AGLI Recortes de Prensa   Sábado 10  Diciembre  2016

Cuando la política es un ratón que corre enloquecido dentro de su propia rueda
Cuando la política deja de abordar las grandes cuestiones y se dedica a recrearse, se convierte en un peligro: en la profecía que se cumple a sí misma.
Javier Benegas. Juan M. Blanco  vozpopuli.com 10 Diciembre 2016

En un BOE de de 2014 se recogía un párrafo más digno de una película de los Hermanos Marx que de una publicación jurídica: “Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios…". Tras esta espectacular introducción, se intentaba acotar la modificación sobre la modificación de la modificación de alguna modificación donde, al parecer, los errores se habían sucedido en cadena. Una vez superada la primera fase, cualquier lector masoquista podía continuar sumergiéndose en el maravilloso mundo burocrático: “En el punto A), donde dice 27/1/2014, a las 12:00 h., debe decir "9/7/2014, a las 12:00 h… En el punto B), donde dice "6/2/2014, a las 12:00 h., debe decir 21/7/2014, a las 12:00 h… En el punto C), donde dice 26/2/2014, a las 10:00 h., debe decir 4/8/2004, a las 10:00h…”. El horror.

Pero esta tónica no es exclusiva del BOE. El Parlamento también es aficionado a los trabalenguas. En marzo de 1997 el pleno del Congreso de los Diputados se vio obligado a votar la siguiente disposición: "Rúbrica de la disposición transitoria segunda. Se suprime la referencia a las tarifas de conexión para desarrollar el contenido resultante de la tramitación previa en el Congreso de los Diputados. Por último, también por razones de técnica legislativa, una disposición derogatoria que prevé expresamente la abrogación del Real Decreto Ley del que trajo origen este Decreto Ley», lo que llevó al entonces presidente del Congreso, Federico Trillo, a exclamar su famoso "manda huevos". Hay que reconocer que Los Hermanos Marx lo resolvieron de forma más elegante, y bastante más entretenida, en su famosa escena de "la parte contratante de la primera parte".

Es evidente que, quienes optan a licitaciones públicas, particulares o empresas, suelen saber dónde se meten y, por la cuenta que les trae, hacen denodados esfuerzos para resolver jeroglíficos como éste o peores. Algunos, los más pudientes, cuentan con equipos de consultores capaces de escudriñar cualquier jerigonza administrativa. Otros, los menos afortunados, leen y releen los abracadabrantes textos, piden ayuda a amigos y familiares o recurren a algún conocido abogado para desvelar el misterio. También ocurre con demasiada frecuencia que unos están sobre aviso de modificaciones “inesperadas”, mientras que otros no tienen tiempo de reaccionar y quedan fuera del concurso. El origen de la fortuna de Jesús de Polanco, el éxito de su editorial, Santillana, se encuentran en un chivatazo de este tipo. Al común de los mortales, eso que llaman la letra pequeña del BOE le trae sin cuidado pero, sea como fuere, lo relevante es que todas las disposiciones del BOE, de una forma u otra, bien sean licitaciones, subvenciones o leyes, acaban afectando siempre a la sociedad en su conjunto. Es más, es en el Boletín donde los gestos se traducen en hechos y, por lo tanto, queda retratada la calidad de la política.

En realidad, el BOE (y también sus homólogos autonómicos) es el gran libro de bitácora de la política. Ahí, toda acción legislativa, desde la más nimia a la más trascendente, se traslada a la realidad, proporcionando una fiel imagen, en contraste con las voces que se lleva el viento, de la inextricable, y muchas veces equívoca, acción legislativa. No importa lo que digan los grandes titulares de la prensa sobre ésta o aquella iniciativa: hasta que no es traducida por el BOE, e interpretada después, nadie sabe lo que realmente ha sucedido. Incluso, en demasiadas ocasiones, es necesario un exégeta o un hermeneuta para interpretar la verdadera intención de los textos, pues pocas veces es realmente la que parece.

Aunque en el caso español sea especialmente intensa, esta dinámica tan compleja no es exclusiva de nuestro país. También se encuentra presente en otros muchos, incluso en aquellos que, a priori son más transparentes y disponen de mecanismos bastante más garantistas. Allí como aquí, las grandes polémicas que agitan a la opinión pública terminan en tormentas dentro de un vaso de agua, donde unos y otros interpretan su papel en la representación teatral, como si la política fuera un ratón que corre alocadamente dentro de su propia rueda, sin moverse del sitio.

Una vez los grandes titulares son reemplazados por la sagrada palabra de los boletines oficiales, aquello que, por ejemplo, prometía ser un gran cambio, termina en astuto trueque o, peor, en la transformación del problema real en otros múltiples y ficticios que se resuelven con inacabables baterías de medidas equívocas, una lluvia fina que deja frío al más ingenuo de los entusiastas. Así, por ejemplo, una presunta reducción de impuestos se puede transformar en un incremento encubierto; una iniciativa para promover mayor competencia en un sector deviene en el fortalecimiento de las barreras de entrada; una promesa de cobertura sanitaria universal termina, tras años de trifulcas, en un apaño que ni es universal ni ofrece las prestaciones prometidas; o las promesas pacifistas de no intervención militar, terminan mutando en guerras encubiertas...

Curiosamente, aun cuando la ley se publica en su forma definitiva y el enigma se resuelve, de cara al público los grandes titulares permanecen, también las polémicas, desdoblándose la realidad en dos universos diferentes: el oficial, con su impostada lucha política y sus desproporcionadas expectativas, y la cruda y prosaica realidad. Al principio, gracias al seguidismo de los medios, el público hace suya la ficción, la interioriza y toma partido, como si la gran confrontación siguiera pendiente, como si los grandes ideales aún estuvieran en disputa. Pero el tiempo transcurre, y las experiencias y percepciones particulares de los ciudadanos, aquellas que provienen del entorno personal comienzan a no encajar con las informaciones que provienen de los medios o de las estadísticas agregadas. Entonces aumenta la inquietud de la gente ante las grandes cuestiones pendientes y también su sensación de incertidumbre, de inseguridad, hasta que la divergencia entre la versión oficial y la realidad percibida se torna crítica. Es ahí donde se inicia el escepticismo, el hartazgo, la animadversión, una desconexión paulatina entre la política y una parte creciente de la sociedad.

Durante mucho tiempo, los llamados creadores de opinión y los expertos han venido mantenido su hoja de ruta sin inmutarse, sin reflejar la nueva realidad. Pero, tarde o temprano, la ansiedad acumulada acaba aflorando. Y lo hace, por ejemplo, en una votación a propósito del Brexit, en unas elecciones presidenciales americanas extraordinariamente polarizadas o, más recientemente en Italia, con el referéndum planteado por Matteo Renzi. Es decir, las llamadas a la participación, con las que el sistema aspira a legitimarse, son finalmente utilizadas por la gente para expresar su descontento, su hartazgo. Obviando la cuestión concreta, la oficial, muchos ciudadanos convierten su voto en una patada en el trasero del establishment. Sin embargo, con su campo de visión limitado a la pregunta formal, muchos expertos concluyen que se trata de un comportamiento irracional o, en su defecto, fruto de falsas creencias e informaciones. En algunos casos podría ser cierto pero, en otros muchos, diríase que la pregunta a la que responde el ciudadano no es exactamente la que figura en la papeleta.

El motivo del cansancio, del distanciamiento entre sociedad y política estriba en que el ciudadano acaba percibiendo, con mayor o menor nitidez que, en lugar de reconocer derechos generales, iguales para todos, las leyes se han diversificado, complicado y retorcido para otorgar gracias y privilegios discrecionales a determinados grupos que se encuentran cercanos al poder o que logran presentarse ante la opinión pública como víctimas. Naturalmente, la mayoría de ciudadanos, que no pertenece a ninguno de estos colectivos, se siente discriminada, alienada, impotente y marginada. Y no ofrece buenas perspectivas de futuro una sociedad en la que el afán de buena parte de sus miembros no es otra que la de suscitar lástima y compasión en los demás, conseguir su propia ley o su página en el BOE. Naciones de personas libres, dignas y responsables se convierten así en sociedades infantilizadas, con mentalidad de mendigo, incapaces de sobrevivir en un mundo globalizado.

Nos encontramos con un enorme hartazgo de buena parte de la ciudadanía ante la inflación de caóticas acciones administrativas. Una sucesión de leyes y enmiendas sin fin, que nadie es capaz de abarcar en conjunto, menos aún, dotarlas de alguna coherencia. Solo cada empresa, cada sector, o cada grupo interesado, comprende demasiado bien el propósito de esa determinada ley, página o artículo que le atañe. Puede que esta enorme complicación haga las delicias de los expertos. Tal vez les haga sentirse útiles, imprescindibles para penetrar lo impenetrable. Lo que es seguro es que alrededor de este descontrol florece toda una industria de la política, del análisis, un prolífico ecosistema de la subvención y, también, de la picaresca. Entretanto, las grandes cuestiones no son abordadas mediante un debate franco, directo, descarnado sino incluidas en un diálogo de besugos donde abunda el eufemismo, el subterfugio y la autocensura. Un proceso que no conduce a ninguna parte.

Quizá sea hora de plantearse el regreso a normas sencillas, estables, comprensibles e iguales para todos, acometer una drástica simplificación legislativa. No seguir promulgando una ley para cada supuesto problema, generalmente empeorándolo, requiriendo en el futuro otra nueva ley y así hasta el infinito. Mucho menos continuar legislando implícitamente para cada colectivo en lugar de hacerlo para la sociedad en su conjunto. El creciente desencanto con la política seguramente proviene de la ausencia de un marco comprensible y justo donde el ciudadano sienta que existe igualdad de derechos, y de responsabilidad, para todos. Y es que, cuando la política deja de abordar las grandes cuestiones se convierte en un peligro: en la profecía que se cumple a sí misma.

Rajoy en el cielo y la Constitución por los suelos
No deja de ser significativo que los españoles nos las hayamos arreglado para convertir la semana de la conmemoración constitucional en una tercera vacación.
José Luis González Quirós  vozpopuli.com 10 Diciembre 2016

La política, como la historia, se escribe siempre, o se reescribe, a toro pasado, de manera que no es extraño que abunden los que se creen en la obligación de advertir lo listísimo que es Rajoy, y los cortes de mangas que está pudiendo ofrecer a sus enemigos, sus adversarios, sus correligionarios, y, muy en especial, a los que decidieron confundir cualquier clase de bienes políticos con la continuidad de don Mariano. Tienen razón, la operación le ha salido muy bien, y quienes trataron de impedirla han quedado ampliamente desacreditados. Hay un pero, sin embargo, hay varios en realidad, y ninguno es pequeño.

La semana de la Constitución
No deja de ser significativo que los españoles nos las hayamos arreglado para convertir la semana de la conmemoración constitucional en una tercera vacación. A su alrededor los políticos se dedican a decir cosas vagas, asignatura en la que es difícil destacar a cualquiera por encima de los demás, y los españoles de a píe, con la excepción de la industria del turismo, aprovechan esa repetida melodía para poner rumbo a cualquier parte, todo un homenaje a la despreocupación y al fingimiento de la bonanza económica que es el gran don con que Rajoy ha comprado las últimas voluntades de muchos.

Claro es que, de vez en cuando, algunos insensatos se dedican a emborronar el horizonte recordando cosas desagradables, como que España tiene una deuda que va camino de la italiana y sigue sin conseguir algo tan elemental como tener superávit primario, esto es, descontando los pagos de la imponente deuda, algo que sí tienen los italianos, pero ya Franco hablaba de los eternos descontentos, así que el público sigue apostando por que, al final, alguien haga un milagro, y lo de Rajoy no deja de ser un antecedente interesante puestos ya en el camino de lo sobrenatural.

Nubarrones en el horizonte
Los más entregados al Cesar pontevedrés se sienten ya en condiciones de hablarnos de Rajoy en 2022, y las comparaciones con Merkel y con Fraga empiezan a ser pálidas imágenes de lo que nuestro líder ha conseguido y está a punto de lograr. Claro es que hay algunas cuestiones pendientes cuya resolución va a requerir algo más que ese buen sentido y esa fiabilidad de las que Rajoy gusta de presumir. Es lo que tiene las cuentas cuando dejan de ser cuentos. ¿Cabe pensar que la UE siga dando a Rajoy el tipo de bula que ya no puede darle? Por este lado, sin duda, pueden pasar cosas no del todo agradables para el monumento popular al éxito del gallego.

La capacidad de Montoro para seguir subiendo impuestos parece estar intacta, pero no está tan claro que eso se pueda seguir haciendo al tiempo que se alardea de una recuperación que lleva claras trazas declinantes. O Montoro acaba descubriendo una economía mágica, o lo que ha hecho nos pasará factura en forma mucho más inmediata de lo que se supone. El flanco presupuestario y económico de Rajoy ha parecido resplandecer si se compara con lo que otros dicen que harían, pero está lleno de abolladuras y vías de agua sin tapón a la vista. Y en cuanto la magia de las cifras de empleo pierda fuelle el panorama puede ser altamente deprimente. Sea lo que fuere, se verá muy en breve, y cabe que, en ese momento, Rajoy, en la cumbre de su control del PP, tire de la manta y busque cambiar las reglas de juego, convocando esas terceras elecciones con cuya eventualidad tanto hemos sufrido, echándole la culpa de todo al primero que asome la cabeza.

Del partido demediado al no partido
La herencia política de Rajoy no es menos gravosa que la que deja su gestión en el Gobierno. A base de someter al PP a una cura sádica de humildad, demostrando que ese partido no es más que la voz de su amo, Rajoy ha conseguido que el PP ya no crea en otra cosa que en el éxito, aunque sea un éxito tan equívoco como el que comentamos. El mundo está patas arriba y el PP se dispone a cantar al unísono el venid y vamos todos con flores a Rajoy. Detrás de tamaña sumisión queda su desaparición política en el País vasco y en Cataluña, su perenne sumisión en Andalucía, su ridículo en Castilla la Mancha y su disparate valenciano, por no citar sino lo más obvio. Miles de ciudadanos decentes que se creyeron eso de que el partido iba a funcionar de acuerdo al principio de “un hombre un voto” van a asistir atónitos a una demostración orwelliana de poder, cosa que seguro produce enorme regocijo a unos pocos, pero una frustración absoluta a quienes desearían que pudiese existir un partido liberal y de derechas en España.

Luisa Fernanda Rudí, que se encarga de estas cosas, ha preparado un congreso en el que se pueda discutir todo, pero se tropezará con una mayoría berroqueña que piensa que discutir es de tontos mientras se pueda seguir mandando.

El bloque constitucional
La herencia rajoyana es también muy oscura desde el lado de la izquierda del sistema. Por un movimiento que todavía no ha rendido todos sus frutos, el PSOE se ha metido en una inaudita forma de autodisolución a la italiana al poner en la calle a su secretario general con el único fin de permitir que Mariano Rajoy pudiera seguir en la Moncloa. Es claro que el anterior líder, ahora no tienen ninguno, no había llegado a ser un Churchill, porque dejó escapar, con la impagable ayuda del guardián de las esencias de la izquierda, la única posibilidad de un gobierno alternativo al no apostar a fondo por una coalición electoral con Ciudadanos y al no proponer claramente un acuerdo distinto sin Rajoy. Se trata de episodios que darán mucho que hablar, pero ahora lo único que cuenta es que los dos partidos que definieron el arco constitucional tienen un espacio común notablemente menor que el que tenían hace solo ocho años. Estoy dispuesto a reconocer que no es mérito únicamente de Rajoy, pero no me negarán que es el primero de la lista.

Por fuera de ese cerco constitucional solo queda el espectro de una pesadilla política, esa mezcla de Stalin, Perón, Fidel y Maduro que, al parecer tiene tantos partidarios, pese a los aparentes esfuerzos de Rajoy por evitarlo. De momento, ese espectro ha servido para que la alternativa tradicional quedase en agua de borrajas y no estoy seguro de que la sabiduría política acierte a reconducir esas aguas revueltas a cualquier cauce razonable. Se ha jugado con fuego y, a veces, a los falleros se les queman las posaderas, e incluso partes más delicadas.

Como guinda, está el asunto del separatismo catalán en el que la herencia de Rajoy difícilmente pueda presumir de una brizna de acierto, pero para eso hemos nombrado a Soraya que lo mismo acaba por arreglarlo. Si la Constitución representó unión, proyecto común, discrepancia y competencia electoral, y si Rajoy está, políticamente, a las puertas del Olimpo, bueno será reconocer el contraste entre su éxito personal y la percepción inquietante de un enorme fracaso colectivo.

No existe un "problema catalán", sino uno español, que afecta a todos los ciudadanos, a los que se intenta dividir en función de su lugar de origen, en lugar de unir mediante el fortalecimiento de las leyes comunes.
En defensa de la igualdad
GORKA MANEIRO Y GUILLERMO DEL VALLE El Mundo 10 Diciembre 2016

Cada vez son más las voces que reclaman una solución política al problema de Cataluña. Acto seguido, estas mismas voces nos explican que con la ley sólo no basta y que es imprescindible acudir a la política para resolver el conflicto. El último en sumarse con entusiasmo a esta creativa tesis ha sido Albert Rivera en la entrevista publicada el domingo 6 de noviembre en El País. Aunque, ciertamente, no es la primera vez que apunta esa idea ni que obra en consecuencia.

El gran problema no es el nacionalismo de los nacionalistas sino el de quienes, sin supuestamente serlo, se comportan como si lo fueran... y, desde luego, que quienes ciertamente no lo son hayan renunciado expresamente a plantar cara a quienes quieren abundar en la idea de que España es una suma de parcelas con intereses contrapuestos en lugar de un país de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. Y que, bien por intereses electorales o pereza intelectual, defienden ya un proyecto asimilado al del nacionalismo. O utilicen argumentos semejantes a quienes no tienen otro objetivo que seguir obteniendo ventajas políticas y privilegios económicos a costa del conjunto de los ciudadanos españoles. Hablar de problema catalán -que es lo que se colige de la fórmula reformas que necesitan los catalanes- como algo fragmentado o escindido del resto de España es demencial; esgrimir una solución política como un ente diferenciado del resto de España y de la aplicación de la ley, un inmenso error.

No existe un problema catalán ni con Cataluña, sino un grave problema en España al estar en tela de juicio nuestra ciudadanía compartida. Este problema, de extrema gravedad, no afecta a unos determinados y pretendidos nativos, residentes en una determinada parte del país, sino al conjunto de sus legítimos titulares: los ciudadanos españoles. Cuando se quiere fragmentar la ciudadanía, y se pretende ejercer un ficticio derecho a decidir para realmente privarnos del verdadero derecho a decidir que detentamos el conjunto de ciudadanos españoles sobre las cuestiones que nos afectan, estamos ante un problema, de magnitudes considerables, que afecta a todos los ciudadanos, no a una parte de ellos. Aunque algunos aún no lo entiendan, la ciudadanía no nos la concede nuestro lugar de origen ni nuestros afectos geográficos: es respetable que los tengamos, pero a efectos políticos son irrelevantes. Lo que nos hace ciudadanos es la ley común, democráticamente otorgada, que es igual para todos y frente a la que todos somos iguales. Esa ley se puede modificar por los cauces democráticamente establecidos y a través de los procedimientos que todos debemos cumplir. Lo que no se puede modificar ni derogar en ningún caso es nuestra cualidad de ciudadanos. La ciudadanía no viene configurada por una historia, lengua, sangre, etnia o leyenda comunes, ni siquiera por unos lazos culturales o afectivos compartidos, sino por la ley que nos iguala y permite la convivencia entre diferentes. Nuestra comunidad política es democrática porque no se asienta en ninguna baja pasión, ni en elemento emocional alguno, sino en el aglutinante de la ley común, elemento racional a partir de cuyo cumplimiento cada uno puede ser tan parecido o diferente al vecino como le plazca. Así, haber nacido o residir en un lugar o en otro de España no puede concedernos un estatus jurídico o económico privilegiado.

Si el planteamiento que algunos hacen del problema es grave, la solución que ofrecen lo es aún más. Entre la ley y su incumplimiento no existe una tercera vía, por más que se empeñen en dibujar soluciones mágicas e imposibles. En democracia, no hay nada fuera de la ley. Cuando un gobierno legítimo y democrático plantea el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, y otro, de idéntica naturaleza, propugna el desacato a la ley y un golpe de Estado institucional, aunque sea por fascículos o a cámara lenta, inmediatamente la simetría entre ambos queda rota. No se puede poner en pie de igualdad ni repartir cuotas de responsabilidad entre quien cumple las reglas del juego y quien sistemáticamente las ignora y vulnera.

La modificación de las leyes, opción legítima y hasta recomendable en muchos casos, jamás puede presentarse como atractivo idóneo para propiciar que algunos bajen del monte. Deben bajar del monte aunque las leyes no se modifiquen e incluso aunque prometamos no hacerlo. Que modifiquemos las reglas del juego ha de ser una decisión legítima de todos nosotros, tomada sin presiones ni chantajes y, desde luego, nunca configurada como intento de calmar o integrar a los que han hecho de su voluntaria exclusión del sistema todo fundamento político. Nuestras normas se habrán de cambiar, además, en el sentido contrario a lo que algunos proclaman: para garantizar una financiación justa e igualitaria, para eliminar privilegios fiscales y asimetrías inaceptables como el concierto económico vasco o el convenio navarro o para recuperar para el Estado competencias legislativas en Educación, Sanidad y Justicia, preservando así el igual acceso a los servicios públicos de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de origen o residencia. Es poco probable que los nacionalistas bajen del monte cuando estas propuestas se lleven a cabo... así que es mejor no prometerles modificaciones legales que les acomoden si bajan del monte.

Determinadas declaraciones parecen el preludio de un pacto fiscal para Cataluña. Esto es, de un nuevo ataque a la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Abonado el terreno de las supuestas soluciones políticas, esperan que nadie alce la voz. Por desgracia para ellos, UPyD siempre estará enfrente de cualquier chanchullo que fracture la convivencia y consolide la segregación entre ciudadanos de primera y de segunda. Para nosotros, el objetivo político ha de ser bien distinto. No se trata de acomodar a los territorios, entes inanimados y carentes de derechos, y menos aún a los insaciables nacionalistas, expertos seculares en hacer del chantaje estrategia única de acción política, sino de garantizar y preservar más bienestar y más igualdad para todos. Del acomodo real de este valor político, la igualdad, hoy olvidado premeditadamente por demasiados, depende nuestro futuro.

Gorka Maneiro es portavoz de UPyD y Guillermo del Valle, miembro del Consejo de Dirección de UPyD.

Esperemos sentados las históricas reformas
VÍCTOR DE LA SERNA El Mundo 10 Diciembre 2016

Justo antes de recibir por fin el respaldo del Congreso y poder formar Gobierno en octubre pasado, Mariano Rajoy lanzó aquella advertencia según la cual es "tan malo" tener un Gobierno que no puede gobernar como no tener Gobierno. En las semanas transcurridas desde entonces ha empezado a cundir un temor diferente: que no es que sea igual de malo, sino claramente peor lo de un Gobierno que no pueda gobernar.

Veamos las premisas: este Ejecutivo en minoría iba a ser de gran utilidad porque iba a verse obligado a promover reformas muy necesarias para afrontar las carencias, crecientes a lo largo de los últimos años, de nuestro sistema. Ciudadanos, el partido más reformista, iba a dirigir al PP hacia la luz, y el PSOE post-Sánchez, sin su fulgor antisistema ni su obsesión por acercarse a Podemos, no sería un gran obstáculo o incluso podría colaborar.

Pues pasa el tiempo, y la primera prioridad de un nuevo Ejecutivo minoritario, como es la negociación de unos presupuestos del Estado, no nos da pistas reformistas sino más bien todo lo contrario. En el terreno económico lo único que Ciudadanos ha exigido (supresión de algunos recortes, gasto en formación) supone aumentar el déficit. Y el PP, tras años de mostrarse incapaz de reducirlo y de irritar crecientemente a la Comisión Europea, se encuentra en posición ideal para acudir a su medicina preferida: cargar el coste de la reducción a los contribuyentes, particularmente las empresas en este caso, y mantener incólume el resto de su estructura de gastos en el sector público, que es la niña de sus ojos. Incluyendo en ello, claro, el regreso a su vieja política de comprar voluntades en los separatismos catalán y vasco: así, ha nombrado a Soraya Sáenz de Santamaría embajadora en Barcelona y arrulla los oídos de Íñigo Urkullu con dulces promesas para que preste su -quizá necesario- apoyo a los presupuestos.

Los del PP responden que lo urgente es lo urgente y que tras los presupuestos vendrán los tiempos de diálogo y reformas, que no tienen por qué ser ante todo de la Constitución (y en eso sí que aciertan). Pero, entre sus impuestos y el repunte mundial de tipos de interés que viene, ya tenemos un frenazo tremendo a nuestra economía en 2017, y en cuanto a otras reformas uno se teme que todo esté resumido en estas declaraciones de Lorenzo Bernaldo de Quirós sobre Rajoy al Economist esta semana: "No es un gran reformista. Es un conservador en el sentido estricto de la palabra, que prefiere el statu quo".

¿Y si unas nuevas elecciones, aunque fueran una semana antes de Navidad, hubieran sido preferibles? Lo malo es que los diversos cataclismos en la izquierda hacen temer que, al final, sólo avanzaría en ellas la abstención. A pechar con lo que hay, pues.

Menos cuentos y más realidad para Cataluña
Gonzalo Duñaiturria okdiario 10 Diciembre 2016

La fiesta de la Constitución ha puesto nuevamente sobre la mesa el falso debate sobre el “encaje” de distintos territorios de España dentro del Estado, en especial el denominado “problema catalán”. Las incesantes falacias vertidas desde hace 30 años obligan a dejar las cosas claras. El art. 2 de la Constitución indica que ésta “(…) se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…)”. Establece que no existe otra nación que la española, descartando que España sea una Nación de Naciones o un Estado Plurinacional. Por su parte, Cataluña no es ni una Nación ni un Estado porque el texto constitucional así lo indica. Pero sobre todo por razones históricas y jurídicas, ya que no tiene una realidad histórica como reino y no puede considerarse una realidad jurídica como Nación independiente. Desde la modernidad, es una región o “comunidad autónoma” integrada históricamente en una única Nación que es España, a la que siempre ha contribuido para su vertebración.

Nación es una comunidad amplia con el fin de crear, sobre determinadas bases, vínculos de unión que provienen de elementos como la lengua, la cultura o la religión, compartiendo tradiciones y hechos históricos que conforman su historia. La Nación surge de las circunstancias históricas que la forman. Cataluña jamás podrá ser reconocida como tal, al ser sus elementos distintivos elementos identificativos de la Nación española. Estado es la agrupación humana en un territorio común, bajo una misma autoridad y normas, con reconocimiento internacional. Ni por historia ni por derecho, Cataluña puede ser un Estado. Pero lo que sea España es decisión de todos los españoles, pues la soberanía nacional nos corresponde solo a nosotros. La Constitución, en su art. 1.2 indica que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Determina una estructura de poder que tiene al pueblo español como una única realidad sociopolítica, como su fundador y legitimador. Es una “soberanía unitaria”, un “todo homogéneo” donde el pueblo español es poder constituyente, no a los territorios que la componen, descartándose la “soberanía compartida”.

Por mucho que se explique a los adalides del “soberanismo” su falsedad, no podemos desdeñar su capacidad de urdir nuevos pseudoargumentos pueriles y engañosos. El “derecho a decidir”, el “derecho de autodeterminación” o las “vías Quebec, Escocia y Kosovo” son prueba de ello. El Derecho a decidir es un eufemismo inexistente en el Derecho Internacional, en el Derecho Constitucional y en el Derecho Político comparado. Es antidemocrático, pues subvierte las reglas nacidas de un proceso constituyente fundado en la libre voluntad de los ciudadanos con escrupuloso cumplimiento de las garantías democráticas. La Constitución, frente a la inglesa, está protegida por el control judicial para que sus preceptos no puedan ser contravenidos. El Derecho de Autodeterminación está limitado por el Derecho Internacional. La Resolución 1514 rechaza todo intento dirigido a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un país y la 2625 establece que no se autoriza ninguna acción orientada a menoscabar la integridad territorial de un Estado soberano.

Apelar a lo que sucede en Quebec es un engaño pues sus reivindicaciones proponen una fórmula de “soberanía para la libre asociación”, muy distinto a la Independencia. Y Kosovo como “camino” para la independencia de Cataluña es peligroso. Una dividida comunidad internacional encontró la fórmula de la independencia como solución a una guerra con centenares de miles de muertos. Su economía es una de las más subdesarrolladas de Europa, con una renta per cápita de 1.500 euros al año, frente a los cerca de 27.000 de Cataluña. ¿Contamos esto sr. Puigdemont? Y en Escocia, reino hasta que se une a Gran Bretaña en 1603, se pudo articular un referéndum con el resultado ya conocido. Pero fue posible porque el sistema jurídico anglosajón proviene de una constitución no escrita y con soberanía legislativa parlamentaria. Solo el pueblo español es el sujeto histórico que constituye la Nación Española, una realidad histórica que proviene desde la Reconquista.

Paciencia finita
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Diciembre 2016

Desde luego no sé qué es lo que teme Oriol Junqueras para declarar que “si el Gobierno actúa contra el proceso se precipitará el referéndum”. Que no se preocupe, porque, al menos este Gobierno de pazguatos, no hará nada o, como mucho, acudirá al Tribunal Constitucional cuando todo esté pasado y sean hechos consumados. Yo no sé qué más esperan que haga este Gobierno al que Mariano Rajoy está exigiendo “multiplicar el diálogo” con una Vicetodo que incluso tiene ya un despacho en la Delegación del Gobierno donde recibir. No sé de qué se quejan de no ser los primeros en ser recibidos, ya que es el mismo protocolo que usa Zarzuela para oír a todos los grupos políticos, de menor a mayor representatividad. No sé por qué insisten en exigir reuniones bilaterales como si fueran pares y no simples representantes autonómicos.

Lo que sí sé es que esa actitud desafiante nunca va a ser aceptada para el inicio de ese diálogo que exigen. No se van a admitir ni amenazas ni condiciones previas. El diálogo no puede transformarse en una capitulación, ni tampoco en una humillación de ninguna de las partes. Pero para eso deben estar muy claras las bases y la libertad de movimientos disponibles. Se puede hablar de todo, pero siempre dentro del marco legal definido por la Constitución de España vigente y de las legitimidades reconocidas en cuanto a la Soberanía Nacional indelegable. Lo que no se puede pretender es dialogar con otras bases ilegítimas que se quieren imponer como ciertas.

Como de modo muy cursi dijo Mariano Rajoy “la disposición al diálogo de este Gobierno es infinita”, pero eso no quita para que esté limitada y sujeta al marco de la Constitución. Uno puede estar muy dispuesto a acometer una tarea, pero el que pueda llevarla a cabo solo depende de la capacidad, disposición de medios y los típicos “imponderables”. Además de que se debe cumplir aquello de que dos no discuten si uno no quiere, o que un diálogo no puede ser un intercambio de monólogos porque se convierte en un “diálogo de besugos”. Y la actitud de los secesionistas catalanes tiene mucho de comportamiento besuguero.

El empeño del cocomocho por pedir reuniones bilaterales antes de acudir a la reunión de Presidentes autonómicos, es simplemente patética. Si no quiere, que no vaya, pero que se deje de decir memeces. La única reunión bilateral posible es la que tendrá cara a cara con el juez si se atreve a firmar, como su predecesor Artur Mas, la convocatoria oficial del referéndum ilegal con el que nos amenazan. Tampoco estaría de más que el Gobierno de España tomase medidas para impedir que se aprueben unos presupuestos autonómicos que contempla unas partidas de unos 5 millones de euros para financiar ese referéndum ilegal.

La verdad es que empiezo a estar más que harto de que se nos machaque a diario con este esperpento del secesionismo en Cataluña. Si este Gobierno cumpliera con su deber, en vez de hacer un paripé de movilización ministerial mostrando su disposición al diálogo infinita, hace tiempo que se habría acabado con este circo. La autonomía está en manos de unos sediciosos que están vulnerando la legalidad vigente y siguen desobedeciendo e ignorando las sentencias del Tribunal Constitucional. Es deber del Gobierno de España poner fin a esta situación de insumisión y deslealtad institucional y aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para garantizar los derechos de los españoles de esa comunidad autónoma. No hacerlo es simplemente un delito de elusión de responsabilidad.

Ni España ni los españoles nos merecemos que ese vergonzoso espectáculo siga siendo primera plana de medios de comunicación en todo el mundo, dando una imagen bananera inaceptable. Dejen de marear la perdiz de manera infinita y actúen de una vez. Nuestra paciencia es finita y ya ha finiquitado.

¡Que pasen un buen día!

Cuidado con el fuego catalán
Pablo Sebastián Republica 10 Diciembre 2016

Tenemos la impresión que el Gobierno de Rajoy está jugando con el fuego del desafío catalán con cierta ligereza, salvo que el Ejecutivo tenga indicios concretos de que la instituciones catalanas, empezando por la Generalitat, van a aceptar sin reserva alguna la legalidad y el marco constitucional español en un proceso de reconducción de la crisis secesionista, o de que estemos ante una campaña de imagen de la España dialogante con el conjunto del pueblo catalán.

De lo contrario, cualquier concesión que se haga a los independentistas y bajo amenaza de celebrar un referéndum ilegal constituiría un error de gran magnitud. Y no digamos si entre esas condiciones se incluye, como están anunciando algunos medios, que el Gobierno retirará los recursos de inconstitucionalidad y las demandas a los dirigentes que han conculcado la ley porque ello sería considerar a Cataluña fuera del marco legal español e incluso un posible delito imputable al gobierno de la nación.

Otra cosa muy distinta es que los esfuerzos del Gobierno de Rajoy por recuperar una relación franca con toda Cataluña tengan como primer objetivo lanzar una campaña de imagen para convencer a los catalanes de la verdad de las relaciones de Cataluña con España y la UE, así como de la disposición al diálogo y la búsqueda de ámbitos de entendimiento dentro de la legalidad, que permitan acuerdos fructíferos frente a los que viven del victimismo y acusan al gobierno central de discriminar a Cataluña y no querer dialogar.

Solo desde este supuesto se puede entender la apertura en Barcelona de un despacho oficial de la vicepresidencia del Gobierno como el que años atrás abrió Alfonso Guerra en Sevilla en beneficio de su hermano Juan, lo que le costó el cargo de vicepresidente.

Porque si esto no fuera así habría motivos para estar preocupados porque dicha delegación de la vicepresidencia será un error, como otros anteriores de este y otros gobiernos (del PSOE y del PP) que incluyeron concesiones de soberanía y autogobierno al secesionismo catalán que, insaciable, acabó por convertir esas concesiones simples escalones hacia la independencia de Cataluña.

También es importante, en esta pretendida apertura hacia Cataluña, que los secesionistas responden con una ‘cumbre pro referéndum’ porque ellos solo quiere hablar de la independencia, que el Gobierno del PP consulte y coordine sus iniciativas catalanas con el PSOE y Ciudadanos para contar con el mayor apoyo político y social. Sin que se pierda de vista en todo ello el respeto estricto de la legalidad y la no discriminación con respecto a las otras Comunidades Autónomas que podrían ver en estas deferencias un claro trato de favor para quienes amenazan con romper la unidad de España y el marco constitucional.

Freedom for Catalonia
TEODORO LEÓN GROSS El Mundo 10 Diciembre 2016

Burkina Faso, 9:00 hora zulú; el secretario del alcalde de Uagadugú, la capital, ya estará entregándole una de las quinientas cartas que los independentistas catalanes han enviado a ciudades de todo el mundo para dar proyección planetaria al relato del prusés:

-¿De qué se trata?
-Carta de Cataluña, una nación española oprimida.

-Ah, siempre hay que solidarizarse con los pueblos oprimidos... ¿Qué PIB per cápita tienen?
-27.663, han vuelto a aumentar este año casi al top de 2008 antes de la crisis. Son la mayor economía de España.

-¿Los oprimidos son los más ricos? Ande, hablemos de cosas serias. ¡Cincuenta veces más PIB que nosotros, notejode!

Alepo, 11:15. A Siria han enviado dos cartas; y le entrega su misiva al alcalde, aunque los bombardeos interrumpen el diálogo sobre Cataluña.
-¿Víctimas de un poder hegemónico de valores democráticos pobres...?- dice el alcalde con un gesto hastiado de desdén ante esa prostitución de las palabras.

18:30, Dhaka, Bangladesh, una aglomeración de veinte millones de personas entre contaminación, pobreza, delincuencia...
-¿Y esto de Cataluña?

-Una de las regiones más prósperas, ricas y cultas de Europa, para que nos solidaricemos con su derecho a decidir liberarse del país que le proporciona su mercado por...
-Por Alá, no me toques los perendengues.

La perplejidad se repite en Yakarta, Teherán, San Petersburgo, Kinshasa, Casablanca, Abidjan, asolada por la guerra, o Ho Chi Minh City:
-Por lo que nos escriben desde Cataluña, son una nación sojuzgada con idioma propio.
-Ah, muy triste, ¿no pueden hablarlo?
-Pues, al parecer, son ellos los que impiden que se hable el idioma de los opresores en las escuelas, incluso multan por usar el español en el espacio público.
-Ya, lo típico en una nación sojuzgada- concluye entre risas.

16:45, Mar Amarillo. El alcalde de Shangai, Yang Xiong, pregunta a su asistente qué es Cataluña tras ver la carta:
-Por la foto que mandan, es donde juega el Barça. Dicen que son una gran nación europea que...
-¿Población?
-7,5 millones.
-Ah, como nuestro barrio de Pudong ¡qué simpático lo de gran nación!

15:36, Manila, ciudad enterrada por la basura.
-¿Anhelo de respirar aires de libertad? Putang ina!
-Y dale con el estilo Duterte.

12:00, Nueva York, misma carta:
-¿Entonces no hay libertad allí?
-Bueno, parece que han tenido que emigrar algunos intelectuales, como Boadella, Azua y otros.
-Por defender la independencia de Cataluña, claro...
-No, por la presión de los independentistas, que imponen un pensamiento único.
-Ah, los oprimidos oprimen a los opresores... un lugar extraordinario.

La Asociación de Municipios por la Independencia, además de enviar las cartas, ha animado a trabajar el 6-D, porque no creen en la Constitución, pero no el 8-D, por lo que se deduce que en cambio sí creen en la Inmaculada Concepción. Por supuesto, creer en la Inmaculada Concepción más que en la Constitución explica muchas cosas. Esperar milagros, sin ir más lejos.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Independencia por vía de hecho, el reto de Sáenz de Santamaría
Al Gobierno no le queda otro remedio que emplearse a fondo en un diálogo con márgenes amplios, pero ya con escasas posibilidades de enmendar la actual Constitución
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 10 Diciembre 2016

Escuchar los análisis y leer los textos de Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, académica de Ciencias Morales y Políticas, es de gran utilidad en estos tiempos de confusión y desconcierto. El pasado 26 de noviembre, Mangas concedió una entrevista al diario 'El Mundo' en la que desvelaba claves interesantes sobre las virtualidades del proceso soberanista. Decía, entre otras cosas, la siguiente: “Yo quiero prevenir: cabe la posibilidad de que Cataluña acabe siendo un Estado pleno si no se ponen límites a sus excesos estatalizantes” porque a tal resultado se puede llegar “un paso tras otro” en lo que ella denominó “el principio de efectividad”. Añadió la académica que “Cataluña ha actuado ya 'de facto' en demasiadas ocasiones. Y el derecho internacional confirma que un Estado es producto de hechos. Se basa en el principio de efectividad: desplegar el poder con exclusividad. No hay Estados legítimos e ilegítimos. Y en Cataluña los independentistas pretenden desplazar al Estado de modo que sea irreversible”.

Araceli Mangas opina que el Gobierno “se ha escondido tras los fiscales y el sistema judicial. Es probable y posible —continúa— que, llegado el momento, el Estado tenga que utilizar todas las medidas coercitivas con las que dota la legalidad interna e internacional a cualquier Estado, pero antes debe haber cubierto las casillas previas: dialogar”. La catedrática sostiene que una Cataluña independiente cabe en el “mapa físico de Europa pero no en la Unión Europea” porque, se pregunta, “¿qué interés puede tener la UE en una región que cuando formaba parte de su Estado no quiso ni ser leal ni cooperar, ni ser solidaria con sus conciudadanos españoles?, ¿qué podrían esperar de Cataluña los polacos, los húngaros o los rumanos?”. La lógica de esta apreciación se combina con la aclaración de una cuestión controvertida: “España no es hoy, y al menos desde el siglo XVIII, una nación de naciones”, puntualizando que la “Constitución habla de nacionalidades pero no en el sentido de que hayan sido sujeto político anteriormente sino porque han tenido una identidad cultural propia, seguramente dada por la lengua”.

Traigo a colación las reflexiones de esta reputada catedrática con extensa obra publicada, porque hay una práctica en el independentismo catalán que es la más calculadora y peligrosa para la integridad del Estado: el denominado 'calladismo' en el que militan algunos políticos soberanistas y, en particular, Oriol Junqueras, quien ha definido con ese 'palabro' su propia actitud y la de su partido. Él se contiene en las grandes declaraciones, limita drásticamente la épica verbal del secesionismo más infatuado, negocia con cierto pragmatismo —véase la relación cordial que mantiene con la vicepresidenta del Gobierno— y espera a que los acontecimientos se vayan produciendo. El 'calladismo' de Junqueras es, en traducción libre pero creo que ajustada, lo que Araceli Mangas denomina “principio de efectividad”, esto es, la creación de una situación de hecho que excluya en la vida pública catalana al Estado y que la Generalitat y todos sus organismos —desde el Gobierno al Parlamento— se comporten de modo soberano. El gran riesgo que corre esta praxis es que —como también advierte la jurista referida— el Estado, rebasado, haga uso de las facultades legales coercitivas, lo que, en último término, también es un resultado calculado por el 'calladismo': si se produjese esa coerción del Estado, el independentismo resultaría, de nuevo en la historia catalana, víctima del ejercicio de la fuerza por España. El Estado trataría de ser deslegitimado.

Como también advirtió Francesc de Carreras en su reciente ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas —precisamente, propuesto, entre otros académicos, por Araceli Mangas— ahora no se dan las condiciones políticas necesarias para una reforma constitucional. Las había en la X legislatura, con una mayoría absoluta del PP y 110 diputados del PSOE, sin Podemos y sin Ciudadanos en el hemiciclo. La situación ha variado y una reforma de la Carta Magna estaría abocada al fracaso por falta de consenso entre los grupos parlamentarios y la necesidad de una consulta vinculante de resultados inciertos en el conjunto de España. Este Gobierno en su versión robusta de 2011 ya perdió un tiempo político que no volverá. No le queda otro remedio que emplearse a fondo en un diálogo con márgenes amplios, pero ya con escasas posibilidades de enmendar la actual Constitución, aunque sí el Estatuto catalán de 2006 y por esa vía, evitar el “principio de efectividad” independentista y eludir la coerción indeseable del 155. Le sobran advertencias para hacerlo. Ahora debe ponerse a reconducir la deriva fáctica del independentismo. En eso, justamente, consiste el reto de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Roberto Blanco Valdés: «La actual crisis no se resuelve con reformas constitucionales»
El profesor analiza en un nuevo lanzamiento editorial el valor de la Carta Magna de 1978 y sus antecedentes
Juan Carlos Martínez. Redacción. La Voz  10 Diciembre 2016

La editorial Teófilo Comunicación acaba de publicar, en pleno debate sobre la reforma constitucional, la segunda edición de su colección de las constituciones españolas. La principal novedad es que incorpora un ensayo introductorio del catedrático de Derecho Constitucional y colaborador de La Voz Roberto Blanco Valdés. El profesor explica en qué consiste su aportación a esta novedad editorial.

-¿Cuál es el valor de las constituciones?
-La constitución es un producto revolucionario y de una importancia extraordinaria en la historia de la humanidad, porque no hubo nada antes parecido a las constituciones, que regulan el funcionamiento del poder ejecutivo y las relaciones entre el poder y el pueblo. Tienen una importancia extraordinaria porque configuran una forma de entender la política que se ha consolidado en la historia: la separación de los poderes y la regulación de los derechos.

-¿Y en el caso español?
-Hemos tenido hasta siete constituciones; en realidad más, porque la de 1854 no se promulgó, el Estatuto Real de 1874 es una carta otorgada, y la de la primera República se quedó en proyecto. El constitucionalismo español tiene una peculiaridad, su carácter pendular, que oscila a izquierda o derecha. Pero aparte de ese movimiento de péndulo, que es bastante aparente, hay otra realidad, y es que poco a poco se van consolidando unos aparatos de poder muy impermeables a la reforma democrática. Son oligárquicos, como lo demuestra el número de años que vivimos bajo constituciones conservadoras, o sin constitución, y los que vivimos bajo constituciones avanzadas.

-Ya vamos sumando años de constitución avanzada, ¿no?
-Sí. La Constitución del 78 superó las tensiones que se venían manifestando desde principios del siglo XIX. ¿Cuáles son esas tensiones? Entre monarquía y república; entre Estado confesional y laico; entre la defensa de los derechos y libertades, frente a los que los negaban; resuelve el problema militar, el de su sometimiento al poder civil; el de democracia frente a no democracia; y finalmente, el gran problema, el que no hemos sido capaces de resolver, el territorial, los intentos de configurar un Estado descentralizado. El único problema de verdad cuya resolución depende de la reforma de la Constitución es ese.

-¿Podrá eliminar ese dilema una reforma constitucional?
-Es bastante ingenuo pensar que una reforma constitucional, tal y como están ahora las cosas, va a resolver el problema, porque hay unas fuerzas que se quieren ir, y esa crisis no se resuelve con reformas constitucionales. No es que quieran más cosas, es que quieren romper. El problema que plantea el PNV se puede resolver de una manera o de otra con una reforma, pero el que presentan ERC y la antigua Convergència no se puede solucionar de esa manera.

-La Constitución del 78 habla de «nacionalidades y regiones». Luego esa distinción se diluyó en la generalización autonómica. ¿Fue esa una oportunidad perdida para resolver el problema territorial?
-Esa cuestión es muy interesante. ¿Debe generalizarse la autonomía o, como inicialmente pensó el constituyente, centrarla en Cataluña, el País Vasco y Galicia? Cuando los constituyentes discuten buscan una fórmula que pueda integrar la inquietud autonomista en Cataluña y el País Vasco y no en los demás territorios. Es la idea de la transitoria segunda, que es una de las palancas sobre las que pivota todo el texto constitucional. Se piensa en conceder autonomía política a los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado su estatuto. Pero esa fórmula tiene un problema adicional: si la República, en lugar de caer en el 39, hubiera caído en el 43, hubiera habido más estatutos, porque en el momento del golpe de Estado hay otros en elaboración. Si no hubiera habido generalización autonómica, ¿los catalanes y los vascos se hubieran quedado satisfechos con un régimen de autonomía política y no hubieran llegado más allá? Tengo colegas que sostienen que fue un error, y que si no hubiéramos generalizado el mapa, posiblemente hubiera triunfado el esfuerzo del 78 para resolver el problema. Yo tengo dudas. El planteamiento fue conceder una autonomía de primera para el País Vasco y Cataluña; de segunda para Galicia (la del aldraxe) y descentralización administrativa, no autonomía política, para los demás. Por circunstancias que tienen que ver con la posición del PSOE, de manera especial en Andalucía, esa fórmula fracasa y se impone la generalización autonómica. Creo que no fue posible el sistema; se intentó, pero al final estalló, como ocurrió en la República. No es casual que el Estatuto catalán se hiciese tan temprano como en el año 32. Muy probablemente también en la República hubiera habido generalización autonómica. Es una duda relevante.

La reforma no será en esta legislatura
La caja en que se presenta la obra de Teófilo Comunicación reserva un espacio para una eventual nueva Constitución, o al menos para su reforma. El profesor Blanco Valdés cree que ese añadido va a tener que esperar. «No vamos a tener una Constitución nueva, en el sentido de las que teníamos antes. Es probable que se reforme, pero no en esta legislatura: las posiciones están muy alejadas. Aparte de que la legislatura, que ahora parece de concordia, puede irse a pique en cuanto el PSOE resuelva su problema interno. Habrá reforma, pero la Constitución seguirá siendo la misma. Su gran valor es que, por primera vez, es de todos. Habría que reformarla, en todo caso, para que fuera todavía más de todos».
«Constituciones españolas», una colección de interés histórico y social editada en Santiago

En noviembre del año pasado, Teófilo Comunicación lanzó a las librerías su producción Constituciones españolas, una caja que contiene las siete constituciones que se han promulgado en España, desde la famosa Pepa de 1812 hasta la de 1978, adornadas con ilustraciones de sus épocas y encuadernadas a todo lujo. Las acompañan reproducciones de los dos Estatutos de Autonomía de Galicia. Fueron 3.000 ejemplares, ya agotados.

La editorial compostelana renueva ahora la oferta, mejorada. Su responsable, José Luis Teófilo, ha estado estos días en Madrid para presentarla, coincidiendo con la fiesta de la Constitución y con el debate sobre la reforma del texto legal que acompaña cada año las celebraciones del 6 de diciembre. «No es, como podría pensarse -dice el editor-, un producto institucional. Es cierto que estos días hemos estado en el Tribunal Constitucional, en el Centro de Estudios Constitucionales, en el Congreso, en el Senado, y en todas esas instituciones nos han felicitado y están encantados con la colección. Pero el año pasado, solamente con la distribución por Internet, vendimos 750 ejemplares a clientes de muy distintas condiciones y procedencias. Por su contenido, debería estar en las escuelas y en las universidades; no solo tiene interés histórico, también tiene interés general, porque cada uno de los textos recoge un momento político y social preciso y diferente».

La nueva colección presenta una caja perfeccionada, con cierre por imanes y más ligera que la de la primera edición. «Mejoramos un poco más la edición -añade Teófilo-, sobre todo en el tema técnico, los papeles, las tintas, los hilos que utilizamos. La caja también está mejor. Y el contenido, que es lo más importante, gana con el ensayo de Roberto Blanco Valdés».

De esta segunda edición van a salir en principio 2.000 ejemplares, aunque la editorial cuenta con reservas del papel especial que ha empleado por si hubiera que hacer nuevas tiradas. Los libros no son facsímiles; se opta por la facilidad de lectura. La presentación es lujosa, como explica el editor: «Hicimos una tipografía distinta para cada una y también una tinta distinta, del mismo color que domina en la portada. Estas son, casi todas, las mismas que en la edición original. Van más ilustradas que las ediciones históricas, con reproducciones de cuadros que hacen referencia a las promulgaciones o a acontecimientos políticos significativos de cada época». A pesar de la crisis, que ha afectado gravemente a la venta de libros, la editora de Santiago confía en seguir adelante. «Hay que trabajar más para ganar menos, pero seguimos adelante», concluye José Luis Teófilo.

Soraya de Cataluña Catalunya
Vicente Torres Periodista Digital 10 Diciembre 2016

La civilización consiste en el imperio de la ley. Puede decirse, pues, que en el año 960 ya estaba en Valencia, al menos, en la sociedad de regantes, puesto que de ese año data el Tribunal de las Aguas.

Puede añadirse, para completar la idea de que ya estaba la civilización, que los fallos de este tribunal se vienen cumpliendo escrupulosamente desde entonces, aunque también cabe la sospecha de que algunos de los políticos valencianos actuales no hayan captado la idea. Por falta de luces probablemente.

Es evidente que existen zonas en España en las que no se cumple la ley, se la desafía y se hace burla de ella. Eso es propio de gentes por desbravar, salvajes, quizá ilustrados en bastantes casos, pero también en otros sin nada de ilustración, y en todos con mucha cara dura.

Los políticos juran o prometen cumplir y hacer cumplir la ley. Quien mayor obligación tiene en este caso es Rajoy, puesto que es el que más posibilidades tiene de hacer cumplir su juramento o promesa a los demás, pero se dan dos circunstancias para que la desidia le venza en este caso: no tiene madera de héroe y ve mucho zascandil a su alrededor. Hay otra tercera circunstancia, y ésta agrava mucho las cosas: dispone del dinero de los contribuyentes.

Lo que parece ser que ha hecho Rajoy es mandar a Soraya a entenderse con los salvajes, teniendo en cuenta que ‘entenderse’ significa sobornarlos o apaciguarlos con el dinero que tiene obligación de emplear en cosas productivas. En lugar de aplicar la ley de manera automática, permite que el payaso ese que atiende al nombre de Puigdemont se ría al recibir una nota judicial. A ver si va a ir Soraya a decirle ‘no pasa nada, mi niño, no te vamos a meter en la cárcel’.

Lo triste del caso es que este gobierno es la opción menos mala de las que eran posibles.

Cataluña misteriosa
José María Albert de Paco Libertad Digital 10 Diciembre 2016

Un partido que se fundó para combatir el nacionalismo es hoy el intermediario del chantaje.

Señales que propician un marco más favorable para el entendimiento. Indicios casi inapreciables, que se abren paso, todavía tímidamente, entre la maleza de habituales recriminaciones. Gestos que invitan a pensar en la posibilidad de un deshielo, oh, invernal. Un arrumaco inesperado, una media sonrisa, una mirada noble. No es tanto lo que se dice cuanto lo que se insinúa. Se trata, sobre todo, de lo que ahora, en la aurora de esta nueva era, parece ya inconcebible.

Tales son las premisas en que se basa el Gobierno para reconducir el mal llamado problema catalán, y que en apariencia tanto difieren de aquella admonición profesoral de Xavier García Albiol: "La fiesta se ha acabado". En apariencia, digo, porque ambas actuaciones, la afable y la avinagrada, presentan idéntico rasgo concluyente: el desprecio por la política, al que el Gobierno añade el de la realidad.

No en vano, mientras la Alta Comisionada para Asuntos Catalanes abría consultorio en Barcelona, éstas eran las noticias que, respecto a su negociado, traía la prensa: "La Asociación de Municipios por la Independencia envía un díptico a 400 ayuntamientos de todo el mundo para explicarles el proceso independentista catalán", "La CUP desafía al juez por la quema de fotos del Rey", "El Diplocat hará de 'observador internacional' en las próximas elecciones legislativas de Macedonia", "Puigdemont convoca para el 23 de diciembre la cumbre sobre el referéndum que exigía la CUP". Ninguna, insisto, tiene más de 24 horas. Al margen del plano institucional, se ha conocido la existencia de un vídeo de un colegio de Cambrils en que el profesor, a cuenta de una teatralización de Els Segadors donde no hay una sola verdad, inocula a niños de 5-6 años el odio a España.

La incapacidad del Gobierno para encarar el nacionalismo no supone ninguna novedad. Lo que sí es novedoso, aunque se viera venir, es que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se congratule por el "cambio de discurso" y exija "medidas concretas". Que un partido, en suma, que se fundó para combatir el nacionalismo, sea hoy el intermediario del chantaje.

¡A la mierda España!
Jesús Laínz Libertad Digital 10 Diciembre 2016

Ese grito inventado arroja todo el guión por la borda a cambio de pagar un tonto peaje a la corrección política.

Aquí hablaremos poco de cine, pues preferimos dejar en manos de los entendidos la tarea de juzgar la película desde el punto de vista cinematográfico. Y vaya por delante que 1898: Los últimos de Filipinas es una película más que notable, sobre todo si se compara con las mediocridades a las que nos tiene acostumbrados el cine español.

Tócanos a nosotros hablar un poco de historia, y sobre todo de opiniones sobre historia. Porque en esto, como en tantas otras cosas, sobre todo en las relacionadas con la política, todo el mundo tiene opiniones. Pero casi nadie tiene argumentos. Y lo más triste es que, en los pocos casos en los que se despliegan argumentos, éstos suelen elaborarse a partir de convicciones previas, con lo que poco sitio queda para el razonamiento y el conocimiento.

Nos encarrilará en nuestras reflexiones Luis Tosar, que encarna magníficamente al protagonista del sitio de Baler, Saturnino Martín Cerezo. "No me gusta la palabra patria, se han hecho atrocidades en su nombre", acaba de declarar. Quizá cupiese preguntar a este gran actor y candidato del BNG y de Galeusca si dicha palabra le disgusta en cualquier circunstancia o solamente cuando se refiere a España.

Pero es cierto: en nombre de la patria se han cometido muchas atrocidades. Pero no sólo en España, patria particularmente perversa según demasiados españoles, sino en todas partes y en toda época. Sin salir de Filipinas, los liberadores yanquis sostuvieron una nueva guerra de cuatro años en la que, junto a quema de cosechas, exterminio de ganados, campos de concentración y otras medidas para someter a la población hostil, el número de muertos ascendió, según fuentes estadounidenses, a 4.234 soldados americanos y más de 16.000 combatientes y 210.000 civiles gugus, término con el que denominaban despectivamente a los filipinos. Nada semejante sucedió en los cuatro siglos de dominio español sobre aquel archipiélago.

Además, en nombre de la patria también se han realizado grandes hazañas, si bien esto no suele ser mencionado, sobre todo por labios progresistas. Por otro lado, también se han cometido tremendas atrocidades en nombre de la libertad, y de la igualdad, y de la fraternidad, y de la democracia, y de la revolución, y de tantas otras palabras bendecidas por la conciencia universal. Pero esto tampoco suele mencionarse.

Otro elemento que no puede faltar en una película española es la contemporaneización de personajes, actitudes y palabras. Porque –¡qué raro!– el cura es drogadicto y descreído, los personajes juran hasta cuando no viene a cuento, y las frases más importantes del guión, que casi acaban cargándose la película, son previsibles muestras del antibelicismo más vulgar y el antipatriotismo más cansino. Ya advirtió Balzac hace dos siglos que una de las más detestables costumbres de los espíritus liliputienses es la de suponer en los demás sus propias ruindades. Porque, efectivamente, la mayor parte de los artesanos de la cultureta, desde su rasante perspectiva, suelen tener dificultades para comprender que hombres que no son ellos, sobre todo los que vivieron en otras épocas y circunstancias, podían pensar, sentir y hablar de manera distinta. Pues, aunque a algunos les resulte inadmisible, parece probable que en la España del siglo XIX hubiera clérigos de comportamiento coherente con su condición; y personas que no estuvieran escupiendo continuamente la jerga de la chusma televisiva del siglo XXI; e incluso militares tan zafios y primitivos que cumplieran con su deber y que estuvieran dispuestos a darlo todo, incluidas sus vidas, por esa patria que tanta alergia les da a nuestros aguerridos paladines de la corrección política. Llegados a este punto, merece la pena recordar que el general Frederick Funston, uno de los principales comandantes del bando enemigo, escribió a propósito de la primera edición en inglés del relato de Martín Cerezo sobre lo sucedido en Baler:

Deseo que cada uno de los oficiales y soldados de nuestro ejército lea este libro. El que no se sienta animado a grandes hechos por este modesto y sencillo relato de heroísmo y devoción al deber, debe de tener corazón de liebre.

Lamentablemente, esta gran película, que alcanza un momento sublime con la capitulación y el emocionante "Han sido cuatro siglos" del comandante filipino, acaba convertida en un panfleto a causa de dos frases, breves pero contundentes, pronunciadas al final. La primera es el deseo de Martín Cerezo de ser expulsado del ejército, palabras ahistóricas e improbables en quien recibiría la Cruz Laureada de San Fernando y acabaría su carrera de general. Y la más importante de todas, la puesta en labios de uno de los personajes ficticios, el valiente pero cruel, disciplinado pero envidioso, eficaz pero vengativo sargento Jimeno, interpretado por Javier Gutiérrez. Pues, sin venir al caso, pone la guinda al épico relato con un gratuito "¡A la mierda España!" que arroja todo el guión por la borda a cambio de pagar un tonto peaje a la corrección política.

Pero ya metidos en asuntos de la mierda, ese lugar al que el guionista cubano envía a España a través del sargento Jimeno, algún dato histórico al respecto hemos conservado, efectivamente, de aquellos días. Por ejemplo, el soldado sabadellense Dionisio Torruella Alujas, cuya correspondencia durante la guerra de Cuba se editó hace algunos años, escribió estos versos a su hermana en octubre de 1898:

Ya sabrás hermana mía / que se acabó la campaña
y que volvemos a España / con muchísima alegría.
Irá la bolsa vacía / pero alegre el corazón,
y aunque por esta ocasión / la isla de Cuba se pierda,
que vaya Cuba a la mierda / y viva nuestra nación.

Mierdosa premonición, vive Dios, tan de actualidad en estos días de luto por el caudillo vitalicio y hereditario de la experla del Caribe.

El ejemplo está entresacado, por cierto, de entre otros muchos posibles, con la mejor de las intenciones de este siempre bienintencionado juntaletras: ¡uno de Sabadell hablando de España como su nación! ¡Ave María purísima…! Y aprovechemos la ocasión para recomendar a los sostenedores de la plurinacionalidad del Estado Estatal que no se les ocurra urgar en viejos papeles, no vaya a ser que encuentren lo que los catalanes escribían en aquellos días –por ejemplo el poeta Francisco Camprodón ("las barras de Catalunya / sont sempre’ls puntals d’Espanya")– y acabe dándoles un telele.

Ya metidos en harina, no sería honrado dejar de recordar el papel destacadísimo que representó Cataluña en la explotación y defensa de las últimas provincias de ultramar, pues la metrópoli colonial de la época no fue otra que Barcelona, ciudad en la que se encontraban afincadas empresas tan importantes como la Compañía Trasatlántica, monopolizadora del transporte marítimo oficial entre Barcelona y Manila, el Banco Hispano Colonial o la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Y catalán fue Víctor Balaguer, ministro de Fomento y Ultramar que se distinguió por su defensa a ultranza de la presencia española en el archipiélago que el vasco Legazpi ganara para Felipe II.

Barcelona se distinguió por sus homenajes a los generales Weyler y Polavieja. Sonrojémonos un poco con lo relatado por La Vanguardia el 14 de mayo de 1897 sobre el multitudinario recibimiento a este último, "militar insigne que con su valor y pericia tan alto ha puesto el nombre español en Filipinas":

Con el más vivo entusiasmo y con todo el interés que nos inspiran estos heroicos y anónimos hijos de España, unimos nuestro aplauso a los que espontáneamente resonaron en la mañana de ayer en honor de estos soldados que vertieron su sangre en defensa de los derechos de la nación.

Finalmente, ya que de los Últimos de Filipinas se trata, rindamos desde aquí homenaje a los cuatro catalanes que se encontraron entre aquellos treinta y tres: José Pineda Turá, de San Feliù de Codines, Pedro Vila Garganté, de Taltaull, Ramón Mir Brils, de Guisona, y Pedro Planas Basagañas, de Sant Joan de les Abadesses. Este último, en flagrante acto de traición a la nación catalana, tuvo tiempo durante el asedio para componer el Himno de Baler:

Somos del 2º nobles soldados, / dignos seremos del Batallón.
Siempre en la brecha nos encontramos / dando la vida por la nación.
Viva el monarca que nos gobierna. / Viva la insignia del Batallón.
Viva España la hidalga tierra. / Sea primero nuestro pendón.

Pero no podemos poner el punto final a estas líneas sin una última mención a Saturnino Martín Cerezo. Pues en el memorable año de 1936 los defensores de la democracia y la legalidad fueron a buscarle a su casa. Pero como lo encontraron muy enfermo en su cama, allí lo dejaron y prefirieron llevarse a su hijo, de diecisiete años, de paseo hasta Paracuellos.

Sirva esto como humilde aportación a la memoria histórica.

www.jesuslainz.es

El yihadismo es el mayor enemigo y debemos actuar en consecuencia
Editorial La Razon 10 Diciembre 2016

El yihadismo es una amenaza global. Nada nuevo descubrimos, es cierto, pero conviene que el mensaje mantenga el volumen suficiente para que las sociedades occidentales, tan dadas al olvido que propicia el confort, no olviden que el terrorismo sigue al acecho y que espera cualquier oportunidad para golpear. Ese no bajar la guardia que las autoridades de todos los países que permanecen en el punto de mira del fanatismo repiten en cuanto tienen ocasión está más que justificado. La actividad de estos individuos radicalizados, no ya en las guerras que se libran en Siria o Irak o en países en relativa paz en Oriente Medio, sino aquí mismo, entre nosotros, se mantiene creciente y, por lo tanto, es alarmante.

La relativa calma de la que disfrutamos en Occidente no quiere decir otra cosa que los terroristas no han encontrado la oportunidad de sembrar el pánico y la muerte, bien sea por su propia ineficiencia o, en la mayor parte de las ocasiones, por la eficacia de las Fuerzas de Seguridad. Como bien sabemos por desgracia en nuestro país, los criminales no atentan porque no pueden, no porque no quieran. En esa guerra global que las democracias libran por su libertad, España ha asumido desde hace tiempo una responsabilidad absoluta. Sabemos, porque lo hemos sufrido, hasta dónde puede llegar la barbarie asesina del islamismo radical. Hemos pagado un precio muy alto y hemos sabido y tenido el coraje suficiente de mantenernos en el parapeto que protege el Estado de Derecho.

Hemos sufrido, sí, pero también hemos conseguido éxitos incuestionables que han reforzado nuestras convicciones gracias al trabajo bien hecho. Obviamente, nada ha sido ni es fruto de la casualidad o la fortuna. Si España es hoy una de las vanguardias principales en el combate contra el yihadismo, es porque nuestro país lleva décadas luchando contra múltiples formas de terrorismo, dispone de los mejores medios humanos y materiales y ha reunido una experiencia realmente única que nos ha consolidado en la élite de un combate extremo y agotador. España, hay que decirlo y ponderarlo como merece, cuenta con un sistema legal de extraordinaria capacidad y efectividad contra este enemigo tanto en el terreno de lo normativo, por supuesto, como sobre todo en lo referido a la actividad de las Fuerzas de Seguridad y su colaboración con jueces y fiscales.

En este punto, las cifras son elocuentes. Una de cada cuatro investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional este año está vinculada al terrorismo yihadista. Esa lucha permanente se ha traducido en que a final de año los presos islamistas serán casi la mitad de los reclusos etarras, lo que hace unos años habría sido impensable. La frialdad de la estadística pone sobre la mesa las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la cara, nos habla y refrenda el admirable esfuerzo de todos aquellos que trabajan y pelean para que los españoles, sus compatriotas, estemos seguros. Por el otro, la cruz, esos números apuntan a una amenaza real, próxima e importante, que debe reforzar nuestro compromiso como país en la guerra contra el yihadismo en todos los frentes en los que sea necesario, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Hoy sabemos, como adelanta LA RAZÓN, que se detectaron amenazas concretas contra España en las dos últimas Navidades y que estas fiestas, tan trascendentes para los cristianos, son objetivo de los fanáticos del islam. No se trata de alarmar, sino de prevenir, de no bajar la guardia y de mantenernos firmes. Los errores se cobran vidas. Es algo que jamás debemos olvidar. Si así lo hacemos, prevaleceremos frente al terror.


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