AGLI Recortes de Prensa   Domingo 11  Diciembre  2016

Fiscales que son jueces, inspectores que son fiscales y el 'perioleakismo' que viene
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 11 Diciembre 2016

Dejemos a los fiscales ser fiscales; a los jueces, jueces, a los periodistas, periodistas y a los futbolistas, futbolistas.

Los Gobiernos aprovechan las vacaciones para legislar contra el contribuyente. Es natural: el ser humano está más indefenso en bañador o disfrazado de Papá Noel que un lunes a las siete de la mañana escuchando esRadio. Pero durante este viaducto de la Constitución y la Inmaculada, el Gobierno del PP ha perpetrado contra los ciudadanos en su condición de justiciables, que en teoría somos todos, y de ajusticiados, que en la práctica somos las víctimas de Montoro, un cambio tan radical que deja en ridículo la famosa reforma la Constitución. ¿De qué reforma nos hablan, cuando los derechos que debería amparar son conculcados ante nuestros propios ojos?

Abrió plaza el ministro de justicia Catalá, famoso desde que confesó haber descubierto la "singularidad catalana" (la de no cumplir las leyes y cobrar por ello) en un viaje a Cataluña, tal vez a la altura de Benicàssim. Con ese precedente, mezquino sería negarle la sensibilidad foral que exhibe ahora Soraya, absurda compensación, única en los anales de las guerras, de los liberales a los carlistas tras el abrazo de Vergara. Es como si Lincoln, tras la guerra de Secesión, hubiera permitido a los Estados de Sur que un tercio de los esclavos siguiera siéndolo durante la mitad de sus vidas. Pues bien, Catalá ha anunciado que la Fiscalía, que depende de su Ministerio, asumirá las funciones hasta ahora desempeñaban los jueces de instrucción. Si la Oposición no lo remedia, los fiscales instruirán todos los casos, con la total independencia que asegura su dependencia jerárquica del Gobierno.
Caamaño, Gallardón y Catalá, la logia de la Venda

Algunos dicen que la última vez que el Gobierno quiso hacerse con la instrucción de los casos fue en tiempos de Gallardón, tras proclamar en las Cortes que el Gobierno de Rajoy y Él mismo acabarían con "el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que han de juzgar a esos políticos". Aquella promesa se tradujo en que de nombrar al 80 % de los miembros del CGPJ, los políticos –con la única excepción de UPyD- decidieron repartirse el 100% de los nombramientos del llamado Gobierno de los Jueces. Hasta a Izquierda Unida le tocó un vocalito. Pero como no es fácil escapar a la obscenidad del espectáculo de la corrupción judicial, Gallardón, tras decir a sus íntimos –unos 60.000- que dimitiría porque Rajoy le obligaba a incumplir su promesa, salió con lo mismo que ahora Catalá: "como en otros países de nuestro entorno" (¿Marruecos, Francia, Argelia, Italia? ¡hay tanto entorno!), los fiscales asumirían la instrucción de los casos para agilizar el lento paso de los bueyes judiciales. ¿Y qué dijo la oposición? Que el PP quería cargarse la instrucción de Gürtel y Bárcenas.

Pero la iniciativa del ex presidenciable Gallardón tampoco era original. Pocos años antes, también para entonar con nuestro entorno, no aclaró si portugués o mauritano, Francisco Caamaño, ministro de Justicia de ZP, anunció que, a fin de agilizar la tratequeante andadura judicial y remediar la demora en juzgar los casos, que puede arrastrase una década, los fiscales, susfiscales, deberían asumir la tarea de instruirlos. ¿Y qué dijo la Oposición del PP? Que lo que quería Caamaño, nacionalista gallego y acreditado masón, era instruir en su logia el caso de los ERE de Andalucía.

¿Mentían Caamaño y Gallardón, miente ahora Catalá, al decir que la instrucción del caso por los fiscales agilizaría la instrucción de los casos? Necesariamente, no. Depende de los medios y de la organización que un cambio tan radical suponga en la organización interna de los juzgados y el funcionamiento de los fiscales. ¿Mentía la Oposición al decir que el Gobierno quería controlar la instrucción de casos explosivos (Nóos) o que afectaban a un partido (Gürtel, Púnica, ERE)? Indudablemente, no. ¿Es seguro que la instrucción de los casos por fiscales y no jueces agilizará el funcionamiento de la Justicia? No. ¿Es seguro que la instrucción vendrá politizada desde su origen –el Ejecutivo- y que los fiscales orientarán la actuación policial en función de su partido o su promoción profesional? Sí.

Pero como ya sucediera la semana pasada en los elogios fúnebres al genocida Fidel Castro, con RTVE rivalizando en obsequiosidad totalitaria con La Sexta, apenas ha habido contestación mediática a este proyecto del Gobierno de quedarse con la instrucción de los casos a través de la Fiscalía.
Hackercienda, fiscal de Cristiano Ronaldo

Sin embargo, la noticia que ha alfombrado todas las tertulias de este puente no ha sido el fiscalazo de Catalá que, de hecho, supone la toma del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo y culminara el proceso iniciado por el Gobierno de González con la LOPJ/85 para liquidar la independencia de los jueces que proclama nuestra Constitución. Cuando se promulgó aquella Ley, tras el expolio de Rumasa y contando con la aquiescencia igualmente prevaricadora del Tribunal Constitucional, el sorayo de la época, porque todo poder indiscutido tiene un valido que vicepreside todo entonces se llamaba Alfonso Guerra, proclamó "la muerte de Montesquieu" como un hito de la modernización de España. La división de poderes es algo viejo y pasado de moda, no como la tiranía, que siempre está a la última y que en todas sus reencarnaciones presenta la atractiva novedad del abuso de Poder.

De hecho, uno de los muchos hermanos del sorayo Guerra, llamado Juan y conocido en Sevilla como Mienmano, introdujo la novedad del tráfico de influencias en la Delegación del Gobierno de Andalucía, junto a las dependencias de la Junta por cuya agilización, que los viejos llamaban corrupción, cobraba la correspondiente comisión entre cafelito y cafelito. 27 diarios llegó a tomar Mienmano, subordinando lo ético a lo hepático.

Pero ya nadie se acuerda de los Guerra, tal vez por los muchos que los han sucedido en el asesinato ritual de Montequieu. En cambio, todos hablan de la publicación por El Mundo, la víspera del Barça-Madrid, de una información según la cual Cristiano Ronaldo, la máxima estrella del Undecicampeón de Europa, habría ocultado a Hacienda 150 millones de euros en paraísos fiscales, entre los que destacaban, cómo no, las Islas Vírgenes.

Al día siguiente del cristianazo, el astro de Madeira hizo uno de los peores partidos de su vida, deambuló como un sonámbulo por el Nou Camp y falló un gol cantado en el minuto 43, en una posición similar a la que en el último clásico le permitió marcar y darle la victoria al Madrid, que este año podía haber supuesto la Liga, pero que entre el árbitro y El Mundo se quedó en empate y gracias a Sergio 93, antes Ramos.

La repercusión deportiva y económica de la noticia no sólo afectaba a la Liga, la Copa de Europa y los ingresos de ambos clubes, sino al que se ha convertido, a la chita callando, en un negocio, el de las apuestas, que mueve muchísimo más dinero que los derechos de imagen, tan discutidos y redefinidos en la llamada Ley Beckham, sobre la que la información de El Mundo, mi periódico de papel desde hace más de veinte años, no ofrecía demasiada información, tal vez porque la complejidad de la legislación tributaria no favorecía la escandalosa portada que casi nos cuesta la Liga.

Las apuestas son, a mi entender, el cáncer que puede acabar con el fútbol profesional, y todo lo que dentro o fuera del campo influye en un resultado y un premio mucho mayor que el sueldo de un futbolista, debería ser tratado con cuidado exquisito. En la Liga Italiana han condenado nada menos que a Buffon por formar parte de un grupo que amañaba partidos para ganar en las apuestas y en la Premier Inglesa han echado al seleccionador y a cuatro entrenadores. En nuestra Liga sólo han juzgado al pobre Zaragoza, pero en todas las divisiones, incluso en aficionados y juveniles, empieza ya a darse esa corrupción del juego en favor del dinero rápido de las apuestas.

Menos mal que no estamos en Inglaterra, porque allí la Fiscalía ya estaría investigando la ya famosa portada de El Mundo y poniendo en más dificultades que el juez Zamarriego a mi amigo y director Pedro Cuartango. No creo que Pedro, que es un hombre absolutamente honrado, haya querido tapar el Caso Nadia con el de CR7, aunque yo, que fui Jefe de Opinión antes que Cuartango, no hubiera mezclado las disculpas por lo de Nadia, síntoma de la corrupción de un tipo de periodismo sensacionalista y sin el más mínimo rigor que triunfa, a caballo de las redes, en prensa, radio y TV, con el resultado de esa sesuda investigación del CIE que todo madridista achacará, por los siglos de los siglos, al Barça, para tapar los infinitos casos de corrupción que han llevado al banquillo o a la cárcel a sus últimos cinco presidentes, a sus estrellas Messi, Neymar y otros como Mascherano. Para el club que presume de representar els valors pero que ha sido condenado tantas veces por corrupción fiscal, el caso Cristiano ha sido una bendición.

Por supuesto, el madridismo está seguro de que, al margen de la portada ronaldicida, no publicar o no conocer que CR7 había presentado hace muchos meses un informe a Hacienda con todo su patrimonio en el extranjero, 250 millones de euros, aparentemente dentro de la legalidad que rige en la UE tras la Ley Beckham, pone en duda la solvencia de Football Leaks y afecta a todos los medios que lo forman y publican sus cosas. Yo creo que desde Assange y Wiki Leaks, toda desconfianza es poca ante esos hackers salvíficos y vengadores de los futbolistas ricos pero tan fácilmente manipulables desde instancias oficiales u oficiosas como muestra Franzen en su novela Pureza, dedicada precisamente a la fantasmagoría de estos hackeos babilónicos que al cabo quedan en meras filtraciones interesadas.

Sobre todo, cuando abonando todas las sospechas sobre todo lo que lleva al afijo leaks (del que yo desconfío casi tanto como de la Fiscalía Anticorrupción, creada por Felipe para disimular la suya y de su partido) al día siguiente de la portada de El Mundo, el portavoz de Gestha, sindicato de inspectores de Hacienda, que debería estar tan prohibido como los de militares, cuyas armas son menos mortíferas que las del Fisco y tienen una acreditadísima capacidad de corrupción –en Barcelona, de Borrell al Barça- se ha convertido en las radios catalanas en fiscal y juez, instructor y perito, técnico y tertuliano, experto y moralista del caso Cristiano. Mollinedo, que es el jefe, dijo que "le podían caer seis años de cárcel", teóricamente sin conocer la investigación, aunque deslizaban cosas que a dos días después quedaban desmentidas, y sobre todo porque Hacienda no debe identificarse con ciertas actividades que no parecen moverse siempre dentro de la Ley.

Esto ha sido lo más grave del asunto, o lo que nos ha entretenido en este viaducto de la Constitución y la Inmaculada: que de nuevo Hacienda actuaba como policía política y fiscalía mediática, en una operación hecha de suposiciones y rumores que vulneran todos los derechos ciudadanos. Si El Mundo no asegurase, y yo tiendo a creer lo que dice mi diario de papel, que Football Leaks es una cosa extraordinaria, Los Intocables del Césped o algo así, me parecería asistir a otra operación de escarmiento popular como la de Lola Flores en tiempos de Borrell o la de la Pantoja en éstos. Peor aún: una forma de evitar mediante el miedo y la demagogia, que se hable de la masacre fiscal perpetrada por Rajoy con el apoyo de la Oposición.

Montoro, o sea, Soraya, o sea, Rajoy, ya han utilizado personal a sus órdenes, concretamente inspectores de Aduanas en operaciones siniestras de maquillaje político gubernamental, como la detención de Rato en pleno barrio de Salamanca, bajándole la cabeza como si fuera esposado, para al final recorrer 400 metros hasta su despacho y soltarlo enseguida, en cuanto las cámaras convocadas por el nº 2 de Soraya grabaron todo el escarnio. ¿Y va a ponerse el periodismo serio al servicio de esa canallería política? ¿Es admisible que un sindicato de inspectores de Hacienda, usando datos que no tienen o no deberían tener, haga el papel de Fiscalía Anticorrupción, mientras los fiscales se convierten, de golpe, en jueces de instrucción?
¿Es compatible el perioleakismo con la libertad?

Y hay algo más, aparentemente sólo periodístico pero que debería preocupar a todos, porque afecta a la información y a la creación de la opinión pública en un sistema democrático. Algo que en Libertad Digital y cualquier otro medio con vocación de influir en los sectores más importantes de la sociedad –económicos, políticos, judiciales, culturales- debemos debatir cuanto antes: ¿es compatible una sociedad que respete los derechos civiles con la existencia de proyectos como Football Leaks, sobre cuyos titulares más o menos fiables, de origen opaco y perfectamente maleables, salta un sindicato de Hacienda y tras ella la Fiscalía y luego los partidos políticos, sin que nadie defienda al ciudadano -hoy rico, mañana pobre- ante tanta arbitrariedad? El perioleakismo está aquí. ¿Es compatible con la Libertad?

De creer a El Mundo, mi periódico desde hace más de veinte años y que espero siga siéndolo mientras dure la civilización del papel, Football Leaks es "la prueba de la efectividad de las redes de investigación, el único mecanismo capaz de seguirle el ritmo a unas estructuras de poder globalizadas". Y esa "cooperación consiste en compartir información y consultas, desarrollando herramientas, plataformas y diseños propios". Yo creo justo lo contrario: es la herramienta ideal de esos poderes globales para manipular a su antojo la información y, con ella, a la opinión pública.

Si el periodismo español serio, el que queda, cae en la demagogia del infotaiment, resucita la tradición amarilla de alzar y derribar a diario ídolos populares al "ritmo de unas estructuras de poder globalizadas", es decir, al compás de filtraciones de cloacas policiales, empresariales o políticas, si se convierte en suministrador de un material que jamás admitiría un juez pero que blanquea Hacienda y sobre él levanta la Fiscalía sumarios sumarísimos, al servicio del Gobierno, la Oposición o de esas estructuras de poder siempre más poderosas que los que dicen que vienen a derribarlas, mal, muy mal vamos. Dejemos a los fiscales ser fiscales; a los jueces, jueces, a los periodistas, periodistas y a los futbolistas, futbolistas. Y dejémoslo aquí.

Justicia, una utopía en España
Francisco José Alcaraz Libertad Digital 11 Diciembre 2016

Se ha corrompido tanto el sistema en España, que quien cree en ella es porque es ingenuo como lo fui yo o se esconde detrás de ella para ocultar las mayores de las injusticias.

Hace años y después de pasar un larguísimo duelo decidí buscar la JUSTICIA que mi hermano Ángel y mis sobrinas Miriam y Esther se merecían. Comencé denunciando a grupos musicales proetarras, luego con el movimiento asociativo me impliqué en ámbitos judiciales, asistencial y reivindicativo, llegando a impulsar la mayor Rebelión Cívica contra los acuerdos de ETA y los Gobiernos de Zapatero y después de Rajoy.

Hoy después de todo lo vivido, y que es mucho más de lo que pueden imaginar las personas que nos han apoyado y seguido en esta lucha, tengo que reconocer que la palabra "JUSTICIA" carece de sentido. Se ha corrompido tanto el sistema en España, que quien cree en ella o apela a la justicia es porque es ingenuo como lo fui yo o se esconde detrás de ella para ocultar las mayores de las injusticias.

A día de hoy el asesino que mandó el atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil el 11 de diciembre de 1987, donde fueron asesinadas 11 personas, 5 de ellos niños, y casi un centenar de heridos, sigue en libertad.

Goza de la impunidad del proceso que negoció con Zapatero y sigue manteniendo esa impunidad porque esos acuerdos fueron asumidos por Rajoy. Ahora muchos dirán después de leer esto, ZP traidor, Rajoy traidor. Sí lo son y lo comparto, pero el problema no es que ZP y Rajoy traicionen a vivos y muertos, el problema es que ambos han moldeado durante años a una sociedad cada vez más amoral y carente de principios y valores, una sociedad que sólo se mueve por intereses y especialmente intereses partidistas.

Ciudadanos, medios de comunicación e incluso víctimas del terrorismo que estuvieron reclamando justicia contra Zapatero, hoy callan o justifican a sueldo del partido de Rajoy lo que hace y lo que deja de hacer y que favorece a ETA.

Ayer fue declarado el día de los Derechos Humanos, hoy para mi es el día de la injusticia, que recuerda que el día de ayer, el derecho humano que tienen mi hermano y mis sobrinas es mancillado cada día por una España que en su mayoría no ha merecido tanto sacrificio.

Cuando asesinaban a nuestras familias los políticos nos decían: Nos engañaron, ellos tan sólo querían que las familias no se tomaran la justicia que ellos han hurtado a nuestros seres queridos.

Ahora me queda la conciencia tranquila y la paz interior de que a mí no me han vencido, observando con tristeza y preocupación la traición de una clase política corrupta que como Al Capone no paga por su corrupción moral y traiciones a los asesinados, y sí por la corrupción económica.

Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.

De Carreras: “La Constitución prevé aplicar el estado de sitio si peligra la integridad territorial

OKDIARIO 11 Diciembre 2016

El catedrático de Derecho Constitucional e impulsor de Ciudadanos, Francesc de Carreras, ha recordado este sábado que “aunque suena fatal” la Constitución prevé aplicar el “estado de sitio” cuando se ponga “en peligro la integridad del territorio” y que ello “sería de aplicación” en Cataluña. En una entrevista en la COPE, Carreras también ha afirmado que “la reforma constitucional necesita un gran consenso” que él ve “absolutamente imposible”.

Sobre el proceso independentista, De Carreras ha considerado, según un comunicado de la emisora, que “no hay posibilidad legal de suspender la autonomía”, pero ha recordado que el artículo 155 de la Constitución dice que “si se toman decisiones que afecten de manera grave al interés general (…) el gobierno del Estado puede dar órdenes a las autoridades catalanas que están incumpliendo esto para que cumplan”.

También ha recalcado que “no podemos olvidar, aunque suena fatal, suena a golpe de estado, pero no lo es, el estado de sitio que está previsto en la ley de estados de alarma, excepción y sitio en los artículos 116 y 55 de la Constitución y que se hizo inmediatamente después del 23-F del año 81, para decir, ante otro golpe de estado, debemos hacer eso”.

“El estado de sitio es prácticamente como el estado de excepción y se suspenden determinados derechos, y una de las causas del estado de sitio es poner en peligro la integridad del territorio, bueno, sería de aplicación también aquí”, ha apostillado el catedrático. Sin embargo, Francesc de Carreras considera que “llegados a una situación extrema, lo más probable es que España aplique en Cataluña el artículo 155” de la Constitución.

De Carreras no ve posible que el gobierno central piense en aplicar el artículo 92, a través del cual se permite a Cataluña convocar un referéndum o una consulta pactada. “Ya ha pasado el tiempo: si no lo han querido hacer hasta ahora, dudo que lo quieran hacer ahora”, ha aseverado.

Una educación para vertebrar la sociedad española
EDITORIAL El Mundo 11 Diciembre 2016

CUANDO AL fin parece que puede llegar el ocaso de la tan nefasta tradición política española de manipular la Educación como arma electoral -así lo demuestra la voluntad unánime de los partidos constitucionalistas de alcanzar el ansiado pacto nacional-, vuelven a aflorar ideas que verdaderamente pretenden mejorar el sistema. Hoy desvelamos en nuestras páginas que la nueva prueba de acceso a la Universidad tendrá, al menos, un 70% de contenidos comunes en toda España. Es decir: según el último borrador de la orden ministerial sobre este examen, al que hemos tenido acceso, la mayor parte de los conocimientos de los que se deberán examinar los alumnos de 2º de Bachillerato que deseen estudiar una carrera serán consensuados por el Ministerio de Educación. Si finalmente se diese luz verde a este proyecto, significaría empezar a ponerle coto al excesivo poder que tienen las Comunidades para condicionar dicha evaluación y que tantas desigualdades provoca a la hora de evaluar a los preuniversitarios.

En principio, ésta es la mayor novedad respecto a la vieja selectividad, que no especificaba ningún mínimo común de conocimientos. Pues tanto la Lomce de Wert como la LOE del PSOE sólo establecían un reparto competencial de las asignaturas del Bachillerato en general, pero no para esta prueba en concreto. Bien es cierto que la ley popular tenía previsto corregir esta deficiencia y hacer que todos los alumnos estudiaran lo mismo mediante las reválidas, sin embargo éstas nacieron muertas al no concitar ni el apoyo dentro del PP. Las formas del ex ministro, apartando del debate a buena parte de la comunidad educativa, no fueron las idóneas. Por su parte, la norma socialista disponía que durante el curso las CCAA podrían elegir el 45% de los contenidos y, de facto, éste porcentaje se trasladaba a la elaboración de la prueba de acceso. Un hecho que se traducía en demasiada discrecionalidad autonómica, lo que les permitía aplicar la ley a su antojo: cada Universidad podía -y así ocurrió- condicionar los contenidos más allá de lo que regulaba la legislación.

Sin embargo, de materializarse esta medida sólo sería un primer paso para intentar acabar con los casi 17 modelos que de hecho hoy rigen el sistema. En este periódico seguimos defendiendo la existencia de una evaluación estandarizada, como las reválidas, consensuada con todos los actores implicados, que examine a los alumnos de la manera que se merecen: por igual en todo el territorio nacional. Es la única forma de asegurar que la exigencia será la misma para un estudiante de Lugo que para uno de Granada y que ambos llegarán a la Universidad con una base académica sólida.

Desde hace demasiados años, resulta evidente la necesidad de reducir la excesiva descentralización administrativa en materia educativa. Además, no es una cuestión que sólo afecte al ámbito universitario. Como acaba de evidenciar el reciente informe PISA, la arbitrariedad en la enseñanza provoca que andaluces de 15 años vayan un curso y medio por detrás de los castellanoleoneses de su misma edad. La Educación debe regirse por un sistema estatal, pues es ésta la única vía para que cumpla con su finalidad vertebradora de la sociedad.

¿Qué fue de los Pujol?
EDUARDO INDA Okdiario 11 Diciembre 2016

“Y se hizo la luz”, afirma el Génesis del Antiguo Testamento durante la descripción de la creación del Cielo y la Tierra. Y, más concretamente, a cuenta de la división entre la noche, las tinieblas; y el día, representado obviamente por la luz. “Y se hizo el silencio en el cielo como por media hora…”, relata también el Apocalipsis en el transcurso de una conversación entre Juan y Jesucristo. Con los Pujol, que son con Don Jordi a la cabeza una suerte de dioses en versión catalana, también se ha hecho el silencio. ¿Me podría precisar cualquiera de ustedes cuál es la última vez que hemos escuchado mentar el escándalo de corrupción más grande de la historia europea contemporánea?

Aunque tengan la memoria de Dumbo, les puedo asegurar que no tendrán ni pajolera idea. Porque la última gran exclusiva sobre la familia más rica de Cataluña la ofreció a sus lectores OKDIARIO el día que vio la luz este proyecto inconformista: la medianoche del 22 al 23 de septiembre de 2015. Aquel día de locos en que exclamamos “¡adelante!” publicamos una noticia cuyo titular volvía a poner los pelos de punta: “Oleguer Pujol invirtió 440 millones en el Royal Bank of Scotland”. No habían pasado ni 24 horas cuando soltamos otra bomba informativa: “El benjamín de los Pujol movió otros 400 millones de euros a través del Irish Allied Bank”. La información no se basaba en fuentes anónimas sino en copias de los documentos originales de ambas operaciones archimultimegamillonarias.

¿A usted le consta que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias? Si es así, hágamelo saber, porque un menda tiene noticias de que más bien no ha movido un puñetero dedo. Lo cual indica que o bien ha hibernado el caso Pujol, o bien hay actuaciones secretas que pueden explotar informativamente en cualquier instante. Me temo muy mucho que estamos ante la primera opción. Los antecedentes no son precisamente como para tirar cohetes: el CNI (cuando se denominaba Cesid) alertó con todo lujo de pruebas a Felipe González en el ecuador de los 80 y los 90 que los Pujolone sobrecogían a diestra y siniestra. ¿Y qué hizo el presidente socialista? Mirar al cielo, soplar y a otra cosa, mariposa. Y la banda continuó erre que erre proclamando a los cuatro vientos: “¡A robar, a robar, que el mundo se va a acabar!”.

Tres cuartos de lo mismo ha ocurrido con el caso Pujol, destapado por un servidor allá por noviembre de 2012 cuando oraba y laboraba en el diario El Mundo. En este prolijo informe policial se asegura que Pujol y Mas poseen cuentas en Suiza y se atribuye al primero de los dos una fortuna oculta en el país helvético de al menos 132 millones de euros. Cuando lo desvelamos nos llamaron de todo menos guapos. Fundamentalmente, algunos medios de comunicación próximos al establishment felipista. El propio canal territorial de TVE en Cataluña se deshizo en elogios al primer presidente autonómico catalán y nos dio palos a los firmantes de la noticia por tierra, mar y aire. Don Vito, Artur Mas, Felip Puig y los Mossos nos metieron sendas querellas por injurias y calumnias. Perdieron las cuatro porque los cuatro jueces/juezas que las instruyeron concluyeron que el borrador existía y, por tanto, lo que no existían eran ni las injurias ni las calumnias.

Más triste aún si cabe fue el resultado de la petición policial a la Fiscalía para registrar los domicilios personal y empresarial del hereu. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) reclamó formalmente ambas actuaciones y se encontró con un tan seco como contundente “no” por respuesta. El propio juez Ruz, entonces al frente del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, tampoco estaba muy por la labor. De locos. La cacicada en forma de chiste alcanzó su máxima expresión cuando se procedió a la entrada en casa del que se jactaba de ser el padre de Cataluña y en realidad no pasaba de ser más que el padre de todos los ladrones europeos. Fue un autogatillazo. La orden del juez prescribía que no se podía tocar un solo papel, un solo armario, perforar una pared o el suelo, más allá de la habitación que ocupaba Jordito Pujol Ferrusola en el número 96 de la barcelonesa calle General Mitre. Los cuartos de doña Marta y don Jordi, el salón, la cocina, la caja fuerte, los demás cuartos, las otras estancias, ni tocarlos. Sólo el dormitorio del nen, que por aquel entonces residía en casa de papá y de mamá porque acababa de ser operado de un brazo. El brazo con el que recogía las bolsas de basura llenas de bin ladens.

¿Les suena que Don Jordi, Doña Marta, Jordito, Marta, Pere, Josep, Oriol, Mireia u Oleguer hayan pisado un calabozo o pasado un día en prisión? Si así fuera, comuníquenmelo, porque el arriba firmante, que está al cabo de la calle en la materia, tiene bien claro que no. ¿Por qué Francisco Granados permanece desde hace dos años y un mes en la trena sin sentencia firme y estos pájaros ni están ni se les espera? O café para todos o café para ninguno. Es un hecho probado que el pequeño de la famiglia, Oleguer, invirtió 2.177 millones en la compra de 1.152 oficinas del Santander, más de 100 en la adquisición de sucursales de Caja Madrid y otros 300 kilazos en la adquisición de las tres sedes históricas del grupo Prisa. El dinero procedía de dos paraísos fiscales: Jersey y Guernsey. La Policía calcula que el clan posee más de 3.000 millones de euros entre el dinero blanqueado y el que reside en tierras lejanas.

Prueba incontrovertible de cómo están las cosas es el intento de algunos de intentar enmarronarnos a Esteban Urreiztieta, Fernando Lázaro y al que le da a la tecla por haber contado a la opinión pública que la Policía localizó fondos de Xavier Trias en Suiza. Tanto el entonces ministro Jorge Fernández Díaz en sede parlamentaria, como la Udef, ante el magistrado de Plaza de Castilla que instruye la querella que nos interpuso el millonario ex alcalde, han ratificado la existencia de la investigación y han aportado las correspondientes pruebas documentales. OKDIARIO publicó hace un par de meses los pantallazos de las cuentas en el banco ginebrino UBS. Pero hete aquí que se pretende hacer lo mismo que con sus amigos los Pujol: luz de gas. Y eso que el caudal probatorio no puede ser más amplio y más profundo.

Dios quiera que me equivoque pero esa intuición que tan pocas veces me falla a la hora de diseccionar a un político me indica que se va a prostituir la verdad oficial. Para empezar, porque el mayor ladrón de Europa tenía business con algún español muuuuyyyyy vip. Y ya ha parafraseado a Luis Roldán amenazando con “tirar de la manta”. Para terminar, porque el precio a la pax catalana tal vez sea la impunidad de un político que no tiene parangón en la Unión Europea en el asqueroso arte de trincar. Espero, confío y deseo que la honrada Soraya no caiga en la tentación en su despacho de la calle Mallorca de la Ciudad Condal. En materia procesal tampoco puede haber paraísos fiscales. Consagrar aún más a las castas de intocables de este país supondría un paso atrás en la consolidación de un Estado de Derecho de verdad que nos homologue de una vez a las democracias de mayor calidad del mundo. Si queremos ser Noruega, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos debemos ir hasta el final con los Pujolone. Si, por el contrario, ansiamos parecernos a Marruecos, a Gambia, a Zimbabue o a Venezuela, vamos por el buen camino.

Castilla
Ignacio Ruiz Quintano ABC 11 Diciembre 2016

Pues sí, Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. La buena nota de Castilla en el Informe PISA tiene una explicación sencilla: el castellano viejo siempre ha sabido que el único modo de salir de pobre es licenciarse de lo que sea para poder colocarse un día de cocinero en Nueva York, ya que España nunca le va a dar nada.

Los demás españoles, en cambio, han sido educados para saber que la vida les caerá de ese cocotero (un árbol con cantimplora, dice Foxá) que es el Estado.

¿Por qué vivir como Manuel Orta, el hijo del dueño de la fonda de la estación de Burgos que fue durante treinta años el chef del «Pierre» de Nueva York, cuando se puede vivir como Gabriel Rufián?

Cataluña es lo eterno.

–¿Qué idioma hablaría mi madre en los diez años de su estancia en Barcelona? –se pregunta el universal Santayana–. En buena sociedad, el castellano, sin duda; pero, seguramente, con los criados y en la calle, el catalán.

Dicen que, para lo suyo, Rajoy ha mandado ya a los ministros a que hablen como locos en catalán, cosa que ni siquiera Jesús se atrevió a pedir a sus apóstoles, y que a María Soraya le han puesto un «office» en Barcelona para que ejerza de «Pubilla» del consenso.

Esta puesta de la política madrileña al servicio de la sentimentalidad catalana es de inspiración joseantoniana: José Antonio se tomó en serio la ortegada de la España invertebrada y en febrero del 34 regañó en el Parlamento a quienes levantaban una ceja al oír que el problema catalán, un movimiento separatista («también poético»), es el de unos poetas incomprendidos, los catalanes, entre oídos demasiado duros, el resto de españoles.

La solución del consenso (euros aparte) parece ser la monda de la «nación federal» (?), que salta como una liebre en los artículos de fondo de los periódicos. ¿Queremos poesía? Nos vamos a hartar. Y así es como transitamos de la tragedia suarista de lo autonómico a la farsa mariana de lo federal.

–Anda, Alonsillo, ponte a estudiar.

Andalucía, patrimonio mundial de la irregularidad
Me cuesta aceptar el conformismo de los andaluces, la falta de exigencia hacia los que gestionan nuestro dinero. Debemos pedir la responsabilidad política de los hechos objetivos
Sol Cruz Guzmán El Confidencial 11 Diciembre 2016

Hace unos días comenzó a circular por las redes sociales un magnífico vídeo que muestra los diferentes espacios que tienen en España la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Para los andaluces, es un privilegio situarnos en la primera posición mundial, con el mayor número de espacios patrimonio de la humanidad gracias a la reciente y merecida incorporación de los dólmenes de Antequera. Un privilegio y una gran responsabilidad. Un valor que, sin lugar a dudas, nos debería dar una ventaja competitiva para captar un turismo de calidad y la consiguiente mejora económica para nuestra tierra.

No solo eso, claro, esa lista inmensa de espacios andaluces que con patrimonio de la humanidad explican el magnetismo eterno de Andalucía; cómo no íbamos a enamorarnos de Andalucía los que llegamos de fuera y decidimos quedamos para siempre, cómo no íbamos a tener ese orgullo andaluz que defendemos cada vez que salimos de nuestras fronteras. Esta debería ser nuestra bandera: Andalucía como un espacio especial y diferente donde la historia ha ido dejando una herencia única en el mundo.

Sin embargo, no es esta la imagen ni la bandera que exhibe Andalucía en estos tiempos. Lejos de que el reconocimiento internacional del patrimonio andaluz sea la noticia que ocupa las portadas de los diarios, un nuevo caso de irregularidades en la Junta de Andalucía ha vuelto a estallar en la justicia española. Una nueva macrocausa amenaza con volver a mostrar la calidad de la gestión de nuestro Gobierno regional. Primero, asistimos a la interminable causa de los ERE, cuyos delitos, casualmente, empiezan a prescribir. Vino luego el vergonzoso caso de irregularidades en la formación a los parados y ahora nuevas anomalías en lo único que podría sacar a Andalucía del pozo económico en el que se encuentra: la innovación.

“Fraude masivo en los fondos a la innovación en Andalucía” serán los titulares que vuelvan a despertarnos estos próximos días, los mismos titulares de hace unos meses y de hace unos años porque lo único que cambia es el apellido de la corrupción política, los ERE, la formación o la innovación. Dirán algunos que, al final, como ha ocurrido recientemente con los cursos de formación, esos grandes titulares se desinflan y se quedan en nada. No es así, entre otras cosas porque la consideración judicial de un escándalo no agota la responsabilidades por una gestión irregular, marcada por el despilfarro, la opacidad y el clientelismo.

Si un juez considera que el hecho de que 38 empresas relacionadas con el PSOE, que reciben ayudas millonarias, no suponen muestra suficiente, vale, de acuerdo, respetemos a la Justicia aunque mantengamos diferencias de criterio. Pero lo que es incuestionable es que la propia Comisión Europea, debido a las graves irregularidades que registraban los expedientes andaluces, paralizó las ayudas en formación para el desempleo a la región de Europa con mayor tasa de desempleo. Eso ya no se recupera, esas son oportunidades perdidas que han afectado a miles de parados andaluces que no han podido formarse en estos últimos cinco años para volver a la actividad laboral.

Desde el punto de vista del interés de Andalucía, casi da lo mismo que los escándalos se desinflen en los tribunales porque los tribunales consideren que lo ocurrido no tiene una correspondencia en el Código Penal, pero que no exista delito no repara las oportunidades perdidas ni repone el dinero despilfarrado. Ya puede determinar la Justicia que lo ocurrido son meras ‘faltas administrativas’ en vez de delitos, porque lo que nunca se va a borrar es la imagen de un Gobierno que, en vez de pensar en las necesidades de los parados y de las empresas, tiraba el dinero en inservibles cursos de cocina para entretener a los parados y enriquecer a unos cuantos, los líos familiares de la cuñada, de la prima de no sé qué consejero, los pagos de alquiler de sindicatos a unos locales que le cedía gratuitamente la Junta de Andalucía.

Lo que no se borra, en fin, es la imagen de ese delegado provincial del Gobierno andaluz que arengaba a los trabajadores para que tuvieran dedicación exclusiva con el Partido Socialista. “Si el PSOE no gana, os quedáis sin trabajo". Se quedan atrás cinco años de inactividad, de dejación de las funciones de un Gobierno autonómico que ha dejado desamparados a miles y miles de desempleados que durante cinco años, cinco largos años, no han tenido la opción de reciclarse, de tener una nueva oportunidad que les devolviera la dignidad y la tranquilidad de trabajar, de tener un sueldo que les permitiera mantener a sus familias.

¿Quién es el responsable de la gestión y control de estos últimos cinco años? ¿A quién deberán pedirle explicación los parados que no han tenido opción a la formación? Si la Justicia no ve suficientes indicios, los ciudadanos debemos pedir la responsabilidad política de los hechos objetivos. La única consecuencia objetiva, real, demostrable, irrefutable y segura es que la formación a los desempleados desapareció durante cinco años por la mala gestión de la Junta de Andalucía. Por su falta de control, por el nulo interés en proteger a quienes más lo necesitaban, a quienes perdieron su empleo durante la peor crisis que ha sufrido nuestro país.

Durante 10 años tuve la suerte de compartir muchas horas de estudio y aprendizaje con casi 200 alumnos dentro de la formación para el empleo. 10 años en los que pude profundizar con ellos en el interiorismo y en el diseño. 10 años en los que muchos de jóvenes encontraron una salida profesional y que nos aportaba a los que trabajábamos en el área de la formación un enorme enriquecimiento personal. Esa era la riqueza inmensa que se recibe cuando se enseña lo que se sabe, pero entre todos nosotros era ‘vox populi’ en aquellos años del ‘boom formativo’ que había quien se estaba enriqueciendo de otra forma muy distinta.

Estoy enamorada de Andalucía; lo sabe todo el que me conoce. No podría vivir en otro sitio. Pero precisamente por esa dependencia sentimental y vital, me revuelvo contra las oportunidades perdidas y la aparente indiferencia de los andaluces. Solo me cuesta aceptar el conformismo de los andaluces, la falta de exigencia hacia los que gestionan nuestro dinero. La permisividad para aquellos que se han hecho con el patrimonio mundial de la irregularidad. “Oh hermano mío, tú./ Dios, que te crea,/ será quien comprenda/ al andaluz”. Lo escribió Cernuda y no podemos quedarnos ahí: el conformismo no puede formar parte del carácter universal de los andaluces.

* Sol Cruz Guzmán es arquitecta y consejera del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Independencia andaluza, la ilusión de cuatro gatos
Los nacionalistas andaluces podrían exhibir raíces más profundas incluso que las de sus iguales en Cataluña o en el País Vasco. Pero solo unos pocos exigen la soberanía cada 4 de diciembre
Javier Caraballo El Confidencial 11 Diciembre 2016

Los independentistas andaluces existen y hasta tienen su día de ‘celebración nacional’ al margen de las fiestas oficiales, como ocurre en Cataluña con la Diada o el Aberri Eguna del País Vasco. Ese día es el 4 de diciembre y este año, como en ocasiones anteriores, han vuelto a echarse a las calles para exigir independencia. Nunca pasan en cada una de sus convocatorias de la congregación de algunos cientos de personas, cuatro gatos, podría decirse; nada que ver con la efeméride que se conmemora ese día, las manifestaciones masivas que tuvieron lugar el 4 de diciembre de 1977 para exigir una autonomía plena para Andalucía.

Y es que el independentismo jamás ha arraigado en la sociedad andaluza y la mejor prueba de ello es que incluso el nacionalismo moderado del Partido Andalucista de Rojas Marcos ha acabado por extinguirse. Pero, ¿por qué ocurre eso? Es interesante hacerse la pregunta porque, puestos a elaborar un ideario soberanista, los independentistas o los nacionalistas andaluces podrían exhibir raíces más profundas incluso que las de sus iguales en Cataluña o en el País Vasco. De ahí la paradoja que se puede plantear cuando se analiza el desarrollo del soberanismo en distintas regiones, porque se observa que la clave del independentismo en España tiene más que ver con la ‘fabricación’ de independentistas durante la democracia que con una reivindicación histórica mayoritaria en esos territorios. El independentismo se siembra, se cultiva, se fomenta; el independentismo no nace, se hace.

En el caso andaluz, si alguna vez se hubiera alimentado la especie del independentismo en la escuelas, como los vídeos de adoctrinamiento en Cataluña en los colegios que, de cuando en cuando, arrasan en las redes sociales, se le podría haber enseñado a los andaluces desde niños que el primer intento documentado de independencia en Andalucía es tan antiguo como la independencia de Portugal. Ocurrió en 1641 cuando Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, IX duque de Medina Sidonia, organizó y tramó una especie de ‘golpe de Estado’, aprovechando la debilidad del reinado de Felipe IV, para segregar Andalucía del resto de España, tal y como acababa de ocurrir con Portugal, y hacerse así con el control absoluto del comercio con América.

Obsérvese, y conviene subrayarlo como acotación, por evidente que sea, que la mayoría de los movimientos independentistas tienen un trasfondo de interés económico, de avaricia o de egoísmo insolidario: lo que pretendía el duque era controlar el comercio con América para enriquecimiento de la casa nobiliaria a la que pertenecía y de los influyentes mercaderes de Sevilla, Jerez y Sanlúcar de Barrameda. La conjura contaba, incluso, con el apoyo de algunas potencias europeas, deseosas de propiciar un golpe letal a los Austrias, y, de hecho, los ‘independentistas’ estaban a la espera de la llegada de una flota francoholandesa cuando Felipe IV recibió el soplo de lo que se estaba tramando en Andalucía y abortó la conspiración.

Dos siglos más tarde, se aprueba en Antequera un proyecto de Constitución que instituye en su Título Primero que “Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales”. También aquel intento fue reprimido y quedó en nada porque, como dejó escrito el general Pavía, de no haberse erradicado con contundencia, el país entero podía desmoronarse: “La anarquía y el cantonalismo en Andalucía tenía que decidir la suerte de España. Si aquel era vencedor, todo el país se haría cantonal; pero si era vencido, el cantonalismo desaparecería y la faz de España cambiaría, porque la disciplina resucitaría, el principio de autoridad adquiriría vigor y prestigio, y el Gobierno cobraría fuerza moral y material”.

Todavía en la actualidad, los independentistas andaluces, organizados en torno a colectivos como Asamblea de Andalucía, ven en aquel intento el modelo a seguir: “Los Federales andaluces nos marcan el camino a seguir y el modelo político de la futura Andalucía Independiente. Una democracia directa, basada en la organización cantonal de las comarcas andaluzas y federadas entre sí a través de una Asamblea Nacional donde los representantes cantonales implementan las políticas de solidaridad y defensa mutua entre los cantones, en la búsqueda de la liberación nacional y la emancipación social”.

Luego vino, ya en el siglo pasado, la Segunda República, el Estatuto de Autonomía que se envía al Congreso, el golpe de Estado de Franco y el asesinato del líder andalucista Blas Infante, fusilado por las tropas fascistas. De toda esa trayectoria, de lo único que pueden conocer algo los escolares andaluces es de la vida y muerte de Blas Infante, símbolo icónico de la autonomía conquistada con la democracia en su condición de ‘padre de la patria andaluza’, como lo recoge el Estatuto de Autonomía vigente. Es evidente, como se decía antes, que si el sistema educativo andaluz se hubiera dedicado en los últimos 35 años a formar escolares en la cultura del independentismo, la realidad hoy no sería la de esos ‘cuatro gatos’ independentistas, sino la de varias generaciones de profesionales, plenamente insertados en la sociedad, que no le darían otra explicación a los graves problemas andaluces que la dependencia con España. Es decir, el discurso que mantienen los ‘cuatro gatos’ independentistas, pero multiplicado por casi dos millones, en concreto por los 1.793.032 de andaluces que tienen en la actualidad entre 18 y 34 años, es decir andaluces mayores de edad que han nacido, crecido y llegado a la edad adulta con la misma autonomía y el mismo partido político en el Gobierno, el PSOE de Andalucía.

En las manifestaciones soberanistas de este mes de diciembre, lsidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y quizá el portavoz más reconocido del soberanismo andaluz, volvió a reivindicar un nuevo marco estatutario para esta región porque, a su juicio, en lugar de una autonomía, “lo que edificó fue un régimen político unipartidista y clientelar, propenso a prácticas corruptas, sobre el modelo del PRI mexicano, que ha extendido sus tentáculos no solo en el ámbito de las instituciones políticas sino en todos los de la sociedad civil”.

Y aún añade que el resultado es que “Andalucía está hoy, a nivel comparativo, en el mismo sitio que estaba antes de instaurarse esta: encabezando todos los índices de desempleo, pobreza, emigración, baja inversión por habitante en educación, sanidad y vivienda… Nuestro territorio está más esquilmado y militarizado y nuestro patrimonio, natural y cultural, más mercantilizado y amenazado que entonces”. El problema es que su conclusión es que todo eso se soluciona con soberanía y el reconocimiento de Andalucía como nación. Y no parece que los andaluces, después de casi cuatro décadas de autonomía, hayan llegado a la misma conclusión. Más bien que lo que ha quedado demostrado es que una mayor autonomía no implica necesariamente un mayor desarrollo. Por eso, también por ese motivo, la independencia de Andalucía se reduce hoy a la ilusión de cuatro gatos.

La persecución religiosa que pretende ocultar la Memoria Histórica
Juan E. Pflüger gaceta.es 11 Diciembre 2016

Desde la izquierda se viene afirmando, a modo de justificación, que la represión contra los religiosos en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil fue cosa de unos pocos incontrolados en los primeros momentos de la contienda. Es una justificación, una exculpación y una falsificación flagrante de los hechos que ocurrieron realmente.

Durante los casi tres años de guerra fueron asesinados en España casi 12.000 religiosos y cristianos en esa persecución que la izquierda justifica y oculta -hasta el punto de sacarla de la Ley de Memoria Histórica-. De ellos, apenas 3.000 fueron asesinados durante los tres primeros meses de guerra, el resto, el 75%, se reparte a lo largo del conflicto con una regularidad calculada.

Los números totales de mártires por la persecución religiosa entre julio de 1936 y abril de 1939 fue de 11.743 víctimas. Fueron asesinados 6.832 religiosos, además de 3.911 seglares y al menos 1.000 seminaristas.

Es más, por porcentajes, en las localidades que más tiempo pasaron baja control del Frente Popular cometieron más crímenes que las que fueron consquistadas durante esos primeros meses en los que los defensores del régimen implantado por el Frente Popular dicen que se cometieron los excesos.

Los datos no engañan en este sentido. En diócesis como Madrid y Valencia se mataron a 334 y 327 religiosos, que suponen en ambos casos más del 30% del total existente cuando empezó la guerra. Las diócesis catalanas fueron duramente castigadas. Lérida vivió el asesinato del 65% de sus religiosos, Tortosa el 62% y el resto de las demarcaciones religiosas catalanas tuvieron porcentajes próximos al 30% -Vic 177 víctimas, Barcelona 279, Gerona 194 y Urgel 109- la única excepción fue Solsona, donde el porcentaje de religiosos asesinados fue del 13% y 60 víctimas.

Málaga y Menorca sufrieron el asesinato de la mitad del clero que ejercía en esas zonas y Toledo, con números similares a estas dos anteriores, presenta una clara confirmación de que la persecución se mantuvo durante toda la guerra. En la capital, de la que los republicanos fueron desalojados tras la liberación del Alcázar el 27 de septiembre de 1936, se asesinó a poco menos del 20%, mientras que en la zona de la provincia controlada por el Frente Popular hasta pocos meses antes del final de la guerra se superó el 50% del clero asesinado con 317 religiosos martirizados.

El patrimonio religioso también fue duramente dañado por los milicianos a lo largo de toda la Guerra Civil. 20.000 edificios religiosos fueron destruidos. Pero la izquierda no se conformó con esto, tallas, cuadros y obras de arte de valor incalculable fueron destruidas o robadas. También bibliotecas y centros de enseñanza. Además, fueron frecuentes las profanaciones de tumbas de religiosos enterrados en las iglesias que fueron asaltadas y monumentos, como el Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en Getafe (Madrid) fueron dinamitados después de haber sido simbólicamente fusilados.

Puedes comentar el blog con el autor en @Juanerpf o en la página de Facebook Los Crímenes del Comunismo y el twitter del blog: @crimencomunismo


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De la preocupación al regocijo
Alejo Vidal-Quadras  vozpopuli.com 11 Diciembre 2016

Es sabido que desde que inicié mi actividad política en primera línea en 1988 al aceptar el número dos de la lista del PP, entonces todavía AP, en las elecciones catalanas de aquel año, he dedicado considerables esfuerzos a combatir el nacionalismo de raíz identitaria en sus diversos aspectos y variantes. He publicado media docena de libros y centenares de artículos en los medios, he impartido docenas de conferencias, he participado en innumerables programas de radio y televisión y he pronunciado una larga lista de intervenciones parlamentarias sobre la cuestión para poner en evidencia los elementos perversos de esta doctrina letal, origen y causa de todo tipo de guerras, genocidios, vulneraciones de derechos humanos y catástrofes económicas. Basta examinar en España la situación en que se encuentra hoy Cataluña en sus finanzas públicas y en su cohesión social o hacer un repaso de los crímenes de ETA para advertir que del sentimiento tribal y de la introversión excluyente de los que beben todos los particularismos étnico-lingüísticos, sólo pueden salir pobreza, conflictos, muerte, atrocidades, angustia y dolor. Si hay una ideología letal en el mundo es el nacionalismo basado en elementos como la raza, la lengua, la religión, la historia o la cultura con el fin de separar a las gentes y de enfrentarlas entre sí. Hay que coincidir sin duda con Karl Popper cuando señala en La Sociedad Abierta y sus Enemigos al nacionalismo construido sobre bajas pasiones narcisistas como uno de los mayores peligros para la convivencia pacífica en colectividades humanas plurales. En el desarrollo de las ideas políticas, el nacionalismo, que es un fenómeno moderno que nace a caballo de la Revolución Francesa y del Romanticismo alemán, representa una terrible regresión intelectual y moral que se ha cobrado millones de víctimas. No puedo concebir un horror más execrable.

Una vez aclarado en el párrafo anterior que mi posición respecto al nacionalismo no es favorable, he de confesar que en lo que se refiere al caso concreto del separatismo catalán, ese pozo oscuro de irracionalidad, provincianismo y corrupción cuidadosamente alimentado por los dos grandes partidos nacionales desde 1978, estoy experimentando una interesante evolución que observo en mí mismo con interés. Hasta ahora, lo he visto como una seria amenaza a la democracia, a las libertades y a la prosperidad de los catalanes y del conjunto de los españoles, y por supuesto lo sigo percibiendo así, pero con un componente adicional nuevo, que no formaba parte de mi análisis de tan espinoso tema con anterioridad y que ha surgido en mi interior hace unos meses. Ese ingrediente recién llegado es la curiosidad regocijada. A la repulsión, la condena y la repugnancia que siempre me ha inspirado ese compendio de mitos ridículos, grandilocuencia impostada, vanidad pueblerina, pasado inventado y latrocinios a mansalva que es el catalanismo secesionista, he incorporado a partir de un cierto momento del delirio de esteladas y urnas de pacotilla la sensación expectante con la que se siguen los espectáculos circenses, especialmente las piruetas aéreas del trapecista con el temor o quizá el deseo inconsciente de que en un triple mortal pierda el control y se precipite vertiginoso hacia el suelo de la pista.

Y es que cualquier espíritu sensato que siga los avatares del aquelarre independentista catalán ha de empezar a darse cuenta de que la cosa está pasando aceleradamente de la tragedia al ridículo. Todo en este tinglado inaudito invita ya al cachondeo. Una Vicepresidenta del Gobierno que afirma jacarandosa que es su propósito hacerse imprescindible en Cataluña y que monta despacho fijo a tal fin en Barcelona mientras sus supuestos interlocutores se dedican a vulnerar en sus narices cada día el ordenamiento constitucional con recochineo y alevosía, un Tribunal Constitucional que dicta sentencia tras sentencia sin que nadie haga ni siquiera un amago de obligar a sus destinatarios a su cumplimiento, una Generalitat quebrada cuyo plan separatista destructor de la unidad nacional es financiado regularmente por el Tesoro público español, una Asociación de Municipios por la Independencia que envía folletos explicativos repletos de falsedades, fantasías y reivindicaciones absurdas a consistorios de ciudades en Burkina Faso, Siria, Cuba, Bosnia, China, Senegal y Camerún, entre otros lugares que es bien sabido que siguen la aventura de Mas, Puigdemont y Junqueras con enorme interés y, como colofón de la farsa, el flamante Delegado del Gobierno, excelente persona por otra parte que seguramente se pregunta por las noches cómo se ha dejado meter en este lío, ofrece diálogo a unos tipos que han convocado para el próximo 23 de Diciembre una magna reunión de fuerzas vivas y partidos para coordinar la desconexión con el Estado y la proclamación de la República Catalana soberana, fastuoso acontecimiento que tiene fecha y procedimiento en marcha y que es abordado por las autoridades competentes en Madrid mediante el eficacísimo método de silbar y mirar hacia otro lado, ya que es de general conocimiento que aquello que no enfoca la pupila de Rajoy, se desvanece en la nada.

Por tanto, me encuentro sentado en mi silla de primera fila observando las astracanadas de los payasos, los rugidos de las fieras domesticadas, los volatines de los acróbatas, las corbetas de los caballos y las contorsiones de las focas, a la espera de la apoteosis final, cuando la troupe al completo desfile a los sones del viento y el metal de la orquesta y el cerrado aplauso de un público entregado reconozca la inigualable capacidad de un país occidental, miembro por más señas de la Unión Europea, de la OCDE y de la OTAN, para alcanzar cotas insospechadas en el juego de los disparates.

Todo lo que la Generalidad le pide a Soraya, más un referéndum
El Gobierno acepta algunos de los “45+1” puntos que el separatismo ha puesto sobre la mesa, como el fin de las denuncias a los ediles desobedientes.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 11 Diciembre 2016

¿De qué va a negociar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con sus interlocutores del "Govern" de la Generalidad? El ejecutivo regional y el grupo que le da sustento parlamentario, la plataforma de convergentes y ERC "Junts pel Sí", coincide en que sus líneas rojas son los archimentados 46 puntos que Carles Puigdemont, el sucesor de Artur Mas, presentó a Mariano Rajoy el pasado abril.

En la jerga "soberanista" se les conoce como los "45+1", en el que la unidad es un referéndum vinculante y el primer apartado de un documento que mezcla supuestos agravios e incumplimientos del Gobierno con el establecimiento de un marco político que aún sin consulta convertiría a Cataluña en un Estado de facto. A ello habría que añadir una derrama de miles de millones de euros que según la Generalidad le debe al Estado y que son los que supuestamente impiden a la administración autonómica ejercer sus responsabilidades sociales o invertir en infraestructuras y explican los dolorosos recortes sanitarios y los retrasos en el pago a proveedores.

La negociación que plantea el Gobierno ha sido recibida con frialdad y escepticismo por parte de Puigdemont y Oriol Junqueras. Al menos de cara a la galería. Junqueras amenaza con activar el referéndum antes de tiempo (en teoría la fecha límite es septiembre de 2017) si la presidenta del "Parlament", Carme Forcadell, resulta inhabilitada. Una consulta improvisada sería la acción de masas con la que el separatismo respondería a la Justicia y la "judicialización" de la política de la que acusa al Gobierno del PP.

Sin embargo, el clima y el "relato" del proceso han cambiado. El "diálogo" esgrimido por la vicepresidenta ha descolocado a los partidos nacionalistas y a una Generalidad en una situación económica de quiebra técnica. Y no todo es política, advierten los altos cargos regionales, en los "mandamientos" de Puigdemont.

Es cierto que el primero de los artículos afirma: "Las elecciones del pasado 27 de septiembre establecieron una mayoría en el Parlament de Catalunya favorable a la creación de un nuevo Estado para Catalunya. La voluntad democrática de los ciudadanos de Catalunya, expresada a través de su voto, confiere legitimidad a la acción política y parlamentaria de sus representantes. Es obligación, por lo tanto, de los demócratas de buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría, que puede incluir, como mínimo, la celebración de un referéndum vinculante".

Pero también que en esa especie de carta a los Reyes Magos se alude a que el Estado debe financiar la televisión autonómica a través de una importante deducción del IVA (punto 42) o que se recupere el múltiplex que perdió tras la reordenación del espacio radioeléctrico que efectuó el Gobierno español en 2014 (punto 43).

Que el Estado pague TV3
Cataluña, según los cálculos de Mas, Junqueras y Puigdemont, está a menos de diez meses de convertirse en un Estado, la cámara regional tramita las leyes de "desconexión" y "transitoriedad jurídica", pero la Generalidad pretende que el Estado pague TV3 porque la pérdida del citado multiplex ha implicado que "como consecuencia la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se ve obligada a asumir los costes para poder mantener los contenidos, el número de canales y su calidad técnica así como para poder garantizar la cobertura suficiente para que lleguen a todos los ciudadanos", se afirma en el texto nacionalista.

El papel de Puigdemont también hace mención a ingentes inversiones para la red de cercanías, el corredor mediterráneo o el control de caudales relativos al plan hidrológico de la cuenca del Ebro, lo que combina con la exigencia de una justicia al margen de la española en el punto 25: "La Ley orgánica del poder judicial impide el despliegue del Estatut d’autonomia de Catalunya en materia de justicia empezando por la creación del Consejo de Justicia de Catalunya".

También exige "respeto al modelo de escuela catalana", en el punto 18, porque "existe un claro consenso en la necesidad de mantener el modelo lingüístico previsto en el Estatut d’autonomia de Catalunya y en la Ley de educación de Catalunya".

Parecen condiciones a priori imposibles de aceptar por el Gobierno, pero en fuentes nacionalistas se confía en una reforma constitucional que reconozca Cataluña como nación y plenos poderes en materia educativa. El Ejecutivo también se habría comprometido con la Generalidad catalana a cumplir otro de los puntos, el último y no menos importante 46 en el que se exige "respeto a la autonomía local y sus cargos electos" y el cese de las "investigaciones judiciales" contra los ayuntamientos que incumplen la legalidad constitucional.

Giro radical
De momento, el aspecto más notorio del cambio de estrategia del Gobierno ante el proceso separatista consiste en las dispares respuestas del 12 de octubre y el Día de la Constitución. En la pasada Fiesta Nacional, la Delegación del Gobierno, entonces dirigida por Llanos de Luna, instó actuaciones judiciales contra el Ayuntamiento de Badalona, cuyo equipo de gobierno consideraba día laborable el 12-O. Un concejal rompió ante las cámaras la requisitoria judicial que obligaba a mantener el Consistorio cerrado al público.

El pasado 6 de diciembre, ya con Enric Millo al frente de la Delegación en la que Sáenz de Santamaría presume de despacho, ediles republicanos, de la CUP y de Convergencia abrieron las puertas de unos trescientos consistorios. La Delegación del Gobierno se abstuvo de actuar y el ministro de Justicia declaró que no apreciaba "elementos ilegalidad" en que cargos públicos fueran a trabajar en festivo. El Ejecutivo sólo tenía previsto actuar en el caso de que se obligara a trabajar a los funcionarios.

De este cambio también se infiere que el Gobierno es partidario de reducir lo que la Generalidad denomina "conflictividad institucional". La situación actual, según la administración catalana es la siguiente: "57 recursos y conflictos interpuestos por la Generalidad ante el Tribunal Constitucional; 29 recursos y conflictos interpuestos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional; y 16 asuntos abiertos y en negociación".

Los procesados
El gran escollo, referéndum al margen, es la situación procesal del ex presidente de la Generalidad, Artur Mas, las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, el diputado del PDEcat (la nueva denominación convergente) en Madrid Francesc Homs y la presidenta del "Parlament", Carme Forcadell. Junqueras y Puigdemont han subrayado por activa y por pasiva que las inhabilitaciones de Mas y Forcadell restan toda credibilidad a lo que tildan como "operación diálogo", pura cosmética.

Sin embargo, Junqueras no dudó en participar con una amplia delegación en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid a pesar de la exigencia de bilateralidad con el Estado. El vicepresidente de la Generalidad y la del Gobierno tienen pendiente un encuentro en Barcelona que con toda probabilidad se celebrará antes de final de año y la "cumbre" de Puigdemont para preparar el referéndum del 23 de diciembre se ha interpretado en el Gobierno como una concesión obligada del "president" a la CUP que expresa la complejidad de la nueva fase entre el Gobierno y la Generalidad pero no el tono de los primeros contactos.

La última Navidad de Miguel Ángel Blanco ¿y habla, pueblo, habla?
Miguel Ángel Mellado El Espanol 11 Diciembre 2016

Sí. La memoria y su pareja masculina, el recuerdo, son selectivos. Por una simple cuestión de supervivencia. Si no olvidáramos los grandes y pequeños problemas del día a día, si no consiguiéramos abstraernos de los cabrones y cabroncetes que asuelan nuestras jornadas, sería imposible permanecer de pie hasta el momento final.

Hay dos tipos de memorias: aquellas en las que priman los recuerdos positivos y aquellas otras lastradas por motivaciones negativas. Entre las primeras, está el caso del albatros Wisdom (sabiduría en inglés). Hace unas pocas semanas, apareció una pareja de pájaros de dicha especie por el atolón Midway, en las islas Hawai. Primero tomó tierra la hembra. Ella era la que sabía exactamente el sitio exacto donde quería aterrizar, allí donde se encontraba el nido en el que cada año o cada dos pone su huevo.

Wisdom –como fue bautizada en 1956 por un grupo de ornitólogos- es un caso verdaderamente extraordinario: tiene 66 años y ha depositado en el mismo lugar 40 huevos durante buena parte de todos estos años. De su especie, es el pájaro conocido más longevo y fértil. El caso de este albatros puede catalogarse como memoria positiva. Doblemente: como siempre lo es la maternidad y por la elección precisa del mismo lugar.

En el polo opuesto, como memoria negativa, me atrevo a situar a otros pájaros, también bípedos, enmarcados dentro del orden superior de los seres vivos: los humanos. No viven tan lejos como Hawai, aunque por la discriminación de afectos sí residen en un espacio estrecho y reducido como un atolón, como los albatros mencionados. El atolón de Alsasua, formado por aquellos vecinos –no todos- que rigen su memoria bajo el lema “Alde Hemendik” (traducido al castellano significa 'Fuera de Aquí' o 'Que se vayan'), dirigido contra los guardias civiles del cuartel de la localidad.

Hace un par de semanas, al tiempo que Wisdom ponía su huevo, se celebraba en la localidad navarra de Alsasua una manifestación, apoyada por el Gobierno de Navarra y el Parlamento foral, en solidaridad con las familias “indefensas y desamparadas” de las nueve personas que, tras dar una paliza a una pareja de guardias civiles y a sus novias el 15 de octubre, fueron detenidas, acusadas de delitos de terrorismo.

En términos de memoria, más grave que apalear a un par de guardias civiles es, en mi modesta opinión, el apoyo de las instituciones referidas al denunciar que las familias de los agresores están en situación de “indefensión y desamparo”. Porque, exactamente, estos términos fueron usados profusamente, no hace tanto tiempo, por el mundo etarra, aquel que guardaba silencio cada vez que ETA mataba a un policía, a un guardia civil, a un militar o a un político no nacionalista, pero no perdía oportunidad para denunciar la situación de los presos etarras y “el desamparo” de sus familias.

Hace 19 años, Miguel Ángel Blanco, con 28, iba a vivir sus últimas navidades. Él no lo sabía, claro. Ni podía imaginarse que, después de ese año, no volvería a comerse el turrón. Fue en un pleno celebrado el 21 de diciembre de 1995 en el ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) cuando el concejal del PP escuchó por primera vez desde que era concejal el alegato del edil de HB Jon Cano (ahora, concejal de Bildu en esa misma localidad) en defensa de los presos de ETA y sus sufridos, indefensos y desamparados familiares.

Cano era un empleado de Correos del reino de España, destinado entonces en Ermua y después director de la oficina de Éibar –localidad donde el 10 de julio de 1997 un comando de ETA secuestraría a Blanco-. En aquel pleno, el concejal de HB exigió el respeto de los derechos de “los ciudadanos y ciudadanas, empezando por los 600 presos y presas políticos vascos secuestrados por el Estado español y francés”. Habló de oscurantismo del sistema español, de injusticia social, “de ilegalidad encubierta y descubierta de un sistema judicial dependiente de los políticos, de amparo de toda clase de tortura”, etcétera, etcétera. Dijo "Gora Euskal Herría Askatuta" y se marchó del pleno.

En esa reunión plenaria fue aprobada una moción solicitando la puesta en libertad de un vecino de Ermua, Peio Iriondo, en prisión por haberse encontrado en su poder armas utilizadas por ETA en varios atentados. Iriondo, al parecer, se limitó a esconder una metralleta y varias pistolas que le había entregado una prima suya, con delitos de sangre.

Miguel Ángel Blanco votó a favor de la liberación de Peio Iriondo, quien en 2015 firmaría una petición de amnistía para todos los presos de ETA, entre ellos, Txapote y Amaia, asesinos del concejal popular el 12 de julio de 1997.

Veinte años después, puede ser discutible si el concejal Cano y las autoridades del Gobierno navarro y del parlamento foral tienen memoria negativa o positiva. Pero lo que está fuera de toda discusión es que Miguel Ángel Blanco perdió toda su memoria cuando, inopinadamente, el etarra García Gaztelu, alias Txapote, le pegó un tiro detrás de la oreja derecha y otro en la zona occipital, en un monte próximo a Lasarte. Blanco, según la memoria independentista, estaba en el lado de la pareja de Guardias Civiles apaleados en Alsasua, y no con los pobres detenidos, ni con sus familiares “indefensos y desamparados”.

Veinte años después, los unos siguen siendo las víctimas y los agredidos, los verdugos, si nos atenemos al relato independentista. Miguel Ángel Blanco vivió en 1996 su última Navidad. Precisamente para evitar la injusticia de la desmemoria, o de la memoria del revés, he escrito y publicado El hijo de todos, en memoria de quien fue asesinado a los 29 años, simplemente por defender su libertad y, a la vez, la libertad de todos. Conviene recordarlo esta Navidad.

¿HABLA, PUEBLO, HABLA?
Sí. Porque no existe futuro sin memoria y sin la palabra libre. Sólo hay dos cosas peores que cumplir años: la primera, obviamente, no cumplirlos, y la segunda, olvidar los episodios importantes de nuestras vidas. De entre estos, hay una fecha destacada que esta semana debemos recordar: el 15 de diciembre de 1976, hace ahora 40 años. Tan lejos y tan cerca. Con el referéndum celebrado aquel día, España enterró definitivamente el franquismo al aprobar la Ley de la reforma política.

Hoy, domingo, es un buen día para recordar aquel episodio y reconocer el valor y la generosidad de aquellas Cortes franquistas que se hicieron el harakiri sometiendo a referéndum su decapitación. No deja de ser paradójico: los herederos de la dictadura –con Juan Carlos I y Adolfo Suárez a la cabeza, o Miguel Primo de Rivera y Fernando Suárez, por citar otros dos nombres- apostaron por la democracia, y los herederos de la democracia parecen actuar contra ella, fomentando, por tanto, simpatías por movimientos radicales más próximos a regímenes dictatoriales.

Lean lo que sucedió aquel día de hace 40 años en España y amenicen la lectura con una canción. “Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra”, cantaba el grupo murciano Vino Tinto. La canción, compuesta por Álvaro Nieto, líder de Los Pekenikes, se convirtió en la autopista musical para que los españoles votaran masivamente a favor de la reforma política.

Pero no sólo las Cortes franquistas firmaron su defunción. También el grupo Vino Tinto, como recuerda uno de sus componentes, Chema Conesa, después destacado fotógrafo durante la transición. El grupo fue acusado injustamente de pesetero, cuando los duros se los llevó el compositor Álvaro Nieto. “Vino tonto y nos salió listo”, sentenció La Codorniz. El dinero... La letra de la canción escondía una palabra cable en el devenir y en la degeneración del espíritu de la democracia: “No permitas que ROBEN...”. Pero esa es otra historia.

Tengamos memoria, pero quedémonos con lo positivo.

Sigue el desafío
La Generalitat destinará otros 62 millones para 'internacionalizar el procés'
Pese a que el Gobierno de Rajoy sigue apostando por "la vía del diálogo" con los separatistas, Puigdemont convoca una reunión para el Pacto por el Derecho a Decidir y confirma que quiere destinar otros 62 millones de euros en 2017 a "asuntos exteriores".
La Gaceta 11 Diciembre 2016

El Gobierno ha garantizado que el Ejecutivo seguirá ofreciendo diálogo a Cataluña pese a la "unilateralidad" con la que parecen estar actuando "otros", en alusión a la Generalitat, impulsada, a su juicio, por la CUP, a la que necesita para aprobar los presupuestos.

Así lo afirmó el pasado viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser cuestionado por la reunión el próximo día 23 del Pacto por el Derecho a Decidir, convocado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para preparar el referéndum separatista del 2017. No quiso avanzar qué hará el Gobierno en el caso de que se celebre el referéndum y precisó que el día de hoy es de "mano tendida": "Diálogo, mano tendida y apertura. Vendremos quién coge la mano y quién viene".

Tras considerar que la convocatoria de ese encuentro es "una exigencia de los radicales de la CUP" al Govern de Puigdemont, Méndez de Vigo señaló que es un "síntoma de unilateralidad", en unos momentos en los que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene una actitud de "mano tendida" y "diálogo", como, según su criterio, "ha demostrado estos días" al reunirse con el líder del PSC, Miquel Iceta, y con la portavoz de C's en el Parlament catalán, Inés Arrimadas.

Además, mostró su esperanza en que Puigdemont acuda finalmente a la Conferencia de Presidentes, que se celebrará a mediados de enero en el Senado y a la que, en principio, el mandatario catalán no tiene previsto ir. "Hay muchísimas materias -pago a proveedores, financiación autonómica, inversiones o los recursos cruzados- de las que pueden hablar el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos, incluido el catalán. Resultaría extraño que un presidente de una comunidad que tiene transferidas competencias educativas o sanitarias que preocupan a sus ciudadanos no quiera acudir a un foro en el que se van a debatir estos asuntos para tratar de buscar soluciones consensuadas", dijo.

La llamada al diálogo del Gobierno contrasta con las intengiones de la Generalitat, que en el próximo año volverá a despilfarrar más de 60 millones de euros en la "internacionalización del procés". La Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de Cataluña dispondrá de 35 millones para el área de lo que son estrictamente “asuntos exteriores” y otros 27 millones que dependen directamente del gabinete del consejero Raül Romeva, según los presupuestos que está preparando. Cabe recordar que el gobierno de la Generalitat de Cataluña acodó crear cuatro nuevas "embajadas" en el exterior, concretamente en Copenhague, Varsovia, Zagreb y Ginebra para "cubrir amplios espacios geográficos en Europa y favorecer la internacionalización de su economía, cultura y conocimiento".

Pese a ésto, el Ejecituvo ha dejado claro que sigue apostando por la vía del diálogo, convencido de que esa es la mejor forma de resolver los problemas de los ciudadanos, mientras "otros parecen estar en la unilateralidad, impulsados por la radicalidad de algún socio de gobierno al que necesitan para aprobar los presupuestos".

Enésimo desprecio
Colau borra el español y antepone el árabe en Barcelona
La regidora 'podemita' anuncia diversas reuniones municipales que contarán con concejales del equipo de Gobierno en árabe, tagalo y catalán, pero no en castellano, lengua materna de la mayoría de los barceloneses.
La Gaceta 11 Diciembre 2016

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a despreciar el español pese a que la mayoría de los ciudadanos en Barcelona lo tienen como lengua materna y ha anunciado diversas reuniones municipales en el barrio de Ciutat Vella y en el barrio gotic que contarán con concejales del equipo de Gobierno en árabe, tagalo y catalán, pero no en castellano. En estos encuestros se abordarán cuestiones como la mejora de diversos espacios públicos, y habrá ruegos y preguntas.

La regidora ya causó polémica al imponer a los contratistas que entregasen toda la documentación en catalán y les amenazó con excluirles. El PP denunció la medida asegurando que además de arrinconar el castellano, va más allá incluso de lo que prevé el reglamento de usos lingüísticos municipal.

Cabe señalar que pese a que sólo se muestra partidaria del "derecho a decidir", desde que llego a la alcaldía en junio de 2015 la regidora y su equipo sólo han dirigido el Consistorio con medidas que evidencian su odio a España y que bien hubiera firmado ERC.

Las afrentas son varias. Retiró el busto del Rey emérito Juan Carlos I del salón de plenos, despreció a las Fuerzas Armadas Españolas, garantes de la integridad de nuestro territorio, y mostró su descontento por la presencia de los militares en el Salón de la Enseñanza de la Ciudad Condal asegurando que "no deseaba que estuvieran en el certamen". Además, un miembro de su equipo, Gerardo Pisarello, ultrajó la bandera de España durante las fiestas de la Merced y la Guardia Urbana expedientó a un agente de la Policía Nacional por llevar una muñequera con los colores de la bandera española. Los agentes del Cuerpo aseguraron que veían "desproporcionado" el expediente y denunciaron el "doble rasero" del Ayuntamiento al sancionarle a él y no a los que llevan 'esteladas' o 'señeras'.
 


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