AGLI Recortes de Prensa   Martes 20 Diciembre  2016

Los impuestos y la pérdida de derechos civiles
José María Calero Martínez El Espanol 20 Diciembre 2016

Las crecientes necesidades de financiación de un aparato estatal improductivo y mastodóntico que debe ofrecer toda clase de servicios y atenciones a los que los ciudadanos accedieron en tiempos de bonanza y no están dispuestos a renunciar, ha convertido la recaudación de impuestos en objetivo prioritario.

El empobrecimiento de la población acrecienta los recelos contra quienes acumulan riqueza, por lo que el terreno está abonado para que sean blanco fácil de toda clase de improperios si además aparece la sospecha de que no pagan los impuestos que corresponden a sus altos ingresos. Conforme a un proceso mental simplificado propio de un pensamiento colectivo, los ricos son los malos y Hacienda, los buenos.

El siguiente paso empieza a aparecer y consiste en aceptar sin crítica o como deriva positiva la abolición de cualquier límite a la intromisión del Estado o de terceros en la vida de los ciudadanos. Comienza a extenderse un pensamiento regresivo que considera derechos civiles tan esenciales como la inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones o las garantías procesales, como excusas o ventajas tramposas propias de delincuentes.

Cuando la entrada en vigor del sistema democrático estableció la necesidad de autorización judicial para que la policía pudiera registrar un domicilio, quienes pensaban en clave del régimen anterior descalificaban la novedad: a mí no me importa que la policía entre en mi domicilio pues no tengo nada que esconder.

Para que pueda determinarse qué impuestos le corresponde pagar a cada ciudadano en proporción a sus ingresos, es preciso conocer previamente cuáles son éstos. Con tal premisa, el ciudadano no tiene más remedio que vaciarse los bolsillos frente al recaudador, lo que abre un interesante debate sobre qué interés debe ser considerado preferente: el del Estado por recaudar o el del las personas por asegurarse un ámbito infranqueable de intimidad o privacidad.

En términos estrictamente jurídicos y atendiendo al rango constitucional de cada uno de los intereses en liza, no cabe ninguna duda de que los derechos fundamentales del individuo son prevalentes frente al interés del Estado en recaudar impuestos.

De acuerdo con nuestras normas, es la Hacienda Pública la que debe recabar los datos de los ingresos de sus contribuyentes sin violar su privacidad, su intimidad, su domicilio o sus comunicaciones. Sin embargo, en el plano de la realidad de las cosas, no tengo seguridad de que ese orden de prelación de valores esté vigente en la práctica y, sobre todo, en el pensamiento mayoritario de los ciudadanos.

Buena muestra de este proceso de extensión de un pensamiento regresivo o preconstitucional, es la opinión mayoritaria en los profesionales de los medios de comunicación de que deben ser publicados los datos que reflejen la sospecha de evasión fiscal de un rico y famoso, aunque aquellos se hayan obtenido ilícitamente. Conforme a ese criterio mayoritario, lo delictivo debe perseguirse aun a pesar de que en esa persecución puedan cometerse o haberse cometido otros delitos.

Conforme al orden de prelación que soporta tal pensamiento, no importa sacrificar la inviolabilidad de domicilio de las comunicaciones, si se trata de aclarar si se han evadido impuestos, si de trata de recaudar impuestos. Es decir, para quienes mantienen esa opinión mayoritaria, es preferente el interés recaudatorio frente al respeto a los derechos civiles de los ciudadanos.

La libertad de información y de prensa -en otro tiempo instrumento de liberación de la sociedad civil, azote de los poderes públicos en defensa de los derechos de los ciudadanos- ha mutado en nuestros días y conforme a una expansiva tendencia o afición a la persecución y dilapidación en la plaza pública de ricos pecadores, viene ahora a convertirse en azote de esos malvados ciudadanos en defensa de la mejor y más efectiva recaudación de impuestos.

Tal es el estado de opinión dominante. Visto de esa forma no es tan extraño que gane Trump o que la extrema derecha pase del 47% en Austria. Los fundamentos de un pensamiento regresivo que confía en el Estado como un padre y sospecha del ciudadano, están cada día más extendidos, aceptados y hegemónicos.

*** José María Calero Martínez es abogado.

Estados Unidos y Europa tiemblan mientras España se fosiliza
Javier Benegas  vozpopuli.com  20 Diciembre 2016

Las aguas bajan revueltas en democracias que hasta hace muy poco creíamos las más estables del mundo, las más consolidadas. En efecto, a primera vista, países tradicionalmente sensatos parecen verse arrastrados por corrientes regresivas, que reaccionan quizá a destiempo contra la apertura de fronteras, el flujo de personas y la deslocalización de empresas. Aquí y allí, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Austria, Alemania… surgen movimientos reactivos que parecen responder a los mismos patrones. En algunos casos, ya han dado lugar a desplazamientos del balance político que podrían estar adelantando un cambio de paradigma.

Todas estas reacciones, dicen, constituyen respuestas irracionales a un fenómeno, la globalización, que se ha convertido, junto con el manido populismo y la revolución tecnológica, en falsas hipérboles de nuestro tiempo. Términos grandilocuentes que en sí mismos no explican nada pero que, sin embargo, sirven para generar infinidad de teorías, modelos de laboratorio planteados siempre conforme a reglas innegociables. De hecho, sin que nos hayamos dado cuenta, hoy no hay propuesta teórica, económica o política, que no termine sujeta a la nueva unidad universal de medida: la igualdad. Hasta los liberales más radicales parecen empeñados en demostrar que sus teorías nos regalarían a la postre la mejor de las igualdades posibles. Quizá sea por esta razón que las élites estén empeñadas en presentarnos la globalización como un inaplazable dilema, un súbito juicio final ante el que no nos quedaría más remedio que arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, de esa concepción del mundo donde querer tener más que el prójimo era legítimo.

Ocurre, sin embargo, que la globalización no es un proceso que empezara ayer. En realidad es casi tan viejo como la primera carabela o, más aún, el invento de la rueda. Algo parecido cabe decir de la revolución tecnológica. Incluso, si se alude en exclusiva a las llamadas “nuevas tecnologías”, tendríamos que remontarnos atrás en el tiempo, hasta la popularización de los ordenadores personales y, si acaso, más recientemente, a la aparición y generalización de Internet. Estos “nuevos” medios para la interacción, el conocimiento, el intercambio llevan bastante tiempo entre nosotros y, en todo caso, con la aparición de dispositivos móviles, han seguido evolucionando.

La “gran” globalización y el “nuevo” cambio tecnológico no empezaron hace dos días sino que llevan condicionando nuestra vida lustros, de forma gradual, progresiva; nunca súbitamente. Dicho de otra manera, estas “revoluciones” llevan ya bastantes años generando ganadores y perdedores, reasignando tareas, recursos y aptitudes, sin que las sociedades occidentales vislumbraran el fin del mundo. Por lo tanto, quizá, en vez de dar por buenas las falsas hipérboles, cabría preguntarse si el problema son estas transformaciones, siempre graduales, o más bien lo son los estamentos, instituciones formales e informales, que se han empeñado en ser los intérpretes, los administradores interesados de los cambios. Porque, en no pocas ocasiones, han convertido las nuevas oportunidades en obstáculos; y a los ciudadanos, en víctimas de sus requiebros legislativos. Como si a cada nueva posibilidad, a cada nuevo avance, los políticos, burócratas y los grupos de intereses reaccionaran generando anticuerpos, barreras de acceso, confundiendo el imperio de la ley con la arbitrariedad administrativa.

Con todo, lo peor es el nuevo afán de los burócratas occidentales: aplicar reglas idénticas en todos los países, impidiendo así que nadie se salga de su norma, no sea que alguna aldea irreductible pueda demostrar que se equivocan, que su empeño por la igualdad al final se traduce en una equivalencia forzada hacia abajo o que hay vida más allá de los impuestos.

John Müller, que suele acuñar metáforas interesantes, sugería que estábamos ante una interesante paradoja: la digitalización del mundo ha desencadenado una fuerte reacción analógica. Lo que, según entendí, vendría a decir que la sofisticación tecnológica y la permeabilización de las fronteras lo que han hecho es alentar el regreso de viejas políticas proteccionistas. Y a primera vista así parece. Pero si miramos más en profundidad, quizá lo que ocurre es que, pese a tanto alarde tecnológico, el mundo lo constituyen en última instancia las personas. Y éstas, aunque dispongan de los dispositivos más sofisticados, aunque tengan en la mano las herramientas tecnológicas más poderosas, son y serán siempre analógicas.

Puede que esas personas, aunque acudan regularmente a los herbolarios, para afrontar una grave enfermedad prefieran el mejor cirujano; o que para recorrer grandes distancias, por más que sean supersticiosas, en vez de en calesa prefieran subir a un avión, una máquina voladora que pesa bastante más que el aire; o que aun siendo católicos y devotos del milagro de la Virgen, no les parezca mala idea la fecundación in vitro. Sin embargo, cuando se trata del futuro a largo plazo, es decir, cuando se trata de la política, no tienen esa fe ciega en la ciencia, menos aún en un cientificismo moralizante, cuyas estadísticas agregadas dibujan un panorama en el que no se reconocen.

Y es que, aunque muchos, en efecto, son afortunados porque tienen x ingresos, sin embargo contemplan el futuro cada vez con mayor incertidumbre. Y, por alguna inexplicable razón, han dejado de confiar en las élites. Puede que estén equivocados, que su juicio se haya nublado, que en realidad estén siendo víctimas de la ignorancia, de bulos y mentiras o, incluso, de algún hechizo. Reconozco que debe ser duro haber encontrado la forma de hacer a la gente feliz y que te dejen de lado. Pero la democracia es así. De vez en cuando el común se deja guiar por su intuición, especialmente cuando descubre cómo las gastan los burócratas y se entera, por ejemplo, que en un sólo organismo, como el Pentágono, se pierden cada año, en burocracia, 125.000 millones de dólares. Que los propios auditores, ante la imposibilidad de recabar datos, envuelvan el misterio dentro de lo que califican como “materia oscura” no ayuda mucho, desde luego.

Y mientras EEUU y Europa pasan su gripe, España sigue impasible, ensimismada, con un Parlamento que, ante los grandes retos que se vislumbran, se dedica a dirimir si se deben regular los deberes, suscribir un pacto de Estado contra la “violencia de género”, subir impuestos y averiguar a cuánto está el kilo de “hechos diferenciales”. Quién nos iba a decir que, cuando todos parecen perder la cabeza, nosotros la mantendríamos en su sitio, como China, Rusia o Irán, esas grandes naciones con las que, según parece, tenemos más en común que con estas democracias locas. Estamos de suerte.

La revisión de la constitución
Enrique Domínguez Martínez Campos gaceta.es 20 Diciembre 2016

Estamos oyendo hablar de ello desde hace ya tiempo. Pero, cuando ha cumplido 38 años en este 2016, quienes pensamos que esa revisión es imprescindible en varios de sus Títulos y su articulado creíamos que podría llegar el momento de plantearse el tema con seriedad e iniciar el proceso que la propia Constitución determina para ello.

Sin embargo, no contábamos con un elemento esencialmente perturbador para poder llevar a cabo tal revisión: el descrédito sin paliativos de una clase política, la española que, desde1978 hasta aquí, ha ido deteriorándose, desprestigiándose, viviendo en su propia burbuja partitocrática y, así, alejándose día tras día y cada vez más de los anhelos y las necesidades de los españoles, convirtiéndose en el mayor obstáculo para que esa revisión pueda hacerse con la garantía del más amplio acuerdo político. Ésta es una realidad incuestionable que hoy son muy pocos los que se atreven a negar.

Si analizamos con objetividad y cierto sentido común por qué hemos llegado a la conclusión anterior la respuesta es bien sencilla: ese deterioro y desprestigio paulatino es en el que han incurrido a lo largo de estos 38 años, fundamentalmente, los dos partidos de más amplia base electoral en España, esto es, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Los dos, y sobre todo en estos últimos 12 años, han visto cómo esa base electoral ha disminuido de forma exponencial en toda España y no debido precisamente a su virtuosismo político, ni a sus realizaciones, ni a las ilusiones despertadas entre sus votantes.

Quiero dejar muy claro antes de continuar que la decadencia paulatina de ambos partidos no surge desde hace sólo 12 años. Los españoles que vivimos todos estos años (desde 1978) y éramos adultos entonces y nadie nos ha tenido que contar nada, ni hemos tenido que buscar referencias en nuestros padres, en nuestros amigos o documentos que nos enseñen esta parte de nuestra Historia, hemos sido testigos presenciales de esa decadencia. No es momento éste de narrar la pequeña historia del desplome y la desaparición de la famosa UCD de Adolfo Suárez; ni el triste final del PSOE de Felipe González con su terrorismo de Estado, sus incontables casos de corrupción que dejaban atónitos a los españoles, su ideología cada vez más izquierdista en el ámbito social, la necesidad de reabrir el guerracivilismo y el miedo para ganar sus últimas elecciones y terminar con un paro cercano al 23%; ni precisamos referir el mandato del PP de Aznar que, si bien obtuvo algunos éxitos importantes como su lucha contra el terrorismo (con la ley en la mano), sus logros económicos hasta conseguir que España cumpliera con todo lo que exigió Maastritch para poder formar parte de la zona del euro, y codearse con los más importantes líderes del mundo occidental, cedió demasiado en su primera legislatura a los nacionalseparatistas vascos y catalanes y acabó con una gestión desastrosa cuando España sufrió el mayor ataque terrorista -aún por aclarar- de toda su Historia, dejando como su heredero en el PP a un señor llamado Mariano Rajoy.

Todo lo anterior, repito, forma parte de la decadencia paulatina de ambos grandes partidos. Y esa decadencia se aceleró con la llegada al poder de Rodríguez Zapatero y, después, de Rajoy. Con la particularidad de que PSOE y PP siguieron siendo ciegos, sordos y mudos ante los desafíos de la ETA, primero, y de la rebeldía política de unos mandatarios catalanes que se pasan por el arco del triunfo cualquier tipo de resolución judicial, provenga de donde provenga.

Rodríguez Zapatero, aquel “bobo solemne” que, a través de su ingeniería sociopolítica, consiguió que el PSOE siguiera siendo rechazado de forma general por los españoles en 2011, puso los cimientos para que surgieran en España los grupos y movimientos antisistema que lo que pretenden hoy es la voladura total del régimen basado en la Constitución. Por tanto, no quieren ni oír hablar de ella sino crear la suya, como lo hizo Castro en Cuba o Hugo Chávez en Venezuela.

Este Rodríguez, además de hacerle a España un daño que será muy difícil de reparar, consiguió hundir a un Partido como nadie lo había logrado antes, salvo quizás el procomunista Negrín en la Guerra Civil. Sus convicciones se basaban mucho más en sus sentimientos de rencor y revanchismo contra la derecha española –heredera para él del fascismo y del franquismo- que en la ideología de un supuesto partido socialdemócrata. Por eso acabó llevando al PSOE a ser barrido electoralmente por esa también supuesta derecha representada por el PP de Rajoy.

En cuanto a este último, con una mayoría absoluta como jamás se había logrado en España en los últimos 38 años en todas las Administraciones, ¿qué fue lo que hizo con ella? Dedicarse, sí, a salvar a nuestro país de la ruina económica en que la dejó Rodríguez para evitar el famoso “rescate” que todos veían inevitable. Pero, ¿qué hizo en el plano de las políticas que una gran mayoría de españoles reclamaban para deshacer, terminar o, al menos, modificar las barrabasadas cometidas en el período anterior? Pues no hizo nada, absolutamente nada. Por el contrario asumió la práctica totalidad de las mismas, convirtiendo al PP de centroderecha en un partido socialdemócrata radical en cuanto a las impresionantes subidas de impuestos con las que siguen asfixiando cada vez más a las clases medias y manteniendo toda la revanchista legislación socialista y de género, en la que los intereses de algunas minorías priman sobre el interés general y el bien común. El Congreso del PP celebrado en Valencia en 2008 ya fue todo un síntoma de lo que Mariano Rajoy deseaba. Aunque lo revistiera de actitudes que hicieron pensar a muchos que el PP seguiría siendo un partido de centroderecha.

A partir de 2008 fueron surgiendo los movimientos antisistema como consecuencia de la negación del PSOE de la existencia de una crisis económica brutal y sus dramáticas consecuencias de paro, desahucios, pobreza y recortes económicos. En Cataluña, otro partido que era admirado por los españoles decidió dar el paso para convertirse en otro de ámbito nacional. Unos y otros competían con el PSOE y el PP para compartir la tarta del poder.

En las elecciones de diciembre de 2015 el PP y el PSO, liderados por Rajoy y Pedro Sánchez, sufrieron un descalabro electoral de enormes proporciones. Sus respectivos partidos sufrirían así, con justicia, lo que los españoles deseaban castigar: la enorme mediocridad de sus máximos jerarcas. Si éstos hubieran tenido el más mínimo sentido de la dignidad política hubieran dimitido de sus cargos. No lo hicieron y España estuvo sin gobierno durante casi un año. Por fin los españoles se decantaron por “el mal menor” representado por el PP. Y este partido, para poder gobernar o hacer que gobierna, ya está cediendo a las presiones de lo que queda del PSOE, de las ambiciones insaciables de los nacionalseparatistas –con desplantes, ofensas, manipulaciones históricas, dogmatismo inculcado incluso a párvulos y rebeliones incluidas-, así como a las medidas que le exige el llamado “partido naranja” en su pacto de gobernabilidad.

Con estos mimbres, con una situación caótica en el PSOE y con un PP que ha perdido el rumbo de su ideología supuestamente liberalconservadora –que Rajoy desechó en aquel Congreso de Valencia-, ¿qué clase de revisión se puede hacer de la Constitución? ¿De qué puñetas nos están hablando y hablando tantos medios de comunicación sobre esa necesaria revisión? ¿No se dan cuenta de que lo primero que tienen que hacer estos dos partidos es reconducir sus propias ideologías y cerrar la gravísima crisis que padecen? Son ellos los primeros que tienen que revisarse a fondo y a sí mismos. Son ellos los que, si no fueran máquinas de crear sumisos militantes y cargos públicos, se renovarían para refundarse, para ser lo que deberían ser: un partido socialdemócrata moderno y sin ataduras revanchistas ni marxistas, y otro liberalconservador sin complejos de inferioridad ante las izquierdas y. mucho menos, ante la rebelión, que ya clama al cielo, de los nacionalseparatistas.

Si algún día lo consiguieran –cosa que dudo mucho cuando el PSOE ya no es ni Obrero ni, en muchos casos, Español, ni el PP representa al centroderecha- es cuando se podrá comenzar a hablar de revisar la Constitución. Pero es tal el desconcierto político con el que vivimos en España –también en Europa, por supuesto- que no me extrañaría que en estas gravísimas circunstancias alguien, o algunos, se atrevieran a dar ese paso aunque lo que consiguieran fuera otra chapuza nacional de imprevisibles consecuencias.

Nada, nada; sigamos hablando de revisar la Constitución mientras el PP y el PSOE ni sabemos hacia dónde se dirigen políticamente, ni cuáles son sus verdaderos objetivos estratégicos, ni si son capaces de unirse para defender la unidad de España y terminar con la rebelión de los separatistas y, ni siquiera, si están de acuerdo en definir exactamente cuáles son los artículos a revisar de la Constitución y en qué sentido deberían ser revisados. Estas carencias son las que ocurren en el seno de ambos partidos mientras separatistas y el movimiento antisistema saben perfectamente lo que quieren, cómo lo quieren e, incluso, cuándo lo van a conseguir.

Todo un éxito de una clase política –en este caso la española- en plena decadencia como consecuencia de haber sido ciega, sorda y muda durante décadas frente al nacionalseparatismo de siempre y a los nuevos movimientos de la extrema izquierda vieja, caduca, demagógica, pero que arrastra tras de sí a los más desfavorecidos económica y culturalmente

¿Es así posible revisar la Constitución?
Enrique Domínguez Martínez Campo.Coronel de Infantería DEM (R)

El saqueo fiscal del PP al ciudadano medio
EDITORIAL Libertad Digital 20 Diciembre 2016

Los castigos que está infligiendo el Partido Popular al contribuyente son un auténtico escándalo y una traición abominable.

Las promesas del Partido Popular en relación con las bajadas de impuestos han ido demostrándose falsas, una tras otra, desde el mismo momento en que Rajoy comenzó a gobernar. En esta pasada campaña electoral, los populares volvieron a hacer gala de un gran cinismo al asegurar que, esta vez sí, la bajada de la presión fiscal sería un hecho, a pesar de lo cual la presente legislatura ha arrancado con una de las subidas de impuestos más implacables que se recuerdan.

Acorralados por sus reiterados incumplimientos electorales, los dirigentes del partido del Gobierno se esconden tras el pretexto de que la presión fiscal en España sigue por debajo de la media europea. Sin embargo, como hemos demostrado en Libertad Digital, es en el reparto de esa presión fiscal donde se refleja de manera irrefutable las dimensiones reales del castigo del PP a los contribuyentes. Para ello sólo hay que estudiar la evolución de la recaudación fiscal a través del IRPF, impuesto directo que afecta principalmente a las clases medias y populares, convertidas por Rajoy en víctimas propiciatorias.

No de otra forma cabe entender que la recaudación por IRPF en 2015, con casi tres millones menos de trabajadores en activo, aumentara en casi 3.000 millones de euros respecto a 2007, el año récord del mercado laboral, cuando había 20,6 millones de españoles declarando por esa figura impositiva.

Si se atiende a la evolución de este impuesto en los años de la crisis se ve que la presión sobre las rentas del trabajo ha aumentado un 27% en la última década. El resultado es todavía más sangrante si nos retrotraemos a 2002, cuando el peso fiscal que soportaban los trabajadores en España era un 40% inferior al de finales del año pasado.

Todo ello confirma la validez de las críticas en Libertad Digital hemos dirigido al Gobierno de Rajoy por su manera de conducirse en el tramo final de la crisis económica. Lejos de acabar con el despilfarro de las Administraciones Públicas, el Gobierno del PP ha hecho recaer el peso de la recesión sobre las espaldas del contribuyente más indefenso. En lugar de cuadrar las depauperadas cuentas públicas acabando con el gasto superfluo de las autonomías –como las televisiones autonómicas y los miles de organismos, fundaciones, observatorios y demás chiringuitos de esa escandalosa Administración paralela-, Rajoy y su Gobierno han preferido mantener el mastodóntico engendro.

La consecuencia directa ha sido una subida de la presión impositiva a las clases medias sin parangón en la historia reciente, que difícilmente habría conseguido superar un Gobierno de extrema izquierda liderado por Podemos.

La destrucción de la clase media
Fernando Paz gaceta.es 20 Diciembre 2016

Con toda seguridad, la consecuencia más decisiva de la crisis económica ha sido la degradación de las clases medias, algo que no es exclusivo de España, aunque tal cosa no sirva de consuelo. Un proceso en el que han sido vapuleados inmisericordemente asalariados y autónomos, en favor de unas elites sociales cada vez más transnacionales.

Las clases medias y trabajadoras no solo han visto mermadas sus posibilidades y su futuro, sino que se han visto privadas del acceso a muchas prestaciones sociales como vivienda protegida y guarderías, de las que sí se benefician los inmigrantes de ingresos más bajos. Inmigrantes atraídos por unas políticas deliberadamente diseñadas para beneficiarse de la mano de obra de bajo coste que representan, y que engordan a las elites a costa de la proletarización de la clase media.

Este tipo de política perjudica a muy amplios sectores de una población que tiene que competir en condiciones de desigualdad; las deslocalizaciones representan una amenaza permanente en el mundo de la globalización, ya que los nacionales no pueden rivalizar con quienes no tienen que soportar los costes de mantener un Estado de Bienestar, muchas veces padecen la ausencia de derechos laborales y parten de niveles de vida más bajos. Ello por no hablar de la consecuente desnacionalización de los sistemas jurídico-laborales.

Las deslocalizaciones han dañado, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, generadoras hasta del 80% del empleo en muchos países de la OCDE, ya que tiene imposible deslocalizar; pero, además, ha resultado lesivo no solo en el orden puramente económico, ya que ese tipo de empresas frecuentemente son un pilar esencial del tejido social.

Las recomendaciones de quienes abogan por un orden globalizado van, en consecuencia, por la vía de la contención de salarios, de la disminución de los derechos laborales y del desmantelamiento –más o menos camuflado- del Estado de Bienestar.

La globalización, en definitiva, ha beneficiado a las elites a costa del resto de la sociedad. En los propios Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, la media de crecimiento del PIB fue del 3,5%, mientras que hoy no llega al 2%; entre tanto, las finanzas van viento en popa y las grandes fortunas ha visto incrementada su riqueza.

Además, hemos visto que, en algunos sitios, se ha optado por enfrentar la crisis recortando el presupuesto para educación y sanidad, los salarios de la administración y las pensiones. Todo lo cual se ha presentado como la única política posible, aelgando que la alternativa sería la de desmontar el Estado de Bienestar. Lo cierto es que la clase media apenas puede sobrevivir sino gracias a las ayudas sociales, aunque en muchos casos estas sean poco más que residuales –como en el caso de España-.

Por otro lado, las políticas monetarias de los bancos centrales redundan en beneficio de la industria bancaria, causante de la crisis, en claro detrimento de los ahorros de un sinnúmero de hogares. La consecuencia es que mientras Wall Street dispone de dinero barato en abundancia para sus inversiones financieras, en la década entre 2005 y 2014 los ingresos de dos tercios de las familias en veinticinco de las economías más desarrolladas del mundo han descendido o, en el mejor de los casos (pocos), se han mantenido.

No resulta extraño que las nuevas generaciones estén creciendo en el escepticismo, y que cada vez perciban como más deseable la adopción de medidas de fuerza por parte de los gobiernos, y como algo menos esencial el mantenimiento del formalismo democrático. Está emergiendo una nueva mentalidad posdemocrática.
Una España más pobre y desigual

En nuestro caso también estamos asistiendo a un generalizado descenso de los salarios; en los últimos cinco años, estos han caído en términos reales casi un 1%. También ha aumentado la desigualdad en la distribución de la renta y del patrimonio, como muestra el que el 10% de la población que hace cuatro décadas poseía el 26% de la riqueza hoy posee el 48%; si atendemos a criterios como el de “riqueza financiera”, encontramos que ese 10% de la población acapara el 70% de esta.

Al tiempo que el gobierno de Rajoy anunciaba la salida de la crisis en 2013, la realidad era que mientras los perceptores de salarios se habían reducido en un 13.5%, la masa salarial lo había hecho en un 19.6%. La crisis había producido una pérdida de poder adquisitivo, afectando sobre todo a los salarios más bajos. La presunta salida de la crisis arrojaba unas cifras de desigualdad salarial más elevadas que nunca.

De modo que el pretendido ascenso de los salarios en los diez últimos años es irreal, ya que han sido los sueldos más altos los que más han subido, al tiempo que se ha destruido el empleo de menor calidad y han descendido los sueldos medios y bajos. Mientras el peso de los salarios en el PIB bajaba 3,4% entre 2010 y 2013, el de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta aumentaba durante ese tiempo un 2.4% del PIB.

Durante los años más duros de la crisis, según se multiplicaba la pobreza, las cien mayores fortunas de España acrecentaban sustancialmente su patrimonio, fenómeno semejante al sucedido en los países de la UE. La desigualdad se ha disparado y hoy tenemos un 51% más de ricos de los que había en 2007, mientras un 13% de los asalariados está en riesgo de exclusión. El fenómeno del aumento del número de millonarios y del número de pobres es una pésima noticia, por cuanto ambas cantidades se detraen de la clase media.

En nuestro país, más de dos millones de personas llevan dos o más años tratando de encontrar empleo. Sólo un 44% de los registrados por la EPA reciben algún tipo de prestación pública (muchas de ellas ciertamente bajas); la mayor parte del incremento en gasto público se dedica a pagar las pensiones. La perspectiva no es mucho mejor por cuanto el Estado sigue sin atender la perentoria necesidad del crecimiento demográfico, con lo que estas partidas no podrán disminuir en el futuro, sino todo lo contrario.

Además, la debilidad de la economía española se ha acentuado, convirtiéndola a estas alturas en completamente dependiente y, por tanto, de una extrema sensibilidad a las menores oscilaciones internacionales.

La clase media está hundiéndose. Lo previsible es que ese proceso no se detenga, sino que se agudice. Da la impresión de que no se están midiendo bien las consecuencias del descrédito de las fuerzas políticas actuales y de los recambios previstos, pero las claves del comportamiento político están cambiando a cierta velocidad, y lo que empieza a faltar es una fuerza política capaz de arrostrar el empeño de devolverle la fe al pueblo español.

Las guerras autonómicas
Cristina Losada Libertad Digital 20 Diciembre 2016

No vengan ahora PP y PSOE a lamentarse de que lo identitario condicione la batalla de la financiación.

Pronto, las autonomías empezarán a desplegar sus fuerzas para dar la batalla del nuevo sistema de financiación. El actual, pactado por el Gobierno de Zapatero con el Gobierno catalán de entonces, tuvo efectos indeseados por culpa de un accidente: la crisis económica impidió que la autonomía catalana recibiera los recursos previstos. No es éste el único agravio en danza. Son muchas y variadas las autonomías que se consideran infrafinanciadas, y algunas con razón. Pero es fácil que sea ese desperfecto el que más se proponga reparar el Gobierno Rajoy. Como creen en el PP que el nacionalismo y su secuela habitual, el separatismo se frenan soltando pasta, querrán ofrecer algo contante y sonante a ver si el independentismo de traje emprende el camino de vuelta a su antiguo ser posibilista.

La probabilidad de que la lírica del diálogo emprendido por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría mute en la prosa del dinero es alta. Hay que contar, por tanto, con que aumente la ración de recursos a la autonomía catalana y con que las demás peleen duramente por los restos del pastel. La pelea más morbosa será, sin duda, la que libren los presidentes autonómicos del PP contra el Gobierno del PP. Si es que llegan a librarla. De momento, sólo uno de los barones populares, Núñez Feijóo, ha dicho algo al respecto. Y lo que ha dicho, en un acto celebrado en Barcelona para debatir la ponencia económica y territorial que se llevará al congreso del partido, es que no se debe "mezclar el debate identitario con el económico" ni "fundamentar la financiación autonómica en una discusión de banderas y sentimientos."

El pequeño detalle es que su partido ha contribuido a mezclar ambas cosas cada vez que ha estado en el Gobierno y necesitado el voto de los nacionalistas. Lo mismo hicieron los Gobiernos del PSOE, por cierto. Lo "económico" y lo "identitario" han ido siempre de la mano. De esa manera, se ha premiado al nacionalismo con un poder extraordinario para lograr más fondos, recursos e inversiones. El principio general que se deduce de esta práctica común a los dos grandes partidos es este: cuanto más fuerte el nacionalismo, más ventajas consigue. Nada mejor para fortalecer a los nacionalistas que conferirles una especial capacidad de aflojar el bolsillo del Estado.

El asunto identitario no empieza y acaba, sin embargo, en los nacionalistas propiamente dichos. Porque la exaltación de lo identitario no es privativa de los partidos de la marca nacionalista. Al contrario, está generalizada. Salvo en algunas autonomías que aún permanecen ajenas a la pugna por los hechos diferenciales, el camino que han seguido las elites políticas autonómicas para afianzarse es la acentuación de las singularidades. Todas ellas imitan al nacionalismo. No copiarán los rasgos más extremos del original, pero tienden a mimetizarse con él. En ello han estado y están tanto el PSOE como el PP. De modo que no vengan ahora a lamentarse de que lo identitario condicione la batalla de la financiación.

Se parapetan en la democracia
Jesús Royo Arpón La Voz Libre 20 Diciembre 2016

La foto es del viernes 16 de diciembre. Los jueces interrogaron a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, por amparar el proceso independentista. Para apoyarla y amedrentar a los jueces, si se dejan, y de paso marcar paquete indepe, que de eso comen tantos, se reunieron “espontáneamente” una serie de cargos municipales, autonómicos y quizá sindicales. Y como era de esperar, lo hicieron bajo la cobertura de la palabra más citada en todo el procés: democracia. El cartel que blandían los asistentes repetía “Això va de democràcia”: como avisando de que el pueblo ya les ha absuelto, por lo que los jueces no tienen nada que juzgar. Bien claro lo dice la ley con la que se inauguró el procés: ningún Tribunal exterior al Parlamento catalán será competente para juzgarlo, ni siquiera (o en especial) el Tribunal Constitucional.

Pero ahí sí que cuadra el dicho: dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Cómo se justifica un acto antidemocrático? Pues muy fácil: diciendo y repitiendo que es democrático por definición, democrático hasta las cachas, es la ostia de democrático, y quien diga que no, antidemócrata.

Señores, abochorna tener que recordar lo obvio: que saltarse la ley no es democrático. Lo democrático es cumplirla, porque representa la voluntad popular. Es tan democrático como no estar de acuerdo con ella, y cambiarla si se cuenta con los votos suficientes: pero hasta que no se dé ese caso la ley obliga a todos, y más que nadie a los poderes públicos. Y en especial la Constitución, la Ley de Leyes: podrás no estar de acuerdo, pero saltársela por las bravas no es democrático: es golpista.

Pues lo que nos deja atónitos y nos llena de estupor es que desobecer al TC se presente como el novamás de la democracia. ¿De qué van? Por lo visto quieren vendernos que la Constitución no es democrática, ni el Tribunal que la interpreta. Por lo tanto, no es obligatoria. Más aún, como decía el monje Hilari Raguer: incumplirla es un deber. Porque, por lo visto, España es una dictadura sin legitimidad. España es tirana por naturaleza, los españoles lo llevan en los genes. Español igual a facha: así lo dicen, sin inmutarse, sin vergüenza.

Ese discurso funciona, es el discurso que mueve a los millones que (dicen) forman las GrandesCadenas, las GrandesUves y la madre que los trujo. Pero todo es obra de una deliberada campaña de intoxicación programada fríamente y con toda la jeta. Recuerden cómo Jaume López, el teórico del procés lo decía bien claro el año 2011: 1) hay que sustituir el derecho de autodeterminación por el derecho a decidir, más fácil de vender, 2) hay que referirlo todo al principio democrático: pedir la independencia es democracia, y negarla es tiranía, y 3) montar grandes movidas festivas, populares, rechazando la violencia: así los violentos serán el gobierno que prohíbe las urnas, y los tribunales que imponen el cumplimiento de la Ley. Está claro: serán cínicos, pero tontos no.

El problema no es el islam: es Europa
EDITORIAL gaceta.es 20 Diciembre 2016

Tanto la carnicería de Berlín como el asesinato del embajador ruso en Ankara han sido obra de islamistas. La primera, por los datos que a primera hora de la mañana del martes circulan, apunta a un paquistaní que entró como refugiado en Alemania en el mes de febrero. El segundo, según consta ya, ha sido ejecutado por un policía lleno de ira por la supuesta matanza de Alepo (esa matanza que todos los medios occidentales han repicado sin ofrecer prueba alguna). En principio, la conclusión está clara: el problema es el islam. Pero no. El problema no es el islam. Cualquier especialista sabe que el islam, desde su origen, encierra contradicciones internas que ocasionan permanentes desbordamientos violentos. El problema, pues, no es el islam. El problema es Europa.

El problema es esa Europa que, por razones de interés puramente económico, ha decidido llamar “refugiados” a quienes en realidad son inmigrantes ilegales. El problema es esa Europa que ha abierto todas las puertas aún sabiendo que en la riada se estaban colando yihadistas dispuestos a matar. El problema es esa Europa cuyas elites han decidido secundar la incendiaria política exterior norteamericana en Oriente Próximo. El problema es esa Europa que, contra toda evidencia, insiste en presentar al islam como una religión esencialmente pacífica. El problema es esa Europa que, tan envejecida como petulante, se obstina en pensar que todo el mundo cabe aquí. El problema es esa Europa que parece convencida de tener la culpa de todo el mal que hay en el mundo. El problema es esa Europa ciega –o algo peor- cuya prensa, aun sabiendo ya que lo de Berlín era un atentado perpetrado por un paquistaní, insistía en titular “atropello violento” (como El País) o en subrayar que el propietario del camión robado era un polaco de nombre hebreo (como TVE). El problema es esa Europa que ha importado a nuestro suelo los desgarros de patrias ajenas. El problema es esa Europa que ha decidido suicidarse.

Estos son los muertos de Merkel, decían anoche los críticos en Alemania. Tienen razón. Son los muertos de la política más descabellada de todos los tiempos, de una Unión Europea que se está construyendo expresamente contra los ciudadanos europeos. Es urgente rectificar el rumbo. De lo contrario, pronto no quedará Europa para contarlo.

Así se adoctrina a un yihadista
Los investigadores describen cuatro fases que vive un individuo que abraza la yihad, captado por la propaganda terrorista: victimismo, culpabilización, solución y activismo
Luis P. Arechederra ABC 20 Diciembre 2016

La Audiencia Nacional ha condenado al segundo yihadista por el delito de autoadoctrinamiento, un nuevo tipo penal que castiga un proceso autodidacta de radicalización que lleva a adoptar el ideario yihadista radical y a prepararse para cometer atentados terroristas. El tribunal ha condenado a tres años y medio de cárcel a Ahmed Bouguerba, un ciudadano argelino residente en Bilbao de treinta y un años, que se adoctrinó a sí mismo y difundió mensajes yihadistas.

En este proceso, los investigadores han detectado cuatro fases habituales, que son alentadas por los grupos yihadistas como Daesh (el autoproclamado Estado Islámico) desde sus publicaciones y su potente propaganda digital. En el caso de Bouguerba, los agentes de la Ertaintza que le investigaron advirtieron su recorrido por las cuatro etapas: el victimismo, la culpabilización, la solución y el activismo. Estas fases forman el recorrido habitual de numerosos jóvenes que acaban por abrazar el yihadismo radical como vida.

Según el relato de los jueces que han enviado a prisión a Bouguerba, que se basan en un informe pericial de los investigadores, el condenado comenzó asimilando que la comunidad musulmana es víctima de las acciones que ejerce Occidente. Con el objetivo de que se sumen nuevos adeptos a su causa, los terroristas de Daesh tienden a mostrar el sufrimiento de niños musulmanes. También tratan de exponer un trato injusto de Occidente a sus minorías étnicas o cómo esclavizaban en las colonias, buscando una equiparación a estos grupos. El mensaje subliminal: la comunidad musulmana es esclava de estos países. Bougerba almacenaba en su teléfono móvil 12 fotografías de personas ejecutadas, 17 imágenes de cadáveres, entre otro material descubierto en sus tarjetas.

Después llega la fase de culpabilización: el individuo identifica como culpables de estos males al Occidente opresor, que mantiene relaciones con sus enemigos seculares, la rama del islam que conforman los chiitas, y los países del Golfo Pérsico, encabezados por Arabia Saudí. ¿Por qué estos? Porque consideran que han permitido la profanación del islam y porque no apoyan con la contundencia necesaria las acciones para lograr un califato global. Los grupos terroristas difunden imágenes de estos supuestos enemigos del islam reuniéndose para favorecer su identificación.

Una vez asimilada esta culpabilización llega el momento en el que los radicales reflexionan y se preguntan si son buenos musulmanes y qué deben hacer. El objetivo de los grupos terroristas es que el nuevo adepto se haga esta pregunta y sugerirle la respuesta: el activismo dentro del yihadismo radical y violento: el terrorismo.

El estado final en este proceso de adoctrinamiento llega cuando el individuo, en muchas ocasiones musulmanes residentes en Occidente como Bouguerba, hacen suyo el problema planteado, aceptan como enemigos los propuestos y que la única solución pasa por seguir las directrices de los grupos terroristas como Daesh o Al Qaeda. El argelino condenado por autoadoctranimeinto comentó, por ejemplo, en las redes sociales: «Todo lo que digáis o analizáis sobre el Estado Islámico es mentira porque todos los suníes del mundo nos quieren y nos apoyan, y vamos a abrir un frente contra Israel también y si Dios quiere van a venir ejércitos-muyahidín-fieles luchadores que esperen la gente contra Israel, y vamos a derrotar a Estados Unidos y Israel y sus chivatos si Dios quiere». El viaje completo hasta abrazar el ideario terrorista y estar dispuesto a atentar.

La jugarreta del cava catalán contra el “cava español” incendia el sector
ESdiario 20 Diciembre 2016

El estancamiento del cava catalán contrasta con las buenas perspectivas del resto.
La Denominación de Origen anda preocupada por el frenazo de las ventas de espumoso catalán frente a los valencianos, extremeños y riojanos, y para remediarlo ha optado por romper la baraja.

En millones de hogares españoles se brindará esta Navidad con cava. En algunos casos catalán y, en otros, valenciano, extremeño, riojano, navarro, aragonés o vasco, puesto que la Denominación de Origen incluye territorios de todas ellas, aunque Cataluña sigue aportando el 97,5% de las 34.000 hectáreas de la producción.

Como cada año por estas fechas vuelven a proliferar por Internet los llamamientos al boicot al cava catalán, esta vez con el agravante de que la víspera de Nochebuena Carlos Puigdemont celebrará una cumbre sobre el referéndum de independencia con todos los partidos y entidades que apoyan su convocatoria.

Surtan efecto o no hay un dato objetivo: el cava catalán se ha estancado -en la campaña de 2015 vendieron un 0,8% menos- mientras en el resto de la Denominación poco a poco mejoran las perspectivas. Por ejemplo en Requena, el único municipio valenciano incluido en la DO, los productores aspiran a llegar este año al millón de botellas vendidas, lo que supondría un incremento del 16% respecto al anterior.

El Consejo Regulador, ubicado en la localidad barcelonesa de Vilafranca del Penedés, observa con preocupación las horas bajas del cava catalán. Y para remediarlo, como no pueden impedir a los españoles comprar cava de otras comunidades, han optado por romper la baraja. ¿Cómo? Limitando la producción para que las bodegas extremeñas, valencianas y demás no tengan posibilidad de crecer.

Cuenta El Economista que los extremeños han sido los primeros en alzar la voz ante la jugarreta del Consejo Regulador. Éste ha solicitado al Ministerio de Agricultura autorización para limitar la producción y permitir el año que viene la plantación de sólo 168 nuevas hectáreas (un 0,5% de la superficie actual), lo que limita muy mucho las posibilidades de crecimiento de las bodegas de fuera de Cataluña que están empezando a despegar.

El secretario general de la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (Asevex), Jacinto Guerra, no duda de que la decisión del Consejo Regulador beneficia a la comarca catalana del Penedés frente a las no catalanas. "Lo que necesitamos es que nos permitan plantar más hectáreas para poder competir y seguir creciendo", explica.

Desde el Consejo Regulador, sin embargo, niegan que exista cualquier intento de blindar el cava catalán frente al resto. "Actualmente, y con el nivel de ventas que tenemos, no hace falta más producción en ningún caso. Se elabora todo el vino que se necesita y si produjéramos más, lo único que se conseguiría es devaluar al sector y la marca del cava", según su secretaria general, María Eugenia Puig.

La guerra del cava también vuelve por Navidad.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El catalanismo se la chupa
Pablo Planas Libertad Digital 20 Diciembre 2016

Las excelencias del sistema educativo segregado por los nacionalistas descansan en la exclusión del español.

La consejera de Enseñanza de la Generalidad catalana, Meritxell Ruiz, sostiene que no existe el derecho a decidir la lengua vehicular en la que los padres quieren que sean adoctrinados sus hijos. Ruiz, que pasó de Unió a CDC, no se pierde ni una concentración a favor de Mas, los quemafotos o Forcadell, ni un acto solemne relativo a la futura república catalana, ni una manifestación separata, amparado todo ello en el legendario, mítico, absoluto y consagrado derecho a decidir del pueblo catalán, la autodeterminación, las urnas, la democracia, la libertad y toda la mandanga.

Entrevistada por el diario Ara (Ahora), Meritxell Ruiz afirmó que tal derecho universal a decidir en la cívica, pacífica y festiva Cataluña sólo tiene una excepción que confirma la regla: la práctica exclusión del español en la escuela es obligatoria, o como diría Puigdemont, "indefectible". Muchos centros educativos catalanes lucen en sus fachadas la leyenda "Per un pais de tots, l'escola en català". Otra excepción. En una región en la que la que no pocos ciudadanos se expresan en español (muchos, por no ofender los delicados tímpanos de personas como Meritxell Ruiz, dicen "castellano"), los colegios vetan ese idioma porque si el catalán es la lengua propia, cualquier otra es impropia, salvo para dar órdenes a la mucama.

Sería injusto, no obstante, ignorar el hecho de que el español es una lengua a la que las autoridades docentes catalanas otorgan el mismo trato que al árabe o el urdu a la hora de catalanizar y catequizar a los hijos de los inmigrantes de Pakistán, Ecuador, Marruecos o Logroño, ciudad que para los nacionalistas es una simpática capital de provincia de un país vecino.

Además, si una familia qatarí, alemana o de Móstoles dispone de una cierta renta, siempre le cabe la posibilidad de mandar a sus hijos a un colegio privado, en el que no sólo aprenderán su lengua materna, sino inglés, francés y catalán, por supuesto. De hecho, las buenas familias de Barcelona (de políticos nacionalistas incluidos) es lo que hacen, porque ni de coña van a mandar a sus vástagos a centros concertados o públicos donde el castellano es una asignatura de dos horas a la semana impartida por un profesor que se olvidó de hablarlo y el de inglés enseña el idioma de Shakespeare sin haber salido de Vich.

En la entrevista, la consejera asegura también que "el debate educativo de Madrid es muy anticuado". Y añade: "Es como si allí pensaran en términos del siglo XIX y nosotros estamos en el XXI". Magnífica síntesis del catalanismo, una ideología cuya sustancia determinante es similar al impulso que mueve a millones de adolescentes a intentar toda clase de desdichadas e infructuosas contorsiones para alcanzarse el pene con la lengua.

La consejera Meritxell Ruiz abunda en las excelencias del sistema educativo catalán y promueve una discusión relativa a la escolarización obligatoria entre los dos y los 18 años cuyo lema es "Ahora es mañana". Anuncia Ruiz:

Esperamos ser un Estado y por eso hacemos ese debate; ahora bien, no nos importa compartirlo con países que serán vecinos. Lo que queremos es que progrese todo el mundo, sea de donde sea.

Gracias, gracias, gracias, consejera. Los charnegos no esperábamos menos de tan distinguida representante de la Generalidad.

Cataluña, seducciones y elecciones

Melchor Miralles Republica 20 Diciembre 2016

El independentismo y el soberanismo catalán no cesan en su empeño. La deslegitimación de las resoluciones de los tribunales es constante y se ha convertido en el juego más divertido para todo catalanista que se precie. Eso sí, el que se atreva a deslegitimarles o desobedecerles a ellos va de cráneo, lo masacran. Ya vieron el penúltimo espectáculo hace pocos días de la presidenta del Parlament cuando acudió a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusada de prevaricación y desobediencia y en la puerta se organizó un corro de la patata que me recordó, salvando las distancias, al de los felipistas en Guadalajara. Y en ambos, el personal a la prensa le daba duro, claro, a los totalitaristas la libertad de prensa les jode.

El Parlament lleva años dedicando solo los minutos de la basura a los asuntos que de verdad interesan a los catalanes y tiene centrado el debate en la independencia. Cataluña está en situación económica tan complicada como los demás, los ciudadanos lo pasan mal como los demás, con la diferencia que los catalanistas asisten felices al espectáculo de la corrupción, a ellos les ha levantado la pasta un gang político-familiar y como si nada, siguen en que es España quienes les roba, con un par, siguen votándoles. Y la burguesía feliz de la vida, jugando a la modernidad, siempre con dos caras, bailándole el agua a los indepen porque queda guay eso de ser “pijoprogre” y envolverse en la estelada o la senyera, según el barrio y la compañía. Y votar no al PP, PSOE o Ciudadanos, sino mayoritariamente a Esquerra e, incluso, algunos, a Podemos.

Entre tanto, el Gobierno de Rajoy ha cambiado de estrategia. Si Aznar nos descubrió que él en la intimidad hablaba en catalán, Rajoy ha encargado a Soraya Sáenz de Santamaría que se catalanice al máximo, y ya hasta pasa los fines de semana con la familia paseando por los mercadillos del barrio gótico tras las reuniones de los sábados por la mañana. Es una operación de seducción de los catalanistas que me temo que llega demasiado tarde, porque la CUP tiene cogidos por sus partes a los dirigentes independentistas y estos siguen el camino del desenchufe financiando el viaje con el dinero de todos los españoles. Y en ese plan.

Los que mandan en Cataluña, una amalgama de radicales antisistema, nacionalistas e independentistas, buscan forzar la máquina al máximo y son felices cuanto más seria es la respuesta del Gobierno, les gusta la confrontación porque sabe que el victimismo funciona, y no se van a ablandar porque la vicepresidenta se reúna con algunos dirigentes políticos, con organizaciones de la sociedad civil y después se marque un paseo por la calle para demostrar que se siente en casa. El Estado español, por decisión de los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy, ha estado ausente de Cataluña de modo irresponsable por interés partidario, y esa ausencia ha sido bien aprovechada por los dirigentes nacionalistas para imponer lo suyo con absoluta impunidad, ciscándose en la legislación vigente y cercando y persiguiendo a los discrepantes sin que nadie les parara los pies.

Lo tienen crudo Rajoy con la operación seducción. Y conste que me parece mejor esto que la inacción anterior. Pero mucho me temo que lo que están buscando de veras para evitar que los trenes choquen violentamente es calmar un poco los ánimos soltando algo más de pasta, que es lo que siempre ha funcionado, tratar de conseguir que Puigdemont rompa amarras con los antisistema de la CUP y se convoquen unas elecciones en las que el probable ganador sería el taimado Junqueras, con el que Moncloa cree que se puede dialogar de modo más sensato. En esto es en lo que están. Pero a estas alturas del partido, como para fiarse.

Ciudadanos, o la contenta irrelevancia
Guillermo Dupuy Libertad Digital 20 Diciembre 2016

Ciudadanos no nació para ser una alternativa liberal al consenso socialdemócrata, sino para combatir la desidia del PP y el PSOE ante el nacionalismo.

Por mucho que casi nadie quiera reconocerlo, hace años que la tímida derecha liberal que llegó a ser el PP de Aznar dejó de tener representación parlamentaria en nuestro país, y ese hueco no lo va a ocupa una formación socialdemócrata como es Ciudadanos, por mucho que en sus estatutos pase a considerarse liberal. Mientras Ciudadanos siga respaldando la asfixiante presión fiscal que padecemos y el insostenible gasto público de nuestro demencial y disgregador modelo autonómico, la formación de Albert Rivera tendrá mucho de "progresista" pero de liberal tendrá lo poco que tienen UPyD, Convergència y muchos otros partidos de ALDE.

Lo peor, sin embargo, no es eso. Lo peor es que Ciudadanos se haya olvidado de para qué nació. Y no lo hizo para ser una alternativa liberal al consenso socialdemócrata que, con distintos matices, y tras la felonía del PP rajoyesco, ha terminado por acaparar la escena política española. Ni siquiera el leit motiv de Ciudadanos fue el de combatir la corrupción económica de los dos grandes partidos, aunque lógicamente haya hecho suya esta bandera. Ciudadanos nació para combatir la deriva y la condescendencia de los dos grandes partidos nacionales hacia el nacionalismo. Y hace mucho tiempo que la posición de Ciudadanos no se distingue en modo alguno de la desidia con la que el PP y el PSOE se enfrentan a la que es sin duda la más grave crisis que padece nuestro país.

Se quejaba con toda razón este lunes Cayetana Álvarez de Toledo del papelón que está haciendo Sáenz de Santamaría ante el secesionismo catalán y de que la ponencia territorial que va a presentar en el Congreso de febrero se resuma en que "el PP quiere restar poder a las diputaciones". Sin embargo, ¿qué pedagogía ha hecho y está haciendo Ciudadanos a favor de la aplicación del articulo 155 de nuestra Constitución, o a favor de que el FLA no dé un solo euro más a los gobernantes autonómicos catalanes mientras sigan sin acatar el orden constitucional y desviando fondos públicos al ilegal proceso de secesión? Sencillamente, ninguna.

No voy a entrar ahora en si la democracia interna y la regeneración por la que abogaba Ciudadanos pasa por los castigos que acaba de anunciar para la disidencia interna, pero ¿qué decir de su mucho más grave silencio ante el último atropello a la independencia del poder judicial que ha perpetrado el PP de Rajoy por el que serán los fiscales –y no lo jueces– los que pasarán a instruir las causas judiciales?

Ciudadanos se ha convertido en un tiempo récord en un partido irrelevante. Y no lo digo sólo por algo que muchos olvidan, como es el hecho de que el desgobierno del PP sólo depende de la abstención del PSOE, sino también por su escaso interés en unas nuevas elecciones en las que sus escaños podrían tener el poder de influencia que ahora no tienen. Lo peor es que no ofrecen una política alternativa al desgobierno al que nos abocaron las ultimas elecciones. Y que parecen estar contentos con ello.

Forcadell o el signo de la mediocridad imperante
Ernesto Ladrón de Guevara latribunadelpaisvasco.com 20 Diciembre 2016

La presidente del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha comparecido ante la instancia judicial competente para juzgar su rebelión contra el Estado de Derecho y las leyes.

Como no soy jurista, no sé si lo suyo es sedición, traición, o simple imitación a los golpistas clásicos de los que tan plagada está nuestra historia. Sea lo que fuere -los jueces dictaminarán- la estampa de esta señora saliendo del juzgado con las huestes secesionistas haciendo coro resulta una imagen cuando menos patética, cuando no cutre. Me recuerda al juicio contra Juan Mari Atutxa, con Arzallus blandiendo el paraguas a modo de director de orquesta a la salida de otro juzgado cuando se sentó como acusado el que fuera presidente del Parlamento vasco. Todo ello mientras se cantaba el “Eusko Gudariak”, que como todos ustedes saben es el himno del soldado vasco; o sea, aquel que se rindió en Santoña mientras sus jefes intentaban negociar la claudicación ante Franco y luego -ante la negativa de éste- con Mussolini. Dos cuadros homologables que son representativos del paisaje trágico-cómico de esta España autonómica. Y da la medida exacta de la talla intelectual y personal de estos aprendices de brujos.

Veamos una frase “lapidaria” de la señora Forcadell al salir del Juzgado:
"Hoy es evidente que el proceso constituyente catalán ha comenzado, que haremos el referéndum y que la Constitución es papel mojado y está muerta y enterrada".

Es decir, la señora esa ha decidido por su cuenta y riesgo enterrar la Constitución y darla por muerta. Lo que pensemos los demás ciudadanos le importa un republicano rábano. Evidentemente, queda claro que lo suyo es la práctica del constituicidio. Es decir, se sentiría feliz si pudiera personificar la Carta Magna para ponerla contra el paredón y ordenar su fusilamiento.

Sin embargo, parece que la señora en cuestión y la banda de jaleadores que le acompañaban desconocen que los que votaron esa Constitución en Cataluña fueron abrumadoramente mayoritarios en la sociedad catalana. Veamos la distribución del voto por provincias de esa Comunidad: Huesca: 90,9%, Lérida: 91,9%, Gerona: 90,4%, Tarragona: 91,7% y Barcelona, 91%. A excepción de Andalucía, fue la comunidad con mayor índice de apoyo a la carta magna, por encima del respaldo que recibió el Estatuto de Autonomía de Cataluña un año más tarde. La participación fue similar a la del resto de España, con una abstención aproximada al 30%.

La señora Forcadell no es muy forofa de la Constitución, es evidente. Pero podrían ella y los compañeros del viaje a ninguna parte promover su reforma, aunque no están por la labor. También es evidente. Por el contrario abogan por abrir un proceso constituyente en Cataluña, desconociendo, a propósito, que eso no es posible pues vulnera el marco jurídico que nos hemos dado todos democráticamente. Entonces ¿cuál es su propuesta? Simplemente saltarse el marco, romperlo. Eso tiene un nombre: golpe de Estado.

En otros tiempos, a los golpistas se les fusilaba. Hoy no. Hoy se les lleva a los tribunales, cosa que la señora Forcadell y sus secuaces interpretan como un atentado contra la democracia, porque ellos han dado una nueva acepción al término que es que la democracia es válida si les conviene, y si no, el mundo mundial es facha, que es como el comunismo resolvía antaño las disidencias, calificándolas de fascismo. Así se etiquetaba a los que no estaban en su órbita ideológica y se dejaba abierta la veda para la exclusión, las checas y la exterminación del contrario. Aún no se ha llegado a este extremo, y por fortuna pienso que mientras exista la Unión Europea será inviable una situación así. Pero están dando un espectáculo ridículo que será estudiado en el futuro como historia de los disparates políticos, para vergüenza y escarnio de nuestra generación de representantes de la cosa pública.

Nunca se ha llegado tan bajo y es imposible descender más.

La señora Forcadell entiende que un parlamento es como una asamblea de barrio donde no se discute sobre cuántas farolas hacen falta, o si hay adoquines sueltos en las aceras que provocan que la gente se rompa la crisma, sino que se decide que ese barrio ha de ser distinto a los demás en derechos y obligaciones, no debe acatar las ordenanzas municipales, y cuando la policía municipal ponga las multas los vecinos tienen el derecho a hacer un corte de mangas. A eso la señora Forcadell y sus entusiastas seguidores le llaman “democracia”.

En la editorial del número 200 de la revista "Razón Española", titulado "Razón española y regeneración española" se hace un brillante análisis del problema del nacionalismo catalán, y, por ende, del resto de los secesionismos; que hago propio y reproduzco a pesar de su extensión, por no tener desperdicio:

“El inquietante acercamiento de la España actual hacia el clima social y político de la II República no sólo se refleja en las izquierdizantes creencias económicas y políticas de nuestros conciudadanos, sino también en un problema de mayor envergadura: el secesionismo. Como analizó con notable inteligencia Jesús Neira hace años, la II Restauración ha procedido a una gigantesca transferencia de soberanía desde la Administración Central a las Comunidades Autónomas.

Esta transferencia se ha producido, en su mayor parte, como resultado de las negociaciones para nombrar presidente del Gobierno: en los casos en los que el partido mayoritario no tenía mayoría absoluta, la forma de conseguirla ha sido transferir soberanía (competencias sobre educación, justicia, impuestos, etc.), a cambio del voto favorable a la investidura del candidato. El problema es que esta dinámica, que ha sido un elemento clave para la estabilidad de la II Restauración en tanto que la Administración Central ha contado con soberanía que transferir, ha llegado a su límite: una vez que casi todo aquello que tenía valor ha sido transferido, la soberanía que ahora demandan los secesionistas catalanes, y probablemente en breve todos los demás, es la guinda de la tarta autonómica: la soberanía sin adjetivos, es decir, la capacidad legal para llevar adelante la secesión por decisión propia. Confirmamos de nuevo que la hipótesis de GFM [Gonzalo Fernández de la Mora] sobre el rumbo de la II Restauración era correcta: aquellos que el régimen se ha obstinado en denominar nacionalistas durante décadas son en realidad secesionistas, y la política de continuas transferencias no sólo no ha conseguido integrarlos en la II Restauración, sino todo lo contrario: ha reforzado su determinación secesionista, que se refleja en el incumplimiento diario de la legalidad, el desarrollo de las leyes de transición a la secesión, y el señalamiento de la fecha de la misma. Frente a esta peligrosa e inminente amenaza, la II Restauración no ha tomado ninguna medida, salvo continuar las políticas de transferencias y trasladar el problema al Tribunal Constitucional, postura que encaja con precisión en la definición de GFM sobre la derecha actual: timorata y claudicante.

La pregunta clave es la siguiente: ¿conseguirán los secesionistas su objetivo, es decir, la secesión de Cataluña en una primera fase, y progresivamente de otras regiones, en particular Baleares y País Vasco?

La historia de la II Restauración nos conduce a concluir que la secesión tendrá lugar, y probablemente antes que después. La conjunción de una Ley Electoral a medio camino entre mayoritaria y proporcional, y unos partidos políticos que únicamente atienden a su propio interés, con total olvido de la Nación, define un entorno en el cual los votos secesionistas serán con frecuencia decisorios para la designación de presidente del Gobierno, como ha sido el caso en el pasado. La actual crisis del PSOE es precisamente consecuencia del enfrentamiento entre los que se avienen a pactar con el secesionismo como único camino para conseguir la presidencia, y los que consideran que la investidura del candidato del PP es un mal menor. Y aunque en el último momento la facción razonable del PSOE consiguió imponerse, la victoria no puede considerarse definitiva, y la posibilidad de que el PSOE decida un día no lejano comprar el voto de investidura cediendo la guinda de la tarta autonómica se mantendrá abierta de forma permanente.

Aunque es el camino más probable, la secesión de Cataluña podría conseguirse por otros medios: disminución del apoyo electoral del PSOE y aumento del de Podemos, cambio de rumbo en el PP (recordemos que el gobierno conservador inglés autorizó el referéndum de secesión escocés), y secesión unilateral. Esta última alternativa no puede descartarse, como muestra el referéndum llevado a cabo por el ejecutivo regional catalán en septiembre de 2015, pese a las reiteradas proclamas del gobierno de que nunca se llevaría a cabo.”

Feliz Navidad para todos los lectores de este digno medio.

43 ANIVERSARIO
Asesinato de Carrero Blanco, ETA no actuó en solitario
Juan E. Pflüger gaceta.es 20 Diciembre 2016

Documentos desclasificados de los servicios secretos norteamericanos y españoles dejan claras las vinculaciones internacionales de los terroristas.

El 20 de diciembre de 1973, a primera hora de la mañana, tras asistir a misa en la iglesia de los Jesuitas de Serrano, el almirante Carrero Blanco, el conductor de su coche oficial, José Luis Pérez Mógena y el escolta, Juan Antonio Bueno, fueron asesinados por la banda terrorista de ultraizquierda ETA. Cuarenta y tres años después, sigue especulándose con las ayudas que obtuvieron los asesinos en la preparación y ejecución del atentado.

Los tres etarras que formaban parte del comando Txikia eran José Miguel Beñarán, Aragala; Jseús Zugarramundi, Kiskur, y Javier Larreategi, Atxulo. Los tres fueron detenidos y condenados por el asesinato, pero indultados tres años después tras la muerte de Franco en la excarcelación masiva que se produjo como cesión a un grupo terrorista que, tras ello, lejos de dejar de matar incrementó sus asesinatos en la década siguiente.

La proximidad de la embajada de EEUU, a escasos cien metros del lugar del asesinato, donde el presidente norteamericano había estado hasta la víspera, hacía muy difícil la preparación del ataque sin levantar sospechas de los servicios secretos españoles y norteamericanos.

En estos casos no hay cosa más inculpatoria que una justificación no solicitada. Así, el comunicado hecho público por la banda terrorista señalaba explícitamente que no había existido ninguna colaboración de la CIA y explicaba que “Carrero había sido asesinado porque era una pieza fundamental e insustituible del Régiman y representaba el franquismo puro”.

Sin embargo, documentación de la embajada de EEUU en España desclasificada en 2008 señalaba la colaboración de los servicios secretos norteamericanos en el magnicidio y explicaba que el mejor resultado que puede surgir sería que Carrero desaparezca de la escena”.

Estos datos sumados al análisis de los explosivos empleados, tanto en la ejecución material del crimen, como en la segunda bomba colocada en un vehículo que no llegó a explosionar, apuntan a que la base de Rota, gestionada por los estadounidenses, fue punto de paso y manipulación de los explosivos.

El atentado, perpetrado por una banda criminal que ha ocasionado 900 muertes en España, fue aplaudido por los partidos de izquierdas de países de media Europa, los mismos países que tras la implantación en España de un régimen democrático seguían siendo un santuario para los asesinos de la banda separatista vasca.
Un epílogo: la muerte de Argala

José Miguel Beñarán, Argala, estaba considerado el jefe y cerebro del comando que asesinó a Carrero Blanco. En 1978, cinco años después del crimen y dos de su puesta en libertad, el etarra moría en un ataque similar al que él había perpetrado. Uno de los autores de esta “venganza” concedía una entrevista en 2003 a El Mundo. En ella explicaba que la muerte del etarra obedecía únicamente a su participación en el asesinato de Carrero Blanco.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial