos por su administración más próxima en su lengua, que puedan llevar a sus hijos al colegio en su lengua.

Podemos apreciar también que, residiendo en una comunidad bilingüe, todos (bilingües y monolingües) puedan acceder libremente al estudio de la lengua regional. Esto estaría especialmente justificado, más allá de la lengua materna de cada cual y de la zona de uso lingüístico en la que se resida, porque el conocimiento de dicha lengua abre las puertas al mercado de trabajo de la respectiva Comunidad Autónoma y, además, constituye ora un mérito ora un requisito para oposiciones y concursos públicos. E incluso, y siguiendo la misma lógica en defensa de la igualdad de oportunidades, quizás podría estudiarse –como me hizo entender hace poco mi amigo Juan Antonio Cordero– la viabilidad de ofrecer en el currículo escolar la opción de estudiar en toda España alguna de las lenguas cooficiales del Estado: de otro modo, los empleos y plazas públicas de las CCAA bilingües que exijan el conocimiento de las lenguas regionales quedarían irremediablemente vedadas a los ciudadanos de las comunidades monolingües (castellanoparlantes, se entiende).

Pero, ojo, esta medida, que busca ser igualitaria, jamás debería retroalimentar a su vez un nuevo aumento del nivel de dichos méritos/requisitos para el acceso a la función pública si es contrario a la realidad sociolingüística, que es la realidad de uso. Esto generaría más desigualdad. Por otra parte, la opción de estudiar el resto de lenguas del Estado en absoluto implicaría la extensión al conjunto de España de la cooficialidad de esas lenguas, que debe quedar restringida a las zonas realmente bilingües de las CCAA estatutariamente bilingües. A semejante proyecto multilingüe deberán anteponerse tanto la restricción presupuestaria como el derecho a la igualdad de acceso a la función pública.

Por fin, resulta fundamental que todo el mundo comprenda que para evitar que los bilingües decidan algún día hablar a sus hijos exclusivamente en castellano (si es que creyesen que, a fin de cuentas, resulta más práctico o que brindaría a sus hijos mejores armas en el mercado de trabajo), no es en absoluto de justicia que nos impongan a todos la lengua regional. Un derecho lingüístico es lo contrario a una obligación lingüística. Debería ser evidente.

Si la distorsión nacionalista y el marco mental que nos imponen quedaran algún día desmontados, cómo interpretaría la sociedad esta noticia: “Errejón pide un nuevo pacto que blinde los derechos nacionales y sociales vascos”. ¿Les parece esto de izquierdas? ¿Progresista? ¿Siquiera democrático?
 


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