AGLI Recortes de Prensa   Sábado 24 Diciembre  2016

Aquí no habrá reformas sin reacción ciudadana
VÍCTOR DE LA SERNA El Mundo 24 Diciembre 2016

En España, el problema más generalizado, transversal como dicen ahora, y de más necesaria y aparentemente difícil solución es el del inmovilismo y el enchufismo que se esconden tras las proclamas, los programas políticos, las propuestas de reforma -o hasta de revolución- que caen a diestra y siniestra. Y hasta que alguien empiece a romper esa colección de nudos gordianos, los del nepotismo, del amiguismo, del abuso y, en términos generales, de la befa y de la mofa del ciudadano medio no habremos culminado nuestra transformación en sociedad europea, democrática y moderna. El incidente de los décimos del Gordo regalados en la sede del PSOE pero que se guardaron en su faltriquera los jefecillos de Ferraz nos ha vuelto a ilustrar hasta qué punto la mangancia avariciosa es tan prevalente en la izquierda como en la derecha. Eso, claro, no es más que una anécdota ante los millones repartidos entre amiguetes socialistas a costa de los ERES o los planes de formación en Andalucía. Y viene a unirse a otras anécdotas significativas en el terreno de la izquierda radical: negocios con viviendas de protección oficial, sueldos en negro, trabajos cobrados pero no realizados... Un despliegue que demuestra que la mangancia es un mal nacional. Incluidos los hoy independentistas, cuando han sido adelantados y aventajados en el terreno del fraude generalizado.

En la derecha ya es de gran notoriedad pública la desfachatez con la que el Partido Popular sigue prometiendoen sus programas electorales cosas como las rebajas de impuestos para, en cuanto recupera el poder, negarse a reformar la Administración para ahorrar y cargar su reparto de prebendas sobre los lomos de los contribuyentes. Por mucho que se le pueda reprochar sus Gürtel y sus Púnica, el desprecio a sus votantes y la incapacidad de apretarse el cinturón administrativo -para trasladarlo todo al cinturón de los contribuyentes- son las características más sangrantes de esta derecha servidora de sí misma y de sus paniaguados en miles de despachos inútiles y empresas públicas fantasma.

Reducido al papel de partido-bisagra, Ciudadanos sigue intentando romper el círculo vicioso e imponer una regeneración, como ayer detallaban en estas páginas Albert Rivera y Luis Garicano. Pero no nos engañemos: si el PP y el PSOE están decididos a llegar a acuerdos para mantener y desarrollar el eterno esquema de la pachanga nacional, muy poco van a conseguir los reformistas.

Al final, la única posibilidad seria de reformar lo sustancial, no lo adjetivo, volverá a estar en manos de un electorado que, ¡ay!, sigue decantándose por el mal menor o por el rencor ciego hacia los que se ven como herederos de horrores pasados. Olvídense de horrores pasados, por favor, y entérense bien de los horrores presentes...

¿Hemos sobrepasado el punto de no retorno?
Javier Benegas vozpopuli  24 Diciembre 2016

Durante 314 días España estuvo sin Gobierno. Fueron necesarias dos Elecciones Generales, para que, por fin, el candidato del partido más votado fuera investido Presidente. Durante todo ese tiempo se sucedieron las advertencias de que la prolongación de la ingobernabilidad ponía en serio riesgo el futuro de España. Era urgente acometer cuestiones de gran calado, entre las cuales, además de los presupuestos generales y el consiguiente compromiso de déficit, se aludía a la necesidad de un pacto de Estado que garantizara el sistema de pensiones y una solución del problema territorial, con el desafío secesionista de telón de fondo.

Así, durante 314 días interminables, Mariano Rajoy se desgañitó exigiendo un acuerdo de investidura que permitiera a España continuar por la senda reformista que, según él, se había iniciado en la anterior legislatura. Con el fin de convencer a propios y extraños, anunciaba a bombo y platillo su compromiso de hacer… todo aquello que, con una confortable mayoría absoluta, no se había molestado en acometer.

Pero la presión no sólo provenía del PP. Importantes empresas de los sectores más regulados clamaban al cielo por la prolongación de la interinidad. También las Comunidades Autónomas, cuyos gobernantes temían que la prórroga de los presupuestos les obligara a aplicar recortes que mermaran su popularidad y pusieran en riesgo sus prodigiosas redes clientelares. Bruselas, atenta al déficit, también ponía su granito de arena llamando constantemente a la responsabilidad de los agentes políticos españoles e, incluso, hubo quien se tomó la molestia de estimar el coste económico que cada mes de gobierno en funciones suponía para España, como si tal cálculo fuera fiable.

Según transcurrían los días, las expectativas engordaban. Ya no sólo se trataba de confeccionar los nuevos presupuestos generales y dar cumplimiento a las exigencias de Bruselas: se obraría el milagro de multiplicar los panes y los peces. El desfase del sistema de Seguridad Social se resolvería por ensalmo, garantizando las pensiones, presentes y futuras, se acometerían reformas de calado para combatir el desempleo estructural e, incluso, se subsanarían deficiencias seculares del modelo político, como el mal funcionamiento de una Justicia extremadamente lenta y politizada, el cuestionado sistema electoral o el opaco y escasamente democrático funcionamiento interno de los partidos políticos.

En definitiva, para que España no perdiera el tren de la modernidad había una solución milagrosa: un presidente. Una vez investido, el nuevo escenario parlamentario, con los partidos recién llegados, haría el resto: las formaciones tradicionales se verían obligadas a poner en práctica las reformas a las que se habían resistido durante décadas. Llegaba la nueva política y, con ella, la gran transformación, la modernización de España, la solución definitiva.

Pero la montaña parió a un ratón
Al fin, el 29 de octubre, Mariano Rajoy Brey fue investido presidente gracias a la abstención de los diputados del Partido Socialista (excepto 15). Aunque advirtió sobre determinadas líneas rojas, se mostró conciliador y abierto al diálogo, algo que, en teoría, abría la puerta a debates fundamentales y a posibles acuerdos en las materias donde la sociedad española se juega el ser o no ser.

Pero la primera señal lanzada no pudo ser más cosmética, arbitrista y… políticamente correcta. El 15 de noviembre se anunciaba a bombo y platillo que PP y PSOE daban el primer paso para un inminente pacto de Estado contra la violencia de género. Éste era, pues, el primer gran pacto de la legislatura. A reglón seguido, el Pleno del Congreso de los Diputados votó por unanimidad la creación antes de fin de año de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad para sustanciar el pacto. Y todos los líderes políticos corrieron a rentabilizar la buena nueva ante los medios de información.

Dos semanas después, el nuevo ejecutivo daba el visto bueno a dos decretos que eliminaban deducciones a las empresas en el Impuesto de Sociedades y subía la tributación del alcohol y de las bebidas azucaradas: un pequeño incentivo para beber agua del grifo. Las nuevas disposiciones convertirán a España en el primer país del mundo donde se tributa por pérdidas empresariales. Además, se añadían nuevas medidas antifraude y una subida de impuestos al tabaco, especialmente a la picadura (6,5%) que es, para entendernos, el tabaco de los pobres. El objetivo: recaudar 8.000 millones adicionales durante 2017. Así pues, la sostenibilidad del modelo seguirá basada en el aumento de la presión fiscal y no en la reducción y racionalización del gasto. Desgraciadamente, obtener mayores ingresos nunca ha servido para cuadrar las cuentas sino, muy al contrario, para incentivar un incremento del gasto que, a su vez, requerirá mayores ingresos.

Un círculo vicioso cuyo desenlace no parece que vaya a ser demasiado feliz.
El 14 de diciembre el parlamento se dedicó a debatir sobre la necesidad de regular los deberes escolares; es decir, limitarlos por ley o, incluso, llegado el caso prohibirlos. Al cabo del día, aun con matices, se decidió que sí –esta vez con el PP en contra-, que también era materia susceptible de ser controlada por la clase política. Y aunque parezca un asunto menor posee su lógica profunda: una sociedad acostumbrada a exigir derechos pero refractaria a asumir deberes, estaba ya madura para el siguiente paso: librar por ley a los menores de cualquier deber, aunque fuera escolar. Ya el 21 de diciembre, La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, desvelaba la posible aplicación de una nueva medida: los currículums anónimos. Una medida de cara a la galería pues, a la hora de la verdad, ninguna empresa que se precie contrataría a nadie sin saber quién es.

Todos estos asuntos han servido para generar titulares, noticias, debates y discusiones pero las cuestiones críticas han sido suplantadas por asuntos íntimamente relacionados con la corrección política y con sesgos ideológicos que, a lo que parece, han colonizado todo el arco parlamentario. Así pues, mientras se dirime si los críos deben hacer tareas fuera del horario escolar o no, si un CV debe ser anónimo o no, si el Parlamento debe regar con más medios y recursos leyes de violencia de género que no parecen obrar efectos positivos, y sí bastantes negativos, o si es sostenible un Estado que requiere de constantes incrementos tributarios para, precisamente, incentivar todas estas iniciativas y otras muchas de la misma jaez… mientras todo esto, decíamos, es lo que va dando cuerpo a la nueva legislatura, los seculares problemas de España siguen dentro del cajón, guardados, inaccesibles, intocables… innombrables.

Como en la política española la única ley que se cumple a rajatabla es la de Murphy, la montaña había parido un ratón. Naturalmente, tener gobierno era imprescindible pero no precisamente para el ciudadano de a pie sino para los políticos. Y para los grupos de intereses. Unos quedan colocados en el poder y otros en la oposición, que ambas posiciones aportan innumerables ventajas. Y los grupos bien organizados continuarían disfrutando del bombardeo constante del BOE, de esas retorcidas leyes que riegan con generosos beneficios a los grupos mejor organizados, conceden curso legal a sus aberraciones ideológicas, extienden la tiranía de la corrección política, de la ingeniería social hasta límites inimaginables hace unas décadas.

Mancur Olson tenía razón, aunque se quedó corto, muy corto. La dinámica de la política lleva a que el Estado sea tomado por grupos de presión minoritarios, pero bien organizados. Sí, el bueno de Olson comprendió que la estructura de costes e incentivos favorecía a los colectivos minoritarios que se agrupan para exigir privilegios frente a las grandes mayorías que, con muchas más dificultades para agruparse demandarían otras reformas. Los grupos minoritarios prevalecerían a costa de la mayoría desorganizada, creando barreras, imponiendo trabas, promulgando leyes abusivas para obtener privilegios. Así, la decadencia de las naciones sería la consecuencia de una economía cada vez más estancada, lastrada por la restricción de la competencia y el peso muerto de infinidad de parásitos.

Pero lo que Olson no contempló es que buena parte de estos grupos minoritarios no se limitan a ejercer una mera presión; también generan, difunden y, con la connivencia de los políticos, imponen formas de pensamiento tendentes a justificar sus privilegios. Recurren a supuestos agravios, presentándose como víctimas: su martirio y sufrimiento es el argumento de autoridad definitivo con el que imponen su razón. La verdad estaría determinada por las emociones, las afinidades, la empatía, no por el raciocinio. En este marco, la verdad es todo aquello que suena bien, que hace sentir a la gente confortable, bondadosa, aunque no lo sea. Por el contrario, las verdades incómodas quedan automáticamente apartadas; sólo se acepta aquello que es políticamente correcto, esto es, lo que favorece a los grupos mejor organizados.

El caballo de Troya
Naturalmente estas ideologías son atroces porque van en contra de los principios que crearon la democracia occidental, en especial el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Como un señuelo, como la muleta del torero, distraen al público de las reformas que realmente son necesarias, urgentes, manteniéndolo atrapado en el terreno de las emociones. Pero los políticos aprendieron pronto que estas “verdades” podían ser utilizadas para favorecer sus propios intereses. Por ello las fomentaron: tanta discriminación por resolver, tanta víctima por resarcir justificaba la intervención arbitraria de la política y, también, abría la puerta a un ejército de politólogos, académicos, burócratas que, por sí sólo, impulsa una industria de la corrección política siempre ávida de un volumen de recursos que, de otra forma, sería imposible de obtener. Una máquina de ingeniería social que se sirve a sí misma y que cada día genera nuevas oportunidades de negocio a costa de una sociedad cada vez más polarizada e infantil.

La corrección política es considerada por muchos autores una suerte de marxismo cultural, apuntando su origen en la Escuela de Fráncfort y su Teoría Crítica. Una vez el desarrollo tecnológico y la evolución social dejan inservible la confrontación entre proletarios y capitalistas, es necesario buscar nuevos grupos de explotadores y explotados, opresores y oprimidos, verdugos y víctimas, eso sí, siempre en las democracias occidentales, que son las que deben ser demolidas desde el interior. En este contexto, la opresión toma dimensiones mucho más sutiles, difíciles de captar, incluso de demostrar, que la clásica explotación económica del trabajador. Por ello hay que idear retorcidas teorías que la gente acaba asumiendo tras intensas campañas de propaganda. El problema es que tal ideología acaba promoviendo el victimismo, la queja, la apatía individual, la pasividad porque demasiada gente aduce estar oprimida. En resumen, la corrección política fomenta la mentalidad de mendigo en una sociedad cada vez más sumisa, indolente, polarizada e infantilizada. Las democracias se degradan y degeneran en una suerte de burocracia todopoderosa que reparte prebendas a granel, un entorno donde el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad desaparecen.

En numerosos países, las mayorías, la sociedad civil se acaba hartando de tanta trampa, sinsentido y majadería. Reaccionan contra el sistema, contra las burocracias dominantes, en formas que no siempre son prudentes pero que tienen su origen en una sensación de estafa, tanto económica como ideológica. Se explica así la victoria de Trump en EEUU, o las votaciones contra el sistema que se suceden en Europa. No así en España, donde las corrientes siempre llegan tarde y mal, donde todo se copia del exterior, especialmente lo malo, lo pésimo. Aquí, todavía seguimos sumergidos hasta el cuello en el lodazal de lo políticamente correcto, liberando de deberes a los oprimidos niños, decididos a sobrepasar el punto de no retorno… si es que no lo hemos sobrepasado ya.

Pese a todo, querido lector, le deseamos Feliz Navidad.

Bono, ‘El País’ y el populismo (alternativo) que viene
El diario de referencia de Soraya Sáenz de Santamaría nos ha puesto en la mira.
Rafael Bardají y Óscar Elía Libertad Digital 24 Diciembre 2016

Decía Oscar Wilde que la talla de uno se mide por la naturaleza de sus enemigos. En el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) estamos encantados con la calidad de los nuestros, y les estamos agradecidos por sus periódicos ataques de sinceridad. Por ejemplo, ahora que vuelve a pasearse por las televisiones dando doctrina, nos acordamos de aquel momento en el Senado en que el entonces flamante ministro de Defensa José Bono nos acusó de ser "una secta pseudorreligiosa" (en verdad, para ser más exactos, él fue más moderno y se comió la pe) en plena intervención parlamentaria, por lo que así el Grupo ha pasado a los anales de nuestras Cortes. Como ya contestamos entonces al paranoico ministro desde esta misma plataforma, no queremos insistir en ello, por mucho que a estas alturas el errante Bono nos siga nombrando allí por donde tiene ocasión de hacerlo.

Ahora ha sido un editorial de El País, el diario rescatado financieramente de la quiebra por la la todopoderosa y omnipresente vicepresidente Soraya Saénz de Santamaría, el que se acuerda de nosotros. Y lo hace para arremeter contra el ya expresidente de honor del Partido Popular por su razonable decisión de renunciar a este cargo: a fin de cuentas, nos parece que resulta muy difícil representar el honor en un partido que ya no tiene nada de honorable, tras haber traicionado sus dirigentes todos y cada uno de sus principios políticos. Al parecer, en el una y otra vez rescatado periódico de Prisa están preocupados por la posibilidad de que el proyecto de José María Aznar esté inspirado en uno de los artículos, publicados aquí mismo, en Libertad Digital, que dedicamos al rumbo del PP de Mariano Rajoy, y que fue escrito en mayo, antes de las últimas elecciones. El artículo, tal y como lo nombran –eso sí, olvidando citar, en un alarde más del buen sectarismo periodístico de esa casa, a los autores y al medio que lo publicó, para que nadie tenga sencillo releerlo–, era "Un partido de cobardes es un Partido Perdedor" , que no era sino la continuación de uno anterior, "El sorayismo, enfermedad infantil del marianismo".

El País afirma que nosotros defendemos una "alternativa populista", expresión que se ha convertido en la gran descalificación política de estos días. Para cualquier liberal o conservador resulta ya poco sorprendente la coincidencia del medio de Prisa con el PP de Rajoy y Soraya, para quienes populismo es simplemente todo aquello que no sean ellos, el PSOE o el propio El País, que es el órgano de expresión del Gobierno. Reconocerán que la preocupación por lo "populista" resulta curiosa para un partido, como el socialista, cuyo objetivo histórico es el pueblo; y para un PP que lleva en su nombra la marca de popular. Es la primera vez en la vida que oímos calificar a lo conservador como populista. Pero así está la clase política española.

Menos ingenuo aún es meter a todos en el mismo saco, y eso a la propaganda agonizante de Prisa y de Moncloa no se lo permitimos. Decir que Pablo Iglesias es tan populista como Le Pen, o Trump como Syriza, es un tópico tan manido como falso, propio de quien o no tiene ideas sobre ello, o no se atreve a expresarlas, o prefiere pensar que todo el monte es orégano para no tener que subirlo. Que lo emplee El País, ese diario de grandes cabezas pensantes, sólo prueba la mezquindad del periodismo español oficial, de su servilismo ante la poderosa Moncloa; prueba también la degeneración ideológica de sus redactores, tan afectados por sucesivas oleadas de despidos y becarios. En España, por parte del establishment político-mediático, se ha extendido la idea de que toda alternativa es populista, sea constitucional o anticonstitucional, liberal o bolchevique, bolivariana o conservadora. En fin, nosotros recomendaríamos a los editorialistas que hicieran el esfuerzo de leer el reciente informe que hemos publicado precisamente sobre la derecha alternativa en Europa, en qué nos parecemos, en qué divergimos y qué podemos esperar ahora en esta Europa de burócratas y emigrantes desarraigados cuyo objetivo más elevado es acabar con todos nosotros (lo pueden encontrar aquí).

En fin, afirma alarmado el editorial que nosotros preconizamos "más patria, más iglesia, más orden". Debemos asumir, por lógica, que El País está por todo lo contrario, a saber, menos patria, menos religión y más desorden. Si es así, nosotros lo tenemos claro: nos quedamos con nuestras ideas, esas que tanto alarman en El País y en Moncloa. ¡Qué quieren! Somos gente de bien: creemos en la sociedad abierta, el libre comercio, en una nación fuerte con una defensa sólida, y creemos en los valores de nuestros padres, los padres de nuestros padres y los padres de los padres de nuestros padres. Eso nos hace, a nosotros y a los millones de españoles que así piensan, enemigos de Prisa y del sorayo-marianismo. ¡Qué se le va a hacer!

Finalmente, y por aclarar a la conspiranoia progresista de todos los partidos: le quedamos muy agradecidos a El País –y así queremos reconocerlo– por adjudicarnos tamaña capacidad de influencia en las decisiones del presidente Aznar. Como como todo el mundo sabe, si se ha caracterizado por algo en su vida política es por su libertad de pensamiento y acción, y por asumir personalmente el liderazgo en sus decisiones. En cuanto a la afirmación de que José María Aznar ha sido la figura más divisiva de nuestra historia política, se puede explicar por el olvido de los redactores de El País del presidente Zapatero, amnesia parecida a la que sufría el periódico en relación con la corrupción de la época de González. Si preguntaran al español de a pie, nos apostaríamos a que tanto estos últimos como los ocupantes de Moncloa están mucho peor valorados que el obsesivo objetivo del editorial. Pero como los amos del periódico parece que sólo hablan con La Moncloa, o La Moncloa sólo con los amos del periódico, no nos extraña ya nada de nada.

Muchas gracias en todo caso. Ah, y Feliz Navidad. A todos los hombres de buena voluntad, por supuesto.

Terror, policía y corrección política Hermann Tertsch
Hermann Tertsch ABC 24 Diciembre 2016

«Hay que evitar a toda costa el ser sospechoso». Esta frase no es un lema para terroristas yihadistas ni para jóvenes musulmanes radicalizados deseando serlo. Estos se mueven con enorme naturalidad y aplomo en una sociedad abierta como la alemana, con una población generosa y deseosa de hacer todo el bien posible para compensar un tremendo mal histórico perpetrado o tolerado por sus abuelos. Los que tienen que evitar a toda costa ser sospechosos son los policías. Y especialmente sus jefes, en contacto y dependencia directa con el poder político de las ciudades y los Estados federados. Los jefes de policía deben aplicar el máximo garantismo legal para los delincuentes. Tiene que hacer además gala de una actitud política libre de la mínima sospecha de prejuicios sociales, culturales, sexuales y, sobre todo, claro, raciales. Y demostrar ser militante en la actitud favorable a la integración de la inmigración y a las bondades de la multiculturalidad. Así las cosas, es obvio que ninguno de los jefes de la muy fragmentada policía alemana quiere tener fama de duro. Prefieren que se les escabullan sospechosos a tener cualquier conflicto evitable. Las organizaciones de apoyo a refugiados e inmigrantes ilegales conocen bien esta debilidad. Manejadas por grupos ideológicos, étnicos o mafiosos saben que con extender la fama de racista o ultraderechista de un mando policial acaban con él.

La necesidad de no caer jamas en la sospecha de racismo y el miedo a ser tachados de nazis es lo que más ha politizado la policía desde los años setenta. Solo en total corrección política hay posibilidad de promoción. Por lo que hay tanta corrección como disposición a ocultar, ignorar o tergiversar todo lo que la contradiga. Solo algunos grupos en los sindicatos denuncian la situación de inferioridad y peligro real dado el desbordamiento desde 2015 que ha hecho ilusorio todo intento de controlar movimientos y resolver las expulsiones. Ni hay control ni hay medios para restablecerlo y todos los recién llegados lo saben. Los mismos motivos de no ser acusados de parecerse a la Gestapo ni a la Stasi hacen imposible colocar cámaras en las calles. La policía carece por ello con el instrumento más eficaz de vigilancia que por ejemplo en ciudades británicas es exhaustiva. No hay imágenes porque los políticos alemanes que en su día quisieron adaptarse a otros países fueron tachados por la prensa, por la izquierda y por los liberales de partidarios del estado policial. Alemania es el país más firmemente anclado en unos dogmas y certezas del Estado liberal de la segunda mitad del Siglo XX que hoy maniatan dramáticamente la capacidad de autodefensa de la sociedad.

En todos los países europeos es difícil asumir cambios racionales por unos miedos lógicos y ante todo por la sentimentalización del mensaje de nuevas generaciones infantilizadas, ignorantes y sin percepción del riesgo. En Alemania pesa además el pasado y son fuertes esas corrientes partidarias de la destrucción de las sociedades abiertas que hay en toda Europa. El autoodio, la obsesión con acabar con la propia nación que hay en sectores de la izquierda en Alemania, solo se encuentra en España. Con todos nuestros problemas, en momentos tan duros como el actual queda muy clara nuestra inmensa suerte con dos cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía, de un nivel de eficacia soberbio. Cuerpos que algunos intentan expulsar de partes de nuestra geografía o destruir. La única esperanza para la seguridad de Europa está en que las masivas y múltiples amenazas que se ciernen sobre nosotros nos hagan recuperar parte de la racionalidad y del amor a la verdad que el bienestar de las pasadas décadas ha destruido.

Depredadores y carroñeros
Isabel San Sebastián ABC 24 Diciembre 2016

Nuestro mundo está desarrollando a toda velocidad dos especies de individuos particularmente dañinas para el conjunto de la humanidad: los depredadores de sus semejantes y los carroñeros cuyo crecimiento depende de esos seres inmundos.

Los primeros matan indiscriminadamente, movidos por un empeño asesino irracional e incontrolable. Matan por despecho, por odio, por frustración, porque sienten no tener nada que perder y sí mucho que ganar haciéndolo. Matan a hombres, mujeres, ancianos o niños por igual, independientemente de su religión, nacionalidad o raza; cualquier persona es susceptible de convertirse en su presa, aunque encuentran especial deleite en atacar a quienes tienen el coraje de desafiar sus dogmas. Matan convencidos de alcanzar de ese modo infame el paraíso reservado a los combatientes de la fe islamista propagada por sus fanáticos apóstoles. Matan en cualquier lugar del planeta mediante aviones comerciales convertidos en misiles, trenes transformados en fosas comunes, camiones lanzados contra multitudes indefensas, tiros, acuchillamientos, fuego o cualquier otro método susceptible de aterrorizar a sus enemigos, categoría que engloba a todos los que pensamos, sentimos, actuamos o creemos de un modo diferente al suyo. Matan de manera fría y calculada, sin previo aviso ni ruptura formal de hostilidades, dado que declararon la guerra hace tiempo a cualquiera que se interpusiese en su camino. Matan a traición, sin piedad, incluso a quienes les habían abierto los brazos para acogerlos en su propia casa cuando huían de los conflictos que asolan su tierra natal. Son la abrumadora minoría de un colectivo humano que crece y se multiplica en los cinco continentes, pero una minoría capaz de convertir en pesadillas gestos tan cotidianos como volar, viajar en ferrocarril, acudir a un desfile festivo o visitar un mercadillo navideño.

Los segundos, subespecie parásita de esa humanidad involucionada hacia la brutalidad, han encontrado en ella una fuente abundante de apoyos fruto de la demagogia más sucia. Son los que desde la extrema derecha de Alternativa para Alemania claman contra la canciller Angela Merkel, achacándole personalmente a ella «los muertos de Berlín», y los que desde el extremo opuesto hicieron lo propio con el presidente Aznar, convocando manifestaciones de acoso al que calificaron de «asesino» tras los atentados del 11-M. Algunos, como Pablo Iglesias, han llegado a presumir de esta hazaña, gestada, dice él, en la Facultad de Ciencias Políticas. Esos carroñeros no vacilan en embestir a los gobiernos que pretenden derribar, utilizando como arietes a las víctimas del terrorismo. Invierten torticeramente los papeles, sacando de la ecuación a los autores de las matanzas para imputárselas a sus adversarios políticos, culpables de actuar con arreglo a los cánones democráticos que rigen en el Occidente cristiano. Se lucran impúdicamente en las urnas de la sangre derramada por esos depredadores, que se mofan de nuestras mezquinas disputas al no conocer otra ideología que la del dogmatismo feroz.

Vivimos días oscuros, sin duda. El terrorismo islamista golpea implacablemente el corazón de nuestras sociedades y ha logrado infiltrar a sus secuaces en nuestras calles y plazas para sembrarlas de espanto. Pero la respuesta a esas bestias no puede consistir en hacer el caldo gordo a populistas de uno u otro signo, porque si en algo conciden depredadores y carroñeros es en su hostilidad manifiesta al pluralismo y la libertad. Nada se asemeja tanto al fanatismo religioso como el totalitarismo político. La historia se ha encargado de probarlo hasta la saciedad. Por eso es indispensable incrementar la seguridad tanto como la información. Reforzar los controles que hagan falta. Hacer mucha más pedagogía. ¿Rendir nuestras convicciones? ¡Jamás!

La singularidad 'nacional' de Cataluña

Jesús Laínz Libertad Digital 24 Diciembre 2016

Por el momento son sólo frases, mensajes cortos, medias palabras, anticipos. Pero, dada la experiencia sufrida por los españoles desde que Suárez empezó a alzarse las enaguas ante los separatistas, alzamiento agravado paulatinamente, sin excepción, por Calvo-Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, nada bueno debemos esperar de los déspotas iletrados que desgobiernan desde Moncloa de espaldas a los españoles y en contra de la voluntad hasta de sus votantes.

Se habla de distensión, de consenso, de inexistencia de límites para el diálogo, de benevolencia judicial con quienes llevan años cometiendo todo tipo de delitos, de "gestos" con la lengua catalana –cuando la perseguida en Cataluña es la española–, de reforma constitucional para mimarles un poco más, de que algo habrá que conceder, de que alguna razón tendrán…

Siguen nuestros gobernantes sin comprender que el separatismo no está provocado por un problema de fondo del que los separatistas serían consecuencia, sino que son ellos los creadores de un problema, antes inexistente, mediante su paciente operación de lavado de cerebro masivo, eficaz tanto en Cataluña como en el resto de España e incluso más allá de nuestras fronteras, como veremos a continuación. Y también siguen sin comprender que, tras la primera siembra efectuada por Jordi Pujol, el español ejemplar, los que han regado generosamente el terreno han sido los gobernantes de Madrid. Gobernantes que, en un Estado de Derecho de verdad, hace ya muchos años que habrían pasado por los tribunales para responder por sus continuos incumplimientos de la ley, Constitución incluida.

Pero, ya que tan convencidos están de esa singularidad catalana que parece exigir que los españoles estemos perpetuamente dando la razón a los separatistas hasta el punto de incumplir, reformar y reinventar Constituciones para satisfacerles, plantearemos aquí una sencilla cuestión con la vana esperanza de obtener respuesta.

El Instituto Geográfico De Agostini publica desde hace ciento doce años su prestigioso Calendario Atlante, informadísimo atlas socioeconómico con información actualizada de todos los países del mundo. Como dato inicial apuntaremos que España queda dividida en los siguientes "grupos étnicos": españoles (74,4%), catalanes (16,9%), gallegos (6,4%) y vascos (1,6%). Ya desde el principio sorprende la facilidad con la que se identifica lo castellano –para ser precisos, las provincias monolingües– con lo español, quedando el resto excluido de dicha categoría.

Pero lo más interesante proviene de la comparación con otros países. Alemania, por ejemplo, queda dividida étnicamente entre un 92% de alemanes y el resto subdividido entre ciudadanos de otras nacionalidades presentes en suelo alemán, es decir, la población emigrante (turcos, yugoslavos, italianos, griegos, etc). No se considera a prusianos, sajones, renanos o bávaros como grupos diferenciables, a pesar de sus muy notables diferencias históricas, dialectales, culturales y religiosas, muchas de ellas mayores que las existentes entre las regiones españolas. Para empezar, la gran línea divisoria, de medio milenio de antigüedad, entre católicos y protestantes. Y continuando con el hecho de que no conformaron una unidad política hasta hace ciento cuarenta años, tras una guerra entre bávaros y prusianos en 1866, algo inimaginable en España.

En el Reino Unido pasa lo mismo: los grupos étnicos a considerar están definidos por el color de la piel: un 92% de blancos en contraste con los grupos extraeuropeos (hindúes, negros y pakistaníes). No se menciona ni a galeses ni a escoceses, naciones reconocidas constitucionalmente y de personalidad histórica, étnica y lingüística indudablemente no menor que la que gallegos, vascos y catalanes tienen en relación con el conjunto de España.

Lo mismo sucede con Italia, donde no se hace matiz alguno entre tiroleses, sardos, piamonteses, lombardos y sicilianos, a todos los cuales se considera igualmente italianos sin atender a las divisiones históricas, culturales y lingüísticas, mucho más numerosas y profundas que las existentes en España. ¿Por qué las zonas lingüísticas italianas, de enorme contraste, no son consideradas constituyentes de entidades étnicas singularizables, mientras que en España sí? ¿Por qué los vascos, mayoritariamente hispanohablantes, son considerados distintos de los españoles y los sudtiroleses, mayoritariamente germanohablantes, no son considerados distintos de los italianos? ¿Por qué los catalanohablantes de España son considerados étnicamente distintos y los de Cerdeña no? ¿Cuál es la causa de esta sorprendente diferencia de criterios?

Y, finalmente, el caso más cercano y de contradicción más evidente: Francia. Porque la población francesa queda dividida, una vez más, entre un 93% de franceses y el resto repartido entre argelinos, senegaleses, cameruneses, marroquíes, turcos, españoles, portugueses, italianos y otros. Es decir, que las únicas divisiones étnicas rastreables en suelo galo son las referidas a los emigrantes extranjeros. No se menciona ni a corsos ni a normandos ni a bretones ni a gascones ni a provenzales ni a alsacianos, de peculiaridades culturales y lingüísticas no menores que las existentes en España.

Pero lo más sorprendente de todo es que los vascofranceses y los catalanofranceses no son considerados constituyentes de una unidad étnica diferenciada en el conjunto de Francia, mientras que los vascoespañoles y los catalanoespañoles sí.

¿Por qué?
Como ningún responsable político dará nunca ninguna respuesta, la daremos nosotros: porque la visión de la realidad española está deformada por la inmensa falsificación separatista, jamás combatida desde las instituciones.

Por eso se la han tragado sin rechistar los catalanes, los españoles –empezando por sus ignorantísimos políticos– y los extranjeros.

www.jesuslainz.es

YIHADISMO
El enemigo ya está dentro
Fernando Díaz Villanueva  vozpopuli.com 24 Diciembre 2016

En los dos últimos años el yihadismo se ha cobrado unas 250 vidas en Europa occidental. No es algo y aislado ni puntual, es una tendencia que promete acompañarnos durante mucho tiempo y ante lo que no se ha encontrado solución. Europa, un lugar confiado y lleno de ciudades, es el lugar idóneo para atentados como los de París, Niza o Berlín, masacres todas conectadas por una serie de puntos comunes. No existe relación orgánica ni personal entre los autores de los mismos, apenas hay planificación previa y los terroristas no buscan forzar a los Gobiernos a tomar esta o aquella decisión, como si sucedía en la edad dorada de los secuestros aéreos allá por los años setenta. La suya es una violencia ciega, indiscriminada, que busca el daño por el daño y que sobre el pánico general se cimente la supremacía de su causa.

Pero lo más desconcertante de todo, y precisamente lo que nadie quiere reconocer por miedo a ser tachado de racista, es que esta vez el enemigo está dentro. Ni los asesinos de los caricaturistas de Charlie Hebdo, ni los pistoleros de París, ni los que pusieron las bombas en el aeropuerto de Bruselas, ni los “camioneros” de Niza y Berlín llegaron desde fuera con el propósito de matar y luego marcharse. En todos los casos o habían nacido en Europa o llevaban ya mucho tiempo aquí.

Amri Anis, el principal sospechoso del atentado de Berlín, un tunecino sobre el que pesaba una orden de deportación, había entrado en la Unión Europea hace varios años. Este tiempo lo ha pasado entre Italia y Alemania. En la primera fue condenado a cinco años de prisión, cumplió su condena y se trasladó a Alemania durante el verano de 2015 donde, confundido en los guetos urbanos de inmigrantes en los que crece y prospera la veta más radical del islamismo, planeó el atropello del mercadillo navideño.

Uno de los principales problemas de Europa hoy es la mera existencia de esos guetos, auténticas sociedades paralelas, Estados dentro del Estado en las que las leyes republicanas se desvanecen y son sustituidas por distintas formas más o menos encubiertas de sharia. En lugares así los terroristas encuentran el cobijo idóneo para vivir tranquilos, pasar desapercibidos y arremeter contra el país de acogida cuando creen que ha llegado su momento de inmolarse en nombre de Alá. A veces ni siquiera necesitan sacrificar su propia vida, ya que esos mismos barrios al margen de la república los amparan y protegen tras una espesa e impenetrable capa de silencio y complicidad.

Salah Abdeslam, hoy encerrado en una cárcel francesa de máxima seguridad, huyó tras la matanza de París y estuvo durante cuatro meses viviendo en su barrio de Bruselas sin que nadie le incomodase. A los belgas no les extrañó lo más mínimo, Bélgica, Holanda, Francia o la propia Alemania tienen zonas en las que la policía no entra y los jueces no intervienen, territorios perdidos de sus respectivas repúblicas que los gobernantes de esas mismas repúblicas no parecen demasiado interesados en recuperar por miedo a empeorar las cosas o, lo que es más grave aún, por el desasosiego que les produce tener que enfrentarse al sanedrín de lo políticamente correcto.

Pero el huevo de la serpiente está ahí. Pueden detener, juzgar y condenar a la pena más dura que la ley permita al asesino de Berlín, pero eso no secará la fuente. Amri Anis no es más que una gota, una consecuencia de un problema mucho mayor que no saben como atajar por la simple razón de que no quieren reconocer que el enemigo está dentro y que la culpa es enteramente suya.

La Airef vuelve a chocar con Montoro: pide déficit a la carta para las CCAA
El organismo cree que el objetivo único impuesto impuesto por Hacienda “supone un riesgo de desviación” para el conjunto de las regiones.
D. Soriano Libertad Digital 24 Diciembre 2016

El establecimiento de objetivos homogéneos en este momento para todas las comunidades autónomas supone un riesgo de desviación para las más alejadas del objetivo y probablemente para el conjunto del subsector.

No habían pasado ni 24 horas desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fijase los objetivos de déficit para las CCAA y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya había iniciado una nueva polémica con Cristóbal Montoro. El organismo, que el Gobierno se vio obligado a crear a requerimientos de la UE, está siendo un dolor de cabeza constante para el ministro de Hacienda.

En esta ocasión, el choque ha llegado a cuenta de los objetivos de déficit de las regiones. El jueves, el CPFF aprobó la propuesta de Hacienda (como siempre, porque el Gobierno mantiene el control del órgano, en el que posee más de la mitad de los votos). Según esa propuesta, el año que viene ninguna comunidad podrá superar el 0,6% del PIB de déficit. Tanto las que este año estarán más o menos cerca de esa cifra como las que se quedarán muy lejos, todas tendrán el mismo límite.

Desde hace años, ésta ha sido la cuestión fundamental alrededor de la que ha girado la negociación entre el Gobierno, las comunidades autónomas cumplidoras y las incumplidoras. Por un lado, están las regiones con menos déficit, que exigen que el objetivo sea el mismo para todas, para no crear una discriminación que consideran injusta. Por otro, están los gobiernos autonómicos con un déficit más elevado, que siempre han pedido que el ritmo de reducción del déficit se acompase a la situación particular de cada uno.

No es un debate sencillo. Por un lado, es evidente que si acabas este año con un déficit del 0,7%, te resultará más sencillo llegar al 0,6% en 2017. Es más, incluso podría pensarse que hay regiones que podrían terminar en el 0,2-0,3%. ¿Por qué no exigir al que más puede que llegue a esa cifra? ¿Por qué quedarnos en el 0,6% cuando pueden ir más allá? Además, así se daría más margen para que otras se queden por encima del 0,6% del conjunto de las CCAA. También es cierto que abrir la mano y poner un objetivo de déficit superior para algunas autonomías puede ser un incentivo perverso a futuro. Si un gobierno regional ve que se da más margen a los incumplidores, puede pensar en ignorar su objetivo, con la idea de ser beneficiado a futuro.

En este sentido, el FMI también propuso hace unas semanas un esquema de objetivos diferenciados. Eso sí, unió este posible déficit a la carta a un control estricto de los resultados, incluso con premios y castigos en función del cumplimiento de cada autonomía, con "transferencias ligadas a resultados".

La Airef no llega hasta ese punto. Entre otras cosas porque el organismo no entra a determinar un esquema diferente al de Hacienda. Los autores del informe afirman que no es su función "presentar una propuesta alternativa" a la de Montoro, sino simplemente analizar si lo aprobado por el CPFF facilitará el cumplimiento del objetivo previsto o no.

En este sentido, las conclusiones más importantes del informe de la Autoridad Fiscal son las siguientes:

Riesgo de incumplimiento: "La AIReF debe alertar de la existencia de riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales a lo largo del ciclo presupuestario, cuyo primer hito es la fijación de los objetivos de déficit y deuda".

Sin cifras en los documentos de Hacienda: "La documentación recibida no incorpora una previsión de cierre de déficit público en 2016 que permita valorar la situación de partida para la fijación de los objetivos del período 2017-2019, ni tampoco una estimación de la evolución esperada de los ingresos en los próximos años".

Hacienda y sus conclusiones no respaldadas: "Esta consideración [la afirmación de Hacienda de que todas las regiones podrán cumplir con el objetivo para 2017] no está respaldada metodológicamente por ninguna métrica y descansa en una simple comparación de las posiciones relativas respecto al año 2013".

Déficit a la carta: "Desde la perspectiva de factibilidad, la AIReF considera que, en este momento, el establecimiento de objetivos homogéneos para todas las CCAA supone un riesgo de desviación para las CCAA más alejadas del objetivo y probablemente para el conjunto del subsector, lo que tiene un coste en términos de credibilidad".

Críticas a la falta de tiempo: "El binomio equidad-factibilidad y el peso que se dé a cada uno de sus términos es una decisión que requiere de un debate previo que no es posible dado el plazo existente entre la celebración de la sesión preparatoria y el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se vota la propuesta del MINHAFP".

Esfuezo pasado y futuro: "Cualquier evaluación de un reparto de objetivos de déficit hacia adelante debe incorporar aspectos de equidad, por lo que la AIReF ha hecho un ejercicio de análisis conjunto de factibilidad y equidad mediante una relación de sustitución intertemporal de esfuerzo pasado y futuro".

Como puede verse, es un rapapolvo en toda regla. Y no es el primero. Más allá de lo que cada uno opine sobre quien tiene razón en este caso, llama la atención la dureza de la crítica. También es cierto que para esto está un organismo como la Airef. Cuando se instituyó, muchos eran escépticos acerca de su capacidad para fiscalizar de verdad al Gobierno. En otros organismos las intenciones iniciales se han evaporado al poco tiempo y el Ejecutivo de turno ha pasado a controlar al supuesto ente independiente. Por ahora, bajo el mandato de José Luis Escrivá, la Airef mantiene el ritmo de publicaciones previsto y sus informes no son nada complacientes con el Gobierno.

Los 17 consejos del Defensor del Pueblo al Gobierno para proteger mejor a las víctimas de ETA
Las recomendaciones están dirigidas a los ministerios de Interior, Justicia, Exteriores y Educación, así como a la Fiscalía General del Estado.
J. A. B. Libertad Digital  24 Diciembre 2016

Año y medio después de que el Pleno del Congreso de los Diputados solicitase al Defensor del Pueblo la elaboración de un estudio sobre cómo mejorar la defensa de los derechos de las víctimas de la organización terrorista ETA, el citado trabajo, que se acerca al centenar de páginas de extensión, ha sido presentado en las últimas horas por la oficina que dirige Soledad Becerril en la Cámara Baja.

En el mismo, fruto de horas de reuniones con las organizaciones de víctimas y tras recibir dos informes solicitados al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se recogen hasta 17 recomendaciones, que van agrupadas en función de qué ministerio del Gobierno y parte del Estado deberían actuar sobre ellas. En total se dirigen a los ministerios de Interior, Justicia, Exteriores y Educación, así como a la Fiscalía General del Estado.

Al Ministerio del Interior
Unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales por delitos de terrorismo, así como la documentación administrativa complementaria, cualquiera que sea la jurisdicción que haya conocido sobre ellas, en cooperación con el Ministerio de Justicia.

Analizar, con la participación de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, las posibilidades de perfeccionamiento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, con especial atención a la equiparación de indemnizaciones.

Revisar la actualización de los plazos para el ejercicio de los derechos de las víctimas con el fin de evitar su prescripción, y atender a los derechos de los heridos.

Crear un Registro Oficial de Víctimas del Terrorismo, en cooperación con la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y demás Administraciones competentes.

Reforzar los programas de asistencia psicológica a las víctimas directas del terrorismo (heridos y supervivientes de los atentados) teniendo en cuenta la prevalencia a largo plazo del daño psicológico causado por el terrorismo.

Reforzar los programas de asistencia psicológica a las víctimas indirectas del terrorismo (familiares de fallecidos o heridos en los atentados) teniendo en cuenta la prevalencia a largo plazo del daño psicológico causado por el terrorismo.

Al Ministerio de Justicia
Unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales por delitos de terrorismo, así como la documentación administrativa complementaria, cualquiera que sea la jurisdicción que haya conocido sobre ellas, en cooperación con el Ministerio del Interior.

Reforzar el derecho de las víctimas a acceder a la información disponible relativa a las investigaciones judiciales realizadas para el esclarecimiento de los hechos y la averiguación de la identidad de los autores.

Dotar adecuadamente a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de las funciones que la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, le asigna.

Aprobar una relación de puestos de trabajo de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y regular las relaciones de cooperación de las Administraciones y Tribunales con la Oficina, para reforzar su papel de asistencia real a las víctimas.

Al Ministerio de Asuntos Exteriores
Establecer un Plan de actuación en el ámbito internacional, con participación en su diseño y ejecución de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de las Asociaciones de Víctimas, para un mejor conocimiento del daño causado por el terrorismo en foros internacionales, particularmente en el ámbito de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea.

Reforzar la acción exterior del Estado encaminada a satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas para lograr las extradiciones solicitadas por España de los autores de atentados terroristas que se encuentran en libertad en algunos países.

Al Ministerio de Educación
Mantener, en el marco de un posible Pacto Nacional por la Educación y en los Reales Decretos por los que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato, dentro de los elementos comunes, el objetivo general de fomentar el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo.

Incluir, en los citados Reales Decretos, el rechazo al terrorismo desde una óptica filosófica y moral, en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A la Fiscalía General del Estado
Continuar las actuaciones procesales emprendidas para intentar la depuración de responsabilidades penales en los atentados terroristas no resueltos.

Evitar la prescripción de los mismos y ejercer las iniciativas pertinentes en el procedimiento de extradición de aquellos miembros de la organización terrorista ETA que no estén a disposición de la justicia española, y tienen causas judiciales pendientes en nuestro país.

Valorar la conveniencia de profundizar en la aplicación del concepto jurídico de crimen de lesa humanidad al terrorismo de ETA.

Insumisión: ¡No con mi hijo!
Rocío Monasterio gaceta.es 24 Diciembre 2016

Llegan las mordazas, llegan las sanciones, parece que nuestros políticos renuncian a defender la idea de Libertad.

Esta semana hemos presentado en Madrid la Plataforma por las Libertades. La plataforma tiene como objetivo la defensa de la libertad frente a la imposición de las llamadas leyes de ideología de género. Y nada más ver la luz, ayer, cuando nos encontrábamos informando de las leyes LGTBI aprobadas en distintos puntos de nuestra geografía, vemos con estupor como en un acto de totalitarismo y de tiranía propia de los peores regímenes, la Comunidad de Madrid ha multado al director del colegio Juan Pablo II con una sanción por incumplir la Ley LGTBI. Resulta que este director, Carlos Martinez, había discrepado. Este director, cumpliendo con su obligación de velar por lo mejor para los niños y cumpliendo con la tarea que los padres le habían encomendado -educar a sus hijos en el ideario católico del colegio- había osado ¡fíjense que atrevimiento! en dirigirse a los padres por carta denunciando la incompatibilidad que suponía dar los contenidos que impone la Ley con el ideario del colegio.

Sí señores, como lo están leyendo. No estoy hablando de Cuba, donde los niños son adoctrinados en “Socialismo o muerte”, estoy hablando de España, dónde pensábamos que la libertad era un valor conquistado. Pero resulta que no es así, resulta que gracias al régimen adoctrinador impuesto por todos los partidos parlamentarios, nuestros niños, como nos despistemos acabarán gritando: “género o sanción”. O llegarán a casa a merendar cualquier día y tendremos el siguiente dialogo con nuestro hijo de doce años:

“¿Juan qué tal hoy en el cole? Bien mamá, hoy la profesora de igualdad me ha sacado de clase y me ha dicho que durante todo el día en vez de ser Juan, iba a ser Valentina, que por favor volviera a entrar en clase y contará a mis compañeros mi nueva identidad de género, ellos tenían que respetar mi nueva elección y yo he tenido que explicarles con detalles mis nuevas prácticas sexuales y el nuevo modelo de familia”. (Datos obtenidos de manuales de cursos ya impartidos en colegios en Madrid) .El día que se produzca ese hecho será tarde para reaccionar.

No vamos a esperar a que lleguéis a nuestros niños. Se ha acabado nuestra paciencia. Estamos indignados y estamos cansados de la continua intromisión del Estado en nuestras vidas, hartos de la continua vulneración de nuestros derechos y libertades básicas. Nos hemos cansado de comprobar como unos seudopolíticos que trabajan para los líderes del mundialismo, sumisos, cabizbajos y arrastrando su dignidad, cumplen las consignas del totalitarismo de género o de lo que toque, imponiéndonos una visión del mundo sesgada, equivocada y que no respeta la nuestra.

A partir de hoy nos plantamos los que siempre hemos estado callados, los silenciosos, los educados, los tolerantes, los respetuosos con la diversidad, los que intentamos integrar, los que nunca se nos ha ocurrido discriminar a nadie. Los que nunca hemos hecho diferencias porque pensamos y defendemos que todos, todos, somos iguales en dignidad, da igual la raza, la religión o la sexualidad. Hemos aguantado todo tipo intromisiones: en nuestros bolsillos, cuando nos suben los impuestos despreciando el fruto de nuestro esfuerzo; en nuestra forma de vida; en nuestra libertad religiosa, que ya se puede irrumpir desnuda en una capilla lanzando consignas de odio; en nuestros medios de comunicación, cada vez más dominados y obedientes; hasta en nuestra forma de pago… Pero esto ya no, esto va demasiado lejos. Esto no lo vamos a consentir: que los políticos y el Estado se atrevan a entrar en nuestras casas y colegios a adoctrinar a nuestros hijos, y que el simple hecho de denunciarlo conlleve una multa, eso no, desde luego que ni hablar ¡No con nuestros hijos!

Ahora, os exigimos a los políticos que nos escuchéis y os lo vamos a decir muy claro: No vamos a permitir que nos impongáis ideologías totalitarias y no vamos a permitir que vayáis a adoctrinar a nuestros niños, que indefensos, sin la madurez suficiente para tener criterio, son las víctimas perfectas para ser moldeadas por los totalitarios. Vuestras ideas ya no ilusionan a nadie, claro, y por eso habéis decidido hacer lo propio del comunismo, que tan bien conozco, habéis decidido ir a por los más débiles para machacarles con ideas equivocadas, repitiéndolas hasta el infinito. “Género o sanción”, ideas que sólo enseñan una realidad de vuestro mundo, sin permitir las nuestra. Queréis acabar con el entorno en el que se han criado nuestros niños, que es la familia, es un obstáculo, os estorba para vuestros planes de uniformarnos para convertirnos en los perfectos consumidores esclavos de vuestra doctrina y caprichos. La institución de la familia os molesta porque es la resistencia, el asidero, al que el individuo recurre cuando tiene que protegerse de vosotros, políticos dictadores. Pretendéis que toleremos todo, todo, pero vosotros no respetáis lo nuestro: ni nuestros valores, ni nuestra libertad. Pretendéis celebrar todas las fiestas, todas, menos las nuestras, que las queréis transformar y paganizar. Os atrevéis a decir que gracias a vuestras leyes podremos expresarnos con libertad, con libertad menos cuando vayamos a hablar de nuestros valores.

¡Se acabó! se acabó la mordaza, estábamos aletargados pero no dormidos, hoy ha empezado la insumisión de los silenciosos, la rebeldía de los padres y madres anónimas, de los periodistas libres, de los escritores que quieren investigar sin censuras, de los profesores que creen en educar y no en adoctrinar, hemos empezado a gritar, a dar un grito a favor de la libertad y nos vamos a unir para defendernos. Políticos sumisos, se os ha acabado el crédito, nos hemos cansado de vosotros, id buscando otra ocupación si alguna vez la encontráis fuera de los pesebres que os habéis creado para exprimirnos. Nos vais a tener enfrente, enfrente con el coraje de un padre o con el de una madre que defiende lo que más quiere y al que le pueden esquilmar, dejar sin trabajo, machacar pero que nunca renunciará a dejarle a sus hijos el legado más importante, lo único que no es efímero, lo único que se traspasa, que perdura en las familias y que en estas fechas tan especiales de la Navidad reivindicamos con más fuerza que nunca: nuestros valores cristianos.

Lo siento, pero se acabó, escuchad totalitarios de todos los partidos: ¡Con mi hijo no!

acuden al senado
VOX vuelve a exigir al Gobierno que suspenda la autonomía de Cataluña
La Gaceta 24 Diciembre 2016

Registra una petición en el Senado para que el Ejecutivo aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña como consecuencia de la llamada “Cumbre por el referéndum”.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, y el secretario general, Javier Ortega, han presentado este viernes en el Senado una petición al Gobierno para exigir que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña como consecuencia de la llamada “Cumbre por el referéndum” que se celebra en Barcelona. Durante este acto, convocado por el presidente Carles Puigdemont, fuerzas separatistas intentarán escenificar el impulso para la celebración de un referéndum separatista en Cataluña en 2017 y demostrar que la Generalitat no piensa modificar la hoja de ruta secesionista.

VOX ha denunciado en el escrito que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña “vulneren la indivisible soberanía nacional del pueblo español y desobedezcan las resoluciones de sus Tribunales de Justicia en claro desafío y conculcación legal del ordenamiento constitucional ”. "Vienen promoviendo desde Instituciones públicas y con iniciativas legislativas, acciones políticas, propagandísticas y de financiación con cuantiosos fondos públicos un evidente golpe de Estado institucional en Cataluña para llevar a cabo su anunciada Declaración Unilateral de Independencia de una parte del territorio español. El Gobierno de España se encuentra legitimado y obligado constitucionalmente para instar el procedimiento de protección del interés general de España y en defensa de la Nación previsto en el artículo 155 de la Carta Magna, aprobada por la inmensa mayoría de los españoles, con mayor porcentaje aún de los que residen en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y por ello, su cumplimiento es además de una exigencia legal, dentro de las ineludibles funciones que le corresponden al Gobierno, un deber moral y patriótico de quienes lo conforman”.

En el escrito solicitan la tramitación por el Senado del artículo 155 de la Constitución a instancias del Gobierno de España: “El Ejecutivo, previo requerimiento al Presidente de la Generalidad de Cataluña, deberá iniciar la tramitación urgente prevista en el artículo 189 del Reglamento del Senado, para la aprobación y aplicación efectiva de las medidas concretas de intervención amparadas por el citado artículo 155 de la Constitución Española”, dicen.

Tras presentar el escrito, Santiago Abascal ha declarado que “la unidad de España no se discute, ni se vota, se defiende”. Y ha concluido: “Si Mariano Rajoy no cumple con su obligación, defender España y su orden constitucional, interpondremos la correspondiente querella criminal por delitos de dejación de funciones ante el Tribunal Supremo”.

presidente de educatio servanda
'Vamos a recurrir la sanción, supone un atropello a la libertad de expresión'
L.G. gaceta.es 24 Diciembre 2016

Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda a la que pertenece el colegio Juan Pablo II, denuncia que la nueva ley LGTBI de la Comunidad de Madrid amordaza a las personas que piensan de manera distinta o tienen una concepción de la sexualidad humana distinta.

La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, ha iniciado un procedimiento sancionador a Carlos Martínez, director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, por una carta que envió a las familias del centro en la que advertía acerca de la ideología de género y la nueva ley contra la LGTBIfobia aprobada el pasado mes de julio en la Asamblea de Madrid.

En su carta, el director del centro denunció el dogmatismo de acusar de discriminación a quien piensa diferente y el despropósito de pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones. Ahora se enfrenta una sanción de la Comunidad de Madrid por estas afirmaciones.

Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda a la que pertenece el colegio Juan Pablo II, ha hablado sobre la actuación de la Comunidad de Madrid en el programa El gato al agua y ha asegurado que lo que está en juego en este caso es la libertad de expresión.

"No estamos ante un problema de discriminación del colectivo LGTBI, estamos ante un problema de la negación del derecho a la libertad de expresión, de opinar distinto y de criticar una ley con la que no estamos de acuerdo", resalta Corvera. "Es una ley que amordaza a las personas que pensemos de manera distinta, que tengamos una concepción de la sexualidad humana distinta", ha añadido.

El presidente de Educatio Servanda ha anunciado que su fundación recurrirá la propuesta de sanción. "Vamos a recurrir la sanción primero en el camino administrativo, creemos que es importante por lo que supone de atropello a la libertad de expresión", ha afirmado.

Corvera advierte que con la nueva ley LGTB aprobada el pasado mes de julio en la Comunidad de Madrid, se abren las puertas para que haya sanciones a las personas que piensen de manera distinta. "Cualquier persona que piense de manera distinta sobre la sexualidad puede ser objeto de sanción", sostiene.

También ha recordado que la Fiscalía no ha apreciado delito en la carta y que la inspección educativa concluyó que no vulneraba la normativa que rige los conciertos y que las familias del centro afirmaban estar “muy contentas” con la educación que recibían sus hijos. La sanción ha llegado por la nueva ley LGTBI, y es esta norma la que tipifica la sanción que se pretende imponer al director del colegio Juan Pablo II. Corvera ha invitado a la gente, por tanto, a consultar la ley y leer sus artículos.

En su intervención en la tertulia política de Intereconomía TV, Corvera ha asegurado que se debe luchar contra la discriminación, pero no imponer por ley una determinada idea. Asimismo, ha querido poner de manifiesto el absoluto respeto de su fundación hacia la dignidad de la persona y su consideración de que la lucha contra cualquier discriminación injusta es una causa loable.

denuncia de la plataforma por las libertades
La sanción al director del colegio Juan Pablo II vulnera la libertad de expresión
La Gaceta 24 Diciembre 2016

La plataforma ha mostrado su profunda solidaridad con el director del centro por la sanción de 1.000 euros que le ha sido impuesta por expresar su opinión acerca de la Ley de Ideología de Género.

La Plataforma por las Libertades, formada por más de un centenar de asociaciones del ámbito educativo y social, ha mostrado su profunda solidaridad con el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón por la sanción de 1.000 euros que le ha sido impuesta en virtud de la aplicación de la Ley de Ideología de Género y LGBTI aprobada en la Comunidad de Madrid.

A través de un comunicado, la plataforma denuncia que la sanción impuesta al director del colegio Juan Pablo II "vulnera de manera flagrante la libertad de expresión" y pone de relieve el carácter arbitrario del régimen sancionador de estas leyes.

Esta plataforma resalta que la sanción ha sido impuesta "a pesar del criterio contrario del fiscal y de la inspección educativa de la Comunidad de Madrid", que no vieron indicios de delito o falta en la carta enviada por el director del centro a las familias en la que advertía de los peligros de la ley LGTB madrileña.

Asimismo, la Plataforma por las Libertades ha anunciado que se ha puesto en contacto con el centro para ofrecerle sus servicios jurídicos y el apoyo necesario.

La sanción a la que se enfrenta el director del colegio Juan Pablo II da la razón a la Plataforma por las Libertades, que en su Manifiesto señala que la libertad en España se encuentra amenazada por la aprobación de leyes totalitarias que, bajo el pretexto de combatir la “LGTBIfobia”, tratan de imponer una ideología y vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el manifiesto se denuncia que estas leyes impiden que se pueda opinar en libertad bajo pena de sanción, niegan el derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género y atentan contra la libertad de educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones.

DENUNCIA
Los libros de texto ignoran a las víctimas del terrorismo
La Defensora del Pueblo critica "la ausencia total de reflexión sobre las consecuencias de los atentados"
La Defensora del Pueblo pide a la Fiscalía que actúe en los atentados de ETA aún sin resolver
FERNANDO LÁZARO Madrid El Mundo 24 Diciembre 2016

El estudio sobre los derechos de las víctimas de ETA elaborado por el Defensor del Pueblo denuncia una situación grave: la falta de historia, la falta que a su entender existe en la enseñanza española sobre lo que es ETA y sus consecuencias. Asimismo, constata que los jóvenes tienen una enorme carencia de conocimiento sobre lo que son las víctimas del terrorismo. En dicho escrito, Soledad Becerril reclama que esta situación sea subsanada en el plano de la Educación, en un futuro pacto para sacar adelante un modelo educativo. «La educación de los jóvenes es esencial para el compromiso de lo que el terrorismo significa por las futuras generaciones. En los manuales de historia analizados no se explicita la perspectiva ni el pensamiento de las víctimas, así como las consideraciones filosóficas, antropológicas y éticas sobre el terrorismo de ETA».

Cuestiona el tratamiento que se da al terrorismo de ETA en varios libros de Historia de España de Segundo de Bachillerato y, por ello, pide que esta cuestión se aborde en el marco del futuro Pacto Nacional por la Educación.

Alerta de que existe una «ausencia total de algún ejercicio de reflexión sobre las consecuencias sociales, políticas y personales de los atentados, secuestros o amenazas», apunta el informe.

Considera que los jóvenes deben conocer en la escuela lo que ha sido ETA y dar voz a las víctimas del terrorismo para que les cuenten lo que les supuso la irrupción del grupo terrorista en sus vidas. «Hay que fomentar el respeto y consideración a las víctimas de terrorismo» e incluir el rechazo a esta lacra «desde una óptica filosófica y moral» en el futuro pacto educativo y en los reales decretos por los que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato.

Durante el análisis de un total de 14 manuales de texto, la institución detectó que un libro de la editorial Akal contiene un documento de ETA que incluye la reivindicación de los terroristas del atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco en 1973. Sin embargo, en «ninguno» de los libros examinados «se encuentra un solo testimonio o una reflexión» de una víctima de terrorismo «como texto complementario».

También hace hincapié en que los libros «apenas» reflejan estadísticas concretas de asesinatos y de atentados terroristas, y tampoco incorporan «imágenes que reflejen la barbarie del terrorismo».

«Un planteamiento antropológico que explicara el carácter intrínsecamente perverso del terrorismo ayudaría mucho a que las futuras generaciones de españoles conocieran realmente lo que significa y lo que supone convivir con él dentro de un régimen de libertades», destaca.

Pero el informe no se detiene sólo en la Educación. También apunta, citando varios informes, que siguen siendo más de 300 los crímenes de ETA sin resolver por la Justicia y reclama un esfuerzo al Estado para que las víctimas conozcan quién acabó con la vida de los suyos. Además, reclama a la Fiscalía General del Estado, como reclama con perseverancia la asociación Dignidad y Justicia, que valore la conveniencia «de profundizar en la aplicación del concepto jurídico del crimen de lesa humanidad al terrorismo de ETA». Insiste de nuevo en la necesidad de articular un procedimiento para que los desterrados por causa de ETA del País Vasco y Navarra puedan volver a ejercer su derecho a voto en las elecciones forales, autonómicas y locales, proyecto que intentó sacar adelante el Gobierno, sin éxito.

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Disolución política de España: Pacto secreto para salvar al régimen
Josele Sánchez latribunadelpaisvasco.com 24 Diciembre 2016

Cada día son más las voces que sugieren la necesaria reforma constitucional que reconvierta a España en un Estado federal, como profilaxis ante las demandas secesionistas de Cataluña y de las Vascongadas. La tan cacareada reforma constitucional, previsiblemente consensuada entre PP y PSOE, será la coartada democrática para la autodisolución política de España.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con la monarquía? Felipe VI reina siguiendo el camino trazado por su padre, con un estado autonómico que blinda a la corona a costa de la soberanía nacional y cede ante las pretensiones de las burguesías separatistas. La corona, constitucionalmente símbolo de la unidad y continuidad del Estado, está dispuesta a dar cobertura a la liquidación de los resortes unitarios de España que aún contempla el ordenamiento jurídico-político en vigor, amparando las reformas y ajustes necesarios para acomodar el concepto “nación” a las pretensiones secesionistas de Cataluña y de las Vascongadas.

¿Qué quieren decir cuando nos hablan de una España federal? Una España federal implica el reconocimiento de la existencia de estados previos que renuncian a su soberanía a favor de “la federación”. Como aquí no existen esos estados previos, lo que se pretende es que España, la única entidad soberana porque su soberanía reside en el pueblo español, reconozca como “naciones” a Cataluña y las Vascongadas y les dote de mayores competencias en materia de fiscalidad, descentralización judicial, educación, lengua, cultura… que supondrán un agravio comparativo con el resto de las comunidades autónomas y que, en consecuencia, hará que todos los españoles dejemos de ser iguales y se establezca categorías de primera y segunda. “La federación”, la España federal, pese a que abiertamente no se reconozca, explicitará el derecho de secesión, ya que una federación implica un pacto internacional para la unión en determinadas áreas entre estados independiente que conservan su soberanía y, por tanto, pueden romper este pacto discrecionalmente.

No sólo es el Molt Honorable Carles Puigdemont y sus socios de ERC y la CUP quienes aprietan las clavijas al Estado; el lehendakari Urkullu, en coalición bastarda con el PSOE vasco, prepara su proceso soberanista a la vizcaína, que discurrirá en paralelo con el proceso secesionista catalán, y que queda sellado en la “hoja de ruta” de la España federal que va a amparar la propia monarquía. El “proceso de paz” (un proceso de paz debe darse entre dos bandos en contienda bélica, aquí lo que hay es una sangriento grupo terrorista que anuncia que deja de matar), con ETA anunciando el cese definitivo de la violencia, sellando sus arsenales ante “observadores internacionales” y desactivando sus comandos, ha abierto el camino a lo que los secesionistas vascuences denominan “proceso de normalización del País Vasco” con la convalidación política e institucional de las siglas derivadas de ETA, las excarcelaciones de asesinos sanguinarios y el acercamiento de los presos a cárceles de las Vascongadas.

Presiones secesionistas, desde el norte y desde el noreste de España, que culminarán con la inminente reforma constitucional que dejará abiertas, de par en par, las puertas a la disolución nacional.

Y mientras tanto, ¿qué hace el rey? Lo que de verdad preocupa a la monarquía y, en consecuencia, al régimen, es su clamorosa crisis de imagen. Las corruptelas generalizadas, la salida a la luz pública de sus inmorales privilegios y de las conductas delictivas de sus élites.

Hasta hace bien poco existía, de manera tácita o explícita, un vergonzante pacto secreto a tres bandas: monarquía, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. El bipartidismo, que ha ido sosteniendo “la Transición” como la columna vertebral del
sistema, se ha acojonado tras los últimos resultados electorales: la pérdida millonaria de votos del PP y el descalabro absoluto del PSOE. Por ello, el régimen está obsesionado con su alarmante pérdida de credibilidad. Así, ese pacto secreto del que hablo, no está en mi imaginación: el propio Felipe González ha sugerido que es necesario reforzar “el bipartito”, incluso con un “gran pacto de Estado entre PP-PSOE”, poniendo como ejemplo a Alemania.

Y la otra opción, que también ha puesto en marcha la maquinaria del régimen, es la de “normalizar” a los nuevos partidos: intento de dulcificar la postura de Ciudadanos respecto a la reforma Constitucional y “democratizar” a Unidos Podemos, acercándoles a posiciones más socialdemócratas y menos radicales, que los integre en el redil y los aleje todo peligro de ruptura de la estabilidad. Iñigo Errejón está siendo un buen escudero de esta tentativa.

La operación para revitalizar el régimen se puso en marcha con la abdicación del monarca que, en ningún caso, fue un hecho casual. A Juan Carlos I se le garantiza la inimputabilidad desde el momento en que deja de ser Jefe del Estado. La apuesta por el nuevo rey Felipe VI es fundamental para el régimen, para el bipartidismo que lo sostuvo y para el multipartidismo que ahora habrá de sostenerlo: un rey joven, apuesto y preparado, casado con una plebeya, que viene a tapar las desfachateces cometidas por su padre y que es coreado por los medios de comunicación palaciegos para ofrecer a la opinión pública una imagen de inminentes reformas y regeneración moral. La Casa Real da signos de cambio y modernidad, abre una cuenta en Twitter e intenta renovarse pretendiendo que la figura de Felipe VI elimine de la memoria de los españoles a la princesa Corinna, a las cacerías de elefantes, a Iñaki Urdangarín… Felipe VI es el cartel estelar del regeneracionismo del régimen, el que como un mago sacará de su chistera las medidas que se implantarán de manera inminente, como pretendida “regeneración democrática” con las que contentar al pueblo español. Para ello resultan imprescindibles medidas consensuadas entre PP y PSOE (y mejor, todavía si se logra integrar en ellas a Ciudadanos y a Unidos Podemos) capaces de revitalizar el régimen y más con todo lo que aún falta por llover: “Bárcenas”, “Gürtel”, “los ERE de Andalucía”, “el caso Nóos”, “el caso Taula”, “la operación Púnica”… Infanta, cuñado de rey, ex-presidentes de comunidades autónomas, diputados, senadores, alcaldes y concejales que pueden terminar en las cárceles. Así las cosas no es descartable un acuerdo en forma “ley de punto y final”, una especie de intercambio de cromos que salve las vergüenzas de los unos y los otros.

Pero lo bien cierto es que ni PP ni PSOE, ni mucho menos Ciudadanos ni Unidos Podemos, son quienes deciden los destinos del régimen. Detrás del parlamento están los que realmente mandan en España, los poderes económicos: Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya [BBVA], Repsol, las compañías eléctricas, Gas Natural, los grandes empresarios… Todos estos son los que están más acojonados ante la situación política y un previsible estallido popular. Acojonados ante la aparición del populismo de extrema izquierda y, quién sabe si más pronto que tarde, del populismo de ultraderecha. Acojonados, también, ante el número creciente de abstencionistas, esto es, de desafectos al régimen. Las cúpulas del PP y del PSOE, que sostienen el régimen y la monarquía, líderes de opinión, tertulianos articulistas, periodistas y medios de comunicación adláteres del poder, se han lanzado a una campaña obsesiva contra Unidos Podemos, como si todos los problemas de España residieran en la formación dirigida por Pablo Iglesias que se les ha colado inesperadamente por los sumideros del sistema.

La "troika" sigue exigiendo más sacrificios, más rebajas salariales y más impuestos indirectos. El régimen (monarquía y “bipartito”) precisan de un fuerte bloque político que sostenga el sistema. España no les importa un carajo. Los españoles, tampoco. Lo único verdaderamente importante es salvar al régimen…

Dejadnos decidir, ¡ya!
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 24 Diciembre 2016

Cuando los secesionistas ven ralear las filas de su tropa, los estrategas del agitprop cambian el chip de la independencia por el del derecho a decidir, convertido en el anzuelo apropiado para pescar podemitas y colauitas renuentes a comprometerse con la desconexión unilateral. Así fue como consiguieron que Ada Colau y Gerardo Pisarello se situaran detrás de la gigantesca pancarta que rezaba "DEMOCRÀCIA" cuando los capitostes del secesionismo puro y duro –incluidos el decapitado Artur Mas, sus verdugos de la CUP y el beneficiado por la decapitación Carles Puigdemont– acompañaron a Carme Forcadell hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día en que fue a declarar, acusada de desobediencia y prevaricación.

Democracia prostituida
Fue "un baño de multitudes (…) ante las 3.000 personas que, según el cálculo de la Guardia Urbana, se habían concentrado frente al TSJC" (LV, 17/12). La mitad de las que acudieron cuando Artur Mas declaró por el 9-N. Y muchas menos que el millón y medio que la ANC y Òmnium fantasearon reunir en las Diadas. El suflé está plano.

El espectáculo de la sublevación de un conglomerado de funcionarios públicos contra el Poder Judicial fue bochornoso. Pero a ello se suma, para mayor escarnio, que la democracia que reclaman en el cartel no sea la parlamentaria, sino una de sus muchas versiones prostituidas que utilizan los regímenes totalitarios para enmascarar sus desafueros. Tuvimos la democracia orgánica del franquismo, que descansaba sobre las corporaciones, sin urnas ni ciudadanos que acudieran a ellas para votar a sus representantes. Muchos incautos se dejaron encandilar en aquellos mismos años por el rótulo de las democracias populares, que eran burdos satélites del imperio soviético y se extinguieron junto con este.

La democracia prostituida que ahora está de moda es la que llaman "participativa", que no contabiliza votos sino manifestantes o papeletas de referendos maniqueos. Sus cromosomas son fascistas, pero maduró en el chavismo venezolano y se está ramificando por territorios que creíamos definitivamente civilizados. Aquí la tenemos con una gigantesca pancarta de DEMOCRÀCIA en la cabecera y, a continuación, una variopinta y contradictoria columna de jefazos que se escudan detrás del pueblo al que invocan en vano. Un botón de muestra (LV, 16/12):

Entre gritos de "¡Viva la República!" e "Independencia", Colau aseguró que si Forcadell acaba siendo juzgada, "con ella se estará juzgando a todo un pueblo".

Nostálgicos del totalitarismo
¿Todo el pueblo juzgado cada vez que un jerarca de la élite o la casta es acusado por los jueces de desobediencia y prevaricación? Vaya despropósito. Aquí es donde aflora la otra posverdad-mentira que han incorporado a su argumentario los insurrectos: se está politizando la justicia o se está judicializando la política. El desiderátum de estos nostálgicos del totalitarismo es contar con tribunales que convaliden los abusos de los poderes ejecutivo y legislativo. Como sucede en Rusia y Turquía.

No siempre los déspotas improvisados pueden satisfacer sus antojos sin chocar con los contrapesos institucionales y sociales. En este momento el Tribunal Constitucional de Polonia libra una contienda sin tregua en defensa de la vigencia de la ley y de los derechos civiles que el Ejecutivo y la mayoría ultraderechista del Parlamento atacan con la misma prepotencia con que lo hace el contubernio secesionista timoneado por la CUP en el Parlamento de Cataluña. Informa el corresponsal en Varsovia (LV, 18/12):

El régimen está copando instituciones y órganos estatales, violando la Constitución, convirtiendo el Parlamento en una apisonadora para aprobar leyes antidemocráticas (…) invadiendo el aparato de la justicia, paralizando el Tribunal Constitucional y demás órganos de control del poder ejecutivo, purgando con brutalidad los medios de difusión públicos, transformando a funcionarios públicos profesionales en fieles ejecutores de la voluntad del régimen y despreciando las críticas opiniones de la Unión Europea. (…) Lo que consideran un "golpe de Estado reptante" orquestado por el "caudillo" Jaroslaw Kaczynski y sus asombrosamente obedientes seguidores.

Dos Parlamentos, el polaco y el catalán, que se parecen como dos gotas de agua a la hora de desobedecer al Tribunal Constitucional, acusando a los opositores de politizar la justicia o de judicializar la política. Con el añadido de que aquí la mayoría "asombrosamente obediente" del Parlamento catalán, además de desobedecer a la justicia española, aprueba iniciativas irredentistas contra la soberanía de Francia que el Gobierno del país vecino rechaza con lógica indignación (LV, 8/11). Más plomo en las alas desplumadas del oneroso –para los contribuyentes– Diplocat.

Basta de postureos
Aquí es donde el observador neutral formula la pregunta del millón: ¿el referéndum que reclaman los descontentos es el medio ideal para que ese pueblo del que los insurrectos se apropian arbitrariamente exprese su voluntad y ejerza el idealizado derecho a decidir? Ian Buruma lo duda y razona ("La farsa del referéndum", LV, 12/3):

Normalmente, en una democracia liberal, votamos por hombres y mujeres con la idea de que estudiarán los temas sobre los cuales los ciudadanos comunes no pueden ocuparse directamente por falta de tiempo y conocimiento suficiente, y decidirán sobre ellos.

Por lo general, un referéndum no es un sondeo preciso de las facultades racionales de la gente, ni una prueba de su pericia. Los referendos tienen que ver con lo visceral, que puede ser manipulado fácilmente por los demagogos… y por eso les gustan.

La herramienta para ejercer el derecho a decidir está presente en la menospreciada Constitución de 1978 y se utilizó incontables veces en municipios, autonomías y el Estado: es el voto de los ciudadanos a sus legítimos representantes, hombres y mujeres, como nos recuerda Buruma. Basta, pues, de postureos y gesticulaciones.

Dejadnos decidir, ¡ya!

Pánico a las urnas
La convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña daría voz y voto a los ciudadanos para ejercer su derecho a decidir sin las trampas premeditadas que pervierten los referendos. Existe, empero, una razón de peso para que el contubernio secesionista, que tiene en sus manos convocarlas, las deje para las calendas griegas. Lo explica el bien informado Francesc-Marc Álvaro ("La pinza y el estilo", LV, 15/12):

Vale la pena recordar que, en caso de que las cuentas elaboradas por Junqueras no consigan apoyo, la legislatura se acabará –el president Puigdemont lo ha dejado muy claro– e iremos a unas elecciones "autonómicas" (ni plebiscitarias ni constituyentes) a las que ya no se presentará Junts pel Sí porque la coalición habrá dejado de existir. Entonces, el independentismo –más dividido que nunca– deberá competir con los comunes, que aspiran (impulsados por Colau) a ser primera fuerza también en unos comicios catalanes.

No hace falta exprimir las neuronas para entender que el pánico del núcleo duro secesionista a las urnas –las verdaderas urnas, no las de cartón del fraudulento 9-N– nace de la posibilidad de que el poder pase a manos de sus competidores advenedizos. Pero si no bastara con esta confidencia, Lluís Foix lo remacha ese mismo día en la columna vecina bajo el título "Así veo las cosas":

El Govern de Catalunya evita criticar a la CUP para salvar los presupuestos. Me permito decirlo más claro: la tolerancia hacia los cuperos es para no perder el gobierno y no tener que acudir a otras elecciones anticipadas. La realidad es que Catalunya está en manos de la CUP porque Junts pel Sí o las formaciones que salieran en unas elecciones próximas sospechan que cosecharían un resultado inferior al que ahora tienen, perderían la mayoría y, por lo tanto, el poder.

Allá ellos con sus cálculos sectarios. A nosotros, los ciudadanos leales a la Constitución y a la democracia parlamentaria:

Dejadnos decidir, ¡ya!

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