AGLI Recortes de Prensa   Lunes 26 Septiembre  2016

Feijóo, único líder sólido del PP
Alberto Núñez Feijóo se presenta como el gran vencedor de la jornada, quizá el único gran vencedor de la política española de los últimos tiempos, donde las mayorías absolutas parecen haber quedado desterradas, mientras él se anota la tercera consecutiva.
EDITORIAL  www.gaceta.es 26 Septiembre 2016

En una España todavía ingobernable, los resultados de Galicia y País Vasco se leen más que nunca en clave nacional. Por un lado, para el juego de sumas y alianzas que pudieran influir en la conformación de una mayoría en el parlamento de Madrid, la última esperanza para evitar el bochorno de una tercera convocatoria electoral. Por otro, como enésima exploración de la “nueva política”, ese fenómeno ruidoso y vacuo, nacido en la desesperación de la crisis, y que hasta ahora se ha reducido a un show televisivo que sólo ha aportado tuteos y camisetas, nostalgias de otros siglos, parlamentos fragmentados y ninguna idea nueva.

Alberto Núñez Feijóo se presenta como el gran vencedor de la jornada, quizá el único gran vencedor de la política española de los últimos tiempos, donde las mayorías absolutas parecen haber quedado desterradas, mientras él se anota la tercera consecutiva. Ha pulverizado las cifras de su propio partido en las últimas generales, lo que demuestra –una vez más- que el liderazgo de Rajoy sigue siendo un lastre en el PP, un secreto a voces entre la militancia y los cuadros de esa formación, siempre y cuando no existan micrófonos para recogerlo. Por eso mismo el triunfo en Galicia se recibe con preocupación en los despachos más altos de Génova. A este extremo ha llevado al partido las formas sectarias del marianismo, donde sólo preocupa el posible cuestionamiento del líder. Y más teniendo en cuenta el descalabro de uno de los “sorayos” más influyentes, porque Alfonso Alonso ha perforado el suelo del PP vasco con unos resultados humillantes. El candidato popular ni siquiera condenó el ataque que recibió Ortega Lara durante la campaña electoral, en ese empeño por borrar todo vestigio del PP de la dignidad, el de Gregorio Ordóñez y María San Gil. En esa comunidad el sorayismo está a un paso de convertir al PP en una fuerza extraparlamentaria.

Para el PSOE los resultados tampoco son alentadores. Sánchez asumirá el nuevo descalabro a la manera más marianista, sin darse por enterado. Los dos líderes nacionales de los grandes partidos parecen igual de decididos a hundir el barco antes que dejar el sillón. Por otro lado en Galicia y País Vasco, al menos de momento, Ciudadanos no existe.

Y, solventado ya el trámite autonómico, a partir de ahora vuelta al triste espectáculo del desgobierno y la irresponsabilidad.

Galicia, zona de exclusión para los español hablantes
Nota del Editor 26 Septiembre 2016

Lo que está consiguiendo el tal Núñez es vaciar Galicia, primero de español hablantes y a continuación de cualquier joven que quiera estudiar o trabajar. Los políticos que detentan el poder disponen de medios para pastorear cualquier rebaño, especialmente si enfrente no tienen material humano que ofrezca las mínimas garantías de racionalidad.

Lo que hay
Luis Ventoso ABC 26 Septiembre 2016

El Cervantes, al callejón/ «embajada» catalana Vip

Como saben, la cantante Madonna es sucesivamente monógama. Entre 2000 y 2008, la veterana diva estuvo casada con el director de cine inglés Guy Ritchie. Madonna se mudó entonces a Londres e inscribió a su prole para estudiar en el Liceo Francés. La enorme embajada cultural gala ocupa una manzana completa en South Kensington, que por su influjo se considera el barrio francés. A un paso discurre Exhibition Road, avenida elegante y semipeatonal, siempre atestada por sus célebres museos. Allí se encuentra el edificio del Instituto Goethe, que promociona el alemán y la cultura germana.

El español es el tercer idioma más hablado. Pero dado que el primero es el chino, que se limita prácticamente a su país, en realidad el castellano es hoy la segunda lengua global tras el inglés. Hablan español 518 millones de personas, cifra que dobla al francés (229 millones) y cuadriplica al alemán (130 millones). Pues bien, el Instituto Cervantes de Londres, la embajada cultural más antigua de España en el exterior, se traslada el próximo lunes… ¡a un callejón! Mientras franceses y alemanes hacen una notoria promoción de su cultura, nosotros continuamos sin acabar de explotar con fe nuestro idioma, «el petróleo de España», en expresión de Rodríguez Lafuente.

El Cervantes londinense se encontraba hasta ahora en un edificio del hiperlujoso Belgravia, barrio tan bonito como mortecino, pues allí solo quedan plutócratas y embajadas. La sede se adquirió con un modelo de larguísimo arrendamiento en 1941, para acoger lo que entonces se llamaba Instituto de España. En los agobios de 2012, cuando España rozó la quiebra, Hacienda ordenó vender la sede para hacer caja y buscar algo más asequible. El Cervantes se muda ahora al Strand, en el este de Londres. A priori no es mala idea. Es una zona más cercana a la City, de más trasiego y con mejor transporte. Además se ganará espacio para más aulas y se mantendrá la estupenda biblioteca. El problema es que la sede estará en una vía encajonada y oculta, y sin escaparate a la calle.

Muy cerca del callejón del Cervantes, corre la ilustre Fleet Street, que fue la calle de la prensa. Allí, en lo alto de uno de los edificios singulares de la ciudad, uno de los tres que sobrevivieron al gran incendio de la City de 1666, ondea la señera catalana. Es la sede de su «embajada».

Esto es lo que hay. Un país amenazado por el separatismo, que en buena media es un debate de ideas, ha suprimido el Ministerio de Cultura. Por su parte, Zapatero y De la Vega, aquellos Einstein, asfixiaron a Televisión Española para primar a unas cadenas que machacan la imagen de España.

En Londres abundan las tiendas y restaurantes españoles, todos con buenos escaparates que acreditan nuestra pujanza. Pero no se ha encontrado dinero para que el español y la cultura española tengan una ventana a la calle. Una diplomacia alicorta, que en lugar de apostar muy en serio en las metrópolis globales, mantiene centros en Dakar, Nicosia, Gibraltar, Alburquerque… En paralelo, medra robusta la red de «embajadas» de la administración separatista catalana. Costeada con el dinero de un rescate que ha sufragado el Estado español. Delirios de esta España incierta.

Sin pedir perdón, sin dar indemnización
Javier Fernández-Lasquetty Libertad Digital 26 Septiembre 2016

El acuerdo Santos-FARC deja de lado a las víctimas y no procura una reparación integral del daño y el dolor causados.

El gobierno de Colombia está firmando un acuerdo de paz con los terroristas de la FARC. Hay muchas vías para aproximarse a este acontecimiento, para mí tan destructivo como importante. Quiero centrarme solo en una: las víctimas del terrorismo. Los españoles sabemos lo que significan la memoria, la dignidad y la justicia para con las víctimas del terrorismo. Sabemos hasta qué punto fueron determinantes aquí para generar el ambiente social que acompañó a la acción policial y jurisdiccional que llevó a la banda terrorista hasta el borde de la extinción. Sabemos también cómo unos acuerdos con los terroristas, hechos por debajo de la mesa como hizo Zapatero con ETA, o por encima de ella como los de Santos con las FARC, pueden humillar a las víctimas. Si los asesinos quedan impunes, las víctimas quedan humilladas. Si el gobierno entrega a los terroristas el poder que reclamaban por las armas, lo lógico es que la víctima se pregunte por qué no se rindieron antes, y así se habría evitado la pérdida de su familiar asesinado.

Según un reportaje del diario digital PanAm Post, la representante de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, Ximena Ochoa, afirma sentirse "usada", y expresa su rechazo a un acuerdo que deja de lado a las víctimas y no procura una reparación integral del daño y el dolor causados. Recordemos que las FARC han asesinado a decenas de miles de personas, en los pueblos y los caminos del interior del país, o en las avenidas de Bogotá. Las FARC secuestraron a miles de personas, y a muchas las tuvieron encadenadas a árboles en la selva hasta obtener el rescate exigido. Las FARC sembraron Colombia de minas antipersona, que aún hoy siguen estallando. No hay apenas familia colombiana, de cualquier lugar o de cualquier nivel, que no haya tenido víctimas en su entorno más inmediato. Si las víctimas en Colombia se sienten humilladas, es el país entero el que ha quedado humillado por estos acuerdos.

Trataré de delimitar en tres puntos concretos dónde están las claves de la humillación y desprecio a las víctimas del terrorismo en Colombia:

1. Las FARC no piden perdón. Debería ser lo primero, lo más elemental: el punto de partida de un acuerdo que fuera algo distinto a una capitulación del Estado de Derecho. Lo mínimo es expresar pública e inequívocamente la vergüenza y la aceptación de la culpa por todo el mal causado a tantos millones de personas. Lejos de eso, el dirigente terrorista Timochenko dijo con toda claridad: "Cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo, yo no me estoy arrepintiendo de nada de lo que he hecho como guerrillero". Es decir, que las víctimas tenían motivos para ser secuestradas o matadas, según este criminal.

2. Las FARC no indemnizan. Nada puede compensar el dolor de las víctimas, pero la humanidad inventó hace milenios el procedimiento de la indemnización como justo resarcimiento del daño causado. En los acuerdos de paz de Colombia no está del todo claro si todas las víctimas recibirán indemnización. Probablemente muchas de ellas sí la obtengan. Lo que está perfectamente claro es que las FARC no pagarán las indemnizaciones, sino que lo hará el Estado colombiano. Es decir, que las instituciones democráticas asumirán la posición del que está en deuda, liberando así al auténtico culpable de su responsabilidad. ¿Son insolventes las FARC? La pregunta se responde con otra pregunta: ¿da dinero vender cocaína? The Economist, citando un estudio no publicado del gobierno colombiano, atribuye a las FARC un patrimonio de al menos 10.500 millones de dólares. Por tanto el gobierno colombiano admite que las FARC disfruten y sigan ampliando su patrimonio, mientras los propios colombianos pagan de su bolsillo lo que es responsabilidad de la guerrilla.

3. Las FARC representarán también a sus propias víctimas. De una forma increíblemente macabra se va a producir la ignominia de que las víctimas estén representadas en el Parlamento por sus verdugos. Los acuerdos de paz entregan 5 escaños en el Senado y otros 5 en la Cámara al partido político en el que se transformen las FARC, aunque tengan menos votos de los necesarios. Crea adicionalmente 16 circunscripciones especiales en las zonas del país controladas por la guerrilla. Las FARC, por tanto, pueden obtener 21 parlamentarios incluso sin que tengan votos. Pero los parlamentarios representan al conjunto de la nación. Ese es un principio básico del parlamentarismo moderno. De manera que las víctimas se verán representadas por quienes les secuestraron o asesinaron.

José María Aznar dijo, en tiempos de la tregua de ETA de finales de los años noventa, que España no haría concesiones políticas a los terroristas ni por matar ni para que dejaran de matar. Los acuerdos de paz de Colombia son una cesión para lograr que las FARC dejen de matar. Y entonces uno se pregunta: ¿para qué murieron entonces miles de víctimas, si al final se iba a ceder?

La pregunta del fracaso
Xavier Reyes Matheus Libertad Digital 26 Septiembre 2016

Cualquiera entiende que el plebiscito convocado por Santos sobre el arreglo con las FARC tiene por objeto tapar para siempre las bocas de sus críticos.

Cualquiera entiende que el plebiscito convocado por Santos sobre el arreglo con las FARC tiene por objeto tapar para siempre las bocas de sus críticos, y singularmente la del expresidente Uribe; y cualquiera advierte que la maniobra descansa, como ha advertido Plinio Apuleyo Mendoza, en los términos de la pregunta, redactada de tal forma que bien habrían podido ahorrarse letras y pedir a la gente que escogiera, sin más, entre una composición en la que figurase el Mahatma Gandhi abrazando a un niño y otra que representase a un campesino abatido en el suelo, sobre un charco de sangre que al correr formara la franja roja de la bandera de Colombia. Sin embargo, lo que al Gobierno le parece un instrumento estupendo para legitimar las negociaciones con el grupo terrorista es, en realidad, el reconocimiento de que el mandato de la ciudadanía está siendo descaradamente traicionado.

¿Habría tenido el Gobierno que pedir la autorización de los colombianos para derrotar a las FARC? No, y básicamente por una razón: porque él representa al Estado, que se reconoce a sí mismo como garantista y democrático, y ellas en cambio son una organización que ha actuado siempre al margen de la ley. Yo no creo que ningún ciudadano amenazado en su vida y en sus propiedades por alguna banda de peligrosos asaltantes que operase en su urbanización entendiera que la policía viniese a preguntarle si está conforme con ver a esa gente entre rejas. Pero, evidentemente, lo que está planteado aquí no es encerrar a los delincuentes, sino convertirlos en diputados.

El poder de las FARC ha lanzado sobre las instituciones colombianas, durante décadas, la deslucida imagen del Estado fallido. A partir de ahora ya no será sólo cuestión de imagen: hasta tal punto es fallido el Estado colombiano, que al poner a los ciudadanos frente a la disyuntiva del referendo viene a admitir sin ningún rubor que no tiene otra forma de aquietar a sus adversarios que entregándoles definitivamente aquellas instituciones. Su argumento, no obstante, es que vale la pena sacrificar el decoro si la población va a ver mejorada su calidad de vida. Pues bien: que esperen los colombianos a ver erigirse sobre su patria el imperio del chavismo, y entonces comprobarán que, para ellos, la calidad de vida ha sido la verdadera víctima de estos acuerdos.

Cuando uno estudia la debilidad del Estado en América Latina y la aparente invencibilidad de los grupos violentos y delictivos que usurpan amplias parcelas de poder, la variable más problemática y determinante es siempre la corrupción. Y, si hubiera que descomponer ésta en sus elementos constitutivos, resulta imposible obviar dos factores capitales: la miseria ética, por una parte, y la impunidad, por la otra. Pues bien: Colombia pretende hoy resolver su ancestral impotencia para hacer valer la ley con un ejercicio que asocia la democracia participativa a la sanción de una inmoralidad y a hacer la vista gorda ante el más completo catálogo de crímenes. Magnífica estrategia.

Ahora Madrid: impostura e ilegalidad manirrota
El único mérito que cabe atribuirles a los de Carmena en 2015 es el de no haber disparado el gasto público tal como prometieron que iban a hacer
El Confidencial 26 Septiembre 2016

El Gobierno municipal de Ahora Madrid lleva un año vanagloriándose del intenso ritmo de amortización de deuda que está logrando aplicar en el ayuntamiento de la capital de España; no en vano, durante los últimos 12 meses, el consistorio amortizó 1.074 millones de euros. En este contexto de exquisita austeridad, resulta cuando menos sorprendente que el Ministerio de Hacienda haya optado por tumbar los Presupuestos municipales de 2017, llegando incluso a amenazar con disolver la corporación local. ¿Es que acaso cabe dirigir el más mínimo reproche contra la gestión presupuestaria de Ahora Madrid? El sentido común parece indicar que nos encontramos ante una ruin maniobra del PP contra la eficacísima gestión de Podemos e Izquierda Unida al frente de la capital de España: los de Rajoy no pueden tolerar el rotundo éxito de sus rivales y por eso conspiran en la sombra para laminarlos.

La realidad, sin embargo, es otra muy distinta: la amortización de deuda que Ahora Madrid se imputa como mérito propio no es responsabilidad suya, sino de una regulación estatal —la famosa 'regla de gasto'— que proponen vulnerar en 2017 y por cuya violación Hacienda amenaza con sancionarlos. O dicho de otra manera, la responsabilidad de haber amortizado aceleradamente la deuda no es imputable a Ahora Madrid, sino a la regla de gasto; la responsabilidad de una posible sanción por incumplir la regla de gasto sí sería, en cambio, imputable a Ahora Madrid.

Impostura

El Ayuntamiento de Madrid es el consistorio más endeudado de España por culpa exclusiva de un único partido: el Partido Popular. Fue el PP quien disparó hasta cifras absolutamente descabelladas los pasivos de esta Administración: así, entre 2004 y 2012, la deuda estalló desde 2.100 millones de euros hasta 7.700 millones.

La amortización de deuda que Ahora Madrid se imputa como mérito propio no es responsabilidad suya, sino de la famosa 'regla de gasto' que proponen vulnerar

A partir de 2011, y ante esta insostenible situación financiera, el PP comenzó a incrementar la recaudación (sableando fiscalmente a los ciudadanos) y a recortar los desembolsos municipales para amasar un superávit que le permitiera reducir rápidamente esa deuda que él mismo había generado durante los ejercicios previos. A su vez, a partir de 2012, entró en vigor la regla de gasto contenida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual prohíbe volver a aumentar los gastos nucleares del consistorio (los llamados 'gastos computables') a una tasa que superara el crecimiento promedio del PIB en los últimos 10 años (inferior al 2% anual durante los últimos ejercicios).

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Este fue el contexto presupuestario que Ahora Madrid se encontró cuando llegó al ayuntamiento en mayo de 2015: un inmenso superávit no financiero de más de 1.000 millones de euros que les permitía continuar reduciendo la deuda heredada a los ya elevados ritmos a los que venía amortizándose. Si Ana Botella canceló deuda por importe de 1.286 millones de euros entre el segundo trimestre de 2014 y el segundo de 2015, Carmena la redujo en los ya referidos 1.074 millones entre el segundo de 2015 y el segundo de 2016.

A este respecto, conviene repetir una vez más que la gestación de ese superávit que habilita a Ahora Madrid a amortizar cada año semejante cantidad de deuda no es mérito de Ahora Madrid: fue un superávit generado por la anterior Administración popular. O dicho de otro modo, del mismo modo —y por los mismos argumentos— que no es demérito de Ahora Madrid la enorme deuda municipal que heredaron del PP, tampoco lo es el saneado saldo presupuestario anual que también heredaron del PP. De hecho, el único mérito que cabe atribuirles a los de Carmena en 2015 es el de no haber disparado el gasto público tal como prometieron que iban a hacer: esto es, su único mérito es haber destinado el grueso del superávit heredado a amortizar deuda… al igual que hacía el PP.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Ayuntamiento de Madrid.

Distinto es el caso de 2016 y, sobre todo, de 2017. Para estos ejercicios, Ahora Madrid sí planea incumplir ampliamente la regla de gasto para así comenzar a materializar sus promesas electorales. Probablemente, la coalición de extrema izquierda optó por respetar durante el segundo semestre de 2015 las reglas de la austeridad para no asustar a los potenciales votantes de Podemos y de Izquierda Unida en los comicios del 20 de diciembre y, sobre todo, confiando en que la llegada de un 'Gobierno del cambio' revocara la rígida regla de gasto que los maniataba a la hora de fundirse el superávit en inflar los desembolsos municipales. Pero el bloqueo político se está alargando demasiado y su impaciencia por desplegar sus verdaderos planes de gasto es lo suficientemente acuciante como para saltarse la ley.

Ilegalidad

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera establece en su artículo 12.1 que “la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”. En el caso de Madrid, la aplicación de la regla de gasto del artículo 12 supone que los desembolsos computables no pueden superar los 3.079 millones de euros en 2016 y los 3.219 millones de euros en 2017 (frente a los 2.915 millones de 2015).

Ahora Madrid, sin embargo, ha optado por saltarse unilateralmente esta regla de gasto elevando los desembolsos computables de 2016 y 2017 hasta los 3.445 y 3.817 millones de euros, respectivamente. Es decir, Ahora Madrid apuesta por incumplir sin matices la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. La razón aducida para justificar semejante ilegalidad es, en esencia, que el ayuntamiento cuenta con un superávit suficientemente grande como para continuar amortizando deuda mientras incrementa sus gastos por encima de lo ya autorizado por la ley.

Para los ejercicios de 2016 y 2017, Ahora Madrid sí planea incumplir ampliamente la regla de gasto para así comenzar a materializar sus promesas electorales

Es importante remarcar que Ahora Madrid pretende saltarse la ley no para incrementar el gasto público, sino para incrementarlo por encima de lo autorizado. Desde la Concejalía de Hacienda, mienten cada vez que repiten que la regla de gasto obliga a aprobar nuevos gravosos recortes sobre el gasto municipal: al contrario, la regla permite que el gasto municipal se incremente en 155 millones con respecto a 2015; los únicos recortes que deberían aprobarse, pues, son con respecto a los recogidos en los inflados Presupuestos de 2016 que incumplen la regla de gasto.

Y, evidentemente, si Ahora Madrid se salta la regla de gasto para gastar mucho más de lo autorizado por la ley, la contrapartida de su política será que amortizará mucha menos deuda que si cumpliera con la regla de gasto. Los propios planes de Ahora Madrid pasan por repagar solo 1.320 millones de euros en pasivos locales hasta finales de 2017 frente a los 2.375 que se amortizarían en caso de cumplir con la regla. 

Por consiguiente, Ahora Madrid incumple deliberadamente la regla de gasto y, al hacerlo, incurre conscientemente en la responsabilidad establecida en el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. A saber: “La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”. No estamos, pues, ante ninguna oscura e imprevisible maniobra de Montoro contra un equipo municipal que haya logrado proezas hacendísticas jamás vistas en España: estamos, más bien, ante una estricta y rigurosa aplicación de una ley aprobada en 2012 contra un equipo municipal que ha decidido cometer una ilegalidad para gastar más y desendeudar menos a los madrileños.

Desde Ahora Madrid apelan a la soberanía del consistorio para confeccionar sus propios Presupuestos. Denuncian, además, perversos intereses de Montoro en utilizar el amplio superávit del Ayuntamiento de Madrid para enjuagar ante Bruselas parte del déficit acumulado por el resto de administraciones públicas. Y tales críticas son del todo pertinentes: las corporaciones locales deberían ser autónomas ante la Administración central para desarrollar su propia gestión presupuestaria (y a su vez, la Administración central no debería rescatar a ninguna Administración local quebrada), y es evidente que Montoro lleva años utilizando el superávit de los ayuntamientos para compensar el incumplimiento del déficit del resto de niveles administrativos (entre ellos, el de la Administración central que él mismo gestiona). Sin embargo, ninguna de estas sensatas críticas justifica saltarse la ley: como mucho, constituirán buenos argumentos para presionar políticamente a favor de un cambio de la ley.

A la postre, si apelamos a la soberanía de la Administración municipal frente a la Administración central para incumplir una ley constitucional que restringe la capacidad de los ayuntamientos para endeudar a sus ciudadanos, ¿acaso no tendría mucho más sentido apelar a la soberanía individual frente a la Administración municipal para incumplir las normativas municipales que multiplican su capacidad para endeudarlos? Si el ciudadano Sánchez Mato tiene derecho a insubordinarse frente al Ministerio de Hacienda para aumentar los gastos de su concejalía, yo también exijo el mismo derecho a insubordinarme frente al Ministerio de Hacienda y frente a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid para no pagar aquellos impuestos y aquellas deudas públicas que me parezcan injustas. ¿O acaso el derecho a objetar contra las leyes injustas solo vale para los políticos que desean saltárselas en aras de pisotear con menores cortapisas las haciendas particulares de cada uno de los ciudadanos y no para aquellos ciudadanos que aspiran a proteger sus haciendas frente a la rapiña de los poderes públicos?


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El PSE-PSOE obtiene su peor resultado histórico en el País Vasco
www.latribunadelpaisvasco.com 26 Septiembre 2016

Nacionalistas, independentistas proetarras y la extrema izquierda dominarán el Parlamento vasco

Nacionalistas, independentistas y la extrema izquierda dominarán el Parlamento vasco. El PNV ha ganado las elecciones al Parlamento vasco de este 25S16 al lograr 29 escaños en la Cámara de Vitoria, frente a los 27 que tenía hasta el momento.

Los proetarras de EH Bildu se mantienen como la segunda fuerza parlamentaria con 17, perdiendo cuatro vocales con respecto a su representación actual.

Podemos irrumpe en la Cámara vasca con 11 escaños y se sitúa como tercera fuerza. El partido de Pablo Iglesias, aunque retrocede significativamente en sus expectativas electorales en Euskadi, obtiene un 14,8% de los votos.

Con prácticamente el 100% de los votos escrutado, el PSE-EE obtendría su peor resultado histórico en el País Vasco, con nueve parlamentarios. El PP logra mejorar levemente las encuestas y obtendrá otros nueve escaños.

El constitucionalismo, peor que nunca
Editorial OKDIARIO 26 Septiembre 2016

Los partidos constitucionalistas han salido muy malparados de las elecciones autonómicas en el País Vasco. Tanto el PSE-EE como el PP se quedan sin peso específico en la Cámara de Vitoria tras cosechar un paupérrimo bagaje de 9 escaños cada uno. Especialmente grave es la derrota sin paliativos de los socialistas. La formación liderada por Idoia Mendía ha sido la que más escaños ha perdido con respecto a los últimos comicios de 2012, 7 en total. La trayectoria de ambos partidos es el relato histórico de dos formaciones menguantes. Las fuerzas constitucionalistas dominaban el contexto político vasco con 39 escaños —25 del PSOE, 13 del PP y 1 de UPyD— en 2009. Hoy, tan sólo siete años después, naufragan entre la más dura e inmutable nada.

El caso del PSOE en Euskadi es especialmente alarmante. El partido del puño y la rosa ha dilapidado más de 16 escaños desde que Patxi López se pusiera al frente de la Lendakaritza en 2009. Una pérdida de peso específico que se ha agravado hasta el paroxismo en esta última convocatoria, donde la pésima gestión de Pedro Sánchez a nivel nacional ha condicionado los resultados de su partido tanto aquí como en Galicia. A pesar de esta situación, los resultados de este pasado domingo tienen el consuelo menor de la victoria moderada del PNV.

Iñigo Urkullu, sin bien propugna la “singularidad” de Euskadi, es un político pragmático. Un hombre consciente de que los vascos son más prósperos junto al resto de la nación. Así lo ha reiterado al expresar que quiere asentar una relación de “bilateralidad” con España. No obstante, la inanidad en la que quedan tanto PSE-EE como PP —Ciudadanos ni siquiera ha conseguido representación— es perjudicial para los intereses generales de los españoles. Sobre todo si tenemos en cuenta que los proetarras de Bildu han conseguido 17 escaños y los independentistas de Elkarrekin Podemos, 11. A expensas de que Urkullu pudiera llegar a un acuerdo con Mariano Rajoy para conseguir más concesiones a cambio de apoyar su investidura, la situación del PP es idéntica a la del PSE. Las fuerzas independentistas tienen la sartén por el mango. Malo para España.

Más sobre la imposición lingüística del euskera
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 26 Septiembre 2016

Me comentan que en Valencia se está preparando la inmersión lingüística obligatoria, excluyendo al español -a partir de ahora me voy a negar a llamar castellano a la lengua oficial de España-. Una más en la ingeniería social que se está extendiendo por todos los lares de esta España desmantelada. Existe un borrador de Decreto que va a introducir los elementos necesarios para la vulneración de los derechos individuales, como en Galicia, Euskadi (País Vasco), Baleares y Cataluña. Una nueva vuelta de rosca para dividir a los españoles y para someter a quienes, legítimamente y de acuerdo a la Constitución, tienen el derecho -e incluso yo diría el deber- de enseñar de forma culta la lengua que hablan 400 millones de habitantes en el mundo y que es la de todos los españoles. Pero algo debe haber oculto en este empeño de llevarnos a la caverna e ir en la dirección contraria a donde va este mundo globalizado. Sospechoso.

Pero me voy a centrar en el País Vasco, que es donde he nacido y vivido.

Veamos estos datos: Vizcaya tiene una densidad demográfica aproximadamente siete veces mayor que Alava, y Guipúzcoa unas cuatro veces mayor. Es decir, Alava es la más extensa en territorio (41 % del territorio vasco) y la menos poblada. De ahí se podría entender el empeño del nacionalismo en conquistar y colonizar un territorio históricamente unido a Castilla y a Navarra por lazos culturales y geográficos.

Era relativamente fácil. Diseñaron una estrategia que ha dado sus frutos. De ello no cabe duda. Eso motivó la decisión de ubicar la capitalidad administrativa de Euskadi en Vitoria, aunque a efectos prácticos la capitalidad económica siga siendo Bilbao y la cultural, San Sebastián. De todo este diseño se derivó el aterrizaje de miles de funcionarios de las otras provincias hermanas en la administración vasca, mientras los alaveses se tenían que contentar con las migajas. Ello formaba parte de un plan de aculturación euskérica de la menguada población vitoriana donde se concentra el 80 % de la demografía alavesa.

A finales de los años 70, la población euskalduna no alcanzaba más del 5% del total de habitantes, en consecuencia había que forzar la situación para extender la “normalización” del euskera a todo el territorio. Con ello se lograba el anhelado cambio en la forma de sentir y de vivir de los alaveses para hacerles más permeables a la ideología sabiniana.

Según el Eustat, el uso del euskera tanto o más que el castellano en casa no supera en Alava el 20%. Yo creo que este dato está sobredimensionado pues se hace por encuestas de población y se tiende a falsear la realidad por parte de los entrevistados, pero asumamos que esto fuera verdad objetiva. Tras casi cuarenta años de “inversiones” en euskaldunización con un promedio de gasto de 20.000 millones de pesetas al año (tomo como referencia la peseta pues la mayor parte de este periodo temporal fue la moneda corriente), solamente se ha subido 15 puntos en el uso del euskera, lo que nos revela que las imposiciones no funcionan y que la gente habla y siente en su lengua materna; y que no se pueden poner puertas al campo.

Lo curioso es que el nacionalismo, con los tontos útiles que han jugado en su campo sin serlo, ha considerado que…

- El español era una lengua impuesta y ajena a la realidad histórica de la sociedad alavesa y también de la realidad vasca. Cuestión que es radicalmente falsa simplemente porque ha sido la lengua hegemónica en Alava, y no hay más que analizar los archivos documentales para comprobarlo fehacientemente. Yo lo he hecho.

- La desvalorización del castellano como lengua propia de Alava y prácticamente única lengua de uso social hasta la “normalización” forzada.

- La marginación de la abrumadora mayoría de los ciudadanos alaveses dejándoles en situación de sentirse extraños en su propia tierra.
- La colonización del sistema educativo imponiendo la inmersión lingüística de forma antinatural y contradictoria con el contexto social y cultural.

- El cambio de la toponimia, produciendo un verdadero atropello a la historia y devenir de las poblaciones desde su origen.
- La exclusión laboral de quienes no pasaban por el aro de la “normalización” porque tenía un fuerte ingrediente de adoctrinamiento político.

Tomándonos como conejillos de indias, el euskera se ha convertido en un modus vivendi de cientos de conciudadanos que no hubieran tenido el acceso a los puestos que ocupan de haber competido en igualdad de oportunidades y méritos, sirviendo de verdadero coladero cuyo objetivo final no era otro que servir de comisariado político para los fines de la construcción nacional. Así se ha convertido en un verdadero negocio para muchos estómagos agradecidos que han formado la pléyade de votantes nacionalistas de uno u otro signo. Con lo cual han comprometido el prestigio de una lengua milenaria que ciertas investigaciones emparentan con el íbero. Si no se hubiera forzado esa euskaldunización probablemente hubiera calado más en la plural cultura de los vascos y hoy sería un idioma más amado por todos.

Se perdió la oportunidad de configurar una sociedad vasca rica por su diversidad, respetuosa con las realidades preexistentes.

Se perdió la oportunidad de reconocer el español como lengua propia de Alava, e incluso arrebatar a la Rioja la cuna de un idioma que hoy es la tercera en importancia en el mundo, ya que los más antiguos restos de lengua escrita en el primer romance están en el occidente de Alava, compartiéndolos con la provincia de Burgos y Cantabria.

Eso no hubiera sido obstáculo para reconocer el euskera como lengua oficial de unas pocas zonas de Alava, si atendiéramos a la lógica de que un idioma debe ser oficial allí donde se habla de forma natural, sin intromisiones forzadas.

Si pagamos todos impuestos la Administración debería ser neutral en esta cuestión ya que es la de todos, y no solamente la que lleva la impronta de los nacionalistas, entre otras cosas porque esa ideología separatista no es la que predomina ni mucho menos en Alava, y menos según retrocedemos en el tiempo histórico.

Pero, además, en una sociedad libre, que no liberal, debería de primar el principio de voluntariedad, ya que no es de ninguna manera democrático imponer una lengua convertida en tabú y en tótem, más aún cuando la mayor parte del tiempo en el que transcurrió el régimen constitucional del 78 en el territorio vasco estuvo regido por el clima del terror, la persecución y la exclusión del que no fuera nacionalista.

En todo caso debería recuperarse la neutralidad ideológica del euskera, pues las lenguas no deben ser objeto de instrumentalización ni de politización.

En definitiva, se requiere, por legitimidad democrática, un cambio en el Estatuto de Autonomía y en la normativa derivada de ella, para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos vascos, sea cual sea su naturaleza o condición social.

El regreso de los votos útiles
Los gallegos y los vascos se han limitado a hacer lo que se les pedía: elegir a quienes, a su juicio, deben representarles y gobernar en sus comunidades
Ignacio Varela El Confidencial 26 Septiembre 2016

Todos interpretaremos estas elecciones en clave de política nacional… excepto los gallegos y los vascos. Ellos, protagonistas de la jornada, representaron una obra que tiene que ver con sus vidas y con sus países; y los demás, espectadores e intérpretes, veremos lo que de antemano decidimos que queríamos ver.

En la intención de los electores, ni la mayoría absoluta del PP en Galicia busca premiar a Rajoy, ni los votos perdidos por el PSOE se deben al afán de represaliar a Sánchez, ni el retroceso relativo de Podemos y en Marea frente a Bildu y el BNG tiene que ver con la pelea entre Pablo Iglesias y Errejón, ni Ciudadanos ha quedado fuera de ambos parlamentos a causa de su tornadiza política de alianzas en el Congreso.

Los gallegos y los vascos se han limitado a hacer lo que se les pedía: elegir a quienes, a su juicio, deben representarles y gobernar en sus comunidades. Pero como las cosas no son como son sino como se ven, conseguiremos que estas elecciones autonómicas tengan efectos nacionales.

Mientras se manifiestan esos efectos, adelantemos algunas observaciones sobre lo sucedido ayer:

1. Según parece, no está escrito sobre la piedra que la aparición de nuevas fuerzas políticas acarree necesariamente un desplome de las antiguas. He aquí dos partidos tradicionales donde los haya, con lustros de gobierno a sus espaldas, representantes ilustres de la vieja política, que en 2016 aumentan su ya notable fuerza electoral. Eso de que el descenso de los grandes partidos es un efecto inercial de la diversificación de la oferta quizá sirva a algunos para disfrazar sus derrotas sin reflexionar sobre las causas, pero no casa con la realidad.

El PP en Galicia y el PNV en Euskadi eran y son las opciones claramente mayoritarias en sus respectivos territorios y han mejorado sus resultados de hace cuatro años. La irrupción de los nuevos ha afectado a otros, pero no a ellos. Por algo será.

2. Este es el primer premio a la gestión que se da en unas elecciones en España desde que estalló la crisis en 2008. Desde entonces y hasta ahora, cada vez que se abrió una urna fue para que el partido gobernante recibiera una paliza. O algo está cambiando en el clima social o los gobiernos de Feijóo y Urkullu lo han hecho realmente bien. O quizás ambas cosas a la vez.

3. Una de las cosas más trágicas que le están ocurriendo al Partido Socialista es su imparable marginalización política en las tres nacionalidades históricas: País Vasco, Cataluña y Galicia. Para un partido que siempre presumió de su capacidad de vertebrar el país con una presencia decisiva en todo el territorio, este es un fenómeno que, más allá de la coyuntura, ataca a la médula de su identidad.

¿Buscamos el origen? En esas tres nacionalidades, hubo un día en que los socialistas se aventuraron a formar una coalición de perdedores para hacerse con el poder, desplazando al partido mayoritario. Observemos qué sucedió desde entonces con los resultados del PSOE en elecciones autonómicas:

GALICIA (en 2005, Gobierno PSdeG-BNG) Votos Escaños
2005 33,6% 25
2009 31,2 25
2012 20,6 18
2016 17,9 14

PAÍS VASCO (en 2009, Gobierno PSE con apoyo PP) Votos Escaños
2009 30,7% 25
2012 19,1 16
2016 11,9 9

CATALUÑA (en 2003, Gobierno tripartito PSC-ERC-IC) Votos Escaños
2003 31,4% 42
2006 27,8 37
2010 18,4 28
2012 14,4 20
2015 12,7 16

Desde que se embarcaron en aquellos pactos de gobierno hasta hoy, los socialistas han perdido el 47% de su fuerza electoral en Galicia, el 61% en el País Vasco y el 67% en Cataluña. Cada elección ha sido abismalmente peor que la anterior, sin que exista la seguridad de haber tocado fondo.

“Los números dan” es una doctrina tan tentadora como peligrosa. En política, no basta con que den los números, también tiene que dar la lógica. Lanzarse a gobernar con cualquiera que se preste, violentando el resultado natural de unas elecciones, conduce a esto: gobiernas una temporada y pagas la factura durante una década. Pan para hoy y hambre para mañana. Quizás alguien debería tomar nota y escarmentar en cabeza propia antes de repetir el experimento.

4. Agrupémonos todos en la lucha final. Esta frase del estribillo de La Internacional describe el zafarrancho interno en el que se adentrará el PSOE en los próximos días. Tras meses de fintas, disimulos y debates aplazados, llegó la hora de levantar las cartas y definir de una vez qué quiere hacer ese partido con España y consigo mismo. El proceso autodestructivo del PSOE de Sánchez presenta similitudes extraordinarias con el del Partido Laborista de Corbyn (con la diferencia a favor del laborista de no haber bloqueado la gobernación de su país durante meses). A corto plazo, si esta batalla —que ya no podrá ser incruenta— la gana Sánchez, habrá elecciones el 18 de diciembre; y si la ganan los otros, tendrán que negociar a toda velocidad una solución honrosa para evitarlas. En cualquier caso, el daño a la institución es ya profundo, duradero y de dudosa reparación.

5. Gallegos y vascos han dado una lección de democracia avanzada en un momento de avería grave de nuestro sistema democrático. Por fin unas elecciones normales y maduras. En ellas, se ha discutido sobre los problemas del país y de la sociedad y no sobre las elecciones mismas. Han elegido al partido que desean que gobierne, y ese partido gobernará sin discusión: el PP en Galicia con su mayoría absoluta y el PNV en Euskadi sin ella, pero con todas las vías de colaboración abiertas con otras fuerzas.

Se han valorado los méritos de los gobiernos y de las oposiciones, y unos y otros se han reflejado en las urnas. Se ha demostrado que, como ha señalado Joan Tapia, en España aún pueden ganarse elecciones desde la moderación, sin recurrir al populismo demagogo o al secesionismo histérico que quiebra la convivencia.

6. Y por fin, han regresado los votos útiles. Los votos soberanos, que alumbran gobiernos. Los ciudadanos han sabido que su voto tiene valor decisivo y que no será desafiado por las cúpulas partidarias. Después de ver al voto popular arrojado una y otra vez al cubo de la basura y a las elecciones convertidas en un puro mecanismo consultivo en el que el pueblo propone y los partidos disponen, lo echábamos de menos. Qué envidia.

Vasco, radical y chic
Raúl González Zorrilla. Director de La Tribuna del País Vasco 26 Septiembre 2016

El hombre trabaja con el mimo de los antiguos artesanos, con la precisión de quienes están acostumbrados a domeñar todas esas piezas, tuercas, maquinarias, instalaciones y sistemas que a muchos, entre los que me encuentro, nos resultan tan insondables como ariscas.

Mientras mantiene el parachoques de mi coche bien sujeto con una mano, con la otra busca cómo acceder a la bombilla del foco delantero y, al mismo tiempo, me detalla, intercalando su relato con tenues espasmos de esfuerzo, detalles de su trabajo.

Le gusta hablar y le comento mi sorpresa por el hecho de que tanto su taller como el de su vecino, dedicado a reparar carrocerías, se encuentren repletos de vehículos, algo que se pensaría poco habitual en los tiempos de crisis que corren. “Los coches de fin de semana me van a dejar sin fin de semana”, me dice sonriendo mientras esgrime un destornillador eléctrico como si se tratara del puntero de un catedrático. En mi ignorancia, le interrogo sobre “los coches de fin de semana”, pues jamás había escuchado tal expresión, a pesar de que llevo casi tres décadas conduciendo.

“Hay muchas familias guipuzcoanas que tienen dos automóviles”, me explica con paciencia y como revelando un misterio que es conocido por todo el mundo. “Uno lo utilizan habitualmente los días laborables para llevar a cabo las tareas cotidianas, ir al trabajo, hacer las compras, acompañar a los niños al colegio… ya sabe, para hacer todas esas cosas que solemos hacer todos los días. Luego están lo que yo llamo ‘coches de fin de semana’. Éstos suelen ser más lujosos, se cuidan más y con más esmero, se limpian con detalle y suelen tener muy pocos kilómetros, y son los que estas personas utilizan para las escapadas del fin de semana a la segunda residencia, a esquiar o a visitar a los abuelos. Pero, claro, estos vehículos también exigen un mantenimiento importante, porque, al no utilizarse demasiado, es conveniente prestarles más atención, revisar sus niveles y la presión de los neumáticos, sobre todo. Y nosotros, encantados, claro”.

Se limpia las manos con un trapo repleto de grasa y me mira con la paciencia amable de quien sabe que su interlocutor se encuentra en un territorio ajeno que le resulta absolutamente incomprensible. “Ya ve que no es tan difícil reparar un faro”, me dice mientras me entrega las llaves del coche, y ante mi insistencia por abonarle la reparación, añade: “No se preocupe, se lo cobraré la próxima vez que vuelva. Lo mejor de los coches es que… se estropean”. Y se aleja, feliz, riéndose en silencio y limpiándose dos chorretones de aceite de la cara.

Salgo del taller, situado en el Paseo de Errondo de San Sebastián, dándole vueltas al tema de los “coches de fin de semana” y pensando que la misma sociedad que realiza esta escabrosa, petulante e innecesaria exhibición de poderío económico es la misma que ha colocado a los proetarras de Bildu al frente de la Diputación Foral de Guipúzcoa o del Ayuntamiento donostiarra. Hay en este territorio, y en el resto del País Vasco, una profunda obscenidad ética en el hecho de que una colectividad enriquecida, acomodada, mimada y consentida, que representando el 5% de la población española recibe casi el 40% de las ayudas sociales que se distribuyen en el país, sitúe en la cima de su entramado institucional a un puñado de proetarras asilvestrados, fanáticos antisistema e independentistas seducidos por la violencia.

Hace tres años narraba esta historia en mi libro “Territorio Bldu”, y hoy, la moraleja de ese sucedido en Guipuzcoa se extiende al resto de la comunidad vasca.

Tras las elecciones de ayer, los nacionalistas vascos del PNV, los proetarras vascos de EH Bildu y la extrema izquierda vasca de Podemos han conseguido el 76% de los escaños en el Parlamento de Vitoria. Y es que, en el fondo, al nacionalismo burgués acomplejado y a la izquierda “cocochera” y radical de casa a millón de euros, como la que disfruta la candidata a lehendakari por Podemos, les priva rebozarse en la barbarie. Aunque esta permanente atracción por los abismos totalitarios, sean éstos independentistas o bolivarianos, no es novedosa. Porque a estos exquisitos nacionalistas, independentistas y extremistas de izquierda, de “coche de fin de semana”, mariscada en las sociedades gastronómicas machistas, adosados distinguidos y escapadas elegantes los “finde”, ya les bautizó el escritor Tom Wolfe en 1970 con el apelativo devastador de “radical chic”.

El autor de “La hoguera de las vanidades” se inventó este título para describir en un relato inolvidable una lujoso fiesta dada por un puñado de intelectuales neoyorquinos enriquecidos, liderados por el músico Leonard Berstein, para “dialogar” con los portavoces de los Panteras Negras y para “entender los puntos de vista de las clases inferiores y de sus movimientos de rebeldía.”

Pactar con nacionalistas
Francesc MorenoCronica Global 26 Septiembre 2016

Tal y como están las posturas encontradas entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, parece que cualquier pacto de investidura pasa por el apoyo de alguno o algunos partidos nacionalistas para que Rajoy o Sánchez sea presidente del Gobierno.

Desde luego, sería más estable, y por tanto mejor, un pacto a tres, ya fuera de PP, C's y PSOE, o entre estos dos últimos partidos y Podemos. Hablo desde el punto de vista del interés general, no de las preferencias personales por una u otra opción. A día de hoy, ambas soluciones parecen imposibles de alcanzar. Por tanto, si se quiere evitar unas terceras elecciones, que además no garantizan que se desbloquee la situación --como ha pasado con las segundas--, el papel de bisagra de los nacionalistas vuelve a estar al alza.

Hemos visto que tanto PP como PSOE coquetean con la posibilidad de pacto no sólo con el PNV, opción generalmente aceptada dada la apuesta inequívoca de este partido por encuadrar sus reivindicaciones en el marco de la legalidad, sino con las formaciones nacionalistas catalanas que mantienen un discurso de confrontación directa con la legalidad constitucional.

No soy partidario de demonizar cualquier pacto. Eso sí, soy absolutamente contrario a que dicho pacto se base en apoyar la celebración de un referéndum secesionista que no pase por la reforma constitucional con todos sus requisitos. Pero no sólo eso. Tampoco es de recibo un pacto basado, como en el pasado ha sido habitual, en dejar a los nacionalistas actuar en Cataluña al margen de la legalidad vigente y del cumplimiento de las sentencias de los tribunales. Un pacto basado en mirar para otro lado mientras los catalanes no secesionistas somos discriminados y tratados como ciudadanos de segunda por las instituciones autonómicas. Un pacto basado en concesiones unilaterales a beneficio de inventario.

Un acuerdo que no sea una dejación de responsabilidades es posible porque hay indicios evidentes de que la vía unilateral no es ni mucho menos unánime entre los nacionalistas. En este sentido, es ilustrativo el artículo de Pilar Rahola en La Vanguardia titulado "Herejía", en el que apuesta por hacer política, es decir, pactar en base a cuestiones que están en el programa de la mayoría de partidos como el corredor mediterraneo o la financiación autonómica. Pero, insisto, eso sólo debería ser posible si el Gobierno catalán acepta que nuestra comunidad no actuará al margen de la legalidad. Ni unilateralidad, ni incumplimiento de las sentencias.

Un pacto de este tipo, difícil por los recelos de ambas partes, tendría la virtualidad de romper el frentismo y permitir que la sociedad catalana, enfrentada por el secesionismo, se relaje y aborde cuestiones esenciales que están siendo soslayadas porque el monotema de la independencia lo ocupa todo.

Dicho de otra manera. Un pacto sería deseable si desde el secesionismo se acepta que no representan a todos los catalanes, englobados en el concepto de "pueblo", de indudables connotaciones totalitarias.

Desde luego, no es algo sencillo. Lo sé. Pero, si hay alguna opción, debería explorarse. Si los vascos están siendo capaces de superar un pasado muy reciente de confrontación interna y con el resto de España, los catalanes deberíamos aprender la lección y evitar que la confrontación interna y externa cruce el Rubicón para instalarse en la confrontación violenta que algunos preconizan. Los costes del procés son ya muy elevados. Reconducir la situación merece un esfuerzo.

La Generalitat compensa con jugosas subvenciones la caída de ingresos de su gran aliado mediático
Hermes Comunicacions S.A., editora del diario 'El Punt Avui' y de la revista que dirige la mujer de Carles Puigdemont, recibió el pasado ejercicio una ayuda de 553.506,99 por parte de la Generalitat. En 2014, ingresó 584.731 euros en este concepto. El Govern otorga cada año generosas subvenciones a los medios de comunicación que en el último lustro han respaldado el proceso soberanista.
Rubén Arranz www.vozpopuli.com 26 Septiembre 2016

Detallar la cantidad de dinero público que ha recibido durante los últimos años la prensa catalana afín al proceso soberanista sería casi imposible, dada la opacidad de algunas de las Administraciones que reparten estas ayudas -ocurre en toda España- y su habilidad para camuflarlas dentro de sus presupuestos. Sin embargo, de las cuentas que presentan ante el registro mercantil los principales grupos de medios de comunicación se puede obtener información acerca de la relación entre estas empresas y el poder autonómico y local. Sin ir más lejos, el año pasado la Generalitat de Cataluña otorgó una jugosa subvención de 553.506 euros a Hermes Comunicacions S.A., editora de El Punt Avui, un periódico muy cercano a las tesis independentistas de los partidos que integraron Junts pel Sí. Esta inyección monetaria sirvió para compensar la caída de ingresos que sufrió esta compañía, de la que también forma parte Catalonia Today, la revista dirigida por Marcela Topor, mujer de Carles Puigdemont.

En su informe anual de cuentas, al que ha tenido acceso Vozpópuli, esta compañía reconoce el bajón que sufrió su cifra de negocio durante el último ejercicio debido a los conocidos efectos de la crisis de la prensa escrita. "Durante el ejercicio 2015, la facturación ha disminuido un 7%. En valor absoluto son 1,3 millones, de los que 730.000 corresponden a venta de diarios e ingresos publicitarios y 576.000 euros a otros ingresos y prestación de servicios", explica el auditor en este documento.

Esta partida monetaria corrió a cargo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y fue otorgada por la labor de Hermes Comunicacions S.A. para la difusión del idioma catalán. Con este pretexto, el Govern ha concedido durante los últimos años varios millones de euros a las editoras de prensa, lo que, evidentemente, ha contribuido a mejorar la posición competitiva de estas empresas -con una editorial más afín al independentismo o al nacionalismo- con respecto a las que publican diarios en español.

En 2014, este holding de medios acaparó 584.731 euros en dos subvenciones directas: una, de 472.603,62 euros que obtuvo por la edición de publicaciones en catalán; y otra, de 112.128,54 euros, "por tener en marcha proyectos para la consolidación de empresas periodísticas y fomentar el espacio catalán de comunicación". El resultado de explotación de Hermes Comunicacions durante los últimos dos ejercicios ha sido positivo, de 696.743,09 euros en 2015 y de 1.118.832,93 euros en 2014, según su información contable.
Una amistad lucrativa para ambas partes

En una comunidad autónoma cuya realidad política está condicionada por las aspiraciones secesionistas de una parte de los partidos con representación en el Parlament, la labor de los medios de comunicación resulta fundamental para avivar la llama del soberanismo o para dejar que se consuma poco a poco. Mientras Artur Mas estuvo en la Generalitat, contó como principal aliado con TV-3, una televisión de la que CiU ha configurado siempre su estructura de mando y ERC ha tenido el control de su redacción. Dentro de ese grupo de aliados también se posicionó Godó, con su radio, RAC-1 y su periódico, La Vanguardia -con José Antich de director-, que hasta entonces había apostado por buscar el mejor encaje de Cataluña en España, pero que desde 2011 contribuyó de una forma decisiva a difundir el catecismo independentista de CiU y ERC. Tanto en sus páginas de información como a través de la opinión de algunos de sus columnistas de cabecera.

En paralelo, estos medios de comunicación recibían cuantiosas subvenciones que ayudaban a compensar los efectos de la grave crisis que vive la prensa escrita desde mediados de la década pasada. Lo hacían bien directamente a través de una partida presupuestaria específica, bien a través de la contratación de publicidad en todos sus medios o bien a partir de subvenciones para la realización de actuaciones de carácter privado, como la ampliación de su planta de impresión (5,5 millones de euros). En el caso de Hermes Comunicacions S.A., sólo entre 2008 y 2014 ingresó 12,3 millones de euros de dinero público, según se detalla en los registros del Boletín Oficial de la Generalitat.
El contenido ilegal de las televisiones de Hermes Comunicacions

El Punt Avui ha defendido abiertamente durante los últimos años la vía soberanista que se trazó desde la Generalitat, lo que ha resultado provechoso para el negocio de sus dueños, como se demuestra en la polémica autorización que obtuvo en 2014 por parte del Consejo Audiovisual de Cataluña para crear El Punt Avui TV. Este permiso de emisión lo consiguió con la oposición de tres consejeros del CAC, que criticaron que se realizara "sin exigir al operador arrendatario que justifique la programación que prevé emitir en cada una de las televisiones objeto de arrendamiento".

Actualmente, la división de televisión de Hermes Comunicacions tiene un expediente sancionador abierto por parte del CAC, dado que ha incumplido de forma reiterada las exigencias de ofrecer en sus canales 60 horas semanales de programación local.

La posición ideológica de los medios de comunicación de este grupo resulta especialmente importante para el Govern en este momento, en el que el activismo independentista ha perdido adeptos, como se demostró en la última Diada, y en el que los dos principales diarios generalistas autonómicos, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, han reconducido su linea editorial y han vuelto a dejar claro a sus lectores que sus editores apuestan de una forma decidida por el encaje de Cataluña en España, y no por las aventuras secesionistas.


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