AGLI Recortes de Prensa   Sábado 8 Octubre  2016

El abuso de la política, el populismo y la rebelión de las masas
Tras casi una década de crisis, han ido aflorando movimientos de descontento que, en algunos países, alcanzan proporciones preocupantes. Los investigadores tratan de desentrañar los motivos, asociándolos siempre con algún tipo de populismo, sea de derecha o de izquierda.
Javier Benegas. Juan M. Blanco  vozpopuli.com 8 Octubre 2016

Jack Belden (Nueva York, 1910 - París, 1989), corresponsal de guerra, explicaba que, a priori, el combate no es más que un ejercicio matemático, una ecuación de movimientos, tiempos, trayectorias y ángulos, que los estrategas resuelven previamente sobre el papel. Sin embargo, tras cubrir la invasión japonesa de China en 1937, la II Guerra Mundial y la guerra civil china de 1949, comprobó que, invariablemente, todos los planes, por minuciosos que fueran, degeneraban en el caos, en un juego de azar donde cualquier resultado, por insólito que pareciera, era posible. Para Belden, la explicación consistía en que toda acción produce otra acción de respuesta. Por tanto, miles de acciones relacionadas generan su vez miles de pequeñas fricciones, contingencias y azares que, sumados, constituyen una impenetrable niebla de incertidumbre que lo abarca todo, incluso cuando los planes afectan a soldados sumamente entrenados para cumplir órdenes y responder convenientemente ante cualquier contingencia.

Es en el combate, por su carácter urgente e imperativo, dónde mejor y más rápidamente se constata este fenómeno de dislocación entre planificación y desenlace, entre objetivos pretendidos y resultados imprevistos. Pero puede extrapolarse, con mayores desviaciones todavía, a la planificación política que afecta a los ciudadanos, a individuos con un albedrío mucho mayor que el permitido a los militares. Si en el reducido universo del combate, algo tan simple como atar mal el cordón de una bota puede derivar en una cadena de sucesos con consecuencias desastrosas, los imponderables de las políticas públicas, incluso las bienintencionadas, darán lugar a muchos más efectos perversos puesto que afectan a millones de individuos.

Millones de fricciones
La diferencia es que, en la vida civil, las consecuencias no son observables nítidamente en cuestión de horas o días. Hay que esperar meses, años, incluso décadas y, aun así, resulta muy difícil establecer la relación de causalidad. Además, es habitual que los políticos atribuyan el eventual fracaso de una medida a que no se aplicó con la intensidad suficiente –el recurrente "hay que incrementar los medios, aumentar la dosis de soma”–, generando un círculo vicioso de más gasto y... más problemas. Gracias a esta niebla impenetrable, los gobernantes pueden desarrollar y aplicar políticas para ayudar supuestamente a grupos desfavorecidos comprobando, décadas después, que su situación no ha mejorado, que los problemas se han agravado, enquistado y complicado. Y entonces, las reclamaciones al maestro armero.

En resumen, al igual que la planificación militar, la planificación civil genera millones de fricciones, contingencias, cambios de incentivos, accidentes y azares que, acumulados, constituyen una niebla de incertidumbre donde todo puede suceder. Todo… menos lo inicialmente previsto. De ahí que la conocida frase de Groucho Marx, según la cual la política es el arte de crear un problema para poder buscar la solución equivocada, aun siendo broma, encierre algo de verdad.

El 'Efecto cobra'
La historia está repleta de medidas públicas que consiguieron efectos contrarios a los pretendidos. Así, en la India colonial, las autoridades intentaron resolver el peligro de la gran abundancia de cobras en una ciudad ofreciendo una recompensa a cada ciudadano que entregase una serpiente muerta. Y la medida funcionó hasta que algunos descubrieron la rentabilidad de establecer criaderos de cobras, favoreciendo su reproducción. Al descubrir la trampa, las autoridades retiraron el pago y los criadores liberaron todas sus serpientes. El gasto había dado lugar a... más serpientes venenosas sueltas que al principio. Es lo que se conoce como efecto cobra.

Resultados más graves, por su mayor ambición, tuvo la Ley Seca, o Volstead Act, promulgada en EE.UU. en 1920, en un clima de fuerte rectitud moral. "Esta noche, un minuto después de las 12, surgirá una nueva nación. Morirá el demonio del alcohol. De los barrios miserables no quedará más que el recuerdo. Convertiremos las cárceles en fábricas, las celdas en almacenes y silos. Los hombres caminarán erguidos, las mujeres sonreirán y los niños reirán. El infierno se habrá cerrado para siempre", proclamaba uno de los impulsores de la prohibición. Pero los efectos no fueron precisamente los perseguidos: tuvieron que construir nuevas cárceles para encerrar a quienes violaban la prohibición, no se redujo el consumo de alcohol pero sí su calidad, con frecuentes intoxicaciones. Y, alrededor del tráfico ilegal, proliferaron mafias que corrompieron a muchos servidores de la ley provocando, al contrario de lo pretendido, una mayor degradación moral.
Inconsistencia temporal e intereses propios

En The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action el sociólogo norteamericano Robert K. Merton, analizó los motivos por los que se producían tan imprevistos resultados. Apuntó en primer lugar a la ignorancia y al error. Dado que las interacciones sociales son extremadamente complejas, obtener y procesar toda la información implica enormes costes, estratosféricos si además se pretende prever todos los resultados posibles y asignar una probabilidad a cada uno de ellos. Pero Merton también señaló con el dedo a la imperiosa inmediatez de los intereses. Los gobernantes estarían más interesados por los efectos a corto plazo, generalmente rentables para ellos o sus aliados, que por las consecuencias a largo. Y a veces ni siquiera eso: lo que les importa realmente es el efecto propagandístico de una política, vender su buena voluntad para resolver el problema, aunque en el fondo no solucionen nada, sólo empeoren las cosas. Cuando resulta evidente que la medida falla a corto o medio plazo, lejos de reconocer el error, los políticos suelen argumentar que no se aplicó con suficiente rigor, que es necesario ajustarla, intensificarla o destinar más recursos. Se desencadena así un fenómeno de inconsistencia temporal: las decisiones tomadas paso a paso en una sucesión de cortos plazos, acaban siendo incompatibles con los intereses de largo plazo de la sociedad.

Si ya es complicado determinar los resultados de una medida aislada, imagínese querido lector un gobierno que planifica y legisla sin descanso, disparando leyes como una ametralladora, introduciendo alegremente todo tipo de complejas regulaciones, cambiándolas indiscriminadamente sin ponderación alguna. Y todo ello disponiendo de la enorme cantidad de munición que implican unos presupuestos muy superiores al 40% del PIB, cientos de miles de millones de euros cada año. No sólo es imposible para los votantes determinar las consecuencias a largo plazo de tal maremágnum; tampoco para los gobernantes. Y extremadamente difícil para los expertos en cada materia. Así, cualquier medida que suene bien... resulta aceptable, aunque no tenga precisamente una intención altruista.

Ello ha permitido colar de rondón miles de leyes y normas que se inmiscuyen cada vez más en el ámbito privado de las personas, establecen infinidad de obstáculos administrativos que, por ejemplo, dificultan a la gente abrir una empresa, mejorar su estatus o, simplemente, encontrar un trabajo decente. Por si no fuera suficiente, los políticos también introdujeron de matute una amplia legislación basada en lo que llamaron derechos colectivos, la discriminación de unos grupos respecto a otros. Y promulgaron medidas tendentes a imponer a la población una nueva ideología, la corrección política, con sus códigos y tabúes lingüísticos basados en el principio orwelliano de que aquello que no se puede decir, tampoco puede ser pensado.

El hombre de paja
Tras casi una década de crisis, han ido aflorando movimientos de descontento que, en algunos países, alcanzan proporciones preocupantes. Los investigadores tratan de desentrañar los motivos, asociándolos siempre con algún tipo de populismo, sea de derecha o de izquierda. Y atribuyen el fenómeno a la manipulación que practican líderes oportunistas, cuya táctica es pregonar aquello que la masa quiere oír, prometer soluciones simples, atractivas, pero falaces, para resolver problemas complejos.

Sin embargo, más allá de ese “hombre de paja” –el cajón de sastre en que no pocos investigadores han convertido el populismo– existe un caldo de cultivo real para el cabreo: un enorme hartazgo ante la inflación de caóticas acciones administrativas. Que el populismo se nutra de esta reactancia social, de la respuesta emocional, casi inconsciente, contra ciertas reglas censoras, no significa que el descontento sea exclusivamente un fenómeno populista. O que la manipulación y la mentira sean el origen único de la irritación. Lamentablemente, ante la ausencia de otros cauces más apropiados, los populismos se han constituido en la vía para que muchas personas denuncien que están atrapadas en esa niebla de incertidumbre, en el caos de una intervención indiscriminada y sin tino, sometidas a miles de fricciones, acciones, reacciones, contingencias y azares. Millones de personas no caen en el error sólo por discursos tramposos y estúpidos sino también por la verdad que en ese error se encierra. No arremeterían contra el statu quo si no hubiera un sustrato adecuado, una preocupante causa de fondo.

Por ello, quizá la solución óptima no sea denostar a los líderes populistas, de izquierda o derecha, adjudicándoles el mérito de todos los desaguisados. Tal vez sería mejor atajar las causas, sanear ese terreno que fue insitentemente abonado, muchas veces inconscientemente, hasta convertirlo en un estupendo caldo de cultivo para demagogos. Quizá, en lugar de promulgar una ley para cada problema, casi siempre empeorándolo, expandiendo sin límite la jungla legislativa, fuera más eficaz la simplificación: retrotraerse a normas sencillas, estables, comprensibles e iguales para todos, un marco legal claro, con reglas del juego bien definidas, sin discriminación entre grupos, con libertad para el ciudadano y exigencia de responsabilidad individual.

La prudencia aconseja alejarse del optimismo de quienes se creen capaces de determinar todos los efectos finales de las políticas de un gobierno. Quizá fuera factible, aunque tampoco sencillo, calibrar un puñado de medidas. Pero no decenas de miles de páginas de boletines oficiales, en una política errática y arbitrista que regula los más ínfimos detalles de la vida, generando fricciones, reacciones, pequeñas tragedias, sufrimientos y agravios que las estadísticas agregadas jamás reflejarán. Tal política da lugar inevitablemente a obligaciones y prohibiciones arbitrarias y cambiantes, que transmiten a los individuos la sensación de que han perdido el control de sus vidas, que la política experimenta constantemente con ellos, que da constantes palos de ciego sin saber exactamente hacia dónde se dirige. Acaso haya que buscar aquí, y no en otros lugares comunes, las causas del cada vez mayor disgusto y desencanto de muchos ciudadanos. Y de la creciente pujanza de los populismos. Piénsenlo, aunque sea por un momento.

El sábado en que murió el socialismo
El PSOE debería salir de esta crisis convertido por fin en la izquierda democrática, funcional, nacional y éticamente responsable que la cuarta economía de la Eurozona se merece.
Gabriela Bustelo  vozpopuli.com 8 Octubre 2016

Si un marciano se bajara de un OVNI en España y preguntase sobre el paraje en que había aterrizado, habría que explicarle que es un soleado y vocinglero lugar que lleva casi 300 días sin gobierno, porque sus políticos corruptos no logran acordar a quién le toca el cetro del líder, pero que el susodicho lugar tiene una economía boyante. Intentar explicar al marciano lo del chiringuito autonómico, el gallinero de idiomas, el terrorismo colega, el nacionalismo subvencionado, la mentira genética y demás idiosincrasias sería imposible, así que habría que mandarlo a tomarse unas tapas a la terraza más cercana. Mientras España persevera en su acefalia política, el Fondo Monetario Internacional estima que crecerá un 3,1% este año y un 2,2% el siguiente, lo que la consolida como la economía más dinámica de las grandes desarrolladas. La crisis de poder va acompañada, paradójicamente, de una mejoría de las previsiones del FMI, que ha aumentado medio punto lo calculado en julio para 2016 (2,6%) y una décima su pronóstico para 2017 (que era 2,1%).

El PSOE como puntal del bipartidismo
Cuando a comienzos de 2015 los titulares españoles proclamaban la caída del bipartidismo, ningún analista imaginaba que dos años después el Partido Popular se mantendría invicto mientras el todopoderoso Partido Socialista Obrero Español se inmolaba públicamente, sometido a la mofa y befa de la concurrencia. La explicación, sin embargo, es sencilla. Durante cuarenta años ha sido el PSOE quien movía los resortes del poder en España, con el PP a remolque. El desguace del bipartidismo posfranquista, por tanto, conlleva necesariamente el final del socialismo español (en su versión sociata, para entendernos). El PSOE debería salir de esta crisis convertido por fin en la izquierda democrática, funcional, nacional y éticamente responsable que la cuarta economía de la Eurozona se merece. Los viejos trucos de partido bananero tercermundista ya no los compran más que los jubiletas de carné, cuyos votos no dan para para mantener el socialist way of life como programa político apenas modificado desde los ochenta.

La muerte del socialismo posfranquista
Al intentar hacer autoanálisis, los socialistas no entienden nada. Felipe González y Alfonso Guerra habían entrenado tan eficazmente a sus huestes en la estrategia del antifascismo salvapatrias que ahora -cuando toca convertirse por fin en una izquierda occidental- sus propios retoños son los enemigos, como esos hijos que degüellan a sus padres con la catana que los propios “viejos” les han comprado. “¡Felipe, burgués, el PSOE no es PP!”, vociferaban en Ferraz los sanchistas el sábado en que murió el socialismo posfranquista (¿o era simplemente franquista?). El día en que murió la música, hubiera cantado Don McLean. ¡Qué pena, con lo bien que lo estábamos pasando estos cuarenta años! Snif. Tras los interminables 15 minutos de Warhol de Pedro Sánchez, hasta que por fin le suicidaron en la batalla de Ferraz, queda un PSOE reducido a escombros y enorme boquete en el lugar donde debiera estar la izquierda democrática española. Tomen nota los regeneracionistas constitucionales, es decir, Ciudadanos. Si el riesgo del PSOE es la peperización, no la podemización, como asegura el socialista José Antonio Pérez Tapias, entonces el frentepopulismo se desvanece, porque el techo electoral de Pablo Iglesias no le permite asaltar los cielos de la Moncloa.

Se necesita urgente: una izquierda funcional
España tiene una marcada tendencia a perderse por vericuetos secundarios que la alejan del objetivo principal. Las coordenadas que han mantenido la corrupción en España no habrían resistido durante casi cuarenta años sin un contubernio de poderes nacionales. Nuestra democracia sigue siendo un simulacro lleno de ángulos muertos donde anidan todas las versiones imaginables de la corrupción. Es obvio que se precisan mecanismos de control y supervisión del dinero público, pero para extirpar el mal de raíz es imperativo renovar a las personas que llevan décadas instaladas en un sistema político concebido como instrumento de lucro. La quiebra del socialismo español que nos lega Pedro Sánchez resulta ser, lo decíamos al comienzo, un imprevisto que deja vacante el flanco izquierdo del bipartidismo español. El hecho de que Pablo Iglesias pretenda cubrir la plaza indica hasta qué punto se sobrevalora. Mariano Rajoy, experto observador de suicidios, permanece impasible. La coyuntura es, como esas confluencias celestes irrepetibles, una ocasión histórica. Dependiendo de cuál de los dos partidos emergentes sepa aprovecharla, España avanzará o retrocederá.

El desastre estratégico de la izquierda española
Si Rajoy va a ser el próximo presidente del Gobierno con elecciones o sin ellas se debe exclusivamente a la calamitosa actuación de la izquierda durante los últimos 10 meses
Ignacio Varela El Confidencial 8 Octubre 2016

Hay quienes sostienen que España está como está porque los votantes no castigaron al Partido Popular por su gestión en el Gobierno y por la corrupción que lo anega. Eso es una falsedad injusta. Si hoy Mariano Rajoy es el rey del mambo de la política española, si tiene en su mano los cuatro ases de la baraja, si va a ser el próximo presidente del Gobierno con elecciones o sin ellas, ello se debe exclusivamente a la calamitosa actuación de la izquierda durante los últimos 10 meses.

Rajoy no ha tenido que hacer nada especial, salvo lo que mejor hace: sentarse a contemplar cómo sus adversarios cavan su propia tumba. Y lo han hecho a conciencia.

La realidad es que el año 2015 fue una pesadilla electoral para el PP. Viajemos al 24 de mayo del año pasado: elecciones municipales y autonómicas, primera votación de ámbito nacional con Rajoy en la Moncloa.

Ese día el PP no solo sufrió una sangría de votos. Antes tenía 18 alcaldes en las 25 ciudades más pobladas de España, casi todos con mayoría absoluta. ¡Le han quedado dos! Había 36 alcaldes populares en capitales de provincia (añado Santiago y Mérida, que son capitales autonómicas), y solo conservó la mitad. Y de 12 gobiernos autonómicos pasó a cinco. ¿No es castigo suficiente? El PP quedó laminado en su poder territorial, que es de las cosas que más daño hacen a un partido de ámbito nacional con vocación de gobierno.

Llegó la Navidad y en las generales del 20-D lo abandonó uno de cada tres de sus votantes, y perdió la friolera de 63 puestos en el Congreso. Un vapuleo equiparable al que sufrió el PSOE en 2011.

Mantuvo la primera posición con un magro 28% porque el voto de la izquierda se dividió. Pero en conjunto, la izquierda (PSOE+Podemos+IU) superó a la derecha (PP+Ciudadanos) en un millón de votos.

El PP finalizó el año 2015 en una situación dramática: un partido represaliado en las urnas, perseguido por la Justicia, despojado de casi todo su poder territorial, con su histórico monopolio del centroderecha amenazado por un competidor emergente y limpio, con un liderazgo desacreditado y una fuerza parlamentaria manifiestamente insuficiente para formar gobierno. Una organización desmoralizada en todos los sentidos de la palabra.

Al otro lado aparecía una izquierda ya no dominada por el PSOE sino dividida por mitades, pero en expansión como espacio político. Tras hacerse con las alcaldías de todas las grandes ciudades y con un puñado de comunidades autónomas, en las generales recuperó su fuerza electoral previa a la crisis (46%, casi como en 2008); y frente al liderazgo ajado y amortizado de Rajoy, presentaba tres líderes jóvenes y supuestamente renovadores, con niveles de conocimiento superiores al 90%: Sánchez, Iglesias y Garzón.

Pues bien, este gráfico muestra lo que ha ocurrido desde entonces:
Hemos pasado de cuatro puntos de ventaja para la izquierda en diciembre a siete puntos a favor de la derecha en este momento, según la encuesta de DYM que hoy publica El Confidencial.

En la primera votación, hubo 33 escaños de diferencia entre el PP y el segundo; en la segunda, la ventaja se amplió a 52; y a la tercera podrían ser 76, tomando como referencia esta estimación de DYM (que coincide con otras publicadas recientemente).

¿Se ha producido un vuelco ideológico en la sociedad en estos meses? No, esos cambios no suceden así. Pero está claro que permitir las segundas elecciones fue un mal negocio para la izquierda, y que ir a las terceras sería enfilar el camino hacia la bancarrota.

Hoy, aquel PP desfallecido del 20-D campa por sus respetos. El viento electoral sopla a su favor. Reabsorbe poco a poco a los votantes que se le fueron a Ciudadanos, que en cualquier caso es ya su socio natural para la investidura. Mariano Rajoy tiene asegurada la presidencia, sea con investidura inmediata o con elecciones (si es así, con más fortaleza). Ayer suplicaba que le dejaran gobernar; hoy resiste la tentación de provocar las terceras y aplastar a sus rivales. Todo eso se lo debe a la inaudita torpeza estratégica de los dirigentes de la izquierda.

En la izquierda tenemos a dos partidos mortalmente enfrentados entre sí y a la vez fracturados internamente. Un líder (Sánchez) ha quedado destruido y el otro (Iglesias) está seriamente averiado dentro y fuera de su partido. Dos partidos en plena desorientación ideológica: uno en busca de la socialdemocracia perdida y el otro mareado tras haber viajado ideológicamente por Venezuela, Argentina, Grecia, Dinamarca y las 17 naciones que, según ellos, forman provisionalmente España.

Pudieron cargarse a Rajoy exigiendo su cabeza cuando estaba más débil, y en lugar de eso, lo han hecho invulnerable.
Pudieron tener a un Gobierno del PP ultraminoritario completamente condicionado por la oposición, y lo que probablemente vendrá si hay terceras elecciones es un Gobierno de la derecha con mayoría absoluta.

Pudieron hacerse con el poder votando la investidura de Sánchez en el mes de marzo y Pablo Iglesias lo saboteó con un NO sectario acompañado de una patada en el hígado.

Hoy los socialistas se ven en el trance de digerir una rendición ante Rajoy, tras haber galleado durante 10 meses con el estéril no es no. Toda la izquierda se enfrenta a una elección tenebrosa con una segura abstención masiva de sus votantes anteriores (si usted sabe de antemano que lo único que se discute en un partido de fútbol es el tamaño de la goleada que le propinarán a su equipo, ¿qué hace ese domingo, acude al estadio o se va al cine?). Y la consecuencia será una enorme frustración y una quiebra política del espacio progresista que tardará años en superarse. Todo ello, ganado a pulso.

Por si algo faltara, ahora aparecen las amenazas de dinamitar lo más precioso que tienen: los Gobiernos municipales y autonómicos que conquistaron juntos en la primavera de 2015.

Este naufragio no es solo la culpa de dos personas. Es cierto que la ciega ambición de poder personal de Sánchez y la obsesión monomaníaca por el 'sorpasso' de Iglesias han hecho mucho daño. Pero también lo es que nadie tuvo el valor de hacerles frente con una estrategia alternativa y un discurso consistente. La responsabilidad es colectiva.

Y encima, algunos de estos alfeñiques políticos se permiten el lujo de despreciar y ¡mandar callar! al tipo que reinventó un partido desaparecido en combate durante decenios, lo levantó de la nada, lo orientó hacia la mayoría social y proporcionó 15 años de hegemonía a la izquierda española. Realmente, no hay nada tan osado como la mediocridad con mando.

En fin, lo que narrará la historia es que la sociedad española castigó durísimamente al PP en el año 2015, y que en 2016 los dirigentes de la izquierda lo resucitaron. Eso no es vieja ni nueva política: es mala política a secas.

Por qué la derecha quiere liquidar hoy el liberalismo
La globalización ha generado soluciones, pero también problemas. La derecha lo ha entendido, mientras que la socialdemocracia sigue sin discurso. Vuelve el proteccionismo
Carlos Sánchez El Confidencial 8 Octubre 2016

Thatcher ha muerto. Ronald Reagan, también. Y con ellos, 35 años de aquel atropellado capitalismo que significó la defunción de cinco décadas de keynesianismo. Claro vencedor en aquella batalla ideológica frente a Hayek. Lo paradójico, sin embargo, es que ahora son los partidos de centro derecha de los países avanzados quienes se alejan de aquel liberalismo 'salvador' que se enfrentó a los choques petrolíferos de los años setenta y a la atrofia del sistema económico.

Hoy está en marcha otra revolución conservadora. Mucho más silenciosa y sutil. Nacida para proteger el ecosistema electoral clásico de los partidos de derecha: clases medias, pequeños empresarios, núcleos rurales o profesionales hartos de pagar impuestos para sostener el Estado de bienestar. Y que ven en los inmigrantes —como se ha podido comprobar en el Reino Unido— un formidable competidor por los mismo salarios y empleos. Como en Francia o Finlandia o Hungría o Alemania o España.

Un reciente estudio estimaba que entre 2005 y 2014 el ingreso real de dos tercios de los hogares en 25 economías desarrolladas se mantuvo estable. O, incluso, disminuyó. Tan solo después de la agresiva intervención de los respectivos gobiernos, mediante impuestos y transferencias económicas, las familias de algunos países desarrollados han podido mantener su nivel de vida.

Está en marcha otra revolución conservadora. Más silenciosa y sutil. Nacida para proteger el ecosistema electoral clásico de los partidos de derecha

Algo que explica por qué hoy los partidos de centro derecha (unos más y otros menos) se han hecho cada vez más 'socialdemócratas'. Hasta el punto de que hoy disputan a la izquierda el discurso sobre la bondad del Estado de bienestar o compiten por ofrecer mayores prestaciones sociales a electores que viven en sociedades muy envejecidas, lo que les hace más dependientes de las políticas sociales. En el caso de España, más de 14 millones de ciudadanos viven de prestaciones públicas.La tercera parte de los electores tiene más de 60 años.

El hecho de que en la última reunión del G-20 en Hangzhou, China, se instara a revitalizar el comercio mundial no es más que el síntoma, el reconocimiento, de un fenómeno que hoy alarma: las transacciones de bienes y servicios y de flujos de capital tienen el menor crecimiento desde la Gran Recesión. Crecen la mitad que en las décadas de los ochenta y noventa.

No parece que el mundo se encuentre ante un fenómeno coyuntural, sino más bien de naturaleza estructural. Vinculado también a los escasos avances de la productividad y a las bajas tasas de inversión empresariales. En lo que influyen de forma decisiva las políticas ultraexpansivas de los bancos centrales. Las empresas no invierten —aunque no es la única razón— porque la tasa de retorno es mínima.

Muerte al liberalismo
Es en este contexto macroeconómico en el que se ha producido una extraña pinza entre la derecha que antes era liberal y mercantilista y los nuevos movimientos de izquierda, que siempre han detestado la globalización o el libre comercio, una especie de símbolo del capitalismo más despiadado. Tratados como el TTIP (EEUU-Unión Europea) o el CETA (Canadá-UE) están hoy congelados y nadie se jugaría un euro en ninguna casa de apuestas por que se vayan a rubricar en un periodo de tiempo razonable. De la Ronda de Doha nunca más se supo, y hasta Hillary Cinton o el vicepresidente alemán, Sigmar Gabriel, recelan de un nuevo desarme arancelario o de la supresión de barreras administrativas.

Recordaba hace unos días Federico Steinberg, investigador del Instituto Elcano, que el economista Dani Rodrik, probablemente quien mejor ha visto venir este proceso hace dos décadas con su famoso trilema, afirma que el capitalismo puede ser el mejor sistema para generar crecimiento e innovación, pero es incapaz de lograr legitimidad política si el Estado no protege a los perdedores y les da oportunidades y alternativas para reinventarse.

Ahora, a la fuerza, y en vistas del auge del populismo y los nacionalismos, la derecha ha entendido que algo hay que hacer con la globalización, lo que explica la desidia de Europa a la hora de acoger refugiados o los escasos acuerdos comerciales firmados en los últimos años. O el Brexit o el neonacionalismo autoritario en algunos países del Este. Un movimiento de pura salvación política, aunque sea a costa de sus principios, y que le ha permitido, en todo caso, ganar por la mano a los socialdemócratas, perdidos en su propio laberinto y atenazados por dos fuerzas centrífugas que empujan hacia los extremos.

En medio, como se ha dicho, se han quedado los viejos partidos socialdemócratas y los antiguos liberales centristas. Reivindicando para sus nacionales elevados sistemas de protección social difícilmente sostenibles si no se crea empleo suficiente. Algo extremadamente complicado en un contexto de progresiva robotización de los procesos industriales que afecta de manera intensa a actividades relacionadas con el sector servicios que hasta hace bien poco se consideraban inmunes a la competencia tecnológica.

Esos mismos partidos socialdemócratas que, paradójicamente, como sostenía un reciente comentario de FAES, son acusados de ser cómplices del capitalismo por sus hermanos menores (los Podemos o Syriza), y que no han sido capaces de reconfigurar su espacio ideológico.

El fracaso de la Tercera Vía
El último intento serio fue el de la Tercera Vía de Anthony Giddens, y hoy, dos décadas después de que la lanzara, el Partido Laborista es un hervidero sin esperanzas de volver al Gobierno a corto plazo. Por eso, y solo por eso, están hundidos los partidos socialdemócratas, porque se han quedado al margen de las nuevas inquietudes de las clases medias, que antes les votaban en la medida en que el centro izquierda era capaz de garantizar la construcción de un Estado de bienestar con sistemas fiscales equitativos.

Hay evidencias científicas, sin embargo, de que la respuesta proteccionista que se dio en los años treinta fue un inmenso error del que han aprendido los gobiernos. De hecho, no ha habido guerras comerciales significativas desde 2008, pero también es un fracaso dramático permitir que después de los sacrificios derivados de la Gran Recesión de 2009 —y en medio del auge de la globalización—, no haya réditos para millones de ciudadanos que se sienten desprotegidos por un proceso cruel con los viejos derechos: el derecho a tener un trabajo digno o a procrear. Hoy, las relaciones laborales son una jungla que arrincona incluso valores tan tradicionales como la familia.

Como ha recordado la profesora Ngaire Woods, de la Universidad de Oxford, tras 1945 los gobiernos aprendieron la lección de 1929 e invirtieron en educación, atención médica y sistemas de asistencia social de buena calidad que beneficiaron a la mayoría. Pero en 2016, como sostiene Woods, lo relevante es ser conscientes de que, desde un punto de vista político, la globalización tiene que estar controlada, ordenada, no solo para permitir que los ganadores ganen, sino también para asegurar que los gobiernos no hagan trampa o ignoren sus responsabilidades ante la sociedad. No hay lugar para políticos ideológicamente corruptos que consientan todo a empresarios corruptos con la ayuda de anarco-liberales que, en realidad, son una rémora para el libre comercio.

Gordon Brown, el 'expremier' británico, lo expresó con lucidez hace algún tiempo: “Debemos comenzar por reconocer que en un mundo cada vez más integrado e interdependiente, cada país debe encontrar el equilibrio adecuado entre la autonomía nacional que desea y la cooperación internacional que necesita”. Las manifestaciones de Seattle en 1999, en este sentido, fueron la primera advertencia de que algo se estaba haciendo mal con un alocado proceso de globalización carente de gobernanza y de instituciones capaces de ordenar un fenómeno que supone una ingente transferencia de rentas de unas regiones a otras.

Donald Trump, en realidad, ya ha ganado. Aunque es muy probable que un majadero como él nunca sea presidente (los padres fundadores de EEUU fueron sabios cuando diseñaron el sistema de colegios electorales para elegir presidente), lo cierto es que, tras el triunfo del Brexit, las fuerzas contra la globalización emergen. Pero ahora no son los antisistema de Seattle o de Praga, durante la asamblea anual del FMI, quienes hostigan el comercio mundial, sino las clases medias burguesas que recelan de la inmigración y de la apertura del comercio mundial mediante tratados multilaterales que dejan desarmados a los pequeños negocios y a las pymes.

Hoy, las calles del centro de las grandes ciudades se han llenado de marcas planetarias que han homogeneizado la cultura y desplazado al extrarradio a los viejos tenderos y al pequeño comercio que antes garantizaban un sistema homogéneo de clases medias. También los asalariados son hoy extremadamente vulnerables a los ciclos económicos y a la competencia exterior, lo que explica el éxito electoral de Le Pen en regiones que antes votaban al PCF. El caldo de cultivo está asegurado.

Y son esos sectores más vulnerables a la globalización los que abrazan, con serias razones, los cantos de sirena populistas o del nacionalismo. Máxime cuando el Estado-nación sucumbe ante el empuje de enormes corporaciones que hoy disponen de una capitalización bursátil superior al PIB de muchos países medianos.

Paradójicamente, aprovechándose de las líneas de liquidez de los bancos centrales, lo que contribuye a ensanchar las desigualdades, algo que ha abierto un vivo debate en Alemania, donde se acusa al BCE de apoyar a los ricos frente a esas clases medias ahorradores que viven, por ejemplo, de un seguro. El mundo al revés. Y la derecha ha entendido el mensaje. Por eso gana elecciones.

El Nobel se olvida de la mitad de Colombia
Editorial OKDIARIO  8 Octubre 2016

El Premio Nobel de la Paz ha vuelto a partir Colombia en dos como ya pasara el domingo pasado tras el referéndum. Con clara voluntad subjetiva y legitimadora, el Comité noruego ha decidido premiar al presidente Juan Manuel Santos por el proceso de paz pero, a la vez, ha ignorado a los casi 6.500.000 colombianos que dijeron ‘NO’ a un acuerdo por el que las víctimas hubieran acabado humilladas ante los verdugos. La “paz”, más allá de un concepto vacuo en el programado marketing político que domina el escenario internacional, debe estar fundamentada en un acuerdo que, en este particular, honre la memoria y resarza a los familiares de los 222.000 asesinados, los 25.000 desaparecidos y los casi 30.000 secuestrados.

Si el motivo principal para conceder este premio eran los “resueltos esfuerzos” por parte de Santos, la candidatura debía estar completada por otro hombre fundamental en la historia reciente del país cafetero: Álvaro Uribe. El expresidente, cuyo padre murió a manos de las FARC, ha luchado decididamente para derrotar a los narcoterroristas. Es cierto que la paz es la mayor conquista en cualquier guerra pero, en gran medida, si Juan Manuel Santos ha podido sentarse a la mesa de unos terroristas muy mermados es gracias al trabajo que desarrolló Uribe cuando estuvo al frente del Estado de 2002 a 2010.

El romano Marco Tulio Cicerón, uno de los políticos más brillantes de la historia, dio la clave hace más de 2.000 años: “Si queremos gozar la paz, debemos velar bien las armas”. Fiarlo todo a un pacto favorable para los narcoterroristas sería condenar el futuro de Colombia al mismo chantaje y al mismo terror del último medio siglo. Por eso, y más allá de cualquier intento de instaurar una paz de cartón piedra, este premio hubiera sido una esperanza real para toda la nación de haberse compartido con Uribe. Esos “esfuerzos” que esgrimen en Noruega se hacen con la palabra, pero también con la rigurosa defensa del Estado ante la amenaza del terror. La comunidad internacional puede tener muy claro que, de no haber estado en una profunda crisis, las FARC no hubieran dejado de ser una organización sanguinaria, criminal… terrorista.

Con esta decisión, el Comité del Nobel vuelve a poblar de dudas y suspicacias un galardón que, dado su nombre, debería ser concedido con máxima pulcritud. Sin embargo, el premio a Santos es sólo un capítulo más en la tendencia a impulsar la imagen pública de ciertos políticos como la de Barack Obama en 2009 o, en el peor de los casos, blanquear el currículo de siniestros personajes como el palestino Yasir Arafat o el también político estadounidense Henry Kissinger. Éste último, secretario de Estado durante la Administración Nixon, estuvo implicado en el golpe de Estado de Pinochet en Chile según documentos desclasificados por la propia CIA. En definitiva, y al margen de polémicas, lo deseable es que Colombia consiga esa ‘Paz’ que promulga este premio. Una paz donde las víctimas no tengan que agachar la cabeza ante los asesinos, una paz que sea patrimonio de todo el país y no sólo la aspiración política de unos pocos.

El descrédito definitivo del Nobel de la Paz
El rugido del león El Espanol 8 Octubre 2016

La concesión del Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos tras el sonado fracaso de su acuerdo con las FARC es un nuevo golpe a la credibilidad de este galardón. El Nobel de la Paz arrastra sonoras polémicas, pero nunca hasta ahora se había dado en contra de la voluntad de un país.

No es de recibo que Santos, que debería haber dimitido tras el mayor ridículo internacional que se recuerda, sea elevado a los altares por el Comité de los Nobel. El presidente colombiano dio por seguro ante la comunidad internacional que el acuerdo con la guerrilla sería refrendado en las urnas, y lo celebró de antemano reuniendo en Cartagena de Indias a jefes de Estado y personalidades de todo el mundo. Seis días después perdió el referéndum estrepitosamente.

Desautorizado en las urnas
El precedente más cercano de una situación parecida es la de David Cameron y su referéndum del brexit. Al menos el primer ministro británico fue consecuente y dimitió de inmediato, y por supuesto no entra en ningún cálculo que sea galardonado por ningún organismo internacional.

Santos ha quedado desautorizado para seguir liderando las conversaciones de paz en su país -más aún si cabe después de que él mismo manifestara que un no de sus compatriotas anularía todo el proceso-, pero es que, en su intento por darle un espaldarazo, el Comité de los Nobel chapotea junto a él en el descrédito.

¿Premiamos a Chamberlain?
Si lo que premian los Nobel es el intento de lograr la paz por la paz misma, ¿debería haberlo obtenido Chamberlain tras la Conferencia de Múnich en la que decidió no oponerse al expansionismo de Hitler para júblio de millones de británicos que lo consideraron el gran valedor de la paz?

Es probable que los organizadores del premio se hayan intentado homenajear a sí mismos, pues hay que tener presente que Noruega ha sido, junto con Cuba, el gran patrocinador del proceso colombiano. Eso hace peor aún su decisión, por cuanto en este caso son parte interesada.

Bofetada a los colombianos
Sabedores de que su decisión iba a ser polémica, el Comité de los Nobel ha tratado de justificarla como una forma de reconocer a todo el pueblo colombiano "que a pesar de las grandes dificultades y abusos no ha abandonado la esperanza de una paz justa". Sin embargo, ese homenaje es una bofetada a los ciudadanos y también a líderes que, como el ex presidente Ávaro Uribe, querían la paz, pero no a cualquier precio.

El Nobel a Santos entra a formar parte de esa lista de galardones cargados de polémica, como el concedido en su día a Henry Kissinger -premiado por frenar la Guerra de Vietnam pero con grandes sombras en su currículum, como el apoyo al golpe de Augusto Pinochet- o el entregado a Obama -a quien se quiso reconocer su contribución a la paz en el mundo sólo un año después de haber llegado a la Casa Blanca-.

En el caso del Nobel de la Paz a Santos estamos ante un error histórico, porque nos encontramos con un premio que es incongruente con aquello que teóricamente se propone defender. Lo valioso no es la paz, sino que ésta sea justa y acorde a los valores democráticos.

Algunas observaciones impertinentes sobre la inmigración
Jesús Laínz Libertad Digital 8 Octubre 2016

¿A nadie le ofende que las políticas inmigratorias sean dictadas por organismos supranacionales de dudoso, limitado, escaso o nulo origen democrático?

"Si la libertad significa algo, significa el derecho de decir lo que los demás no quieren oír", escribió mi idolatrado George Orwell en el prólogo a Rebelión en la granja. Sencilla sentencia que suele olvidarse en estos temblorosos días en los que todo el mundo da por sentado que sólo pueden expresarse las opiniones bendecidas por la Santa Iglesia de la Corrección Política y, en consecuencia, sostenidas por la obediente mayoría. Pero para eso no hace falta libertad de expresión, ni menos aún su consagración en mojados papeles constitucionales. Para lo que hace falta es para poder decir –y para tener que oír sin aspavientos– las opiniones que chocan contra la corrección y contra la mayoría.

Si en nuestra época existe un tema sobre el que hay que andar como sobre ascuas, ése es, sin duda, el de la inmigración. Los ejemplos de censuras, ocultamientos y escándalos son tan numerosos que no hará falta recordarlos. Por eso no hay que callar, incluso conociendo el riesgo de acabar sintiendo lo que se dice.

En este año inaugurado con el masivo asalto sexual de Colonia, la acumulación de acontecimientos ha acabado sacando a la superficie un debate que se ha acallado durante demasiado tiempo. Todos los días llegan nuevas noticias de Grecia, de Italia, de Alemania o de los países del Este, especialmente de Hungría, por lo que quizá sea buen momento para hacernos unas cuantas preguntas sobre el fenómeno inmigratorio. Porque dicho fenómeno tiene unas características peculiares que suelen impedir el debate franco a pesar de su indudable importancia.

Por ejemplo, la de que, para acallar en España las opiniones contrarias a la inmigración, se ha utilizado hasta la saturación el argumento de que el pueblo español no tiene ninguna queja que emitir al respecto porque fue emigrante en tiempos pasados. Pero que les pregunten a los españoles que marcharon a trabajar a otros países europeos en los años cincuenta a setenta sobre lo que su muy ordenada, muy regulada, muy controlada, muy provisional, muy contratada y muy condicionada experiencia emigratoria se parece a la caótica inmigración actual. Tanto los ministerios españoles afectados como los de los países receptores no dieron el permiso a cualquiera; millones de españoles tuvieron que certificar la ausencia de antecedentes penales para poder emigrar; el Gobierno español estaba obligado a organizar las comunidades de emigrantes en el extranjero hasta en detalles como la provisión de párrocos propios; si un emigrante español incumplía alguno de los requisitos del país receptor, era devuelto inmediatamente a España; ningún español tuvo que saltar vallas ni violar fronteras ni pagar a mafias para que los transportasen en botes hasta las playas; ni esconderse ni enfrentarse a la policía ni hacerse pasar por refugiado ni engañar sobre su nacionalidad; ningún español fue un sin papeles; ningún español llegó a otro país europeo con la intención de vivir de subvenciones; ningún español tuvo que extender una manta en la boca del metro para vender furtivamente mercaderías falsificadas ni organizó bandas de atracadores ni tribus de gamberros urbanos. ¿Cabe imaginar lo que habría sucedido si el creciente caos delictivo de la inmigración actual –sobre el que, por cierto, los medios de comunicación y la policía tienen órdenes expresas de ocultación– hubiera sido provocado por los emigrantes españoles de los años 60?

Por otro lado, en Europa asistimos al curioso espectáculo de que los políticos responsables de la legalización del aborto, que en el último medio siglo ha provocado la muerte de decenas de millones de niños, son los mismos que ahora claman por la llegada de decenas de millones de inmigrantes para evitar el hundimiento demográfico. Un ejemplo entre mil: Emma Bonino, una de las principales promotoras de la legalización del aborto en Italia y fundadora en 1973 del CISA (Centro de Información sobre la esterilización y el aborto), y Javier Solana, ministro del Ejecutivo que legalizó el aborto en España en 1985, proclamaron a coro en Estambul en 2011: "Los europeos necesitamos inmigrantes para mantener el equilibrio demográfico. ¡Muchos inmigrantes!". Pirómanos apagando sus incendios con gasolina...

Finalmente, ¿a nadie le llama la atención el muy antidemocrático hecho de que, a pesar de tratarse de un fenómeno de singular transcendencia para el futuro de cualquier nación –cuya composición humana, cuya tradición cultural, cuya personalidad colectiva, asentadas durante siglos o milenios, se verán alteradas para siempre–, nunca se haya pedido opinión en referéndum a ninguna nación afectada? ¿A nadie le ofende que las políticas inmigratorias sean dictadas por organismos supranacionales de dudoso, limitado, escaso o nulo origen democrático y que hayan de ser obedecidas sin rechistar por gobernantes y parlamentos elegidos por los ciudadanos? ¿O que las opiniones críticas con cualquiera de los aspectos de la inmigración, e incluso los hechos que pudieran dar la razón a dichas opiniones críticas, hayan sido sistemáticamente ocultadas, censuradas y condenadas durante décadas? ¿Quién decide que los ciudadanos no tienen derecho a ser informados de hechos que les afectan tan gravemente? ¿Quién decide que no puede haber una opinión antiinmigratoria? ¿Por qué se demoniza a quien no comulga con el pensamiento inmigratorio dominante?

Demasiadas preguntas…
www.jesuslainz.es

Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz por claudicar ante el narcoterrorismo
El presidente colombiano ha sido galardonado por su "contribución al proceso de paz" con las FARC.
Agencias Libertad Digital 8 Octubre 2016

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el Nobel de la Paz 2016 por el Comité Nobel Noruego, por su "contribución al proceso de paz" con las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informa Europa Press.

Asimismo, según el Comité Noruego, es "un homenaje al pueblo colombiano que, a pesar de todos los abusos sufridos, no ha perdido la esperanza de lograr una paz justa y a todas las partes que han contribuido a este proceso de paz".

Pese a que el pueblo colombiano al que se refiere dijo 'no' este pasado domingo en un referéndum a la capitulación pactada por Santos con los narcoterroristas, el Comité ha querido destacar que el presidente "ha acercado enormemente este sangriento conflicto a una solución política".

La directora del Comité Nobel Noruego, Kaci Kullmann Five, ha reivindicado la importancia de Santos como figura "instrumental, a sabiendas de lo controvertido" del acuerdo de paz en Colombia, para "garantizar que los votantes colombianos pudieran expresar su opinión", y finalmente rechazar el acuerdo en plebiscito.

"Hay un grave peligro de que el proceso de paz se detenga por el resultado del referéndum", ha lamentado la directora del Comité Nobel, "y ello solo reitera la importancia de que ambas partes, dirigidas por el presidente Santos y por el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), sigan respetando el alto el fuego".

Cifra récord de candidaturas
En esta ocasión se habían presentado 376 candidaturas, de las que 148 eran organizaciones y 228 eran personas. Se trata de una cifra récord, que supera a las 278 recibidas en 2014.

Desde que se entregó por primera vez en 1901 se han concedido 96 galardones a un total de 129 premiados. En 2015, el Nobel de la Paz recayó en el Cuarteto Nacional de Diálogo de Túnez por su "contribución a construir una democracia plural" en el país tras la revolución de 2011. El Cuarteto estaba integrado por dos sindicatos, un colegio de abogados y la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos.

El pacifismo agresor
Los demagogos de nuestro tiempo pretenden hacernos ver, a pesar de vivir en un continuo belicismo, que alcanzaremos la paz en la tierra.
Sebastián Pineda Buitrago Libertad Digital 8 Octubre 2016

"Los conflictos modernos se originan menos en el propósito de vencer al adversario que en el anhelo de suprimir el conflicto."

Probablemente, no se ha descubierto del todo la noción de Estado. Cuando, en múltiples ocasiones, las FARC han dinamitado oleoductos y minado poblaciones enteras lo han hecho porque, según ellos, vulneraban un brazo del Gobierno colombiano. Aún las FARC y sus cómplices aseguran que libraban una guerra contra el Estado, con lo cual se exculpan de vejámenes y crímenes de lesa humanidad contra el ciudadano y el campesino porque, de acuerdo con tan torpe ideología, aquel ciudadano o campesino no era parte del Estado. Actitud semejante ha sido convenientemente asumida por el actual presidente colombiano que ha derrochado el arca de los contribuyentes para imponer, no una paz justa, sino un pacifismo ideológico. Como buen demagogo se la ha pasado trinando una de las palabras con menos sentido entre las que posee el lenguaje humano: la palabra paz.

Tuvo otrora Colombia la tradición de presidentes gramáticos, preocupados por la sintaxis y el lenguaje. Nada de ello se advierte en la redacción de las 297 páginas de las que consta el Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Conflicto, por cierto, tiene la misma raíz etimológica que convivencia, con lo cual se advierte que por el afán de eliminar el conflicto se han cometido grandes exterminios.

La redacción del Acuerdo… abunda en enumeraciones. Una enumeración es –así se conoce en gramática– la expresión sucesiva de las partes de que consta un todo, ya sea total o parcialmente. Hay enumeraciones simples (abiertas y cerradas) y enumeraciones complejas. En estas últimas los componentes de la enumeración ya no son las palabras que corresponden a un solo concepto; pueden pertenecer a dos núcleos coordinados entre sí, pero para indicarlos ya no basta con la coma; hay que, obligatoriamente, separarlos por puntos seguidos. Sin embargo, en las enumeraciones redactadas en el Acuerdo…, que tratan de encerrar varios conceptos en una sola enumeración compleja, vemos que los redactores se conformaron con marcar o separar meramente a través de la coma, con lo cual todo ello se presta a malentendidos y confusiones. Pongamos un ejemplo.

Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom [con rom se refiere aquí a las comunidades gitanas], partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos [esta mención aquí de gremios económicos es de no creer: ¿a qué se referirán?], entre otros.

El primer error gramatical está en mezclar grupos de personas individuales con el de comunitarias, como cuando dice incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, lo cual significaría que las comunidades campesinas, al mencionarlas aparte de las niñas, niños y adolescentes, parecieran extraterrestres. No se respeta una categoría para la enumeración y se incurre en un oxímoron. El aparente discurso por la víctima se viene abajo por la misma estructura gramatical y semántica porque, lejos de admitir se ha hecho daño a todos los ciudadanos, el lenguaje del Acuerdo pretende crear subdivisiones abstractas. Basta releer tal enumeración para advertir la escasa lógica (recordemos que lógica viene de logos, palabra en griego).

El fondo del Acuerdo… está inundando del lenguaje de lo políticamente correcto, una corrección que no necesariamente se traduce en buena redacción o pensamiento claro, sino en todo lo contrario. La "Political Correctness" se consolidó en las universidades estadounidenses a partir del triunfo de la Guerra Fría. Pero ya al final de la Segunda Guerra Mundial, el jurista alemán Carl Schmitt denunció la sistemática campaña anti-histórica y anti-científica en la era de la más impresionante tecnología por parte del imperio angloamericano. Puesto que nuestro planeta es una nave espacial que ha irrumpido en el cosmos, por lo tanto, se debe minimizar y hasta ridiculizar la historia de las civilizaciones bajo la ideología de del colonialismo (sea derrumbando estatuas de Cristóbal Colón o anegando en la leyenda negra, especialmente, la historia del mundo hispano). La globalización o robotización del mundo contemporáneo ha modificado la concepción de la guerra. Si la acción guerrillera (por ejemplo, en en la España de la invasión napoleónica) procurara ocupar el espacio, ahora la guerra moderna –el terrorismo– se esfuerza por ocupar la mente. La historia del terrorismo es inseparable de la historia de la comunicación.

El largo preámbulo del Acuerdo arranca con 22 párrafos, de los cuales dieciocho se enuncian con un verbo en gerundio a la manera de un acta notarial. En uno de aquellos puntos del preámbulo sentencia: subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía.

Preguntémonos desde cuándo la paz ha sido calificada universalmente como derecho humano. Para el católico auténtico toda utopía de paz en la tierra es una herejía, puesto que ésta sólo existe en el cielo. Hay que ir al Nuevo Testamento Juan 14:27: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." De acuerdo con la edición de la Biblia del Consejo Episcopal Latinoamericano, la palabra paz fue originalmente usada por los semitas en el saludo y en la despedida.

No es ciertamente de las Escrituras de donde los copistas del Acuerdo… han apuntado aquello de que "la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía". Se trata de un mito ideado por Kant en su famoso libro Hacia la paz perpetua (1795). Kant acusó de casuística jesuítica (he ahí el desprecio a la herencia hispana) el dudar de un tratado de paz a través de la reservatio mentalis, es decir, en tener alguna reserva por una paz que se firma porque las partes están demasiado agotadas para proseguir la guerra, pero no porque las causas hayan sido eliminadas; para Kant, pues, el verdadero honor del Estado, del Estado ilustrado, se sitúa "en el continuo incremento del poder sin importar los medios." Kant declara que los ejércitos permanente (miles perpetuus) deben desaparecer totalmente. Que, de los tres poderes, el militar, el de las alianzas y el del dinero, sólo este último podrá ser ciertamente el medio bélico más seguro. ¿No profetizó, justificó y legitimó el Estado plutocrático de nuestros días? Aún más, para el filósofo que nunca salió de Könisberg toda paz debe, por tanto, ser instaurado. Además, se debe marginar a aquellos filósofos o intelectuales sospechosos de difundir una propaganda contraria.

La crítica más rotunda contra esta filosofía de la historia de signo idealista y orientación estatista, la ha hecho, recientemente, el filósofo español Gustavo Bueno. La argumentación jurídica de Kant, según Bueno, se mantiene en el más ingenuo (o ignorante) idealismo histórico. El mito de la paz perpetua kantiana no ha acabado con las guerras reales a pesar de que nos obligue a decir no se debe hablar de «guerra», sino de «métodos para resolución de conflictos». Como toda ideología, la de la paz se mueve en el terreno psicológico subjetivo, o incluso en el terreno de la historia ficción, pero se desmorona en el terreno de la historia real.

Dicen los redactores del Acuerdo, desde el Preámbulo, que se basarán en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del Derecho Internacional Humanitario. Éste contempla, efectivamente, el caso de un conflicto armado no internacional en el que fuerzas gubernamentales combaten contra insurgentes armados o, bien, en que grupos rebeldes combaten entre ellos. Todas estas proclamaciones de Derechos, incluido el Estatuto de Roma, el Derecho Internacional Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen su partida de nacimiento en la ONU, que se fundó en San Francisco, Estados Unidos, el 24 de octubre de 1945 inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se suscribe particularmente al Acuerdo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

¿Qué dice este Acuerdo? Dice lo siguiente:
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;

c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

Dicho sea de pasada, Rusia ni China ­–es decir, casi la mitad del mundo– no se suscribieron en 1945 a la ONU. Aún hoy, China apenas contribuye con un 5.14% al presupuesto de la ONU, mientras que Rusia 2,43 %. ¿Podemos aún llamarla Naciones Unidas? Debería llamarse, más bien, Naciones Unidas del Atlántico Norte, puesto que sus grandes contribuyentes son Estados Unidos y la Unión Europea.

Ahora bien, el preámbulo del Acuerdo, que como decimos abunda en gerundios, valorando y exaltando dice que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional. Los redactores del Acuerdo citan, sin mencionarlo, la Cláusula Martens (basada en el diplomático y jurista ruso Fyodor Fyodorovich Martens), una cláusula que se introdujo en los preámbulos de la Segunda Convención de La Haya sobre Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y que dice así: "en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública". Haciendo un poco de historia, la cláusula Martens ganó mayor legitimidad en el artículo 6º del Estatuto de Núremberg. Pero lo que debe llamarnos la atención aquí es el término de guerra terrestre. Sin duda lo ha sido la colombiana, una guerra terrestre librada en la inmensidad de su territorio. La guerra terrestre se opone aquí con la guerra aérea u oceánica. El jurista Karl Schmitt lo formuló mejor en su libro Tierra y mar (1942) cuando admitió, en medio del nazismo, que Alemania no era sino un ratón terrestre en medio de las ballenas que representaban los imperios angloamericanos, Inglaterra y Estados Unidos.

Antes de derrotar a Alemania, el imperio anglosajón conspiró para hundir a España con la guerra civil. En "Epílogo para ingleses", firmado en 1937, José Ortega y Gasset acusó de superficiales y planos a los periodistas e intelectuales británicos que, desconociendo la realidad española, se inclinaron por el bando republicano y auparon la propaganda mundial para que voluntarios entusiastas de medio mundo viniera a luchar por el Frente Popular:

Mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban, bajo las más graves amenazas, a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por radio, etcétera, cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs, exentos de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad.

Las técnicas de coacción y represión se han perfeccionado tanto que los demagogos de nuestro tiempo pretenden hacernos ver, a pesar de vivir en un continuo belicismo, que alcanzaremos la paz en la tierra. Por lo tanto, los discursos utópicos fingen una humanidad angelical susceptible de ser armonizada sin conflicto. Tal es la lógica de los totalitarismos. Con los utopistas de la paz cada vez más se ha imposible dialogar, puesto que semejante utopía es la negación de toda política.

A LIGA SANTA QUE PARÓ LA EXPANSIÓN ‘DEL TURCO’
Europa y la recuperación de Lepanto 445 años después
Casi cuatro siglos y medio después, Europa necesita un nuevo Lepanto, una nueva Liga Santa que frene la invasión islámica a la que hubo que hacer frente para la defensa de la Europa católica.
Juan E. Pflüger gaceta.es 8 Octubre 2016

Eran otros tiempos. Entonces la Europa cristiana tenía un concepto claro de su identidad. El enemigo era “el turco”, que tras haber sido expulsado de España al culminar la reconquista los Reyes Católicos, amenazaba las fronteras orientales europeas y pretendía usar el Mediterráneo para debilitar y progresar. Era su yihad, el precepto impuesto por el profeta que les envíaba a matar y morir por su fe. Pero entonces había cristianos dispuestos a defender su fe, su cultura y su tierra de una nueva invasión islámica.

La Liga Santa plasmó la preocupación de los reinos católicos por una nueva entrada, a sangre y fuego, de los “infieles sarracenos”. No fue por casualidad que su majestad católica de España, Felipe II, liderase la alianza con los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Aquí, en nuestra patria, habíamos tardado ocho siglos en expulsar a los “moros”, se habían padecido sus racias y la brutalidad de su guerra santa.

Los españoles seguían recordando la extrema violencia de Tariq y Muza en la toma de Zaragoza en el año 714. La defensa cristiana ante la conquista fue épica. La venganza de los musulmanes espantosa: los hombres fueron degollados, cientos de niños crucificados y miles de mujeres violadas y después vendidas como esclavas. Tampoco se olvidaba facilmente el martirio al que sometieron a comunidades religiosas completas, como el martirio brutal de los monjes de San Pedro de Cardeña a principios del siglo X.

Lepanto paró el avance por el Mediterráneo porque los dirigentes reaccionaron. Entonces la Europa cristiana respondió de manera conjunta. Hoy no ocurre lo mismo. Existe una amenaza islámica a Europa. Por un lado el autodenominado Estado Islámico ha declarado la guerra a Occidente y amenaza con conquistar Europa para imponer la ley islámica. Por otro, la entrada masiva de población islámica y el proselitismo de la que lleva años asentada impiden la convivencia.

Ahora Europa está unida y tiene la oportunidad de reaccionar de manera conjunta para evitar la sumisión de Europa al proyecto del islamismo. Pero las respuestas políticas están siendo todo lo contrario a la defensa de la cultura, la religión e incluso la vida de los europeos. Se abren las fronteras al grito de “¡Refugees welcome!”.

Pero no todo está perdido. Son varios los países que reaccionan a esa rendición de los valores y la identidad y, en algunos casos, gobiernan. Ahora no se llama Liga Santa, se llama Grupo de Visegrado y no pertenece al occidente europeo, son del este, y se aprestan a defender Europa. Son Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. En los últimos días se les une Finlandia. Y ahora no forman una coalición militar, legislan en defensa de sus ciudadanos.

Refuerzan las fronteras, limitan las entradas y controlan en su interior. Y la vieja Europa occidental, como hiciera el Conde Don Julián, ayudando a la invasión islámica en aras de eso que han dado en llamar “el multiculturalismo”, que no es otra cosa que la rendición de la identidad europea ante quienes quieren destruirla.

Se suma a Suiza y Bulgaria
Noruega prohibirá el burka en escuelas y universidades
Pese a que al principio se había mostrado contrario a la medida, el Gobierno noruego ha comunicado que impulsarán una ley que prohíba las prendas que no dejan ver el rostro de las mujeres.
Gaceta.es 8 Octubre 2016

El ministro de Educación de Noruega, Torbjorn Roe Isaksen, ha anunciado en el Parlamento que el gobierno quiere aprobar una ley que prohíba el uso del burka en todas las escuelas y universidades del país. Pese a ello, la ley no afectará a otras prendas como el chador -velo cubre todo el cuerpo y la cabeza pero deja ver la cara- o el hiyab -velo que cubre la cabeza y el pecho- sino sólo las que no dejan ver el rostro de las mujeres.

Pese a que la prohibición se aplicaría desde la escuela primaria hasta la universidad, su incidencia en la escuela primaria sería mínima, ya que las niñas solo cubren su rostro a partir de la pubertad. No se ha decidido si dicha ley se aplicará sólo en las clases o también en los edificios o en los campus, pero el Gobierno ha asegurado que lo fundamental es que el profesor pueda comunicarse con los alumnos y que todos puedan ver las expresiones faciales de los otros.

Para el ministro, Noruega "debe respetar la libertad de las personas que desean mostrar su fe en público". "Quiero que una chica cristiana que lleva una cruz pueda mostrarla, quiero que un muchacho judío que lleve una kippa la pueda mostrar. Y no quiero una prohibición del hijab", señaló, según publica el diario ABC. Isaksen ha manifestado también que no quiere un país laico al estilo francés, pues Noruega es "un estado basado en la herencia cristiano-humanista".
La prohibición del burka llega a otros países europeos

El Parlamento de Bulgaria prohibió este mes de octubre el uso del burka o de cualquier otra prenda que oculte el rostro en los espacios públicos, tras una propuesta de la formación nacionalista Frente Patriótico, socio en la coalición conservadora de Gobierno. Según la ley aprobada, los ciudadanos no pueden cubrirse el rostro en zonas urbanas y durante sus gestiones con la administración, en instituciones educativas o públicas y también en lugares de ocio o deporte. Las excepciones permiten cubrirse el rostro por motivos de salud o de necesidad profesional.

Además, el Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento de Suiza, aprobó también prohibir el uso del burka en todo el territorio nacional en una votación que evidenció la división de la diputados respecto a este tema. La proposición de prohibir totalmente el burka o cualquier otra vestimenta que cubra el rostro fue presentada por Walter Wobmann, diputado de la formación Unión Democrática del Centro (UDC), que aseguró que su objetivo era ‘’mantener el orden público y el respeto de la dignidad de la mujer’’.

Wizz Air te cobra si llamas a su centralita en castellano pero si hablas catalán te sale gratis
OKDIARIO 8 Octubre 2016

La Cadena COPE hizo una llamada el miércoles a una línea de atención para catalanoparlantes de la compañía húngara Wizz Air, pero lo hizo en castellano, algo que no agradó a un interlocutor que olvida la formalidad de este tipo de comunicaciones para mostrar su indignación.

Lo más llamativo es que este profesional invita al cliente a dirigirse a un teléfono general para el resto de idiomas que, curiosamente, es de pago, no así al que se ha dirigido la emisora en primer lugar: 1,21 euros por minuto de penalización desde fijo y 1,57 desde móvil por no saber catalán.

Al operador, de nombre Albert Eixarch, parece resultarle completamente normal, insistiendo en su incomodidad cada vez que escucha el castellano.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
¿Un pacto? Paren el Golpe
Javier Somalo Libertad Digital 8 Octubre 2016

De nada sirve marear la estabilidad presupuestaria si seguimos pagando el delito separatista con el dinero de todos.

Uno de los problemas de aburrirse en funciones es que el Estado se debilita en las pocas funciones en las que de verdad es necesario. Sin embargo, a la hora de valorar la conveniencia o no de un pacto de gobierno entre PP y PSOE se pone el acento en la estabilidad presupuestaria. No seré yo el que niegue su importancia pero me aventuro a adivinar que es lo más difícil de encajar entre ambos partidos pues buena parte de sus idearios choca –bueno, debería hacerlo– en el uso que ha de darse al dinero público. Lo mismo sucede con el resto de políticas económicas o de empleo, sobre todo si desarrollan o reforman leyes específicas como la laboral. Antes, deberían acabar con el vergonzante sistema de reparto de jueces, que supondría la mejor medida por la regeneración y contra la corrupción institucionalizada. Ya sería mucho soñar que dejaran de maltratar la Educación –este año hay alumnos que ni saben quién o de qué se les examinará– con una Ley de Educación que merezca el nombre y, si pudiera ser, hasta que se cumpla tras salir publicada en el BOE.

Pero si de verdad quisieran ponerse de acuerdo en algo que beneficie a los españoles a corto, medio y largo plazo que empiecen por defender la Constitución en Cataluña, que es como aplicarla en el país para el que fue redactada, aprobada y ratificada, o sea en España. De nada sirve marear la estabilidad presupuestaria si seguimos pagando el delito separatista con el dinero de todos. ¿Pacto de Estado? Ahí va el primero: detener el golpe de la Generalidad que el pasado viernes dio el penúltimo paso intolerable: convocatoria de referéndum unilateral y burla grosera a la Ley. Tras ello, no se advirtió reacción alguna a la altura del desafío entre los que nos tienen entretenidos apostando jamones por no llorar.

La pregunta es si los partidos llamados a gobernar España –cuando sus señorías dispongan– consideran el desafío separatista catalán un peligro o sólo una singularidad turística que da para películas y chistes. Lo malo es que conocemos la respuesta: el PP niega desafío alguno y el PSOE es una de las causas de que exista. El pacto secreto de Miquel Iceta y Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, conocido ahora pero sabido de siempre, era el plan B de Sánchez por si fallaba su lado amable y centrista: echarse al monte conociendo el camino, por supuesto. Resulta revelador pero no nuevo. Su maestro, el solemne, era experto en burlar la ley y la dignidad para encamarse con los peores enemigos interiores y exteriores. Para colmo –y esto sí es nuevo y peligroso–, al perro flaco le vienen más pulgas que, sin duda, se sumarán al frenesí separatista. Se escaparon del circo donde iban a ser amaestradas contra unos y otros, suman escaños y complican el viejo problema; Podemos, asesor del golpismo chavista, ya es otra palanca de la rebeldía –catalana, de momento– contra la Ley.

En estas páginas, hemos expresado muchas veces el asombro por el hecho de que un Gobierno busque fórmulas indirectas para enfrentarse al separatismo, como si cumplir la ley fuera mancharse las manos. Pero las estrategias del Gobierno del PP que le eximen de responsabilidad delegando en otro la labor que le es propia no sirven de nada ante la rebeldía. ¿Por qué iba un delincuente a acatar lo prescrito por instituciones que se dicen ajenas al poder político si ya han desafiado a todo el Estado?

Pruebe un líder político a dar la talla contra el golpismo de la Generalidad catalana, en solitario o en comandita. Sería para decir que han hecho algo por el país que gobiernan. Podrían llegar incluso a dormir tranquilos sospechando que han cumplido con su deber por extravagante que les parezca. Que lo hagan juntos aquellos que quieren gobernar. ¿Puede el PSOE siendo una de las causas? ¿Y el PP, que no ha hecho sino desistir o inventar fórmulas para que lo hagan magistrados, burlados cuando no contaminados? Supongo que no, no serían capaces. Pero que aprovechen para comentarlo animadamente durante el próximo Desfile del Día de las Fuerzas Armadas, fiesta nacional, día elegido por nuestros políticos para mirar al cielo guiñando los ojos y mostrarse como son: abroncando al Constitucional, despreciando la bandera de los EE.UU, soportando "el coñazo" o huyendo como el patriota iraní o la excelentísima alcaldehesa que convertirá Madrid en pradera para pastos. Por cierto, ¿no pueden PP y PSOE sumar fuerzas, que las tienen, para liberarla de las tareas de gobierno y que pueda dedicar su ingenio a plantar cebollinos pero en su casa? Eso es más accesible que la estabilidad presupuestaria pero no lo hacen, en este caso por la cobardía del PSOE.

Pues al final, esa es la actitud que lo emponzoña todo. El presunto arrojo de Carmen Forcadell al presumir de los delitos –cometidos y por cometer– no es más que el resultado lógico de la impunidad. La valentía sólo se pone a prueba si hay peligro enfrente y no parece el caso. Además, siempre cabe "impedir físicamente" el paso de la Ley como propugna la emisora Catalunya Ràdio a modo de encuesta, más bien de reclutamiento, igualmente impune. Si las acciones no tienen consecuencias tienden a repetirse, a imitarse y no necesariamente sólo donde han sucedido por primera vez, en este caso en Cataluña. Entonces, ¿no es de interés general para los ciudadanos parar un golpe de Estado?

La única forma posible de defender la Constitución es aplicarla y un buen síntoma de las verdaderas intenciones de PP y PSOE sería el acuerdo para suspender la Autonomía de Cataluña. Es legal y no compromete sus ideologías. Pero resulta que tienen miedo a Cataluña y quieren gobernar toda España.

La irresponsabilidad de formar gobierno con la abstención del PSOE

El Libre Pensador esdiario 8 Octubre 2016

La única razón por la que los críticos asaltaron Ferraz no fue la posibilidad de un pacto con los chavistas sino porque el cruzado estaba dispuesto a pactar con los secesionistas y etarras.

Observo atónito las ganas de formar gobierno que tiene este país. Ayer el CIS señalaba que para un 11’6% de la población la falta de gobierno es el quinto problema más grave de España. Tras el derrocamiento de el cruzado Sánchez el pasado sábado, muchos vieron en ello una gran noticia para España, cuando la realidad es que fue una noticia espantosa ya que las posibilidades de formar gobierno con la abstención del PSOE aumentaron de forma desmesurada.

Coincido en la necesidad de tener un gobierno estable que sea capaz de hacer frente a los grandes retos estructurales que presenta nuestro obsoleto sistema. Todavía necesitamos mejorar la reforma laboral para agilizar la reducción del paro, eliminar los gastos superfluos de las administraciones públicas, acabar con el desafío secesionista, el excesivo intervencionismo del Estado en la economía española, las trabas administrativas e impositivas para los emprendedores, el castigo al que somete el Estado a los autónomos, contar con una justicia independiente, etc.

Pero todo ello es inviable si se necesita el apoyo del partido que ha destruido en los 22 años que ha gobernado 4.500.000 de puestos de trabajo con sus legislaciones laborales, ha aupado al poder a los chavistas en decenas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, está suscrito en más de 70 municipios catalanes a la AMI (Asociación de Municipios Independentistas), quebró España con sus deleznables políticas "progresistas", gobierna de forma ininterrumpida desde 1982 la región con más paro de toda la UE y es el partido con más causas de corrupción de la historia, entre otras cosas.

Todo el mundo se centra en la investidura pero eso es irrelevante. Lo importante es poder aprobar reformas y la coalición del PP-C’s-CC no podría aprobar absolutamente nada sin el apoyo de los secesionistas catalanes o con la abstención de los socialistas. El personal no se entera, la única razón por la que el PSOE andaluz y extremeño decidieron asaltar Ferraz no fue por la posibilidad de un pacto con los chavistas, ya que sólo suman 156 escaños y en Extremadura gobiernan gracias a ellos, sino porque "el cruzado" estaba dispuesto a pactar con los secesionistas catalanes y con los etarras para poder ser expresidente de España. Que nadie vea un acto de heroicidad de los siniestros caciques sureños que han creado una red clientelar en Extremadura y Andalucía para asegurarse el poder. Su lucha no es otra que asegurar su supervivencia en sus Comunidades Autónomas ya que el pacto que estaba dispuesto a cerrar ‘’el cruzado’’ con quienes quieren romper España les haría perder el poder que han disfrutado durante décadas sin ningún tipo de oposición.

La pasokización del PSOE está en marcha y eso es una gran noticia. El partido chavista ha conseguido cosechar 5.000.000 de votos no sólo debido a que el PP rescatara de la quiebra a La Sexta permitiendo una fusión con Antena 3 declarada ilegal por la Comisión Nacional de Competencia. Para que el mensaje sectario, frentista y guerracivilista de la turba iletrada haya triunfado en su cadena de televisión oficial, se necesita cultivar durante años un odio irracional y fanático hacia el disidente, cosa que ha estado haciendo el PSOE durante décadas.

En definitiva, depositar la gobernabilidad de un país en el partido más desleal que ha conocido España es una absoluta temeridad que terminará por crear un clima de inestabilidad económica y política mucho mayor que unas terceras elecciones. Toca ser maquiavélico y aprovechar la debilidad de los canallas que ahora piden clemencia cuando han intentado eliminar al PP de la vida política y civil española llegando incluso a utilizar un atentado para arrebatarle el poder de la forma más despreciable jamás vista.

Como escribió el gran Nicolás Maquiavelo: "Es preciso que el príncipe tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias, y que, no se aparte del bien mientras pueda, pero que, en caso de necesidad, no titubee en entrar en el mal".

Envidia de Uribe y Pastrana
Isabel San Sebastián ABC 8 Octubre 2016

Si España tuviese entre sus dirigentes políticos algún émulo de Álvaro Uribe y/o Andrés Pastrana, tal vez nos habríamos ahorrado la humillación de ver al terrorista Arnaldo Otegui celebrar públicamente los excelentes resultados de su partido en las recientes urnas vascas: 18 escaños de 75 en una comunidad autónoma con el censo electoral trucado por la emigración forzosa de doscientos mil amenazados. Acaso las trescientas familias que esperan en vano justicia por el asesinato de sus seres queridos a manos de ETA, en atentados que en muchos casos ni siquiera han sido investigados, conservarían una esperanza que hoy por hoy han perdido. Con toda probabilidad los artífices del cambalache pactado entre el Gobierno de Zapatero y la dirección etarra, pomposamente bautizado como «proceso de paz», se habrían visto obligados a desvelar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de esos acuerdos vergonzantes que todavía hoy permanecen secretos; los firmantes y también los encargados de honrarlos, ya con el PP en La Moncloa. Seguramente Bolinaga habría pasado al menos un año más en la cárcel, que es donde debía estar, y la decisión de Estrasburgo sobre la doctrina Parot habría sido distinta o, en todo caso, se habría ejecutado a cuentagotas en lugar de poner en la calle de un día para otro a un centenar de delincuentes con las manos manchadas de sangre.

Si España contara entre sus dirigentes políticos con un Álvaro Uribe o un Andrés Pastrana, alguien habría enarbolado aquí la bandera de la dignidad, valerosamente levantada por ellos ante la infamia que se pretendía perpetrar en Colombia bajo la mirada extasiada de una comunidad internacional que jamás desembarcaría en Normandía. Otra «paz» exactamente igual que la nuestra, consistente en premiar con impunidad y poder político a unos terroristas prácticamente derrotados policialmente. Otra «paz» construida sobre el dolor, el sacrificio y la sangre de las víctimas, condenadas a la iniquidad. Otra «paz» basada en poner al mismo nivel la lucha legítima de un Estado de Derecho contra una banda armada y la violencia ejercida por los integrantes de esa horda contra la ciudadanía indefensa. La «paz» de la pistola equiparada a la nuca. La de Timochenko y Josu Ternera. La de los gobernantes cobardes. Claro que aquella, la colombiana, presenta elementos de calibre más grueso que nuestro mezquino apaño, empezando por las cifras de muertos. En esencia, no obstante, se componen de una misma sustancia claudicante, presentan idénticos rasgos, coinciden en mancillar el significado del término «paz» confundiéndolo con rendición. La del honor y el coraje.

El presidente Santos, respaldado por los biempensantes del mundo, estaba dispuesto a pagar la renuncia a las armas del cártel narco-guerrillero con una patente de corso. Se lo impidió el referéndum. Nuestros «pacifistas» patrios se ahorraron la consulta y fueron entregando a su albedrío parcelas de soberanía, que es el tributo exigido aquí por los terroristas y sus cómplices a cambio de perdonarnos la vida. De modo que hoy ETA no mata, pero gobierna múltiples instituciones desde las que perpetúa legalmente el acoso e intimidación que antes ejercían sus encapuchados. ETA ya no mata, pero ha logrado destruir en el País Vasco a las fuerzas defensoras de la unidad nacional, reducidas a escombros. ETA ya no mata, pero ha producido un virus letal para España que ha prendido virulentamente en Cataluña y se contagia con rapidez a otras regiones. ETA ya no mata, pero desde luego está lejos de haber sido derrotada. Y ni siquiera tenemos a un Uribe o un Pastrana que se atrevan a decirlo en voz alta.

El Parlament llama a los catalanes a la desobediencia
EDITORIAL El Mundo 8 Octubre 2016

La CUP lanzó ayer en Internet lo que denomina "cronómetro del Observatorio del Proceso". Es un reloj que va marcando los días, horas, minutos y segundos que quedan hasta septiembre de 2017, mes en el que la Generalitat debe convocar el referéndum unilateral de la independencia de Cataluña. Pero sobre todo es un recordatorio a Junts pel Sí sobre la velocidad que debe tener el procés. Y una indicación clara de que es la CUP la que marca el tiempo del partido al Govern, que no es más que un rehén de los radicales antisistema al necesitarlos para mantenerse en el poder. La CUP ha obligado a Puigdemont a poner fecha a ese referéndum imposible y no quiere más retrasos.

De hecho, el pasado mes de enero, Junts pel Sí y los antisistema habían aprobado una hoja de ruta que marcaba un plazo de 18 meses para hacer efectiva la secesión, después de haber redactado una nueva Constitución y tras ser ratificada ésta en un referéndum por los catalanes. Todo ello ha quedado retrasado al menos un año. Pero se trata de una demora calculada, porque Puigdemont y el resto de los líderes independentistas son conscientes de que han emprendido un viaje a ninguna parte y, en las actuales circunstancias, su única salida airosa es ir estirando el proceso para que nunca llegue a su final.

Con todo, el Parlament aprobó el jueves con los votos de Junts pel Sí y de la CUP una resolución que supone un paso más en su desafío al Estado. Han acordado, entre otras cosas, regular antes del próximo 31 de diciembre algunos aspectos jurídicos básicos del hipotético nuevo Estado, como la nacionalidad, los derechos fundamentales, el poder judicial y la política económica. Según el texto, bastará con la mitad más uno de los votos afirmativos en el referéndum para continuar adelante con el proceso, algo insólito en una consulta separatista de este tipo.

La resolución establece el compromiso de defender a los cargos electos que estén "amenazados o perseguidos" judicialmente por el 9-N o por cualquier otro acto vinculado con el proceso soberanista. Es un peligroso síntoma del desvarío político del independentismo catalán que todo un Parlamento llame "amenazados y perseguidos" a quienes la Justicia considera que han desobedecido la ley. El texto cita expresamente al ex presidente Artur Mas, a los ex consejeros Françesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, todos ellos imputados por haber permitido y apoyado la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014. También menciona a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien el Constitucional ha pedido a la Fiscalía que sea investigada por la aprobación el pasado 27 de julio de la resolución sobre el denominado proceso constituyente, que abría la vía unilateral a la independencia.

Además, la resolución insta a los ayuntamientos catalanes a participar activamente en el proceso, pese a saber que pueden cometer delitos de desobediencia. Y contempla la creación de un consejo asesor del proceso constituyente con expertos, que determinará la participación de la sociedad civil en las políticas de promoción del proceso.

En definitiva, Junts pel Sí y la CUP quieren armar un gran plan de desobediencia civil en Cataluña contra el modelo de Estado y contra las leyes nacionales; normas en las que, por otra parte, se basa la legislación autonómica.

Aunque se trata de una resolución que no tiene carácter normativo, los independentistas continúan con su pulso al Estado en el denominado procés que, aunque se dilata en el tiempo, sigue avanzando cada vez más enmarañado: si algunas asociaciones civiles y ayuntamientos secundan esta resolución, la Justicia podría verse obligada a investigar a cientos o miles de ciudadanos.

Urge, pues, que el Gobierno actúe con celeridad para evitar estas terribles consecuencias. La vía más rápida y más segura es la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución que contempla que el Ejecutivo "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas". El artículo añade que la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Sólo la firmeza del Estado ante esta nueva provocación puede disuadir a la sociedad civil de participar en un proceso ilegal.
 


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