Aquí no habrá reformas sin reacción
ciudadana
VÍCTOR DE LA SERNA El Mundo 24 Diciembre 2016
En España, el problema más generalizado, transversal como dicen
ahora, y de más necesaria y aparentemente difícil solución es el del
inmovilismo y el enchufismo que se esconden tras las proclamas, los
programas políticos, las propuestas de reforma -o hasta de
revolución- que caen a diestra y siniestra. Y hasta que alguien
empiece a romper esa colección de nudos gordianos, los del
nepotismo, del amiguismo, del abuso y, en términos generales, de la
befa y de la mofa del ciudadano medio no habremos culminado nuestra
transformación en sociedad europea, democrática y moderna. El
incidente de los décimos del Gordo regalados en la sede del PSOE
pero que se guardaron en su faltriquera los jefecillos de Ferraz nos
ha vuelto a ilustrar hasta qué punto la mangancia avariciosa es tan
prevalente en la izquierda como en la derecha. Eso, claro, no es más
que una anécdota ante los millones repartidos entre amiguetes
socialistas a costa de los ERES o los planes de formación en
Andalucía. Y viene a unirse a otras anécdotas significativas en el
terreno de la izquierda radical: negocios con viviendas de
protección oficial, sueldos en negro, trabajos cobrados pero no
realizados... Un despliegue que demuestra que la mangancia es un mal
nacional. Incluidos los hoy independentistas, cuando han sido
adelantados y aventajados en el terreno del fraude generalizado.
En la derecha ya es de gran notoriedad pública la desfachatez con la
que el Partido Popular sigue prometiendoen sus programas electorales
cosas como las rebajas de impuestos para, en cuanto recupera el
poder, negarse a reformar la Administración para ahorrar y cargar su
reparto de prebendas sobre los lomos de los contribuyentes. Por
mucho que se le pueda reprochar sus Gürtel y sus Púnica, el
desprecio a sus votantes y la incapacidad de apretarse el cinturón
administrativo -para trasladarlo todo al cinturón de los
contribuyentes- son las características más sangrantes de esta
derecha servidora de sí misma y de sus paniaguados en miles de
despachos inútiles y empresas públicas fantasma.
Reducido al papel de partido-bisagra, Ciudadanos sigue intentando
romper el círculo vicioso e imponer una regeneración, como ayer
detallaban en estas páginas Albert Rivera y Luis Garicano. Pero no
nos engañemos: si el PP y el PSOE están decididos a llegar a
acuerdos para mantener y desarrollar el eterno esquema de la
pachanga nacional, muy poco van a conseguir los reformistas.
Al final, la única posibilidad seria de reformar lo sustancial, no
lo adjetivo, volverá a estar en manos de un electorado que, ¡ay!,
sigue decantándose por el mal menor o por el rencor ciego hacia los
que se ven como herederos de horrores pasados. Olvídense de horrores
pasados, por favor, y entérense bien de los horrores presentes...
¿Hemos sobrepasado el punto de no retorno?
Javier Benegas vozpopuli 24 Diciembre 2016
Durante 314 días España estuvo sin Gobierno. Fueron necesarias dos
Elecciones Generales, para que, por fin, el candidato del partido
más votado fuera investido Presidente. Durante todo ese tiempo se
sucedieron las advertencias de que la prolongación de la
ingobernabilidad ponía en serio riesgo el futuro de España. Era
urgente acometer cuestiones de gran calado, entre las cuales, además
de los presupuestos generales y el consiguiente compromiso de
déficit, se aludía a la necesidad de un pacto de Estado que
garantizara el sistema de pensiones y una solución del problema
territorial, con el desafío secesionista de telón de fondo.
Así, durante 314 días interminables, Mariano Rajoy se desgañitó
exigiendo un acuerdo de investidura que permitiera a España
continuar por la senda reformista que, según él, se había iniciado
en la anterior legislatura. Con el fin de convencer a propios y
extraños, anunciaba a bombo y platillo su compromiso de hacer… todo
aquello que, con una confortable mayoría absoluta, no se había
molestado en acometer.
Pero la presión no sólo provenía del PP. Importantes empresas de los
sectores más regulados clamaban al cielo por la prolongación de la
interinidad. También las Comunidades Autónomas, cuyos gobernantes
temían que la prórroga de los presupuestos les obligara a aplicar
recortes que mermaran su popularidad y pusieran en riesgo sus
prodigiosas redes clientelares. Bruselas, atenta al déficit, también
ponía su granito de arena llamando constantemente a la
responsabilidad de los agentes políticos españoles e, incluso, hubo
quien se tomó la molestia de estimar el coste económico que cada mes
de gobierno en funciones suponía para España, como si tal cálculo
fuera fiable.
Según transcurrían los días, las expectativas engordaban. Ya no sólo
se trataba de confeccionar los nuevos presupuestos generales y dar
cumplimiento a las exigencias de Bruselas: se obraría el milagro de
multiplicar los panes y los peces. El desfase del sistema de
Seguridad Social se resolvería por ensalmo, garantizando las
pensiones, presentes y futuras, se acometerían reformas de calado
para combatir el desempleo estructural e, incluso, se subsanarían
deficiencias seculares del modelo político, como el mal
funcionamiento de una Justicia extremadamente lenta y politizada, el
cuestionado sistema electoral o el opaco y escasamente democrático
funcionamiento interno de los partidos políticos.
En definitiva, para que España no perdiera el tren de la modernidad
había una solución milagrosa: un presidente. Una vez investido, el
nuevo escenario parlamentario, con los partidos recién llegados,
haría el resto: las formaciones tradicionales se verían obligadas a
poner en práctica las reformas a las que se habían resistido durante
décadas. Llegaba la nueva política y, con ella, la gran
transformación, la modernización de España, la solución definitiva.
Pero la montaña parió a un ratón
Al fin, el 29 de octubre, Mariano Rajoy Brey fue investido
presidente gracias a la abstención de los diputados del Partido
Socialista (excepto 15). Aunque advirtió sobre determinadas líneas
rojas, se mostró conciliador y abierto al diálogo, algo que, en
teoría, abría la puerta a debates fundamentales y a posibles
acuerdos en las materias donde la sociedad española se juega el ser
o no ser.
Pero la primera señal lanzada no pudo ser más cosmética, arbitrista
y… políticamente correcta. El 15 de noviembre se anunciaba a bombo y
platillo que PP y PSOE daban el primer paso para un inminente pacto
de Estado contra la violencia de género. Éste era, pues, el primer
gran pacto de la legislatura. A reglón seguido, el Pleno del
Congreso de los Diputados votó por unanimidad la creación antes de
fin de año de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad
para sustanciar el pacto. Y todos los líderes políticos corrieron a
rentabilizar la buena nueva ante los medios de información.
Dos semanas después, el nuevo ejecutivo daba el visto bueno a dos
decretos que eliminaban deducciones a las empresas en el Impuesto de
Sociedades y subía la tributación del alcohol y de las bebidas
azucaradas: un pequeño incentivo para beber agua del grifo. Las
nuevas disposiciones convertirán a España en el primer país del
mundo donde se tributa por pérdidas empresariales. Además, se
añadían nuevas medidas antifraude y una subida de impuestos al
tabaco, especialmente a la picadura (6,5%) que es, para entendernos,
el tabaco de los pobres. El objetivo: recaudar 8.000 millones
adicionales durante 2017. Así pues, la sostenibilidad del modelo
seguirá basada en el aumento de la presión fiscal y no en la
reducción y racionalización del gasto. Desgraciadamente, obtener
mayores ingresos nunca ha servido para cuadrar las cuentas sino, muy
al contrario, para incentivar un incremento del gasto que, a su vez,
requerirá mayores ingresos.
Un círculo vicioso cuyo desenlace no parece que vaya a ser demasiado
feliz.
El 14 de diciembre el parlamento se dedicó a debatir sobre la
necesidad de regular los deberes escolares; es decir, limitarlos por
ley o, incluso, llegado el caso prohibirlos. Al cabo del día, aun
con matices, se decidió que sí –esta vez con el PP en contra-, que
también era materia susceptible de ser controlada por la clase
política. Y aunque parezca un asunto menor posee su lógica profunda:
una sociedad acostumbrada a exigir derechos pero refractaria a
asumir deberes, estaba ya madura para el siguiente paso: librar por
ley a los menores de cualquier deber, aunque fuera escolar. Ya el 21
de diciembre, La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Montserrat, desvelaba la posible aplicación de una nueva
medida: los currículums anónimos. Una medida de cara a la galería
pues, a la hora de la verdad, ninguna empresa que se precie
contrataría a nadie sin saber quién es.
Todos estos asuntos han servido para generar titulares, noticias,
debates y discusiones pero las cuestiones críticas han sido
suplantadas por asuntos íntimamente relacionados con la corrección
política y con sesgos ideológicos que, a lo que parece, han
colonizado todo el arco parlamentario. Así pues, mientras se dirime
si los críos deben hacer tareas fuera del horario escolar o no, si
un CV debe ser anónimo o no, si el Parlamento debe regar con más
medios y recursos leyes de violencia de género que no parecen obrar
efectos positivos, y sí bastantes negativos, o si es sostenible un
Estado que requiere de constantes incrementos tributarios para,
precisamente, incentivar todas estas iniciativas y otras muchas de
la misma jaez… mientras todo esto, decíamos, es lo que va dando
cuerpo a la nueva legislatura, los seculares problemas de España
siguen dentro del cajón, guardados, inaccesibles, intocables…
innombrables.
Como en la política española la única ley que se cumple a rajatabla
es la de Murphy, la montaña había parido un ratón. Naturalmente,
tener gobierno era imprescindible pero no precisamente para el
ciudadano de a pie sino para los políticos. Y para los grupos de
intereses. Unos quedan colocados en el poder y otros en la
oposición, que ambas posiciones aportan innumerables ventajas. Y los
grupos bien organizados continuarían disfrutando del bombardeo
constante del BOE, de esas retorcidas leyes que riegan con generosos
beneficios a los grupos mejor organizados, conceden curso legal a
sus aberraciones ideológicas, extienden la tiranía de la corrección
política, de la ingeniería social hasta límites inimaginables hace
unas décadas.
Mancur Olson tenía razón, aunque se quedó corto, muy corto. La
dinámica de la política lleva a que el Estado sea tomado por grupos
de presión minoritarios, pero bien organizados. Sí, el bueno de
Olson comprendió que la estructura de costes e incentivos favorecía
a los colectivos minoritarios que se agrupan para exigir privilegios
frente a las grandes mayorías que, con muchas más dificultades para
agruparse demandarían otras reformas. Los grupos minoritarios
prevalecerían a costa de la mayoría desorganizada, creando barreras,
imponiendo trabas, promulgando leyes abusivas para obtener
privilegios. Así, la decadencia de las naciones sería la
consecuencia de una economía cada vez más estancada, lastrada por la
restricción de la competencia y el peso muerto de infinidad de
parásitos.
Pero lo que Olson no contempló es que buena parte de estos grupos
minoritarios no se limitan a ejercer una mera presión; también
generan, difunden y, con la connivencia de los políticos, imponen
formas de pensamiento tendentes a justificar sus privilegios.
Recurren a supuestos agravios, presentándose como víctimas: su
martirio y sufrimiento es el argumento de autoridad definitivo con
el que imponen su razón. La verdad estaría determinada por las
emociones, las afinidades, la empatía, no por el raciocinio. En este
marco, la verdad es todo aquello que suena bien, que hace sentir a
la gente confortable, bondadosa, aunque no lo sea. Por el contrario,
las verdades incómodas quedan automáticamente apartadas; sólo se
acepta aquello que es políticamente correcto, esto es, lo que
favorece a los grupos mejor organizados.
El caballo de Troya
Naturalmente estas ideologías son atroces porque van en contra de
los principios que crearon la democracia occidental, en especial el
de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Como un señuelo,
como la muleta del torero, distraen al público de las reformas que
realmente son necesarias, urgentes, manteniéndolo atrapado en el
terreno de las emociones. Pero los políticos aprendieron pronto que
estas “verdades” podían ser utilizadas para favorecer sus propios
intereses. Por ello las fomentaron: tanta discriminación por
resolver, tanta víctima por resarcir justificaba la intervención
arbitraria de la política y, también, abría la puerta a un ejército
de politólogos, académicos, burócratas que, por sí sólo, impulsa una
industria de la corrección política siempre ávida de un volumen de
recursos que, de otra forma, sería imposible de obtener. Una máquina
de ingeniería social que se sirve a sí misma y que cada día genera
nuevas oportunidades de negocio a costa de una sociedad cada vez más
polarizada e infantil.
La corrección política es considerada por muchos autores una suerte
de marxismo cultural, apuntando su origen en la Escuela de Fráncfort
y su Teoría Crítica. Una vez el desarrollo tecnológico y la
evolución social dejan inservible la confrontación entre proletarios
y capitalistas, es necesario buscar nuevos grupos de explotadores y
explotados, opresores y oprimidos, verdugos y víctimas, eso sí,
siempre en las democracias occidentales, que son las que deben ser
demolidas desde el interior. En este contexto, la opresión toma
dimensiones mucho más sutiles, difíciles de captar, incluso de
demostrar, que la clásica explotación económica del trabajador. Por
ello hay que idear retorcidas teorías que la gente acaba asumiendo
tras intensas campañas de propaganda. El problema es que tal
ideología acaba promoviendo el victimismo, la queja, la apatía
individual, la pasividad porque demasiada gente aduce estar
oprimida. En resumen, la corrección política fomenta la mentalidad
de mendigo en una sociedad cada vez más sumisa, indolente,
polarizada e infantilizada. Las democracias se degradan y degeneran
en una suerte de burocracia todopoderosa que reparte prebendas a
granel, un entorno donde el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad
desaparecen.
En numerosos países, las mayorías, la sociedad civil se acaba
hartando de tanta trampa, sinsentido y majadería. Reaccionan contra
el sistema, contra las burocracias dominantes, en formas que no
siempre son prudentes pero que tienen su origen en una sensación de
estafa, tanto económica como ideológica. Se explica así la victoria
de Trump en EEUU, o las votaciones contra el sistema que se suceden
en Europa. No así en España, donde las corrientes siempre llegan
tarde y mal, donde todo se copia del exterior, especialmente lo
malo, lo pésimo. Aquí, todavía seguimos sumergidos hasta el cuello
en el lodazal de lo políticamente correcto, liberando de deberes a
los oprimidos niños, decididos a sobrepasar el punto de no retorno…
si es que no lo hemos sobrepasado ya.
Pese a todo, querido lector, le deseamos Feliz Navidad.
Bono, ‘El País’ y el populismo
(alternativo) que viene
El diario de referencia de Soraya Sáenz de Santamaría nos ha puesto
en la mira.
Rafael Bardají y Óscar Elía Libertad Digital 24 Diciembre 2016
Decía Oscar Wilde que la talla de uno se mide por la naturaleza de
sus enemigos. En el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) estamos
encantados con la calidad de los nuestros, y les estamos agradecidos
por sus periódicos ataques de sinceridad. Por ejemplo, ahora que
vuelve a pasearse por las televisiones dando doctrina, nos acordamos
de aquel momento en el Senado en que el entonces flamante ministro
de Defensa José Bono nos acusó de ser "una secta pseudorreligiosa"
(en verdad, para ser más exactos, él fue más moderno y se comió la
pe) en plena intervención parlamentaria, por lo que así el Grupo ha
pasado a los anales de nuestras Cortes. Como ya contestamos entonces
al paranoico ministro desde esta misma plataforma, no queremos
insistir en ello, por mucho que a estas alturas el errante Bono nos
siga nombrando allí por donde tiene ocasión de hacerlo.
Ahora ha sido un editorial de El País, el diario rescatado
financieramente de la quiebra por la la todopoderosa y omnipresente
vicepresidente Soraya Saénz de Santamaría, el que se acuerda de
nosotros. Y lo hace para arremeter contra el ya expresidente de
honor del Partido Popular por su razonable decisión de renunciar a
este cargo: a fin de cuentas, nos parece que resulta muy difícil
representar el honor en un partido que ya no tiene nada de
honorable, tras haber traicionado sus dirigentes todos y cada uno de
sus principios políticos. Al parecer, en el una y otra vez rescatado
periódico de Prisa están preocupados por la posibilidad de que el
proyecto de José María Aznar esté inspirado en uno de los artículos,
publicados aquí mismo, en Libertad Digital, que dedicamos al rumbo
del PP de Mariano Rajoy, y que fue escrito en mayo, antes de las
últimas elecciones. El artículo, tal y como lo nombran –eso sí,
olvidando citar, en un alarde más del buen sectarismo periodístico
de esa casa, a los autores y al medio que lo publicó, para que nadie
tenga sencillo releerlo–, era "Un partido de cobardes es un Partido
Perdedor" , que no era sino la continuación de uno anterior, "El
sorayismo, enfermedad infantil del marianismo".
El País afirma que nosotros defendemos una "alternativa populista",
expresión que se ha convertido en la gran descalificación política
de estos días. Para cualquier liberal o conservador resulta ya poco
sorprendente la coincidencia del medio de Prisa con el PP de Rajoy y
Soraya, para quienes populismo es simplemente todo aquello que no
sean ellos, el PSOE o el propio El País, que es el órgano de
expresión del Gobierno. Reconocerán que la preocupación por lo
"populista" resulta curiosa para un partido, como el socialista,
cuyo objetivo histórico es el pueblo; y para un PP que lleva en su
nombra la marca de popular. Es la primera vez en la vida que oímos
calificar a lo conservador como populista. Pero así está la clase
política española.
Menos ingenuo aún es meter a todos en el mismo saco, y eso a la
propaganda agonizante de Prisa y de Moncloa no se lo permitimos.
Decir que Pablo Iglesias es tan populista como Le Pen, o Trump como
Syriza, es un tópico tan manido como falso, propio de quien o no
tiene ideas sobre ello, o no se atreve a expresarlas, o prefiere
pensar que todo el monte es orégano para no tener que subirlo. Que
lo emplee El País, ese diario de grandes cabezas pensantes, sólo
prueba la mezquindad del periodismo español oficial, de su
servilismo ante la poderosa Moncloa; prueba también la degeneración
ideológica de sus redactores, tan afectados por sucesivas oleadas de
despidos y becarios. En España, por parte del establishment
político-mediático, se ha extendido la idea de que toda alternativa
es populista, sea constitucional o anticonstitucional, liberal o
bolchevique, bolivariana o conservadora. En fin, nosotros
recomendaríamos a los editorialistas que hicieran el esfuerzo de
leer el reciente informe que hemos publicado precisamente sobre la
derecha alternativa en Europa, en qué nos parecemos, en qué
divergimos y qué podemos esperar ahora en esta Europa de burócratas
y emigrantes desarraigados cuyo objetivo más elevado es acabar con
todos nosotros (lo pueden encontrar aquí).
En fin, afirma alarmado el editorial que nosotros preconizamos "más
patria, más iglesia, más orden". Debemos asumir, por lógica, que El
País está por todo lo contrario, a saber, menos patria, menos
religión y más desorden. Si es así, nosotros lo tenemos claro: nos
quedamos con nuestras ideas, esas que tanto alarman en El País y en
Moncloa. ¡Qué quieren! Somos gente de bien: creemos en la sociedad
abierta, el libre comercio, en una nación fuerte con una defensa
sólida, y creemos en los valores de nuestros padres, los padres de
nuestros padres y los padres de los padres de nuestros padres. Eso
nos hace, a nosotros y a los millones de españoles que así piensan,
enemigos de Prisa y del sorayo-marianismo. ¡Qué se le va a hacer!
Finalmente, y por aclarar a la conspiranoia progresista de todos los
partidos: le quedamos muy agradecidos a El País –y así queremos
reconocerlo– por adjudicarnos tamaña capacidad de influencia en las
decisiones del presidente Aznar. Como como todo el mundo sabe, si se
ha caracterizado por algo en su vida política es por su libertad de
pensamiento y acción, y por asumir personalmente el liderazgo en sus
decisiones. En cuanto a la afirmación de que José María Aznar ha
sido la figura más divisiva de nuestra historia política, se puede
explicar por el olvido de los redactores de El País del presidente
Zapatero, amnesia parecida a la que sufría el periódico en relación
con la corrupción de la época de González. Si preguntaran al español
de a pie, nos apostaríamos a que tanto estos últimos como los
ocupantes de Moncloa están mucho peor valorados que el obsesivo
objetivo del editorial. Pero como los amos del periódico parece que
sólo hablan con La Moncloa, o La Moncloa sólo con los amos del
periódico, no nos extraña ya nada de nada.
Muchas gracias en todo caso. Ah, y Feliz Navidad. A todos los
hombres de buena voluntad, por supuesto.
Terror, policía y corrección política
Hermann Tertsch
Hermann Tertsch ABC 24 Diciembre 2016
«Hay que evitar a toda costa el ser sospechoso». Esta frase no es un
lema para terroristas yihadistas ni para jóvenes musulmanes
radicalizados deseando serlo. Estos se mueven con enorme naturalidad
y aplomo en una sociedad abierta como la alemana, con una población
generosa y deseosa de hacer todo el bien posible para compensar un
tremendo mal histórico perpetrado o tolerado por sus abuelos. Los
que tienen que evitar a toda costa ser sospechosos son los policías.
Y especialmente sus jefes, en contacto y dependencia directa con el
poder político de las ciudades y los Estados federados. Los jefes de
policía deben aplicar el máximo garantismo legal para los
delincuentes. Tiene que hacer además gala de una actitud política
libre de la mínima sospecha de prejuicios sociales, culturales,
sexuales y, sobre todo, claro, raciales. Y demostrar ser militante
en la actitud favorable a la integración de la inmigración y a las
bondades de la multiculturalidad. Así las cosas, es obvio que
ninguno de los jefes de la muy fragmentada policía alemana quiere
tener fama de duro. Prefieren que se les escabullan sospechosos a
tener cualquier conflicto evitable. Las organizaciones de apoyo a
refugiados e inmigrantes ilegales conocen bien esta debilidad.
Manejadas por grupos ideológicos, étnicos o mafiosos saben que con
extender la fama de racista o ultraderechista de un mando policial
acaban con él.
La necesidad de no caer jamas en la sospecha de racismo y el miedo a
ser tachados de nazis es lo que más ha politizado la policía desde
los años setenta. Solo en total corrección política hay posibilidad
de promoción. Por lo que hay tanta corrección como disposición a
ocultar, ignorar o tergiversar todo lo que la contradiga. Solo
algunos grupos en los sindicatos denuncian la situación de
inferioridad y peligro real dado el desbordamiento desde 2015 que ha
hecho ilusorio todo intento de controlar movimientos y resolver las
expulsiones. Ni hay control ni hay medios para restablecerlo y todos
los recién llegados lo saben. Los mismos motivos de no ser acusados
de parecerse a la Gestapo ni a la Stasi hacen imposible colocar
cámaras en las calles. La policía carece por ello con el instrumento
más eficaz de vigilancia que por ejemplo en ciudades británicas es
exhaustiva. No hay imágenes porque los políticos alemanes que en su
día quisieron adaptarse a otros países fueron tachados por la
prensa, por la izquierda y por los liberales de partidarios del
estado policial. Alemania es el país más firmemente anclado en unos
dogmas y certezas del Estado liberal de la segunda mitad del Siglo
XX que hoy maniatan dramáticamente la capacidad de autodefensa de la
sociedad.
En todos los países europeos es difícil asumir cambios racionales
por unos miedos lógicos y ante todo por la sentimentalización del
mensaje de nuevas generaciones infantilizadas, ignorantes y sin
percepción del riesgo. En Alemania pesa además el pasado y son
fuertes esas corrientes partidarias de la destrucción de las
sociedades abiertas que hay en toda Europa. El autoodio, la obsesión
con acabar con la propia nación que hay en sectores de la izquierda
en Alemania, solo se encuentra en España. Con todos nuestros
problemas, en momentos tan duros como el actual queda muy clara
nuestra inmensa suerte con dos cuerpos de seguridad, Guardia Civil y
Policía, de un nivel de eficacia soberbio. Cuerpos que algunos
intentan expulsar de partes de nuestra geografía o destruir. La
única esperanza para la seguridad de Europa está en que las masivas
y múltiples amenazas que se ciernen sobre nosotros nos hagan
recuperar parte de la racionalidad y del amor a la verdad que el
bienestar de las pasadas décadas ha destruido.
Depredadores y carroñeros
Isabel San Sebastián ABC 24 Diciembre 2016
Nuestro mundo está desarrollando a toda velocidad dos especies de
individuos particularmente dañinas para el conjunto de la humanidad:
los depredadores de sus semejantes y los carroñeros cuyo crecimiento
depende de esos seres inmundos.
Los primeros matan indiscriminadamente, movidos por un empeño
asesino irracional e incontrolable. Matan por despecho, por odio,
por frustración, porque sienten no tener nada que perder y sí mucho
que ganar haciéndolo. Matan a hombres, mujeres, ancianos o niños por
igual, independientemente de su religión, nacionalidad o raza;
cualquier persona es susceptible de convertirse en su presa, aunque
encuentran especial deleite en atacar a quienes tienen el coraje de
desafiar sus dogmas. Matan convencidos de alcanzar de ese modo
infame el paraíso reservado a los combatientes de la fe islamista
propagada por sus fanáticos apóstoles. Matan en cualquier lugar del
planeta mediante aviones comerciales convertidos en misiles, trenes
transformados en fosas comunes, camiones lanzados contra multitudes
indefensas, tiros, acuchillamientos, fuego o cualquier otro método
susceptible de aterrorizar a sus enemigos, categoría que engloba a
todos los que pensamos, sentimos, actuamos o creemos de un modo
diferente al suyo. Matan de manera fría y calculada, sin previo
aviso ni ruptura formal de hostilidades, dado que declararon la
guerra hace tiempo a cualquiera que se interpusiese en su camino.
Matan a traición, sin piedad, incluso a quienes les habían abierto
los brazos para acogerlos en su propia casa cuando huían de los
conflictos que asolan su tierra natal. Son la abrumadora minoría de
un colectivo humano que crece y se multiplica en los cinco
continentes, pero una minoría capaz de convertir en pesadillas
gestos tan cotidianos como volar, viajar en ferrocarril, acudir a un
desfile festivo o visitar un mercadillo navideño.
Los segundos, subespecie parásita de esa humanidad involucionada
hacia la brutalidad, han encontrado en ella una fuente abundante de
apoyos fruto de la demagogia más sucia. Son los que desde la extrema
derecha de Alternativa para Alemania claman contra la canciller
Angela Merkel, achacándole personalmente a ella «los muertos de
Berlín», y los que desde el extremo opuesto hicieron lo propio con
el presidente Aznar, convocando manifestaciones de acoso al que
calificaron de «asesino» tras los atentados del 11-M. Algunos, como
Pablo Iglesias, han llegado a presumir de esta hazaña, gestada, dice
él, en la Facultad de Ciencias Políticas. Esos carroñeros no vacilan
en embestir a los gobiernos que pretenden derribar, utilizando como
arietes a las víctimas del terrorismo. Invierten torticeramente los
papeles, sacando de la ecuación a los autores de las matanzas para
imputárselas a sus adversarios políticos, culpables de actuar con
arreglo a los cánones democráticos que rigen en el Occidente
cristiano. Se lucran impúdicamente en las urnas de la sangre
derramada por esos depredadores, que se mofan de nuestras mezquinas
disputas al no conocer otra ideología que la del dogmatismo feroz.
Vivimos días oscuros, sin duda. El terrorismo islamista golpea
implacablemente el corazón de nuestras sociedades y ha logrado
infiltrar a sus secuaces en nuestras calles y plazas para sembrarlas
de espanto. Pero la respuesta a esas bestias no puede consistir en
hacer el caldo gordo a populistas de uno u otro signo, porque si en
algo conciden depredadores y carroñeros es en su hostilidad
manifiesta al pluralismo y la libertad. Nada se asemeja tanto al
fanatismo religioso como el totalitarismo político. La historia se
ha encargado de probarlo hasta la saciedad. Por eso es indispensable
incrementar la seguridad tanto como la información. Reforzar los
controles que hagan falta. Hacer mucha más pedagogía. ¿Rendir
nuestras convicciones? ¡Jamás!
La singularidad 'nacional' de Cataluña
Jesús Laínz Libertad Digital 24 Diciembre 2016
Por el momento son sólo frases, mensajes cortos, medias palabras,
anticipos. Pero, dada la experiencia sufrida por los españoles desde
que Suárez empezó a alzarse las enaguas ante los separatistas,
alzamiento agravado paulatinamente, sin excepción, por Calvo-Sotelo,
González, Aznar, Zapatero y Rajoy, nada bueno debemos esperar de los
déspotas iletrados que desgobiernan desde Moncloa de espaldas a los
españoles y en contra de la voluntad hasta de sus votantes.
Se habla de distensión, de consenso, de inexistencia de límites para
el diálogo, de benevolencia judicial con quienes llevan años
cometiendo todo tipo de delitos, de "gestos" con la lengua catalana
–cuando la perseguida en Cataluña es la española–, de reforma
constitucional para mimarles un poco más, de que algo habrá que
conceder, de que alguna razón tendrán…
Siguen nuestros gobernantes sin comprender que el separatismo no
está provocado por un problema de fondo del que los separatistas
serían consecuencia, sino que son ellos los creadores de un
problema, antes inexistente, mediante su paciente operación de
lavado de cerebro masivo, eficaz tanto en Cataluña como en el resto
de España e incluso más allá de nuestras fronteras, como veremos a
continuación. Y también siguen sin comprender que, tras la primera
siembra efectuada por Jordi Pujol, el español ejemplar, los que han
regado generosamente el terreno han sido los gobernantes de Madrid.
Gobernantes que, en un Estado de Derecho de verdad, hace ya muchos
años que habrían pasado por los tribunales para responder por sus
continuos incumplimientos de la ley, Constitución incluida.
Pero, ya que tan convencidos están de esa singularidad catalana que
parece exigir que los españoles estemos perpetuamente dando la razón
a los separatistas hasta el punto de incumplir, reformar y
reinventar Constituciones para satisfacerles, plantearemos aquí una
sencilla cuestión con la vana esperanza de obtener respuesta.
El Instituto Geográfico De Agostini publica desde hace ciento doce
años su prestigioso Calendario Atlante, informadísimo atlas
socioeconómico con información actualizada de todos los países del
mundo. Como dato inicial apuntaremos que España queda dividida en
los siguientes "grupos étnicos": españoles (74,4%), catalanes
(16,9%), gallegos (6,4%) y vascos (1,6%). Ya desde el principio
sorprende la facilidad con la que se identifica lo castellano –para
ser precisos, las provincias monolingües– con lo español, quedando
el resto excluido de dicha categoría.
Pero lo más interesante proviene de la comparación con otros países.
Alemania, por ejemplo, queda dividida étnicamente entre un 92% de
alemanes y el resto subdividido entre ciudadanos de otras
nacionalidades presentes en suelo alemán, es decir, la población
emigrante (turcos, yugoslavos, italianos, griegos, etc). No se
considera a prusianos, sajones, renanos o bávaros como grupos
diferenciables, a pesar de sus muy notables diferencias históricas,
dialectales, culturales y religiosas, muchas de ellas mayores que
las existentes entre las regiones españolas. Para empezar, la gran
línea divisoria, de medio milenio de antigüedad, entre católicos y
protestantes. Y continuando con el hecho de que no conformaron una
unidad política hasta hace ciento cuarenta años, tras una guerra
entre bávaros y prusianos en 1866, algo inimaginable en España.
En el Reino Unido pasa lo mismo: los grupos étnicos a considerar
están definidos por el color de la piel: un 92% de blancos en
contraste con los grupos extraeuropeos (hindúes, negros y
pakistaníes). No se menciona ni a galeses ni a escoceses, naciones
reconocidas constitucionalmente y de personalidad histórica, étnica
y lingüística indudablemente no menor que la que gallegos, vascos y
catalanes tienen en relación con el conjunto de España.
Lo mismo sucede con Italia, donde no se hace matiz alguno entre
tiroleses, sardos, piamonteses, lombardos y sicilianos, a todos los
cuales se considera igualmente italianos sin atender a las
divisiones históricas, culturales y lingüísticas, mucho más
numerosas y profundas que las existentes en España. ¿Por qué las
zonas lingüísticas italianas, de enorme contraste, no son
consideradas constituyentes de entidades étnicas singularizables,
mientras que en España sí? ¿Por qué los vascos, mayoritariamente
hispanohablantes, son considerados distintos de los españoles y los
sudtiroleses, mayoritariamente germanohablantes, no son considerados
distintos de los italianos? ¿Por qué los catalanohablantes de España
son considerados étnicamente distintos y los de Cerdeña no? ¿Cuál es
la causa de esta sorprendente diferencia de criterios?
Y, finalmente, el caso más cercano y de contradicción más evidente:
Francia. Porque la población francesa queda dividida, una vez más,
entre un 93% de franceses y el resto repartido entre argelinos,
senegaleses, cameruneses, marroquíes, turcos, españoles,
portugueses, italianos y otros. Es decir, que las únicas divisiones
étnicas rastreables en suelo galo son las referidas a los emigrantes
extranjeros. No se menciona ni a corsos ni a normandos ni a bretones
ni a gascones ni a provenzales ni a alsacianos, de peculiaridades
culturales y lingüísticas no menores que las existentes en España.
Pero lo más sorprendente de todo es que los vascofranceses y los
catalanofranceses no son considerados constituyentes de una unidad
étnica diferenciada en el conjunto de Francia, mientras que los
vascoespañoles y los catalanoespañoles sí.
¿Por qué?
Como ningún responsable político dará nunca ninguna respuesta, la
daremos nosotros: porque la visión de la realidad española está
deformada por la inmensa falsificación separatista, jamás combatida
desde las instituciones.
Por eso se la han tragado sin rechistar los catalanes, los españoles
–empezando por sus ignorantísimos políticos– y los extranjeros.
www.jesuslainz.es
YIHADISMO
El enemigo ya está dentro
Fernando Díaz Villanueva vozpopuli.com 24 Diciembre 2016
En los dos últimos años el yihadismo se ha cobrado unas 250 vidas en
Europa occidental. No es algo y aislado ni puntual, es una tendencia
que promete acompañarnos durante mucho tiempo y ante lo que no se ha
encontrado solución. Europa, un lugar confiado y lleno de ciudades,
es el lugar idóneo para atentados como los de París, Niza o Berlín,
masacres todas conectadas por una serie de puntos comunes. No existe
relación orgánica ni personal entre los autores de los mismos,
apenas hay planificación previa y los terroristas no buscan forzar a
los Gobiernos a tomar esta o aquella decisión, como si sucedía en la
edad dorada de los secuestros aéreos allá por los años setenta. La
suya es una violencia ciega, indiscriminada, que busca el daño por
el daño y que sobre el pánico general se cimente la supremacía de su
causa.
Pero lo más desconcertante de todo, y precisamente lo que nadie
quiere reconocer por miedo a ser tachado de racista, es que esta vez
el enemigo está dentro. Ni los asesinos de los caricaturistas de
Charlie Hebdo, ni los pistoleros de París, ni los que pusieron las
bombas en el aeropuerto de Bruselas, ni los “camioneros” de Niza y
Berlín llegaron desde fuera con el propósito de matar y luego
marcharse. En todos los casos o habían nacido en Europa o llevaban
ya mucho tiempo aquí.
Amri Anis, el principal sospechoso del atentado de Berlín, un
tunecino sobre el que pesaba una orden de deportación, había entrado
en la Unión Europea hace varios años. Este tiempo lo ha pasado entre
Italia y Alemania. En la primera fue condenado a cinco años de
prisión, cumplió su condena y se trasladó a Alemania durante el
verano de 2015 donde, confundido en los guetos urbanos de
inmigrantes en los que crece y prospera la veta más radical del
islamismo, planeó el atropello del mercadillo navideño.
Uno de los principales problemas de Europa hoy es la mera existencia
de esos guetos, auténticas sociedades paralelas, Estados dentro del
Estado en las que las leyes republicanas se desvanecen y son
sustituidas por distintas formas más o menos encubiertas de sharia.
En lugares así los terroristas encuentran el cobijo idóneo para
vivir tranquilos, pasar desapercibidos y arremeter contra el país de
acogida cuando creen que ha llegado su momento de inmolarse en
nombre de Alá. A veces ni siquiera necesitan sacrificar su propia
vida, ya que esos mismos barrios al margen de la república los
amparan y protegen tras una espesa e impenetrable capa de silencio y
complicidad.
Salah Abdeslam, hoy encerrado en una cárcel francesa de máxima
seguridad, huyó tras la matanza de París y estuvo durante cuatro
meses viviendo en su barrio de Bruselas sin que nadie le incomodase.
A los belgas no les extrañó lo más mínimo, Bélgica, Holanda, Francia
o la propia Alemania tienen zonas en las que la policía no entra y
los jueces no intervienen, territorios perdidos de sus respectivas
repúblicas que los gobernantes de esas mismas repúblicas no parecen
demasiado interesados en recuperar por miedo a empeorar las cosas o,
lo que es más grave aún, por el desasosiego que les produce tener
que enfrentarse al sanedrín de lo políticamente correcto.
Pero el huevo de la serpiente está ahí. Pueden detener, juzgar y
condenar a la pena más dura que la ley permita al asesino de Berlín,
pero eso no secará la fuente. Amri Anis no es más que una gota, una
consecuencia de un problema mucho mayor que no saben como atajar por
la simple razón de que no quieren reconocer que el enemigo está
dentro y que la culpa es enteramente suya.
La Airef vuelve a chocar con Montoro: pide
déficit a la carta para las CCAA
El organismo cree que el objetivo único impuesto impuesto por
Hacienda “supone un riesgo de desviación” para el conjunto de las
regiones.
D. Soriano Libertad Digital 24 Diciembre 2016
El establecimiento de objetivos homogéneos en este momento para
todas las comunidades autónomas supone un riesgo de desviación para
las más alejadas del objetivo y probablemente para el conjunto del
subsector.
No habían pasado ni 24 horas desde que el Consejo de Política Fiscal
y Financiera (CPFF) fijase los objetivos de déficit para las CCAA y
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya
había iniciado una nueva polémica con Cristóbal Montoro. El
organismo, que el Gobierno se vio obligado a crear a requerimientos
de la UE, está siendo un dolor de cabeza constante para el ministro
de Hacienda.
En esta ocasión, el choque ha llegado a cuenta de los objetivos de
déficit de las regiones. El jueves, el CPFF aprobó la propuesta de
Hacienda (como siempre, porque el Gobierno mantiene el control del
órgano, en el que posee más de la mitad de los votos). Según esa
propuesta, el año que viene ninguna comunidad podrá superar el 0,6%
del PIB de déficit. Tanto las que este año estarán más o menos cerca
de esa cifra como las que se quedarán muy lejos, todas tendrán el
mismo límite.
Desde hace años, ésta ha sido la cuestión fundamental alrededor de
la que ha girado la negociación entre el Gobierno, las comunidades
autónomas cumplidoras y las incumplidoras. Por un lado, están las
regiones con menos déficit, que exigen que el objetivo sea el mismo
para todas, para no crear una discriminación que consideran injusta.
Por otro, están los gobiernos autonómicos con un déficit más
elevado, que siempre han pedido que el ritmo de reducción del
déficit se acompase a la situación particular de cada uno.
No es un debate sencillo. Por un lado, es evidente que si acabas
este año con un déficit del 0,7%, te resultará más sencillo llegar
al 0,6% en 2017. Es más, incluso podría pensarse que hay regiones
que podrían terminar en el 0,2-0,3%. ¿Por qué no exigir al que más
puede que llegue a esa cifra? ¿Por qué quedarnos en el 0,6% cuando
pueden ir más allá? Además, así se daría más margen para que otras
se queden por encima del 0,6% del conjunto de las CCAA. También es
cierto que abrir la mano y poner un objetivo de déficit superior
para algunas autonomías puede ser un incentivo perverso a futuro. Si
un gobierno regional ve que se da más margen a los incumplidores,
puede pensar en ignorar su objetivo, con la idea de ser beneficiado
a futuro.
En este sentido, el FMI también propuso hace unas semanas un esquema
de objetivos diferenciados. Eso sí, unió este posible déficit a la
carta a un control estricto de los resultados, incluso con premios y
castigos en función del cumplimiento de cada autonomía, con
"transferencias ligadas a resultados".
La Airef no llega hasta ese punto. Entre otras cosas porque el
organismo no entra a determinar un esquema diferente al de Hacienda.
Los autores del informe afirman que no es su función "presentar una
propuesta alternativa" a la de Montoro, sino simplemente analizar si
lo aprobado por el CPFF facilitará el cumplimiento del objetivo
previsto o no.
En este sentido, las conclusiones más importantes del informe de la
Autoridad Fiscal son las siguientes:
Riesgo de incumplimiento: "La AIReF debe alertar de la existencia de
riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales a lo largo del ciclo
presupuestario, cuyo primer hito es la fijación de los objetivos de
déficit y deuda".
Sin cifras en los documentos de Hacienda: "La documentación recibida
no incorpora una previsión de cierre de déficit público en 2016 que
permita valorar la situación de partida para la fijación de los
objetivos del período 2017-2019, ni tampoco una estimación de la
evolución esperada de los ingresos en los próximos años".
Hacienda y sus conclusiones no respaldadas: "Esta consideración [la
afirmación de Hacienda de que todas las regiones podrán cumplir con
el objetivo para 2017] no está respaldada metodológicamente por
ninguna métrica y descansa en una simple comparación de las
posiciones relativas respecto al año 2013".
Déficit a la carta: "Desde la perspectiva de factibilidad, la AIReF
considera que, en este momento, el establecimiento de objetivos
homogéneos para todas las CCAA supone un riesgo de desviación para
las CCAA más alejadas del objetivo y probablemente para el conjunto
del subsector, lo que tiene un coste en términos de credibilidad".
Críticas a la falta de tiempo: "El binomio equidad-factibilidad y el
peso que se dé a cada uno de sus términos es una decisión que
requiere de un debate previo que no es posible dado el plazo
existente entre la celebración de la sesión preparatoria y el pleno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se vota la
propuesta del MINHAFP".
Esfuezo pasado y futuro: "Cualquier evaluación de un reparto de
objetivos de déficit hacia adelante debe incorporar aspectos de
equidad, por lo que la AIReF ha hecho un ejercicio de análisis
conjunto de factibilidad y equidad mediante una relación de
sustitución intertemporal de esfuerzo pasado y futuro".
Como puede verse, es un rapapolvo en toda regla. Y no es el primero.
Más allá de lo que cada uno opine sobre quien tiene razón en este
caso, llama la atención la dureza de la crítica. También es cierto
que para esto está un organismo como la Airef. Cuando se instituyó,
muchos eran escépticos acerca de su capacidad para fiscalizar de
verdad al Gobierno. En otros organismos las intenciones iniciales se
han evaporado al poco tiempo y el Ejecutivo de turno ha pasado a
controlar al supuesto ente independiente. Por ahora, bajo el mandato
de José Luis Escrivá, la Airef mantiene el ritmo de publicaciones
previsto y sus informes no son nada complacientes con el Gobierno.
Los 17 consejos del Defensor del Pueblo al
Gobierno para proteger mejor a las víctimas de ETA
Las recomendaciones están dirigidas a los ministerios de Interior,
Justicia, Exteriores y Educación, así como a la Fiscalía General del
Estado.
J. A. B. Libertad Digital 24 Diciembre 2016
Año y medio después de que el Pleno del Congreso de los Diputados
solicitase al Defensor del Pueblo la elaboración de un estudio sobre
cómo mejorar la defensa de los derechos de las víctimas de la
organización terrorista ETA, el citado trabajo, que se acerca al
centenar de páginas de extensión, ha sido presentado en las últimas
horas por la oficina que dirige Soledad Becerril en la Cámara Baja.
En el mismo, fruto de horas de reuniones con las organizaciones de
víctimas y tras recibir dos informes solicitados al Ministerio del
Interior y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se recogen hasta
17 recomendaciones, que van agrupadas en función de qué ministerio
del Gobierno y parte del Estado deberían actuar sobre ellas. En
total se dirigen a los ministerios de Interior, Justicia, Exteriores
y Educación, así como a la Fiscalía General del Estado.
Al Ministerio del Interior
Unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales
por delitos de terrorismo, así como la documentación administrativa
complementaria, cualquiera que sea la jurisdicción que haya conocido
sobre ellas, en cooperación con el Ministerio de Justicia.
Analizar, con la participación de las Asociaciones de Víctimas del
Terrorismo, las posibilidades de perfeccionamiento de la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, con especial atención a la
equiparación de indemnizaciones.
Revisar la actualización de los plazos para el ejercicio de los
derechos de las víctimas con el fin de evitar su prescripción, y
atender a los derechos de los heridos.
Crear un Registro Oficial de Víctimas del Terrorismo, en cooperación
con la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia
Nacional y demás Administraciones competentes.
Reforzar los programas de asistencia psicológica a las víctimas
directas del terrorismo (heridos y supervivientes de los atentados)
teniendo en cuenta la prevalencia a largo plazo del daño psicológico
causado por el terrorismo.
Reforzar los programas de asistencia psicológica a las víctimas
indirectas del terrorismo (familiares de fallecidos o heridos en los
atentados) teniendo en cuenta la prevalencia a largo plazo del daño
psicológico causado por el terrorismo.
Al Ministerio de Justicia
Unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales
por delitos de terrorismo, así como la documentación administrativa
complementaria, cualquiera que sea la jurisdicción que haya conocido
sobre ellas, en cooperación con el Ministerio del Interior.
Reforzar el derecho de las víctimas a acceder a la información
disponible relativa a las investigaciones judiciales realizadas para
el esclarecimiento de los hechos y la averiguación de la identidad
de los autores.
Dotar adecuadamente a la Oficina de Atención a las Víctimas del
Terrorismo de la Audiencia Nacional de los medios personales y
materiales necesarios para el desarrollo de las funciones que la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, le asigna.
Aprobar una relación de puestos de trabajo de la Oficina de Atención
a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y regular las
relaciones de cooperación de las Administraciones y Tribunales con
la Oficina, para reforzar su papel de asistencia real a las
víctimas.
Al Ministerio de Asuntos Exteriores
Establecer un Plan de actuación en el ámbito internacional, con
participación en su diseño y ejecución de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo y de las Asociaciones de Víctimas, para un mejor
conocimiento del daño causado por el terrorismo en foros
internacionales, particularmente en el ámbito de las Naciones
Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea.
Reforzar la acción exterior del Estado encaminada a satisfacer el
derecho a la justicia de las víctimas para lograr las extradiciones
solicitadas por España de los autores de atentados terroristas que
se encuentran en libertad en algunos países.
Al Ministerio de Educación
Mantener, en el marco de un posible Pacto Nacional por la Educación
y en los Reales Decretos por los que se establece el currículo
básico de la ESO y el Bachillerato, dentro de los elementos comunes,
el objetivo general de fomentar el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo.
Incluir, en los citados Reales Decretos, el rechazo al terrorismo
desde una óptica filosófica y moral, en consonancia con la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
A la Fiscalía General del Estado
Continuar las actuaciones procesales emprendidas para intentar la
depuración de responsabilidades penales en los atentados terroristas
no resueltos.
Evitar la prescripción de los mismos y ejercer las iniciativas
pertinentes en el procedimiento de extradición de aquellos miembros
de la organización terrorista ETA que no estén a disposición de la
justicia española, y tienen causas judiciales pendientes en nuestro
país.
Valorar la conveniencia de profundizar en la aplicación del concepto
jurídico de crimen de lesa humanidad al terrorismo de ETA.
Insumisión: ¡No con mi hijo!
Rocío Monasterio gaceta.es 24 Diciembre 2016
Llegan las mordazas, llegan las sanciones, parece que nuestros
políticos renuncian a defender la idea de Libertad.
Esta semana hemos presentado en Madrid la Plataforma por las
Libertades. La plataforma tiene como objetivo la defensa de la
libertad frente a la imposición de las llamadas leyes de ideología
de género. Y nada más ver la luz, ayer, cuando nos encontrábamos
informando de las leyes LGTBI aprobadas en distintos puntos de
nuestra geografía, vemos con estupor como en un acto de
totalitarismo y de tiranía propia de los peores regímenes, la
Comunidad de Madrid ha multado al director del colegio Juan Pablo II
con una sanción por incumplir la Ley LGTBI. Resulta que este
director, Carlos Martinez, había discrepado. Este director,
cumpliendo con su obligación de velar por lo mejor para los niños y
cumpliendo con la tarea que los padres le habían encomendado -educar
a sus hijos en el ideario católico del colegio- había osado ¡fíjense
que atrevimiento! en dirigirse a los padres por carta denunciando la
incompatibilidad que suponía dar los contenidos que impone la Ley
con el ideario del colegio.
Sí señores, como lo están leyendo. No estoy hablando de Cuba, donde
los niños son adoctrinados en “Socialismo o muerte”, estoy hablando
de España, dónde pensábamos que la libertad era un valor
conquistado. Pero resulta que no es así, resulta que gracias al
régimen adoctrinador impuesto por todos los partidos parlamentarios,
nuestros niños, como nos despistemos acabarán gritando: “género o
sanción”. O llegarán a casa a merendar cualquier día y tendremos el
siguiente dialogo con nuestro hijo de doce años:
“¿Juan qué tal hoy en el cole? Bien mamá, hoy la profesora de
igualdad me ha sacado de clase y me ha dicho que durante todo el día
en vez de ser Juan, iba a ser Valentina, que por favor volviera a
entrar en clase y contará a mis compañeros mi nueva identidad de
género, ellos tenían que respetar mi nueva elección y yo he tenido
que explicarles con detalles mis nuevas prácticas sexuales y el
nuevo modelo de familia”. (Datos obtenidos de manuales de cursos ya
impartidos en colegios en Madrid) .El día que se produzca ese hecho
será tarde para reaccionar.
No vamos a esperar a que lleguéis a nuestros niños. Se ha acabado
nuestra paciencia. Estamos indignados y estamos cansados de la
continua intromisión del Estado en nuestras vidas, hartos de la
continua vulneración de nuestros derechos y libertades básicas. Nos
hemos cansado de comprobar como unos seudopolíticos que trabajan
para los líderes del mundialismo, sumisos, cabizbajos y arrastrando
su dignidad, cumplen las consignas del totalitarismo de género o de
lo que toque, imponiéndonos una visión del mundo sesgada, equivocada
y que no respeta la nuestra.
A partir de hoy nos plantamos los que siempre hemos estado callados,
los silenciosos, los educados, los tolerantes, los respetuosos con
la diversidad, los que intentamos integrar, los que nunca se nos ha
ocurrido discriminar a nadie. Los que nunca hemos hecho diferencias
porque pensamos y defendemos que todos, todos, somos iguales en
dignidad, da igual la raza, la religión o la sexualidad. Hemos
aguantado todo tipo intromisiones: en nuestros bolsillos, cuando nos
suben los impuestos despreciando el fruto de nuestro esfuerzo; en
nuestra forma de vida; en nuestra libertad religiosa, que ya se
puede irrumpir desnuda en una capilla lanzando consignas de odio; en
nuestros medios de comunicación, cada vez más dominados y
obedientes; hasta en nuestra forma de pago… Pero esto ya no, esto va
demasiado lejos. Esto no lo vamos a consentir: que los políticos y
el Estado se atrevan a entrar en nuestras casas y colegios a
adoctrinar a nuestros hijos, y que el simple hecho de denunciarlo
conlleve una multa, eso no, desde luego que ni hablar ¡No con
nuestros hijos!
Ahora, os exigimos a los políticos que nos escuchéis y os lo vamos a
decir muy claro: No vamos a permitir que nos impongáis ideologías
totalitarias y no vamos a permitir que vayáis a adoctrinar a
nuestros niños, que indefensos, sin la madurez suficiente para tener
criterio, son las víctimas perfectas para ser moldeadas por los
totalitarios. Vuestras ideas ya no ilusionan a nadie, claro, y por
eso habéis decidido hacer lo propio del comunismo, que tan bien
conozco, habéis decidido ir a por los más débiles para machacarles
con ideas equivocadas, repitiéndolas hasta el infinito. “Género o
sanción”, ideas que sólo enseñan una realidad de vuestro mundo, sin
permitir las nuestra. Queréis acabar con el entorno en el que se han
criado nuestros niños, que es la familia, es un obstáculo, os
estorba para vuestros planes de uniformarnos para convertirnos en
los perfectos consumidores esclavos de vuestra doctrina y caprichos.
La institución de la familia os molesta porque es la resistencia, el
asidero, al que el individuo recurre cuando tiene que protegerse de
vosotros, políticos dictadores. Pretendéis que toleremos todo, todo,
pero vosotros no respetáis lo nuestro: ni nuestros valores, ni
nuestra libertad. Pretendéis celebrar todas las fiestas, todas,
menos las nuestras, que las queréis transformar y paganizar. Os
atrevéis a decir que gracias a vuestras leyes podremos expresarnos
con libertad, con libertad menos cuando vayamos a hablar de nuestros
valores.
¡Se acabó! se acabó la mordaza, estábamos aletargados pero no
dormidos, hoy ha empezado la insumisión de los silenciosos, la
rebeldía de los padres y madres anónimas, de los periodistas libres,
de los escritores que quieren investigar sin censuras, de los
profesores que creen en educar y no en adoctrinar, hemos empezado a
gritar, a dar un grito a favor de la libertad y nos vamos a unir
para defendernos. Políticos sumisos, se os ha acabado el crédito,
nos hemos cansado de vosotros, id buscando otra ocupación si alguna
vez la encontráis fuera de los pesebres que os habéis creado para
exprimirnos. Nos vais a tener enfrente, enfrente con el coraje de un
padre o con el de una madre que defiende lo que más quiere y al que
le pueden esquilmar, dejar sin trabajo, machacar pero que nunca
renunciará a dejarle a sus hijos el legado más importante, lo único
que no es efímero, lo único que se traspasa, que perdura en las
familias y que en estas fechas tan especiales de la Navidad
reivindicamos con más fuerza que nunca: nuestros valores cristianos.
Lo siento, pero se acabó, escuchad totalitarios de todos los
partidos: ¡Con mi hijo no!
acuden al senado
VOX vuelve a exigir al Gobierno que
suspenda la autonomía de Cataluña
La Gaceta 24 Diciembre 2016
Registra una petición en el Senado para que el Ejecutivo aplique el
artículo 155 de la Constitución en Cataluña como consecuencia de la
llamada “Cumbre por el referéndum”.
El presidente de VOX, Santiago Abascal, y el secretario general,
Javier Ortega, han presentado este viernes en el Senado una petición
al Gobierno para exigir que aplique el artículo 155 de la
Constitución en Cataluña como consecuencia de la llamada “Cumbre por
el referéndum” que se celebra en Barcelona. Durante este acto,
convocado por el presidente Carles Puigdemont, fuerzas separatistas
intentarán escenificar el impulso para la celebración de un
referéndum separatista en Cataluña en 2017 y demostrar que la
Generalitat no piensa modificar la hoja de ruta secesionista.
VOX ha denunciado en el escrito que la Generalitat y el Parlamento
de Cataluña “vulneren la indivisible soberanía nacional del pueblo
español y desobedezcan las resoluciones de sus Tribunales de
Justicia en claro desafío y conculcación legal del ordenamiento
constitucional ”. "Vienen promoviendo desde Instituciones públicas y
con iniciativas legislativas, acciones políticas, propagandísticas y
de financiación con cuantiosos fondos públicos un evidente golpe de
Estado institucional en Cataluña para llevar a cabo su anunciada
Declaración Unilateral de Independencia de una parte del territorio
español. El Gobierno de España se encuentra legitimado y obligado
constitucionalmente para instar el procedimiento de protección del
interés general de España y en defensa de la Nación previsto en el
artículo 155 de la Carta Magna, aprobada por la inmensa mayoría de
los españoles, con mayor porcentaje aún de los que residen en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, y por ello, su cumplimiento es
además de una exigencia legal, dentro de las ineludibles funciones
que le corresponden al Gobierno, un deber moral y patriótico de
quienes lo conforman”.
En el escrito solicitan la tramitación por el Senado del artículo
155 de la Constitución a instancias del Gobierno de España: “El
Ejecutivo, previo requerimiento al Presidente de la Generalidad de
Cataluña, deberá iniciar la tramitación urgente prevista en el
artículo 189 del Reglamento del Senado, para la aprobación y
aplicación efectiva de las medidas concretas de intervención
amparadas por el citado artículo 155 de la Constitución Española”,
dicen.
Tras presentar el escrito, Santiago Abascal ha declarado que “la
unidad de España no se discute, ni se vota, se defiende”. Y ha
concluido: “Si Mariano Rajoy no cumple con su obligación, defender
España y su orden constitucional, interpondremos la correspondiente
querella criminal por delitos de dejación de funciones ante el
Tribunal Supremo”.
presidente de educatio servanda
'Vamos a recurrir la sanción, supone un
atropello a la libertad de expresión'
L.G. gaceta.es 24 Diciembre 2016
Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda a
la que pertenece el colegio Juan Pablo II, denuncia que la nueva ley
LGTBI de la Comunidad de Madrid amordaza a las personas que piensan
de manera distinta o tienen una concepción de la sexualidad humana
distinta.
La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, ha
iniciado un procedimiento sancionador a Carlos Martínez, director
del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, por una carta que
envió a las familias del centro en la que advertía acerca de la
ideología de género y la nueva ley contra la LGTBIfobia aprobada el
pasado mes de julio en la Asamblea de Madrid.
En su carta, el director del centro denunció el dogmatismo de acusar
de discriminación a quien piensa diferente y el despropósito de
pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones. Ahora se
enfrenta una sanción de la Comunidad de Madrid por estas
afirmaciones.
Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda a
la que pertenece el colegio Juan Pablo II, ha hablado sobre la
actuación de la Comunidad de Madrid en el programa El gato al agua y
ha asegurado que lo que está en juego en este caso es la libertad de
expresión.
"No estamos ante un problema de discriminación del colectivo LGTBI,
estamos ante un problema de la negación del derecho a la libertad de
expresión, de opinar distinto y de criticar una ley con la que no
estamos de acuerdo", resalta Corvera. "Es una ley que amordaza a las
personas que pensemos de manera distinta, que tengamos una
concepción de la sexualidad humana distinta", ha añadido.
El presidente de Educatio Servanda ha anunciado que su fundación
recurrirá la propuesta de sanción. "Vamos a recurrir la sanción
primero en el camino administrativo, creemos que es importante por
lo que supone de atropello a la libertad de expresión", ha afirmado.
Corvera advierte que con la nueva ley LGTB aprobada el pasado mes de
julio en la Comunidad de Madrid, se abren las puertas para que haya
sanciones a las personas que piensen de manera distinta. "Cualquier
persona que piense de manera distinta sobre la sexualidad puede ser
objeto de sanción", sostiene.
También ha recordado que la Fiscalía no ha apreciado delito en la
carta y que la inspección educativa concluyó que no vulneraba la
normativa que rige los conciertos y que las familias del centro
afirmaban estar “muy contentas” con la educación que recibían sus
hijos. La sanción ha llegado por la nueva ley LGTBI, y es esta norma
la que tipifica la sanción que se pretende imponer al director del
colegio Juan Pablo II. Corvera ha invitado a la gente, por tanto, a
consultar la ley y leer sus artículos.
En su intervención en la tertulia política de Intereconomía TV,
Corvera ha asegurado que se debe luchar contra la discriminación,
pero no imponer por ley una determinada idea. Asimismo, ha querido
poner de manifiesto el absoluto respeto de su fundación hacia la
dignidad de la persona y su consideración de que la lucha contra
cualquier discriminación injusta es una causa loable.
denuncia de la plataforma por las libertades
La sanción al director del colegio Juan
Pablo II vulnera la libertad de expresión
La Gaceta 24 Diciembre 2016
La plataforma ha mostrado su profunda solidaridad con el director
del centro por la sanción de 1.000 euros que le ha sido impuesta por
expresar su opinión acerca de la Ley de Ideología de Género.
La Plataforma por las Libertades, formada por más de un centenar de
asociaciones del ámbito educativo y social, ha mostrado su profunda
solidaridad con el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón
por la sanción de 1.000 euros que le ha sido impuesta en virtud de
la aplicación de la Ley de Ideología de Género y LGBTI aprobada en
la Comunidad de Madrid.
A través de un comunicado, la plataforma denuncia que la sanción
impuesta al director del colegio Juan Pablo II "vulnera de manera
flagrante la libertad de expresión" y pone de relieve el carácter
arbitrario del régimen sancionador de estas leyes.
Esta plataforma resalta que la sanción ha sido impuesta "a pesar del
criterio contrario del fiscal y de la inspección educativa de la
Comunidad de Madrid", que no vieron indicios de delito o falta en la
carta enviada por el director del centro a las familias en la que
advertía de los peligros de la ley LGTB madrileña.
Asimismo, la Plataforma por las Libertades ha anunciado que se ha
puesto en contacto con el centro para ofrecerle sus servicios
jurídicos y el apoyo necesario.
La sanción a la que se enfrenta el director del colegio Juan Pablo
II da la razón a la Plataforma por las Libertades, que en su
Manifiesto señala que la libertad en España se encuentra amenazada
por la aprobación de leyes totalitarias que, bajo el pretexto de
combatir la “LGTBIfobia”, tratan de imponer una ideología y vulneran
derechos fundamentales de los ciudadanos.
En el manifiesto se denuncia que estas leyes impiden que se pueda
opinar en libertad bajo pena de sanción, niegan el derecho a la
libertad de quienes no comparten la ideología de género y atentan
contra la libertad de educación y el derecho de los padres a educar
a sus hijos según sus propias convicciones.
DENUNCIA
Los libros de texto ignoran a las víctimas
del terrorismo
La Defensora del Pueblo critica "la ausencia total de reflexión
sobre las consecuencias de los atentados"
La Defensora del Pueblo pide a la Fiscalía que actúe en los
atentados de ETA aún sin resolver
FERNANDO LÁZARO Madrid El Mundo 24 Diciembre 2016
El estudio sobre los derechos de las víctimas de ETA elaborado por
el Defensor del Pueblo denuncia una situación grave: la falta de
historia, la falta que a su entender existe en la enseñanza española
sobre lo que es ETA y sus consecuencias. Asimismo, constata que los
jóvenes tienen una enorme carencia de conocimiento sobre lo que son
las víctimas del terrorismo. En dicho escrito, Soledad Becerril
reclama que esta situación sea subsanada en el plano de la
Educación, en un futuro pacto para sacar adelante un modelo
educativo. «La educación de los jóvenes es esencial para el
compromiso de lo que el terrorismo significa por las futuras
generaciones. En los manuales de historia analizados no se explicita
la perspectiva ni el pensamiento de las víctimas, así como las
consideraciones filosóficas, antropológicas y éticas sobre el
terrorismo de ETA».
Cuestiona el tratamiento que se da al terrorismo de ETA en varios
libros de Historia de España de Segundo de Bachillerato y, por ello,
pide que esta cuestión se aborde en el marco del futuro Pacto
Nacional por la Educación.
Alerta de que existe una «ausencia total de algún ejercicio de
reflexión sobre las consecuencias sociales, políticas y personales
de los atentados, secuestros o amenazas», apunta el informe.
Considera que los jóvenes deben conocer en la escuela lo que ha sido
ETA y dar voz a las víctimas del terrorismo para que les cuenten lo
que les supuso la irrupción del grupo terrorista en sus vidas. «Hay
que fomentar el respeto y consideración a las víctimas de
terrorismo» e incluir el rechazo a esta lacra «desde una óptica
filosófica y moral» en el futuro pacto educativo y en los reales
decretos por los que se establece el currículo básico de la ESO y el
Bachillerato.
Durante el análisis de un total de 14 manuales de texto, la
institución detectó que un libro de la editorial Akal contiene un
documento de ETA que incluye la reivindicación de los terroristas
del atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco en 1973. Sin
embargo, en «ninguno» de los libros examinados «se encuentra un solo
testimonio o una reflexión» de una víctima de terrorismo «como texto
complementario».
También hace hincapié en que los libros «apenas» reflejan
estadísticas concretas de asesinatos y de atentados terroristas, y
tampoco incorporan «imágenes que reflejen la barbarie del
terrorismo».
«Un planteamiento antropológico que explicara el carácter
intrínsecamente perverso del terrorismo ayudaría mucho a que las
futuras generaciones de españoles conocieran realmente lo que
significa y lo que supone convivir con él dentro de un régimen de
libertades», destaca.
Pero el informe no se detiene sólo en la Educación. También apunta,
citando varios informes, que siguen siendo más de 300 los crímenes
de ETA sin resolver por la Justicia y reclama un esfuerzo al Estado
para que las víctimas conozcan quién acabó con la vida de los suyos.
Además, reclama a la Fiscalía General del Estado, como reclama con
perseverancia la asociación Dignidad y Justicia, que valore la
conveniencia «de profundizar en la aplicación del concepto jurídico
del crimen de lesa humanidad al terrorismo de ETA». Insiste de nuevo
en la necesidad de articular un procedimiento para que los
desterrados por causa de ETA del País Vasco y Navarra puedan volver
a ejercer su derecho a voto en las elecciones forales, autonómicas y
locales, proyecto que intentó sacar adelante el Gobierno, sin éxito.
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Disolución política de España: Pacto
secreto para salvar al régimen
Josele Sánchez latribunadelpaisvasco.com 24 Diciembre 2016
Cada día son más las voces que sugieren la necesaria
reforma constitucional que reconvierta a España en un Estado
federal, como profilaxis ante las demandas secesionistas de Cataluña
y de las Vascongadas. La tan cacareada reforma constitucional,
previsiblemente consensuada entre PP y PSOE, será la coartada
democrática para la autodisolución política de España.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con la monarquía? Felipe VI reina
siguiendo el camino trazado por su padre, con un estado autonómico
que blinda a la corona a costa de la soberanía nacional y cede ante
las pretensiones de las burguesías separatistas. La corona,
constitucionalmente símbolo de la unidad y continuidad del Estado,
está dispuesta a dar cobertura a la liquidación de los resortes
unitarios de España que aún contempla el ordenamiento
jurídico-político en vigor, amparando las reformas y ajustes
necesarios para acomodar el concepto “nación” a las pretensiones
secesionistas de Cataluña y de las Vascongadas.
¿Qué quieren decir cuando nos hablan de una España federal? Una
España federal implica el reconocimiento de la existencia de estados
previos que renuncian a su soberanía a favor de “la federación”.
Como aquí no existen esos estados previos, lo que se pretende es que
España, la única entidad soberana porque su soberanía reside en el
pueblo español, reconozca como “naciones” a Cataluña y las
Vascongadas y les dote de mayores competencias en materia de
fiscalidad, descentralización judicial, educación, lengua, cultura…
que supondrán un agravio comparativo con el resto de las comunidades
autónomas y que, en consecuencia, hará que todos los españoles
dejemos de ser iguales y se establezca categorías de primera y
segunda. “La federación”, la España federal, pese a que abiertamente
no se reconozca, explicitará el derecho de secesión, ya que una
federación implica un pacto internacional para la unión en
determinadas áreas entre estados independiente que conservan su
soberanía y, por tanto, pueden romper este pacto discrecionalmente.
No sólo es el Molt Honorable Carles Puigdemont y sus socios de ERC y
la CUP quienes aprietan las clavijas al Estado; el lehendakari
Urkullu, en coalición bastarda con el PSOE vasco, prepara su proceso
soberanista a la vizcaína, que discurrirá en paralelo con el proceso
secesionista catalán, y que queda sellado en la “hoja de ruta” de la
España federal que va a amparar la propia monarquía. El “proceso de
paz” (un proceso de paz debe darse entre dos bandos en contienda
bélica, aquí lo que hay es una sangriento grupo terrorista que
anuncia que deja de matar), con ETA anunciando el cese definitivo de
la violencia, sellando sus arsenales ante “observadores
internacionales” y desactivando sus comandos, ha abierto el camino a
lo que los secesionistas vascuences denominan “proceso de
normalización del País Vasco” con la convalidación política e
institucional de las siglas derivadas de ETA, las excarcelaciones de
asesinos sanguinarios y el acercamiento de los presos a cárceles de
las Vascongadas.
Presiones secesionistas, desde el norte y desde el noreste de
España, que culminarán con la inminente reforma constitucional que
dejará abiertas, de par en par, las puertas a la disolución
nacional.
Y mientras tanto, ¿qué hace el rey? Lo que de verdad preocupa a la
monarquía y, en consecuencia, al régimen, es su clamorosa crisis de
imagen. Las corruptelas generalizadas, la salida a la luz pública de
sus inmorales privilegios y de las conductas delictivas de sus
élites.
Hasta hace bien poco existía, de manera tácita o explícita, un
vergonzante pacto secreto a tres bandas: monarquía, Partido Popular
y Partido Socialista Obrero Español. El bipartidismo, que ha ido
sosteniendo “la Transición” como la columna vertebral del
sistema, se ha acojonado tras los últimos resultados electorales: la
pérdida millonaria de votos del PP y el descalabro absoluto del
PSOE. Por ello, el régimen está obsesionado con su alarmante pérdida
de credibilidad. Así, ese pacto secreto del que hablo, no está en mi
imaginación: el propio Felipe González ha sugerido que es necesario
reforzar “el bipartito”, incluso con un “gran pacto de Estado entre
PP-PSOE”, poniendo como ejemplo a Alemania.
Y la otra opción, que también ha puesto en marcha la maquinaria del
régimen, es la de “normalizar” a los nuevos partidos: intento de
dulcificar la postura de Ciudadanos respecto a la reforma
Constitucional y “democratizar” a Unidos Podemos, acercándoles a
posiciones más socialdemócratas y menos radicales, que los integre
en el redil y los aleje todo peligro de ruptura de la estabilidad.
Iñigo Errejón está siendo un buen escudero de esta tentativa.
La operación para revitalizar el régimen se puso en marcha con la
abdicación del monarca que, en ningún caso, fue un hecho casual. A
Juan Carlos I se le garantiza la inimputabilidad desde el momento en
que deja de ser Jefe del Estado. La apuesta por el nuevo rey Felipe
VI es fundamental para el régimen, para el bipartidismo que lo
sostuvo y para el multipartidismo que ahora habrá de sostenerlo: un
rey joven, apuesto y preparado, casado con una plebeya, que viene a
tapar las desfachateces cometidas por su padre y que es coreado por
los medios de comunicación palaciegos para ofrecer a la opinión
pública una imagen de inminentes reformas y regeneración moral. La
Casa Real da signos de cambio y modernidad, abre una cuenta en
Twitter e intenta renovarse pretendiendo que la figura de Felipe VI
elimine de la memoria de los españoles a la princesa Corinna, a las
cacerías de elefantes, a Iñaki Urdangarín… Felipe VI es el cartel
estelar del regeneracionismo del régimen, el que como un mago sacará
de su chistera las medidas que se implantarán de manera inminente,
como pretendida “regeneración democrática” con las que contentar al
pueblo español. Para ello resultan imprescindibles medidas
consensuadas entre PP y PSOE (y mejor, todavía si se logra integrar
en ellas a Ciudadanos y a Unidos Podemos) capaces de revitalizar el
régimen y más con todo lo que aún falta por llover: “Bárcenas”,
“Gürtel”, “los ERE de Andalucía”, “el caso Nóos”, “el caso Taula”,
“la operación Púnica”… Infanta, cuñado de rey, ex-presidentes de
comunidades autónomas, diputados, senadores, alcaldes y concejales
que pueden terminar en las cárceles. Así las cosas no es descartable
un acuerdo en forma “ley de punto y final”, una especie de
intercambio de cromos que salve las vergüenzas de los unos y los
otros.
Pero lo bien cierto es que ni PP ni PSOE, ni mucho menos Ciudadanos
ni Unidos Podemos, son quienes deciden los destinos del régimen.
Detrás del parlamento están los que realmente mandan en España, los
poderes económicos: Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya [BBVA],
Repsol, las compañías eléctricas, Gas Natural, los grandes
empresarios… Todos estos son los que están más acojonados ante la
situación política y un previsible estallido popular. Acojonados
ante la aparición del populismo de extrema izquierda y, quién sabe
si más pronto que tarde, del populismo de ultraderecha. Acojonados,
también, ante el número creciente de abstencionistas, esto es, de
desafectos al régimen. Las cúpulas del PP y del PSOE, que sostienen
el régimen y la monarquía, líderes de opinión, tertulianos
articulistas, periodistas y medios de comunicación adláteres del
poder, se han lanzado a una campaña obsesiva contra Unidos Podemos,
como si todos los problemas de España residieran en la formación
dirigida por Pablo Iglesias que se les ha colado inesperadamente por
los sumideros del sistema.
La "troika" sigue exigiendo más sacrificios, más rebajas salariales
y más impuestos indirectos. El régimen (monarquía y “bipartito”)
precisan de un fuerte bloque político que sostenga el sistema.
España no les importa un carajo. Los españoles, tampoco. Lo único
verdaderamente importante es salvar al régimen…
Dejadnos decidir, ¡ya!
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 24 Diciembre 2016
Cuando los secesionistas ven ralear las filas de su tropa, los
estrategas del agitprop cambian el chip de la independencia por el
del derecho a decidir, convertido en el anzuelo apropiado para
pescar podemitas y colauitas renuentes a comprometerse con la
desconexión unilateral. Así fue como consiguieron que Ada Colau y
Gerardo Pisarello se situaran detrás de la gigantesca pancarta que
rezaba "DEMOCRÀCIA" cuando los capitostes del secesionismo puro y
duro –incluidos el decapitado Artur Mas, sus verdugos de la CUP y el
beneficiado por la decapitación Carles Puigdemont– acompañaron a
Carme Forcadell hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
el día en que fue a declarar, acusada de desobediencia y
prevaricación.
Democracia prostituida
Fue "un baño de multitudes (…) ante las 3.000 personas que, según el
cálculo de la Guardia Urbana, se habían concentrado frente al TSJC"
(LV, 17/12). La mitad de las que acudieron cuando Artur Mas declaró
por el 9-N. Y muchas menos que el millón y medio que la ANC y Òmnium
fantasearon reunir en las Diadas. El suflé está plano.
El espectáculo de la sublevación de un conglomerado de funcionarios
públicos contra el Poder Judicial fue bochornoso. Pero a ello se
suma, para mayor escarnio, que la democracia que reclaman en el
cartel no sea la parlamentaria, sino una de sus muchas versiones
prostituidas que utilizan los regímenes totalitarios para enmascarar
sus desafueros. Tuvimos la democracia orgánica del franquismo, que
descansaba sobre las corporaciones, sin urnas ni ciudadanos que
acudieran a ellas para votar a sus representantes. Muchos incautos
se dejaron encandilar en aquellos mismos años por el rótulo de las
democracias populares, que eran burdos satélites del imperio
soviético y se extinguieron junto con este.
La democracia prostituida que ahora está de moda es la que llaman
"participativa", que no contabiliza votos sino manifestantes o
papeletas de referendos maniqueos. Sus cromosomas son fascistas,
pero maduró en el chavismo venezolano y se está ramificando por
territorios que creíamos definitivamente civilizados. Aquí la
tenemos con una gigantesca pancarta de DEMOCRÀCIA en la cabecera y,
a continuación, una variopinta y contradictoria columna de jefazos
que se escudan detrás del pueblo al que invocan en vano. Un botón de
muestra (LV, 16/12):
Entre gritos de "¡Viva la República!" e "Independencia", Colau
aseguró que si Forcadell acaba siendo juzgada, "con ella se estará
juzgando a todo un pueblo".
Nostálgicos del totalitarismo
¿Todo el pueblo juzgado cada vez que un jerarca de la élite o la
casta es acusado por los jueces de desobediencia y prevaricación?
Vaya despropósito. Aquí es donde aflora la otra posverdad-mentira
que han incorporado a su argumentario los insurrectos: se está
politizando la justicia o se está judicializando la política. El
desiderátum de estos nostálgicos del totalitarismo es contar con
tribunales que convaliden los abusos de los poderes ejecutivo y
legislativo. Como sucede en Rusia y Turquía.
No siempre los déspotas improvisados pueden satisfacer sus antojos
sin chocar con los contrapesos institucionales y sociales. En este
momento el Tribunal Constitucional de Polonia libra una contienda
sin tregua en defensa de la vigencia de la ley y de los derechos
civiles que el Ejecutivo y la mayoría ultraderechista del Parlamento
atacan con la misma prepotencia con que lo hace el contubernio
secesionista timoneado por la CUP en el Parlamento de Cataluña.
Informa el corresponsal en Varsovia (LV, 18/12):
El régimen está copando instituciones y órganos estatales, violando
la Constitución, convirtiendo el Parlamento en una apisonadora para
aprobar leyes antidemocráticas (…) invadiendo el aparato de la
justicia, paralizando el Tribunal Constitucional y demás órganos de
control del poder ejecutivo, purgando con brutalidad los medios de
difusión públicos, transformando a funcionarios públicos
profesionales en fieles ejecutores de la voluntad del régimen y
despreciando las críticas opiniones de la Unión Europea. (…) Lo que
consideran un "golpe de Estado reptante" orquestado por el
"caudillo" Jaroslaw Kaczynski y sus asombrosamente obedientes
seguidores.
Dos Parlamentos, el polaco y el catalán, que se parecen como dos
gotas de agua a la hora de desobedecer al Tribunal Constitucional,
acusando a los opositores de politizar la justicia o de judicializar
la política. Con el añadido de que aquí la mayoría "asombrosamente
obediente" del Parlamento catalán, además de desobedecer a la
justicia española, aprueba iniciativas irredentistas contra la
soberanía de Francia que el Gobierno del país vecino rechaza con
lógica indignación (LV, 8/11). Más plomo en las alas desplumadas del
oneroso –para los contribuyentes– Diplocat.
Basta de postureos
Aquí es donde el observador neutral formula la pregunta del millón:
¿el referéndum que reclaman los descontentos es el medio ideal para
que ese pueblo del que los insurrectos se apropian arbitrariamente
exprese su voluntad y ejerza el idealizado derecho a decidir? Ian
Buruma lo duda y razona ("La farsa del referéndum", LV, 12/3):
Normalmente, en una democracia liberal, votamos por hombres y
mujeres con la idea de que estudiarán los temas sobre los cuales los
ciudadanos comunes no pueden ocuparse directamente por falta de
tiempo y conocimiento suficiente, y decidirán sobre ellos.
Por lo general, un referéndum no es un sondeo preciso de las
facultades racionales de la gente, ni una prueba de su pericia. Los
referendos tienen que ver con lo visceral, que puede ser manipulado
fácilmente por los demagogos… y por eso les gustan.
La herramienta para ejercer el derecho a decidir está presente en la
menospreciada Constitución de 1978 y se utilizó incontables veces en
municipios, autonomías y el Estado: es el voto de los ciudadanos a
sus legítimos representantes, hombres y mujeres, como nos recuerda
Buruma. Basta, pues, de postureos y gesticulaciones.
Dejadnos decidir, ¡ya!
Pánico a las urnas
La convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña daría voz y
voto a los ciudadanos para ejercer su derecho a decidir sin las
trampas premeditadas que pervierten los referendos. Existe, empero,
una razón de peso para que el contubernio secesionista, que tiene en
sus manos convocarlas, las deje para las calendas griegas. Lo
explica el bien informado Francesc-Marc Álvaro ("La pinza y el
estilo", LV, 15/12):
Vale la pena recordar que, en caso de que las cuentas elaboradas por
Junqueras no consigan apoyo, la legislatura se acabará –el president
Puigdemont lo ha dejado muy claro– e iremos a unas elecciones
"autonómicas" (ni plebiscitarias ni constituyentes) a las que ya no
se presentará Junts pel Sí porque la coalición habrá dejado de
existir. Entonces, el independentismo –más dividido que nunca–
deberá competir con los comunes, que aspiran (impulsados por Colau)
a ser primera fuerza también en unos comicios catalanes.
No hace falta exprimir las neuronas para entender que el pánico del
núcleo duro secesionista a las urnas –las verdaderas urnas, no las
de cartón del fraudulento 9-N– nace de la posibilidad de que el
poder pase a manos de sus competidores advenedizos. Pero si no
bastara con esta confidencia, Lluís Foix lo remacha ese mismo día en
la columna vecina bajo el título "Así veo las cosas":
El Govern de Catalunya evita criticar a la CUP para salvar los
presupuestos. Me permito decirlo más claro: la tolerancia hacia los
cuperos es para no perder el gobierno y no tener que acudir a otras
elecciones anticipadas. La realidad es que Catalunya está en manos
de la CUP porque Junts pel Sí o las formaciones que salieran en unas
elecciones próximas sospechan que cosecharían un resultado inferior
al que ahora tienen, perderían la mayoría y, por lo tanto, el poder.
Allá ellos con sus cálculos sectarios. A nosotros, los ciudadanos
leales a la Constitución y a la democracia parlamentaria:
Dejadnos decidir, ¡ya!
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