AGLI Recortes de Prensa   Martes 11  Octubre  2016

Fustigando a nuestras empresas
José María Gay de Liébana okdiario 11 Octubre 2016

A finales de julio, comiendo con un empresario que constituye toda una referencia por su carrera, empezando de la nada y hoy al frente de un conglomerado industrial de primer orden en España y con fuerte peso internacional, hablábamos de lo que entonces sólo era un rumor: el aumento del pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en unos 6.000 millones de euros a fin de evitar un mayor descuadre de nuestras erráticas cuentas públicas en 2016 y contentar a Bruselas que anda con la mosca detrás de la oreja después de tanta promesa y demasiados incumplimientos. El empresario en cuestión mostraba su indignación. “Somos nosotros quienes vamos a tener que pagar el desaguisado que los que mandan están organizando. Para ellos es muy fácil. Vienen y nos sacan al sector privado, a nuestras empresas, 6.000 millones de euros, dañando nuestra tesorería, y se los quedan ellos para poner más dinero en lo que es una trituradora… Y nosotros, ¡a callar!”

La indignación que una vez aprobado el Real Decreto-ley, con BOE de urgencia y express, levanta entre la clase empresarial se agudiza. Porque los rumoreados 6.000 millones de euros, por arte de birlibirloque, se convierten en más de 8.000 millones y si, en principio, iban a castigar sólo a aquellas empresas de un tamaño entre mediano y grande, con cifras de negocio superiores a los 20 millones de euros anuales, finalmente se amplía el espectro empresarial afectando a todas las entidades que ingresen por encima de los 10 millones de euros. El pago fraccionado, a desembolsar en favor del Tesoro Público ya en octubre, y luego en diciembre, se eleva al 24% de la base imponible.

No se trata ahora de entrar en cuestiones de mera técnica tributaria, sino de reflexionar sobre lo inadecuado de tal medida y lo inoportuna de la misma. Inadecuado porque cambiar en el mes de octubre las reglas del juego, que se inició el pasado 1 de enero de 2016, suena a reírse de los contribuyentes máxime cuando la andadura del nuevo Impuesto sobre Sociedades arrancó hace apenas un año. Inadecuado porque sacar esos más de 8.000 millones de euros a nuestras empresas representa un golpe bajo a su tesorería que duele y mucho. La seriedad de nuestras empresas, en contra de la falta de seriedad de nuestros gobernantes, les obliga a trabajar con presupuestos de tesorería que, de repente, la mala gestión de nuestras autoridades hace trizas. No entra en los coherentes cabales de la gestión alterar las condiciones de un impuesto justo cuando se encara el último trimestre del ejercicio 2016.

Inadecuada decisión del Gobierno en funciones, otrosí, por cuanto el modus operandi del pago fraccionado tergiversa la concreción del resultado contable y del resultado fiscal que si un día, tiempo atrás, parecía que convergían a raíz de la reforma del Impuesto sobre Sociedades se distanciaron. Paradójicamente, con ese pago fraccionado, se hace tributar rentas exentas y además no se aceptan impactos negativos como consecuencia de pérdidas anteriores, obligando a un pago mínimo que superará el finalmente devengado, al no contemplarse deducciones que rebajen la factura fiscal definitiva del año 2016. Habrá que ver hasta qué punto las características de ese nuevo pago fraccionado son legítimas y constitucionales y no se está ante un tic confiscatorio…

Decíamos que esa decisión del Gobierno es inoportuna. En un momento en que nuestra economía, al calor de una serie de factores positivos y con una temporada turística estelar, remonta el vuelo, cuando la inversión con timidez muestra vigor, con el empleo recuperándose modestamente y el ritmo de la actividad económica se acelera, ¡zas, el Gobierno lo echa a perder! Al tener que pagarse esos 8.000 millones de euros, tal cantidad no podrá destinarse a inversiones empresariales ni a comprar y acrecentar aprovisionamientos, ni a aumentar la plantilla —más bien se tendrán que recortar salarios, esto es, disminuir puestos de trabajo— y si el gasto en general aumentaba —como sinónimo de un mayor dinamismo—, se derrumba ese castillo de ilusiones porque Hacienda no ha sabido cuadrar las cuentas de 2016 y sus estropicios los costean nuestras empresas con sus dineros.

Estamos, por ende, ante una evidente incompetencia de nuestros gobernantes para embridar el maldito déficit público y un gasto público que no se ha rebajado ni se rebaja, ni se rebajará…

Los separatistas quieren más ayuda del Estado para su golpe de Estado
EDITORIAL Libertad Digital 11 Octubre 2016

Los separatistas que rigen las instituciones autonómicas de Cataluña no tienen bastante con la impunidad y con la financiación –indirecta pero decisiva– que viene otorgándoles el Estado español: este lunes, cuatro días después de reiterar su desprecio al ordenamiento jurídico con la convocatoria de un nuevo referéndum ilegal para septiembre de 2017, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, no ha tenido mejor ocurrencia que invitar al futuro Gobierno de la Nación a negociar la fecha, las condiciones y la pregunta de la nueva consulta secesionista.

Si ya es lamentable la pusilánime condescendencia de la clase política española ante el proceso separatista iniciado en 2012, los separatistas ahora aspiren a transformarla en activa complicidad. No otra cosa es aspirar a que el Gobierno participe en la elaboración de la pregunta, siempre con el acuerdo de que la respuesta se interpretada como un sí o un no a la independencia de esa parte de España. Así, el tan golpista como trilero presidente regional de Cataluña accedería a que el Estado preguntara, por ejemplo, sobre la conveniencia de "una reforma de la Constitución", pero siempre y cuando acordaran "qué significa votar sí o no" en términos de sí o no a la independencia del Principado.

Con semejante propuesta, Puigdemont deja en evidencia el bochornoso concepto de democracia de los secesionistas. Por un lado, jamás otorgaría el falso derecho de autodeterminación a Barcelona, a Tarragona, a Sabadell o a cualquier otra parte de Cataluña; pero pretende que los ciudadanos de esa determinada parte de España que es Cataluña decidan por el conjunto de los españoles sobre cuáles deben ser las nuevas fronteras del país. No contento con ello, Puigdemont tienta al Gobierno con una consulta legítima –como sería la destinada a valorar en toda España una determinada reforma constitucional– para, en realidad, consultar únicamente a los catalanes sobre la posibilidad de dinamitar lo que sustenta la entera Constitución, que no es otra cosa que la soberanía nacional, única e indivisible.

Puigdemont ha tenido, además, la desvergüenza de reprochar al Gobierno el no abordar el desafío secesionista catalán como "un asunto político" y "despacharlo en manos de jueces y fiscales".

En Libertad Digital hemos reprochado al Gobierno que no combata el secesionismo también en el ámbito de las ideas y le permita desviar dinero del contribuyente al montaje de onerosas e ilegales estructuras de Estado. Ahora bien, por mucho que la lucha del Gobierno contra el secesionismo se haya limitado a presentar recursos ante los tribunales para luego no atreverse a hacer cumplir las leyes ni las sentencias, no hay que olvidar que ha sido el Gobierno regional en rebeldía el que se ha impuesto como principal objetivo político un largo proceso delictivo destinado a lograr "la desconexión de Cataluña del Estado" y la creación de una república independiente. Quienes llevan, en definitiva, su quehacer político al ámbito judicial no son los gobernantes de España sino los golpistas separatistas que vulneran la ley.

Ya es bochornoso que los golpistas hayan encontrado la complicidad –por otra parte, previsible– de un partido como Podemos, que votará en contra del suplicatorio que el Tribunal Supremo va a pedir al Congreso para poder abrir procedimiento contra Francesc Homs, sobre quien se aprecia delitos por la organización de la consulta secesionista del 9-N. Pero el colmo es que Puigdemont busque también la complicidad del resto de una clase política española que, ciertamente, tendría que hacer más, mucho más, contra el secesionismo catalán que presentar recursos judiciales.

Un 'modus operandi' del PP que se repitió a nivel nacional
EDITORIAL El Mundo 11 Octubre 2016

Las instrucciones que partían de la sede del PP en Génova para que los alcaldes financiaran irregularmente las campañas electorales durante los años en los que operó la trama Gürtel no funcionaron sólo en la Comunidad de Madrid. Según las informaciones que publicamos hoy, queda demostrado que esa misma forma de actuación se repetía al menos en municipios de Valencia y Baleares. También allí, las delegaciones locales y autonómicas del partido operaron tomando dos precauciones insoslayables: la primera, que para evitar que el Tribunal de Cuentas detectara que los gastos electorales superaban los límites permitidos por la ley, las donaciones de empresas y de particulares debían ser desviadas a las cuentas corrientes destinadas a afrontar los gastos ordinarios del partido. Desde éstas, debía pagarse a las empresas que hacían trabajos y ofrecían servicios para las campañas electorales (inserción de publicidad en medios, compra de vallas publicitarias...), camuflando cuál era su finalidad real.

Y, en segundo lugar, los dirigentes locales y autonómicos de la organización debían acordar con las empresas, por un lado, que en las facturas no figurase en ningún lugar que los trabajos o servicios realizados iban destinados a la campaña electoral. Y por otro, y más importante, las empresas y el partido debían ponerse de acuerdo en los importes declarados, para impedir que el Tribunal de Cuentas detectase el fraude.

En la mayor parte de las ocasiones, estas instrucciones fueron impartidas verbalmente, pero en el caso de la Comunidad de Madrid se elaboraron unas fichas escritas que incluía didácticos gráficos para advertir de los peligros y evitar posibles errores. Es evidente, que estas directrices tenían una única finalidad: engañar al Tribunal de Cuentas para poder destinar más dinero del legalmente permitido a las campañas electorales, porque si el PP hubiese querido cumplir la legalidad no habrían hecho falta los powerpoint revelados por este periódico. Le habría bastado con declarar al Tribunal el origen y el destino real de sus ingresos y sus gastos. Por eso sorprenden las declaraciones hechas ayer por el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que, reconociendo implícitamente la existencia del documento publicado, afirmó que éste "no tiene por qué dar explicaciones sobre financiación ilegal", sino al contrario, "cómo hacerlo de forma legal". Un argumento bastante inverosímil y cuanto menos chocante.

Casado también ha querido echar balones fuera al asegurar que al partido no le consta que se facilitaran de "forma oficial" estas directrices, y recordó que en 1999, cuando ocurrieron los hechos, él "estaba en COU". Es cierto que según las investigaciones la trama corrupta operó durante un periodo de tiempo determinado y que la actual dirección del partido no tiene por qué ser responsable de las decisiones tomadas en el pasado, pero haría mal el PP en empecinarse en negar una realidad de la que cada vez existen más evidencias. Y es que, durante algunos años, los dirigentes populares optaron por recurrir a este procedimiento ilegal porque entendían que con lo que fijaba la ley no podían afrontarse los desmesurados costes de las campañas electorales.

No es extraño, por tanto, que el tribunal del caso Gürtel rechazara ayer las alegaciones del PP para ser excluido del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra la trama corrupta. El PP había pedido que fuesen los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda los que respondieran por sus actividades presuntamente ilegales, pero finalmente será el PP nacional el que será juzgado como responsable civil. La decisión del tribunal coincide con la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende que "el PP es quien se vio beneficiado por los fondos procedentes del cohecho y la malversación, y no los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda".

En este sentido, los datos aportados por este periódico vendrían a corroborar esta versión de los hechos. La nueva dirección del partido debería hacer todos los esfuerzos posibles por aclarar lo ocurrido y asumir públicamente que en el pasado las cosas se hicieron mal, para evitar que el caso siga sometiendo al PP a un enorme desgaste de su imagen política.

Doce años y medio de corrupción permanente
Gabriel Moris Libertad Digital 11 Octubre 2016

Los daños de este tipo de corrupción, la representada por el 11-M, son irreparables.

Creo innecesario advertir que no soy un versado en corruptelas, por eso pido disculpas si cometo algún error o imprecisión. Creo que la corrupción es consustancial al ser humano, pero no vamos a remontarnos a los orígenes de la especie para hacer nuestro análisis. Si consideramos el período transcurrido desde el inicio de este siglo, creo que podríamos distinguir dos etapas en que hay diferentes grados y tipos de corrupción: el anterior al año 2004 y el de los doce años y medio siguientes. En el primero, el auge de la construcción como gran motor de nuestra economía fue un buen caldo de cultivo para que surgieran corrupciones económicas y políticas. En el segundo, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se mantienen los malos hábitos del período anterior y además aparece con más virulencia la corrupción sociopolítica.

No sé muy bien el significado de este término, pero trataré de poner algunos ejemplos que podrían servirnos para aclararlo.

Los asuntos dinerarios son sin duda los que percibimos como especialmente relacionados con la corrupción, pero, siendo muy importantes, tienen la ventaja de ser fácilmente perseguibles. Tampoco producen daños irreversibles, ya que con la devolución de lo robado y con la pena de prisión correspondiente se puede reparar el mal causado. El problema que tenemos es que casi nunca se cumplen las penas impuestas por la Justicia.

El ejemplo que puede ilustrar plenamente la corrupción es el tratamiento dado al mayor crimen de este período, el de los atentados contra los trenes de Cercanías. Yo no sé si se pueden cuantificar los efectos económicos de los mismos, pero voy a tratar de enumerar algunos de los efectos de la corrupción –social y política– que fueron origen y consecuencia de aquellos crímenes de lesa humanidad.

Los recientes ataques terroristas en otros países europeos creo que no han afectado de forma tan nociva a la vida política, ni a la convivencia ni a la economía de los países que los han sufrido. Antes de los atentados, España padecía un terrorismo local en vías de extinción. Los partidos que se alternaban en el Gobierno firmaron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. A pesar de mostrarse eficaz, después del 11-M uno de los partidos firmantes lo derogó de facto al llegar al Gobierno. ¿Podría servir este caso como ejemplo de corrupción política?

Podemos encontrar todo un vivero de corrupciones a partir de entonces:

Fallo colectivo de las cámaras grabadoras de las estaciones: aún está pendiente de investigación.
Desaparición de las evidencias tomadas por los Tedax de Madrid en los escenarios de los atentados: hasta hoy, la Audiencia de Madrid ha rechazado la querella presentada al respecto.
Desguace inmediato de los vagones que estallaron: se desconocen los responsables.

Asuntos no investigados policial ni judicialmente: 1) artefactos explosivos colocados en la estación de Mocejón; 2) hechos ocurridos en Leganés un mes después; 3) el Skoda Favia encontrado meses después en Alcalá de Henares; 4) irregularidades periciales, etc. - Sentencia incompleta, ya que no había autores-intelectuales ni materiales.
Comisión parlamentaria de investigación fallida por ausencia de responsabilidades políticas en los hechos.

He aquí elementos que permitieron una masacre con 192 vidas perdidas y más de 1.800 truncadas. Los daños de este tipo de corrupción son irreparables. Partiendo de que la seguridad y la vida de las personas es el deber principal del Estado de Derecho y sus instituciones, creo que no es necesario explicar el título que hemos dado a esta reflexión sobre la corrupción en España.

Curiosamente, todos –políticos e instituciones– tratan de vendernos sus promesas de regeneración.

España no está para cavar trincheras
Javier Benegas  vozpopuli.com 11 Octubre 2016

“Sigue siendo cierto que el miedo tiene que cambiar de bando”, ha afirmado Juan Carlos Monedero en una entrevista concedida a La Cafetera de radiocable.com. Un claro espaldarazo a la vuelta a las trincheras que de nuevo preconiza Pablo Iglesias, vuelto, a lo que parece, de su breve periplo socialdemócrata. Utilizar dos términos como “bando” y “miedo” en un mismo mensaje no es gratuito. No ya porque hacerlo suponga reemplazar “debate” por “combate”, ni porque se sustituya la razón por la emoción y, con una moral ad hoc,se busque destruir al “enemigo”, al “otro”, al “discrepante”. Esta dialéctica persigue otro fin aún más preocupante: instrumentalizar ese miedo que inevitablemente aflora en momentos de incertidumbre.

En realidad, el mensaje que Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias proponen no es político sino bélico. No contemplan la posibilidad de transacción alguna, ni debate, ni discusión, sólo una confrontación de la que aspiran a salir victoriosos.

La confrontación
Cuando una estrategia se enuncia como enfrentamiento entre bandos y se riega generosamente con miedo, lo que se pretende no es una reforma sino una colisión, un ajuste de cuentas. Las sociedades no progresan así, al contrario, retroceden y quedan atrapadas en la confrontación indefinidamente. Aun cuando un bando alcance la victoria y las hostilidades finalicen, el enfrentamiento continuará, alimentado por el resentimiento de una sociedad que se ha visto forzada a la división. Los españoles sabemos por experiencia que la acción política entendida como confrontación acaba mal, muy mal. Pero no aprendemos porque, pese a toda evidencia, prevalece la idea de la guerra civil del 36 como una lucha entre democracia y totalitarismo, cuando en realidad fue un choque entre dos visiones liberticidas. La democracia poco o nada tuvo que ver. Fuera cual fuese el vencedor de la contienda, los españoles estábamos condenados de antemano.

El miedo
Epicteto creía que no había que temer a la desgracia, ni siquiera a la muerte. Según él, a lo que había que temer de verdad era al propio miedo. Y tenía razón. La historia está llena de ejemplos en los que el miedo ha derivado en violencia y despertado los más bajos instintos, no ya en sociedades precarias y primitivas, sino en las más desarrolladas y cultas. Y es que, utilizado como arma, el miedo se convierte exactamente en eso, en un arma… que carga el diablo. Una vez se introduce el miedo en la recámara del pensamiento colectivo, cualquier suceso o accidente puede dispararlo. Y no hace falta ser un genio para adivinar lo que puede suceder.

Ocurre, sin embargo, que, para evitar que esa visión de la confrontación progrese, es necesario un altruismo político del que, hoy por hoy, carecemos. Con los partidos atrapados en el cenagal de la supervivencia de sus cúpulas, enredados en contradicciones e ineficiencias, y especulando con el corto plazo, la política parece perder su utilidad y lo que prevalece es la imagen de un país sumido en el caos y la corrupción.

La solución
Pero no se deje engañar, querido lector, los problemas no se resolverán ni con un gobierno de izquierdas ni con la continuidad del PP, y mucho menos con Monedero o Iglesias en el poder. Sólo un gran acuerdo nacional, que no tiene precedentes, podría servir para poner remedio al desquiciamiento institucional. Mientras ese gran acuerdo no sea viable, la degradación seguirá su curso. Y la profecía tarde o temprano se cumplirá. Con una salvedad, el miedo no habrá cambiado de bando sino que habrá servido para que los líderes de Podemos constituyan el suyo propio. Y es que, como diría el cínico Draper, no hay ninguna gran mentira, no hay ningún sistema, el universo es indiferente… o lo que más o menos es lo mismo, si bien en el statu quo los intereses creados son una realidad, no existe una gran conspiración: sólo numerosas coaliciones de intereses cada vez más frágiles y cambiantes. Por lo tanto, la división de España en dos bandos es una ficción. La realidad, para bien o para mal, es bastante más compleja. Y no parece que cavar trincheras sea muy inteligente.

Orgulloso de España, cansado de disparates
Javier Caraballo El Confidencial 11 Octubre 2016

El español lo máximo que ha admitido de sí mismo como valor a lo largo de la historia es que tiene muchos huevos, la legendaria 'furia española', que parece que nos ha identificado siempre. Desde Viriato hasta nuestros días, seguro que podemos encontrar en cada generación a alguien que, como Pompeyo Trogo en el siglo I antes de Cristo, haya dicho que “los hispanos prefieren la guerra al descanso y, si no tienen enemigo exterior, lo buscan en casa”. Veintiún siglos de tozudez, que ya es decir, sin haber logrado aún autodestruirnos. De ese sino no nos hemos desprendido jamás, nos ha acompañado siempre, pero es posible que sea en nuestros días cuando esté alcanzado mayores cotas de imbecilidad y de absurdo.

El dolor de España siempre ha estado ahí, pero ahora se manifiesta, como en la sentencia marxista, en su cara más grotesca. Podemos fijarnos en algunos sucesos de los últimos días, distantes entre sí, pero que generan polémicas simétricas sobre una misma anomalía, la imposibilidad que tiene el español de contemplarse a sí mismo como español con normalidad.

Lo de estos días, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Badalona tras la decisión de su equipo de gobierno de prescindir de la festividad del 12 de octubre con el argumento de que “es una fecha que conmemora un genocidio, el de la ocupación de América, y tiene connotaciones franquistas y antidemocráticas”, según ha explicado su alcaldesa. Podría considerarse una mera extravagancia radical si no fuera porque, tal y como están las cosas, podemos estar a un tris de que el discurso se haga oficial en la izquierda española, que siempre tiene la tentación de reinventarse con lo que nunca le ha sido propio, como es el independentismo o el discurso bolivariano sobre el Descubrimiento de América, confundiendo radicalismo con progresía.

Es decir, que ni genocidio, ni ocupación, ni franquista, ni antidemocrático. Por la sencilla razón de que al mundo de hace 500 años no se le pueden aplicar los conceptos políticos y morales de la actualidad. Sería como condenar a los faraones del Antiguo Egipto por no respetar las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores y pedir luego la destrucción de las pirámides por ser un símbolo de opresión. ¿Qué es eso de que el Descubrimiento de América tiene raíces antidemocráticas, por favor? Como reprocharle a Julio César que no sometiera a referéndum el paso del río Rubicón.

El filósofo e historiador norteamericano Will Durant, autor de 'Historia de la Civilización', lo resumía bien en una sola frase: “Ninguna gran civilización ha sido conquistada jamás sin antes haberse destruido a sí misma”. Como han documentado tantos historiadores, la conquista de América por parte de los españoles no hubiera sido posible sin una degeneración extrema de las civilizaciones precolombinas. Bartolomé José Gallardo, un extremeño que fue bibliotecario de las Cortes de Cádiz, describió así lo ocurrido en el Descubrimiento: “Cuando Hernán Cortés llegó a México, el pueblo menos rudo de América, aquel imperio presentaba el espectáculo más horroroso de superstición y barbarie. La sangre humana se derramaba tan profusamente en holocausto a sus dioses que hasta se amasaba con ella una especie de pan bendito. Como la carne humana era el manjar de su dios, cuando faltaban víctimas, el sumo sacerdote se presentaba a su emperador y le decía: ‘Cacique, el dios tiene hambre’”.

Cada civilización, a largo de la historia, vive un momento de conquista, esplendor y declive que da paso a otra nueva civilización. Eso fue lo que ocurrió con América cuando llegaron los conquistadores españoles, de la misma forma que antes les ocurrió a Grecia, al Imperio Romano y luego al propio Imperio español. Y cuando se observan los disparates de la actualidad, es muy posible que sea lo que le está ocurriendo en la actualidad a Occidente.

Dicen algunos que España es el único ejemplo en la historia de la humanidad en que sus habitantes acaban asumiendo como propia la falsa propaganda que se ha hecho contra ellos, como ha ocurrido con la Leyenda Negra. Quizá por lo que se decía antes, porque la primera anomalía de un español comienza en uno mismo, arranca de lo más elemental, de lo que en ninguna otra parte suele discutirse. El orgullo de ser español es aquí un concepto polémico con la sola expresión de esas palabras. Puede hacer la prueba: lo dice en una reunión, aprovechando esta festividad de España en el 12 de octubre, y siempre habrá alguien que se lo reproche porque interprete que es algo trasnochado, propio de otros tiempos, cargado de otros significados, todos ellos detestables.

Esa es la anomalía, que en España es controvertido sentirse orgulloso de ser español. Los hay, incluso, que por esa inexplicable tensión que existe en el ambiente, por la imposibilidad de vernos como españoles con normalidad, llegan al disparate absurdo de actuar como celosos guardianes de las esencias patrias y estallan y descalifican a todo aquel que no entiende España como la entienden ellos. Lo ocurrido con Gerad Piqué, el futbolista del Barça, en la Selección española es un buen ejemplo de este absurdo ambiental de crispación y disparate en el que estamos. Pero deben saber que tanto daño le hacen a la idea de España los disparates de Badalona como las cacerías reaccionarias de algunos que presumen de españolidad.

Cada uno entiende España, y debe respetarse así, como desea. Pero españoles. Yo no soy ni de pulseritas ni de símbolos, no me mueven los himnos ni los golpes de pecho, no me emocionan ni los juramentos de bandera ni los discursos engolados. Soy andaluz porque soy español y soy español porque soy andaluz. Mi concepto de patria está vinculado con los muertos y con el disfrute; los muertos son las raíces y el disfrute aporta la satisfacción de vivir. Los muertos dan las raíces porque, como le decía José Arcadio Buendía a su esposa Úrsula, “uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra”, y ahí, en esta tierra, están enterrados el sudor de mi padre, el esfuerzo de mis antepasados, el sacrificio, el dolor y la sangre de todos los que lucharon por una España mejor, libre y próspera. El disfrute aporta la satisfacción de reconocerte en cada rincón de España, de gozar, de disfrutar con las costumbres, de aprender de las gentes, de admirar los paisajes.

Me emocionan tanto Castilla como La Rioja, me abrazo a Galicia y La Mancha, me atrapa Cataluña, me desborda Madrid, me emboban el País Vasco y Asturias...12 de octubre, Día de España. Escribe la palabra orgullo a continuación.

Puro despropósito histórico
OKDIARIO 11 Octubre 2016

Los dirigentes de Podemos viven tan anclados en el pasado que para denostar la Fiesta Nacional del 12 de octubre se retrotraen al siglo XV, como si la violencia en América fuera un invento de los españoles. Sólo hay que recordar la figura de Moctezuma en el México de entonces y los constantes sacrificios humanos que brindaba a “los dioses”. Sin embargo, para el profesor universitario Juan Carlos Monedero, cuya dialéctica es una constante de referencias bélicas —”hay que sacar las catapultas a la calle”—, la de mañana es la conmemoración de un “genocidio”. Juzgar con criterios actuales lo acaecido en un contexto histórico de hace más de 500 años, además de ser propio de un académico muy regular, denota una estatura intelectual de dimensiones liliputienses.

La sociedad y el mundo eran tan diferentes que la sola referencia es un disparate. Sería como decir que los franceses no pueden conmemorar el 14 de julio de 1789 como Día Nacional porque celebran la toma de la Bastilla, punto de inicio de la Revolución Francesa. Una fecha en la que la burguesía gala se impuso al Antiguo Régimen absolutista a costa de muchas vidas. Los españoles que viajaron hasta América del Sur, muchos de ellos soldados de fortuna, fueron agentes decisivos para el desarrollo histórico de buena parte de Latinoamérica. Dejando, además, un patrimonio indeleble con el paso de los siglos: el español; lengua hablada por más de 400 millones de personas en todo el mundo y que es un agente indispensable de evolución, negocio y desarrollo.

De ahí que resulte incomprensible cómo el propio Monedero, Iglesias o Errejón siguen enrocados en planteamiento tan rancios. Sobre todo si tenemos en cuenta su cinismo, ya que ellos apoyan, y se nutren, de regímenes como el de Irán, donde hoy en día cuelgan homosexuales y lapidan adúlteras; o de la Venezuela bolivariana, donde la gente va a la cárcel, simplemente, por algo tan primario y esencial como pensar por sí misma. En general, hay algo de obsesión freudiana en los planteamientos podemitas sobre España, su historia y las instituciones que la conforman. Empiezan por la llegada de los españoles a América y siguen por el menosprecio a la bandera por considerarla “continuidad del Régimen”. Un símbolo aprobado en el artículo 4 de esa Constitución que vertebra desde 1978 el mayor periodo de prosperidad en la historia de nuestro país. Odian todo lo español pero, al mismo tiempo, no pueden dejar de referirse a ello. El neurólogo austriaco hubiera tenido material de sobra para una tesis.

El PP contra Hayek
Santiago Navajas  vozpopuli.com 11 Octubre 2016

“En el Partido Popular hay personas que pueden tener en algunas cuestiones ideas un poco más conservadoras. Otras que tienen unas ideas un poco menos conservadoras. Creo que lo importante es que encontremos un punto de encuentro en el que todos tenemos que estar de acuerdo. Pero, sobre todo, que demos respuesta a los problemas que nos plantean los ciudadanos. Los partidos nos tenemos que adaptar, no podemos quedarnos anquilosados en Hayek o en Marx, pensadores que eran del siglo pasado.”

Cristina Cifuentes, que en alguna ocasión se ha definido como liberal, respondía así a una cuestión sobre el posicionamiento ideológico del PP. El gran partido de centro derecha es una amalgama de conservadores, demócrata-cristianos y liberales. Fraga, Alzaga y Schwartz fueron, respectivamente, las cabezas visibles de las diferentes corrientes. Los liberales siempre han sido la guinda de un pastel del que se llevaban la mayor parte las otras dos corrientes.

Que Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, equipare a Friedrich Hayek, uno de los filósofos y economistas fundamentales a la hora de legitimar el Estado de Derecho y la economía de mercado, con Karl Marx, el gran referente de las “democracias populares” o dictaduras del proletariado, así como de la economía planificada e intervenida por el Estado, es una mala noticia porque significa una derrota intelectual y una claudicación moral por parte de las élites políticas (“élite” en el sentido de manejar el poder y el presupuesto) ante la “guerra cultural” en la que estamos inmersos.

Al mismo tiempo que Cifuentes abjuraba de Hayek, Pablo Iglesias no tenía ningún empacho en manifestar su admiración en Twitter por el dictador y terrorista Che Guevara. El reconocimiento por parte de Iglesias muestra que Podemos es socialdemócrata sólo como reclamo electoral, porque realmente es de extrema izquierda. Que Cifuentes reniegue de quien como Hayek es el liberal por antonomasia, respetado tanto por anarcocapitalistas rothbardianos como por social-demócratas keynesianos, muestra el complejo de inferioridad intelectual de cierta derecha política en España.

También José María Lasalle, un referente académico en el ámbito del liberalismo español, había manifestado su distanciamiento de Hayek achacándole un “liberalismo antipático”. Para Lassalle, tanto Hayek como Friedman son dos marcas del liberalismo que hay que evitar en el discurso público porque se identifican con Thatcher y Reagan, lo que le daría mala imagen publicitaria al liberalismo en España, al asociarse con el neoconservadurismo, inspirado en Leo Strauss, de los Irving Kristol y compañía de la revista The Public Interest. En el superficial y enmarañado debate mediático de España es cierto que se confunden etiquetas como la de “neoliberal” con “neoconservador”. Pero de eso se trata, de hacer pedagogía no de huir del debate profundo.

Los objetivos de una política “de centro” tecnocrática es, no puede ser de otra manera en un contexto democrático, la creación de empleo y el funcionamiento de los servicios públicos. Pero la cuestión de fondo es si hacerlo dentro de los parámetros de una sociedad cerrada o de otra abierta. Hayek es el gran referente filosófico de la defensa liberal de una sociedad abierta, mientras que Marx es el líder filosófico, en la versión neopopulista de Laclau y Moffat, de los que buscan implantar un Estado prohibicionista e intervencionista.

Permítanme que cite un párrafo de Camino de Servidumbre
“No hay nada en los principios básicos del liberalismo que hagan de éste un credo estacionario; no hay reglas absolutas establecidas de una vez para siempre. El principio fundamental, según el cual en la ordenación de nuestros asuntos debemos hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la coerción, permite una infinita variedad de aplicaciones. En particular, hay una diferencia completa entre crear deliberadamente un sistema dentro del cual la competencia opere de la manera más beneficiosa posible y aceptar pasivamente las instituciones tal como son. Probablemente, nada ha hecho tanto daño a la causa liberal como la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio de laissez­ faire.”

Entre la Escila de la socialdemocracia, en la que cayó su amigo Keynes, y la Caribdis del anarcocapitalismo, hacia el que tendía su maestro Mises, Hayek podríamos decir que es el referente “absoluto” del liberalismo, desconcertante en su movilidad conceptual y su posibilismo político tanto para los conservadores aferrados a las tradiciones como para los socialistas cegados por su utopismo. Pero precisamente por su flexibilidad conceptual ajena a cualquier dogmática, que le llevó a escribir Por qué no soy conservador, podría ser perfectamente ese “punto de encuentro”, del que hablaba Cifuentes, entre “liberales de todos los partidos”.

Lo peor no es que Cifuentes reniegue de Hayek sino su desprecio hacia la actividad intelectual. Pido perdón por citar a alguien no del siglo pasado sino todavía más viejuno, del siglo XII, un tal Bernardo de Chartres, que sostenía que

“Somos enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no porque la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura”

Ni Hayek ni Marx significan anquilosamiento sino que son multiplicadores del pensamiento creativo. Pero es cierto que son gigantes que miran en direcciones opuestas. Por la senda de Hayek, mal que le pese a Cifuentes, se llega a un gobierno limitado, dentro de los parámetros de la “Rule of Law”, con unos presupuestos equilibrados y una sociedad civil libre de los déspotas que pretenden erigir un “Estado megalómano” con ínfulas de “ogro filantrópico”. Estas dos últimas expresiones son de otro par de pensadores, Jean-FranÇois Revel y Octavio Paz, no sólo del siglo pasado sino, además, hombres, blancos, heterosexuales, burgueses y occidentales. Pero que, a pesar de todo, tenían razón.

La malhadada disciplina de partido
Amando de Miguel Libertad Digital 11 Octubre 2016

Como dice mi corresponsal Valdecantos, en España falta la disciplina en muchos órdenes y sobra en los partidos políticos.

Me hacen pensar algunos comentarios sagaces de los corresponsales. Por ejemplo, José Luis García Valdecantos me llama la atención sobre la confusa disciplina de partido. Su tesis es que en España falta la disciplina en muchos órdenes y sobra en los partidos políticos. Estoy de acuerdo.

En efecto, la Constitución que nadie cumple nos manda que los diputados no deben votar con mandato imperativo. Es decir, que deben responder libérrimamente a su conciencia, no a los intereses ajenos. Es evidente que tal precepto no se cumple. Por otra parte, la disciplina resulta esencial para que discurra tranquilamente la vida social. Sería absurdo que los automovilistas condujeran por la izquierda o la derecha según les pluguiera.

En las Cortes lo razonable es que los partidos consigan que sus representantes acuerden el voto en una determinada dirección correspondiente con la ideología que suscriben. Pero tal confluencia debe ser voluntaria, libre y acordada. Debe coexistir con el principio del voto en conciencia para los asuntos de importancia. Por ejemplo, esa condición debería exigirse para votar la investidura de un presidente del Gobierno o en leyes con una especial trascendencia moral. Podría ser el caso de leyes que regularan el aborto, la eutanasia, la política con los refugiados de otros países, etc. La fina combinación de disciplina de partido y libertad de conciencia se ha conseguido en el Reino Unido. Se trata de un país que lleva varios siglos de democracia en continua perfección, y eso que carece de una Constitución escrita. Los partidos políticos se aprestan a una labor pedagógica para unificar criterios de sus miembros en el Parlamento y excluir a los disidentes recalcitrantes. En España no hemos llegado a tal finura.

Tampoco debe interpretarse el principio del voto en conciencia con la conducta de "seguilla y no enmendalla" que pueden adoptar algunos diputados narcisistas. Con ello persiguen notoriedad hasta un extremo que toca la psicopatía. En esto como en todo, en el equilibrio reside la virtud.

Más preocupante es el hecho de la escasa disciplina en ciertas conductas que tienen que ver con la convivencia cívica. Por ejemplo, en el sistema de enseñanza pública (y al final también en la privada) se observa la tendencia al declive de los exámenes o los deberes para casa o las vacaciones. De forma extrema, se insiste en que la evaluación debe ser la que los alumnos hagan de los profesores. Desaparece la idea de una sanción negativa para la conducta desviada de los alumnos. Es evidente la consecuencia del deterioro de la calidad educativa. No hay que tomarse literalmente la idea de disciplina en su sentido literal (la disciplina era el látigo), pero sí de manera analógica como el esquema de premios y castigos. Ya vemos que tal noción se desvanece en aras de una desgraciada interpretación del principio de igualdad. Sin la correspondiente actitud de esfuerzo, la educación deja de serlo.

En la vida cotidiana de una gran ciudad, la apetencia de los aficionados a correr o pasear en bicicleta puede llegar a ser un obstáculo para el tráfico normal de vehículos y peatones. Da la impresión de que el derecho al ocio se destaca por delante del derecho al trabajo o del normal disfrute de los espacios públicos. Es el mundo al revés.

El principio de disciplina social es muy sencillo. La desmesura o el capricho personal no deben ocultar el fin fundamental de la vida de la ciudad, que es el de facilitar el trabajo o los intercambios normales entre los vecinos. Quizá no sea muy feliz la noción de disciplina. Podríamos hablar mejor de ecuanimidad, sosiego, orden. Son virtudes conservadoras, pero, por lo visto, no se estilan mucho. En su lugar se alza una concepción individualista de la vida social. Encima se considera que supone la realización del progreso. No cabe mayor dislate. Aunque, bien mirado, parece que los disparates no terminan nunca.

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España se expone a espantar a la Europa comunitaria
Miguel Massanet diarioalsigloxxi.com 11 Octubre 2016

En ocasiones conviene entrar en el que, para algunos, es un campo en el que nos debemos mover con cautela y mucha prudencia, el económico, ya que no es, precisamente, la materia que mejor dominamos, si es que hay alguna que nos sea más propicia que otras. En todo caso, es evidente que la tentación de señalar algunas de las consecuencias de esta aberrante situación en la que nos estamos moviendo, en España, como consecuencia de este desconcierto político por el que está pasando nuestra nación, es muy fuerte, máxime cuando llevamos ya dos elecciones legislativas consecutivas sin que nuestros políticos hayan sido capaces de encontrar la fórmula para entenderse y facilitar así la gobernabilidad de la que, tan precisados, andamos los españoles de a pie, después de diez meses de continuos enfrentamientos, descalificaciones, insultos y forcejeos para conseguir alcanzar el poder, una ambición que, para algunos, supera con creces su interés para que España siga, como hasta ahora, en pos de la senda de la recuperación; sin que les importe el que, gracias a su insensatez, quedemos expuestos a perder todo lo conseguido, después de siete años de enfrentarnos a una de las mayores crisis por las que ha pasado Europa.

Se da la circunstancia de que ha caído, en nuestras manos, un artículo que habla sobre el ranking de eficiencia del gasto público. Resulta que, en el índice que elabora anualmente el Foro Económico Mundial, un organismo lo suficientemente solvente y documentado para que nos merezca toda la credibilidad; las potencias que disponen de economías más competitivas del mundo siguen siendo: Suiza, Singapur y EE.UU. En el Top 10 quedan incluidos: Países Bajos, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Hong King y Finlandia. España, sin embargo, ha quedado en el puesto 32, delante de Chile y detrás de la República Checa. Es cierto que hemos mejorado dos puestos respecto a la anterior encuesta, pero en una escala del 1 al 7 no hemos pasado del 4’7. Por si nos pudiera servir de consuelo, los amigos de nuestros políticos de Podemos, los que gobiernan Grecia, los comunistas de Syriza, han conseguido que su país haya quedado relegado al puesto 86, por detrás de Ucrania. ¡Y estos eran los valientes que iban a obligar a Europa a doblar la cerviz!

Si queremos averiguar, segregando la nota obtenida por España, detalles más significativos, es evidente que podemos observar los puntos fuertes y las debilidades de nuestra economía. Así constamos que, en el capítulo de instituciones, estamos situados en el puesto 55; en infraestructuras en el 12; en el entorno macroeconómico nos tenemos que conformar con un precario 86; en Sanidad y Educación en el 30; en formación superior en el 31; el 54 en eficiencia de mercado de productos, el 69 en el ámbito laboral, el 71 en sector financiero; el 25 en preparación tecnológica; el 16 en tamaño de mercado; el 29 en sofisticación empresarial y el 38 en innovación. Una relación que puede resultar hasta cansina, pero que nos facilita datos interesantes como son el que, dentro del capítulo instituciones, observamos que, en la subcategoría que mide la eficiencia o despilfarro del gasto público, hemos caído al puesto 106 y en el 91 en cuanto al punto que mide si un país combate con eficiencia el desvío de fondos públicos.

Es fácil entender el hecho de que, en cuanto al índice de confianza en los políticos, por causas evidentes, estamos situados en el puesto 100 y en el 78 (incluso nos parece moderado) en la facilidad del sistema judicial para resolver disputas de manera eficiente (no sé si existe algún tipo de índice que mida la politización del sistema judicial en los países europeos, pero, si existiese, seguramente sería España la pionera entre todas ellas). Y una cuestión que creemos que, a la vista de los partidos de izquierda y extrema izquierda que han invadido nuestra nación, puede resultar muy significativa: España, en cuanto a la protección de los derechos de propiedad estamos en el puesto 47 ¡ y esto que hemos gozado de un gobierno de derechas, con mayoría absoluta durante los cuatro años del gobierno del PP ¡ Para no hacernos demasiado pesados con estadísticas basta que digamos que, en cuanto a la macroeconomía la deuda pública nos sitúa en el puesto 126 y el déficit público en el 98 y en contratación y despido en el 110, ¡ como para lanzar las campanas al vuelo!

¿Cuánto tiempo más nos podemos permitir el que nuestra nación siga sin un gobierno estable? Seguramente ninguno porque, es muy posible que ya no exista remedio para una situación en la que la aspiración máxima del PP es que el PSOE se limite a abstenerse para que, dando por sentada la colaboración de ciudadanos, pudiera asumir la investidura con los 170 escaños que pueden apoyarle y la abstención de todo o parte del banquillo socialista. ¿Sería posible que, siendo investido Rajoy para el cargo de presidente del gobierno, su gobierno estuviera en condiciones de poder gobernar aplicando la política de su partido o se vería obligado, en cada instante, a mendigar votos o a ceder en favor de otras propuestas mayoritarias que, en nada se convendrían con los principios y fundamentos que siempre ha defendido el PP?

Esta parece ser la postura que han adoptado los de este PP, que muchos no sabemos si sigue siendo la de la antigua Alianza Popular o, sus actuales dirigentes, ya se limitan a intentar permanecer en sus puestos, agarrarse a un clavo ardiendo, aunque para ello, para permanecer en su poltrona, lo que buscan es entrar a toda costa en el gobierno aún que su situación, al frente del mismo, no puede considerarse más que insostenible ante una oposición mayoritaria que va a oponerse, sistemáticamente, a todas sus propuestas, tal y como sucedió cuando los partidos de la oposición, en el pacto del Tinell, lo condenaron al mayor de los ostracismos. Lo chocante es que sigan empeñados en este acuerdo tan poco estable, tan escurridizo, tan falto de seguridad y tan sometido a la voluntad de la oposición, en lugar de acudir a unas nuevas elecciones que, efectivamente, no es que sean lo mejor que nos pueda suceder a los españoles, pero que, si los pronósticos no fallaran, podrían poner al partido de Rajoy en una situación más desahogada, más fuerte y con posibilidades, si alcanzase los 150 escaños, de llegar a acuerdos, por ejemplo con Ciudadanos que le permitiera evitar el acoso incesante de las izquierdas, integradas por el PSOE, Podemos, ERC y todos los separatistas que, en cuanto a aislar al PP, no tiene inconveniente en presentar un frente común en el Parlamento.

Estamos sintiendo que, a medida que transcurre el tiempo y que seguimos sin un gobierno fuerte, los separatistas aprovechan la situación para ir avanzando en su camino hacia la independencia y que el comunismo, especialmente en Cataluña y, dentro de ella, en la Barcelona gobernada al estilo soviético, por una alcaldesa formada en las guerrillas urbanas y experta en saltarse las leyes en su condición de agitadora profesional, con amplia experiencia en incumplir las leyes y, ahora que está en el poder, en promulgar las normas municipales que más se ajustan a lo que, para ella, debería ser una ciudad dominada por los okupas, manteros, antisistema y demás libertarios; en la que los derechos de los ciudadanos y el propio derecho de propiedad, son puestos en cuestión, aunque ello se lleve a cabo en contra de las leyes estatales y de la propia Constitución española.

No obstante, aparte de que la situación social da la sensación de que ha entrado en una fase de reivindicaciones difíciles de conceder; es evidente que toda esta situación de incertidumbre, desconfianza, retracción de la inversión y temor de que pudiéramos entrar en una época de involución y de crisis, bajo un gobierno reformista de carácter filocomunista, está creando una psicosis en la ciudadanía que pudiera llegar a dar al traste con todo lo que se ha avanzado durante estos cuatro años de gobierno del PP, si es que, una parte importante de la población española se dejara convencer por los vendedores de espejismos, que parecen dispuestos a no cejar en su empeño de llevarnos a los españoles a una república, de las que tanto se han prodigado entre las naciones hispanoamericanas y que tan letales han sido para aquellos pueblos que se dejaron seducir por la oratoria revolucionaria y que, como siempre ha sucedido con estos regímenes comunistas, acaba por dar al traste con toda la riqueza del país, despilfarrando las reservas y conduciendo a sus ciudadanos a la pobreza y a la miseria absolutas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos que esta España, que tantos años ha sido capaz de mantenerse ajena a las situaciones peligrosas que suponían los conflictos de las naciones de nuestro entorno, que hemos tenido que bregar en solitario contra terroristas, como ETA, que han mantenido en vilo a nuestras fuerzas de seguridad y que tantos muertos inocentes causaron; sin que realmente tengamos una conciencia clara de las causas que nos han llevado a ella, después de una crisis y una recesión que nos afectaron directamente, especialmente a causa de nuestra burbuja inmobiliaria; fuerzas ajenas, terroristas de la palabra y agitadores profesionales, financiados desde otras partes del mundo o resentidos de entre los nuestros propios conciudadanos, han emprendido una campaña con la que pretenden destrozar nuestra democracia, destruir nuestras instituciones y acabar con nuestra Constitución, como un medio de crear descontento, provocar resentimiento, enfrentar a los españoles unos contra otros y, en último término, apoderarse del poder para establecer una nueva república a semejanza de las repúblicas bananeras revolucionarias que ahora, pasados los años, ya empiezan a encontrar detractores en aquellos países en que fueron acogidas como el remedio a aquellas dictaduras corruptas que los mantenían en la miseria. Lo malo es que, los que sustituyeron a aquellos caciques corruptos, han terminado por igualar o, en ocasiones, sobrepasar en maldad, egoísmo, mal tratos y despotismo a aquellos que destronaron de sus poltronas para acabar imitándoles, perpetuándose en el poder, para seguir aprovechándose de aquellos a los que prometieron ayudar. Y es que señores, como dice el saber del pueblo: no aprendemos de la escuela, sino de la vida.


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La virtud de no dar
Isabel San Sebastián ABC  11 Octubre 2016

Contra el vicio de pedir, dice nuestro sabio refranero, está la virtud de no dar. Un consejo que el Gobierno de la Nación habría de seguir a pies juntillas, y sin embargo ignora, en lo concerniente al separatismo catalán. Porque ellos no cejan, siguen a lo suyo, erre que erre, desafiando el ordenamiento jurídico junto con la paciencia de los españoles, generosamente financiados por el contribuyente al que pretenden robar una parte irrenunciable de su propiedad.

Bajo el estruendo de la crisis socialista, el bloqueo político que no termina de despejarse, la incógnita sobre si volveremos a las urnas en diciembre y los dimes y diretes cruzados entre «pablistas» y «errejonistas» que tanto cautivan a las televisiones, ha pasado prácticamente desapercibida la última bofetada del Parlamento de Cataluña a la Constitución. La enésima ofensa al principio de soberanía. La convocatoria formal de un referéndum de autodeterminación para el año próximo, votada a instancias del presidente de la Generalitat con el beneplácito de la primera autoridad de la Cámara, pese a la advertencia expresa del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de dicha resolución. O sea, un peldaño más en la escalada de provocaciones que llevamos años soportando, impotentes.

Ateniéndose a la máxima de «no corráis, que es peor», el Estado de Derecho representado por gobernantes y miembros del Poder Judicial ha hecho exactamente nada. Nada significativo. Nada susceptible de disuadir a los sediciosos de su conducta reincidente. Nada comparable a la magnitud de su descaro. Ni en el plano penal, ni en el económico, ni en el legislativo, ni en el político ni mucho menos en el educativo. Nada de nada. Ni cárcel, ni multas dignas de ese nombre, ni cierre de grifos, ni utilización de los medios de comunicación públicos para contrarrestar con argumentos fundados la demagogia que se difunde a través de los controlados por ellos ni recuperación de competencias en materia de enseñanza con el fin de revertir el proceso de intoxicación con el que se envenenan mentes juveniles a base de victimismo y mentiras históricas. «Res de res», que dirían ellos.

Artur Mas, gran timonel de la nave lanzada al abismo independentista el 9-N-2014, ha sido condenado a una inhabilitación política que ya había sufrido en la práctica de manos de la CUP, aliada de sus correligionarios. Carme Forcadell, responsable personal del último desacato, se enfrenta a la mera amenaza de una actuación de la Fiscalía que podría tardar lustros en producir efectos concretos. Carles Puigdemont, máximo representante del Estado en la comunidad autónoma, alardea pública e impunemente de fumarse un puro con la Carta Magna. Y Oriol Junqueras, líder de la izquierda republicana declaradamente enemiga de la unidad nacional, es el encargado de pagar las facturas de ese aventurerismo con el dinero que pide y recibe del Ministerio de Hacienda. Nada menos que 50.000 millones, euro más euro menos, equivalentes a un tercio del fondo de liquidez autonómica que sufragamos a escote. Deuda emitida con el aval y garantía de todos los españoles, la última vez este verano por un montante de 685 millones. Gastos que hace mucho tiempo deberían haber sido puestos bajo el control directo de la Administración central, sujetos al cumplimiento estricto de la legalidad vigente.

Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, lo cual requiere firmeza, determinación y coraje. A falta de esos atributos, el vicio se multiplica y la virtud desaparece.

ABISMO EN LOS PAÍSES QUE OPTARON POR GOBIERNOS ALTERNATIVOS
¿Cómo va el cambio? De momento, muy mal
En Grecia, Syriza ha recortado pensiones y ha subido impuestos. En Portugal, el crecimiento se reduce y la inversión desaparece. En las comunidades del cambio como Navarra, esa transformación se ha traducido en más impuestos, menos recaudación y más paro. Incluso más allá del charco, el que fuera denominado cambio social apenas se mantiene en pie allí dónde aún gobierna
Pedro Ruiz Estrella Digital 11 Octubre 2016

Uno a uno, los reductos de la izquierda menos moderada se precipitan al abismo. Grecia, aquel lugar del sur de Europa dónde arrancaba el cambio, ha recortado pensiones y ha subido impuestos. En Portugal, el crecimiento se reduce y la inversión desaparece. El cambio anterior, más moderado, en Italia o Francia tiene a ambos países estancados pese al ‘viento a favor’ que hay en Europa.

Incluso más allá del ‘charco’, van claudicando: Venezuela se tambalea como un zombie. Ecuador ha pedido oficialmente un rescate a las mismas instituciones a las que se enfrentaba. En Brasil la corrupción y el desastre económico han consumido el llamado cambio de los trabajadores. Por último, en Argentina ha perdido todo el poder tras el asolador paso de los Kirchner.

Una y otra vez la misma historia. Como las olas contra las rocas, los principios más extremos no se pueden mantener en el tiempo. Ni crecimiento económico, ni mejora de la renta, ni mejora en el empleo, hasta el momento el denominado ‘cambio’ sólo ha sido eso, pero a peor.

Ya nadie se acuerda de Grecia
Dos días antes de acabar 2014, Pablo Iglesias exclamaba exultante: “El cambio empieza en Grecia”. 649 días después, las fuerzas de seguridad de Grecia dispersaban una manifestación de pensionistas con gases lacrimógenos. Los Presupuestos de 2017 certificaban lo que se había puesto encima de la mesa en mayo, Syriza recortará las pensiones hasta un 30%.

No toda la culpa es de Syriza, aunque tiene una importante responsabilidad en la situación. El problema es que el sistema no era sostenible: Con una edad de jubilación de 57 años –mucha gente lo hacía a los cincuenta- el gasto ascendía a un 17% del PIB. Insostenible a todas luces, por ejemplo en España es algo inferior y el déficit ronda el 11%.

A Syriza se le puede culpar de que el país no haya avanzado. En 2014, el año antes de su entrada, Grecia crecía al 0,7%, y la Comisión Europea preveía que para 2015 creciera un 0,5% y un 2,9% en 2016. La realidad es que en 2015 el PIB se contrajo un 0,2% y en 2016 la contracción puede rondar el 0,3%, según la misma Comisión.

En el año y medio de Gobierno de Syriza el paro se ha reducido –según datos de la EPA- un 5,6%. En el mismo periodo anterior, con el anterior Gobierno, la reducción fue del 6,8%. Es decir, que con Syriza en el Gobierno el paro se reduce un 17% más lento. Además, en 2015 el salario medio cayó en 154 euros, mientras que entre 2012 y 2014 creció en 210 euros. Curiosamente, el gasto militar es de lo poco en lo que si se ha aumentado, un 2,6%.

Portugal camino del segundo rescate
La unión de socialistas, marxistas-leninistas y ecologistas que han traído el cambio al país luso no ha cuajado económicamente. El nuevo Gobierno no solo ha conseguido empeorar las cifras del país, sino que amenaza con hacerlo de manera virulenta. La directora del Consejo portugués de Finanzas Públicas (CFP), Teodora Cardoso, alertó de que “la estrategia presupuestaria del Gobierno no funciona”.

El organismo ha detectado un empeoramiento económico que ha rebajado las previsiones de crecimiento del 1,7% al 1%. Cifra considerablemente inferior al 1,6% de 2015 y del 1,8% que se preveía para este. Además, Cardoso alertó de que la inversión caerá un 0,3% en 2016, frente al crecimiento del 3,1% que se preveía.

Los demás datos de la economía lusa tampoco acompañan. La evolución del PIB per capita en el segundo trimestre de 2016 se redujo una décima, la primera bajada desde el primer trimestre de 2014. La tasa de parados, medida por las oficinas de empleo portuguesas, se redujo un 9% entre diciembre y julio de 2015, frente al 9,6% en el mismo periodo de 2015.

Por último, el índice que mide la verdadera evolución del consumo, las ventas minoristas, acumula un descenso en lo que va de año del 9,4%.

El cambio de Navarra
El cambio para la comunidad autónoma llegaba de la mano de Bildu junto a Geroa Bai con la ayuda de Podemos e Izquierda-Ezquerra. Desde entonces, en la región se pagan más impuestos, pero se han reducido ingresos, hay más gasto, hay más paro y el número de empresas creadas es menor.

El informe “El cambio llega a Navarra”, elaborado por Ángel Martínez para el 'think tank' Civismo era demoledor. El nuevo ejecutivo acometió una reforma fiscal que ha supuesto subir el IRPF para los sueldos superiores a 19.500 euros. Un mileurista paga hasta 436 euros que un madrileño, y la diferencia sobrepasa los 500 euros para una familia con renta de 16.000 euros y dos hijos.

La reforma, sin embargo, no sólo no ha recaudado lo esperado sino que ésta ha caído. Hasta el mes de abril, la recaudación cayó un 1% frente al aumento de 127 millones que se preveía en 2016. Además, los gastos han crecido un 5% con lo que se ha eliminado el superávit.

El cambio tampoco ha sido mejor para los parados. Cuando la alianza de izquierdas llegó al poder, la tasa de paro medida por la EPA era del 12,55%, la última encuesta publicada dejaba dicha tasa en el 13,3%. Además, la decisión de mantener el tipo de sociedades más alto que el resto de España se ha traducido en una creación menor de empresas y una mayor salida de las que hay.

Josep Bou:
‘Puigdemont miente, está escondiendo los efectos del procés’
El presidente de 'Empresaris de Catalunya' advierte en GACETA.ES sobre las negativas consecuencias del delirio separatista. También alertan de ellas desde una agencia de rating alemana.
Rosalina Moreno gaceta.es  11 Octubre 2016

“Cuando Puigdemont vende que el ‘procés’ no afecta a la marcha de la economía, está manipulando los datos para esconder los efectos empresariales de la secesión”. Así lo advierte en GACETA.ES, el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ante la constante negación del president catalán de que el procés esté influyendo negativamente en la economía catalana. El separatista lo aseguró el pasado miércoles en el debate de política general, donde también tiró de populismo para ganarse a los radicales de la CUP, y lo ha vuelto a afirmar en su reciente visita a Madrid.

Puigdemont niega que en Cataluña haya fuga de empresas. Todo lo contrario, dice que “lidera la creación de compañías del Estado desde el 2012, año del inicio del procés”. Vende que en 2015 se produjeron más fugas de empresas en Madrid que en Cataluña, y que se perdieron 815 domicilios fiscales frente a 1.035 de la capital.

Además, cuenta que entre enero y agosto del 2016 se han creado 16.000 compañías; que el PIB catalán está creciendo a mayor ritmo que la media española; que “desde 2008 Cataluña vende más al mundo que a España”; y que la comunidad “lleva 5 años mejorando las exportaciones”. Asimismo, defiende la creación y extensión de las ‘embajadas’ catalanas. “Por cada euro que invertimos en las oficinas de exterior obtenemos 49% en exportaciones y 26% en inversión extranjera”, sentencia.

Por su parte, Empresaris de Catalunya recuerda al president catalán que hasta el 87% de ellos se plantearía trasladar su negocio fuera de Cataluña si el Govern continúa con su proceso de ruptura del resto de España. Según una encuesta que la plataforma ha realizado entre sus casi 400 socios y simpatizantes, ni uno sólo ve viable política y económicamente el proceso de desconexión, y el 98% cree que éste ha afectado a la reputación de Cataluña en el resto de España y en la UE.

Josep Bou también informa de que la inversión extranjera ha caído hasta junio un 62% en Cataluña y ha crecido en Madrid; y que en el primer trimestre del año Cataluña apenas consiguió atraer uno de cada seis euros de inversión extranjera en España. Además, advierte de que ningún empresario, nacional o extranjero, invertirá en Cataluña en los próximos meses o años, a no ser de que vuelva la cordura, el sentido común y el respeto a la legalidad.

Bou, un empresario con intereses en diversos sectores, considera que "si la Agencia Tributaria de Cataluña acaba asumiendo todas las competencias en materia fiscal y tributaria, a diferencia de la española, no actuaría de forma "profesional", sino de forma "sectaria", "haciendo la vida imposible" a empresarios como él, que han alertado de los perjuicios de la independencia".

Destaca que las llamadas 'leyes de desconexión', que incluyen una Agencia Tributaria y una Seguridad Social catalana, crean gran inseguridad jurídica, la falsa apariencia de una doble legalidad y como consecuencia, esta política de la Generalitat implica la fuga de empresas y el aumento del paro en Cataluña.

El empresario hace hincapié en que con el ‘procés’ el crecimiento económico de Cataluña ha sido menor de lo que podría haber sido y que las empresas se van a pesar de que la inversión ha crecido en toda España.

“Los datos de fuga de empresas son claros: Según datos del Registro Mercantil, entre los años 2012 y 2015 el saldo en Cataluña es de -1.121 y de +1.543 en Madrid”, resalta.

Más aún, Empresaris traslada al president que la imagen de Cataluña en España y el mundo ha cambiado por la estampa de una Cataluña en crisis institucional generada tanto por el gobierno separatista de Artur Mas y el suyo, como por la dependencia de los anticapitalistas de la CUP, así como por los antisistema de Ada Colau.

"Cataluña hubiera prosperado mucho más en los últimos años y hubiese consolidado su liderazgo en España y Europa si el procés no hubiese generado incertidumbre tanto económica como jurídica, que lo único que han provocado es un freno en la inversión", reprocha Josep Bou a Puigdemont.

La asociación recuerda que para los legisladores y el poder Ejecutivo el ceñirse a la Ley “no es una opción, sino una obligación”. “Podríamos estar creando mucho más empleo y mayor riqueza para todos en Cataluña pero, los intereses de unos, y los delirios de otros, se están anteponiendo al sentido común y al bienestar de todos”, lamenta Bou.

Condena que “los partidos secesionistas estén causando una gran desconfianza entre empresarios e inversores” y hace hincapié en que “las empresas requieren, necesitan, un marco legal claro y estable en el que puedan invertir”.

“Estamos malgastando oportunidades, derrochando recursos y esfuerzos en proyectos que no tienen ningún futuro fuera de la Ley. Cataluña debe sumar y no restar, debe generar confianza y no desconfianza”, añade el empresario, y concluye que ese es el camino para asegurar la inversión y la creación de empleo.
La falta de Gobierno también perjudica al sector

Además, Empresaris de Catalunya denuncia que junto al coctel de insumisión de la Cámara catalana, la falta de gobierno en España también lesiona gravemente los intereses de las empresas catalanas. Reclama una actuación firme de las instituciones del Estado contra el procés y pide a los grandes que pacten de una vez.

Para Bou, “estamos frente a una situación insólita en la que los líderes políticos nacionales parecen no ser conscientes de la fragilidad de los mimbres que permiten el mantenimiento de la recuperación económica ni de la grave situación que vive España como nación como resultado del desafío constante de los separatistas”.

La plataforma reclama una actuación firme de las instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, garantizando los derechos de los catalanes frente a la arbitrariedad de su gobierno autonómico. A la vez, exige sentido de Estado a los grandes partidos y que con la máxima celeridad pacten un gobierno que dé señales claras de estabilidad y proyecto tanto a inversores, como a instituciones europeas, que pueden evitar que la economía y con ella la actividad empresarial entren en un enfriamiento lamentable este otoño, como vaticinan muchos indicadores.
Creditreform advierte sobre las negativas consecuencias

Esta semana también ha salido al paso sobre las bondades que vende Puigdemont la agencia alemana de rating Creditreform, líder en el mercado germano. Califica al Estado español con una nota BBB+, pero expresa su inquietud ante la situación política que vive el Estado con respecto a Cataluña y la incidencia que ello pueda tener en el incremento del PIB.

En un informe sobre la situación económica de España dice textualmente que "si Cataluña se separara del Estado español, esto evidentemente podría tener consecuencias adversas en la calificación del rating soberano ya que Cataluña participa con un 18,9% del PIB y su contribución en el ámbito de la ocupación es del 17,2%”. En todo caso, el informe observa que “a pesar del riesgo existente, la situación política derivada del problema catalán no tendrá como consecuencia la independencia de Cataluña” y lo justifica destacando que “en primer término ello implicaría una vulneración de la Constitución española y por otra parte el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado de manera contundente en diversas ocasiones sobre la cuestión”.


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