AGLI Recortes de Prensa   Martes 6 Diciembre  2016

 De los errores de cálculo a la voracidad tributaria
José María Gay de Liébana. Okdiario 6 Diciembre 2016

Los descuadres en las cuentas públicas, responsabilidad gubernamental y por ende indelegable, no son culpa de la ciudadanía, atropellada y acorralada, sino de quienes rigen los destinos de la Hacienda Pública española. Sin embargo, su calamitosa gestión sobre las finanzas españolas, por más que se proclame el autobombo y el triunfalismo a la vez que esgrimiendo aquella sobada excusa de la herencia recibida, pasa una costosa factura a nuestras empresas y, por consiguiente, a nuestra economía, al empleo y a la inversión, a esos tibios destellos de crecimiento y a la tan cacareada recuperación que, como consecuencia de la lamentable falta de diligencia de quienes tanto exigen sin exigirse a ellos mismos, se le abre una vía de agua que actúa en perjuicio del tejido empresarial español.

Subir y bajar impuestos, como si de montarse y desmontarse en un tiovivo se tratara, no es serio ni coherente. En 2014, con la vista puesta en las elecciones, se optó por llevar a cabo una pseudoreforma fiscal, sin responder tal decisión a ningún clamor popular, cuyos ejes fundamentales fueron remendar, a la baja, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, buscando el favor ciudadano que se había perdido justo a finales de 2011 tras la formación del Gobierno del Partido Popular, y reformar el Impuesto sobre Sociedades de cabo a rabo al punto que una nueva ley reemplazó a la previamente existente que había sido objeto de infinidad de modificaciones convirtiéndose en un singular laberinto legal e indescifrable jeroglífico interpretativo. De hecho, el nuevo Impuesto sobre Sociedades no respondía a ninguna petición desde las filas empresariales y las pifias en sus cálculos nos han llevado a una tormenta tributaria dañina para nuestra economía.

En mayo de 2015, el máximo responsable gubernamental, en funciones, de nuevo con el reto de las re-elecciones de junio por delante, afirmaba en una entrevista al Financial Times: “Subimos los impuestos al comienzo de nuestro mandato y en 2015 rebajamos el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades. Si los ingresos fiscales siguen aumentando, como lo hacen ahora, podemos planificar otra rebaja”, lo cual se interpretaba por parte de los votantes a guisa de anuncio de una futura reducción de las cargas tributarias si la opción política gobernante era la elegida por el electorado. La política fiscal forma parte de la política económica. Lo mínimo que se le puede pedir a quienes asumen la responsabilidad de gobernar es seriedad y una hoja de ruta clara, sin titubeos, para que guíen nuestra economía hacia una auténtica recuperación que no solo se plasme en pomposos datos macroeconómicos sino en la economía de los bolsillos de los españoles.

La imprevisibilidad gubernamental no puede ser divisa corriente en un entorno económico excesivamente cambiante en estos tiempos. Legislar en términos tributarios dando bandazos a diestro y siniestro constituye una torpeza extrema. El contribuyente no puede estar constantemente expuesto a los caprichos de unos responsables políticos que a modo de veleta van modificando las leyes según sople el viento. Las previsiones presupuestarias formuladas por el ejecutivo no pueden, en cuestión de pocos meses, sufrir considerables desviaciones. O se conoce el terreno que se pisa y se anda con seriedad o, de lo contrario, hay que renunciar a la conducción de las finanzas públicas para que otros asuman tal responsabilidad.

Que el año 2016 se cerrará con un déficit importante, y lejos de aquellos objetivos comprometidos en su día con Bruselas, es algo que quien más quien menos, por poco avezado que estuviera en esas lides, podía pronosticar fácilmente. En el mes de abril de 2016 las previsiones elaboradas por el mismo gobierno, en funciones, y comunicadas a Bruselas, preveían un déficit público para este año 2016 de 40.899 millones de euros, con un montante total de gasto público de 468.774 millones de euros y unos ingresos del conjunto del Estado de 427.875 millones. En octubre de este año, el gasto público se incrementa en 2016 a 472.974 millones de euros – 4.200 millones de euros de diferencia – frente a unos ingresos previsibles de 421.809 millones – 6.066 millones menos respecto a las cifras previstas en abril -, arrojando un déficit de 45.098 millones.

Pues bien, a partir de ese desaguisado presupuestario y de los errores de cálculo de nuestros responsables hacendísticos, toca pagar el pato a las empresas y a los consumidores, a los propietarios de inmuebles y a los cotizantes a la seguridad social… A la postre, es y será nuestra economía la que tenga que asumir un peaje excesivamente elevado. De ahí la importancia que tiene para nuestro país que las cuentas públicas funcionen con orden, buscando el equilibrio, sin gastar más de lo que se ingresa, ajustando cada partida a lo que sería un modelo de presupuesto base cero (PBC). Al no ser así, somos todos nosotros quienes hemos de apechugar con esa mochila que supone un freno en avances económicos.

En su día, dijimos que era inconcebible cuando el partido – ejercicio 2016 – se adentraba en su último cuarto de hora – mes de octubre de 2016 – que por parte del árbitro – Gobierno – se alteraran las reglas del juego. Venía a cuento esa afirmación de resultas del cambio operado en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades que, de un plumazo, implican que unos 8.000 millones de euros transiten desde el sector empresarial español hacia el sector público en un período de apenas tres meses, entre octubre y diciembre de este año.

De golpe y porrazo, la tesorería de nuestras empresas, muchas de ellas de tamaño mediano, soporta una bofetada dolorosa al extremo que se ha producido una avalancha de solicitudes de aplazamientos de pago por la falta de dinerario para hacer frente a una decisión gubernamental tan drástica e imprevista. Lo curioso del caso es que apenas se ha oído a la representación empresarial quejarse por tal atropello cuando los empresarios de a pie claman al cielo. Y lo más abracadabrante es que a partir de ahora, por decreto-ley, se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias, entre ellas los mencionados pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, lo que equivale a un azote brutal para nuestro tejido empresarial, que seguirá sin manifestar sus reivindicaciones.

Pues bien, el Real Decreto-Ley 3/2016, del 2 de diciembre, que adopta medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, es como una especie de bomba económica. Sin ánimo de entrar en su detalle, que se traduce en otra vuelta de tuerca doliente para nuestras empresas por los reajustes que se hacen en el impuesto sobre sociedades, subidas en impuestos sobre el alcohol y tabaco, actualización de valores catastrales a modo de nuevo catastrazo, aumento de bases de cotización… cabe barruntar sobre ese Real Decreto-Ley 3/2016.

Por lo pronto, se echa mano, sorteando la más exquisita y escrupulosa técnica jurídica, de una licencia que nuestra Constitución permite al Gobierno cual es la de dictar decretos-leyes sólo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. ¿Dónde está aquí el caso de extraordinaria y urgente necesidad si ya en el mes de abril de 2016 se sabía que nuestras cuentas públicas no iban a dar la talla y el incumplimiento de los compromisos de déficit con Bruselas sería flagrante? Otra vez, en apenas dos meses, el Gobierno torea al respetable recurriendo al decreto-ley, tal cual se hizo el pasado el pasado 30 de septiembre al promulgar el Real Decreto-Ley 2/2016 por el que se introducían medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público para, por la vía de la urgencia y el atropello, variar las reglas del juego en materia de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades.

¿Se están ajustando las modificaciones tributarias o remiendos legales, que encubren una fantasmagórica reforma fiscal, a los cauces constitucionales? Las consecuencias de las nuevas medidas que varían los esquemas del impuesto sobre sociedades y se promulgan el sábado 2 de diciembre de 2016, entran en vigor con efectos de 1 de enero de 2016 por lo que son aplicables para el ejercicio que se cierra este mismo mes de diciembre. ¿Es admisible que los profundos cambios operados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, justo en diciembre de 2016, se retrotraigan a 1 de enero de 2016? ¿Cómo es posible, en tales circunstancias, que las empresas españolas puedan planificar fiscalmente el ejercicio?

¿Se está respetando la seguridad jurídica y la estabilidad normativa con todo ese paquete de modificaciones tributarias? En palabras del Tribunal Constitucional, en su sentencia de 15 de marzo de 1990, “la exigencia del artículo 9.3 – de la Constitución española – relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (…). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y qué no. Provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas”.

Sólo resta por nuestra parte despedir estas líneas evocando el principio de capacidad económica reconocido en nuestra Constitución, que proclama: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”.

¿Hasta qué punto se respeta en la remozada –a golpe de decreto- Ley del Impuesto sobre Sociedades dicho principio de capacidad económica cuando se limitan derechos como el de la compensación de pérdidas fiscales? Y, por cierto, en materia del Impuesto sobre Sociedades España va con el paso cambiado o nadamos contracorriente. En nuestro entorno europeo, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y otros países de la Unión Europea han puesto en marcha bajadas en dicho impuesto. Y Donald Trump también se ha pronunciado en los mismos términos para las empresas norteamericanas.

Otra reforma de la Constitución es posible Isabel San Sebastián
Isabel San Sebastián. ABC  6 Diciembre 2016

PONGAMOS que PP y PSOE, tan proclives a entenderse para subirnos los impuestos, sufrieran un inesperado ataque de patriotismo que los llevara a postergar sus intereses cortoplacistas y pensar en España. Pongamos que Ciudadanos pasara de una vez de las musas al teatro, aunque solo fuese alzando la voz. Pongamos que Podemos fuera relegado al rincón ajeno a la democracia en el que lo sitúa su ideario, en lugar de empujar a todos los demás hacia la extrema izquierda disgregadora, alterando el eje natural de nuestro sistema de partidos. Si alguno de esos supuestos se diera, y no digamos si se dieran todos, sería posible reformar la Constitución no en el sentido que pretenden los separatistas, empeñados en destruir esta Nación para levantar sobre sus escombros un enjambre de insignificantes taifas, sino en la dirección contraria. Es decir, devolviendo al Estado el control de ciertas competencias que nunca debieron ser cedidas, cuya gestión interesada acelera la descomposición de nuestro país.

Desde que fue aprobada la Carta Magna, hace ya 38 años, se han multiplicado los ajustes y reajustes destinados a comprar la lealtad de un nacionalismo irreductible, que asienta firmemente sus reales en cada palmo de soberanía conquistado sin otro empeño que afianzarse para exigir otra cuarta más, apelando a un victimismo cansino. Nada le satisface ni satisfará jamás. Ninguna renuncia es capaz de aplacar su voracidad porque la reivindicación permanente es su razón de ser y en ella encuentra la materia de la que nutrirse en las urnas: echar la culpa de sus fracasos a la malvada «Madrid», asociar el Cielo en la Tierra a la autodeterminación, rebautizada como «derecho a decidir», hacerse fuerte en el funcionariado, la Enseñanza y la lengua autonómica, auténticos pesebres sin fondo desde los cuales retroalimentarse a costa de sembrar discordia.

No hay apaciguamiento que valga frente al independentismo excluyente. ¿Cómo es posible que no se den cuenta quienes tienen la responsabilidad de actuar constatando esta evidencia? ¿Por qué siguen alimentando a una bestia insaciable? ¿Por qué le entregan a manos llenas lo que deberían limitarse a administrar, teniendo plena conciencia de que no les pertenece? Hay otro modo de encarar la reforma que la Constitución pide a gritos. Otro camino posible. Una alternativa democrática a esta deriva consistente en recular y recular frente al avance de los rufianes, atenazados por el miedo al qué dirán y los complejos. Si las tres formaciones que dicen aspirar a vertebrar España fuesen coherentes con sus prédicas, se plantearían unir fuerzas para blindar la soberanía del pueblo español, hoy abiertamente amenazada. Se plantearían revertir el crecimiento elefantiásico de las administraciones autonómicas y fijar un techo de gasto digno de ese nombre, compatible con la reducción urgente de la exacción fiscal que sufrimos los ciudadanos obligados a pagar esta juerga política cuyo coste pesa ya igualmente sobre nuestros nietos en forma de deuda. Se plantearían recuperar las riendas de una Educación pública utilizada para retorcer, tergiversar y falsear la realidad con el propósito de adaptarla a los mitos que alimentan la cosmovisión nacionalista. Se plantearían repartir equitativamente entre todas las personas el esfuerzo necesario para producir riqueza, estableciendo límites y plazos, como se hace en el seno de la Unión Europea, en vez de perpetuar la existencia de regiones pobladas por gentes acostumbradas a vivir del subsidio uncido a unas determinadas siglas.

Nada de eso ocurrirá. Seguirán pensando en lo suyo, el próximo horizonte electoral, mientras España adelgaza hasta quedarse en la raspa, igual que nuestros bolsillos.

Presupuestos del Estado: el 'chocolate del loro'
Javier Fernández La voz libre 6 Diciembre 2016

Periodista

El gobierno Rajoy se enfrenta a su primer gran reto de la nueva legislatura con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 desde una posición de minoría, con el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria y la necesidad de buscar el respaldo de otros partidos si quiere conseguir la aprobación de las cuentas, aunque este sustento se presenta complejo y encajonado, en la medida en que el respaldo parlamentario supone mayor gasto y ello representa mayor déficit, mientras que la Comisión Europea amenaza con devolver los presupuestos al corral si estos no respetan el tope de déficit tantas veces incumplido.

Las cifras son las que son y cuando vienen no especialmente bien dadas, como es el caso, los políticos tienen que actuar e intermediar y ser capaces de adecuar los ingresos a los gastos, cubrir las “necesidades” y mostrar firmeza ante la voracidad de los partidos que venden su apoyo. En tanto en cuanto esa realidad se mantiene imperturbable y Bruselas se mantenga firme en exigir el cumplimiento de los compromisos de déficit, la aprobación de los PGE se hace difícil, lo que debería obligar a unos y a otros a repensar las cuentas desde abajo para realizar una limpia y poda de los números y de su destino.

Cuando uno bucea por los PGE, lo que se encuentra es un exceso de grasa, grasa con mucho colesterol, del malo; pólipos en la zona alta y baja del sistema; articulaciones artríticas y elementos y protocolos que necesitan de un urgente plan Renove. En técnica presupuestaria, esa revisión general, incluida la colonoscopia y el tacto rectal, tiene un nombre claro y conciso. Se llama Presupuesto Base Cero y consiste en revaluar cada uno de los programas y gastos partiendo siempre de cero; es decir, elaborando un presupuesto como si fuera el primero, y evaluando y justificando el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida el pasado para planear con absoluta conciencia y libertad, el futuro. Se suprimen muchas cosas y se aumentan otras. Y todo ello con rigor e independencia.

Cualquiera que conozca la Administración Pública en sus diversos escalones -estatal, autonómica y local-, conoce la cantidad de elementos adiposos que se acomodan en las cuentas del Estado, hallando allí la adaptación idónea para vegetar confortablemente y aguantar el paso de los años sin que nadie ose molestar tan improductiva actividad. Por ello se pelea y se defiende con ardor la trinchera ganada, vaya usted a saber dónde y desde cuándo.Cuando términos como deuda, déficit público, pensiones o desempleo, ocupan sistemáticamente los titulares de los periódicos y llenan la boca de los políticos, a lo mejor no sería malo sentarse y ponerse a elaborar -con profesionales independientes- un presupuesto base cero que podara esas ramas improductivas e inútiles que conforman los presupuestos de la cosa pública a nivel estatal y autonómico. Es lo que se ha dado en llamar el 'chocolate del loro', sin que se sea consciente de que el chocolate va siempre a los mismos loros, sin tener en cuenta que cada vez hay más loros y cada vez menos chocolate.

La verdad... "Ni en el potro del tormento"
Antonio García Fuentes Periodista Digital 6 Diciembre 2016

Sí, ni en el “potro (1)” serían capaces de declarar la verdad los de la “casta” política; y como tienen todos los medios dominados, la inexistente comunicación que nos llega; nos llega transformada de tal forma, que de grado o a la fuerza, hemos de tragar, “las interminables ruedas de molino con las que nos hacen “comulgar”, si bien como bien dice el viejo dicho de que “la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero”; hay quien no ceja y las denuncia aunque en realidad no sirvan para nada; el gobierno lleva consigo un “barniz inalterable que no cede ante nada”. Veamos una más de las pruebas de ello.

“España no crece al 3,1% sino al 1,5%: Con una deuda imposible de devolver, toda la política de Rajoy consiste en tratar de que Bruselas reduzca la obligación de recortar la ridiculez de 5.500 millones de euros. Me comentaba el jueves un alto cargo del nuevo Gobierno la enorme degradación sufrida por la clase política comparada con la de los años ochenta o noventa. Entonces existían personas de nivel intelectual y de preparación homologable a otros países de Europa, frente al ayuno de conocimientos y el sectarismo de los actuales que, incapaces de gestionar una mercería, pretenden nada más y nada menos que gestionar España.

Y lo que es infinitamente peor, el odio y la miseria moral, como el que están sembrado en los corazones de nuestros jóvenes los guerracivilistas totalitarios de Podemos y sus asociados, algo que no existe en ningún otro país civilizado. Una degradación que se extiende también a otros ámbitos esenciales de nuestra sociedad, desde las universidades públicas al funcionariado, donde dos tercios han entrado a dedo, algo insólito en Europa y en nuestra historia. Dentro de ello, y centrándonos en el tema económico, resulta asombroso el grado de ignorancia respecto a las cifras oficiales, que se aceptan ciegamente sin contrastar nada, lo que mantiene engañada a la mayoría de la población respecto a su futuro económico, como la ha mantenido engañada respecto al futuro de las pensiones, que sabiendo que eran insostenibles desde hace años, ni siquiera figura como preocupación de los españoles en las encuestas del CIS.

O mucho más serio, que nuestra deuda pública crece cada año más que el PIB, algo de lo que hasta un niño deduciría que España no camina hacia la recuperación sino hacia la suspensión de pagos. Crecimiento que la mayoría de 'analistas' que no analizan ni siquiera saben cómo se calcula y aceptan como dogma de fe la cifra oficial. Como explica Ángel Laborda, director de Coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), en España la contabilidad nacional sigue un procedimiento inverso a la contabilidad de verdad; se empieza la casa por el tejado y luego se colocan los cimientos. Así, la primera cifra de crecimiento la adelanta el Banco de España sin datos para respaldarla, es decir, una cifra conforme con el discurso triunfalista del Gobierno de turno, que para eso les ha dado esos enchufes de oro al gobernador y la primera línea de mando. Poco después, “el INE corrobora, a veces a martillazos”, la cifra del BdE.

Años más tarde, y ya con todos los datos disponibles —los tienen mucho antes, pero no los publican—, el INE revisa las cifras de crecimiento, que pueden ser los dos tercios o la mitad de la cifra oficial dada en su día. Esto, en los medios, apenas merece una gacetilla, sin explicar que tales modificaciones suponen pura y simplemente una enmienda a la totalidad de nuestra contabilidad nacional. La última revisión publicada antes de verano y referente al crecimiento (decrecimiento, en este caso) de 2012 y 2013, supuso una diferencia del doble en 2012, una caída del PIB del -2,6% frente a la cifra oficial del -1,37%; un tercio en 2013, -1,7% la cifra definitiva frente al -1,2% oficial en su día. Y esto es lo que sucede, siempre y de nuevo, al día de hoy”. http://blogs.elconfidencial.com/economia/el-disparate-economico/2016-11-28/espana-no-crece-al-3-1-sino-al-1-5_1296039/
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Como la información es mucho más amplia les dejo la dirección para que lean el resto y así podemos decirles claramente que nos mienten miserablemente, cosa que cualquiera que anote la deuda pública lo puede deducir por sí mismo, ya que no para de crecer y ello por sí solo ya es ruina creciente. Ni supieron ni saben administrar como se debió administrar hace ya más de cuarenta años.
Observen que no hacen más que meternos miedo con las pensiones, que no olvidemos es UNA DEUDA ESTATAL y por tanto de obligado cumplimiento; y si eso afecta a los pensionistas que empezamos a cotizar hace sesenta años o más; imaginen lo que les espera a los que ahora empiezan a cotizar. Seguro que para la casta o “castas” no va a faltar; ya arbitrarán nuevas leyes del embudo para seguir cobrando y más que merecen.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y http://blogs.periodistadigital.com/nomentiras.php

(1) El potro o ecúleo era un instrumento y un método de tortura en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno (el potro). Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándolas pero también pudiendo llegar a desmembrar. Sin embargo, el método de tortura del potro usado por la Inquisición Española fue diferente, ya que consistía, según Henry Kamen, en atar al prisionero "fuertemente a un bastidor o banqueta con cuerdas pasadas en torno al cuerpo y las extremidades, que eran controladas por el verdugo, que las iba apretando mediante vueltas dadas a sus extremos. Con cada vuelta las cuerdas mordían la carne atravesándola".

El final de la Constitución
Pablo Planas Libertad Digital 6 Diciembre 2016

El PP se ha puesto la venda antes de la herida y sus dirigentes ya plantean sin disimulo que si PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo no les quedará más remedio que aceptar una subcomisión sobre la Constitución que comience a preparar los trabajos previos o anestesia preoperatoria. Y no lo dicen precisamente apenados. Se atribuye a Adenauer la frase de que "cuando los políticos no pueden gobernar, crean comisiones". Ni se imaginaba el canciller alemán en qué iba a degenerar la cosa.

El objetivo es adaptar el texto a la talla de los separatistas, cosa que entraña la misma dificultad que confeccionar un traje de chaqueta y pantalón para un unicornio verde, y además, probárselo y ponérselo. Así pues, allí donde dice que "los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza , sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (artículo 14 del Capítulo II del Título Primero), se debería cambiar el redactado para dar gusto a Garganté, Puigdemont, Mas y Junqueras, entre otros, e incluir una nota diferencial en plan "los españoles son iguales ante la ley menos los catalanes, que son más iguales y mejores". Y aún así es de temer que los antedichos se opusieran al nuevo redactado porque, según ellos, los catalanes no son españoles. Fin de la reforma.

Con mucha más claridad expresa la naturaleza de la cuestión un comunicado a favor de la Constitución (como lo leen) del nuevo partido de Antonio Robles, el Centro Izquierda Nacional, en el que se afirma:

Todas las constituciones, también la española, son mejorables, pero ni es el momento ni nos llevaría a una mayor cohesión nacional en estas circunstancias. La legitimidad y apoyo que tiene ahora se pondría en riesgo innecesariamente. Si se necesitara reformar sería en sentido contrario al que demandan nacionalistas, separatistas y populistas que intentan abrir un periodo constituyente que desguazará la unidad de la Nación y romperá en mil pedazos la igualdad y la solidaridad entre los españoles.

Tal vez resulte indiciario del futuro de la Constitución el escaso entusiasmo reinvidicativo de PP, PSOE y Ciudadanos, la inexistencia de un discurso al respecto entre unos partidos que se proclaman constitucionalistas y las nulas consecuencias que su incumplimiento comporta. No es que la Constitución se pueda quemar en TV3, o que los cívicos, festivos y pacíficos muchachos del procés la rompan e incendien en la calle, sino que los patrocinadores de tales eventos se la pasan por el arco del triunfo a cada rato cuando introducen en los presupuestos una partida para un referéndum inconstitucional y de manera permanente al impedir a los padres elegir la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos.

Reformar la Constitución afecta a la viga maestra del periodo más largo de libertad y democracia de nuestra historia, treinta ocho años. Suena a tópico, pero es una certeza incontrovertible, como que la Tierra gira alrededor del Sol y los nacionalistas son insaciables y, como ellos dicen, ya se han pasado la pantalla del autonomismo.

Constitución y consenso
JORGE DE ESTEBAN El Mundo  6 Diciembre 2016

Celebramos hoy el Día de la Constitución tras 38 años de vigencia, un periodo que con sus luces y sus sombras pone de manifiesto ciertas circunstancias insólitas en un país que es tan dado a la anormalidad, a la provisionalidad y a los enfrentamientos violentos. Sin embargo, a pesar de focos localizados de terrorismo y de corrupciones diversas, la vida política en general se ha desenvuelto dentro de unos cánones democráticos semejantes a los de otros países europeos. Algo inédito que nunca había ocurrido desde la aparición del constitucionalismo en España, esto es, por primera vez en dos siglos hemos vivido en un Estado de Derecho.

Pues bien, dejando de lado el prodigio jurídico-político que significó la Transición, nuestro ingreso en la democracia constitucional se debió a que la Constitución de 1978, por primera vez también en nuestra historia constitucional, se redactó en su casi totalidad (147 artículos de 169) con un acuerdo entre todos los partidos que formaron parte de las Cortes Constituyentes, aunque en los 21 artículos restantes (artículos 137 a 158, más algunas Disposiciones adicionales y transitorias) no hubo consenso en sentido estricto, pero sí hubo algo parecido: un acuerdo surrealista sobre el desacuerdo en esa materia, la cual se dejaba para que el tiempo y los dioses del Olimpo la arreglasen algún día. Es igual, porque, en cualquier caso, fue una proeza que no se había logrado en ninguna Constitución anterior. Bien al contrario, cada Constitución la redactaba un sector político concreto, sin la intervención de los discrepantes o contrarios, a los cuales se les imponía, según la vieja tradición de los hidalgos del siglo de Oro, la regla de sostenella e no enmendarlla.

Ahora bien, el consenso casi total con que nació la Constitución no se debió a la intervención del Espíritu Paráclito Consolador o a cualquier otro milagro, sino al acuerdo entre los vencedores y vencidos en la Guerra Civil de que no se podía permitir un nuevo enfrentamiento fratricida entre españoles una vez que muriese Franco. La llave maestra para conseguir tal acontecimiento la había facilitado paradójicamente el propio dictador, quién en 1966 había proclamado al Príncipe Juan Carlos de Borbón "sucesor a la Jefatura del Estado a título de rey". Por eso, sobre la reciente reproducción de unas declaraciones de Adolfo Suárez, un tanto inconexas, motivadas sin duda, como recordaba aquí Pedro G. Cuartango, por los primeros síntomas de la enfermedad que pocos años después le haría perder totalmente la memoria, la única explicación posible es la de un especialista cuando afirma que "el Alzheimer se diagnóstica mal, se atribuye a depresiones agudas, duelos, pero se va gestando en el cerebro 20 años antes hasta que una emoción actúa como detonante".

De ahí que las manifestaciones de Suárez sobre la posibilidad de que en 1975 se plantease el dilema de Monarquía o República es falso de toda falsedad, porque nunca pensó eso, como tuve ocasión de comprobar en una larga conversación con él en Roma en 1987. Los que vivimos aquellos momentos lo sabemos bien, pero si se quiere confirmar con dos de los muchos testimonios que se podrían aportar, valgan, por ejemplo, por una parte, el que señala José María Areilza en uno de sus libros de Memorias: "En las horas que transcurrieron desde la muerte de Franco hasta la proclamación del Rey, el joven monarca pudo comprobar la acogida expectante y mayoritaria que el nuevo régimen gozaba en la opinión pública. Contrariamente a lo que algunos agoreros catastrofistas anunciaban, era evidente que la mayoría de la gente no quería ni guerra civil ni revolución. Deseaban un régimen de convivencia legal basada en las libertades democráticas y en el sufragio libre y pacífico de los ciudadanos. Siete eran las Monarquías europeas que habían sobrevivido a la última Guerra Mundial. Todas ellas se basaban en el sistema de partidos, apoyado en el voto popular y en la Constitución. ¿Qué otra forma institucional cabía ofrecer a España en aquellos momentos? El rumbo y la imagen de la Monarquía no podía ser otro". Y, por otra parte, desde una posición ideológica opuesta, Santiago Carrillo, también en sus Memorias, escribe: "Desde mi óptica no puede darse de verdad terminada la Transición mientras S.M. (sic) el Rey siga siendo la bisagra que mantiene un cierto equilibrio entre el sistema parlamentario y lo que pudiéramos llamar los aparatos coercitivos del Estado. Sin esa bisagra no existiría equilibrio. Y no es posible cerrar los ojos sobre lo que es una situación que provisionalmente ha permitido un cambio sin grandes desgarraduras civiles - y en este sentido ha sido un factor excepcionalmente positivo que nos llevó a los comunistas a aceptar la Monarquía constitucional como sistema político - y lo que sería su prolongación indefinida más allá de una coyuntura histórica extraordinaria".

Por consiguiente, la Monarquía se convirtió en el instrumento básico de la reconciliación nacional, en la palanca esencial para que España volviese a cobrar protagonismo en la esfera internacional y en la creación de la imagen de una estabilidad política -salvo las excepciones terroristas- que posibilitó el mayor nivel de bienestar social y económico que no habíamos conocido nunca en este país. En suma, el recuerdo de la Guerra Civil, el protagonismo de Juan Carlos I, la sensatez de una clase política que venía de las dos orillas y la prudencia del pueblo español, permitieron que por primera vez en nuestra historia lográramos una Constitución consensuada.

¿Significa tal portento que nuestra Constitución es perfecta y que no hace falta cambiar ni una coma, como escribieron los siete padres de la Constitución cuándo ésta cumplió 25 años? Tal optimismo resulta patético. En efecto, España, desde el punto de vista constitucional, sufre una grave anomalía: es el único país con una democracia constitucional que después de 38 años de vigencia no ha reformado su Constitución. Ciertamente, ha habido en este tiempo dos modificaciones, pero impuestas por Europa, y que además se hicieron mal. Una, en 1992, modificando el artículo 13, con defectos de fondo, y otra en el año 2011, que afectaba al artículo 135, con defectos de forma.

El hecho es que España no ha modificado todavía ortodoxamente (aunque sí heterodoxamente) una Constitución que posee, además de ser inacabada, algunas deficiencias técnicas. Parece superfluo tener que afirmar que las Constituciones que más duran son las que se modifican regularmente a causa de tres razones primordiales: para mejorarlas técnicamente cuando así se considere; para adaptarlas a los cambios de la sociedad; y para que las distintas generaciones se sientan copartícipes modernizando su enunciado con su voto.

Si nos atenemos a la historia de nuestro constitucionalismo, podemos afirmar que de las nueve Constituciones que han estado vigentes, incluidas las Leyes Fundamentales del franquismo, sólo ha habido una que se haya modificado siguiendo los trámites establecidos y precisamente han sido estas últimas las que utilizaron las cláusulas de su reforma, justificando así la famosa frase de Torcuato Fernández-Miranda "de la ley a la ley". En las Constituciones históricas, que eran siempre de partido, se imponía el deseo de que durasen toda la eternidad, por lo que, salvo alguna excepción, la forma de conseguirlo era estableciendo un procedimiento de reforma muy rígido o no incluyendo ninguno para evitar la tentación de cambiar lo que les favorecía.

Así estaban las cosas hasta que en 2005 el Gobierno de Zapatero solicitó al Consejo de Estado que emitiera un dictamen para adecuar la Constitución a las necesidades que ya no se podían ocultar. Las modificaciones eran cuatro: que se señalase cuáles eran las CCAA que integran España; que se reformarse el orden de sucesión a la Corona para suprimir la preferencia del varón; que se incluyese el proceso de nuestra integración en la UE; y que se realizase la reforma del Senado para convertirlo en una verdadera Cámara territorial. El Consejo de Estado hizo un magnífico Informe. Pero no sirvió para nada. Por un lado, porque la mentalidad de nuestros políticos es proclive al mantenimiento del statu quo, por decirlo finamente. Y, por otro, porque había que cambiar dos de los 32 artículos (el 2 y el 57) que sólo pueden reformarse por el procedimiento ultrarrígido del artículo 168, lo que equivale a señalar que no se modificarán nunca. Salvo que hubiese voluntad de reformarlos por la única vía posible que algunos juristas consideran fraude de ley, y que no es otra que utilizar el procedimiento del artículo 167 en lugar del propio del 168. De no ser así estaríamos ante la petrificación de nuestra Constitución, porque hay también una creencia muy extendida de que una Constitución por consenso sólo se puede variar también por consenso.

Semejante creencia está negando así que la Constitución se puede reformar legítimamente cuando exista la mayoría que exige el artículo 167 CE, esto es, 210 diputados de 350, y 160 senadores de 266. Por supuesto, el ideal sería que todos los partidos estuviesen de acuerdo con las reformas que se propongan, pero eso hoy es imposible, porque ya hay algunos iluminados que sueñan con un proceso constituyente. De ahí que se pueda pronosticar ya que si en esta legislatura no se realizan las reformas necesarias, la Constitución no durará muchos años. Sigue teniendo Ortega razón cuando decía: "El derecho tradicional es sólo reglamento para una realidad paralítica. Y como la realidad histórica cambia periódicamente de modo radical, choca, sin remedio, con la estabilidad del derecho, que se convierte en una camisa de fuerza. Mas una camisa de fuerza puesta a un hombre sano tiene la virtud de volverle loco furioso. De aquí ese extraño aspecto patológico que tiene la historia y que la hace aparecer como una lucha sempiterna entre los paralíticos y los epilépticos".

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

La Constitución contra todos
Nota del Editor 6 Diciembre 2016

Estoy harto de las mentiras que cuentan sobre la constitución y su aprobación.

Fue un engaño total, una puesta en marcha de todos los medios del estado para forzar a los millones de españoles indiferentes a apoyarla, silenciando ignominiosamente a quienes estábamos en contra de tal bodrio ilógico.

Y eso que nunca se nos ocurrió que cuarenta años mas tarde podríamos ser convertidos en ciudadanos de cuarta clase.
Y si no se lo cree, para demostrarloaquí está la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 15. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Si Vd es un ciudadano de cuarta clase y tiene interés en cualquier procedimiento que deba ser sometido a exposición pública, por ejemplo el Plan de Urbanismo y como es obligación legal y anticonstitucional de las entidades regionales y locales está escrito en lengua regional, como no está dirigido a Vd, no tiene derecho a que se lo ofrezcan en español (eso mantiene el Defensor del Pueblo). Si a Vd le envían un recibo de periodicidad mensual, semestral o anual, escrito en lengua regional, cada vez tendrá que solicitar su traducción.

Si Vd. piensa que llueve, váyase porque puede ser otra cosa.

Parches fiscales para consolidar la Gran Coalición
Alejandro Inurrieta www.vozpopuli.com 6 Diciembre 2016

Las cifras que aporta el ejecutivo en materia de recaudación, casi 7.500 millones de euros, son un brindis al sol.

Las decisiones sobre política fiscal tomadas por los gobiernos de Rajoy, y también por los últimos de Zapatero, no responden a ninguna planificación, ni ideología, sino a meros espasmos para cuadrar el déficit, una vez fracasada la hoja Excel de los Presupuestos.

La política fiscal de los últimos gobiernos ha sido un cúmulo de improvisaciones sin ideología

Solo así, se puede explicar las prisas para aprobar el último paquete fiscal, que será apoyado por la otra pata de la Gran Coalición, el PSOE, que incluye unas ligeras subidas de impuestos especiales (tabaco y alcohol) y un ensanchamiento de las bases imponibles en el Impuesto de Sociedades. Este impuesto parecía un queso gruyere por la gran cantidad de agujeros que presentaba, gracias a los lobbys en la época de Solbes, y que dejó la recaudación bajo mínimos, y que curiosamente ahora tiene que ser remendado, eso sí parcialmente, por un supuesto gobierno liberal.

Las cifras que aporta el ejecutivo en materia de recaudación, casi 7.500 mill€ se necesitan, son, de nuevo, un brindis al sol, que no tienen cotejadas con la realidad, y que sin duda responden, una vez, más a ejercicios de simulación en la oscuridad de los bajos del Ministerio en el antiguo edificio de Aduanas. Lo que sí sorprende es que hasta ahora, se podían deducir las empresas las pérdidas cuando tenían participadas que operaban en paraísos fiscales. Es decir, una forma de diluir beneficios era comprar o crear una filial en un paraíso fiscal, declarar pérdidas, como hacían algunas entidades financieras, y luego descontar esas pérdidas del resultado consolidado. Estas prácticas, tan injustas como insolidarias, reflejan hasta qué punto, las grandes corporaciones han estado mimadas por los diferentes gobiernos, aunque el primero de la clase fue, curiosamente, el mal llamado socialista de Zapatero.

Estas grandes corporaciones, cuyos despachos de abogados y fiscalistas, dictan la política fiscal de los gobiernos, crean menos empleo que las empresas de menor tamaño y su contribución a las arcas públicas, resultaba ridícula, por más que los grandes liberales salgan en tromba a defenderlas, con el argumento que suponen y engordan la marca España, engendro de marketing para gloria de los grandes grupos empresariales que beben y se nutren del BOE.

Con estos parches fiscales, un pellizco del tabaco, otro del alcohol, solo licores espirituosos ya que el vino y la cerveza son saludables, por lo que no cabe desincentivar el consumo, y los anticipos del Impuesto de Sociedades, la Gran Coalición ya piensa que va a solucionar el problema del agujero fiscal donde todos los años se licuan y se blanquean miles de millones de euros. Las mejores estimaciones apuntan a que solo en el IRPF se calcula que el fraude alcanza los 20.0000 mill€, casi un 2% del PIB, junto a las rentas en paraísos fiscales que se cuantifican en más de 144.000 mill (7.400 mill de recaudación perdida).

Con estas cifras, el vicio fiscal en España de poner parches transitorios y utilizar la recaudación cautiva, tabaco, alcohol y gasolina, y ahora bebidas con azúcar, para justificar el fracaso en materia tributaria sigue siendo la máxima de los diferentes Ministros de Hacienda, lo cual desincentiva a gran parte de la población a cumplir con sus obligaciones tributarias, dando un ejemplo nefasto a quienes abogan por eliminar gran parte de la presión fiscal, bajo la teoría que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes.

Como la práctica y la filosofía fiscal en España es compartida por PP y PSOE, se entiende la rapidez con la que se han puesto de acuerdo en los últimos días para acometer este pastiche fiscal, amén de la subida del salario mínimo y por supuesto el techo de gasto y la traca final de los Presupuestos. Con estas ayudas políticas, el PSOE salva al PP de las garras de Ciudadanos, que pretendía darle un giro más liberal a la política económica, y por supuesto pretendía eliminar el salario mínimo, variable denostada por las huestes de Garicano, al estilo de los académicos anglosajones.

Lamentablemente, la Gran Coalición no acometerá la gran reforma fiscal que necesita España y que pasa por una equiparación de la fiscalidad de rentas del trabajo y capital, por una verdadera cruzada contra el fraude en rendimientos de capital mobiliario, por la instauración de un impuesto que grave la riqueza y por supuesto la equiparación de la fiscalidad de sucesiones en toda España. Seguimos siendo un país con baja presión fiscal relativa respecto a nuestra posición en el PIB europeo, con un 34,4% del PIB, muy lejos de Francia (47.8%), Alemania (39,8%), Italia (43,7%) y por supuesto los países nórdicos, todos ellos en el umbral del 40%.

En resumen, las medidas que se han aprobado por RD, como le gusta al PP, no van a solucionar los graves problemas de recaudación que tiene España. Como el PSOE ha asumido el techo de gasto impuesto por el PP, que consolidad los recortes ya realizados en 2016, cuando la recaudación se desvíe y no cumplamos el déficit (3,3% en 2017), el sentido de Estado les obligará a recortar más gasto. Qué pena de capital político tenemos en España y que solos estamos los ciudadanos.

Día de la Constitución
El gran encierro
Francisco Hervás Maldonado. Coronel Médico (r) latribunadelpaisvasco 6 Diciembre 2016

No, no me refiero a los sanfermines, ni tampoco a los encierros de San Sebastián de los Reyes o a otros encierros taurinos. Aunque tienen algo de morlacos, el encierro que aquí se trata es el que tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII con los locos. Hasta ese momento, primero se hicieron cargo de ellos los familiares o algunas órdenes religiosas, como la de los hermanos alejianos (por San Alejo). Posteriormente se les echaba de las ciudades en el barco de los locos (Stultifera Navis) y no se sabe lo que les pasaba, pero el caso es que no volvían (¿los abandonaban en el mar o los tiraban por la borda…? ¡Quién sabe!), o bien se les encerraba en los llamados cajones de los locos, como los de Lübeck. Pero llegó un momento en que había tantos locos que decidieron encarcelarlos (amarrando con cadenas a los furiosos) junto con los delincuentes y mendigos. En París, llegó a haber un 10% de enchironados (en una ciudad de 60.000 habitantes, 6.000), según nos cuenta Michel Foucault. Ya en el XIX, o tal vez a fines del XVIII se crean los manicomios, que luego pasaron a llamarse Hospitales Psiquiátricos, los cuales hoy ya no existen como tales. Hemos vuelto a los locos en casa, aunque ahora ya no son locos, sino enfermos mentales, lo cual es mucho más científico y real. Es decir, que la vida es un bucle y que la historia se repite necesariamente.

¿Qué por qué hablo de los locos? Pues porque me quiero referir a los políticos, que no distan mucho de ellos. No digo yo que sean enfermos mentales, pero sí que se les aproximan peligrosamente en muchos casos. Vayamos a la cuestión. Hay un gráfico que lo explica muy bien:

Traduciremos: "Los tiempos duros crean hombres fuertes; los hombres fuertes crean buenos tiempos; los buenos tiempos crean hombres débiles; los hombres débiles crean tiempos duros".

Y eso, referido al mundo de la política, reza así: las dificultades crean grandes políticos, los grandes políticos crean bienestar, el bienestar crea políticos inútiles y, finalmente, los políticos inútiles crean tiempos difíciles. Y yo me pregunto: ¿en qué fase del ciclo nos encontramos ahora? No me voy a remontar a la época de Prim o anterior. Simplemente recuerdo que hubo una guerra civil en España porque nuestros políticos fueron un hatajo de inútiles, dando paso a asesinos camuflados y demás gentes de mal vivir, lo cual obligó a que aparecieran grandes políticos que levantaron el país e hicieron que se pudiera comer, que existiera una seguridad social rentable, que se pudiera estudiar, que hubiera viviendas y que prácticamente desapareciese el paro, entre otras muchas cosas. Eso sí, no había libertad de expresión, pero ahora, con el paso del tiempo lo vemos: ¡para lo que tenían que decir…! Posteriormente, ese bienestar hizo que, al cambio de régimen, la gente se abalanzase a hablar de libertad y, de paso, a llenar la saca con frenesí, hasta que llegó un punto en que a la primera crisis fuerte, esto explotó, porque carecíamos de dirigentes capaces para afrontarla. Fruto de ello, fueron unos años de debacle, que al cambiar el gobierno, nos pensamos que iban a desaparecer, pues los nuevos políticos eran gentes mucho más preparados. Pero no, siguieron las tontaditas: que si la LGTB, que si la enseñanza, que si los separatismos, que si la hucha de la Seguridad Social a hacer puñetas, etc. Y entonces vinieron las malas bestias disfrazadas de políticos, con algún hijo y nieto de asesinos dando órdenes y un loco furioso diciendo “no y no”. La cosa es sencilla: dividan ustedes por cuatro el número de políticos y allegados y se dividirá por cuatro la mangancia. ¡Ay no, que eso va contra la libertad! (la suya, por supuesto, no la nuestra).

Pero esta debilidad de los inútiles ha estallado en el mundo. Primero, el Brexit, pues los ingleses están hartos de inmigrantes que no solo no se integran, sino que pretenden colonizar culturalmente Inglaterra. En Escocia no, pero es que allí hay muchísimos menos inmigrantes islámicos. Segundo, la victoria de Donald Trump. Se acabó la tolerancia con los criminales disfrazados de inmigrantes. Veremos qué sucede en Austria y en Italia. En la primera, está a punto de acceder al poder un partido de extrema derecha y en la segunda, la gente está hasta el gorro de un señor, Mateo Rienzi, que gobierna sin haber sido elegido por las urnas. Habrá nuevas elecciones y ganará la gente de Berlusconi. En Francia, pronto se dirimirán las elecciones entre la derecha y la extrema derecha. Y suma y sigue.

¿Y en España? Pues yo creo que va a haber elecciones el año que viene otra vez. Si le dan un poco tiempo, aparecerá un partido de extrema derecha. Ganará las elecciones el PP y gobernará con ese partido, al que van a votar muchos jóvenes, a los que han defraudado profundamente Podemos y Ciudadanos, quienes no es que se vayan a hundir: están ya hundidos. ¿Y el PSOE? Pues depende de quien mande, pero es imprescindible refundarlo ya, como el PP, pues son dos partidos obsoletos. El uno está anclado en la ilustración (PSOE) y el otro (el PP), en la época de Cánovas.

Voy a seguir con la bola de cristal. ¿Qué pasará con la Guardia Civil? Pues pueden pasar varias cosas. No creo que se atrevan a disolverla o a juntarla con la Policía Nacional, por la cuenta que les trae, pero sí me temo que hagan un “mix” nacional del Ejército con la Guardia Civil, más que nada para ahorrar perras. Un mix que serviría para mar, aire y montaña, sobre todo. Es decir, Guardias Civiles adscritos a los Ejércitos en misiones nacionales o internacionales, vigilancia de costas y espacio aéreo, salvamento, etc. O no, ¡quién sabe!

Sin embargo, hay una cosa clara: de subida salarial digna, nones jamones. Mientras no dividan por cuatro el número de políticos, nada se puede hacer. Esto es una sangría incoercible. La Constitución está mal hecha. Sobran casi todas las autonomías, la educación ha de ser nacional, como la sanidad, el Senado ha de reducirse un poco y al Congreso le sobran unos cien diputados. Las diputaciones no deben ser provinciales, sino regionales, y hay que limitar por ley el número de asesores, porque eso es un pesebrón tremendo. Los sueldos de los políticos no los debe fijar el parlamento, sino el Tribunal Supremo o, en su caso, el Constitucional. Y no deben superar un porcentaje que se fije de los ingresos. Antes de entrar a cualquier cargo, habría que hacer una declaración de bienes, y otra al salir. Ante notario, por supuesto, para que tenga carácter legal. Y, sobre todo, debe definirse la responsabilidad legal por incumplimiento de promesas electorales. Yo no digo que siempre vayan a la cárcel, pero que al menos se les inhabilite para cargo público por un período no inferior a tres legislaturas. O sea: doce años.

En fin, que nos han tocado los tiempos difíciles y empieza a haber cierto aroma de estaca. Porque ninguno de nuestros políticos quiere arreglarlos sin sacrificarse ellos. Vamos, unos patriotas…

Las élites amenazan: La UE necesita millones de inmigrantes más (y llenar el continente de "junglas")
Yolanda Couceiro Morín latribunadelpaisvasco 6 Diciembre 2016

Hace poco FAES ha publicado un informe en el que defiende que "la UE necesita millones de inmigrantes para sostener su Estado del Bienestar". Entre otros puntos pone el acento en que "la Comisión Europea ha reprochado al gobierno español su falta de compromiso para con los refugiados". Se congratula en cambio de que "España se ha mostrado como un país abierto a la inmigración y se encuentra de momento al margen de la ola de xenofobia, racismo y rechazo", contrariamente a lo que se ha podido ver en otros países europeos. E insiste: "El futuro de Europa pasa por la inmigración", con el fin de poder mantener sus sistemas de bienestar, evitar el estancamiento e incluso el colapso. Eso es lo que el documento califica como "afrontar seriamente y sin demagogias el futuro de Europa". Añade que "las políticas migratorias del pasado son mecanismos obsoletos frente a la creciente presión migratoria y que una de las tareas fundamentales del Estado moderno es integrar a los refugiados". Parece el Club de la Comedia, pero esta gente habla en serio.

"La UE necesita millones de inmigrantes para sostener su Estado del Bienestar". Traducción simultánea: las grandes empresas necesitan una mano de obra abundante semiesclava. Porque no vamos a pensar por un instante que esta gente da puntada sin hilo, ni vamos a caer en la inocencia de imaginar que estos cuervos con garras de oro se mueven por sentimientos de solidaridad y amor por la humanidad sufriente, etc, etc, etc...

Por su parte el diario francés "Le Monde", portavoz de la clase dirigente de allende los Pirineos, nos advierte, con mal disimulada satisfacción: la inmigración no ha hecho sino empezar y hay que prepararse para una cantidad creciente de nuevos inmigrantes en los tiempos venideros. Unos pasajes de un reciente editorial de ese medio: "Los europeos y sus representantes deben tomar consciencia de que es hora de reflexionar sobre la gestión del enorme flujo migratorio en curso y por venir (...). La "jungla" de Calais ilustra lo que les espera a los europeos (...). La inmigración no va a parar, apenas empieza (...). De aquí al 2050 la población de África se multiplicará por dos. (...). Esos datos deben conducirnos a esta conclusión: Europa se construirá sobre este desafío: la gestión y la integración del gran flujo migratorio que marcará este siglo (...). Todo esto supone la reforma del Estado providencia para que éste se adapte a esta hermosa y difícil misión que es la integración".

Aquí ya hemos pasado el nivel del humor negro para entrar en el de la burla sangrienta. Es más, estamos ya en el terreno del odio declarado, de la amenaza sin disimulos, del insulto lanzado a la cara de las víctimas. Esas víctimas son los pueblos europeos, que se han convertido en conejillos de Indias de los proyectos de la casta gobernante europea a sueldo de esa hiperclase mundialista que elabora los programas y tira de los hilos de sus marionetas locales.

Tanto el editorial de "Le Monde" como el informe de FAES (dos ejemplos entre tantos otros) merecen ser puestos de relieve. Estos documentos significan que la clase dirigente inmigracionista está traspasando una nueva frontera. Durante años nos ha servido la tesis de que el número de inmigrantes era muy limitado (lo que veíamos en las calles eran simples alucinaciones). Después, ante la imposibilidad de negar o minimizar la envergadura de los flujos migratorios, la clase dirigente cambió de discurso, apostando entonces por el "control" de la inmigración clandestina, aceptar contingentes "razonables" de inmigrantes y trabajar para lograr una buena "integración". Ya hemos visto los resultados.

Ahora la oligarquía acaba de pasar a una tercera etapa. Ya no se toma la molestia de hacer distinciones entre los inmigrantes legales y los "refugiados" y demás demandantes de asilo económicos: todos deben ser acogidos. La clase dirigente inmigracionista no se contenta con palabras: los hechos acompañan su discurso. Lo estamos viendo estos días en que los famosos refugiados de la "jungla" de Calais, y ahora los de la "jungla" de París, están siendo distribuidos por toda Francia (sin que la población francesa afectada por este reparto haya sido nunca consultada ni tenida en cuenta). Todos ellos esperan que Francia les regale una nueva vida con todas las comodidades a cambio de dejar de ocupar las calles de un país que no los ha llamado y que por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad con ellos ni les debe nada.

Mientras tanto, los "refugiados" siguen llegando en masa. Los barcos de varias naciones europeas, de las agencias de la ONU y de diversas organizaciones subvencionadas recogen inmigrantes por decenas de miles semana tras semana, y ahora van a buscarlos cerca de las costas de Libia (por ejemplo ese buque de la Guardia Civil bajo el mandato de Frontex que realiza misiones de rescate frente a las costas africanas).

El editorial de "Le Monde" pone en evidencia tres facetas de lo que constituye la mentalidad de la oligarquía que representa. Primero está el placer de la provocación. Europa está sufriendo atentados islamistas cada vez más frecuentes y más sangrientos. La presencia masiva de inmigrantes es sentida de manera cada día peor por una parte creciente de las poblaciones europeas (como lo demuestran todas las encuestas que se llevan a cabo sobre ese tema). Las exigencias, y hasta las amenazas, de las distintas comunidades de inmigrantes se vuelven más y más apremiantes y agresivas. En este contexto la clase dirigente nos anuncia que la inmigración va a seguir y crecer aún mucho más. Es el mismo tipo de provocación que el mostrarnos, de manera complaciente y repetitiva, las imágenes de jóvenes afganos, somalíes, sudaneses, eritreos y demás en Calais y en otros sitios, gente en perfecto estado de salud y solteros, mientras que por otra parte nos cuentan historietas lacrimógenas acerca de las "familias de refugiados que huyen de la guerra en Siria y en Irak".

También es provocación que la casta gobernante nos presente la supuesta obligación de acoger a estos inmigrantes como la consecuencia inevitable de la demografía africana. Lo que no nos dice esta gente es cómo el hecho de acoger inmigrantes, incluso por millones, pudiera bastar para estabilizar la situación en África, cuando ese continente ya tiene unos 1000 millones de habitantes y que su natalidad exponencial doblará esa cifra antes del 2050, y que gran parte de esa población sólo sueña con llegar cuanto antes a Europa.

Esta provocación es el reflejo de la malsana alegría de los inmigracionistas, la manifestación de su exaltación por insultar al europeo nativo que detestan, el júbilo por perjudicarnos un poco más cada día que pasa.

La clase dirigente tiene en mente un objetivo: poner en práctica la "teoría del choque". Paralizados frente a la invasión migratoria, agobiados por los atentados, atontados por la propaganda, acobardados por la represión, desmoralizados, resignados, los europeos se encuentran cerca de la sumisión. La clase dirigente pretende aprovecharse de ese estado mental para ganar terreno y hacer las cosas irreversibles: acelerar más y más el ritmo de la invasión para volver "La Gran Sustitución" irremediable. Quieren destruir los estados nacionales, diluir sin posibilidad de retorno las comunidades históricas y las solidaridades étnicas. De esa manera, las multinacionales y los distintos poderes transnacionales no tendrán antes ellos más que individuos atomizados, aislados, unos consumidores dóciles, unos contribuyentes obedientes, unos electores sometidos.

Tanto el informe de FAES como el editorial de "Le Monde" ilustran la certeza que anima la oligarquía de no tener ante sí obstáculos de importancia que le impidan llevar a cabo sus fines, por eso ya no esconde su juego, por el contrario lo exhiben con una arrogante alegría, una gozosa satisfacción, una agresiva jactancia, que les hace perder toda prudencia y moderación.

Estos documentos aquí comentados demuestran claramente que la clase dirigente se complace ya en el registro del exceso, de la embriaguez, de la desmesura, lo que los antiguos griegos llamaban la hibris. Y si éstos estaban en lo cierto, esta soberbia monstruosa, esa voluntad de transgredir los límites de lo humano y lo divino, recibirá tarde o temprano su merecido castigo. Pero para eso, los pueblos deberán despertar pronto y actuar enérgicamente. El tiempo apremia.

La traición como estrategia revolucionaria
Ricardo Ruiz de la Serna Gaceta.es 6 Diciembre 2016

La muerte de Fidel Castro nos brinda la oportunidad de regresar a uno de los grandes temas de la Historia contemporánea: la traición como estrategia inevitable de los regímenes totalitarios. Pocos dictadores han gozado de las simpatías que Fidel Castro ha despertado en España y en el resto de Europa y pocos han traicionado con tanta firmeza todo aquello que decían defender. Superviviente nato, el líder revolucionario mató, encarceló o envió al exilio a todos aquellos que lo ayudaron a hacerse con el poder y a detentarlo con mano férrea durante más de cincuenta años. Desde la sospechosísima muerte de Camilo Cienfuegos en 1959, pasando por el encarcelamiento de Huber Matos, hasta el fin de Ernesto “Che” Guevara -a quien mandó a morir a Bolivia en una pretendida revolución abocada al fracaso desde el comienzo- Castro los enterró a todos en medio de aplausos de las masas revolucionarias -las otras no se podían manifestar o estaban exiliadas-, encendidos elogios venidos desde toda Iberoamérica y aplausos llegados desde el otro lado del Atlántico.

En efecto, numerosos intelectuales europeos mantuvieron, durante el siglo XX, un idilio con el comunismo que aún goza de buena salud y ha recibido, con el fallecimiento del dictador cubano, un nuevo impulso. Las referencias a la “dignidad” y a la “resistencia”, han revelado la profundísima confusión moral en la que se debate nuestro continente. Solo alguien muy confundido puede considerar un gesto de “dignidad” perpetuarse en el poder durante más de cinco décadas mediante la represión de los disidentes, el encarcelamiento de los opositores, la propaganda y el miedo. Solo esa confusión puede explicar que los vítores silencien las mentiras sobre las que el castrismo ha construido su imagen durante más de medio siglo.

Castro traicionó todo aquello por lo que se alzó en armas en la Sierra Maestra en 1957. Aquel año, los rebeldes proclamaron en el Manifiesto de Sierra Maestra los principios de la revolución. Afirmaban “el deseo de poner fin al régimen de fuerza, las violaciones a los derechos individuales, los crímenes infames y buscar la paz que todos anhelamos por el único camino posible que es el encauzamiento democrático y constitucional del país”, pero convirtieron Cuba en todo aquello que decían combatir. Impusieron un régimen de fuerza peor que el que combatían, no dejaron derecho individual sin violar, no ahorraron crimen alguno y acabaron con toda posibilidad de paz con los cubanos no comunistas. Aquellos hombres decían que querían “elecciones, pero con una condición: elecciones verdaderamente libres, democráticas, imparciales”, pero jamás dejaron que, en Cuba, los no comunistas tuviesen no ya un partido sino una asociación libre para organizarse y tener una voz. Reivindicaban “libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares”, pero llenaron de presos políticos los penales de Cuba. Aquel manifiesto prometía “garantía absoluta a la libertad de información, a la prensa radial y escrita y todos los derechos individuales y políticos garantizados por la Constitución”, pero los cubanos jamás han disfrutado de esa promesa, sustituida por la propaganda, la mentira y la manipulación cotidiana. Sostenían que “la Sierra Maestra es ya un baluarte indestructible de la libertad que ha prendido en el corazón de nuestros compatriotas, y aquí sabremos hacer honor a la fe y a la confianza de nuestro pueblo”, pero se convirtió en la primera posición tomada por los enemigos de esa libertad que proclamaban. No cabía mayor traición al legado de José Martí, que la Revolución Cubana pretendió secuestrar y apropiarse.

La explotación propagandística de la extensión de la educación o la asistencia sanitaria no puede soslayar las condiciones de miseria en las que han vivido y viven millones de cubanos.

So pretexto de una Revolución amenazada, los Castro -Fidel primero, Raúl después- sometieron a su propio pueblo a una dictadura que copió los métodos aplicados por la Unión Soviética en toda Europa Central y Oriental: las policías secretas, los espías, los delatores, las detenciones, la tortura, el sistema concentracionario, la censura, la mentira. Así, la muerte de Castro debería movernos a cierta reflexión sobre el horror del siglo XX y la mentira y el miedo como fuerzas vivas de la Historia.

Sin embargo, el devenir de las dictaduras es también el recuento de sus fracasos. A pesar de disponer de todo el aparato del Estado, los Castro no han conseguido asfixiar por completo a los disidentes que reclaman, desde la propia isla, un futuro mejor para Cuba. La muerte en extrañas circunstancias -otra más- de Osvaldo Payá, demuestra que el periodo de Raúl Castro no ha cambiado lo fundamental de un régimen que sofoca la libertad. Las Damas de Blanco -que devuelven a la dignidad su verdadero significado- son la estampa viva de esa otra Cuba que no admite la traición ni la mentira. El exilio, desde Miami hasta España, sigue siendo una fuerza imprescindible para el futuro de Cuba. También ellos sufrieron una traición y se vieron abandonados. También ellos siguen soñando con una Cuba diferente.

No habrá futuro para Cuba sin una reconciliación que dé cabida a todos los cubanos. En lugar de sentar las bases para una transición, Raúl Castro trabó una alianza con el chavismo venezolano que permitió a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro llevar a Venezuela a la miseria y la fractura social. Lejos de desaparecer, la corrupción de la élite revolucionaria se ha extendido a los dos países. Los asesores cubanos siguen, como en los años 60 y 70, tratando de enseñar los métodos de represión y control social a un régimen político que, al igual que la Revolución de los Castro, solo genera pobreza y enfrentamiento.

La gran tragedia de Iberoamérica ha sido esta combinación nefasta de líderes populistas, militares autoritarios y pobreza perpetuada por unos y otros. Por supuesto, no todos los procesos nacionales han sido iguales, pero los Castro lograron llevar la miseria allí donde alcanzó su influencia.

Fidel Castro ha muerto sin responder por sus acciones, pero la cuestión cubana sigue abierta. Mientras la élite revolucionaria creada por los Castro trate de preservar sus privilegios a costa de perpetuar la miseria en la isla y deslegitimar a sus opositores, no habrá transición posible en Cuba. Mientras sigan en prisión los presos políticos y los asesores contribuyan activamente a la represión en Venezuela, el régimen cubano seguirá manchado por el estigma de sus numerosas traiciones durante más de cincuenta años. Casi sesenta años después, el programa de Sierra Maestra de 1957, por el que tantos lucharon y murieron, sigue sin cumplirse traicionado por una dictadura comunista.

Escena y culturas
Sangre española en los escenarios ingleses: abre el primer teatro en castellano en Londres

La Spanish Theater Company quiere enseñarle al público británico el patrimonio cultural español: arranca con 'Bodas de sangre' en el Teatro Cervantes, junto al Támesis, y sin apoyo institucional.
Julia Tena de la Nuez El Espanol 6 Diciembre 2016

Los ingleses conocen El Quijote, pero no saben quién es Cervantes. Esto es lo que pretende cambiar la Spanish Theater Company. Gracias a esta compañía y al hombre que la dirige, el actor, productor y director de teatro Jorge de Juan, los grandes nombres del teatro español y latinoamericano ya cuentan con una residencia permanente en Londres: el Teatro Cervantes, ubicado al sur del río Támesis y a pocos metros de El Globo que inmortalizó las obras de Shakespeare, ha abierto sus puertas a mediados de noviembre con la tragedia lorquiana Bodas de Sangre. O si se prefiere, Blood Weddings en inglés.

La apertura del primer escenario de habla española en pleno corazón londinense no ha sido una empresa fácil. La Spanish Theater Company, una compañía de actores españoles, latinoamericanos y británicos, nació de la mano de Jorge de Juan y de la directora teatral Paula Paz hace dos años y medio con la idea de representar las grandes obras del teatro español en Reino Unido. La Spanish Theater Company ha representado lecturas dramatizadas en distintos escenarios londinenses, pero el objetivo fue siempre conseguir un espacio propio.

“Los británicos no saben nada de nuestro patrimonio cultural. Nuestro objetivo es proporcionar una ventana a este nuevo mundo”, explica Jorge de Juan a EL ESPAÑOL. ¿Por qué Bodas de Sangre? “Es una obra que me gusta mucho. Y teníamos que empezar con una pieza que me supiese al dedillo, para poder prepararla mientras llevábamos a cabo el proyecto de abrir el teatro. Haremos todo Lorca, quiero que sea uno de los ejes de esta compañía”.

Sin apoyo institucional
Si el Teatro Cervantes ha conseguido finalmente abrir el telón no ha sido gracias a las instituciones españolas. Ni el Ministerio de Cultura ni el Instituto Cervantes han contribuido a financiar un proyecto que ha recibido principalmente aportaciones personales y de empresas británicas y españolas. La Spanish Theater Company también cuenta con embajadores tan prestigiosos como Mario Vargas Llosa, Tamara Rojo o José María Cano, al igual que con admiradores más inesperados, como el capitán del Chelsea John Terry, el futbolista del Manchester United Juan Mata y las futbolistas Vicky Losada, Marta Corredera y Natalia Pablos.

El cartel del teatro.
“Se nos ocurrió la idea de hacer un vídeo promocional con jugadores españoles e ingleses a raíz del último partido entre España e Inglaterra”, explica Jorge de Juan. “Algunos futbolistas llevan el nombre de Shakespeare escrito en las camisetas y otros el de Cervantes”.

A pesar de que el objetivo del Teatro Cervantes es dar a conocer los grandes autores del teatro español y latinoamericano, el director de la Spanish Theater Company reconoce no percibir mucho apoyo desde España. “En eso estamos a años luz del Reino Unido. El presupuesto y la importancia que le dan aquí a la cultura es mucho mayor”. Jorge de Juan explica cómo uno de los apoyos más importantes que han recibido ha sido, sorprendentemente, el del council (municipio) de un barrio londinense.

“La primera vez que me reuní con el council de Southwark, yo no era nada conocido aquí. Simplemente mandé mi curriculum y pedí una entrevista. A partir de ahí comenzamos a reunirnos. Ellos tenían mucho interés en que el Teatro Cervantes saliese adelante. El concepto que se tiene de la cultura es muy distinto en Reino Unido. Nos ayudaron porque les parecía interesante que hubiese una nueva voz en el mundo del teatro, sobre todo en un área como Southwark, en el que hay una gran cantidad de inmigración latinoamericana. Los británicos llevan la cultura en su ADN, el arte, el teatro y la música se fomentan desde el colegio”.

Bodas de sangre a lo inglés
De hecho, de Juan afirma que la acogida que Bodas de Sangre ha tenido entre los colegios británicos ha superado las expectativas. La Spanish Theater Company ofrece la obra de Lorca tanto en inglés como en español, y aunque algunos de los actores y actrices de la compañía representan el texto en ambos idiomas, la mayoría lo hace en uno o en otro. En total hay 34 intérpretes.

La compañía ha optado por un montaje clásico. “Empezamos con tres representaciones en español a la semana y cinco en inglés”, explica el director. “Debido al éxito de las funciones en español, ahora serán cuatro y cuatro. La embajada española en Londres nos ha ayudado a difundir la obra entre los colegios, por lo que vienen muchos grupos de estudiantes que tienen interés en aprender español. También ha corrido la voz entre muchos de los españoles de Londres, por lo que las funciones en castellano para esta semana ya están agotadas".

Jorge de Juan afirma que este interés por parte de las escuelas es otra de las grandes diferencias que ve con España. “Mi hija estudia en un colegio de la zona, por lo que he asistido a funciones de fin de curso, festivales de Navidad, etc. Me acuerdo que una vez fui a un festival en el que los músicos eran tan buenos que le pregunté al director si se iban a dedicar a la música, y él me contestó que no, que éste quería ser ingeniero, el otro médico… tocan así de bien porque desde pequeños les inculcan el amor a la música, al arte y al teatro”.

El director explica que a la hora de buscar una traducción digna de la obra de Lorca, la intención era encontrar la que más se adaptase a la musicalidad de los versos del poeta. Aunque la versión inglesa también está teniendo una buena acogida, la falta de medios impide que la Spanish Theater Company pueda hacer mucha publicidad. “La gente nos conoce sobre todo por el boca o boca o por las redes sociales, y esto funciona sobre todo con españoles. Al público inglés les va a costar más saber que estamos aquí. Pero los que vienen están saliendo muy contentos”, dice de Juan.

Poncela, el autor más británico
La Spanish Theater Company pretende conquistar al público británico con autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Jardiel Poncela y Juan Carlos Rubio, entre muchos otros. El teatro Cervantes también estará abierto a repertorios de otros grupos, siempre que sean de autores españoles o latinoamericanos. En palabras de Jorge de Juan, cualquier autor que sea bueno y que transmita nuestra visión del mundo tendrá cabida en este teatro.

El director explica que de las lecturas dramáticas que la compañía ha llevado a cabo, Eloísa está debajo de un almendro, de Jardiel Poncela, es la que mejor recibimiento ha tenido entre el público inglés. De hecho, las funciones en este idioma fueron más populares que las representaciones en castellano. “Lo gracioso es que esta obra ni siquiera estaba traducida al inglés británico, tuvimos que utilizar una versión americana. Pero funcionó muy bien porque el humor de Jardiel es muy británico”, explica de Juan. “Poncela se llevaba muy bien con Noel Coward, con quien mantenía una asidua correspondencia. Un espíritu burlón es casi idéntica a Un marido de ida y vuelta de Jardiel”.

Para el actor y director, otra obra que podría tener éxito entre el público británico es El crítico, de Juan Mayorga, ya que la crítica teatral todavía goza de mucha importancia en Reino Unido, por lo que los ingleses la entenderían muy bien. En un futuro, la compañía española y latinoamericana quiere hacer una gira por el Reino Unido, para que estas obras lleguen al público británico más allá de Londres.

Sin embargo, todos estos proyectos dependen de que el Teatro Cervantes sea un proyecto sostenible a largo plazo. En este sentido, el apoyo de las instituciones es esencial. “El proceso de abrir el teatro ha sido duro, pero ahora vamos a intentar hacerlo sustentable. Para eso acudiremos a instituciones tanto inglesas como españolas”, dice el director de la Spanish Theater Company.

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¿Reforma de la Constitución? ¿Qué reforma?
Jorge Vilches El Espanol 6 Diciembre 2016

¿Alguien cree que la reforma del Senado hubiera calmado a los independentistas? El debate sobre la Cámara Alta ocupó artículos de prensa, programas de televisión y radio, estudios científicos en revistas internacionales, congresos universitarios y, cómo no, promesas en los programas electorales. Incluso Ciudadanos hablaba de convertir el Senado en una “auténtica cámara territorial” haciendo que sus miembros fueran designados por los gobiernos autonómicos. En fin.

Ningún nacionalista que se precie habla de cambiar la forma de elección de los senadores, o la función de dicha Cámara. La razón es evidente: no quieren integrarse, sino separarse. Por esto mismo, el federalismo no satisfará a los nacionalistas, aunque sea asimétrico.

El populismo nacionalista es un negocio político: la responsabilidad siempre es del enemigo exterior, y todo lo puede solucionar el futuro paraíso comunitario homogéneo. Los secesionistas balan este pensamiento único desde hace décadas, y el resto de partidos, esos que se dicen nacionales, lo han aceptado.

Sin embargo, el error no lo ha cometido el último gobierno Rajoy, ni siquiera el de Zapatero. El fallo es la mala articulación constitucional, producto de la mentalidad cultural del momento de la Transición. Hablo de un momento en que la idea de España era poco menos que franquista, y los nacionalismos periféricos eran progresistas. Se buscó entonces asentar la libertad política sobre fundamentos territoriales que solo podían conducir a su suicidio, como se ha visto en Cataluña, donde los derechos civiles de los no-nacionalistas se conculcan, la ley no se cumple, y no pasa nada.

La reforma constitucional, lamentablemente, no se entiende en el sentido de asegurar y ampliar la libertad individual –que es la única que existe-, sino en el sentido de dar rienda suelta a comunitarismos esencialmente autoritarios. ¿Por qué no una reforma que haga a todos los españoles libres e iguales? Nadie se atreverá a plantearla por miedo a que le llamen centralista y reaccionario. Los nacionalistas y las izquierdas han marcado la agenda política, su timing, y los conceptos de la vida pública española.

Del mismo modo, tampoco nadie pondrá sobre la mesa la necesidad de adelgazar al Estado, una de las vías más eficaces para reducir la corrupción. Porque el desprecio de la gente a la corrupción en lo público y en lo privado, a retorcer la ley en su beneficio, es el origen de la crisis que nos anega; aquí y en el resto de Occidente. ¿O es que ha pasado otra cosa en Estados Unidos?

También es preciso adelgazar la Constitución, y sacar del articulado -y de la financiación pública- a partidos, sindicatos y patronal. Su constitucionalización podía tener sentido cuando el país se enfrentó a elecciones competitivas y libres entre 1977 y 1979; hoy no. Es más; la subvención es el motivo de la llegada de arribistas sin escrúpulos, de gente que fuera de la política carece de profesión, o de esos adanistas hijos de papá y mamá que, en una irracional rabieta, quieren dar la vuelta a todo.

Sería conveniente primar la libertad y la responsabilidad individual sobre la injerencia estatal y la solidaridad obligatoria, convertidas en el instrumento clientelar de las administraciones. Toda la parte de la Constitución relativa a los principios rectores de la política económica y social debe ser revisada. ¿Por qué los gobiernos tienen que ser obligatoriamente socialdemócratas? Debería ser una posibilidad que saliera de la competición electoral, no de la Constitución. Eso abriría el abanico político, y evitaría el espectáculo actual de las tres versiones socialdemócratas –la tecnócrata del PP, la zapaterista del PSOE, y la navideña de Ciudadanos-, junto a la logomaquia de Podemos.

El elector podría decidir si apoyar un programa liberal, conservador, socialdemócrata o socialista, no como ahora, que se designa al gestor de la socialdemocracia de turno. Esta rigidez lleva a campañas absurdas y contradictorias como la que hemos visto sobre los desahucios –Carmena cerró la oficina antidesahucios porque había pocos casos-, mientras la Constitución sentencia que el Estado puede privar de su propiedad privada a cualquiera por “causa justificada de utilidad pública o interés social”.

La nueva política nos ha traído opciones adanistas sobre la Constitución y su reforma, alguna bienintencionada. Podemos ha creado una jerga emocional, de odio calculado, hilando demagógicamente argumentos de trazo grueso con malas noticias. No tienen un modelo constitucional, sino una teoría del poder: conquistar la hegemonía cultural, crear una estructura paraestatal -el empoderamiento de la gente-, y aliarse con todos los que pretendan romper el sistema, como los independentistas.

La desestabilización es la condición que precisan para imponer su dogma y llegar al poder. Por eso no dieron su voto a Pedro Sánchez en la investidura, y cierran alianzas con ERC y Bildu. No creen en la democracia liberal, sino en lo que llaman “democracia social”: reparto forzado de la riqueza, fin de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho, sustitución de la legalidad democrática por la legitimidad popular definida por ellos, ciudadanía dependiente del poder a través de los “derechos sociales”, y liquidación de la pluralidad política. Esta es la razón de que Podemos y sus grupúsculos digan que la Constitución no es legítima alegando que “ellos” no la votaron.

Ciudadanos no termina de llegar. Su política socialdemócrata, que consagra el estatismo que nos convierte en menores de edad, se suma a su falta de combate en lo que se refiere a la libertad política. La corrupción no se vence marginando a los imputados –que queda muy bien en un programa de La Sexta-, sino menguando la intervención estatal y separando los poderes. Ni la prioridad puede ser hace más proporcional el sistema electoral. Hoy, el gobierno parlamentario que contemplamos no cumple ninguna de las funciones que la teoría política o constitucional establece para el ejecutivo y el legislativo. Este pluripartidismo cainita y adanista nos sumerge en una especie de régimen de Convención, con un Ejecutivo que no gobierna frente a unas Cortes que no controlan, sino que imponen.

La reforma constitucional que debería acometerse es la separación de poderes, con origen distinto, y menos Estado. Sin embargo, el debate se encuentra entre el establecimiento del “derecho de autodeterminación” –lo del “derecho a decidir” lo creó el PNV en 2001 para que no los vincularan con ETA-, y el federalismo. El desconocimiento sobre la fórmula federal es más que alarmante. Ya estamos en lo que Carl Schmitt llamaba “Estado regional federalizado”, con una descentralización inimaginable sin parangón en Europa, aunque sin cerrar.

La federación tiene varios caminos, claro, pero nunca parte de una disolución de un Estado en pequeñas entidades jurídicas soberanas que luego, y a propia voluntad, pretenden unirse. El primer paso supondría el fin de la soberanía nacional y la conversión de las autonomías en Estados independientes que optan, o no, por unirse federalmente. Esto supondría un replanteamiento completo de la idea de España, y de su estatus jurídico nacional e internacional. ¿Quién se hace cargo de la deuda pública?, por ejemplo. En fin, que de esto ya trataron los españoles en 1873 y no fue muy edificante.

A los 38 años de que una aplastante mayoría votara a favor del proyecto constitucional todavía estamos perdidos, inmersos en ontológicas incógnitas. Ser español debe significar cuestionarnos continuamente.

*** Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense.

¿Qué tal si pensamos un poco más en España?
Cayetano González Libertad Digital 6 Diciembre 2016

Es ya un clásico que cuando se acerca un nuevo aniversario de la Constitución –este martes se cumplirán 38 años desde su aprobación en referéndum– se vuelva a hablar de la necesidad de su reforma, sin que se concrete qué, para qué y por qué. Quienes hablan de ello son exclusivamente los políticos y algunos medios de comunicación, es decir, todo muy endogámico. La preocupación que por esta cuestión tiene el ciudadano de a pie es perfectamente descriptible.

Hay varios aspectos irritantes de este falso debate. El primero es que en la mayor parte de las ocasiones se plantea la reforma como una manera de dar mayor satisfacción a los nacionalistas –buscar su encaje en España, se dice–, sin que se acepte que estos lo que en realidad quieren es la ruptura del marco constitucional, porque su nación no es España sino Cataluña, Euskadi o Galicia. Parece mentira que, después de treinta y ocho años, todavía se piense que los independentistas van a renunciar a lo que es su razón de ser.

En segundo lugar, resulta bastante irritante la posición del PSOE. Unos días se levantan con el modelo federal a cuestas y otros con el federalismo asimétrico, que ni ellos saben lo que es. En Cataluña defienden que esta comunidad autónoma sea una nación, algo que acaban de imitar los socialistas vascos –lo poco que queda del PSE– para poder pactar con el PNV. Al mismo tiempo, a la eterna aspirante a liderar el PSOE Susana Díaz se le llena la boca con la palabra España, pero no tiene empacho en ver con buenos ojos ese pacto de los suyos con los nacionalistas vascos o templa gaitas con Iceta y se apunta a la reforma constitucional como mejor vía para resolver el problema catalán. En fin, un totum revolutum el de los socialistas que no hay por dónde cogerlo.

Mientras se asiste a este espectáculo bochornoso de desmoronamiento del orden institucional, nadie plantea que a lo mejor lo que hay que hacer es todo lo contrario: pensar un poco más en España como nación y menos en los intereses localistas, particulares y egoístas de los nacionalistas. Pensar en cómo reforzar y no debilitar la identidad nacional; pensar en que la Constitución está para que todo el mundo la cumpla y no para tolerar que algunos se la salten a la torera.

Es evidente que para hacer frente al secesionismo es necesario tener y creer en un proyecto nacional. El PP, teóricamente, lo tiene, aunque en la práctica su relativismo ideológico también haya alcanzado a esta cuestión esencial. Por no hablar de su debilidad como partido en Cataluña o en el País Vasco. Lo del PSOE es mucho más grave. A sus crisis interna se une desde hace tiempo una posición ideológica sobre la Nación enormemente confusa, que tuvo su máxima expresión en aquella famosa sentencia de Zapatero: "El concepto de nación es discutido y discutible". Con un PSC que es más nacionalista que socialista y con un PSE bajo mínimos electorales y asumiendo gran parte del discurso del PNV, el horizonte socialista es muy preocupante.

Se dice, y es verdad, que las Constituciones no son inamovibles y que no pasa nada por retocarlas. Pero si el punto de partida para introducir cambios es el apaciguamiento de los nacionalistas, eso significa que no hemos aprendido nada de nuestra historia. Y en cualquier caso es muy dudoso que en la actualidad el pueblo español, al que se supone que le darían la palabra en un referéndum, apoyara mayoritariamente algo que tiene como fin contentar a quienes quieren que España deje de ser España. A la vista está que últimamente los referéndums los carga el diablo. En nuestro caso, no haría falta la intervención de Lucifer. Basta con el sentido común de los españoles. Si alguien tiene alguna duda al respecto, que haga la prueba.

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Las redes cargan contra La Sexta por equiparar a víctimas de ETA y verdugos
Rosa Díez ha pedido a la cadena de televisión que rectifique y que ''deje de maquillar la historia. Es indignante equiparar víctimas y verdugos. Y un insulto a la memoria''.
La Gaceta 6 Diciembre 2016

Con motivo de la celebración de la exposición itinerante Plaza de la Memoria, la cadena La Sexta se ha hecho una noticia que no ha pasado inadvertida en las redes, equiparando a víctimas de ETA y verdugos y maquillando la historia, como denuncia la exdiputada Rosa Díez.

‘’Las víctimas de ETA sufrieron durante décadas la rabia y el dolor en silencio por el miedo. La exposición les da la oportunidad de expresarse, una iniciativa que expone testimonios de quienes sufrieron la violencia en Euskadi, de uno y otro bando’’, sostienen desde la cadena.

La exposición se autodenomina como proyecto de participación ciudadana que busca recopilar y exponer testimonios de lo acontecido en Euskadi en las últimas décadas con el fin de construir una memoria plural y compartida.

La noticia de la cadena de AtresMedia no ha pasado inadvertida por las redes sociales y han sido muchos los internautas que han mostrado su enfado:
 


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