AGLI Recortes de Prensa   Jueves 1 Diciembre  2016

El impuestazo.
Vicente A. C. M Periodista Digital 1 Diciembre 2016

Si no puedes con ellos, alíate a ellos. O lo que es lo mismo, más vale ser un cobarde vivo que un valiente muerto. Pues eso es ni más ni menos lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy en este arranque de legislatura con tal de conseguir mantenerse el mayor tiempo en el poder: ceder a todas las exigencias de la oposición incrementando impuestos para sufragar el incremento de gasto y olvidarse de las reformas estructurales, el adelgazamiento de las administraciones y el control del déficit. Y el encargado de llevarlo a cabo vuelve a ser el impresentable Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que Mariano Rajoy tiene depositada toda su confianza. Una actuación que podíamos suponer en la política continuista repleta de hipocresía que lleva practicando Mariano Rajoy en los últimos cinco años haciendo recaer todo el sacrificio en las clases trabajadoras, en las PYMES y en los pensionistas.

Porque al miserable incremento del 0,25% ante una inflación que se va a disparar este año en el entorno del 2%, tras cinco años de brutal incremento de impuestos como el IRPF, se le va a sumar el mayor incremento de impuestos indirectos al tabaco y alcohol y la revisión del IVA en artículos de primera necesidad. Eso sí, el vino queda excluido como bebida alcohólica. Y es que hay que contentar a uno de los sectores con más pujanza en la economía nacional. En cuanto a los combustibles, si no se incrementan los impuestos es solo debido al hecho de que los precios se van a disparar siguiendo la estela de la subida del petróleo por la decisión del OPEP de congelar la producción. Volvemos a la senda de la inflación que, de no ser contrarrestada por un incremento salarial y de las pensiones, agravará la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de españoles ya severamente castigados por la política anti crisis del Gobierno de Mariano Rajoy.

No es de extrañar que el PSOE o CIUDADANOS vean los futuros presupuestos con relativa satisfacción. Bien es verdad que nada es perfecto y que el gasto podría incrementarse aún más incrementando la deuda de España pagando más intereses, pero eso no sería defendible en una UE que ve cómo España de forma sistemática incumple todas y cada una de las exigencias en cuanto a control del gasto. Otra pantomima más que se reflejará en un pacto sobre el famoso "techo de gasto autonómico" que jamás se ha cumplido, porque el Gobierno y la Administración del Estado es la primera en no cumplirlo. La fiesta en las Administraciones Públicas sigue a buen ritmo a costa de los impuestos de nosotros, los ciudadanos, que acabaremos como el burro del paisano que se le murió cuando ya le tenía casi adiestrado para no comer. Seguimos dando vueltas moviendo el molino que eleva el agua y riega las tierras del señor feudal.

Y es que el discurso de Mariano Rajoy no se corresponde con el que se supone que debe tener un pretendido centro derecha (una incongruencia en sí misma que define a una derecha acomplejada y cobarde, que no moderada). Una derecha que desde el Congreso de Valencia rechazó el liberalismo y les invitó a abandonar el PP, algo que nunca entenderé por qué no lo hicieron. Claro que debió de ser por lo mismo que dije al principio de este escrito, por aquello de un cobarde vivo. Porque un liberal jamás puede estar de acuerdo con las políticas que Mariano Rajoy y su fiel Ministro Montoro están imponiendo a los españoles, con la hipocresía de que “no es lo que quisieran, pero es lo que están obligados a hacer”. Mienten descaradamente. Porque lo que sí que les obliga es el compromiso electoral de regenerar la vida política, de adelgazar las Administraciones del Estado, de controlar el gasto, sobre todo el despilfarro de las autonomías cuyos gobiernos se muestran desleales. En portugués, la fórmula de agradecer a los demás las atenciones recibidas es mediante un “muito obrigado”. Aquí parece que debemos estar agradecidos por que nos empobrezcan.

Habrá que ver cuál es el resultado final de los acuerdos y las líneas gruesas de los presupuestos. Mucho me temo que será más de lo mismo y perjudicándonos a los mismos. Así que, ante esta actitud inmovilista e injusta, veo muy insuficiente la tímida respuesta de los Sindicatos convocando unas pudendas concentraciones y manifestaciones, cuando lo que habría que convocar es una huelga general de rechazo y exigir unas nuevas elecciones generales.

Si no se consigue, tendremos bien merecido el destino del burro del paisano y ya no habrá oportunidad de manifestarse dejando de dar vueltas a la noria.

¡Que pasen un buen día!

Un oportunista uso político de la reforma de la Constitución
Editorial La Razon 1 Diciembre 2016

La cuestión de la reforma constitucional se ha convertido en un lugar común cuando se trata de abordar el desafío independentista planteado por los separatistas catalanes y que, últimamente, también se extiende a las demandas nacionalistas en el País Vasco. Ayer, en la sesión de control al Gobierno, los portavoces de Podemos y del PSOE volvieron a recurrir a la reforma de la Carta Magna –con la excusa de «buscar un nuevo encaje a Cataluña»–, obviando que los nacionalistas catalanes rechazan cualquier otra legitimidad democrática que no sea la que expresen los residentes en el Principado. Es decir, que ni siquiera están dispuestos a considerar una reforma constitucional votada por el conjunto del pueblo español.

Pero es evidente que, detrás de esa propuesta recurrente, no hay otra intención que la de atribuirse una supuesta posición de equilibrio entre el «inmovilismo» del Partido Popular y el «maximalismo» de los soberanistas, en lo que no es más que política de equidistancia que, a la postre, siempre se revela falaz, aunque pueda reportar algunas ventajas electorales a corto plazo. Así, sonroja escuchar a la diputada socialista Meritxell Batet acusar al Gobierno de «parapetarse detrás de la Constitución y la ley» ante el desafío separatista, cuando si de verdad se quisiera plantear una reforma de la Constitución en los puntos que atañen a la organización territorial del Estado y la titularidad de la soberanía nacional, lo que correspondería es plantearlo formalmente ante el Parlamento. Lo demás, no deja de ser una cortina de humo en la que ocultar la propia indefinición.

Porque el procedimiento de reforma constitucional, en lo que se refiere a los títulos y artículos fundamentales –y la unidad de la nación española está comprendida en ellos– está perfectamente tasado y reglamentado por la propia Constitución. Es preciso insistir en este punto: si Podemos, el PSOE o cualquier otra formación política quiere plantear un cambio que afecta a la propia esencia constitucional, lo menos que se puede exigir es una propuesta formalmente articulada, en la que se especifique qué artículos deben reformarse y cuál sería su redacción final. Sólo a partir de ahí podría comenzar el complejo proceso de reforma: primera aprobación por las Cámaras legislativas –con mayoría de dos tercios en cada una–, disolución del Parlamento, convocatoria de nuevas elecciones, confirmación por las nuevas Cámaras resultantes y su refrendo en urnas por el conjunto del pueblo español. De entrada, poco se puede esperar de Pablo Iglesias, que ha anunciado que no asistirá al acto de celebración de la Constitución el próximo día 6.

No hay camino fuera de la Ley y lo saben, o al menos deberían saberlo, quienes se sientan en los bancos del Congreso y el Senado en representación de la voluntad popular. Esto, por supuesto, no significa que la Carta Magna sea una roca inamovible. Sin duda, una propuesta que realmente respondiera a una demanda mayoritariamente reclamada por la sociedad española, se abriría camino desde el consenso de los principales partidos políticos. Como respondió ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a una pregunta al respecto del diputado de Podemos, Íñigo Errejón: «Reformar la Constitución es trabajo de algo más que de minorías ruidosas». Lo fundamental en este asunto es, pues, la claridad: qué se quiere reformar, para qué se quiere reformar y quiénes están de acuerdo. Lo demás es tacticismo político.

O no
ARCADI ESPADA El Mundo 1 Diciembre 2016

El Gobierno tiene un problema añadido ante el referéndum que planea la Generalidad y para el que la previsora hormiguita Puigdemont ya ha apartado el dinero. El problema del desistimiento por el que optó el 9 de noviembre de 2015. Y del que se ha librado, por cierto, el ex ministro Margallo, que el lunes le dijo a Raúl del Pozo que él habría enviado a la policía a requisar las urnas. No he notado que nuestro columnista replicara al intrépido: "Menos lobos, Concha", pero aquí estoy yo para echarle una mano castiza. Algunas circunstancias han cambiado entre un referéndum y otro. Hay una ley que permite actuar al Constitucional con mayor agilidad disuasoria. Hay, también, una ausencia de voluntad eufemística por parte del gobierno desleal que no parece que vaya a esconderse esta vez detrás de la palabra consulta. Hay las decisiones que puedan tomar los jueces sobre la responsabilidad de los anteriores gobernantes nacionalistas. Y hay, en fin, la evidencia de que organizando otro referéndum llovería sobre mojado. Pero aún así es difícil que estas variaciones puedan justificar un drástico cambio de opinión del presidente. He hablado alguna vez con él después de aquel noviembre y he llegado a la conclusión de que si no envió a la policía a por las urnas fue por temor a las imágenes. Se veía capaz de controlar la situación sin graves disturbios, pero no de evitar la acción de ciento, mil, un millón de youtubers, distribuyendo por el mundo la presunta agresión a la libertad del Estado español.

Como los youtubers van a seguir ahí, acechando, el presidente Rajoy puede reincidir en su criterio y apegado al supremo mandamiento de nuestro tiempo declarar: "La revolución será televisada o no será". Ya se cansarán de hacer referéndums. E incluso, y dado que hay una alta probabilidad de que la participación baje, proclamar que en dos o tres simulacros más el independentismo está liquidado. Y otro zarpazo al puro. Una posibilidad distinta es que el presidente reconozca que el 9 de noviembre cometió un grave error político y que este nuevo referéndum es el fruto de no haber sabido atajar aquel. Y que, en consecuencia, se disponga a encarar inexorablemente las imágenes y aun a producir otras radicalmente contradictorias que pugnen en el espacio comunicativo en defensa de la ley de la democracia. No es improbable que en esta ocasión cuente con la intensa ayuda de una Europa (Francia y Alemania, bien sûr), endurecida en la lucha contra el populismo y donde se haya producido un cierto punto de inflexión.

Pero no sabría decir.

Los mitos de la independencia
Amando de Miguel Libertad Digital 1 Diciembre 2016

Ahora resulta que son varias las regiones españolas (mal llamadas comunidades autónomas) que aspiran a ser independientes. Se veía venir. Todas se consideran históricas, hasta La Rioja o Cantabria (que ya se emanciparon recientemente de Castilla). Tales movimientos no plantean seriamente sus aspiraciones. La razón es potísima. En un mundo tan entrelazado como el actual, los Estados ya independientes lo son cada vez menos. Ciertos ministros del Gobierno de España saben perfectamente que sus decisiones capitales se toman en cumbres del ramo, donde ellos son una eneava parte.

¿A qué se debe, entonces, la desatada apetencia de los independentistas regionales? Muy sencillo. Se trata de movimientos para ampliar el poder de los que mandan o pretenden mandar en las regiones respectivas. Hay un punto de racismo en esa pretensión de que los de aquí se impongan a los de fuera.

Parece más sensato el deseo de que los jueces sean independientes. Pero "tarde piache", que dijera Sancho Panza. Se ha pasado la fecha en la que eso era posible. Todo el mundo sabe que, ante un juicio, el comentario que se suele hacerse es: "¿Qué juez te ha tocado?". Aunque parezca increíble, en España muchos jueces pertenecen a asociaciones ligadas a los principales partidos políticos. En algunos de los más afamados pesan ostensiblemente sus afinidades ideológicas. Así pues, parece utópico pedir independencia a la Justicia. Solo se puede aspirar a no se muestren abiertamente prevaricadores, pero apelando más bien a su conciencia. No es poco.

El desiderátum de la política parlamentaria sería que los diputados nacionales (y por extensión los autonómicos y los concejales) exhibieran cierta independencia de las órdenes de sus respectivos partidos. No caerá esa breva. La libertad de conciencia está bien como principio retórico, pero no para votar en una asamblea política. Ahí solo cabe formar piña con el grupo de pertenencia. Tienen gran utilidad las piñas, aunque, desgajadas del árbol y desprovistas de los piñones, solo sirvan de adorno o como material combustible.

Los Estados de la civilización occidental suelen celebrar su respectivo día de la independencia. En España no está claro a qué fecha corresponden tales fastos. Los catones escolares de antaño se referían al 2 de mayo. Pero ocultaban que esa fecha, en 1808, fue una derrota del pueblo madrileño frente a los franceses. Eso de celebrar las derrotas se nos da muy bien. Los castellanos se entusiasman con su día nacional, el 23 de abril, al rememorar la pérdida de Villalar. Los nacionalistas catalanes se exaltan con el 11 de septiembre, cuando sus antepasados fueron derrotados en Barcelona durante una guerra dinástica. En ambos casos se conmemora la pérdida de la ocasión para independizarse. Parece una alegría un tanto extraña.

En el plano doméstico, a los jóvenes les cuesta Dios y ayuda independizarse de los padres. Lo hacen simbólicamente cultivando sus propios ritos de exaltación generacional, principalmente con el recurso al alcohol, la velocidad y la droga, entre otros excesos.

No se justifica mucho la buena prensa que merece la independencia en los distintos órdenes de la vida, pública o privada. Puede que asistamos aquí a una expresión del valor del individualismo, tan apreciado en nuestra cultura. Así nos va.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

La Lengua. Identidad e Internacionalismo
Patxi Andión Republica 1 Diciembre 2016

La gente sabe que el habla fue lo que nos hizo definitivamente humanos (hasta donde lo seamos) Los signos intercambiados dieron lugar a la cooperación y el desarrollo humano al posibilitar independizar la experiencia personal del conocimiento. El lenguaje flexible, articulado nos hizo más sabios, pero sobre todo más eficaces. Conseguimos conocer lo que no necesitábamos experimentar. Aquello de escarmentar en cabeza ajena.

La lengua nos permitió crear comunidad. Conjunto de individuos con los mismos intereses, dispuestos a colaborar para conseguir mejores logros para todos, si individualmente, nos implicábamos en el bien común. La comunidad nos dio ventaja, como se la da al resto de animales. Aunque ellos necesitan tener delante el estímulo, mientras que nosotros somos capaces de saber lo que sucedería sin tener que verlo.

La lengua, además nos permitió reconocernos. Saber quiénes eran los nuestros y quienes los otros. La lengua nos confirió la identidad social, así, supimos de quien defendernos y a quien atacar. Hablando lo mismo, hablamos los mismos, y así pudimos ir dejando constancia de nuestros conocimientos creando cultura: “Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo”. Los grupos sociales pudieron irse sucediendo aprovechando el conjunto de saberes que no hizo sino aumentar y refinarse. La lengua por tanto es el mecanismo cultural por excelencia, el imprescindible medio transmisor de la misma, así, no solo transmitimos conocimientos sino que al compartir las pautas de conducta y nos convertimos en conjunto social armónico, compartiendo las mismas pautas y creencias con aquellos que hablen la misma lengua que nosotros. Dándonos identidad.

Con el reconocimiento y valoración del otro semejante, se desarrollan los lazos inevitables entre quienes comparten la vida entera en su máxima expresión, y por ello, el desarrollo de lazos sentimentales cada vez más reconocibles, aprendimos a apreciarnos entre los demás y a gustarnos más, siendo más cómodo y satisfactorio la seguridad de los lazos afectivos que sumaron calidad a los lazos culturales, así se fue construyendo el concepto de nación, y desde ella los medios para protegerla y desarrollarla.

El paso necesario se fue dando mientras nos fuimos encontrando con los otros. Aquellos con los que no compartíamos lengua y cultura, con los que no nos identificábamos. Ante los que nos sentíamos distintos. Pero ahí la lengua adquirió su máximo valor como instrumento cultural al proponerse como la mejor manera de atraer a los otros a nuestra cultura. La riqueza infinita basada en las diferencias que se reúnen ante el mismo mecanismo de trasvase de conocimiento. La expansión permitió a través del latín hacer romanos en sentido cultural y afectivo a gentes tan dispares entre sí que unidos por la lengua engrandecieron el Imperio mientras se engrandecían ellos mísmos. Lo mismo sucedió después con las grandes migraciones y conquistas hasta llegar hasta hoy, donde entre los poco más de doscientos países de Naciones Unidas, juntamos más de tres mil lenguas que ,sin embargo, se reducen a unas pocas las que de manera común, usamos para comunicarnos internacionalmente.

El castellano en España o español en el mundo es una de esas poquísimas lenguas cada vez más estudiadas en el orbe entero, lógicamente, somos muchos cientos de millones de personas que lo compartimos, lo que nos aproxima a una nación enorme que comparte la cultura de esa lengua, con las posibilidades que se nos abren por ello a todos los que formamos esa comunidad.

Solo digo que quien con intereses legítimos, sin duda, pero con miopía cultural, ponga piedras en el aprendizaje y desarrollo de esa lengua está tirando piedras a su tejado que, en cualquier momento, se le puede venir encima.

Las palabras son ojos abiertos de par en par al corazón de cualquiera. Diciembre

LA ECONOMÍA DEL IDIOMA ESPAÑOL
Bieito Rubido ABC 1 Diciembre 2016

El idioma español goza de buena salud. Lo hablan ya más de 550 millones de personas y su crecimiento es imparable. Fruto de esta pujanza se sitúa como la segunda lengua de comunicación en la red y quienes la emplean representan una capacidad de compra del 10% del PIB mundial. Pocas herramientas tan potentes posee España. De ahí que parezca bastante estéril la polémica que resulta de instrumentalizar políticamente los idiomas cooficiales. Pueden seguir intentándolo. Solo cosecharán melancolía. La irrefrenable expansión del castellano viene acompañada de su repotenciación económica: los intercambios comerciales entre países hispanohablantes se multiplican cerca de cuatro veces. México, EE.UU. y Colombia ya suman más ciudadanos que lo utilizan que la propia España. Más de 20 millones de personas lo estudian sin ser su lengua materna. Solo hay que observar la fortaleza y la juventud de Colombia para entender el tesoro maravilloso que los españoles tenemos con nuestro idioma. Gracias, en gran medida, a ese ejemplar vasco llamado Blas de Lezo.

“Socialistas de todos los partidos, dejen de engañar a la gente, la culpa no es del liberalismo”
OKDiario 1 Diciembre 2016

El economista y colaborador de OKDIARIO Francisco Saavedra González lanza un mensaje a los “socialistas de todos los partidos”, usando la misma expresión que utilizó uno de los padres de la escuela austriaca de economía, Friedrich Hayek, en su famosa obra Camino de Servidumbre. Saavedra critica a todos aquellos que culpan de las crisis al capitalismo y al liberalismo, ya que en el último siglo no se ha producido una retirada del sector público de la economía, sino todo lo contrario.

Saavedra pone el ejemplo de Estados Unidos, cuyo peso del sector público era de poco más del 3% del PIB en el año 1900, una tasa que ahora supera el 40%. Y lo mismo ha sucedido en Europa. A partir de los años setenta del pasado siglo las políticas intervencionistas han reducido la capacidad del mercado para asignar los recursos de forma eficiente.

Aunque Saavedra indica en su videoblog que aumentar el peso de las Administraciones Públicas es algo “que tiene cierta lógica” desde un punto de vista de desarrollo de las redes asistenciales, la realidad es que “se han pasado 40 pueblos” en u “intervencionismo creciente”.

“Reflexionen, no se dejen engañar por lo que los socialistas pretenden con su dialéctica, de contarnos la milonga de que los problemas económicos se deben al mercado, a los liberales y al capital que es muy malo. No se dejen engañar porque son ellos los que llevan gobernando, controlando, interviniendo y extendiendo su red desde los poderes públicos hasta asfixiar las economías y el crecimiento potencial de los países”, concluye Saavedra.

La reforma de la Constitución
Aleix Vidal-Quadras gaceta.es 1 Diciembre 2016

Se acerca el trigésimo octavo aniversario de la entrada en vigor de la vigente Constitución y se alzan voces desde la izquierda reclamando su reforma. El reciente debate en el Congreso sobre esta cuestión entre el Gobierno, representado por su Vicepresidenta, y el PSOE y Podemos, en las voces respectivas de Meritxell Batet e Íñigo Errejón, ha puesto de relieve la imposibilidad de emprender tal tarea en la actualidad. Las dos únicas modificaciones, ambas muy concretas, experimentadas por nuestra Carta Magna desde 1978, han sido la una de una obviedad tal que no suscitó ninguna discusión y la otra, algo más polémica, fruto de la necesidad de evitar la quiebra del Estado tras la crisis financiera global. En las dos ocasiones los dos grandes partidos nacionales se pusieron de acuerdo y la aplicación del artículo 167 de la Ley de leyes se produjo con una amplísima mayoría. Hoy las circunstancias son muy distintas y falta la condición necesaria que sí se cumplió hace treinta y ocho años: una voluntad compartida de prácticamente todo el arco parlamentario de alcanzar un acuerdo sobre una base conceptual común y unas reglas de juego aceptadas por todos. Ahora la presencia en el hemiciclo de fuerzas rupturistas con planteamientos que no se dirigen hacia una adaptación razonable de la Constitución a un nuevo tiempo, sino a su demolición para reemplazarla por un sistema social y político incompatible con los fundamentos de la democracia liberal y con la misma existencia de España como unidad política, económica y jurídica, hace irrealizable cualquier intento de avanzar en este necesario empeño.

Un problema de enorme gravedad que ha surgido desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Secretaría General del PSOE es que el gran partido de centro-izquierda español ha dejado de creer en España como proyecto colectivo. Sus organizaciones territoriales en Cataluña, en el País Vasco, en las Baleares y en la Comunidad Valenciana practican un criptonacionalismo acomplejado frente a los separatistas que las instancias centrales de la organización intentan paliar con una vaga fórmula federal que suena peligrosamente en ciertos aspectos a confederal y es bien sabido que las confederaciones han sido siempre históricamente el paso previo a la fragmentación. Si uno de los dos pilares del sistema del 78 flaquea en su defensa de la integridad del territorio nacional y el otro carece de la energía y la convicción requeridas para compensar este fallo, las perspectivas son más bien sombrías y cualquier posibilidad de acometer una revisión de la Constitución aparece en este contexto como una operación suicida.

En cuanto a Podemos, su pretensión de reconocer en nuestra Ley Fundamental el derecho de autodeterminación, como si hubiera Comunidades Autónomas asimilables a colonias, es un disparate de tal calibre que reduce a cero la viabilidad de una reforma constitucional contando con su aportación. Asimismo, la idea de la formación chavista de incorporar a nuestro ordenamiento básico derechos sociales de coste inasumible como vinculantes para el Estado, aparte de precipitar a España a la ruina, abriría el paso a la implantación de un colectivismo liberticida impensable en el seno de la Unión Europea y del mundo occidental en general.

La reforma sensata de la Constitución a la luz de la experiencia acumulada durante las últimas cuatro décadas requiere un pacto firme y decidido del PP, el PSOE y Ciudadanos, que afronte con rigor y valentía la corrección de los evidentes defectos de nuestra arquitectura institucional. Así, esta ambiciosa operación debería apuntar al fortalecimiento de la unidad nacional, a la introducción de una verdadera independencia de los tres poderes, a un sistema electoral auténticamente representativo, a la obligación de los partidos a funcionar internamente con procedimientos democráticos, a establecer los mecanismos adecuados para que nuestro sistema productivo sea competitivo a escala global y a configurar unas Administraciones eficientes de un tamaño sostenible.

Por desgracia, esta colaboración estrecha entre los que son en estos momentos el primer, segundo y cuarto partidos con representación parlamentaria a nivel nacional no podría hacerse sumando también a Podemos y a los separatistas porque éstos se mueven en una dirección no ya distinta, sino opuesta, a lo que hace falta para enderezar el rumbo perdido. Si, efectivamente, PP, PSOE y C´s se lanzasen juntos a esta empresa de saneamiento y regeneración no tendrían más remedio que hacerlo sin los secesionistas ni la extrema-izquierda populista o incluso contra ellos.

Ahora bien, salta a la vista que la presente situación dista mucho de hacer plausible semejante maniobra. El PSOE gobierna gracias a Podemos en varias Comunidades y les regala la alcaldía de ciudades de la importancia de Madrid y Barcelona, demostrando un oportunismo cortoplacista del que no parece que vayan a salir en un futuro próximo, el PP está encallado en un resistencialismo inmovilista de corte tecnocrático muy lejano del espíritu de liderazgo que exigiría una puesta a punto a fondo del sistema y Ciudadanos, por buena voluntad que ponga, no dispone aún de suficientes escaños como para generar una masa crítica suficiente. Estamos condenados, pues, a seguir con la Constitución que tenemos mientras asistimos impotentes al progresivo deterioro de la cohesión entre españoles hasta que la salida que al final se imponga sea obligadamente traumática. Tampoco sabemos cuál será ese desenlace, pero no hay duda que no será fácil ni pacífico. Esperemos por lo menos que hayamos aprendido lo suficiente de las lecciones del pasado como para que sea incruento.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Cataluña sigue sin rendir cuentas del dinero que recibe del Estado
EDITORIAL El Mundo 1 Diciembre 2016

Además de la flagrante desobediencia a la ley que supone plantear la secesión sin respetar la soberanía nacional, lo más surrealista del proyecto independentista de la Generalitat es pretender ejecutarlo pese a la grave situación económica que arrastra la Administración catalana. Para ello, Puigdemont y sus socios no dudan en recurrir a los mecanismos del Estado para auxiliar a las comunidades autónomas, mientras destina ingentes cantidades a alimentar la utopía separatista. Este doble juego, cínico e irresponsable, ha vuelto a ponerse de manifiesto en las últimas horas, tras la presentación del proyecto de ley de los presupuestos de la Generalitat para 2017.

El Gobierno catalán no ha tenido empacho en reservar una partida de casi seis millones de euros para sufragar la consulta sobre la independencia, que prevé celebrar en septiembre y que forma parte del peaje con el que Junts pel Sí espera conseguir el apoyo de la CUP a las cuentas públicas. La oposición ya está estudiando la posibilidad de impugnar los Presupuestos por incluir una medida cuya ilegalidad es evidente. Por ello, resulta especialmente grave que la Generalitat movilice recursos en esta materia mientras la deuda incrementa progresivamente. En 2017, está previsto que alcance los 77.000 millones de euros, así que el Ejecutivo catalán necesitará otros 7.000 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica. Esta cantidad que se sumará a los 40.000 millones que el Gobierno ha inyectado al Govern desde 2012, con el objetivo de refinanciar la deuda vencida, financiar el déficit y hacer frente al pago a los proveedores. La Generalitat, pues, se ha acostumbrado a vivir gracias a la respiración asistida del Estado porque, de otra forma, se hundiría en la quiebra y no podría abonar ni las nóminas de los empleados públicos ni a sus proveedores. Y nadie discute que Cataluña tiene derecho, como cualquier otra autonomía, a acceder a estos mecanismos de financiación. Lo que resulta inadmisible es hacerlo mientras violenta la legislación y agita la quimera de la independencia.

Basta repasar los principales datos para certificar la desastrosa gestión económica de las fuerzas soberanistas. El déficit público de Cataluña cerró el pasado ejercicio en el 2,7% -el más alto de todas las comunidades- y la deuda pública se disparó hasta el 370% del PIB, lo que ha llevado a las agencias a hundir su calificación hasta niveles equiparables a los de países como Nigeria o Bangladesh. A ello hay que añadir que propio Junqueras ha reconocido que Cataluña incumplirá el objetivo de déficit este año y que mantiene las partidas destinadas a crear las denominadas "estructuras de Estado". La Generalitat destinará el próximo año más de 18 millones de euros a "relaciones exteriores" -incluida la creación de diez embajadas nuevas- y casi 58 millones al desarrollo de la Agencia Tributaria catalana.

Todo ello no le impidió ayer a Puigdemont volver a exigir a Rajoy un diálogo "bilateral" y "sin condiciones". Nuevamente, el presidente catalán confunde la negociación con el chantaje político. Entre otras razones, porque sabe perfectamente que el presidente del Gobierno no debe tratar de igual a igual a quien en realidad es el máximo representante del Estado en Cataluña;ni tampoco puede cuajar un diálogo franco -pese a la permanente disposición de Rajoy- mientras el Govern no descarte un nuevo referéndum.

La irresponsabilidad de la Generalitat ha llegado tan lejos, tanto en lo que se refiere al desafío soberanista como a su falta de seriedad en la labor económica, que exige una reacción firme y proporcional por parte del Estado.

Sin salirse ni un milímetro de lo que fija la ley, el Gobierno debe activar todos los mecanismos legales a su alcance para fiscalizar la política económica de la Generalitat, de tal manera que los ciudadanos conozcan al detalle el destino de las sumas de dinero que recibe Cataluña del Estado. Ya no caben dilaciones, ni ambigüedades ante una deslealtad institucional que redunda en insolidaria y perniciosa no sólo para los ciudadanos catalanes, sino para los del conjunto de la Nación.

La Generalitat catalana y la deslealtad que no cesa
José Oneto Republica 1 Diciembre 2016

Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia este jueves ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados hacía un llamamiento a reducir los litigios entre la Administración central y las Autonomías, especialmente la catalana, dos de los principales partidos que trabajan por la independencia de Cataluña, JXSi y la CUP, debatían sobre distintas fórmulas para acelerar la escisión de Cataluña de España. El objetivo es que, entre la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y el Referéndum, que se celebrará, según pretende el gobierno de la Generalitat, en Septiembre del año que viene, transcurra el menor tiempo posible.

Esa parece ser la respuesta a la oferta de la vicepresidenta -que entre sus numerosas funciones se ha encargado, también, de la política territorial y del contencioso catalán-, en la que el Gobierno dice estar dispuesto a negociar 45 de los 46 temas que el Presidente de la Generalitat le planteó a Rajoy el pasado mes de Abril. Es decir, todo, excepto la convocatoria del Referéndum independentista. Los partidos que apoyan al presidente Puigdemont, han comenzado a debatir la posibilidad de que haya el menor tiempo posible entre la declaración de independencia y la celebración del Referéndum, para impedir al máximo la no haya posibilidad de intervención estatal.

Hasta ahora, el plan previsto era que en el mes de Julio como máximo, se aprobasen las leyes de desconexión de España para que el Referéndum se celebrase en la segunda quincena del mes de Septiembre, con tiempo suficiente como para hacer campaña, sensibilizar a la población sobre la consulta, e intentar encontrar los máximos apoyos internacionales. Ahora, cuando por fin, el Gobierno accede a abrir una amplia negociación sobre una serie de peticiones pendientes desde la anterior legislatura, la otra parte pretende acortar los tiempos para frenar cualquier reacción del Gobierno que paralice el Referéndum. Lo sorprendente es que todos estos movimientos se producen para que la CUP termine aprobando los Presupuestos de la Comunidad.

Ya el partido de Puigdemont ha pasado por la imposición de la CUP de aprobar una partida especial de seis millones de euros de los Presupuestos de la Comunidad, dedicada a la celebración del Referéndum. Las cuentas del Govern presentadas oficialmente, incluyen también una partida de 62,3 millones para la consejería de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, de los cuales 18,2 se dedican específicamente a la acción exterior. De igual manera, y en otro de los capítulos claves de las cuentas públicas en el que hace referencia al impulso de las llamadas “estructuras de estado”, el ejecutivo catalán reserva 57,4 millones para el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con un incremento de personal de 459 personas, hasta llegar a las 903.

Pero lo más condenable, desde el punto de vista de la “lealtad constitucional” que es como deben relacionarse las Autonomías con el poder central, es que mientras se aprueban partidas para pagar los gastos del Referéndum con el que se pretende llevar a cabo la escisión de España, se pide al Gobierno central 7.000 millones de euros con el que hacer frente al creciente déficit y a una situación económica tan deteriorada que las Agencias de calificación sitúan a la Comunidad catalana (con una Deuda Pública, que llega al 370% del PIB), al mismo nivel que Nigeria o Bangladesh. Es decir que estamos ante una deslealtad que no cesa.

Cuando la principal preocupación del Gobierno de la Generalitat debería ser actuar con contundencia para hacer frente a lo que es un auténtico “estado de emergencia económica”, no se entiende que toda su política se centre en ocultar qué es lo que se hace con el dinero que periódicamente está recibiendo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que ya se eleva a 40.000 millones de euros (el 4% del PIB nacional), mientras la Deuda Pública está a punto de superar los 17.000 millones de euros. Un disparate que se intenta ocultar con otro disparate: el de la separación de España para crear un nuevo Estado independiente, pagado por el Estado del que se pretende escindir.

El síndrome catalán de C's y PP
Pablo Planas Libertad Digital 1 Diciembre 2016

El Gobierno envía señales, mueve piezas y corteja a los mandarines del procés. Soraya Sáenz de Santamaría ya ejerce de muñidora y se propone que los nacionalistas se sienten en una mesa para dialogar, negociar y pactar. De cara a la galería, Moncloa escenifica el ritual de cortejo de los mandriles, exhibe una notoria predisposición al apareamiento y ejecuta los movimientos anales propios del protocolo amatorio. Los aludidos desconfían. No saben qué se trae entre manos la vicepresidenta y todavía no se creen que después de cinco años de romper las pelotas en general, empobrecer la economía en particular y generar toneladas de inestabilidad, odio, división y enfrentamiento, el Gobierno les tienda la mano y les prometa un piso con vistas, piscina, conserje y servicio. Ellos, desde luego, no lo harían.

A los abanderados de la desobediencia les asaltan las dudas. Saben que con el cuento de la independencia no van a ninguna parte, y los más veteranos recuerdan el pedazo de negocio que hizo Jordi Pujol cuando se redactaba la Constitución. El patriarca del catalanismo le dejó bien clarito a Miquel Roca que ni se le ocurriera aceptar para Cataluña el concierto económico del País Vasco. "Eso de recaudar impuestos es muy impopular, que lo haga el Estado", le dijo Pujol a Roca. Desde entonces, la en teoría deficiente financiación de Cataluña ha sido la excusa habitual para levantar la "senyera" del agravio, el victimismo y el más puro oportunismo. Con el tiempo se comprobó que a Pujol le interesaba tanto la popularidad como recaudar tributos en su propio nombre y beneficio, tarifa plana tres por ciento.

El catalanismo se encuentra ahora en un dilema parecido. El Gobierno le ofrece el oro y el moro y la Generalidad replica que eso es el chocolate del loro, que el referéndum es innegociable y que la independencia no tiene vuelta atrás. Tienen un problema de guión porque prometieron la secesión para noviembre de 2014. Luego dijeron que de septiembre de 2015 no pasaba. Ahora, la fecha crítica es otoño de 2017, aunque los más fanáticos no se plantean la república hasta el 18 como muy pronto.

Para la marmota separata, la decisión oscila entre los barcos sin honra y la honra sin barcos. El Gobierno está dispuesto a llegar muy lejos, según se deduce de las declaraciones de Soraya y de las sonrisas de su valido catalán, Enric Millo. Diálogo es la palabra mantra y Más Pasta el nombre del juego. Pero Puigdemont, Junqueras y los de Mas lo quieren todo, porque con esa estrategia maximalista han conseguido ablandar al Gobierno hasta el punto de avenirse a negociar con los golpistas.

Si al Ejecutivo le interesa la distensión, al Executiu le conviene la tensión, de ahí que la oferta del Gobierno se haya convertido para el Govern en la prueba del nueve de que ellos tienen razón porque son los otros quienes han llamado para hablar, como en las rupturas sentimentales. Los espíritus inocentes creerán que el PP no puede hacer más. Es muy probable que las ofertas de la vicepresidenta satisfagan a miles de electores de Cataluña, que cada Onze de Setembre han salido a la calle para protestar contra el resto de España. Habrá que ver cómo encaja el movimiento nacional catalán el black Friday monclovita.

De entrada, el bandazo del Gobierno ha dejado a la mayoría silenciosa de Cataluña con un palmo de narices y sumida en el desconcierto. En el peor momento del proceso, cuando ni los más ingenuos se creen ya las bobadas de Mas, la vieja Convergencia se disuelve en ácido, la CUP se huele el sobaco, Junqueras espera sentado el óbito político de Puigdemont y los voluntarios retiran las esteladas de los balcones, el Gobierno de España acude al rescate de quienes han llamado chorizos, corruptos, sucios, incultos y vagos a sus compatriotas.

El catalanismo tiene que decidir entre aprovechar la ganga o esperar a las próximas rebajas. El Gobierno, en cambio, ha decidido salvar el régimen cacique cuando tenía una oportunidad de acabar con la lacra. Ahora se enfrenta a dos escollos: la estulticia nacionalista, que aún no atisba la enorme oportunidad de negocio implícita en el cambio de paso gubernativo, y cómo vender el enjuague a quienes sostienen que todos los ciudadanos son iguales con independencia del municipio en el que residan. Para esto cuenta a su favor con la torrija federalista del PSC-PSOE y el síndrome de Estocolmo de los políticos de Ciudadanos y el PP en Cataluña.

Juan Arza:
'A cualquier gesto amistoso, los separatistas responden con una bofetada’
Este abanderado de la causa antiindependentista y Javier Barraycoa, de Somatemps, alzan su voz en LA GACETA contra los presupuestos de la Generalitat.
Rosalina Moreno gaceta.es 1 Diciembre 2016

“Si a Artur Mas y a Francesc Homs los hubieran acusado por malversación de caudales públicos, que es lo que hicieron en el famoso proceso del 9N, ahora no habría esta partida en los presupuestos de la Generalitat destinada a organizar un nuevo referéndum”. Así lo manifiesta a este diario Juan Arza, abanderado de la causa antiindependentista.

Indica que “el Estado y en este caso el fiscal quiso ser condescendiente con estos dos personajes y no acusarlos por un delito que cometieron a todas luces y que era el único podía acarrear penas de cárcel”, y hace hincapié en que “la tolerancia ante los nacionalistas sólo obtiene más deslealtad” y “que a cualquier gesto amistoso del Estado, los separatistas responden dándole una bofetada”.

Destaca que el “que hayan incluido esta partida económica en los presupuestos bajo un título deliberadamente ambigüo para ocultar y para engañar de nuevo a las instituciones del Estado es una bofetada a los gestos amistosos y condescendientes que el Estado puede estar realizando con el movimiento independentista”. "Y revela que no se van a detener", subraya.

Respecto a los que disculpan este tipo de políticas diciendo que como el Govern necesita el apoyo de las CUP en los presupuestos tiene que incluir esa partida, Arza dice que esto no ya no es una “interpretación benévola, sino estúpida, que lo único que consigue es disculpar una actitud explícita de desafío a la legalidad y a la Constitución”.

Pide “actuar con todos los instrumentos legales contra unos presupuestos que son un escándalo” y que tienen el agravante de que “hay muchas necesidades sociales en Cataluña en este momento, la Generalitat tiene un déficit enorme, que todo el Estado y todos los españoles se están endeudando para poder encarar ese déficit y poder cubrir las necesidades de servicios sociales de todos los ciudadanos, pero se destinan partidas de este importe a shows como el del 9N”.

Por su parte, Javier Barraycoa, historiador y promotor de la plataforma Somatemps, que acaba de publicar ‘Los (des)controlados de Companys’ (LibrosLibres), expresa que “la Generalitat “está jugando otra vez a la ambigüedad al no denominar la partida que ha destinado al referéndum, y ocultarla dentro de campañas y de otra serie de acciones o consultas”.

Considera que esto es “un reto al Gobierno de los separatistas, que están esperando a que el Ejecutivo central envíe los presupuestos al Tribunal Constitucional”. También lo ve “una estrategia del Govern para salvarse de la CUP, que sigue lanzando mensajes de que estos no son sus presupuestos, que no le satisfacen y, por tanto, en cualquier momento podría caer el Gobierno de la Generalitat”. “Si el Gobierno central los envía al Constitucional y el TC los declara nulos, el Govern se salvaría y encima crearía victimismo”, resalta Barrycoa.

Recuerda que de todas formas, según la hoja de ruta de Junts pel Sí, en septiembre ya se han cumplido 18 meses y tendría que venir la independencia, y dice que Puigdemont ya está dando a entender que no va a volverse a presentar a las elecciones, que tiene que hacer el referéndum y convocar los comicios o a la inversa. “El próximo octubre o noviembre va a haber un escenario absolutamente caótico”, alerta Barraycoa.

Piensa que “lo que está haciendo el nacionalismo es bloquear” porque “tiene una hoja de ruta con tantas variables e inconvenientes que por sí sola se autodestruirá”. “Al final, la vieja Convergencia no quiere un enfrentamiento, tampoco quiere romper el frente independentista, pero es práctimente imposible conseguir los objetivos, con lo cual para Puigdemont y Convergència es casi mejor que se cree una crisis institucional acusando al Gobierno y a partir de ahí volver a plantear otra hoja de ruta, volver a empezar el procés, y así sin parar, porque, de hecho, no tiene salida y lo saben”, explica el promotor de Somatemps.

Barraycoa piensa que si el Govern presenta este proyecto indefinido de los presupuestos, que no quiere plantearlo como un enfrentamiento directo contra el Estado porque sino diría partida para el referéndum a celebrar tal día, es “para jugar al ratón y al gato” y que esto, a su juicio, “significa que el nacionalismo no tiene músculo suficiente para echarle un pulso al Estado”. Además, apunta que dentro de la propia sociedad civil catalana cada vez hay más respuesta antinacionalista y desencanto entre las propias filas de los separatistas.

Advierte también de que en Cataluña existe fractura social. Dice que cuando los ciudadanos ponen la bandera española en su domicilio, reciben amenazas y les pintan las puertas, y aporta la imegen de un ataque reciente y otra que representa la fractura social de la que alerta.

Del otro lado del separatismo dice que “hay muchos sectores sociales que constantemente se están manifestando como, por ejemplo, Marea Blanca, que es una agrupación de sanitarios que denuncia que la sanidad catalana se está hundiendo porque los hospitales ya no pueden absorver ni siquiera las urgencias, que están colapsadas, y está viendo cómo una parte del dinero se está yendo en embajadas”.

En este sentido, preguntado sobre los incumplimientos en los presupuestos de Puigdemont, que aseguró que las cuentas tendrían un incremento de 2500 médicos, y son 1637, cuando decía que se crearían 500 plazas de Mossos, y constan 276, o 150 bomberos cuando son 99, señala que “el Govern no es capaz de cumplir lo prometido”, que “no podrán salir plazas y seguirán cerrando camas de hospitales”.

“De aquí a septiembre hay una hoja de ruta para un teórico proceso independentista que nadie sabe cuál es, hay unos presupuestos que nadie sabe si se van a aprobar, si los va a recurrir el Gobierno central… Estamos en una fase de incertidumbre total y todo esto está afectando a la propia sociedad catalana. Se nota en la tensión”, recalca.

Por otra parte, este promotor de Somatemps comenta a este diario que están saliendo noticias de que en Esquerra están muy preocupados porque con esto de los presupuestos al final se tienen que mojar y desde dentro están criticando que Oriol Junqueras, que los ha eleborado, “tiene un muy bajo perfil mediático porque prácticamente no aparece en entrevistas, en la opinión pública, y están manifestando también la debilidad del liderazgo”.

“Si Puigdemont no quiere volverse a presentar, en pocos meses tendrían que elegir a un nuevo líder para que prepare las elecciones de 2017, y en Convergència tampoco tienen ningún líder, porque Artur Mas no va a volver, casi se podría decir que el movimiento independentista está bastante decapitado porque no tiene liderazgo. No hay una cabeza visible fuerte y tampoco se prevé que haya una sustitución”, concluye diciendo.

El País Vasco gastó 1,2 millones en promocionarse en un festival folk de EEUU
Una amplia delegación institucional, cultural, económica y política de más de medio centenar de personas participó en junio en el Smithsonian Folklife Festival de Washington
José Mari Alonso. Vitoria La Voz Libre 1 Diciembre 2016

El viaje que las instituciones vascas realizaron en junio a Washington para participar en el festival de folk Smithsonian conllevó un coste para las arcas públicas de un millón de euros largos. La Diputación de Vizcaya, que asumió el liderazgo de la amplia expedición de Euskadi que se trasladó a tierras americanas, firmó un convenio con la Fundación Smithsonian para meter a la cultura vasca en el programa del certamen, lo que supuso un desembolso de 1.081.677 euros. Esta partida se abonó en concepto de 'gastos de participación', ya que participar en el festival implicaba "determinadas necesidades de financiación, gestión de pagos, organización, administración y logística" que exigían "una actuación coordinada de las entidades implicadas en el evento". A esta cantidad acordada de forma previa con los impulsores del evento se suma el 'coste adicional' de las actividades, que supera los 180.000 euros. En total, más de 1,26 millones de euros.

El coste, desvelado por el Gobierno de Guipúzcoa en una respuesta parlamentaria a Podemos, ha sido sufragado por las tres diputaciones forales, que han pagado en función del coeficiente de la Ley de Aportaciones vasca para 2016. Así, Vizcaya ha corrido con el 50,64% del gasto correspondiente al convenio (547.761), Guipúzcoa se ha hecho cargo del 32,98% (356.737 euros) y Álava ha abonado el 16,38% (177.178 euros). Además, las tres instituciones han tenido que costear las actividades previstas con 'fondos adicionales necesarios' que han engordado la factura a pagar por cada una de ellas. Así, por ejemplo, la cuenta de Guipúzcoa se eleva hasta los 410.334 euros.

Los tres diputados generales, Unai Rementeria (Vizcaya), Markel Olano (Guipúzcoa) y Ramiro González (Álava), y la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, abanderaron una amplia delegación institucional, cultural y empresarial de más de medio centenar de integrantes, que también sumó a los grandes espadas políticos del PNV, con su presidente, Andoni Ortuzar, a la cabeza.

El Smithsonian Folklife, que se celebró del 29 de junio al 10 de julio, puso en valor la cultura vasca a través de música, deporte rural, gastronomía o el euskera

En relación a los gastos, el estudio del programa, incluidos los 'sueldos y prestaciones del personal de investigación', conllevó un coste de 65.000 dólares, mientras que la coordinación y dirección del programa exigió un desembolso de 60.000 dólares. La partida más elevada corresponde al concepto 'apoyo a participantes', con un total de 459.600 dólares (las cifras desglosadas se reflejan en la moneda americana), que incluye el transporte aéreo, que costó 115.200 dólares, y el alojamiento y comida, cuya factura se elevó a 248.400 dólares. Asimismo, el alquiler de carpas, generadores y combustible o equipos de sonido y material alcanzó los 194.000 dólares, una cantidad inferior a los 207.000 euros de la cuenta en concepto de costes de producción. Por su parte, la campaña de 'marketing' y comunicación se elevó a 79.000 dólares. También hubo conciertos nocturnos y "eventos especiales", con un gasto de 39.000 dólares.
"Colocar Euskadi en el corazón de EEUU"

Son algunos de los costes que asumieron las instituciones vascas para poder participar en este festival de folk estadounidense, que han defendido esta elevada factura por constituir el certamen una "oportunidad inmejorable para colocar a Euskadi en el corazón de Estados Unidos y, de ahí, proyectarlo al mundo", según puso en valor Rementería, que llegó a calificar la firma del convenio con la Fundación Smithsonian como "una de las grandes noticias del año" para el País Vasco.

No piensa lo mismo Podemos, que ha denunciado que se dilapide más de un millón de euros en un viaje al otro lado del charco para "vender la cultura vasca". Además, en el caso de Guipúzcoa, el partido de Pablo Iglesias ha censurado que la diputación haya destinado casi 500.000 euros a financiar un programa cultural que "ni siquiera fue considerado interesante para nuestro territorio" por el Departamento de Cultura y Turismo, en manos del socialista Denis Itxaso. Este, según ha asegurado el portavoz de Podemos en el Parlamento guipuzcoano, Juantxo Iturria, "declinó participar en el festival por no ver rentabilidad en esta expedición para el tejido social y cultural". Además, ha cargado contra la "falta de transparencia" del Gobierno foral, ya que en un principio, en la primera respuesta parlamentaria dada por escrito a este partido, el Ejecutivo de Markel Olano solo informó de un coste de 14.081 euros para las arcas públicas en concepto de viajes, dietas y estancias, cuando en realidad el gasto supera los 410.000 euros.

El Smithsonian Folklife Festival, que se celebró entre el 29 de junio y el 10 de julio, puso en valor la cultura vasca a través de la música, el deporte rural, la gastronomía o el euskera en un recinto al aire libre de 12.000 metros cuadrados habilitados entre el Capitolio y el Obelisco de Washington. Sonaron la 'trikitixa' de Kepa Junkera, el piano de Joaquín Achúcarro y los ritmos vascos de Gatibu, y se visualizaron el arte de Jesús Mari Lazkano y las exhibiciones de 'herri kirolak' o partidos de pelota, entre otras actividades. Todo para "vender la imagen de Euskadi al mundo" a través de una ventana a la que se asoman, según las instituciones vascas, un millón de personas cada año.

Más allá de esta ventana cultural, el Gobierno vasco destaca la relevancia empresarial del viaje, ya que una treintena de compañías vascas, entre ellas Ingeteam, Tubacex, Aernnova, Gamesa o Tecnalia, participaron en diferentes reuniones entre el 27 y 30 de junio en ciudades como Washington, Houston, Milwaukee o Baltimore. Según los datos de la Agencia Vasca de Desarrollo Industrial (SPRI), en Estados Unidos hay 75 empresas vascas que cuentan con 93 implantaciones, ya sean filiales o delegaciones. De estas implantaciones, 35 son productivas, 49 comerciales y nueve de servicios. Por su parte, Euskadi alberga unas 80 filiales de empresas de Estados Unidos.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial