AGLI Recortes de Prensa   Martes 4  Octubre  2016

SISTEMA ELECTORAL
La crisis política: un problema de representación
Javier Benegas  vozpopuli.com 4 Octubre 2016

Quizá el lamentable espectáculo ofrecido por el PSOE este pasado fin de semana sea, hasta la fecha, la más descarnada muestra del bajísimo nivel al que han llegado muchos de nuestros políticos. Sin embargo, aunque fue en la calle Ferraz donde la zafiedad alcanzó cotas desconocidas, lo cierto es que no sólo los cuadros del PSOE están bajo mínimos, ocurre algo similar en el resto de formaciones políticas. En todas manda el oportunismo que, por definición, degenera en conflictos de intereses.

Sin ir más lejos, con el PSOE inmerso en su lucha fratricida, ahora en el Partido Popular están tentados de elevar el tiro; es decir, no conformarse con forzar la abstención del PSOE para asegurar la investidura de Mariano Rajoy -lo que hasta ayer era un tesoro hoy se antoja calderilla- sino buscar un pretexto, o fabricarlo, para incrementar sus ganancias forzando unas terceras elecciones. Descuentan los estrategas de la calle Génova que, con el PSOE abierto en canal y eviscerado, el PP será el gran beneficiario si se convocan nuevas elecciones. Después de defender hasta la extenuación la investidura como remedio a todos nuestros males, ahora están viendo la manera de vender al público la nueva burra. En resumen, que la investidura ya no es tan urgente y que, después de todo, unas terceras elecciones tal vez no sean una mala idea.

Pero si Rajoy decide rentabilizar la implosión del Partido Socialista con unas terceras elecciones, lo que estará haciendo será forzar la coyuntura para concentrar el voto artificialmente. A priori, parece que la jugada le resultaría muy rentable al Partido Popular. Pero a largo plazo podría volverse en su contra. ¿Por qué? Pues porque un respaldo electoral sensiblemente mayor, además de ser un espejismo fruto de la coyuntura, incentivará que cúpula del PP tome nuevas decisiones tácticas que, sumadas, acrecentarán la inconsistencia temporal del partido hasta que la distancia con los votantes se vuelva insalvable. Y tarde o temprano se producirá la fractura. El tiempo colocará al PP en el sitio que de verdad le corresponde, tal y como ha hecho con el PSOE en apenas unos años.

Ya se vio en la anterior legislatura, cuando la mayoría absoluta del PP se tradujo en una cadena de decisiones de corto plazo que muchos de sus votantes no sólo vieron con desagrado sino que no entendieron nunca. Algunos lo justificaron argumentando que en el PP no se esforzaban por explicar sus decisiones. Pero lo cierto es que por más pedagogía que hubieran hecho, no había manera. No hay razón para descartar que tal cosa volviera a suceder. Esta actitud miope es fácil de entender. Cuando los partidos están construidos de arriba abajo y los representantes no dependen de los electores sino de la jerarquía interna, desaparecen los incentivos necesarios para desarrollar una estrategia de largo plazo, coherente con las expectativas de los votantes.

La reforma electoral, el primer paso
Algunas voces piden un cambio en el sistema electoral para que sea más proporcional (Ciudadanos) o sugieren que se premie al partido más votado con una propina de escaños (Cristina Cifuentes). En el primer caso se trataría de igualar el valor de los votos para que determinados partidos obtuvieran un premio electoral más acorde con el número real de votos obtenidos; en el segundo se trataría de que la gobernabilidad estuviera garantizada. Sin embargo, ninguna de estas propuestas aborda el verdadero problema. Una mayor proporcionalidad mejoraría la representatividad de determinados partidos, cierto, pero nunca la de sus electores. Dicho de otra forma, la mayor proporcionalidad aumentaría el poder de Ciudadanos como formación política (más concretamente, de su cúpula dirigente), pero no la capacidad de control de sus votantes sobre los representantes de esta formación política. En cuanto a la segunda ocurrencia, ayudaría a facilitar la gobernabilidad, pero tampoco otorgaría a los electores mayor control sobre los gobernantes. En ambos casos la perversa dinámica interna en la que están sumidos los partidos españoles quedaría inalterada.

¿Democracia interna?
Muchas son las voces que aluden también a una necesaria democratización interna de los partidos. Porque, en su opinión, la falta de democracia interna es lo que impide no sólo que las corrientes afloren, sino que las formaciones apunten en la dirección de las demandas de sus militantes y votantes. Sin embargo, también aquí hay trampa. Suele ocurrir que quienes ahora demandan democracia interna en un determinado partido son los mismos que hasta ayer lo controlaban… gracias, precisamente, a la falta de democracia interna. Sucede que una sucesión “desafortunada” terminó condenándoles a la irrelevancia. Y ahora se aferran a la democratización para intentar recuperar las posiciones perdidas.

La democracia interna de los partidos es necesaria, pero sólo hasta cierto punto. Sería absurdo, por ejemplo, que la militancia eligiera a un líder pero luego éste no pudiera seleccionar a voluntad los miembros de su equipo, sino que a su vez tuvieran que ser elegidos de forma “democrática”. Al líder le resultaría muy difícil trabajar y confiar en personas a las que no ha seleccionado. Incluso podría suceder que terminara cohabitando con perfiles incompatibles o con enemigos irreconciliables. Por otro lado, se supone que un político de valía, además de otras virtudes, tiene cierta habilidad para conciliar diferentes sensibilidades y corrientes. Por último, esa democracia interna que venden como la panacea suele convertirse en una vía de acceso para los grupos más activos, los que mejor se organizan, que suelen ser también los más radicales y, por lo tanto, los que más incentivos tienen para hacerse con el control del partido. Y como la mayoría de militantes, mucho menos motivados, suelen desentenderse de los procesos internos, tarde o temprano las formaciones se radicalizan.

La mejor forma de democratizar los partidos y lograr que actúen de forma mucho más coherente con el largo plazo; es decir, desarrollen políticas menos oportunistas y más acordes con las expectativas de la sociedad a la que representan, es desde fuera, estableciendo un sistema de escrutinio mayoritario uninominal por distritos. Es cierto que este sistema no es el más justo para los candidatos perdedores, puesto que sólo uno de ellos podrá resultar elegido, aun cuando las diferencias sean mínimas, de ahí que los británicos lo llamen first-past-the-post (el primero que cruza la meta gana). Pero sin ser un sistema perfecto, es el único que limitaría de forma eficaz el poder omnívoro de las cúpulas de los partidos españoles. Un poder que se está demostrando, también en las nuevas formaciones, incompatible con la coherencia política y el largo plazo. Y lo peor, es antagónico al mérito, el talento y… la honradez que tanta falta nos hace.

El PSOE emparedado
JAVIER REDONDO El Mundo 4 Octubre 2016

La socialdemocracia no está en crisis. Los que están desubicados son los partidos socialdemócratas. Sus políticas están a buen recaudo en las formaciones social-conservadoras, como la CDU o el PP. Los socialistas europeos se adaptaron con éxito a todas las transformaciones económicas y sociales. Primero conciliaron socialismo y libertad, unificando las familias liberal-progresista y socialdemócrata, escindida del marxismo en el umbral del siglo XX.

En sus años gloriosos, los socialdemócratas reunieron a conservadores y demócrata-cristianos en torno al consenso keynesiano de posguerra. Más tarde superaron, tras una larga travesía del desierto, el periodo de crisis fiscal del Estado. Por primera vez su inoperancia y atasco fueron aireados a la vez por marxistas y nuevas corrientes liberal-conservadoras, lideradas por Reagan y Thatcher, que se negó a considerar a los sindicatos y laboristas como "únicos interlocutores legítimos con la sociedad".

La caída del Muro se llevó por delante lo que olía a rancio comunismo. En 1999, Blair, precursor del Nuevo laborismo, y Schröder firmaron, siguiendo la estela de La nueva democracia de Clinton, el documento Europa, la tercera vía, al que se sumaron Prodi, Jospin, Cardoso y Lagos. Comenzó la segunda edad dorada de la socialdemocracia: gasto social sin asfixia fiscal. Mantuvo el voto de los trabajadores y sumó clases medias y profesiones liberales de elevado poder adquisitivo gracias a la incorporación a su programa de valores postmateriales (pacifismo, ecologismo y feminismo).

Felizmente instalada en su jardín de las delicias, la socialdemocracia tocó la lira hasta que estalló la burbuja. El Estado fio todo a la deuda. Se echó en brazos del mercado y renunció a una de sus palabras fetiche, la sostenibilidad. El PSOE pactó el techo de gasto a regañadientes con los aguafiestas del PP y en lugar de articular un discurso modernizador -como en los 80- empleó los clichés del populismo emergente. Aquellos antojos, ligerezas y remilgos son sus demonios de hoy.

'Gürtel' juzga al PP de la corrupción
EDITORIAL El Mundo 4 Octubre 2016

Arranca hoy en la Audiencia Nacional el primero de los juicios a los responsables de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular de principios de siglo. Se trata de la pieza denominada Gürtel Época I, que ha investigado una red de concesiones y contratos públicos fraudulentos entre 1999 y 2005 en Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Estepona, regiones y municipios en los que el PP gobernó con mayoría absoluta en esos años.

Fue la época del boom económico en el que unos delincuentes de cuello blanco encontraron la complicidad de políticos sin escrúpulos para enriquecerse y financiar al partido. Desde recalificaciones de suelo ilegales hasta contratos públicos amañados, todo valía para quedarse con el dinero que corría alegremente y sin control por los circuitos del poder. El Tribunal determinará hasta qué punto el propio PP se benefició de parte del dinero sustraído para financiar ilegalmente sus actividades. El fiscal considera al partido responsable civil y le pide 10 millones de euros por haberse beneficiado presuntamente del dinero distraído por la trama.

Se sientan en el banquillo 37 encausados entre miembros de la trama, familiares, políticos y empresarios. Entre ellos, comparecerá el considerado como cabecilla de la organización, Francisco Correa, para quien el fiscal pide 125 años y un mes de prisión, y sus colaboradores Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, que se enfrenta a una pena de 85 años y medio, José Luis Izquierdo, que llevaba las cuentas del grupo y para quien se solicita 45 años de cárcel, y Álvaro Pérez, el Bigotes.

Por el lado político están procesadas personas clave de las finanzas del PP. Luis Bárcenas, ex gerente y ex tesorero para quien el fiscal pide 42 años y medio de prisión y su antecesor en el cargo, Ángel Sanchís. El también ex tesorero Álvaro Lapuerta ha sido excluido por su delicado estado de salud. Están encausados Alberto López Viejo, ex consejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, los ex alcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega -el fiscal pide 50 años de cárcel- y Jesús Sepúlveda, que estuvo casado con Ana Mato, y el ex diputado popular Jesús Merino. Comparecerán como testigos, Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y la propia Aguirre, entre otros.

La magnitud de las penas solicitadas y la presencia de dirigentes clave en esos años en el PP dan muestra de la importancia del proceso, en el que se juzga una forma adulterada de entender la política en todos los niveles de la Administración y que tenía como objetivo tanto el enriquecimiento personal de unos indeseables y la financiación del partido para que se mantuviera en el poder.

La vista oral de esta pieza se inicia tras siete años y medio de investigación y después de haber pasado por cinco jueces. Llega en un momento clave de la vida política española porque Gürtel remite a la corrupción en el PP, que es el mayor obstáculo del partido de Rajoy para negociar con otra formación. Y esto no ha hecho más que comenzar porque llegará el turno de procesos similares, como Púnica, Taula o los papeles de Bárcenas. Aunque no quede ya en el PP nadie encausado con responsabilidades, va a sufrir la difícil digestión de este rosario de casos de corrupción de una época que no debe volver a la política española.

Colombia da al mundo una lección de dignidad
Editorial Libertad Digital 4 Octubre 2016

Lo que ha salido de las urnas colombianas no es un canto a la guerra, sino un no a la impunidad y al blanqueamiento de unos terroristas que llevan medio siglo ensangrentando el país.

En contra de lo que presumían los principales medios de comunicación colombianos y extranjeros y de las previsiones del propio Gobierno de José Manuel Santos, el pueblo colombiano rechazó este pasado domingo la rendición del Estado de Derecho a una organización terrorista responsable de gravísimos delitos a lo largo de medio siglo de actividad criminal.

Si por algo se ha distinguido este proceso de paz que no venía a poner fin a guerra civil sino a la guerra terrorista de las narcoguerrillas comunistas FARC contra el Estado y el pueblo colombianos ha sido el secretismo y el despotismo. En el país menos recomendable del continente para llevar a cabo unas negociaciones de paz, la Cuba sometida a una execrable dictadura comunista desde hace más de medio siglo, el sobrado Santos y el siniestro asesino Timochenko pergeñaron un cambalache infecto ante el que, afortunadamente, se ha plantado una mayoría de colombianos.

Eso no era un acuerdo de paz, sino una rendición intolerable a la peor organización terrorista que ha padecido Colombia. Una rendición que abría el camino a la bolivarianización del país que, precisamente, está salvando literalmente la vida a decenas de miles de personas atrapadas en el vil socialismo del siglo XXI que está devastando Venezuela. Una rendición que, ominosa y estupefacientemente, recibió la bendición de la comunidad internacional, incluida la de España, para vergüenza eterna de Mariano Rajoy y su deplorable canciller Margallo. Todo esto no hace sino hacer aun más ejemplar el coraje demostrado por los colombianos que clamaron en las urnas contra la infamia.

El presidente Santos ha sufrido una derrota tan estrepitosa como merecida, que le debería llevar a la dimisión. Pero, por supuesto, no dimitirá. Lo que no hará más que dañar su ya muy maltrecha imagen ante una sociedad que le acaba de volver a demostrar una muy extendida desconfianza. Todo lo contrario puede decirse del expresidente Álvaro Uribe, que de nuevo ha conseguido sacar adelante una misión extraordinaria en las más adversas circunstancias. La comparación entre ambos mandatarios no puede ser más sustanciosa.

Toca volver a empezar. Teniendo bien presente que, frente a tanto bocazas miserable, estúpido, cobarde o ignorante –alguno atesora todas y cada una de esas lacras–, lo que ha salido de las urnas colombianas no es un canto a la guerra, sino un no a la impunidad y al blanqueamiento de unos terroristas que llevan medio siglo ensangrentando el país. En Colombia como en cualquier otro lugar marcado a fuego por el crimen político, el final del terrorismo ha de ser un final con vencedores –el Estado de Derecho– y vencidos –los terroristas–, en el que las prácticas y las ideas de los asesinos queden completamente deslegitimadas y la impunidad no ensucie la toga de la Justicia.

Colombia y la prepotencia del 'sí'
ROGELIO ALONSO El Mundo 4 Octubre 2016

El 2 de septiembre los partidos políticos españoles representados en el Congreso de los Diputados firmaron una declaración apoyando el Acuerdo ahora rechazado por el pueblo colombiano. Estas formaciones, sin consideración hacia la ciudadanía que el domingo tenía que decidir sobre ese texto, se apresuraron a valorarlo como un "paso decisivo para la paz y la reconciliación en Colombia".

Asumían además sin base alguna que el Acuerdo "contribuirá a una mayor integración del territorio colombiano, una mayor inclusión social y a fortalecer la democracia colombiana". Ha pensado diferente la mayoría que ha votado en contra de un acuerdo que muchos colombianos consideran contiene graves deficiencias. Entre ellas un peligroso fortalecimiento político de un grupo terrorista como las FARC a través de una legitimación como la que la negociación le ha proporcionado y al que se pretendía garantizar presencia en las instituciones con independencia de si los votos se la concedían. El reconocimiento del propio presidente Santos de que el Acuerdo supone una impunidad para los terroristas que él mismo ha justificado ante la enorme magnitud del conflicto, o la cuestionable rebaja del umbral de aprobación previsto en la ley buscando asegurar el 'sí a toda costa, aumentaron la desconfianza. La credibilidad del presidente también puede haberse visto dañada por la coacción que se ha ejercido desde medios políticos y periodísticos -no solo en Colombia, sino también en España- al transferir la responsabilidad por la continuidad de la violencia a aquellos ciudadanos que legítimamente dudan de la conveniencia del Acuerdo, exonerando así a los verdaderos responsables del terror: las FARC.

Días después de esa apresurada toma de partido del Congreso español, el columnista colombiano Mauricio Vargas escribía en El Tiempo un artículo titulado "La soberbia del sí" que describía a la perfección la equivocación de nuestros partidos y otros actores: "Desde la campaña del 'sí', muchos dicen, casi que ordenan, que votemos Sí porque sí". Vargas citaba a otro articulista partidario del 'sí' que expresó la siguiente autocrítica: "Decimos defender las libertades que trae la paz, como la de pensar diferente pero estamos cargados de una elevada prepotencia, convencidos de que nuestra mirada es la única válida. Nos sentimos la última coca-cola del desierto por ser los abanderados de la paz". Y concluía el partidario del'"sí': "Por actuaciones como estas empezó el conflicto armado que hoy queremos acabar".

Tan prudente consideración ha estado ausente en el comportamiento de algunos políticos y medios que han recurrido al desprecio y al insulto de quienes no apoyaban el 'sí', como ese periodista inglés que de manera vergonzosa y despótica ha acusado al futbolista James Rodríguez de cobardía. Otros autoerigidos adalides de la paz que entienden ésta únicamente como adhesión al Acuerdo, han recurrido, paradójicamente, a un lenguaje bélico para manipular la realidad. Así alarmaban con que el triunfo del 'no' haría que la "paz les estallara en las manos", o premonizaban un "salto al abismo" del país si su opción no salía victoriosa, culpando una vez más a la sociedad de aquello de lo que solo es responsable las FARC. Esa frívola transformación de la paz en un espectáculo, ignorando las complejidades que la finalización de un conflicto tan intricado como el colombiano implica, se encuentra en la raíz de peligrosas manipulaciones y de un fracaso que evidencia algo más: a pesar del mayoritario respaldo en los medios de comunicación al 'sí' y de los amplios recursos gubernamentales, un porcentaje mayor de población ha vencido la espiral de silencio y valientemente ha optado por una decisión contraria.

En ese contexto el Gobierno colombiano debería buscar un consenso político y social que ha rehuido durante una negociación en la que sus interlocutores se han beneficiado de una considerable indulgencia que contrasta con la estigmatización de adversarios democráticos y ciudadanos de opiniones contrarias. El Gobierno tiene además la oportunidad de trasladar a las FARC una presión que contrarreste la glorificación que el grupo terrorista y sus líderes han obtenido mediante una negociación avalada por dirigentes internacionales que con considerable arrogancia han tomado partido por una sesgada opción política sin esperar respetuosamente la decisión del pueblo colombiano. A ello han contribuido autoproclamados expertos en resolución de conflictos que han encontrado en la "industria de la paz" un próspero negocio a costa de las víctimas pero en su nombre.

En un país con centenares de miles de muertos y numerosos perpetradores de violencia ilegítima, incluidos en ocasiones agentes del Estado, la negociación con un grupo terrorista implicado además en el narcotráfico es vista por algunos como el único camino para erradicar la violencia. Sin embargo, esta táctica conlleva una polarización política y social considerable, además de prestigiar a un grupo con escaso apoyo social que logra erigirse en representante de un pueblo al que, obviamente, no representa. Induce a pensar erróneamente que las reivindicaciones de las FARC son las de todo un pueblo y se magnifican las imperfecciones de la democracia colombiana ocultándose que esta goza de una legitimidad ausente en las FARC, cuyos líderes lo son fundamentalmente por practicar el terror y la intimidación.

El loable objetivo del final de la violencia exige huir del pensamiento dicotómico que descalifica como "enemigos de la paz" y propagadores de odio y rencor a quienes legítimamente discrepan de determinados métodos como los que han salido derrotados en el plebiscito. Obliga también a pensar en la máxima con la que un mando colombiano sintetizaba a este analista sus dudas por las significativas cesiones que el Gobierno estaba realizando a pesar de su superioridad moral y militar, y aun consciente de la debilidad estratégica implícita a la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia durante décadas al ser desplazado de amplias zonas del territorio: "No interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo graves errores".

¿Puede haber reconciliación sin reparación?
ARACELI MANGAS El Mundo  4 Octubre 2016

El no del pueblo colombiano al reciente acuerdo entre el Gobierno y el grupo armado de las FARC pone de relieve alguna debilidad del propio acuerdo y sobre todo errores de bulto al convocar de forma precipitada el referéndum. La paz es un bien común global indiscutible. Sin duda; pero tiene siempre un precio. Poner fin a un largo y brutal conflicto armado interno debe concitar el apoyo de todo ciudadano de bien; este argumento arrojó al gobierno a un rápido plebiscito que saldara las cuentas del conflicto. Los populistas creen que todo se puede poner a votación. Y hay bienes como la paz (Colombia), la unidad nacional y el territorio (España), o el bienestar y seguridad propia y ajena (Reino Unido), o qué es o no delito, o los derechos humanos (Hungría, Suiza), que no pueden quedar al albur de mayorías plebiscitarias. Los romanos establecieron bienes extra commercium tan protegibles que no podían someterse o modificar por acuerdo de los humanos.

La demagogia triunfalista cegó al Gobierno. En su apresuramiento pusieron los bueyes antes que el carro; apelaron a la complicidad del pueblo para bendecir un complejo acuerdo cuyo buen propósito es laudable. Si tenían planificado el referéndum, ¿por qué firmarlo como norma consumada en un artificial clima exultante en Cartagena de Indias? Hubiera bastado la firma efectiva del texto en La Habana (24 de agosto). Dieron poco tiempo para conocer un acuerdo, sin duda laborioso, de 300 páginas y fomentar su conocimiento.

El Acuerdo es muy complejo y en su mayoría con partes de calado muy positivo o no problemático para los valores éticos y cívicos. Pero con un gran talón de Aquiles: la justicia ad hoc y la laxa sanción de crímenes masivos. Esto, si se pone a votación, debió ser explicado y justificado a la ciudadanía. Más allá de los errores tácticos, la clave es ajustar los costes del acuerdo de paz, los materiales o tangibles y los intangibles de los valores. Y ahí está la gran debilidad del acuerdo y la división de los votantes y, posiblemente, la abstención repulsiva de otros a un acuerdo de olvido a las víctimas, más allá de la retórica reiterativa, y pasar página pronto a crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por los tres contendientes del conflicto armado: el grupo rebelde, los paramilitares, y el ejército y policía colombianos. Lo sucedido allí en estos años ha sido claramente un conflicto armado interno al que le era aplicable el art. 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977. Desde luego, aquel conflicto armado interno no es asimilable a situaciones de violencia terrorista pura y dura, como las vividas en Europa, incluida España. Hay criterios legales que permiten identificar un conflicto armado interno (Protocolo II): enfrentamientos generalizados, carácter abierto de las operaciones militares, volumen y organización de las fuerzas y grupos armados en presencia, división y control sobre un territorio, duración del conflicto, etc. Todos los reunía el conflicto colombiano.

Otra cosa es que en ese conflicto armado las FARC acudieron de forma sistemática y constante a métodos terroristas y a crímenes de guerra y de lesa humanidad (asesinato indiscriminado de civiles, violación de mujeres, reclutamiento de niños y forzado de adultos...). Tampoco se limitaron las fuerzas gubernamentales, ni los paramilitares (contratados por los hacendados y ganaderos que estimaban floja la respuesta gubernamental) a combatir objetivos militares, es decir, rebeldes y sus efectivos materiales, sino que arrasaron con todos los civiles que tenían la desgracia de vivir en las zonas ocupadas por los rebeldes o que clamaban en las ciudades por el respeto a normas de derechos humanos. Varios millones de campesinos se refugiaron en Bogotá para huir de las zonas del conflicto, cayendo en la marginación o en la delincuencia. En la época del siniestro presidente Uribe se mataba en cifras insospechadas a civiles y se les contabilizaba sin más como rebeldes para hinchar las estadísticas de su victoria.

Por ello, no es de extrañar que altos mandos de las Fuerzas Armadas colombianas hayan participado activamente en las negociaciones y defiendan el acuerdo. Sobre todo el acuerdo que conlleva de facto "borrón y cuenta nueva" para todos. El perdón y la reconciliación son imprescindibles para cerrar todo conflicto armado. El citado Protocolo II establece que «las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en conflicto armado» (art. 6.5). Francisco de Vitoria hace casi cinco siglos, desde la Universidad de Salamanca en su obra De iure belli, ya recomendaba al vencedor proceder con moderación, pero también castigar a los dirigentes pues "las más de las veces... toda la culpa es de los príncipes, porque los súbditos pelean por su príncipes de buena fe".

¿Es suficiente, como dice la parte del Acuerdo sobre el Sistema Integral de la Verdad, "conocer la Verdad de lo ocurrido", esclarecer las infracciones y "ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad" sin que se pueda "implicar la imputación penal de quienes comparezcan» ni la información pueda ser trasladada... a autoridades judiciales... ni las autoridades judiciales podrán requerírsela"?

El acuerdo sobre reparación reconoce, de forma muy correcta, ciertos crímenes no amnistiables (graves crímenes de guerra y los de lesa humanidad como secuestros o asesinatos masivos. Exime las actuaciones gubernamentales que se limitaron a las "reglas de enfrentamiento" (es decir, a cumplir con su deber de respeto a la ley, tan obvio que no debió incluirse). En relación con los delitos amnistiables, tras pasar por un procedimiento prolijo y frustrante, basta reconocer lo hecho para obtener el perdón con sanciones simbólicas. Para juzgar y obtener el perdón, de los delitos amnistiables y no amnistiables, se inventa una compleja "Jurisdicción Especial para la Paz" que apenas se ha podido explicar al pueblo colombiano por ser una tela de araña: la impresión es que se pretende el blanqueo de todos los delitos. Todo un complejo sistema con las normas del debido proceso para constatar judicialmente hechos criminales, pero con las menores consecuencias sancionadoras. Complejo teatro.

Los crímenes no amnistiables se saldarían, si son previamente reconocidos, con sentencias "reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento". Por el contrario, "cuando no exista reconocimiento de verdad y de responsabilidad" la sentencia será conforme a las normas penales (entre 15 y 20 años), «sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad». Justicia sí, pero demasiado blanda para reparar tanto crimen.

La justicia específica para juzgar situaciones de violaciones masivas (justicia transicional) es recomendable para todas las situaciones de conflicto, aunque el sectarismo ideológico sólo las reclame para crímenes de grupos supuestamente relacionados con la izquierda. En Argentina, Camboya, Ruanda o Chile no se admitió la justicia transicional y se comprende bien. En España, pasados 75 años de la Guerra Civil, todavía hay partidos y grupos sociales empeñados en pedir responsabilidades penales por la guerra y posguerra. El Acuerdo colombiano, aunque haya embarrancado temporalmente, debería servir de ejemplo para situaciones similares que ponen fin a conflictos armados.

Hay razones para creer que no se volverá a las armas; la Unión Europea ya ha excluido a las FARC de la lista de grupos terroristas y de sus sanciones. Lo que importa, tras el esfuerzo de años, es que ese Acuerdo es algo más que un punto de partida si bien requiere algunos arreglos desde la justicia y la ética. La paz y la reconciliación tienen un precio que hay que explicar y no ocultar con enmarañados procedimientos de falsa expiación.
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Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad Complutense de Madrid. Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

El 'shock' colombiano
Pepa Roma El Mundo 4 Octubre 2016

A las 24 horas del mayor acontecimiento que ha vivido Colombia en el último siglo el país no vuelve en sí de un shock que promete ser duradero. ¿Qué ha sucedido para que tras la monumental escenificación de la firma de la paz entre gobierno y guerrilla, con la bendición apostólica del Vaticano, la asistencia técnica de la ONU y la benévola complacencia del presidente Obama, el no haya destruido las esperanzas de futuro depositadas en el referéndum del pasado domingo?

Los analistas y expertos que llevaban semanas invocando los beneficios del acuerdo, retrepados en las encuestas que llegaron a dar más de 20 puntos de ventaja al sí, se afanan hoy en buscar respuestas que, sin embargo, ya poseían millones de colombianos.

En mi particular encuesta entre taxistas, señoras de la limpieza, peluqueras, dependientes y gente de la llamada aristocracia criolla colombiana, no he encontrado un sólo sí entusiasta al referéndum y sí muchos noes categóricos, solo que estos últimos apenas se asomaban a los medios. Cuanto más pueblo o más rancio el supuesto abolengo, de origen español sin duda, de los que se expresaban más decidido era el no. Y ahí surge ya una primera clave del terremoto: Álvaro Uribe, abanderado del no, es un aristócrata terrateniente que sabe mirar y hablar al pueblo. Entre los desposeídos de los cinturones de pobreza de las grandes ciudades el expresidente era quien ha sabido explotar resentimiento y agravio comparativo, denostando las "prebendas" que se pretendía conceder a los guerrilleros que dejaran las armas, como una impunidad de facto para unos crímenes atroces, un subsidio de varios años para su reinserción en la sociedad y un cupo de escaños en el Congreso.

Un estado de opinión más matizado encontré entre clases medias, intelectuales y burguesía ilustrada, notablemente bogotana, que, aunque críticas, se mostraban dispuestas a votar disciplinadamente por el sí, muy conscientes de que Colombia tenía "una oportunidad única para dar carpetazo al pasado y ocuparse de problemas mucho más graves y acuciantes, como es el de la exclusión social y el narcotráfico con su omnipresente lavado de dinero", como escuchaba decir al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, exuribista, horas antes del referéndum. Y, si bien de limitado valor sociológico, esa prospección me permitió conocer lo profundamente dividida que está hoy Colombia, con toda la frustración que ello acarrea.

Algunas conclusiones ya pueden extraerse del no como que Colombia posee, hasta ahora semioculto, un estado de opinión que ni todas las instancias internacionales, ni el aparato mediático desplegado por el gobierno ni el establishment intelectual y bienpensante han logrado doblegar. Se atribuye la victoria del no al poder irresistible del ex presidente Álvaro Uribe, como una victoria personal del hacendado antioqueño, paisa, como aquí se conoce a los oriundos de la región, quien aspira a volver a la presidencia y libra una guerra personal contra el presidente Juan Manuel Santos. "Uribe tiene tanto poder sobre la gente que, si dice que llueve, aunque haga sol, el que le escucha dice que llueve", me comentaba una estudiante de Medellín, la bella capital de Antioquia. Pero aunque el expresidente haya sabido vender la idea de que otra paz era posible, probablemente las razones del fracaso del sí haya que buscarlas en la personalidad del propio jefe del Estado.

Pocos presidentes colombianos han tenido tan escaso tirón popular. Demasiado compuesto y de gestos bien aprendidos, demasiado señorito de Bogotá, puede que también demasiado moderno y un punto extranjerizante, frente al hombre llano y directo que habla el lenguaje del pueblo que es Uribe. Pero, sobre todo, demasiado confiado en los aparatos de comunicación y golpes de efecto mediático como el de hace una semana, cuando escenificó para el mundo la teatral firma de la paz con el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, alias del alias, Timochenko.

Desde la transición política española no había visto a tantos discutir tanto, punto por punto, un texto político entre familia y conocidos. Algo que contrasta dramáticamente con ese mísero 38% de votantes que se acercaron a las urnas en esta mayor ocasión "que vieron los siglos", lo que, aun siendo habitual en Colombia, no deja de revelar las suspicacias que suscitaba el acuerdo y el poco tiempo dedicado no ya a hacer el caldo gordo de la propaganda, sino a debatirlas y despejarlas.

El hecho de que durante más de 50 años en Colombia haya reinado el pensamiento único de que todos los males procedían de la guerrilla y con el que se estigmatizaba como comunista y terrorista a todo aquel que saliera con una pancarta a protestar contra las tasas escolares o la inexistencia de una verdadera sanidad pública, no ha permitido que en la sociedad hubiera un debate abierto, inclusivo y democrático entre ideas y posiciones políticas contrapuestas, que hubieran dado más elementos a la ciudadanía para valorar qué perdía y qué ganaba con el sí. Hasta hace unos días, en que Timochenko tomaba públicamente la palabra, nadie sabía lo que pensaba ni por qué otros como él un día tomaron las armas. Y eso no excusa la extorsión, el narco, los secuestros, las matanzas sin más objetivo que infundir temor a la opinión, que han sido el modus vivendi de una guerrilla que se volvió terrorista hace ya muchos años.

¡Cómo esperar que los colombianos acepten o perdonen sin más explicación!
El no ha sumido al menos a medio país en un estado de frustración e incertidumbre, distinto pero no tan distante de lo que está sucediendo con el Brexit en el Reino Unido: el fututo es hoy para muchos un agujero negro. Los más afectados son los que viven en zonas de conflicto, junto a los jóvenes que ven su futuro secuestrado por el pasado. Y, por supuesto, para toda Colombia, así como para Latinoamérica, y Estados Unidos, ante los que el país se ha desconectado de una tendencia que parecía irreversible: el fin negociado de las guerrillas como ocurrió en los años 90 en Guatemala y El Salvador. Los únicos beneficiados pueden ser los partidarios del statu quo, los miembros más recalcitrantes del aristocratismo criollo que nunca sufrieron los estragos de la guerra, siempre tan reacio a renunciar a sus privilegios; o aquellos que viven de la violencia y el conflicto, cuyos principales valedores son las llamadas bacrim --bandas criminales-- procedentes en su mayoría de los paramilitares desmovilizados en tiempo de Uribe, que viven de la extorsión y el narcotráfico.

Las palabras del presidente en el sentido de seguir trabajando por la paz hasta el último instante de su mandato anuncian como en filigrana un posible referéndum contra-referéndum, que hoy, sin embargo, parece un tanto ilusorio. Santos ha dicho que sigue abierto el diálogo, que el alto el fuego se mantiene, en lo que concuerda Timochenko. Pero, en una situación de tan extrema fragilidad, ¿cuánto durará este paréntesis? Hemos de ver ahora qué significa ese Gran Pacto nacional que se ha apresurado a ofrecer Uribe Vélez, a quien tampoco puede interesarle, como patriota que se siente, que las FARC vuelvan al monte. ¿Será este un fin de la guerra sin final?

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REFORMA DE LA LEY DE ESTABILIDAD PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Montoro pacta con PSOE, Podemos y nacionalistas elevar el déficit de las CCAA en 4.000 millones
L. Ramírez y N. Val okdiario 4 Octubre 2016

El Ministerio de Hacienda ha logrado el respaldo de los distintos grupos parlamentarios a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una modificación que necesita de la aprobación de dos terceras partes de los escaños del Congreso. La reforma se realizará para ampliar el déficit público permitido a las comunidades autónomas, que en la actualidad es del 0,3% del PIB, hasta el 0,7% del PIB, lo que supone una inyección de 4.000 millones de euros para las arcas de los gobiernos regionales.

Según han confirmado fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda a OKDIARIO, las negociaciones para la reforma de la citada Ley van por el buen camino, ya que todos los grupos parlamentarios se verán beneficiados de este aumento del déficit público permitido, como consecuencia del incremento de la flexibilidad que ha dado la Comisión Europea a España con un nuevo calendario para cerrar la brecha fiscal por debajo del 3% del PIB.

El acuerdo entre los grupos parlamentarios se produce meses después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordara elevar el déficit público permitido a las comunidades autónomas al 0,7% del PIB. En la reunión que se produjo el pasado abril, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, prometió a los gobiernos regionales que aprobaría el nuevo techo fiscal cuando hubiera un nuevo Gobierno tras las elecciones de junio. Sin embargo, el bloqueo político del PSOE no permitió que se configurara un nuevo Ejecutivo y la medida no pudo ser aprobada.

Ahora, para evitar que los gobiernos regionales tengan problemas para financiar servicios básicos como la sanidad o la educación, Montoro ha promovido la reforma del artículo 15 de la a Ley de Estabilidad Presupuestaria, que determina los objetivos de déficit y deuda pública que pueden asumir las Administraciones Públicas.

El objetivo del Gobierno es lograr el respaldo de las dos terceras partes de los escaños del Congreso para desbloquear los citados 4.000 millones de euros, ya que al tratarse de una Ley Orgánica no es suficiente con lograr la aprobación de la reforma normativa por mayoría simple.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO han señalado que el acuerdo es total y que ya se han producido contactos con representantes de las formaciones nacionalistas, entre las que destacan el vicepresidente de la Generalitat y máximo responsable de ERC, Oriol Junqueras. “Nunca una reforma ha tenido tanto consenso, ya que supone una mayor permisividad para poder gastar por encima de los ingresos”, indican otras fuentes gubernamentales a este diario.

Es importante no confundir este aumento del techo de déficit público con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que puso en marcha el Gobierno en 2012 para permitir que las comunidades autónomas con más problemas presupuestarios no tengan que acudir a los mercados para financiarse. A cambio de este rescate, los gobiernos regionales deben abonar las facturas pendientes a sus proveedores y cumplir con los objetivos de déficit público que establezca el Ministerio de Hacienda.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de otros 10.489 millones de euros a cargo del FLA para que las comunidades autónomas puedan seguir financiando sus servicios públicos. Se trata de la partida correspondiente al cuarto trimestre del año, que se sumaría a los citados 4.000 millones de euros derivados del aumento del objetivo de déficit público autonómico para el cierre del año una vez que salga adelante la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

¿Debemos reformar el urbanismo si competimos en un mercado inmobiliario global?
Emilio Gómez  vozpopuli.com 4 Octubre 2016

La pregunta no tiene trampa. Evidentemente la respuesta es sí. En mi opinión, el sector público debe acometer una reforma profunda del urbanismo en España para favorecer que nuestro mercado inmobiliario sea verdaderamente competitivo a nivel internacional. Y para esta empresa debe contar con el apoyo del sector privado, cada vez más profesionalizado e internacionalizado. Sin embargo, algunos se preguntarán: ¿por qué o en qué debemos reformarlo? ¿Por dónde empezar? Veamos un ejemplo cercano y reciente, y arranquemos unos primeros pasos en este camino que para mí resultan esenciales.

La semana pasada el Tribunal Supremo avaló, tres años después, la mayor parte del acuerdo del 1 de agosto de 2013 dictado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que autorizó la revisión parcial del Plan General de Madrid (PGOU) vigente desde 1997 –casi 20 años ya- para 22 desarrollos de la ciudad. La cuestión afecta a un parque de nada menos que 135.000 viviendas, algunas de ellas ya construidas (y ocupadas), y desestimaba la práctica totalidad de los recursos presentados en contra de la legalidad de dicha revisión del PGOU.

Hasta la resolución de nuestro alto Tribunal, la incertidumbre en los ámbitos de suelo afectados era absoluta, ya que lo que estaba en discusión era "dar conformidad a las actuaciones urbanísticas realizadas en virtud de dicho acuerdo salvo a tres, que se anulan por haberse realizado después de la sentencia del propio Supremo de 28 de septiembre de 2012 referida al caso, que anuló planes parciales aprobados por el Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno en 2008 y 2009".

Con independencia del fondo del asunto, el ejemplo es interesante por que, como se puede apreciar, la litigiosidad en el ámbito urbanístico es, en la mayoría de los casos como en éste, post-transaccional. Este tipo de litigiosidad contencioso-administrativa genera en los operadores internacionales algo más que pavor. Fuera de nuestras fronteras lo denominan -más asépticamente- "inseguridad jurídica", cuando más bien es "lentitud judicial". Si pensamos en que un promotor adquiere en 2007 suelo para promover y en septiembre de 2013 -6 años después- está todavía cuestionándose la legalidad de lo promovido, con precedentes así es difícil que fondos internacionales se animen a desarrollar proyectos. Y no hace falta irse a ciudades o entornos secundarios, basta con pretender desarrollar suelo en casco urbano de Madrid.

Este tipo de litigiosidad contencioso-administrativa genera en los operadores internacionales algo más que pavor. Fuera de nuestras fronteras lo denominan -más asépticamente- "inseguridad jurídica", cuando más bien es "lentitud judicial".

En definitiva, debemos articular con el Ministerio de Justicia las reformas de la legislación contencioso-administrativa que nos permita agilizar la tramitación de estos procesos y regular bien los mecanismos que producen –y que en algunos casos no deben producir- la nulidad "en cascada" de actos posteriores. Una anulación de plan general supone anulación de planes especiales posteriormente aprobados y por tanto del proyecto de reparcelación y de las licencias otorgadas al amparo de todo lo anterior, cuando en gran número de ocasiones el motivo de la nulidad no afecta de ninguna forma al planeamiento de desarrollo, que se ve afectado por una cuestión de jerarquía normativa y temporal. ¿No podrían establecerse mecanismos para convalidar ese planeamiento de desarrollo no afectado para salvaguardar derechos adquiridos a posteriori?

Ya sobre el fondo de la cuestión, en España debemos actuar por simplificar la normativa y homogeneizar la terminología y los conceptos. Y es que la distribución competencial constitucional que confirmó el Tribunal Supremo en 1997, dejó el urbanismo en su práctica totalidad (salvo las condiciones básicas del suelo y poco más) en manos de las comunidades autónomas, lo que se ha convertido en un elemento distorsionador entre regiones y a la vez una barrera de entrada según el momento político y la forma de aplicación de la normativa regional –sin que ello esté vinculado a las necesidades de vivienda, de dotaciones o de producto terciario. De nuevo el inversor internacional ve con estupor que en Madrid y en Toledo se utilicen términos distintos por estar en distintas comunidades autónomas (o en Santander y en Oviedo, para no herir sensibilidades) cuando las distancias son de muy pocos kilómetros –o con el desarrollo del urbanismo tratan de acortarse esas distancias-.

Si así deben estar las cosas, y con las dificultades que hay para reformar la Constitución en distribución de competencias, las comunidades autónomas claramente deberían trabajar de manera conjuntapara eliminar dichas barreras así como las incoherencias y discrepancias entre las distintas legislaciones de ordenación del territorio.

Me permito traer otro ejemplo sobre este asunto. Ahora que se está trabajando en una nueva Ley del Suelo para la Comunidad de Madrid, extraigo el siguiente texto de la norma actualmente vigente: "La determinación estructurante mediante la cual se establece el coeficiente de edificabilidad de cada área homogénea de suelo urbano consolidado consiste en señalar un valor numérico con la finalidad de definir la intensidad edificatoria".

¿Verdad que suena a la famosa "parte contratante de la primera parte" de los Hermanos Marx? Pues imaginemos una situación cotidiana para nosotros: explicarle a un inversor norteamericano que ha desarrollado más de treinta parques logísticos en todo el mundo qué quiere decir esta "determinación estructurante" y cómo le afecta a su proyecto. ¿No sería más fácil eliminar términos que tienen un significado complejo y a la vez utilizar estructuras más flexibles donde puedan coexistir usos distintos siempre que se justifiquen dotaciones, accesos y otros elementos necesarios para el adecuado uso de un desarrollo privado?

Aquí dejo unas (ambiciosas) reflexiones sobre el proceloso mundo del urbanismo y cómo nos afecta en el ámbito transaccional. En mi opinión hay mucho terreno de mejora y en muchos aspectos conviene ver cómo actúan en el exterior para importar mecanismos más sencillos sin que por ello se genere inseguridad. Ya lo hemos hecho en otras disciplinas, ¿por qué no también en el urbanismo?


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