AGLI Recortes de Prensa   Viernes 21  Octubre  2016

Del gobierno en funciones al desgobierno en general
José Luis González Quirós  vozpopuli.com 21 Octubre 2016

A propósito de la llamada guerra de los siete años escribía Thackeray, y lo recogía Kubrick en una memorable escena de Barry Lyndon, que sería necesario ser un grandísimo filósofo e historiador para entender sus causas, y que las explicaciones que se habían edificado sobre ella hacían que cualquiera se sintiese mucho menos sabio tras escucharlas que antes de hacerlo. No creo que sea sensato decir nada distinto de la crisis reciente del PSOE, puesto que, por claras que se consideren las raíces de su desconcierto, el desenlace ha tenido todas las características de un disparate. Tal vez sea una concesión excesiva caracterizar como disparate lo que ha sido una descarnada lucha por un poder menguante, a costa de hacerlo todavía menor. Habrá quien pueda considerar razonable la conducta que busca el trozo mayor aun a precio de que el pastel disminuya, un comportamiento típicamente egoísta. Las políticas ficticias frente a la crisis real.

Lo que hace que pensemos en que la situación política tiene mucho de disparate es que todavía nos quedan restos de una creencia, aunque los políticos se empeñen en desmentirla, la idea de que lo que hacen tiene que ver con nosotros, con nuestras ideas e intereses. Pero se podría desafiar a cualquiera a que encuentre un nexo razonable entre el estado de la sociedad española y, por ejemplo, la bronca de los socialistas, pero también hallaríamos esa misma disonancia entre casi cualquier causa de los partidos y el interés general. De esa separación trata de nutrirse Podemos, lo que, de prosperar, acentuará la esquizofrenia, pues será difícil encontrar a nadie que realmente espere que estos elementos arreglen nada como no sea después de estropearlo todavía más a fondo y con la absurda esperanza de que alguno de ellos tuviese una solución que jamás ha tenido el menor interés en explicarnos. Entendida la política como el arte de agigantar y deformar los problemas, los podemitas no tienen precio, pero si alguien buscara soluciones en sus proclamas se encontraría con que un océano de palabras oculta el desierto de las ideas.

El Gobierno provisional que viene
En pocos días pasaremos de un Gobierno en funciones a un Gobierno provisional, a un Gobierno de una minoría política que se ha constituido por dos circunstancias adversas, por su incapacidad, si bien no sólo suya, para tejer alianzas suficientes, y por la impotencia del resto para aunarse, pese a representar a una mayoría de electores contraria a prorrogar a don Mariano. Estamos ante una muestra evidente de división, de desunión, de incoherencia y cabe preguntarse si, con estos protagonistas, alguien puede vislumbrar una fórmula de arreglo.

Vivimos en un momento en el que todo se debe no a los aciertos sino a los errores, en un momento sin política, porque la política no es dividir y enfrentar, sino sumar y colaborar, hacer algo juntos. Si alguien espera que el Gobierno provisional que viene arregle algo, esperará, casi sin duda, en vano. Me temo que nada pueda empezar a arreglarse mientras no haya unos partidos distintos, y eso quiere decir que los existentes tendrán que cambiar, y mucho, de comportamiento, de política, porque no cabe otra. Desgraciadamente, cuando no cabe otra, no siempre se acierta con la salida correcta, esperemos que esta vez no sea así, pero, para empezar, la investidura de Rajoy parece un mal presagio, especialmente si trae consigo su continuidad forzada al frente del partido al que ha reducido a la nada, de ese PP exangüe y sin horizonte que todavía preside y cuya entrega a un estatismo burocratizado está en la raíz del carajal político en el que el centro derecha ha perdido la mayoría tras renunciar a cualquier identidad, y en el que hasta los más avisados dan abrazos a las farolas mientras repiten eslóganes cada vez más elementales y antipolíticos.

Que las cosas no le van bien a casi nadie, no solo a los más débiles, es la consecuencia evidente de una larga crisis en la que, aunque pueda no ser tan obvio, las políticas públicas se han convertido en parte del problema mucho más que en la clave del remedio. El aumento de la deuda hace evidente que los recortes que han existido se han hecho con criterios de mera contabilidad, en honor a la apariencia, no con planes serios de reforma, como lo prueba que el Gobierno Rajoy haya aumentado en el último año de su mandato el número de funcionarios y disparado el gasto público. Claro es que, para nuestra desdicha y su gozo, en lo único en que están de acuerdo todos los partidos es en no aminorar el ámbito de sus poderes, sus séquitos y sus prebendas, y tratan de hacerlo sin que nos demos cuenta o ganando nuevos sectores clientelares, mientras atizan el miedo de los más perjudicados hasta que se crean el catecismo que dice que con otros sería todavía peor. Tan de acuerdo están en gastar a manos llenas, que todas sus acusaciones se reducen a decir que los demás gastan poco y que lo mucho que gastan lo gastan mal, en eso siempre hay acuerdo completo.

No volverá a existir política en serio hasta que, quien debiera hacerlo, les diga a los españoles que hay que dejar de esperar el maná y hacer bien las cuentas de a cómo nos sale el sucedáneo, pero si quien debiera hacer eso se une, como se ha unido, al coro milagrero del gasto público, no quedará otra querella pública que el “y tú más”, como argumento para quitarle el sitio al otro, lo único que importa. Con esa manera de entender el reparto de poder lo que resulta es mayor división, mayor descontento, mayor pérdida del sentido de la realidad, y, justamente en esas, se crecen los logreros, los que fueron llamados por el partido de la seriedad a mermar la renta de sus adversarios tradicionales, gran jugada que todavía no ha terminado de rendir sus frutos, mientras se sigue aumentando la deuda como manera de acabar con la crisis, ya dijo Zapatero que la política nada tiene que ver con la lógica.

Rajoy tiene un plan
Hay que reconocerle a Rajoy la habilidad o la suerte de ganar mientras pierde. Revestido de la grandeza del que, finalmente, no aplasta a su rival, se dispone a gobernar de nuevo, a hacer lo que sea, arte en que ha probado una maestría poco común. No sería de extrañar que, puesto que dirá que no le dejan gobernar, espere a dar su golpe maestro en un momento inmediato, aunque sus planes no suelan ser de gran envergadura. Pero unas elecciones cara a cara con el demonio es una tentación que va a rondarle. Mientras tanto hará tiempo para que se despejen los tribunales, que, aunque nunca sean demasiado agudos, siempre pueden sorprender al más pintado con un imprevisible. Una vez demostrado en sede judicial que nada tenía que ver con ninguna correa, puede que procure ganar peso para que el segundo round judicial acabe también del mismo modo, porque, como dijo genialmente El Mundo Today, la verdad es que Rajoy no conoce a nadie del PP.

Alsasua
Que los políticos se las arreglan para no hacer nada que nos una se hace obvio en su interés en lo que nos separa, y especialmente, por su empeño en que las llamadas tensiones territoriales, en las que un porcentaje muy amplio se debe a la mezcla de ambición y parvedad de los políticos locales, sean incesantes, no vayan a quedarse unos y otros sin tan sutil argumentario. Ese foco purulento de enfrentamiento civil parece como si les rindiera más en estado natural que de cualquier otro modo, porque creen que todo lo que puede pasar es que algunos bárbaros asomen la patita a costa de unos guardias que estaban tomando cañas, intolerable agresión. Lo de Alsasua ha sido una oportunidad espléndida para que los políticos se luzcan con sus condenas, y para que los que prometen el cielo recuerden que, con ellos, no habría cuerpos represivos. Puede que no se pase mucho de ese nivel de cobardía agresiva, pero la política imperante, en su descarado desentendimiento de lo que se necesita, está haciendo mucho más de lo conveniente para que los anormales crean que les irá mejor no estando quietos, porque los que reparten credenciales de respeto a los derechos humanos y se mezclan astutamente con lo peor de cada casa, viven y seguirán creciendo a costa de esa política que no sirve sino para repartirse escaños y poltronas, sin nada que ver con lo que debiera importarles.

Lo que se torea en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 21 Octubre 2016

Si la portavoz y consejera de Presidencia, Neus Munté, advertía hace dos semanas de que la Generalidad no obedecería al Tribunal Constitucional en caso de que levantara la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, los portavoces de las formaciones secesionistas del Parlamento autonómico, así como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el consejero de Territorio, Ramón Rull, no han querido este jueves perder la oportunidad de reiterar su compromiso de hacer caso omiso a la sentencia del TC el mismo día en que el Alto Tribunal ha hecho público su pronunciamiento.

Dado el continuado delito de desobediencia que los secesionistas vienen perpetrando impunemente contra todas y cada una de las leyes y sentencias contrarias a su proceso liberticida, sería un poco ingenuo pensar que las cosas iban a ser distintas en este asunto. Lo lamentable en este caso ha sido ver cómo formaciones supuestamente no separatistas, como Podemos o el PSC, han dado su apoyo a los rupturistas en su determinación de convertir en papel mojado otra sentencia del TC.

Apelando falazmente a los inexistentes derechos de los animales, los nacionalistas y sus tontos útiles cercenan la libertad de los catalanes cuando esta se traduce en lo que culturalmente los asemeja a los demás españoles. Los antitaurinos tienen todo el derecho a ignorar a los aficionados a los toros, pero no tienen derecho alguno a ignorar lo que digan las leyes y las sentencias de los tribunales.

En cualquier caso, de poco sirven las sentencias y las leyes cuando no se cumplen ni se hacen cumplir, por lo que no sería de extrañar que ésta quedara "sin efectos prácticos", tal y como ha señalado la liberticida Ada Colau y como viene sucediendo con las sentencias destinadas a preservar el derecho a estudiar en español en Cataluña o a impedir ilegales referéndums de independencia. Mientras no haya en España un Gobierno –no por nada denominado Poder Ejecutivo– dispuesto a ejecutar y hacer cumplir lo que dictamine la Justicia, lo único que se va a seguir toreando en la Cataluña tercermundistizada por los separatistas son las leyes y las sentencias.

Tanques con cuernos
Ignacio Camacho ABC 21 Octubre 2016

LOS independentistas catalanes llevan tiempo esperando ver un carro de combate por la esquina de la Diagonal, pero para desengaño de su tradicional victimismo sólo se personan oficiales de juzgados. Así que no les queda otra que presentar a los funcionarios de Justicia como soldadesca opresora del pueblo cautivo, que ya es un ejercicio de imaginación sólo apto para crédulas mentalidades de pensamiento mágico. Pese a todo lo intentan; Tardá ha hablado alguna vez de «violencia judicial» y los altos cargos de la Generalitat invocan sus procesamientos por desobediencia como testimonios de voluntad inmolatoria al servicio del destino manifiesto. Aunque parezca difícil de creer en una sociedad desarrollada, hay millones de ciudadanos que les compran esa mercancía intelectual tan fraudulenta y averiada.

En ese marco de raciocinio infantil, la sentencia que anula la prohibición de las corridas de toros constituye para el nacionalismo la viva representación de la tiranía españolista. Una especie de tanque con cuernos enviado por Madrid para sojuzgar la emancipación de su zarpa folclórica. Ahí es nada: la caspa castellana imponiendo sus castizos estereotipos culturales para humillar la sofisticada sensibilidad de la pujante nación catalana. Una división de toreros y gitanitas marcando el paso de la oca en Montjüic mientras brigadas de caballería de picadores se despliegan por el paseo de Gracia. El cuadro imaginario perfecto para el gran decorado de la propaganda.

Poco importa que la ponente del Constitucional sea una magistrada catalana apoyada por CiU y condecorada por Pujol. Traidores hay en todas partes y los procesos de secesión siempre se han combatido con colaboracionistas y mercenarios. La abolición de la lidia, recubierta de modernidad animalista, fue decretada con un potente sentido alegórico de desconexión cultural: no había mejor paradigma de ruptura con la tradición española. Por las mismas, su revocación representa en el imaginario del independentismo un acto de supremacía invasora. Las cuestiones de competencias son fárrago leguleyo; ¿qué les puede concernir el respeto del orden jurídico a quienes consideran que unas urnas de cartón encauzan la libre expresión de una voluntad soberana?

En cualquier caso, los toros no van a volver de ninguna manera a Cataluña. En el laberinto competencial de autonomías y ayuntamientos hay suficiente letra pequeña para mantener en vigor el dicterio prohibicionista. Y si no la hubiese da igual: el desacato se ha convertido en el procedimiento rutinario de un sistema político quebrado de lógica. Ni siquiera volverá un mínimo de sentido común en una opinión pública definitivamente trastornada por la machacona matraca del pensamiento hegemónico. Ha llegado un triste momento en que el Estado sólo puede conformarse ante la sinrazón con el magro consuelo de que la ley prevalezca en un plano simbólico.

Campus de batalla.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 21 Octubre 2016

Si hay un concepto que es algo discutido y discutible, como decía el prescindible y olvidable Zapatero, es sin duda la tan manida y recurrida “libertad de expresión”. ¿Tiene límites o puede expandirse libremente como el Universo? ¿En el concepto de “expresión” se incluyen todos los tipos y formas además de la palabra hablada o escrita como por ejemplo expresiones corporales y ocupación de espacios bloqueando accesos? Me temo que, como siempre, pueden existir multitud de interpretaciones y matizaciones que resulten incluso contradictorias. Pero hay algo que supongo que es esencial, una vieja expresión de que la libertad de uno termina donde comienza la de otro. Es una especie de choque de burbujas de libertades como la máxima universal de que dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.

Hace escasas horas hemos vuelto a asistir a un lamentable espectáculo en la Universidad Autónoma de Madrid protagonizada, parece que de modo premeditado y coordinado, por supuestos universitarios. Un nuevo “escrache” convocado para impedir precisamente la intervención de dos conferenciantes, Juan Luis Cebrían y Felipe González, invitados por la Universidad para dar unas charlas. Un atentado contra esa libertad de expresión en forma de algarada ruidosa de un conjunto de jóvenes encapuchados y con caretas, que acompañaron con insultos vejatorios amparados en el anonimato. Desde luego los convocantes eran todos de agrupaciones, grupos y células varias de la extrema izquierda radical, justo allí donde se gestó el nacimiento de PODEMOS.

Lo peor de todo es que estos facinerosos radicales consiguieron sus objetivos, principalmente por una Ley que impide, si no es con autorización del Rector de la universidad, acudir a devolver la normalidad violentada por estos grupos anti democráticos. La responsable de la seguridad reconoció, en una entrevista telefónica en el programa de 13TV el Cascabel, la falta de medios para cumplir con esa misión. Sin embargo, rechazó permitir la entrada de las FFyCCSE que se encontraban a la puerta mandadas por la Delegación del Gobierno, con la excusa de evitar males mayores y garantizar la seguridad de sus invitados que, finalmente, salieron del recinto por zona segura anulando las conferencias previstas. Y eso, según declaraba, tras un intento infructuoso de diálogo con los convocantes de ese escrache del que hacía tiempo conocían y no hicieron nada por impedirlo.

Algo está mal en la Universidad española donde jóvenes radicales pueden campar a sus anchas asaltando capillas y profanándolas desnudos, lanzando consignas soeces, sin que ni las Rectorías intervengan ni se apliquen sanciones contra los manifestantes y responsables. Una Universidad, esos “templos del saber” como algunos cursis definen, no pueden ser campo libre para escraches, manifestaciones violentas y refugio de agrupaciones de corte político que actúan como auténticas escuadras violentas, al más puro estilo nazi, coordinadas en plan guerrilla urbana. Una Universidad no puede ser una isla donde los rectores sean señores feudales que impongan sus ideologías y su condescendencia con los movimientos estudiantiles que les son afines y a los que protegen.

No es admisible en democracia decir que ese escrache violento, que desgraciadamente se ha ido repitiendo en anteriores ocasiones como la protagonizada por el propio Pablo Iglesias contra la conferencia de Rosa Díez, es solo una “protesta de estudiantes”. En primer lugar porque la protesta fue realmente un escrache violento en el sentido de que impidió el libre desarrollo de un acto, similar a interrumpir a un catedrático una clase en su aula. Se violó la libertad de asistencia al acto por impedir físicamente el acceso y proferir amenazas e insultos contra los conferenciantes. En cuanto a lo de estudiantes, no se puede asegurar tal cosa, ya que la inmensa mayoría iban encapuchados y ocultos bajo unas máscaras que supuestamente representaban a víctimas de lo que llamaban “terrorismo de Estado”.

PODEMOS, comenzando por su radical líder Pablo Iglesias, ha justificado esa manifestación, diciendo que “muestra salud democrática”. Nada de extrañar cuando Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados hizo una alusión directa al PSOE en cuanto a estar manchado con cal viva, en clara referencia a los asesinatos de Lasa y Zabala y e descubrimiento de sus cadáveres parcialmente descompuestos con esa sustancia. Precisamente, Pablo Iglesias no es el más adecuado para hablar de democracia vistos sus antecedentes como asesor de regímenes dictatoriales como el de Venezuela o sus relaciones de interés económico con el de Irán, ni su personal forma de dirigir y controlar su partido y a los disidentes, ni de alguien que incita a sus partidarios a tomar las calles y transformarlas en espacio del debate político como extensión del Parlamento. Ya no les basta con rodear el Congreso,o concentrarse infiltrando activistas frente a las sedes de otros partidos, ahora pretenden ocupar todo el espacio público.

PODEMOS ha sembrado la crispación y está teniendo respuesta allí donde nació, en la Universidad. Es deber del Gobierno y sobre todo de los diferentes Rectorados imponer la Ley devolviendo a las universidades su esencia de formadores de personas para la sociedad y no permitir que activistas violentos condicionen la vida universitaria.

¡Que pasen un buen día!

Digan lo que digan
José María Albert de Paco Libertad Digital 21 Octubre 2016

La sentencia del TC supone un triunfo de la democracia frente al antiespañolismo. Se trata, no obstante, de un triunfo simbólico.

La sentencia del TC que anula la prohibición de las corridas de toros en Cataluña supone un triunfo de la democracia frente al antiespañolismo. Se trata, no obstante, de un triunfo simbólico. Sobre todo por tardío.

El dictamen llega más de seis años después de que el Parlamento aboliera la fiesta, esto es, cuando ya su extinción es irreversible. Para empezar, haría falta un empresario que se atreviera a desafiar al Gobierno de la Generalitat, que ya ha advertido, por boca de Josep Rull, de que los toros no volverán a Cataluña "diga lo que diga el Constitucional". Esa misma expresión, "diga lo que diga el Constitucional", es la que ha empleado Ada Colau, que ha debido de poner la anulación en la pila de las sentencias injustas, aquellas que son susceptibles de desobediencia. Empieza a ser preocupante, por cierto, cómo cualquier resolución contraria al ambiente merece el desprecio de los ambientistas. Cómo, en fin, cualquier político de medio pelo se declara en rebeldía cuando la ley no casa con sus convicciones, o declara sin ambages, como hoy un tal Terrades, del PSC, que "acompañará a la Generalitat" en la búsqueda de "una fórmula que haga imposible que en Cataluña se vuelvan a celebrar corridas".

Parece improbable, insisto, que los aficionados volvamos a ver toros en Barcelona. A lo sumo, y si aparece algún valiente en el horizonte que arrostre a los rulls, terrades y colaus (no, no creo que sea el caso de ningún Balañá), tal vez pudiera celebrarse un ciclo anual, acaso por la Merced. En previsión, sin embargo, de que nada, ni siquiera la sentencia del TC, restituya la fiesta, no estaría de más que toreros, apoderados, críticos taurinos y cuantos profesionales hayan sufrido los efectos de la prohibición plantearan una reclamación por el dinero que llevan perdiendo desde que no pueden ejercer su oficio. Si la reconversión de un sector industrial se resuelve con indemnizaciones a cargo del Estado, cómo una abolición (más, si cabe, una abolición que obedece a escrúpulos políticos, es decir, a un capricho) no habría de resolverse de idéntico modo. Prohibidos están los toros "diga lo que diga el Constitucional", de acuerdo. Ahora bien, que paguen.

ETA derrotada, ETA vencida
La ilusoria creencia de muchos españoles
Manuel Villegas diarioalsigloxxi.com 21 Octubre 2016

Cuando oigo que, por todos lados, se manifiesta que ETA, se encuentra derrotada y vencida, aparte de la indignación que me entra, me acuerdo del chiste sobre un niño pequeño que llevaba dos horas llorando y sus padres desesperados y sin saber que hacer, estaban apunto de sufrir un ataque de nervios.

De pronto el niño se calla y sus padres aliviados dicen: “Gracias a Dios que se ha callado”. El pequeño, al oírlos les contesta: “No me he callado, estoy descansando un poco para tomar fuerzas y seguir llorando”.

Eso es lo que, a mi parecer, está haciendo ETA, descansando para tomar nuevas fuerzas y poder continuar con su programa de terror.

Ciertamente llevamos desde el 2010 sin que cometa ningún atentado, pero considero que no es por falta de ganas, sino porque, posiblemente nuestros Servicios de Seguridad sean unos de los mejores del Mundo, la tienen controlada y se les adelantan deteniendo a sus miembros antes de que realicen cualquier atentado.

El zulo repleto de armas y munición recientemente descubierto al Norte de París, seguramente lo mantenían para, entre ellos, jugar a buenos y malos, o policías y ladrones.

¿Puede asegurar alguien que no tienen más pozos en los que escondan más medios de destrucción: armas, artilugios para fabricar bombas y elementos con los que puedan ocasionar una catástrofe?

Dicen que el recién encontrado era para negociar con el Gobierno francés y español las condiciones que ellos impondrían para un hipotético acuerdo ¿de paz?

ETA estará derrotada y vencida, cuando realmente se deshaga de todas, pero todas, las armas y los medios que tienen para causar desastres; sus miembros se arrepientan públicamente y pongan a disposición de nuestras Policías la información necesaria para descubrir las más de trescientas personas que han hecho desaparecer, seguramente, todos muertos.

¿Alguien piensan que tras la cobarde y rastrera agresión que más de cincuenta “gudaris” (gudaris de m... los llamaba Corcuera) han protagonizado proporcionándole una feroz e ignominiosa paliza a dos guardias civiles de paisano y a sus compañeras, esta gentuza está derrotada?

Al margen de esto me viene una pregunta a la cabeza ¿Dónde han estado y están las asociaciones de feministas que ponen en grito en el Cielo, ante la más mínima ofensa, aunque sea una expresión involuntaria, que pueda ocasionar cualquiera, periodista, político o persona particular?

Lo dicho ¿ETA DERROTADA Y VENCIDA? Vana y quimérica utopía que muchos se empeñan en creer.

Confusión total
Rafael Bardají gaceta.es 21 Octubre 2016

El gobierno está claramente en funciones para lo que quiere. O mejor, para lo que no quiere hacer. Pero para lo que sí quiere, no lo está. El ministro (en funciones) García Margallo, que tanto se queja de que la interinidad del gobierno hace de España una nación marginal en la arena internacional, ha aprobado que España se abstuviera en la votación de la UNESCO que negaba los vínculos del pueblo judío con, precisamente, su capital, Jerusalén.

Yo no sé qué pensaría nuestro ministro de Exteriores (en funciones) si esa organización subsidiaria de la ONU votase que la catedral de Santiago o el monasterio de El Escorial no tiene nada que ver con la Historia y el pueblo español. Pero lo que ha permitido que nuestra delegación en la UNESCO haga es, simple y llanamente, una afrenta a la Historia conocida a la vez que un acto de cobardía política.

Puede que el señor ministro aduzca desconocimiento de lo que se votó el pasado día 13 de este mes o de lo que se va a votar la semana que viene. Pero resultaría tan poco creíble como cuando dio marcha atrás a su orden de abrir un consulado en la Franja de Gaza. La UNESCO, desgraciadamente, lleva meses persiguiendo borrar la presencia milenaria del pueblo judío en su propia tierra. Y el clamor general contra la tergiversación histórica e histérica en la que los palestinos y sus aliados han instalado a la UNESCO, debería haber llegado a sus oídos.

La motivación de estas actuaciones segadas de la UNESCO se basa en una gran mentira: que el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está alterando el statu quo de la Explanada del Templo y, por lo tanto, del acceso a la mezquita de Al Aqsa. Da igual que el propio primer ministro lo haya negado una y otra vez. Y da igual que sobre el terreno nada haya cambiado. De hecho, cualquiera que visite la Ciudad Antigua de Jerusalén sabe bien que el acceso a la Explanada está, de hecho, limitado a todo aquel que no sea musulmán y que su gestión religiosa recae en las manos de Jordania.

Pero las mentiras, como las malas ideas, tienen consecuencias, normalmente pésimas consecuencias. Hace poco más de un año, precisamente justo tras que la Autoridad Palestina denunciase la falsedad del cambio de estatus, arrancó toda una oleada de ataques terroristas, la mayoría de jóvenes que decidían atacar a cualquier judío con cualquier método a su alcance, desde cuchillos de cocina a atropellos con coches, bajo la creencia de que Israel estaba ocupando y cerrando el acceso a uno de sus lugares sagrados. Que no fuera verdad, era lo de menos. Suficiente para impulsar una cadena de ataques que, aunque han disminuido, todavía no han cesado.

¿Qué espera el ministro (en funciones) García Margallo pueda ocurrir cuando la UNESCO adopte que el Muro de las Lamentaciones ya no se puede denominar de esa manera y que pasa a llamarse “Buraq Plaza”?

Con Felipe González España corrigió un error histórico y se acabó por entablar relaciones diplomáticas bilaterales con el Estado de Israel. Bajo el presidente Aznar, España e Israel se acercaron más que nunca, tanto con primeros ministros conservadores, del Likud, como laboristas. Zapatero optó por vestirse la Kefiya palestina y España dejó de contar en la zona. El primer Gobierno de Rajoy heredaba una mala situación que fácilmente podría superarse y mejorarse. Pero no lo hizo. Supongo que en parte habida cuenta de la dejadez con que el Presidente Rajoy aborda todos los temas internacionales y también debido a la filosofía personal del ministro de Exteriores.

Franco decía que a España la unía al Mundo Árabe una relación especial. No sé si García Margallo iría tan lejos en sus afirmaciones, aunque a más de uno de su departamento he oído contar que la política española hacia el Oriente Medio pasaba irremediablemente por el contrato estrella del AVE a la Meca. Esto es, que cualquier cosa que pudiera poner en peligro nuestra relación comercial con el reino de Arabia Saudí, era desechable.

Pero el Oriente Medio no es algo tan simple como mucho tienden a pensar. Por ejemplo, España abrazó con entusiasmo el acuerdo nuclear con Irán, apadrinado y negociado por Obama y aceptado por las grandes potencias europeas. Y, sin embargo, el gran opositor a Irán en la región no es otro que Arabia Saudí. ¿No piensa el señor ministro (en funciones) que el impulso comercial español con Irán molestaría a los saudíes?

Sé que la realidad nunca es perfecta y casi siempre es compleja. Tanto como para que cuando García Margallo se llevó las manos a la cabeza al saber que Artur Más, entonces President de la Generalitat, iba a realizar una visita oficial a Israel y que pensaba mantener un encuentro con su primer ministro, tuviera que pedir la mediación de expresidente Aznar para impedir dicho encuentro. Al menos eso es lo que cuenta el periodista Ignacio Cembrero en un reciente artículo.

En fin, todo esto se quedaría en un lamentable sainete si no fuera por la carga de profundidad que supone negar la Historia. Ya lo henos hecho recientemente en esa Europa que tanto ama el ministro García Margallo: fue siendo él miembro del Parlamento Europeo, cuando nuestros próceres borraron toda mención a las raíces cristianas de Europa del prólogo de la denominada Constitución Europea. Hoy se empieza por decir que Jerusalén y el pueblo judío no tienen nada que ver y mañana oiremos que Al Andalus nunca ha sido España. El ministro de exteriores quien es una persona apegada a la Historia (al menos en lo tocante a Gibraltar) debería poner freno a esa línea contraria a todo, empezando por nuestros intereses nacionales. Y para ello debería dar nuevas instrucciones a nuestra delegación ante la UNESCO. Que puede aunque esté en funciones.

El Tribunal Constitucional levanta la prohibición de los toros en Cataluña
Considera que invade competencias del Estado, al haber sido la fiesta nacional declarada patrimonio cultural
Europa Press La Voz Libre 21 Octubre 2016

Madrid.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado, con el voto favorable de ocho de sus miembros el artículo 1 de la Ley catalana que prohíbe las corridas de toros porque invade la competencia del Estado, al haber sido la fiesta nacional declarada patrimonio cultural. Otros tres magistrados han votado en contra y formularán un voto particular, han informado fuentes del órgano de garantías.

En su resolución, el TC señala que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y también para proteger a los animales, por lo que esta circunstancias por si sola no convierte en inconstitucional la ley catalana.

Así, la competencia sobre espectáculos públicos podría incluir la prohibición de las corridas con el fin, como es el caso, de proteger a los animales. Pero en este caso hay que tener en cuenta que la tauromaquia ha sido declarada por el Estado patrimonio cultural, razón por la que la prohibición invade competencias estatales en materia de cultura (artículos.1.28 y 149.2 de la Constitución.

El Estado dictó dos leyes, una en 2013 y otra en 2015, que no fueron recurridas ante el TC, con las que los declaró patrimonio cultural inmaterial, recuerda la sentencia dada a conocer este jueves.


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'Koleta borroka'
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 21 Octubre 2016

Dos días después de que Pablo Iglesias, en un mitin en Malasaña ante doscientos incondicionales en el que reivindicó la violencia callejera frente a la democracia parlamentaria, señalara a González y Cebrián como los responsables de que pueda haber un Gobierno del PP -y que él hubiera evitado absteniéndose en la investidura de Snchz, en vez de votar no con Rajoy-, González y Cebrián fueron objeto de uno de esos típicos actos de matonismo podemita que llaman escraches. Como es natural, ni Iglesias ni los supuestamente moderados Errejón y Maestre han condenado lo que los tres dijes del populismo comunista perpetraron contra Rosa Díez. Lógico: ni creen en la democracia ni dejarán de envilecerla hasta convertirla en dictadura. Pero hay dos datos importantes en el ataque a los dos grandes prebostes de la izquierda instalada en estos últimos treinta años que marcan una diferencia esencial con respecto a otros actos de matonismo similares.

El primero es que el piquete -otros 200, sí- fuera convocado vía Instagram por un círculo podemita y llegara en autobús luciendo capuchas al típico estilo kale borroka, caretas con nombres de terroristas víctimas del GAL -que nadie en Madrid recuerda-, carteles pidiendo la suelta de etarras y aporreando la puerta del Aula Tomás y Valiente, asesinado por la ETA. Iglesias opta por la koleta borroka. Y es lógico: Podemos tiene dos fuentes de poder real: los ayuntamientos que le presta el PSOE y las televisiones que le alfombra el PP. Ataca antes de perderlas.

El segundo es que Podemos sigue la misma estrategia que Cebrián y González diseñaron en 2002 para que el PSOE volviera al Poder. Ante la imposibilidad de ganar en las urnas a Aznar, violencia callejera y ataques a cualquier político o acto del PP, magnificados por una brutal mayoría mediática. Así llegó, a través del Prestige y la Guerra de Irak, el 13-M de 2004, cuando el PRISOE -¡Ferreras en la SER!-, comunistas y proetarras cercaron las sedes del PP en toda España culpando al Gobierno del PP de la masacre del 11-M, que enterró sin juzgar el Gobierno de ZP. Y el del PP.

Que Cebrián y Tigrekán sean víctimas de la estrategia diseñada en El Futuro no es lo que era -objeto de la abortada conferencia, qué coincidencia- es pura justicia poética. Lo trágico es que triunfó entonces y puede volver a hacerlo ahora.
 

Violencia política
Emilio Campmany Libertad Digital 21 Octubre 2016

Tenemos la convicción de que la violencia política es contraproducente. Se supone que recurrir a ella perjudica al partido que participa de la misma ideología que los violentos. Es mentira. Al menos en cuanto a la izquierda y los nacionalismos. Cosa distinta es cuando se pasan. Que la ETA cometiera el error de emplearse con especial crueldad con Ortega Lara o con Miguel Ángel Blanco y eso le restara apoyos no desdice el hecho de que, cuando se limitaba a asesinar agentes del orden, a Herri Batasuna no le costaba un voto.

Se argumenta que el independentismo catalán tiene más posibilidades de éxito que el vasco porque es pacífico. En absoluto. Las tiene porque no es tan violento, porque no recurre al asesinato. Pero claro que es violento. Cuando apalean, insultan, ultrajan, abuchean, zarandean o acosan a alguien por defender cualquier cosa que huela a español, están recurriendo a la violencia. Y esa violencia es rentable políticamente. Vaya si lo es. A nadie le importa lo dejados de la mano de Dios que estén leoneses o murcianos, ni las penas que pasen salmantinos o almerienses. Lo que nos preocupa a todos es lo cabreados que están algunos catalanes porque expresan su cabreo con violencia. Y pensamos estúpidamente que no se comportarían así si no tuvieran una buena razón.

En la izquierda ocurre lo mismo. Las protestas a cuenta del Prestige o la Guerra de Irak tuvieron el efecto que tuvieron en la medida en que emplearon una cierta dosis de violencia. En cambio, las muchas manifestaciones que la derecha hizo contra la negociación con la ETA fueron completamente inútiles por pacíficas. Es cierto que si la derecha recurre a la violencia, por bajo que sea su perfil, lo que defienda quedará automáticamente desautorizado. Pero si es la izquierda la que recurre a ella y no se pasa, los réditos son inmediatos. Los socialistas ganaron las elecciones de 2004 rodeando con violencia las sedes del PP. Zapatero ganó las de 2008 recurriendo al incremento de la tensión, eufemismo con el que se refería, cuando los micrófonos captaron su conversación con Iñaki Gabilondo, a la violencia. Podemos se ha aupado hasta donde está rodeando el Congreso y abriendo la cabeza a los policías encargados de restaurar el orden constitucional. Los escraches se han demostrado extraordinariamente eficaces a la hora de atraer votos. Una vez que es casi segura la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy, Iglesias y los suyos recurren nuevamente a la violencia o aplauden la que emplean los inmigrantes ilegales porque con ella esperan, seguramente con buen juicio, ganar adeptos y votos.

Como ocurre en los partidos de fútbol, el grado de violencia de un partido lo establece el árbitro al fijar el umbral de lo permisible. Porque el equipo que quiere ganar sin recurrir a ella tendrá que hacerlo en la medida en que le esté permitido emplearla al equipo contrario. No le queda otra, porque si se achanta pierde. En este caso, el árbitro es el Estado y su margen de permisividad con la izquierda y los nacionalistas no es todavía peligroso porque la derecha sigue esperando vencer ateniéndose rigurosamente a las reglas del marqués de Queensberry. El día que se convenza de que sólo puede ganar ateniéndose a las permisivas normas que se aplican a izquierdistas e independentistas, tendremos las primeras tanganas. Y la responsabilidad no será tanto de los violentos como de quienes tienen la obligación de imponer el cumplimiento de la ley.

Alsasua (Cataluña)
JOAQUÍN MANSO El Mundo 21 Octubre 2016

El linchamiento contra dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua es un síntoma, y aquí al lado quedó escrito, de que la cultura de la violencia permanecerá mientras los líderes políticos de ese entorno social no emitan un repudio expreso de sus crueldades pasadas pero, principalmente, mientras no reconozcan el Estado de Derecho, que les derrotó ayer hizo cinco años. Dos partidos, además del que representa la causa de aquella jauría, evitaron que las Cortes españolas emitieran una declaración de condena de los sucesos de Alsasua: Esquerra y Convergència.

Era cuestión de tiempo que quienes coinciden en promover la subversión de la Ley lo hicieran también en su silencio cínico frente a una acción violenta. Lo único relevante para los tres es que el enemigo sea el común. Los ciudadanos de Cataluña observen quiénes son los aliados para socavar los pilares de España y comprenderán la altura moral de su empresa: fuera del Estado de Derecho no hay libertad posible.

La excusa de los toros para desobedecer al Constitucional
EDITORIAL El Mundo 21 Octubre 2016

El 25 de septiembre se cumplieron cinco años de la última corrida de toros en Cataluña. Desde entonces, los colectivos que conforman el mundo del toro se marcaron como una prioridad revocar la prohibición de la Fiesta Nacional en esta comunidad por entender que se trata de una violación flagrante de la legalidad. Y ayer, en respuesta al recurso interpuesto en 2010 por el PP, el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que prohibía las corridas de toros. El TC, que adoptó esta decisión por ocho votos a tres, considera que esta norma invadía las competencias del Estado en materia de Cultura. La sentencia reconoce que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales. Pero no para vetar espectáculos que, en el ejercicio de sus competencias, el Estado ha declarado como patrimonio cultural. Tal es el caso de la tauromaquia.

La mayoría de los magistrados del TC subraya que la Generalitat "menoscabó" la competencia del Estado para la "preservación del patrimonio cultural común". De ahí que declare inconstitucional el artículo 1 de la ley aprobada en agosto de 2010 en el Parlamento catalán, que ampliaba la lista de prohibiciones de protección de los animales para "las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal". Este artículo choca frontalmente con la legislación dictada por el Estado, tanto con la regulación de la tauromaquia (2013) como con su declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial (2015). Ambas normas fueron promovidas por el último Gobierno socialista, si bien la dimensión cultural de las corridas de toros ya se había incorporado a las leyes desde 1991.

La decisión del Constitucional fue recibida con una mezcla de alegría y escepticismo en el mundo del toro. Por un lado, la sentencia tumba la prohibición de la lidia en Cataluña, lo que supone un reconocimiento explícito al derecho de los aficionados taurinos en esta comunidad y una victoria moral incuestionable sobre quienes anteponen sus prejuicios a la libertad. Sin embargo, será complicado que el levantamiento de la prohibición se lleve a cabo en la práctica. Primero por las dificultades empresariales que hallará el propietario de La Monumental -la única plaza de toros que queda en Barcelona- y, segundo, por el hostigamiento político y social que sufre la Fiesta Nacional en Cataluña. En este contexto hay que enmarcar la reacción furibunda de las autoridades catalanas tras conocer la decisión del TC.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ya advirtió hace unos días de que tratarían de que la sentencia "no tuviera ningún efecto práctico", algo asequible con el desarrollo de un reglamento ad hoc. Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad, aseguró ayer con rotundidad que "no volverá a haber corridas de toros en Cataluña". Ada Colau tampoco tuvo empacho en decir que impedirá su celebración "diga lo que diga el TC". Y, desde ERC, censuraron que el Tribunal no se haya pronunciado sobre la prohibición de los toros en Canarias. Sin embargo, este argumento no es más que un mendaz subterfugio. Las corridas de toros no están prohibidas en Canarias. Lo que hizo el Parlamento insular en 1991 fue regular la protección de los animales domésticos a través de una norma en la que no se alude al toro bravo, entre otras cosas, porque como dicta la lógica éste no puede considerarse un animal doméstico.

Lo que sí resulta alarmante es que los políticos catalanes hayan convertido en una costumbre su desobediencia a los tribunales del Estado. Es una actitud desafiante impropia de un cargo institucional responsable. Porque, más allá de las posiciones personales, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona deben aceptar que el Parlament se saltó a la torera la legislación en 2010, condenando a la clandestinidad durante seis años a los aficionados y profesionales del toreo en Cataluña. Máxime teniendo en cuenta que aquel veto no incluyó otras fiestas taurinas catalanas -como los correbous-, lo que da una idea de las motivaciones políticas que lo inspiraron. No se trataba de prohibir los toros por una inquietud animalista, sino de zaherir un símbolo que el independentismo catalán considera español, no catalán.

La tauromaquia tiene una presencia indudable en la realidad social de nuestro país. Eso incluye a Cataluña. Así que la Generalitat, además de acatar el pronunciamiento del TC, debería asumir que ir o no a los toros es una decisión que atañe exclusivamente a la libertad de cada uno.

A más corridas, más libertad y más 'Espanya'
Santiago Navajas Libertad Digital 21 Octubre 2016

En Pasión y muerte de la Segunda República, el libro de memorias de Fernando Vázquez Ocaña, la mano derecha de Juan Negrín, hay un pasaje en el que se comenta que, en general, a ningún grupo le fue mal con el advenimiento de la República, salvo a los jesuitas y a los aficionados a los toros. Desde la Constitución del 78, los jesuitas ya no temen la expulsión, incluso ateos como Gustavo Bueno se declaran católicos, pero los taurófilos sí deben temer el exterminio cultural. De hecho, ha sido necesario todo el talento jesuítico para la casuística argumental en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional que dictamina que la prohibición de las corridas de toros por parte de las comunidades autónomas es ilegal.

La pinza entre la irracionalidad nacionalista y el sectarismo animalista llevó a que la Generalitat consumase el ataque contra el símbolo por antonomasia del "Estado español". En Bruch, una localidad de la comarca de Anoia lindando con Lérida, Barcelona y Tarragona, grupos independentistas acostumbran a derribar periódicamente el único toro de Osborne que queda en Cataluña. Su justificación es la misma que, en el fondo, estaba en la mente de los parlamentarios catalanistas contra la Fiesta Nacional:

Inmundicia cornuda española que pretendía ensuciarla (...) el toro [de Osborne] ha caído y, después, ha sido pisado, ultrajado y humillado por los patriotas, que lo han vencido mientras por el horizonte salía un sol de justicia.

Antitaurinos en razón de su antiespañolismo, ya que fiestas nacionales (pero de la nación catalana, claro) como la de los toros embolados ni tocarlas, Ada Colau incluso había censurado unos anuncios publicitarios en los que se informaba de corridas de toros en… ¡Zaragoza! La tormenta perfecta de inquisición nacionalista y mojigatería animalista se había desatado sobre la celebración dionisiaca, vitalista y, ay, españolísima, que diría el ampurdanés Salvador Dalí, el personaje que encarnaba Morante de la Puebla en la imagen censurada por el comité macartista-podemita del Ayuntamiento de Barcelona. Cuando el "odio a la inteligencia" que según José Bergamín caracteriza la animadversión hacia las corridas se ha combinado con el "odio a España", que Félix de Azúa cifra como la esencia del sistema educativo catalán, es de esperar que lo de toreros muertos pase de ser la denominación de un grupo musical hortera al lema de una alcaldía cutre.

Dos vías se podían elegir ante el TC para combatir la prohibición de la tauromaquia. Por un lado, cabía plantear que la libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara también la libertad artística. Y hay una amplia literatura que defiende el carácter artístico del toreo. Bastaría, por ejemplo, adjuntar a la reclamación taurina un ejemplar de La caza y los toros de Ortega y Gasset. Por otro lado, más jurídico, cabía aducir las competencias de cada Administración, la autonómica y la central. El primero sería un debate más bien filosófico. En el segundo dominaría lo legalista. El PP, que es un partido dominado por abogados del Estado más que por estadistas, por tecnócratas en lugar de por políticos de pura raza, se inclinó por el aspecto más formal y, al parecer, ha conseguido que el TC se incline a favor de una parte del Estado español, el Gobierno central de Madrid, contra otra parte del Estado español, el Gobierno autonómico de Barcelona.

Pero una sentencia judicial no debe hacernos olvidar que la batalla importante es la cultural. Y que el hecho de que las corridas de toros sean legales en Cataluña no implica necesariamente que se vayan a organizar. Para que se pase del dicho jurídico al hecho institucional, del papel al albero, hará falta voluntad política, deseo cultural e inteligencia organizativa, que cabe dudar se pueda dar en una región como la catalana, donde el establishment separatista y, lo que es peor, la cosmovisión catalanista se han impuesto por doquier.

La victoria en el TC puede ser pírrica si no se comprende que, más allá de una resolución leguleya sobre competencias dentro del Estado español, lo relevante es la guerra cultural entre españoles, los defensores de la libertad en el arte frente a los enemigos de la diversidad y la creatividad. En caso contrario, y parafraseando a Vázquez Ocaña, no habrá texto del Constitucional que evite la pasión y muerte de la tauromaquia en Espanya.

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