AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 2  Noviembre  2016

El PSOE debe poner orden en su grupo parlamentario... y romper con el PSC
EDITORIAL Libertad Digital 2 Noviembre 2016

No es de extrañar que la decisión de Meritxell Batet y Sofía Hernanz de romper la disciplina de voto del PSOE durante la sesión de investidura de Mariano Rajoy esté siendo criticada por numerosos dirigentes socialistas. A diferencia de los otros trece diputados que también se negaron a cumplir la directriz a favor de la abstención, Batet y Hernanz son secretarias generales adjuntas de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso, por lo que su falta de respeto a lo acordado no se debería saldar únicamente con una multa y la apertura de un expediente, sino con su expulsión de la referida dirección.

Si el grupo parlamentario socialista no quiere convertirse en un caos y en un guirigay hasta la celebración del congreso federal que habrá de elegir la nueva dirección del partido, será imprescindible que todos los integrantes de la dirección del grupo parlamentario tengan una posición común. ¿Y qué sentido tiene que forme parte de ella alguien que no esté dispuesto a acatar sus decisiones?

Por otro lado, y habida cuenta de que no sólo Meritxell Batet sino todos los representantes del PSC han roto la disciplina de voto, sería el momento de que el principal partido de la oposición se planteara, de cara a la celebración de ese nuevo congreso, la ruptura con esa formación y recuperar su federación catalana, con vistas a volver a ser una alternativa nacional de Gobierno.

Desde el congreso fundacional de 1978, en el que se unieron tres familias distintas (PSC-Reagrupament, PSC-Congrés y la Federación Catalana del PSOE), el PSC se ha estado valiendo de las centenarias siglas del PSOE para tener una personalidad jurídica propia y actuar por libre en Cataluña compitiendo en nacionalismo con formaciones que sólo buscan la ruptura con el resto de España. Si ya desde hace años el PSOE ha dejado de tener una única voz en toda España es, en buena medida, por culpa de ese partido nacionalista, al que ha dejado que ocupe su lugar en el Principado.

La crisis en que está sumido el PSOE debe servirle de catarsis para romper con estos nocivos compañeros de viaje, que no hacen más que imposibilitarle tener un proyecto común para toda España. Por muchos rufianes nacionalistas o de extrema izquierda que haya llamando "traidor" al PSOE por su abstención en la investidura de Rajoy, lo que resulta completamente atípico del socialismo español en comparación con lo que sucede en el resto de Europa no es que el PSOE llegue acuerdos con el centroderecha, sino que pacte con formaciones populistas de extrema izquierda o abiertamente separatistas.

En Europa abundan las organizaciones socialdemócratas que han llegado a acuerdos o incluso han conformado Gobiernos con partidos conservadores o democristianos. Lo que escasea son dirigentes socialdemócratas que cuestionen la propia existencia de su nación con tal de llegar a acuerdos con formaciones separatistas o con nostálgicos del comunismo.

La gran amenaza para el PSOE está en la extrema izquierda y los nacionalismos, por eso debe cortar de raíz con ese foco tóxico que es el PSC.

El mito de la democracia directa
Juan M. Blanco  vozpopuli.com 2 Noviembre 2016

Esa arraigada creencia, tan repetida en las últimas décadas por el poder y los medios, de que la democracia consiste tan sólo en votar, en aplicar la regla de la mayoría, ha causado confusión, desconcierto, no pocos problemas a la ciudadanía... pero muchas ventajas a los partidos políticos y a esos grupos que medran a la sombra del poder. Y ha favorecido ese discurso populista que sostiene que la democracia puede ampliarse, estirarse como una goma. Si hacemos caso a Pablo Iglesias, bastaría dar la palabra al pueblo, multiplicar el número de votaciones, extender el sufragio a cualquier ámbito de la sociedad, someter cualquier decisión del gobierno a la aceptación o rechazo de la ciudadanía.

Pero tal argumento es erróneo, cuando no malintencionado, pues la democracia moderna no se basa sólo en el voto. Existen otros elementos cruciales, desgraciadamente ausentes o ineficaces en el sistema político español: los límites a la acción de los gobernantes, la existencia de controles y contrapesos, el imperio de la ley. La democracia se fundamenta en esas líneas rojas que protegen a los ciudadanos de la tiranía, que evitan la excesiva concentración del poder. El voto es importante, pero no deja de ser un mecanismo de control último, bastante indirecto y dilatado en el tiempo. La democracia no mejoraría multiplicando las votaciones, planteando un referéndum para cada decisión del gobierno. Podría incluso empeorar pues el voto no es la panacea sino un recurso con fracturas y debilidades, un elemento que debe utilizarse inteligentemente y, como el mejor traje, reservarse para ocasiones especiales.

En Social Choice and Individual Values (1951) Kenneth Arrow demostró que no existe ningún sistema de elección colectiva que garantice criterios mínimos de racionalidad, esto es, no pueden agregarse las preferencias individuales asegurando siempre un resultado coherente. Es lo que se conoce como el Teorema de imposibilidad de Arrow. Y no se trata de un mero divertimento académico: posee importantes implicaciones prácticas. No hay sistema de elección perfecto; las votaciones pueden ser manipulables por quienes deciden las opciones sobre las que votar, el orden, la forma etc. Quienes dirigen una asamblea, por ejemplo, disponen de muchas vías para arrimar el ascua a su sardina, simplemente fijando la agenda, las alternativas, el mecanismo de voto etc. De ahí la falacia de la democracia asamblearia. Ello incluso aceptando que los individuos posean preferencias bien definidas, esto es, sin considerar el efecto de la propaganda, o de la conducta de otros, sobre sus criterios.
El referéndum, un arma de doble filo

En contra de la intuición primaria, someter cualquier decisión gubernamental a referéndum no mejoraría necesariamente la democracia. Probablemente empeoraría la política, conduciendo a notables incoherencias. La gente votaría a favor de bajar los impuestos, por supuesto, pero también de aumentar ayudas, subsidios, pensiones, etc. Dos decisiones, muy democráticas y, sin embargo, incompatibles. ¿Quién es el guapo capaz de cuadrar un gasto público creciente con unos impuestos menguantes?

Esta expansión del voto tendería a incrementar el predominio de los grupos de presión, de aquellos más pudientes y mejor organizados. Podrían aprobarse en referéndum propuestas que conceden ventajas y privilegios a colectivos con influencia, esos que esconden sus intereses corporativos tras un lenguaje victimista, o aparentemente altruista, y dedican buenos recursos a difundir tal mensaje. Aunque estos beneficios se obtengan a expensas del resto de la población, el votante común percibe el perjuicio como insignificante pues los costes se reparten entre muchísima gente.

Para superar estas dificultades, la democracia moderna, la de los grandes Estados, se apartó del modelo de la Polis Griega; dejó de ser directa para convertirse en representativa. Los gobernantes pueden actuar con cierta autonomía, tomar decisiones sin el refrendo directo de la ciudadanía, eso sí, dentro de los límites que imponen los controles. El ciudadano no elige entre medidas concretas sino entre paquetes de ellas, o programas, que deben poseer cierta coherencia interna. El problema en España no es sólo que los controles no funcionen correctamente; también que los programas, o las líneas de actuación, carecen de suficiente coherencia, al menos en el largo plazo. Muchos, y no sólo los populistas, pretenden gobernar como si lloviese maná, como si la tarta fuera infinita. Olvidan que para repartir... antes hay que producir.

El referéndum constituye un instrumento útil... pero peligroso si no se utiliza adecuadamente. Es un arma muy potente que, en ocasiones, estalla en la cara o dispara por la culata. Debe usarse excepcionalmente, para decisiones fundamentales, fomentando siempre un debate público racional, una contraposición razonada de pros y contras. Si desemboca en un choque de fanáticos, en una olla a presión que cuece emociones e impulsos primarios, en una barahúnda de gritos y acusaciones mutuas, el referéndum traerá muchos más perjuicios que beneficios. Y resultará inútil si deriva hacia otras cuestiones distintas de la que se plantea. Es demasiado común que se convierta en un plebiscito de apoyo o rechazo al gobierno; o que mucha gente lo aproveche como mera válvula para mostrar su disconformidad con otras medidas.
Ni puñetera idea sobre qué... pero vota sí

Atendiendo a estos parámetros, los referendos han sido un desastre en España. El de la Constitución de 1978 no abrió debate alguno, tan sólo planteó una disyuntiva entre dictadura y democracia, obviando los notables defectos de la Carta Magna, como el desmesurado poder que otorgaba a los partidos y, sobre todo, el disparatado proceso autonómico, un modelo completamente abierto, amorfo, sin rumbo preciso, al albur de apaños y componendas, en beneficio de las oligarquías locales. Tampoco estuvo acertado el de 1986 sobre la permanencia o salida de España de la OTAN, que careció de discusión de pros y contras pues Felipe González, muy hábilmente, logró convertirlo en un plebiscito sobre su persona.

Pero el esperpento se materializó en el referéndum de ratificación de la Constitución Europea en 2006, cuando los dos cantantes contratados por José Luis Rodríguez Zapatero para promover el voto afirmativo reconocieron públicamente no tener ni puñetera idea sobre tal Constitución. Claro que... no se trataba de debatir el contenido o las implicaciones, tan sólo de "ser los más europeístas", los primeros en aprobarla, una majadería que quedaría en evidencia meses después, cuando otros países la rechazaron por goleada.

Desgraciadamente algunos dirigentes sin escrúpulos conocen demasiado bien las fracturas señaladas por Arrow, esas que permiten manipular ciertas votaciones, conducir los deseos de las gentes hacia sus propios intereses. Olvidamos con demasiada frecuencia que la democracia consiste principalmente en fraccionar el poder, en dividirlo, animando a que se vigile, controle y limite a sí mismo. Y que el voto es un instrumento muy útil... pero sólo en las sociedades que saben bien dónde, cuándo y cómo usarlo.

La masa crítica de la democracia
ELISA DE LA NUEZ / RODRIGO TENA El Mundo 2 Noviembre 2016

En todo proceso de cambio social o político el protagonismo fundamental no descansa en los que lo promueven o en los que lo resisten, sino más bien en los que, por así decirlo, se encuentran sentados encima de la valla, mirando a un lado y a otro, intentando adivinar quién va triunfar, si los reformistas o los conservadores. Preguntan nerviosos qué es lo que va a ocurrir, con el fin de adoptar las precauciones correspondientes, sin ser conscientes de que es precisamente su decisión o indecisión la que decidirá el ganador. Son la masa crítica, llamada así no por su supuesta propensión a enjuiciar hechos y conductas de manera desfavorable, sino por integrar la cantidad mínima de personas necesaria para que un fenómeno tenga lugar.

Es evidente que en una democracia como la nuestra su mayor peso o influencia se siente principalmente a la hora de votar. Así ha ocurrido en el último año en dos ocasiones. Pese a ello, ha sido necesario el transcurso de más de 300 días desde las primeras elecciones para que nuestros políticos asumiesen el explícito veredicto del conjunto de la sociedad española tras más de un lustro de crisis política, económica, institucional y ética: reformas sí, pero sin ruptura. O lo que es lo mismo, sí a los cambios, pero incrementales y con tranquilidad. Tampoco hay que sorprenderse tanto, dado que esta decisión recuerda bastante a la que los españoles en su conjunto adoptaron en 1975 y que dio lugar a la Transición.

Por supuesto, se trata de una masa muy heterogénea. Un sector de la sociedad -que podemos identificar grosso modo con los más jóvenes- se muestra muy crítico con el sistema democrático de partidos fuertes y omnipresentes instaurado en 1978, que ha garantizado hasta ahora una enorme estabilidad a los sucesivos Gobiernos, pero que ha generado también daños colaterales muy importantes después de tantos años de abuso partitocrático. Desde la falta de la meritocracia a la colonización de todos y cada uno de los resortes del Estado, pasando por el clientelismo y la corrupción generalizados. Pero junto a ese sector de la sociedad existe otro -más envejecido y más conservador- que no quiere aventuras y que prefiere lo ya conocido. Hay que reconocer que el inmovilismo del que hace gala el Partido Popular cuenta con muchos seguidores, particularmente entre los mayores que vivieron bajo el franquismo y que consideran (con razón) que la democracia que tenemos ahora es, pese a sus evidentes fallos, mucho mejor que cualquier otro sistema anterior y que, todo sea dicho, se han visto especialmente beneficiados frente a los más jóvenes por la política social y económica del Gobierno.

En cualquier caso, los resultados de las dos elecciones generales de los últimos meses obligan a atender de manera combinada las demandas de estos dos sectores de la sociedad española. Tanto de los que piensan de buena fe que hay que cambiar el sistema político de raíz, como de los que piensan de buena fe que hay que primar la estabilidad sobre cualquier tipo de cambio. Y lo cierto es que esta tarea sólo puede realizarse con la colaboración de los partidos que han hecho del cambio tranquilo su objetivo, pero que -un tanto paradójicamente- cuentan con menos apoyo explícito. Apoyo que además por ser especialmente crítico ha resultado mucho más volátil. Sin embargo, sería un grave error no darse cuenta de que la potencial masa de ciudadanos capaz de apoyar de manera decidida un cambio de estas características, tanto en el ámbito institucional como social, es mucho mayor de la que parece deducirse del apoyo electoral a los partidos que lo defienden.

Una vez liberados del riesgo de un tercer encuentro con las urnas, siempre dominado por la desconfianza, el miedo, el recelo recíproco y el voto útil, una importante cantidad de votantes de los partidos situados en los extremos del arco parlamentario no dejará de mirar con buenos ojos el intento de condicionar el Gobierno en un sentido reformista. El problema es que, sentados cómodamente encima de la valla, van a tener que decidirse por hacer sentir su peso (aunque sea en la vertiente no electoral) si quieren contribuir a que se produzcan las reformas. Porque no hay que despreciar las enormes dificultades y los intereses creados con los que va a tropezar ese proceso de cambio.

Efectivamente, fracasado el intento de la XI legislatura de abordar con ese espíritu y desde el centro político las reformas pendientes en nuestro país (explicitado en el acuerdo del abrazo entre PSOE y Ciudadanos), queda ahora por diseñar una hoja de ruta para acometer esas mismas reformas u otras muy parecidas a partir del dato de un Gobierno en minoría liderado por una persona y un partido que -al menos hoy por hoy- son partidarios acérrimos del statu quo.

No podemos engañarnos. Más allá de los gestos, la retórica y en ocasiones el discurso, pocas cosas han cambiado en estos 10 meses. El funcionamiento de nuestra vida política e institucional sigue dominada, como siempre, por la opacidad, el clientelismo y las luchas de poder internas de los partidos, sin faltar tampoco la continua exposición de las vergüenzas del sistema puestas de manifiesto por los interminables casos de corrupción. Dado que, salvo excepciones, las responsabilidades políticas por esta forma de funcionar siguen sin asumirse (y ya veremos lo que ocurre con las responsabilidades judiciales) la realidad es que los incentivos para cambiar el modus operandi no son demasiado intensos. Episodios como el del fallido nombramiento del ex ministro Soria para el Banco Mundial, la negativa del Gobierno en funciones a dejarse controlar por el Parlamento, el desprecio por los principios de mérito y capacidad en los nombramientos de la cúpula judicial o la negativa de muchos organismos públicos a facilitar información sobre cómo y en qué se gasta el dinero público, por no hablar de la resistencia a cumplir las leyes o las resoluciones judiciales que no les convienen, son ejemplos muy gráficos de ayer mismo.

En definitiva, sin una masa crítica suficiente para presionar por la reforma desde la sociedad civil la tarea se adivina muy complicada, porque los beneficiarios del statu quo ya conocen el limitado impacto que tiene en su manifestación electoral. Por eso, cumplida in extremis la primera obligación de nuestros representantes electos -que es la de dotar al país de un Gobierno y de una oposición-, la ciudadanía no puede echarse a descansar y desaparecer del escenario hasta las siguientes elecciones. Todo lo contrario.

La idea de origen providencialista de que el desempeño honesto de la propia profesión basta para cumplir la tarea del ciudadano, se está revelando peligrosamente errónea allí donde quiera que miremos. En las sociedades dislocadas en las que vivimos, en las que las recetas populistas se abren paso con tanta facilidad, es esencial que los ciudadanos no abandonen el debate público con la finalidad de situar como principal prioridad la agenda reformista. Ya no sirven las coartadas habituales utilizadas por los beneficiarios del statu quo según las cuales es posible ser un ciudadano responsable sin ocuparse de los intereses de todos. Momentos como los que vivimos (no sólo en España, sino en muchas democracias de nuestro entorno) exigen un nivel de exigencia y de implicación personal por parte los ciudadanos mucho mayor del que ha sido habitual hasta ahora.

Hoy la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel de primer orden en cualquier proceso de cambio que se ponga en marcha en nuestro país. Porque si algo enseña la Historia es que los cambios llegan no cuando lo deciden los políticos, sino cuando el convencimiento de su necesidad alcanza en la sociedad una determinada masa crítica.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora del blog '¿Hay Derecho?' y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Rodrigo Tena es notario y escritor.

Sánchez Rufián
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 2 Noviembre 2016

El destape podemita del que fuera hace pocos meses candidato a la Presidencia del Gobierno por una alianza del PSOE y Ciudadanos con un programa de centroizquierda tiene la virtud de aclarar cuatro cosas, todas importantes. La primera, que a Sánchez le da lo mismo ser un Rivera que un Rufián, es decir, que carece de una mínima consistencia político-moral. La segunda, que la fuente de legitimidad de la izquierda ya no está en Prisa sino en la Sexta. La tercera, que Snchz había pactado a espaldas del PSOE y de la opinión pública española un Gobierno con la verdadera triple alianza antidemocrática y antinacional que se escenificó en el fervoroso aplauso al representante legal de la ETA por la bancada de Podemos y los rufianes separatistas.

Y la cuarta, que Pablo Iglesias tiene la inteligencia de una ameba y la intuición de un infusorio, porque si llega a abstenerse y permitir la investidura de Snchz, un simple viaje a Cuba o a Isla Margarita podría haber hecho del Presidente español un piojo más de la costura de las FARC, los Castro y el gorilato venezolano. Si 11 semanas en Ibiza, la Costa del Sol y California han convertido al que bailongueaba con Iceta ante una inmensa bandera española en un adepto de la nación catalana, y al crítico del populismo como fuente de miseria en Pablo Iglesias de Tarso, en su caso Malibú, ¡qué no habría conseguido una noche en Tropicana!

Los 11 millones de votantes del PSOE y Ciudadanos tienen razón sobrada para sentirse estafados por un zascandil que se fue de vacaciones con un discurso de defensa explícita y rotunda "del Título Segundo de la Constitución" y ha vuelto gimoteante pero dispuesto a despiezar el Estado, última garantía de solidaridad con los que menos tienen, en las piezas que decidan, mediante referendos a la carta, la ETA y los separatistas catalanes.

Y Cebrián tiene razón para quejarse -aunque me divierte horrores- de un tío al que ayudó, con González y Susana, a ser secretario general sin más mérito que la facha y la obediencia y a cargarse a Tomás Gómez, elegido por la militancia, con una encuesta de traca en la que Gabilondo arrasaba en Madrid. Aunque lo mejor es decir que lo echó Alierta, que hace un año que dejó Telefónica, cuando él le pidió a su sucesor que lo defendiera de Cebrián. Como dice Girauta: "¡De la que nos hemos librado!"

La estrategia del calamar.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Noviembre 2016

No cabe duda de que la demagogia es uno de los fuertes del independentismo catalán. Resulta bastante hilarante la estrategia de defensa llevada por la desobediente Presidenta de la Mesa del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Sra. Carme Forcadell. Su argumento contra la querella presentada contra ella por la Fiscalía ante el TSJC es que “ni existe ni puede existir un debate de ideas ilegal”. Pues mire usted, depende de lo que se trate en ese debate y sobre todo, del lugar donde se produce, en este caso el poder legislativo de una Comunidad autónoma, y de las consecuencias que la resolución tenga cuando se apruebe. Se puede debatir sobre la comisión de un delito como es el de sedición y aprobarse, como sucedió, una resolución de mantener la famosa “hoja de ruta” con la convocatoria de un referéndum ilegal para decidir sobre la secesión de una parte de España. ¡Pues claro que puede haber debates ilegales como el que usted permitió a sabiendas de la prohibición del Tribunal Constitucional!

Y es que además de insumisión, estos sediciosos quieren seguir convenciendo de que su legitimidad proviene del pueblo catalán y es al que deben su lealtad. Una falsedad tan monumental como la de su desprecio por la Constitución de España que es la que ha establecido un sistema administrativo autonómico, pero como una delegación de competencias sin renuncia a lo que es fundamental, la Soberanía del pueblo español en su conjunto. Algo que no puede ser troceado como una tarta en la que cada cual escoge el mejor pedazo. Carme Forcadell, al igual que su ex jefe de filas Artur Mas, la ex Consejera Irene Rigau y el Presidente de la Comunidad, Carles Puigdemont si lleva a cabo sus amenazas de desobediencia, deben asumir sus responsabilidades y las consecuencias penales que se derivan de sus actos voluntarios de insumisión.

No se trata de judicializar la política, sino de aplicar la Ley a quienes han usado su posición de relevancia institucional para saltarse la Ley bajo la excusa de un objetivo político y una legalidad paralela ilegítima. Unos políticos que eran conscientes de sus actos, de la malversación de fondos públicos de todos los españoles para fines exclusivamente partidistas y políticos y del uso ilegal de Instituciones como la Presidencia del Gobierno de la Comunidad y de su Parlamento para dar cobertura legal a su proceso de sedición. Un hecho agravado por la insumisión voluntaria a la sentencia del Tribunal Constitucional de las que tuvieron comunicación directa y avisos personales que les recordaba su acatamiento obligatorio, cosa que ignoraron.

Por supuesto que cada uno tiene el derecho de no declarar contra sí mismo y negarse a responder, así como usar la estrategia de defensa que considere oportuna. Pero querer dar una interpretación política sesgada al concepto de debate entra dentro de una estrategia parecida a la del calamar, de confusión descarada y de distracción, intentando difuminar u ocultar la imagen de lo que fue un acto voluntario y consciente delictivo. Pero para eso están los jueces y la Fiscalía, para evitar que el futuro juicio derive en un mitin político en la enésima apelación a la libertad de expresión, al inexistente derecho de unos no menos inexistentes “pueblos” y a la legitimidad impostada de unos representantes públicos, que lo son solo gracias a la ley que desprecian, la Constitución de España.

La verdad es que estos petimetres politicastros carecen del valor para enfrentarse con dignidad y responder de sus actos ante la Justicia. La misma a la que siempre se han jactado de no reconocer y de no cumplir con sus sentencias creyéndose inmunes y arropados por razón de su cargo de representatividad. Una actitud propia de dictadorzuelos que siempre se han envuelto en banderas y que dicen solo responder ante sus pueblos y no ante jueces a los que niegan cualquier autoridad y legitimidad.

Solo espero que de una vez por todas se haga Justicia y caiga todo el peso de la Ley sobre estos delincuentes colaboradores e impulsores de un delito de deslealtad institucional, de sedición y de insumisión al orden constitucional con la agravante de ostentar un cargo público de relevancia y dar publicidad a sus actos de forma notoria y ostentosa.

Se trata solo de cumplir y hacer cumplir la Ley, algo que cualquier cargo público de relevancia está obligado a prometer o jurar cuando accede a él. Desde el Rey hacia abajo nadie está excluido de esa responsabilidad y solo el Rey tiene, en mi opinión de forma inadmisible, una inmunidad en lo que atañe al desempeño de su función institucional de acuerdo con la Constitución en su artículo 56.3 que dice:” La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.”

¡Que pasen un buen día!

Ahora Ceuta es Hungría
EDITORIAL gaceta.es 2 Noviembre 2016

Hace aproximadamente un año y medio, cuando estalló la mal llamada “crisis de los refugiados”, Europa tuvo que tomar una decisión sobre sí misma: o guardar sus fronteras y su identidad cultural –y, de paso, su seguridad interior-, o ceder a las presiones de quienes imponían una apertura a todo trance sin reparar en las consecuencias. Pudimos asistir entonces a un espectáculo intelectualmente bochornoso –por irracional- que consistió en confundir refugiados con inmigrantes y explotar el sentimentalismo de la opinión pública al tiempo que se demonizaba a quienes trataban de advertir sobre los riesgos. Toda Troya suele caer cuando se deja de prestar oído a Casandra. Hoy estamos donde estamos. Ayer en Hungría. Hoy en Ceuta.

El derecho de asilo es una institución que debe ser preservada, sin duda. Pero para satisfacer sus exigencias no era preciso absorber a millón y medio –o más- de ciudadanos extranjeros e introducirlos con calzador en nuestras sociedades. Habría bastado con acoger a los refugiados, atender sus necesidades básicas y preparar su retorno. En vez de eso, se abrió la puerta con carácter permanente a una muchedumbre que excedía descaradamente la condición de “refugiados” y que entraba en la de inmigrantes de corte socioeconómico. Con ello, por cierto, se reducía a polvo el verdadero sentido del derecho de asilo y se hacía un flaquísimo favor a los refugiados de verdad. La operación era ilegal, pero unánimemente se clamó contra los que, como el húngaro Orbán, trataron de aplicar la legalidad en las fronteras. Ahora tenemos una presión semejante en Ceuta, esto es, en nuestra casa. ¿Abriremos aquí la valla, como tanto insensato le pedía a Orbán? Y después, ¿qué? ¿Organizaremos en Ceuta una jungla de Calais?

La pregunta sigue siendo por qué la tecnocracia que gobierna Europa, desde las instancias políticas hasta las financieras pasando por las mediáticas, apostó y sigue apostando decididamente por la absorción de una masa enorme de población. Desde ningún punto de vista –cultural, social, religioso, etc.- puede defenderse racionalmente tal cosa. ¿Sólo por criterios económicos? ¿Sólo por la necesidad alemana de compensar su crisis demográfica para salvar el sistema de coberturas sociales, tal y como prescribía la ONU en marzo de 2015? ¿Sólo por la conveniencia de incorporar mano de obra barata para bajar el salario mínimo en Francia y Alemania, como pidieron los “think tank” del poder en esos países, y tratar de reactivar así una economía mortecina y asustada por la entrada en liza de China? ¿Esa ha sido realmente la finalidad de la gran trama? ¿Una sustitución demográfica por razones económicas?

Una reflexión más: la gran mayoría de los inmigrantes que en este último año y medio han llegado a Europa (más del 70%, según los datos oficiales; probablemente un porcentaje mucho mayor) proviene de países formalmente reconocidos como tales, con estructuras de Estado representadas en los organismos internacionales, economías inmersas en el mercado internacional y a los que, por tanto, cabe exigir responsabilidad en cuanto a sus nacionales. Por otro lado, y contra lo que suele pensarse en Europa, estos países son los primeros interesados en que su población permanezca dentro de sus fronteras, como recientemente declaraba el primer ministro de Mali en París. ¿Por qué Europa está contribuyendo a despoblarlos? Vale la pena formular la pregunta. La respuesta quizá no tarde en aparecer.

El presidente de la ciudad pide ayuda a la UE
Ceuta, ¿el nuevo Calais?

El presidente de la ciudad autónoma advierte de que la presión migratoria es "constante y permanente".?? El CETI está desbordado y ya se habilitan tiendas de campaña, tal y como ocurrió en Calais.
Gaceta.es  2 Noviembre 2016

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha dicho hoy que el fenómeno migratorio "compete a todos" y ha subrayado el papel de la ciudad autónoma como frontera de Europa en África, por lo que ha pedido el apoyo de la Unión Europea.?? Tras la entrada ayer de 232 inmigrantes en un asalto masivo al vallado, Vivas ha respaldado el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera y ha puesto de relieve la capacidad de acogida de la sociedad ceutí.?? En declaraciones a la prensa, Vivas ha reiterado que Ceuta, junto con Melilla, son las únicas fronteras terrestres de Europa en África y ha señalado que situaciones como las de ayer prueban que la presión es "constante y permanente".??

El presidente de la ciudad autónoma ha subrayado la "aportación" de Ceuta a Europa y al resto de España "en un asunto de tanta entidad como el de la presión migratoria", puesto que la frontera es "absolutamente necesaria" y requiere de un trabajo "difícil, complejo y duro" de las fuerzas y cuerpos de seguridad.?? "Merecen todo nuestro reconocimiento", ha afirmado antes de rechazar "posiciones partidistas", y ha apelado al conjunto de la Unión Europea para abordar un asunto que es "de todos y nos afecta a todos y como tal tiene que ser tratado”.
Se mantiene el control especial en la frontera de Ceuta tras el asalto

La Guardia Civil y la Gendarmería marroquí mantienen un control especial en el entorno del perímetro fronterizo de Marruecos tras el asalto masivo del lunes, en el que 232 subsaharianos lograron entrar a la ciudad.?? En el asalto a la valla, uno de los mayores de los últimos años, 32 subsaharianos resultaron heridos y tres entre los agentes de la Guardia Civil.?? Según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil, la Gendarmería marroquí ha aumentado las patrullas en la zona donde se produjo el asalto, mientras que el instituto armado también se mantiene vigilante ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada en grupo.??Los 32 inmigrantes, que tuvieron que ser trasladados al hospital con diversas heridas y contusiones, fueron llevados después al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde conviven unas 800 personas pese a estar habilitado para 512 plazas.

El CETI habilita tiendas de campaña para acoger inmigrantes
La dirección del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha tenido que habilitar tiendas de campaña en la pista polideportiva del recinto para acoger a los 232 inmigrantes subsaharianos que entraron ayer de golpe por la frontera.?? Según han informado a Efe fuentes policiales, hasta la jornada de ayer convivían en el recinto 600 inmigrantes, a pesar de estar preparado para 512 personas y la entrada masiva por la frontera elevó la cifra a más de 800 personas.?? Esta situación ha motivado que la dirección del CETI haya tenido que habilitar hasta ocho tiendas de campaña para poder atender la alta demanda de ocupación del recinto.?? El CETI tiene ocupados actualmente todos los módulos habitacionales, por lo que se ha tenido que adoptar esta medida extraordinaria.?? Los últimos 232 inmigrantes accedieron ayer a la ciudad autónoma tras asaltar la valla fronteriza en las inmediaciones de la denominada finca de Berrocal.

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Pacto de Estado sobre Cataluña
Aleix Vidal-Quadras gaceta.es 2 Noviembre 2016

El Presidente del Gobierno crónico, como le ha calificado un agudo columnista, ha anunciado cuatro grandes pactos de Estado para la próxima legislatura, las pensiones, la educación, la financiación autonómica y el desafío separatista en Cataluña. En cada uno de estos ámbitos, Mariano Rajoy se propone, según ha declarado, alcanzar acuerdos con aquellas fuerzas políticas que estén dispuestas al entendimiento con el fin de buscar soluciones estables y de amplia base parlamentaria a problemas tan acuciantes. La intención no puede ser mejor, sobre todo en un político que no se caracteriza precisamente por la acción ágil y resolutiva. Dada la endiablada composición del Congreso de los Diputados surgida de las últimas elecciones no le queda más remedio, efectivamente, al nuevo Ejecutivo que afrontar cada uno de estos cuatro desafíos y otros que sin duda aparecerán mediante la articulación de sólidas alianzas con otros grupos.

La aplicación práctica de esta loable intención al caso de la ofensiva secesionista impulsada por los nacionalistas catalanes, que son todos los que se sientan en el Parlamento autonómico, salvo Ciudadanos y el PP, y estos dos con energía perfectamente descriptible desde que Inés Arrimadas ha sido infectada por el virus de la conllevancia, ha tropezado de entrada con un serio obstáculo, confesado paladinamente por el propio Rajoy: el flamante Presidente no tiene ni idea de qué hacer ni cómo hacerlo, no sabe cuál es el procedimiento adecuado para llevar adelante este pacto ni qué es lo que se debe pactar. No se puede decir que estemos ante un buen comienzo, pero así es el actual inquilino de La Moncloa y a estas alturas de su plácida existencia no es fácil que cambie. Esperemos que haya alguien en su entorno que sí tenga las ideas claras al respecto porque de lo contrario el asunto presenta muy mal pronóstico.

Hasta hoy la estrategia de contención del separatismo catalán por parte de los sucesivos Gobiernos centrales del PSOE o del PP ha consistido en ir ampliando las competencias de la Generalitat dentro del marco constitucional, artículo 150.2 incluido, y mejorando la financiación a base de ceder un mayor porcentaje de impuestos estatales. La culminación de esta valerosa técnica de ir echando carne a la fiera a ver si se consideraba de una vez ahíta fue el nuevo Estatuto gentilmente concedido por Zapatero a Artur Mas en una noche de euforia nicotínica. Esta brillante operación, propia del formidable estadista que siempre ha sido el hoy cazador de nubes, no solamente no cerró el proceso de progresivo desenganche de Cataluña de la matriz común española, sino que lo agudizó hasta el desbordamiento. Lo que nunca han entendido los dos grandes partidos nacionales es que las concesiones no son recibidas por los nacionalistas con agradecimiento y sentido de la reciprocidad, nada de eso. Sistemáticamente las interpretan como un signo de debilidad de su enemigo, que es España, y por supuesto utilizan de inmediato los recursos y los instrumentos que cada intento de frenarlos pone a su disposición para atacar más eficazmente al Estado.

Si alguien todavía cree en Madrid que las sanciones penales o las inhabilitaciones van a detener la marcha acelerada hacia la separación que está en curso, que Dios le devuelva la vista. A partir del momento en que los nacionalistas ya no reconocen a los tribunales españoles, cada sentencia en su contra únicamente avivará el fuego de la rebelión. Es evidente que la justicia ha de actuar en un Estado de Derecho, pero su poder efectivo será nulo en el tema que nos ocupa.

El punto clave en este combate es hasta qué punto el PP, Ciudadanos y el PSOE están decididos a cerrar filas sin una fisura y a aplicar con toda contundencia el artículo 155 de la Constitución mediante el uso de los mecanismos de coacción necesarios. Todo lo demás son juegos florales para adornar el camino imparable hacia la declaración unilateral de independencia. Esta patología no admite a estas alturas tratamiento clínico, exige cirugía mayor. El que no esté dispuesto a recurrir a la anestesia y al bisturí que se olvide de curar al enfermo.

Por tanto, el pacto de Estado sobre la cuestión catalana ha de consistir forzosamente en un frente unido, resistente como el acero, de los partidos constitucionalistas para hacer caer sobre los subversivos que se afanan en construir estructuras de estado y que preparan sin descanso la llamada desconexión, todo el peso de la ley y de la capacidad disuasoria de una Nación con cinco siglos a sus espaldas y un PIB superior al billón de euros. Tras la actuación traumática, desagradable y dolorosa, que extirpe el mal, ha de seguir la cicatrización, la rehabilitación y el regreso a la normalidad constitucional gracias a la labor de persuasión, comunicación y convicción que no se ha querido desarrollar en el pasado con las nefastas consecuencias que ahora padecemos.

Espero que este análisis sea útil al Gobierno minoritario que inicia su andadura porque hasta el momento todo lo que he predicho sobre el problema catalán a lo largo de las últimas dos décadas se ha ido cumpliendo con precisión de reloj suizo. Y es que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Es hora de recuperar el orgullo perdido
El Libre Pensador esdiario 2 Noviembre 2016

Tras el asesinato de Blanco, la gente llenó las calles de España, mostrando un clamor unánime y una firmeza contra los totalitarios nunca antes vista.
Esta breve legislatura que vamos a presenciar, debe servir para erradicar de la vida política a los títeres proetarras y recuperar el orgullo, el coraje y la bravura de la población española

12 de julio de 1997. Como cualquier niño en vacaciones, disfrutaba del cálido verano mediterráneo. Fiel a mi costumbre, después de jugar el partido diario en el árido campo de fútbol de la urbanización donde veraneaba, acudí a comprar una botella de agua al bar. Pronto, mi gran amigo Carlos y yo, vimos que el bar estaba completamente abarrotado, lleno de gente que miraba la televisión con una cara de estupefacción, de tristeza y de rabia difícil de olvidar. El padre de Carlos era uno de los presentes y su hijo le preguntó: "¿qué pasa papá?", su padre respondió: "ETA lo ha matado", "¿por qué?" pregunté como cualquier niño que disfrutaba de la inocencia y de la realidad paralela en la que se vive con 11 años, "porque son unos hijos de puta" me respondió un señor con lágrimas en los ojos mientras abandonaba el bar.

Algunos quizás no sepan de quién hablo; su nombre era Miguel Ángel Blanco y fue otra víctima más de las 857 personas inocentes, junto a los miles de heridos, decenas de huérfanos y 90 secuestrados, que produjo ETA en nuestro país. El secuestro y posterior asesinato del concejal del PP, supuso un antes y un después en nuestra sociedad. Lo mataron pegándole dos tiros en la nuca, fue encontrado con vida y tras horas agonizando, falleció en el hospital donostiarra de Nuestra Señora de Aranzazu. La gente llenó las calles de España, mostrando un clamor unánime y una firmeza contra los totalitarios nunca antes vista. Fue un homenaje a la moral, el orgullo y el honor, valores que por desgracia muchos han olvidado.

Por suerte no he vivido de cerca el dolor, el sufrimiento, la frustración y la tristeza que supone perder a un ser querido, por el simple hecho de pensar diferente. Pero ello no me ha impedido estudiar, con el paso del tiempo, lo que supuso ETA para nuestro país y reconocer la lucha tanto del PP como del PSOE y ahora de Ciudadanos, contra los criminales. La unión en lo fundamental, a pesar de las diferencias políticas que existen entre ellos, la firmeza de añorados dirigentes frente a la dictadura de los pistoleros, es algo de lo que debemos estar orgullosos todos los españoles. Nadie debería olvidar que aquellos balazos, coches bomba y secuestros, no iban dirigidos solamente a políticos, jueces, militares, guardias civiles, policías o periodistas; iban dirigidos hacia todos nosotros.

Mientras Pablo Iglesias se dedicaba a hacer chascarrillos en una herriko taberna con el proetarra Sabino Cuadra, otros lloraban a sus padres en las tumbas. Mientras Pablo Iglesias organizaba su primera movilización en la universidad, que casualidad, a favor de De Juana Chaos, otros seguían maldiciendo la hora en la que pasaron por delante de Hipercor en Barcelona. Mientras "los rufianes" se reunían en Perpiñan con los etarras para que no mataran en Cataluña y sí en el resto de España, otros salían volando por los aires o recibían un disparo en la nuca. Mientras Iglesias pide la reagrupación de los etarras, (esas fueron las exigencias de los asesinos de Miguel Ángel Blanco para soltarlo), decenas de personas están mutiladas por un coche bomba.

Ahora los totalitarios, por desgracia, tienen presencia en el Congreso de los Diputados e incluso son ovacionados sin ningún tipo de pudor, al terminar sus infames intervenciones. Homenajean la vileza, la desvergüenza, la cobardía y la más absoluta indigencia moral que padece gran parte de nuestra sociedad. La respuesta de los partidos constitucionales debe ser la de homenajear continuamente a las víctimas, la firmeza, la valentía, el honor, y la defensa de lo más importante que todos los seres humanos tenemos, la libertad, que es, sin duda, lo que más odia la bazofia.

Los cobardes del tiro en la nuca ya no son beligerantes porque no pueden, gracias a unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado envidiables, que han conseguido neutralizarlos jugándose la vida y sin ceder en los momentos más críticos, en una lucha que debería ser un símbolo de orgullo para todos los españoles y que tristemente muchos parecen olvidar e incluso ridiculizar. Esta breve legislatura que vamos a presenciar, debe servir para erradicar de la vida política a los títeres proetarras y recuperar el orgullo, el coraje y la bravura de la población española, que víctimas del desaliento y la desesperanza, han caído en brazos de los tipos más rastreros y miserables que ha conocido nuestra joven democracia.

Como dijo Jaime Mayor Oreja: "Nosotros no somos como ellos, debemos estar orgullosos de no ser como ellos".


 


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