AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 25  Enero 2017

El proteccionismo solo protege al gobierno
Daniel Lacalle El Espanol 25 Enero 2017

“Do you really want to do this now?” Joe Elliott

El resurgimiento del proteccionismo no es una novedad y no ha llegado con Trump ni May.

Desde 2008, el país que más medidas proteccionistas ha impuesto, de lejos, es EEUU, según Geopolitical Intelligence Service.

Entre 2010 y 2015, se implementaban entre 50 y 100 nuevas medidas proteccionistas en los primeros cuatro meses de cada año. En 2016, más de 150.

Esta semana se ha hecho realidad la defunción del tratado Transpacífico (TPP) que comentábamos aquí, y me enternece ver a comunistas, socialdemócratas e intervencionistas varios criticar la decisión de Trump que ellos promovían con el TTIP y todo lo que huela a mercado.

Porque el tratado estaba muerto ganase Trump o Clinton, que afirmaba, ya en 2016, que se oponía al tratado y lo iba a eliminar.

Es, como mínimo, divertido que los medios ensalcen las palabras del primer ministro chino sobre globalización y apertura en Davos cuando una de las naciones más proteccionistas del mundo es la suya. Una manera de alentar el proteccionismo es a través de las empresas estatales ineficientes. Según Wilbur Ross, más de un tercio llevan años en pérdidas y aumentando sobrecapacidad mientras se las mantiene zombis con bancos y dinero público. Esa sobrecapacidad, que alcanza el 40%, les lleva a vender el exceso de producción a precios muy inferiores al coste.

Lo triste de toda esta ola proteccionista es que llega por todos lados, desde Japón a India. Cincuenta y cinco países han aumentado medidas proteccionistas en los últimos ocho años, según Global Trade Alert.

¿El resultado? El desplome del comercio internacional, el peor crecimiento global desde 2008 y más deuda.

No le echemos la culpa a Trump, por lo tanto.

Wilbur Ross y el propio Rex Tillerson explican que en los últimos ocho años la manera de lidiar con las prácticas anti competencia y anti comercio de China, que tiene el mayor superávit comercial del mundo con EEUU, ha sido poner una sonrisa y –en silencio- intentar limitar la entrada de bienes y servicios vendidos a precio por debajo de coste. Un caso bastante popular fue el de los paneles solares. Pero esa política de “sonrisa global y proteccionismo real” claramente no ha funcionado. Ahora llega la política de amenaza y acuerdo.

Pero el desencuentro China-EEUU no justifica la posición con respecto al TPP, Nafta y otros ni la tentación del mercantilismo. La terrible sombra de esas medidas intervencionistas, que espero que no se implementen, nos recuerdan a los errores de Carter, por ejemplo, o de Japón.

El proteccionismo se nutre del chivo expiatorio del enemigo exterior y la falsa varita mágica del Estado redentor para prometer mentiras.

La primera mentira es decir que industrias de baja productividad, que hoy no son competitivas, van a empezar a serlo por limitar el comercio con países que tienen menores costes.

La evidencia nos muestra que es empíricamente falso. Ni el porcentaje de importaciones de países “baratos” se disparó antes, ni se aumenta la producción local por eliminar el comercio.

La segunda mentira es que se crean más puestos de trabajo y con mejores salarios.

El único efecto real es que se disparan los precios por el aumento de aranceles y las industrias obsoletas caen igual. No se mejora el empleo ni suben los salarios porque la sobrecapacidad se perpetúa. De hecho, en un mundo con el nivel de endeudamiento actual, del 225% del PIB, un efecto colateral añadido es que el aumento de la inflación y, con ella, los tipos de interés reales, se llevan por delante a los sectores de baja productividad por el aumento de sus costes financieros, ya que –no es sorpresa- también son sectores que actualmente tienen un apalancamiento superior al histórico.

La tercera mentira es que las empresas se irán a mi pueblo porque lo diga un comité.

Por supuesto, la idea de unos y otros defensores del proteccionismo, de la izquierda a la derecha, se alimenta de la idea ridícula de que las empresas que hoy contratan y fabrican en India o México se irían todas a Virginia o a Albacete. No ocurre.

Si pensamos que una industria que no es competitiva hoy, lo va a ser por un arancel del 35% a sus competidores, podemos olvidarlo. Simplemente se cierran negocios, y los más desfavorecidos son los países pobres, que sufren el doble efecto de la inflación, menor comercio y el cierre de empresas.

Es una entelequia pensar que las fábricas de automóviles, por ejemplo, van a producir y vender más porque LePen les obligue a instalarse en Francia. Todo su crecimiento viene de las exportaciones, y los países que sufren las medidas proteccionistas, también las imponen a los países exportadores. Pierden todos. En una industria que ya tiene hasta un 30% de sobrecapacidad (The road to 2020 and beyond: What’s driving the global automotive industry? McKinsey), será un dominó de cierres de capacidad productiva y menos empleo.

La última es pensar que la autarquía es posible en economías y empresas abiertas. Ni Renault es una empresa francesa, sino global, ni lo es la inmensa mayoría de los grandes sectores. La llegada del intervencionismo mercantilista solo alegra a los sectores rentistas, que ni crean empleo ni mejoran la productividad. Y siguen en proceso inexorable de desaparición por obsolescencia.

¿Saben esto los populistas de puño cerrado y los de mano abierta? Claro. El historial de fracaso del proteccionismo es tan apabullante que sólo un político podría ignorarlo pensando que “esta vez va a ser diferente” porque lo aplique él o ella. Pero esos populismos son también los que llaman “estratégico” a los rentismos clientelares. Estratégico para administrar las migajas de lo que queda.

Y es que lo que esconde la falacia del proteccionismo es nada más que promover el intervencionismo más rancio.

No se trata de proteger a uno u otro país de los chinos, sino de copiarles.

Dar más poder a los políticos y control sobre la actividad económica, con el beneplácito de los ciudadanos que se tragan la mentira de que la tecnología destruye empleo y que la inflación creada se les va a compensar en mayores salarios reales.

Mientras tanto, el gobierno que le promete que usted estará mejor empobreciendo al vecino, se beneficia, convirtiéndose en el que impone las decisiones de inversión o contratación. Aunque luego le sale el tiro por la culata, siempre, se presentará ante nosotros como el “protector”, el que lo intentó. Lo hizo por nosotros.

Y, por supuesto, la inflación –el impuesto de los pobres- de la que se beneficia el Estado endeudado “desvalorizando” sus enormes deudas a costa de la renta disponible de los ciudadanos, que no ven su poder adquisitivo mejorar, porque los salarios reales no aumentan. Pero el político le echará la culpa a las empresas, a los comercios y al nuevo álbum de U2 si hace falta.

El único protegido por el proteccionismo es el gobierno que lo impone. Los demás pagamos la ocurrencia.

Adoradores del odio
editorial OKDIARIO 25 Enero 2017

El odio es un becerro de oro para los radicales. Credo de quienes se manejan en democracia amparados en la inaceptable costumbre de tratar de imponer sus ideas a base de violencia. Da igual si los energúmenos están escorados a una u otra esquina de los confines políticos. Al final, la dialéctica de los puños siempre es execrable, sea cual el nombre concreto. En ese sentido, la juez hace bien al enviar a Alejandro Espín Sogo a prisión. Su caso demuestra que ningún posicionamiento político encuentra justificación a través de la violencia. Espín participó junto a otras seis personas en la brutal paliza a una chica que llevaba una bandera de España. La imagen de esta persona tendida en el suelo mientras recibía golpe tras golpe emparenta a los autores con los animales. Y es que, al fin y al cabo, la violencia es siempre un recurso propio de incompetentes. Personas que en muchos casos, y a pesar de su misantropía subconsciente, tratan de buscar acomodo en las instituciones públicas.

El propio Alejandro Espín se presentó como número 9 de la marca blanca de Izquierda Unida en la localidad murciana de Cehegín durante los comicios municipales de 2015. De ahí que su acción sea aún más grotesca si cabe. La Policía asegura que esta agresión obedece a un enfrentamiento entre diferentes facciones de corte radical. Un motivo que desde luego no justifica el hecho de que siete personas participaran, por acción u omisión, en el linchamiento de otra. Por desgracia, el comportamiento exacerbado que exhiben ciertos partidos en sus intervenciones públicas fomenta un caldo de cultivo que se instala en la calle de manera distorsionada. De ahí que sea necesario apelar a la responsabilidad. Esas formaciones han basar su actividad en argumentos e ideas y no en veleidades. De otra forma aumenta el nivel de tensión en la sociedad y afloran grupúsculos violentos que toman la justicia por su mano. Una tendencia que no lleva a ninguna parte. Basta con recordar el clásico: “La violencia sólo engendra violencia”.

El Bódalo murciano
De 'ninis' a diputados por apalear a una fascista. Así combatimos en España el paro juvenil.
Pablo Molina Libertad Digital 25 Enero 2017

La brutal agresión sufrida por una joven a las puertas de un bar de copas de Murcia nos permite catar, una vez más, la exquisitez con que los principales medios de comunicación tratan el asunto de la violencia cuando la protagonizan los de izquierdas, es decir los suyos, o sea los buenos. La famosa anécdota de tiempos de la Guerra Civil, en que un grupo de comunistas asesinó a un cura que se cruzó con ellos por la calle para responder a tamaña provocación, tiene en estos episodios actuales su perfecta continuación, obra de una misma visión enfermiza.

En la televisión autonómica reprodujeron las imágenes de la paliza. En el vídeo se aprecia cómo una veintena de salvajes apalea a una chica tirada en el suelo, pero el rótulo de la pantalla contextualizaba la noticia de una manera muy precisa: "Choque entre bandas". En efecto, una banda integrada por una joven indefensa y otra formada por docena y media de activistas de izquierdas que no tuvieron más remedio que patearle las costillas y partirle los dientes para responder a su provocación.

La Policía ha hecho varias detenciones y dos miembros de esta banda de la cachiporra y la mayoría social se enfrentan a una petición de prisión por parte de la Fiscalía. Por supuesto, el caso no llegará a ningún sitio y los acusados abandonarán el Palacio de Justicia jaleados por la multitud. Sería mucho mejor para ellos pisar la cárcel, aunque fuera un par de meses. Así entrarían en el martirologio de la nueva política junto con el tal Bódalo, ilustre energúmeno jiennense enviado a prisión por canear a una mujer embarazada, para el que el partido de Iglesias, feminista como él sólo, exige la libertad. Los bodalicos murcianos lo tienen todo para entrar en el Parlamento regional. De ninis a diputados por apalear a una fascista. Así combatimos en España el paro juvenil.

El brexit en el Parlamento
Aleix Vidal-Quadras gaceta.es 25 Enero 2017

Los magistrados han resaltado que si bien el Gobierno puede establecer, modificar o anular Tratados Internacionales, dado que el Tratado de la Unión Europea, del que el Reino Unido es signatario, reconoce derechos a los británicos, solamente el Parlamento es la instancia legitimada constitucionalmente para decidir sobre él.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha fallado contra el Gobierno y ha impuesto por una clara mayoría de sus once jueces -ocho a tres- que Theresa May no puede activar unilateralmente sin contar con el Parlamento el artículo 50 del Tratado de la Unión que regula su abandono por un Estado-Miembro. Esta decisión final de la justicia británica tiene una gran trascendencia y demuestra que un sistema institucional y un orden jurídico bien diseñados son la mejor protección contra la arbitrariedad y la tiranía, sea ésta de unos pocos o de la mayoría.

De acuerdo con la Constitución no escrita del Reino Unido, un referendo no es vinculante y tiene un carácter meramente consultivo. Sirve para saber lo que opinan los ciudadanos de un determinado asunto en un momento concreto y sin duda es un elemento valioso para guiar la acción del 10 de Downing Street, pero la soberanía del pueblo británico reside en The Queen in Parliament, y por mucho que el 52% de los súbditos de su Graciosa Majestad que participaron en la consulta hayan votado lo que han votado tras una campaña en la que los propios impulsores del Brexit han reconocido que faltaron a la verdad y dieron cifras falsas sobre las consecuencias de la salida de la Unión Europa, no pueden sustituir al verdadero depositario del poder político, la Cámara de los Comunes, cuyos Diputados son elegidos en pequeñas circunscripciones mediante un sistema mayoritario a una vuelta en la que the winner takes all, el que obtiene más papeletas se lo lleva todo y es el representante exclusivo de esa demarcación.

Además, otro aspecto de la sentencia presenta un gran interés en términos conceptuales. Los magistrados han resaltado que si bien el Gobierno puede establecer, modificar o anular Tratados Internacionales, dado que el Tratado de la Unión Europea, del que el Reino Unido es signatario, reconoce derechos a los británicos, solamente el Parlamento es la instancia legitimada constitucionalmente para decidir sobre él. Y es que los derechos y libertades que la pertenencia al marco comunitario les aseguran a ingleses, escoceses, galeses e irlandeses del Norte no son cualquier cosa. Nada menos que la libertad irrestricta de moverse, residir, trabajar, transferir capitales, ofrecer o utilizar servicios y comprar o vender mercancías en todo el territorio de la Unión. Estos derechos y estas libertades no pueden quedar al capricho de un Gobierno, sino que han de ser reconocidos, limitados o suprimidos, siempre dentro de la Constitución, por los representantes del pueblo que se sientan en el Parlamento.

A partir de aquí, las cosas se le complican a la Primera Ministra, porque a diferencia de la pregunta del referendo, que reducía una cuestión de tremenda complejidad jurídica, política, comercial y social, a una breve pregunta, con los peligros que una operación semejante conlleva, ahora ha de someter una ley al Parlamento en la que debe especificar la forma en que se producirá la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las condiciones en las que se hará, cuáles serán las previsibles consecuencias económicas para las empresas y las personas residentes en las Islas Británicas, y todo eso no es factible condensarlo en una norma exprés tramitada a uña de caballo en los próximos dos meses.

La promotora del recurso ante los Tribunales solicitando la intervención del Parlamento, la mujer de negocios Gina Miller, le ha exigido a May que, después del fallo inapelable del Supremo, elabore un Libro Blanco explicando en detalle el tipo de Brexit que se propone llevar adelante y analizando en profundidad los efectos que la salida de la Unión Europea tendrá sobre la vida de los británicos, sus oportunidades de prosperar y su futuro. Un documento de esta naturaleza no se improvisa en unas pocas semanas y ha de ir acompañado de un debate público transparente que garantice que la sociedad esté perfectamente informada de lo que está en juego para así poder transmitir a su Diputado o Diputada sus opiniones al respecto. Aunque el Parlamento ya se pronunció en Diciembre pasado a favor de respetar el resultado del referendo, no se comprometió a prestar su apoyo a cualquier Brexit y eso es exactamente lo que Theresa May se verá obligada a exponer y argumentar en Westminster. Por consiguiente, el calendario inicialmente previsto se le pone cuesta arriba y es muy posible que el proceso se alargue.

Ojalá los representantes elegidos, genuinos valedores de la soberanía nacional, acierten y corrijan la precipitada, imprudente y arriesgada maniobra que salió de unas urnas abiertas en un clima emocional y reduccionista poco apto para decisiones racionales.

Paradojas del 'Brexit'
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 25 Enero 2017

Aunque Gina Miller tiene un largo historial filantrópico, la mayor donación de su vida a 60 millones de británicos ha sido su demanda ante la Justicia, que ayer le dio la razón, para que el Gobierno no aplicara el Brexit sin pasar por el Parlamento. Miller y Deir Tozetti Dos Santos, las dos querellantes ante la Corte Suprema de Londres, han defendido que el Parlamento les había concedido unos derechos, como el de establecer sus negocios en la UE, que sólo el propio Parlamento podía revocar, nunca un plebiscito, que es el mayor caso de traición institucional de la casta política británica. En todos los países no es igual, pero ya comenté aquí el año pasado, cuando comenzó la lucha de estas dos heroínas cívicas -Dos Santos, señalada por el infecto Daily Mail como "enemiga del pueblo", ha tenido que cerrar sus peluquerías-, que en Inglaterra el Parlamento, desde la decapitación de Carlos I, es el depositario secular de las libertades inglesas. Dos ciudadanas han pagado muy caro recordarlo.

La decisión del Supremo va a revelar hasta qué punto el referéndum es una de las mayores estafas de masas perpetradas en Europa. Todos los partidos, salvo Ukip, defendían la permanencia. Tienen mayoría en el Parlamento para revocar un plebiscito que se hizo, como luego se ha reconocido, con datos escandalosamente manipulados y saldado con una victoria mínima: 52%-48%. No es cierto que el pueblo decidiera romper con la UE, porque casi la mitad del pueblo votó quedarse. Sin embargo, a esa mitad del pueblo se le privará, tal vez para siempre, de lo que ya tenía.

Un Gobierno puede decidirse en unas elecciones por mínimo margen; y a los cuatro años, cambiarse. El Brexit, no. Un plebiscito que liquida décadas de trabajo, paz y convivencia con 23 países europeos, protagonizadas por todos los gobiernos y parlamentos legítimos, no es democracia, es demagogia golpista. La esencia de la democracia es la reversibilidad, la rectificación por el voto y sin violencia. La casta política británica ha traicionado eso. Ahora dicen los laboristas que enmendarán el programa de May pero no desoirán al pueblo, o sea, al 52%. Al 48%, sí. Pero si ahora cambian esos términos, ¿no los someterán a referéndum? Deberían. Y, luego, cerrar el Parlamento.

Crónica de Coblenza, 2
Le Pen, a La Gaceta: 'La izquierda ha traicionado a los trabajadores y la derecha ha traicionado a la nación'
La líder del Frente Nacional francés sostiene que los dirigentes europeos no tienen en cuenta los intereses nacionales, sino los de “una oligarquía financiera que se sirve de las instituciones para imponerse sobre la voluntad del pueblo”.
José Javier Esparza (Coblenza, Alemania) gaceta.es 25 Enero 2017

Es una muchedumbre lo que entra por el patio de carruajes de esta casona rural renana, entre las fogatas que intentan calmar el frío de la noche, tras los policías que abren paso. Ha llegado el Frente Nacional. Hay algo de Grande Armée en la comitiva. Marine va en cabeza, traje de chaqueta negro, camisa blanca, rosa azul marino en la solapa: esa diminuta rosa azul es el símbolo de su candidatura para las presidenciales. Junto a Marine entra su consejero para asuntos europeos, Ludovique de Danne. En el nutrido grupo se ve también a Edouard Ferrand, un veterano del Frente (militante desde 1983) que hoy ejerce como jefe del grupo en el Parlamento Europeo, y a Mireille d’Ornano, una de las eurodiputadas más activas en la comisión de sanidad y seguridad alimentaria.

Son veinte los diputados que el Frente Nacional sienta en Estrasburgo. Para ser más precisos: el FN más el Rassemblement Bleu Marine (“unión azul marino”), que es la plataforma creada por el Frente para integrar a otros candidatos de pequeños grupos soberanistas. Buena parte de ellos está hoy aquí. Y además, un asombroso equipo de técnicos, asesores, consejeros… El FN es una máquina formidable. Sus cuadros cuentan con especialistas de primer nivel en distintas materias de gobierno, algunos sorprendentemente jóvenes. Además, técnicos en redes sociales, en comunicación, en imagen, incluso un maquillador. No falta de nada.

Frauke Petry, escoltada por el eurodiputado de Alternativa por Alemania Markus Pretzell, acude a recibir a Marine Le Pen. Anchas sonrisas y besos cordiales. Los hijos de Frauke, cuatro arrapiezos de entre cinco y nueve años –a ojo de buen cubero-, vienen también a besar a Marine. El resto del grupo se despliega. Dos camareras de inequívoco aspecto alemán tratan de navegar sobre el tumulto, armadas con sendas bandejas de salchichas y otras germanerías. De la cocina tudesca ya hablaremos en otro momento. Ahora lo importante es lo que vayan a “cocinar” las señoras Petry y Le Pen en un encuentro francoalemán que hubiera parecido inconcebible hace medio siglo. Porque lo que estas damas pretenden es desandar un camino que consideran equivocado y volver sobre los pasos de sus respectivos países hasta encontrar el punto donde todo se desvió. Nosotros permanecemos al acecho: sería magnífico poder intercambiar unas palabras con Marine Le Pen.
La evolución del Frente Nacional

El Frente Nacional es el primer partido de Francia en número de votos: los demás “grandes” (Los Republicanos o el Partido Socialista) beben de la afluencia de otras formaciones menores. La clave del éxito está en la transformación de su discurso, que en los últimos cinco años –bajo la dirección precisamente de Marine- se ha centrado en los problemas económicos y sociales derivados de la mundialización y el multiculturalismo. La bandera del Frente Nacional sigue siendo la reivindicación de la identidad política e histórica francesa, pero en el plano económico se ha movido hacia postulados más propios de aquella izquierda nacional que en su día representó el socialista Jean-Pierre Chevènement. El motor inicial de este giro fue, todavía bajo el liderazgo del viejo Jean-Marie, el filósofo Alain Soral, que incorporó al FN su idea de que el Estado-nación es una instancia de protección del individuo y de la familia frente al poder del capitalismo financiero. Después, ya con Marine, vino el desembarco de gente que venía de la izquierda gaullista como Florian Philippot, el vicepresidente de Estrategia y Comunicación. Hoy el Frente Nacional extrae muchos de sus votos de una clase trabajadora cada vez más depauperada y de los jóvenes en paro.

Esta progresiva deriva del FN hacia la izquierda no ha dejado de ser criticada por muchos dentro del partido. Se le reprocha –y con razón- que su inevitable coste en materia de política fiscal le está alejando de la pequeña burguesía que otrora constituía la base natural de su electorado: los franceses, con la presión fiscal más alta del mundo (un 47,8%), están hartos de pagar impuestos. También se le acusa de no haber sabido capitalizar la protesta de los católicos, exteriorizada en el movimiento de La Manif Pour Tous contra la ley del matrimonio homosexual y que sorprendió a todo el mundo por su amplitud. Como el FN ha eludido enarbolar esas banderas, el candidato del centroderecha, Fillon, se las ha apropiado, y es muy verosímil que el voto de la derecha social termine yendo a Los Republicanos. Bien es cierto que el FN cubre un abanico muy amplio de votantes y, por así decirlo, tiene rostros para todos los gustos. Los jóvenes de La Manif Pour Tous, por ejemplo, no se desviven por Marine, pero beben los vientos por la más joven del clan, Marion Marechal Le Pen. Que no estuvo en este encuentro de Coblenza, lamentablemente.

Y luego está la cuestión de la inmigración, por supuesto. El Frente Nacional emergió como partido anti-inmigración en los años 80. Entonces los postulados de Jean-Marie Le Pen parecían una exageración. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Pero igualmente el tiempo ha transformado los postulados del FN al respecto. La ola migratoria desencadenada por la Unión Europea ha mostrado la gran diferencia entre la inmigración de los años 70 y la actual. El Frente Nacional ha concentrado su discurso en denunciar el caos de la inmigración nueva, el fracaso patente de las políticas multiculturalistas y sus nocivos efectos sobre la cohesión social, el mercado de trabajo y el presupuesto público. ¿”Xenofobia”? El sambenito resuena, sí, pero el hecho es que en las filas del FN no faltan inmigrantes de primera generación, perfectamente integrados en la sociedad francesa, musulmanes incluidos, que ven con pavor el nuevo escenario de la inmigración descontrolada. Por lo demás, el Frente lleva años gobernando en instancias locales y nadie podrá reprocharle haber menoscabado libertades públicas. Quede dicho para poner en su justo contexto la acusación de “ultraderechismo”, por si no fuera bastante con su programa económico.
Europa de las naciones

Marine Le Pen no entra a discutir las eventuales etiquetas de su programa económico. Su mensaje es rectilíneo: “La izquierda ha traicionado a los trabajadores y la derecha ha traicionado a la nación”, sentencia. Y a esas traiciones en cadena opone el discurso de su partido: recuperar la soberanía nacional como marco de protección de los trabajadores y de la actividad económica en general. ¿Proteccionismo? Sí: “proteccionismo inteligente”, matiza ella. Es un hecho que la entrada en liza de determinadas “naciones emergentes” ha creado en Europa un “dumping simultáneamente social, económico y ambiental”. A los trabajadores europeos –explica- se les obliga a competir con mercados donde nadie paga coberturas sanitarias, laborales ni educacionales, es decir, una mano de obra mucho más barata, y esto es “competencia desleal”: el mercado siempre preferirá a un trabajador que cobre 20 euros al mes antes que a otro que cobre 1.466, que es el salario mínimo en Francia. La globalización ha fomentado una ola de deslocalizaciones que saca partido del trabajo exterior sin dejar beneficios en el interior. A eso se añade el paisaje de fronteras abiertas dibujado en Schengen y la inmigración creciente estimulada desde el propio poder europeo. La moneda común, el euro, empeora las cosas, porque priva a las naciones del arma de la política monetaria para regular su propia economía interior. No hay solución dentro del actual marco europeo.

Por eso Marine Le Pen propone abandonar el euro, preferiblemente por el método de un referéndum, y aún más: abandonar la propia Unión Europea, al menos en su actual conformación. “En nombre de Europa, Bruselas ha impuesto a los pueblos europeos unas políticas que violentan a Europa”, nos dice. ¿Abandonar la Unión Europea ellos, los franceses, que son con Alemania el motor central del proyecto continental? Sí. Marine Le Pen sueña con un “Frexit”: no exactamente un abandono, sino más bien una salida acordada con el resto de los socios hasta un cierto punto sometido a negociación común. “Nuestro grupo -dice- quiere dar el máximo de libertad a cada nación dentro de Europa”. En definitiva, una rectificación del actual modelo de la UE. “Hoy los dirigentes europeos –denuncia Marine- no tienen en cuenta los intereses nacionales, sino los de una oligarquía financiera que se sirve de las instituciones para imponerse sobre la voluntad del pueblo”.

Pero, un momento: ¿y las relaciones comerciales ya establecidas? Francia es el principal socio comercial de España: en torno al 16% de nuestras exportaciones y el 12% de nuestras importaciones. “Nuestras relaciones no serían muy distintas con una Unión Europea concebida de otra manera –explica uno de los asesores del grupo parlamentario-. Incluso podrían ser mejores. Simplemente cambiaría el criterio: ya no los cálculos de Bruselas, sino el mejor interés de españoles y franceses”. El asesor en cuestión, por cierto, nos lo dice en un excelente español.

“El patriotismo no es una idea del pasado, es una idea del futuro”, martillea Marine, avanzando las ideas que mañana expondrá en la tribuna de Coblenza. “Hoy vivimos el retorno del Estado-nación, que el mundialismo había intentado hacer desaparecer”. Frente a este retorno de las soberanías, el establishment reacciona con virulencia: “Nuestras elites no quieren este cambio de mundo, lo rechazan. Hacen todo lo que está en su mano para detenerlo, para bloquear esta evolución irreversible. La Unión Europea se ha convertido en una religión, y sus sacerdotes son esa elite. No permiten reflexión fuera de ella, excomulgan a todo pensamiento diferente, prohíben toda crítica de su sistema. Ellos son los verdaderos dogmáticos, los verdaderos antidemócratas”. Y la dama acaricia la rosa azul marino que adorna su solapa mientras da otra bocanada de su cigarrillo electrónico.

Frauke Petry mira a Marine Le Pen con unos ojos inescrutables –ojos de doctora en Químicas especializada en poliuretanos-. No es ningún secreto que, para Alternativa por Alemania, el programa del Frente Nacional es inaceptable desde el punto de vista económico. Alternativa es un partido de corte claramente liberal, muy alejado de cualquier estatismo. Y sin embargo, ambas formaciones están de acuerdo en defender sus respectivas identidades nacionales y rectificar a fondo el camino de la Unión Europea, abolición del euro incluida. ¿No será eso tanto como reinstaurar el conflicto en el seno de un continente que había alcanzado la paz? Marine sonríe, un punto sardónica, y responde: “¿Guerra en Europa? Las que quieren la guerra son esas elites desconectadas del pueblo, que permanentemente llaman a la hostilidad contra Trump y contra Putin”.

Multitud de personas se apiñan ahora en torno a Marine Le Pen. Todos quieren una foto con ella. La dama de la rosa azul marino, profesional, posa y sonríe. Buen momento para salir al patio de caballerizas y tomar un poco de aire –ese aire gélido que te abofetea sin piedad en la noche renana. Intento retomar la compañía de los guardaespaldas. No es posible porque también ellos tienen trabajo: está llegando el automóvil de Gert Wilders, el líder del Partido por la Libertad holandés, el hombre que, según dicen, quiere desterrar al islam de Holanda. Algo nos va a decir al respecto. Lo contaremos mañana.

Vega de Seoane afirma que los empresarios huyen de Cataluña como de la peste
OKDIARIO 25 Enero 2017

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha considerado hoy que la inseguridad jurídica que generan los actuales dirigentes catalanes al no querer cumplir con la legalidad vigente está provocando que los empresarios huyan de Cataluña como de la peste.

“Los propios dirigentes institucionales en Cataluña están en un modo de no cumplir las leyes y, claro, cuando no cumples la ley es lo peor de todo, los empresarios huyen como de la peste de donde no se cumple la ley”, ha afirmado.

En un desayuno organizado por el Club Diálogos para la Democracia, Vega de Seoane ha calificado de “disparate” lo que pasa en Cataluña y ha explicado que cuando un empresario hace una inversión bastantes riesgos tiene como para asumir más y abrazar una situación de incertidumbre”, como la que ofrece esta comunidad autónoma.

Vega de Seoane ha hecho hincapié en que estos últimos años un grupo de dirigentes catalanes ha generado una dinámica “bastante irracional” y con “mucha astucia” han sido capaces de conducir a parte de la población a creer cosas que son inciertas.

Además, ha insistido en que los dirigentes institucionales de Cataluña están “en modo” de no cumplir las leyes, y esto es “lo peor de todo para las empresas”, que huyen de situaciones donde no hay Estado de Derecho.

Para Vega de Seoane esto es un “desmadre” y ha precisado que, en su opinión, hay una relación directa entre la salida neta de empresas de Cataluña (270, según los últimos datos) y la situación “absurda” creada en esta comunidad autónoma.

El responsable del Círculo ha comentado que espera que estos dirigentes se vayan desgastando para que finalmente triunfe el sentido común.

En el coloquio, el presidente del Círculo de Empresarios también se ha referido a los presupuestos generales del estado y ha afirmado que es “optimista por naturaleza” por lo que confía en que se aprueben “y las cuentas cuadren”.

En ese sentido, ha dicho que espera que PSOE y PNV que, “en definitiva tienen la clave”, se comporten de forma racional para que se puedan aprobar los presupuestos.

En su opinión, habrá que negociar y ponerse de acuerdo y ha estimado más fácil alcanzar un pacto con los nacionalistas vascos que con los socialistas, ya que están en un escenario más “sosegado”.

Para Vega de Seoane, el PSOE está más preocupado por sus problemas internos que en resolver la situación de España.

Autoritarismo de Ahora Madrid Tetuán
Decretazo histórico para cambiar los nombres de tres calles de Madrid
La Gaceta 25 Enero 2017

En discrepancia con el equipo de Carmena, la concejal podemita ordena cambiar los nombres de las calles General Moscardó, General Varela y Comandante Zorita.

La concejal presidenta del distrito de madrileño de Tetuán, Montserrat Galcerán, ha emitido tres decretos para que las calles con nomenclatura franquista General Moscardó, General Varela y Comandante Zorita reciban tres nombres distintos a los que proponía para ellas el comisionado de Memoria Histórica.

En concreto, la concejal ha aprobado tres decretos por los que se inicia el expediente para que la calle general Moscardó pase a llamarse 'Berta Cáceres', la del general Varela reciba el nombre de 'Antonio Augusto de Seixas' y la de Aviador Zorita pase a honrar la memoria de la actriz 'Amparo Baró'.

La edil de Ahora Madrid, que ha mostrado en varias ocasiones discrepancias con decisiones del equipo de Gobierno de Manuela Carmena como el derribo del taller de Artillería de Chamberí y que pertenece a Ganemos, desoye de este modo las recomendaciones del comisionado dirigido por la socialista Paca Sauquillo, que tiene la encomienda del equipo de Gobierno municipal de adaptar el callejero de Madrid a la ley de Memoria Histórica.

En su informe presentado en julio ante el Pleno municipal por el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, el comisionado ya proponía cambiar el nombre de estas tres calles, pero con unas nomenclaturas distintas a las que la concejal del distrito de Tetuán ha propuesto, según denuncian a Efe desde el PSOE.

Si el comisionado proponía cambiar la calle del Comandante Zorita por la "Calle de Aviador Zorita" que es el mismo personaje y que, aunque participó en la Guerra Civil, debe su notoriedad a sus posteriores logros como aviador, en su decreto -del que dio cuenta en el pleno de distrito de ayer- Montserrat Galcerán propone asignarle el nombre de la actriz fallecida Amparo Baró.

Del mismo modo, la concejal de Tetuán ha iniciado los trámites para asignar a la calle del General Moscardó el nombre de 'Berta Cáceres', cuando el comisionado de Memoria Histórica había propuesto dedicarla a Edgar Neville, escritor y cineasta.

Por último, el comisionado proponía cambiar el nombre de la calle General Varela por la calle de Carlos Morla Lynch, un diplomático a cargo de la Embajada de Chile en Madrid que dio refugio a más de 1.000 personas. Sin embargo, la edil Montserrat Galcerán ha iniciado los trámites para dedicarla a 'Antonio Augusto de Seixas'.

Este trámite de la concejal de Tetuán se ha iniciado antes de que entre en vigor la modificación de la normativa municipal para que los cambios en las nomenclaturas de las calles relacionadas con la memoria histórica tengan que ser aprobadas por la mayoría del Pleno y no baste con la luz verde del equipo de Manuela Carmena.

La modificación de esta normativa está en proceso de exposición pública, después de su aprobación en la Junta de Gobierno del pasado 12 de enero.

En un comunicado, el PSOE de Tetuán ha denunciado que "Galcerán actúa unilateralmente rechazando las recomendaciones del órgano creado por el Gobierno de Manuela Carmena con el apoyo del grupo socialista".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La enfermedad incurable de Cervantes (Homenaje)
Javier Orrico Periodista Digital 22 Enero 2017

El texto que sigue ha sido incluido en una exposición homenaje a nuestro señor don Miguel de Cervantes (heladero de Jijona, de la familia Sirvent, más o menos, según el inefable Institut de Nova Història, ese delicioso engendro del nacionalismo catalán que Groucho Marx no habría podido imaginar), en la que treinta artistas plásticos y treinta literatos, seleccionados por ese agitador cultural irrepetible que es Santiago Delgado, se han reunido en el Museo Arqueológico de Murcia en torno a nuestro primer escritor, tan mezquinamente homenajeado en 2016 por una nación otra vez sin pulso y sin nación.

Es una exposición muy interesante, con piezas y textos dignos de acercarse a ellos. Se trataba de seleccionar un pequeño fragmento del alcalaíno y glosarlo, para luego encargar a un artista plástico su ilustración. Y ahora les dejo con ambos, el texto y la glosa. El fragmento de don Miguel, en el original cervantino, por supuesto, ese que ahora dicen que no se entiende y hay que 'traducir', Dios mío.

"La enfermedad incurable de Cervantes".
“-¡Ay señor! -dijo la sobrina-. Bien los puede vuestra merced mandar quemar, como a los demás; porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo éstos se le antojase de (…) hacerse poeta que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza”.

La enfermedad incurable a que se refiere la sobrina de don Quijote tuvo en don Miguel de Cervantes a una de sus víctimas más ilustres. No porque fuera uno de los grandes poetas de su época, sino porque nunca se le reconoció como tal. Tanto para la lírica como para el teatro, Cervantes fue un poeta anacrónico, un renacentista en medio de un mundo que había cambiado y se había abierto a las modas barrocas que él no compartía. Don Quijote, en su andar melancólico por una España que ya no reconocía, no es más que la metáfora genial del propio desajuste histórico y vital de un Cervantes que nunca había regresado de Argel ni de Lepanto. Que no había logrado ser el gran poeta y dramaturgo que había soñado, y cuyo triunfo vino de un relato que el público de su tiempo interpretó como una pieza cómica, cuando no era sino la más grande obra de fe y decepción que se escribiría jamás.Y lo que es más importante: la obra total, la que cambió la literatura para siempre.

Y sin embargo, siempre quiso ser poeta, poseer ese don que permite dar forma con pocas palabras a una biografía sentimental entera, y que ejerce en los grandes escritores por extenso una fascinación “incurable”. Ese don que no puede aprenderse. Ese arte que consiste en quitar, en desnudar, mientras la novela acumula, añade, se derrama y le debe a Cervantes el haberse convertido en la forma artística que con más generosidad nos entrega la totalidad de la vida.

No hubo nunca mayor homenaje a la poesía que la frustración dramática y lírica de nuestro más grande escritor. Porque a Cervantes se le debe algo más, algo extraordinario e irrepetible: nuestra lengua. El español (que ya no castellano) íntegro está en su obra. Maravilla leer el Quijote sólo para recobrar la memoria de lo que somos, de lo que fuimos, en nuestra lengua. Esa que acaso ya no sabemos usar, esa por cuyas delicias nos movemos como Quijotes anacrónicos en un mundo que ya sólo existe allí.

El 'procés' continúa; la fuga de empresas, también
EDITORIAL Libertad Digital 25 Enero 2017

Las pérdidas económicas que el nacionalismo, en general, y el desafío separatista, muy en particular, están infligiendo a Cataluña van mucho más allá de los cientos de millones de euros que la Generalidad viene despilfarrando –y, en algunos casos, malversando– en ilegales estructuras de Estado, redes clientelares e ilegales consultas secesionistas: la enorme inseguridad jurídica que implica la ruptura del orden constitucional en esa región, junto a otros factores como el exceso regulatorio y la presión fiscal, generan pérdidas todavía más cuantiosas, como las derivadas de la incesante fuga de empresas que el Principado viene sufriendo desde tiempo.

Sólo el año pasado, 802 empresas se trasladaron de Cataluña a otras regiones españolas, y sólo 531 hicieron el camino inverso, según datos de Axesor recogidos por Expansión. El saldo negativo para Cataluña fue, pues, de 271, lo que la convirtió en la comunidad autónoma con mayor deslocalización neta de empresas.

En el extremo opuesto está la Comunidad de Madrid, que terminó el pasado año con 424 empresas más que en 2015, por obra no sólo del efecto capitalidad sino de una notable estabilidad institucional y un marco fiscal benéfico.

Desde 2008 hasta 2016, Cataluña se ha infligido una pérdida neta de 2.522 empresas. Además, llama la atención que el año pasado, el primero de Puigdemont, las compañías que se marcharon fueron significativamente más grandes que las de ejercicios anteriores. Y es que estos 271 negocios tenían una facturación de 909,7 millones de euros al año, más del triple que la cifra de negocio de las compañías que se fueron en 2015.

Ante esta situación, a nadie debería extrañar que el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, haya manifestado que los empresarios "huyen como de la peste" de escenarios donde no se acata la legalidad, como está ocurriendo en Cataluña, donde sus dirigentes, ha denunciado, "están incumpliendo las leyes", generando así inseguridad jurídica a inversores y empresarios.

Está visto, sin embargo, que nada de esto preocupa a los sediciosos gobernantes regionales de Cataluña, que este martes han viajado a Bruselas para reunirse en una sala del Parlamento Europeo con separatistas de otras regiones de España y celebrar un acto al que no ha asistido una sola autoridad comunitaria, a pesar de que la Generalidad se ha gastó más de 120.000 euros en anunciarlo. Todo para publicitar una nueva consulta ilegal en 2017, para la que la Generalidad ya tiene presupuestados casi seis millones de euros.

Entre el dinero que los separatistas despilfarran y malversan y las inversiones que espantan, el procés está arrastrando a Cataluña no sólo a la ilegalidad sino al empobrecimiento.

El nacionalismo tiene un problema con la verdad
Editorial La Razon 25 Enero 2017

Si el objetivo de la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas es situar el referéndum de independencia en la agenda de la Unión Europea, éste no se ha alcanzado. No porque los responsables de la institución y otros líderes políticos no hayan estado presentes, sino porque la UE ya ha manifestado que no apoyará un proceso secesionista dentro de uno de los Estados miembros. Por pura supervivencia del proyecto europeo. Puigdemont cometió ayer un grave error en su conferencia que fuerza aún más su aislamiento. Decir que el «proceso» no se debate entre independencia «sí» o «no», sino entre democracia «sí» o «no» y que, por lo tanto, no se trata sólo de un problema de Cataluña, sino de Europa, es una ignominia. Decir, insistimos, que entre los miembros de la UE hay uno que «no cumple los estándares democráticos exigibles» sólo es una ofensa que revela una escasa inteligencia política. Decir que el «Estado español persigue a los que no piensan como ellos» deja en ridículo a las propias instituciones de la UE. El propagandismo más zafio –después de todo, la Generalitat ha pagado 127.000 euros para que se le permita mitinear en una sala del Parlamento Europeo y publicitarlo– llegó cuando Oriol Junqueras habló de la «ineficiencia económica» de España y que era el Estado «que ha protagonizado más quiebras en la historia de la humanidad». El nacionalismo catalán tiene un grave problema con la verdad.

14 CONDENADOS A PRISIÓN
La extrema derecha se moviliza unificada por la sentencia de Blanquerna
Varios partidos, grupos y colectivos organizan una manifestación para protestar contra la sentencia que envía a la cárcel a los ‘14 de Blanquerna’. Estos militantes y simpatizantes de extrema derecha irrumpieron en el Centro Cultural de la Generalitat en Madrid para tratar de impedir un acto que celebraba la Diada en 2013
Paula Pérez Cava Estrella Digital 25 Enero 2017

La sentencia del Tribunal Supremo que hará ingresar en prisión a los 14 acusados de asaltar el Centro Cultural Blanquerna el día de la Diada del año 2013 ha conseguido aunar a partidos y otros grupos de extrema derecha. Además de otras movilizaciones, este sábado han organizado un acto que partirá de la Puerta del Sol y acabará, precisamente, en Blanquerna para protestar contra la decisión judicial que condena a entre tres y cuatro años de cárcel a los acusados.

Así, la sentencia ya ha conseguido lo que no había logrado en España la crisis económica y social que, en países como Francia, Italia, Grecia o Alemania, hizo que el movimiento ultraderechista aflorara y ganara muchos apoyos.

A la convocatoria, que aún está pendiente de aprobación por la Delegación del Gobierno, acudirán desde los ‘tradicionales’ Falange, Democracia Nacional y Alianza Nacional a otros movimientos de más reciente creación e impacto público, como Hogar Social Madrid, que no siempre han tenido sintonía para encontrar objetivos comunes, según explican desde las propias organizaciones. Incluso se espera la presencia de dirigentes de la Falange de las JONS, que acudirán a título particular.

“Si lo que pretendían era amedrentarnos con esta sentencia están consiguiendo justo lo contrario”, explica a Estrella Digital, Jesús Muñoz, portavoz del Sindicato TNS y candidato para las europeas de 2014 de España en Marcha –la coalición que agrupaba a DN, AN, Falange (de los que son militantes o simpatizantes los condenados), Movimiento Católico y Nudo Patriota Español.

El portavoz considera que el pretendido efecto disuasorio está consiguiendo que se unan fuerzas entre los partidos y cuenta que los acusados están animados. "Pero están preocupados, porque ven que si esta es la condena por un acto en el que no hubo agresiones, a continuación puede ser cualquier cosa", indica.

La protesta también llegará a Barcelona, donde se ha convocado una concentración el mismo día 28, y a otras ciudades de Europa, como Roma o París, donde partidos como Forza Nuova, de esta misma ideología, también han convocado protestas. "Aún está por confirmar si también habrá movilizaciones en Alemania y Grecia", adelanta el portavoz, que muestra las buenas relaciones que hay con otros partidos de la misma línea ideológica en otros países europeos.

“Discriminación ideológica”
Los hechos por los que se les condenan ocurrieron en 2013, cuando un grupo de 15 personas entraron de manera violenta en el Centro Cultural Blanquerna, en la madrileña calle Alcalá, 44, donde se celebraba la Diada. El suceso provocó daños materiales y causó cinco heridos leves. Entre los agredidos se encontraban el diputado Josep Sanchez Llibre (CiU) y un cámara de TV3.

Todos menos uno de los asaltantes resultaron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a penas de entre seis y ocho meses por delito de desórdenes públicos. También fueron penados a multas por delitos de daños y faltas de lesiones y maltrato. Pero tanto la Fiscalía como la Generalitat, que ejercía de acusación particular, recurrieron la sentencia ante el Supremo, que ha aumentado las penas a más de dos años, lo que supondrá su entrada en prisión.

El alto tribunal ha considerado el agravante de discriminación ideológica, ya que "el motivo impulsor del delito o delitos cometidos fue la intolerancia hacia la ideología catalanista de los convocantes del acto, hasta el punto de llegar a impedirlos".

Así, las penas por los delitos de desórdenes públicos e impedimento del derecho de reunión pasan de los seis u ocho meses a entre dos años y 10 meses y 3 años de prisión. También eleva el delito de daños al aplicar la misma agravante y fija penas de 13 o 14 meses de prisión. En total, las nuevas penas a cumplir oscilan entre los tres años y 11 meses y los cuatro años y dos meses, con lo que la cárcel es ineludible.

Movilización ultraderechista
Nada más conocerse la sentencia los grupos y partidos comenzaron a movilizarse en redes sociales. “Se trata de una decisión injusta y con un agravio comparativo importante, con casos como el de los ‘titiriteros’ o los tuits de Zapata”, protesta Muñoz.

En estos momentos, están barajando la opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y recogen firmas a través de diversas plataformas para pedir un indulto, aunque con pocas esperanzas. Consideran que la justicia “está politizada”. “Si la Fiscalía y el Supremos están politizados, imagine el Constitucional”, indica el portavoz a este diario, que se muestra convencido de que los acusados entrarán en prisión se acepte o no el recurso.

Societat Civil Catalana logra que se ordene la retirada de 104 ‘esteladas’
Guerra de banderas entre separatistas y catalanes leales a España
Desde quitarle la enseña nacional al vecino y tirarla a la basura, a reírse del secesionismo enseñando el culo a través de una estelada agujereada.
Rosalina Moreno gaceta.es 25 Enero 2017

Con el ánimo de menospreciar la bandera de España, se dirigió a la casa un vecino, se encaramó por el muro, de un metro y medio de altura, y cogió la enseña, después de forcejear con la pareja del dueño de la vivienda. Acto seguido, se dirigió a un contenedor de basura y la tiró. Mientras, la gente que estaba presente lo jaleaba diciendo: “Puta bandera de mierda, putos españoles de mierda”. Aunque parezca mentira es un hecho real, uno de los numerosos casos de ultraje a España que se están dando en Cataluña. Este suceso tuvo lugar en la localidad de La Ampolla (Tarragona), en 2013. El sujeto ha sido condenado recientemente.

La última sentencia que ha trascendido lleva a Sant Cugat (Barcelona). Un juez ha obligado otra vez a retirar la estelada (también denominada cubana). El Ayuntamiento ya fue condenado en julio de 2016 a quitar la que había en la plaza Luis Millet; este recurrió, pero en noviembre de 2016 el juzgado le ordenó la retirada inmediata. El Consistorio tragó, pero decidió plantarla en la plaza de Octavià, cerca del Monasterio. Entonces, la plataforma Societat Civil Catalana volvió a presentar otro escrito al juzgado y este ha dictaminado este lunes su retirada. Da 10 días al Consistorio y le impone 300 euros al equipo de gobierno.

A estos ‘numeritos’ del separatismo se suma también uno ocurrido el pasado octubre en Villadamat (Gerona), una de las localidades que desobedeció a la Audiencia Nacional por el 9-N y que abrió sus puertas el pasado 12 de octubre. Además, el Ayuntamiento, en manos del antisistema Robert Sabater, quiso ir más allá que sus colegas de delirio el día de la Fiesta Nacional. Retiró la bandera de España del Consistorio y se la envió a la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, "en vista del desuso que tiene" en el municipio, que "ya ha demostrado en reiteradas ocasiones su posición respecto a esta enseña".

Los antisistema que controlan la Alcaldía publicaron en Twitter la enseña doblada y la carta que mandaban a Llanos de Luna, “conocedores del respeto que tiene a la democracia y de su estima por dicha bandera”, por lo que consideran que no hay “nadie mejor que ella para su custodia”. “Nunca más, por métodos democráticos volverá a ondear en nuestro municipio”, concluía el texto. Por su parte, desde la plataforma Somatemps han animado a los ciudadanos a que envíen sus propuestas al "tontolaba" del alcalde escribiendo a ajuntament@viladamat.cat.

Lamentablemente, en fechas recientes también se han producido estos dos casos: La alcaldesa de Barcelona, la podemita Ada Colau, ha expedientado a un agente de la Urbana por llevar una muñequera de España y un legionario ha sido agredido por portar la enseña nacional. “Métete eso por el culo”, le espetaron un grupo de radicales al hombre, de unos 40 años, que volvía de la marcha para conmemorar el 12 de octubre, y lo agredieron.

Así está Cataluña tras un año con Carles Puigdemont. "Su Gobierno ha sido nefasto a nivel de convivencia y de economía”, ha manifestado a La Gaceta Josep Bou, presidente de la plataforma Empresaris de Catalunya. Este miércoles se planta en Bruselas a desmontar al president catalán, que este martes ha prometido desde el Parlamento Europeo un referéndum ilegal en septiembre, mientras que el Gobierno defiende la legitimidad del viaje de Puigdemont.

"Mi culo es lo más honorífico de la 'bandera'"
Entre los catalanes leales a España que plantan cara al separatismo también está el dramaturgo Albert Boadella, que precisamente se ha reído del secesionismo enseñando el culo a través de una estelada agujereada. Fue en 2013, en protesta al aquelarre separatista del 11S. "Mi culo era lo más honorífico de la bandera", ha declarado Boadella, que se ha concedido el título honorífico de Traidor Nacional de Cataluña y asegura estar "orgullosísimo" de serlo "a esta Cataluña que han montado”.

En 2014 decía en una entrevista en La Gaceta que si fuera el presidente del Gobierno metería al president catalán entre rejas, y en otra posterior, que “Ada Colau representa la inmensa decadencia de Barcelona” y que si fuera el Rey hubiera pegado un gran pisotón a Artur Mas cuando se reía de la pitada al himno en la final de la Copa del Rey de 2015. En ella también lució una estelada gigante en la zona de seguidores barcelonistas.

Después de que la exhibición de este tipo de "banderas" se haya producido históricamente en el Camp Nou y en grandes finales europeas por los aficionados barcelonistas sin ningún tipo de incidencia, la UEFA sancionó al Barça con 30.000 euros por este motivo en la final de la Champions de 2015 que se disputó en Berlín. Pese a los recursos presentados y al diálogo que se abrió entre ambas instituciones, la UEFA multó nuevamente al club catalán con 150.000 euros por la exhibición de estas banderas en los partidos de la Liga de Campeones a lo largo de la temporada de 2016.

Para criticar su veto en la final de la Copa del Rey, la periodista y escritora Empar Moliner, un mes después de quemar la Constitución española en directo mientras criticaba al Constitucional, rasgó el pasado mayo una estelada. Dijo que su "deber" como "escritora payasa" es alertar ante las injusticias. Decidió romper la bandera separatista a raíz de la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibirlas en la final de la Copa, aunque finalmente, un juez las permitió. En contra del criterio del fiscal, rechazó que este trapo incite a la violencia.

"La estelada está prohibida. Incita al odio y es ilegal", proclamó la "escritora payasa" con ironía mientras la rompía, y tirando de sarcasmo, hizo un llamamiento a los separatistas para que, con las banderas que tuvieran por casa, hicieran “trapos de cocina o ropa interior”. No obstante, dijo que quienes llevaran "braguitas de la estelada al Calderón se arriesgaban a que las fuerzas del orden se las requisaran. "Los niños serán registrados y se les confiscarán las banderas y puede que a quienes lleven braguita de la estelada se las quiten", soltó.

Por su parte, entidades separatistas como Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, la asociación Drets y la Plataforma ProSeleccions Catalanes llamaron a pitar el himno durante el duelo y a gritar "independencia", y así ocurrió. Hubo una vergonzosa pitada. No obstante, el tiro les salió por la culata a los separatistas porque la afición sevillista contrarrestó los pitos coreando la Marcha Real, que se impuso al ruido de estos.

SCC insta a retirar las esteladas de las escuelas
Cabe también destacar que hace justo un año Societat Civil Catalana (SCC) envió una carta a la entonces consellera de Enseñanza en funciones de la Generalitat, Irene Rigau, pidiéndole que ordenara la retirada de centros educativos públicos y concertados de estelades y "todos los símbolos partidistas", en particular los promovidos por Somescola.cat, a favor de la inmersión lingüística.

La plataforma denunciaba, además, “presión institucional sobre los cuerpos docentes, sectarismo de los proyectos lingüísticos de los centros y tendenciosidad de los libros de texto. Exigía "el respeto al principio de neutralidad institucional tanto de las administraciones catalanas, los medios públicos de comunicación, como de los centros educativos".

La Agrupación de Enseñanza de la entidad ha reunido “abundantes evidencias que prueban la instrumentalización de los centros educativos por el poder político en Cataluña”, que desgrana Daniel Perales, maestro de primaria y miembro de Societat Civil, en el siguiente vídeo.

Orden de retirar 104 ‘cubanas’
La plataforma también ha puesto en conocimiento de la administración electoral un listado con 446 enseñas ilegales colocadas en 340 municipios y hasta la fecha ha logrado que las Juntas Electorales de Zona de Cataluña (JEZ) hayan ordenado retirar 104 esteladas de los edificios y espacios de titularidad municipal.

En el marco de su campaña ¡Aquí, no! ¡Por unos espacios públicos de todos!, obtuvo una respuesta favorable a la petición de neutralidad de las instituciones de 14 de las 30 Juntas Electorales de Zona: Arenys, Manresa, Gerona, Granollers, Igualada, Reus, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa, El Vendrell, Vilafranca del Penedés y Vilanova i la Geltrú.

Societat Civil Catalana ha requerido al resto (Balaguer, Barcelona, Berga, Cervera, Figueres, Hospitalet de Llobregat, La Bisbal de L’Empordà, Lérida, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sabadell, La Seu d’Urgel, Tremp, Valls y Vic) que también se pronuncien al respecto, y lo hagan en la línea de lo que dejó establecido el Tribunal Supremo: la estelada no es una bandera oficial de Cataluña. No puede ser utilizada por las administraciones ni en los espacios de titularidad pública ni en los edificios oficiales.

En su mayoría, las JEZ han admitido los argumentos que contiene esta sentencia del Alto Tribunal y han ordenado retirar las esteladas, además de los edificios oficiales, en los espacios de titularidad pública. No obstante, esta plataforma indica que las JEZ de Gerona, Santa Coloma de Farners y Vilanova i la Geltrú no han extendido la prohibición de exhibir banderas ilegales y partidistas, por lo que Societat Civil ha presentado recurso ante las Juntas Electorales Provinciales de Barcelona y Gerona.

La entidad considera esta decisión de las JEZ una victoria del Estado de derecho, un reconocimiento de la separación de poderes y una muestra más de la utilización que los partidos secesionistas pretenden hacer de las instituciones públicas, que son de todos. Pide que una vez que se retiren las banderas secesionistas los plenos municipales no adopten acuerdos ilegales para reponerlas. Advierte de que no cejará hasta conseguir que las calles, plazas y edificios oficiales de Cataluña sean un exponente sereno del principio de neutralidad de las instituciones.

El mayor duelo de banderas
A tres días del 27-S, durante las fiestas de la Mercé, tuvo lugar mayor duelo de banderas en Cataluña. El presidente del PP en Barcelona, Alberto Fernández, fue atacado por querer desplegar la enseña nacional en el balcón del Ayuntamiento. Ocurrió después de que el líder de ERC, Alfred Bosch, colgara una estelada.

"Imaginaba que los concejales de ERC y la CUP la pondrían y no iba a quedarme quieto ante este gesto separatista", relató entonces a La Gaceta el propio Fernández minutos después del suceso, mientras aún se encontraba en el balcón del Consistorio. Según contó, tras cumplirse sus sospechas pidió a Ada Colau, que estaba a dos metros de él y junto a Artur Mas, que la bandera separatista fuese retirada o él pondría también la de España. Cuando se disponía a colgarla vivió un tenso forcejeo con concejales del equipo de Gobierno de la podemita, entre ellos "el primer teniente de alcalde" y varios individuos de ERC, que trataron de impedírselo. Fernández no cejó en su empeño frente a los radicales y finalmente consiguió colocarla, entre insultos y abucheos. "Cada acto de rechazo por parte del separatismo hacia aquellos que nos sentimos españoles es una razón más para seguir plantándoles cara", sentencia.

Precisamente, el pasado junio, varios monumentos y calles de Barcelona aparecieron engalanados con banderas españolas, que nadie sabía de dónde habían salido. La inédita estampa fue acogida entre sonrisas por algunos y el pasmo de los secesionistas.

"Misteriosa floración primaveral en la capital de Cataluña", destacaba la plataforma Dolça Catalunya, que llama a la desobediencia civil en Cataluña en caso de que el Parlament siga con el golpe de Estado. "Parece que hasta las piedras quieren superar el nacionalismo", indicaba.

El requisito lingüístico de los funcionarios abre una crisis en el Gobierno valenciano
Compromís y PSPV discrepan sobre cuándo implantar la exigencia de saber valenciano para optar a un empleo público.
Lorena Ortega El Espanol  25 Enero 2017

Quienes opten a un empleo público de la Administración valenciana no tienen por qué saber valenciano para acceder al puesto, basta con que puedan acreditarlo a posteriori. Pero la actual ley no marca plazos ni el nivel de conocimiento de esta lengua que debería alcanzar el funcionario para garantizar su uso oficial.

El actual gobierno, que comparten PSPV-PSOE y Compromís, se ha propuesto poner fin a esta situación, pero las diferencias sobre cómo y cuándo exigir que saber valenciano sea un requisito previo para acceder a un empleo público se ha convertido en un importante escollo: Compromís lo quiere ya, mientras que los socialistas son más partidarios de un consenso que implicaría alargar en el tiempo su aplicación efectiva.

El Ejecutivo valenciano prepara una Ley de Función Pública que debe fijar una posición. La encargada de elaborar el texto es la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas que dirige Gabriela Bravo, la exportavoz del CGPJ que ocupa el puesto de consellera como independiente propuesta por los socialistas.

Bravo ya tiene redactado su borrador definitivo de anteproyecto de ley y tenía previsto presentarlo este martes ante la prensa. Lo frenó a última hora. Compromís, socio de gobierno, no acepta la redacción que se ha hecho porque supone retrasar la aplicación de la exigencia del requisito lingüístico, según afirman desde la formación. El problema es de tal importancia que desde la formación nacionalista auguran turbulencias en el pacto de gobierno.

La comisión de expertos
El debate sobre si saber valenciano debe ser un requisito indispensable para optar a una plaza de funcionario ya se preveía espinoso. Por ello se encargó a una comisión de expertos que resolviera el asunto. Pero las conclusiones no fueron de gran ayuda. Los expertos, después de analizar la regulación de este asunto en otras comunidades bilingües, concluyeron que la decisión “de exigir o no el conocimiento del valenciano como requisito de acceso a la función pública” es una decisión “propiamente política” más que técnica o jurídica.

El informe analiza desde la “imposición” en Cataluña hasta el examen de gallego que deben superar los opositores en Galicia, pero los expertos se dividieron entre partidarios de que el valenciano sea un requisito previo y entre los que defienden seguir con el modelo actual, pero concretando el tiempo en el que se debe acreditar el conocimiento de la lengua después de haber accedido a la plaza.

El requisito lingüístico fue rechazado en un principio por los sindicatos. Sin embargo, en diciembre del año pasado se llegó a un acuerdo calificado de “histórico”. Los tres principales sindicatos (UGT, CC.OO. y la Intersindical Valenciana) pactaron un texto en el que aceptaban que el valenciano “se tiene que acreditar” en las pruebas para acceder a las plazas, pero dejando a la negociación con cada sindicato el nivel a exigir según los puestos y con excepciones como, por ejemplo, la urgencia de cubrir puestos en sanidad. Es decir, se aceptó exigir el valenciano como requisito previo para optar a una plaza, aunque se dejaba para después concretar qué nivel exigir en cada puesto.

La redacción de la discordia
El texto del borrador del anteproyecto de ley que la consellería de Gabriela Bravo quería presentar recoge que el valenciano es “un requisito para participar” en los procesos de selección y que habrá que “acreditar el conocimiento que se determine reglamentariamente”. Esto ya es un cambio con respecto a la ley en vigor, que fija que el valenciano solo debe acreditarse después de acceder a una plaza.

La nueva redacción, según explican desde la Consellería, recoge fielmente el acuerdo sindical pero implica que no se lleve a la práctica hasta que no se apruebe el reglamento de la ley, algo que podría alargarse un año más.

Para los dirigentes de Compromís, esta redacción no es aceptable y aseguran que plantarán batalla. Quieren que ya en el texto del anteproyecto de Ley de la Función Púbica se fijen los niveles de forma transitoria hasta que se apruebe el reglamento posterior, porque de lo contrario el requisito lingüístico no podrá aplicarse de forma inmediata.
¿Crisis de Gobierno?

El choque, de hecho, se produce incluso dentro de la misma Consellería, puesto que el número dos de Bravo, debido al mestizaje del Gobierno valenciano, es de Compromís.

Si desde Compromís auguran problemas en caso de que no se cambie la redacción para incluir ya la exigencia del valenciano, desde el PSPV-PSOE llaman a la cautela. La secretaria de Política Lingüística de los socialistas, Carmelina Pla, asegura que habrá un acuerdo que satisfaga a todos. “Todos estamos de acuerdo en que se tiene que regular la competencia lingüística, todas las comunidades autónomas lo tienen regulado (…) Pero no podemos permitirnos no hacer las cosas bien”, asegura.

También hay diferencias entre los sindicatos que firmaron el acuerdo de diciembre. Para CC.OO. la redacción del texto que ha levantado la polémica recoge fielmente lo que acordaron. Pero la Intersindical Valenciana ha exigido al presidente valenciano, Ximo Puig, que la nueva ley recoja ya el requisito lingüístico, los niveles e incluso los plazos de adaptación de los funcionarios actuales. El sindicato advierte de que “no aceptará ninguna rebaja en esta reivindicación histórica” y pide poner fin a las “desavenencias” en este tema.

El requisito lingüístico del valenciano es una barrera de entrada a la Universitat de València
admin 12-04-2016 nadaesgratis.es  25 Enero 2017

Dolores Añón Higón, Juan Antonio Máñez Castillejo, María Engracia Rochina Barrachina, Amparo Sanchis Llopis, Juan Alberto Sanchis Llopis - Facultat d'Economia, Universitat de València.

Uno de los objetivos de la Universitat de València, según reza en sus Estatutos (artículo 6.3), es la consecución de un uso normalizado de su lengua propia (la lengua valenciana), “esto es, el desarrollo de todas las funciones sociolingüísticas como lengua moderna.”

Para conseguir este objetivo, la Universitat de València aprobó, entre otras medidas, una normativa en junio de 2012 (ACGUV129/2012), de aplicación a partir de junio de 2015, según la cual se establece como requisito para la contratación de Personal Docente e Investigador (PDI) la posesión del certificado de nivel C1 de conocimiento de la lengua valenciana. Asimismo, el PDI en plantilla únicamente podrá solicitar su promoción a categorías superiores si acredita el nivel C1 en dicha lengua. Se trata del nivel 4 en una escala oficial de 5 niveles de conocimiento de la lengua.

Desde el más profundo respeto tanto a la lengua y a la cultura valenciana como al objetivo de su fomento por parte de la Universitat de València, hay un grupo de profesores que no estamos de acuerdo con la normativa del requisito lingüístico, pues estamos convencidos de que puede tener implicaciones negativas en la calidad de la docencia y de la investigación en nuestra universidad. Es por ello que abogamos por la derogación de dicho requisito de la normativa. A continuación pasamos a exponer las razones que sustentan este convencimiento.

En primer lugar, la normativa arriba expuesta implica que la Universitat de València va a restringir su universo de potenciales profesores e investigadores a aquellos que previamente a su contratación cumplan el requisito lingüístico exigido. Si queremos una universidad plural, diversa, internacional y de calidad, debemos fomentar y no restringir el acceso de académicos y científicos de otras zonas geográficas. Para ello, es indispensable que la Universitat de València tenga capacidad para atraer y vincular a los mejores científicos, cuya carrera profesional generalmente se desarrolla en distintas universidades y centros de investigación de otros países. La lengua no debe convertirse en una barrera para todos aquellos posibles candidatos que, a pesar de sus logros en investigación y docencia, no dominen el valenciano.

En segundo lugar, esta normativa puede contribuir a agravar el problema de endogamia que afecta a las universidades públicas valencianas. Así, las estadísticas de personal de universidades (proporcionadas por el S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) muestran que en el curso 2014-15, el 81.8% del PDI de las universidades públicas en la Comunidad Valenciana trabajaba en la misma universidad donde había leído su tesis (porcentaje claramente por encima de la media nacional y únicamente superado por el de Canarias, Asturias y Extremadura), y el 91.5% lo hacía en la misma Comunidad donde había leído su tesis (porcentaje de nuevo por encima de la media nacional y tan sólo superado por Canarias y Cataluña). Asimismo, el indicador de grado de internacionalización del personal docente e investigador del Sistema Universitario Valenciano Público, calculado como la ratio PDI extranjero sobre PDI total, muestra en media para los años 2012, 2013 y 2014 que la Universitat de València tan sólo tiene por debajo a la Universidad Miguel Hernández de Elche.

En tercer lugar, este requisito lingüístico podría considerarse, además, que entra en conflicto con el artículo 10.1 de esos mismos Estatutos de la Universitat de València. Dicho artículo dispone que entre los derechos de los miembros de la comunidad universitaria se encuentra el derecho a la no discriminación por razón de lengua.

En cuarto lugar, no parece existir un problema de discriminación lingüística del valenciano en la Universitat de València. En el curso 2010-2011 en el Informe Conocimientos de Lengua y Opción Lingüística de los Estudiantes de la Universitat de València se recogía que la demanda de clases en valenciano por parte de los estudiantes de la Universitat era del 22,3%, frente a una demanda de clases en castellano del 63,6% (un 13,3% se mostraban indiferentes). Estos datos, desde la aprobación de la normativa de junio de 2012 ya no se publican, pero es bastante dudoso que hayan cambiado de forma significativa en los últimos años. Lo que sí sabemos es que la oferta de clases en el presente curso académico ronda el 34% en valenciano y el 57% en castellano (el resto son clases en otros idiomas, mayoritariamente en inglés). Las previsiones de la normativa actual son alcanzar el 50% de la docencia en ambas lenguas en los próximos años (excluida la docencia en otras lenguas extranjeras). Viendo estos números no parece que se esté discriminando a los demandantes de docencia en valenciano.

Las razones arriba expuestas nos impulsaron a difundir un manifiesto y una petición de firmas, la cual sigue activa, pidiendo la derogación de dicho requisito de la normativa en change.org. Este manifiesto consiguió en una semana más de 2000 firmas.

En cualquier caso, no somos los primeros en llamar la atención sobre este tipo de normativas. Así, por ejemplo, Pau Carazo y Enrique Font, biólogos de la Universitat de València, en una carta a la revista Nature, hacen una denuncia sobre el requerimiento lingüístico en la contratación de PDI y alertan de sus terribles consecuencias. Ya en 2010, en Cataluña, el Conseller de Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, se planteó un decreto-ley que obligara a “acreditar el nivel C de catalán a los nuevos profesores o a los que quieran promocionar a nuevas plazas”. El economista Xavier Sala i Martín, profesor en la Universitat Pompeu Fabra y catedrático en la Columbia University, mostraba su total desacuerdo con este decreto-ley en un artículo en el periódico La Vanguardia. En particular, extraemos a modo de ejemplo dos frases del mismo que nos parecen de especial interés: (1) “pienso que si la Generalitat finalmente aprueba ese decreto ley, cometerá un error estratégico que perjudicará a Catalunya y a su universidad”; y, (2) “tiene que haber universidades de primera división. Para ello, uno debe aspirar a tener a los mejores investigadores y profesores”.

Nuestro manifiesto ha tenido su correspondiente respuesta institucional. Así, el Director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, Rafael Castelló, destacaba que “la normativa no paraliza la entrada del talento que llega de fuera” ya que la normativa no aplica a Profesores Visitantes ni a Profesores Asociados. Sin embargo, una consideración más detallada de estas dos figuras contractuales revela lagunas en sus argumentos.

Primero, según la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril (aquí), la figura de Profesor Visitante está pensada para la estancia por un periodo de tiempo determinado (habitualmente un año, y nunca superior a tres años) de profesores de reconocido prestigio de otros centros, y no para la incorporación de Personal Docente e Investigador a la Universitat de València. La figura de Profesor Visitante difícilmente va a solucionar el problema de incorporación de brillantes jóvenes investigadores que, por su condición de jóvenes, no han tenido tiempo suficiente de labrarse un reconocido prestigio internacional. Además, es necesario poner de manifiesto el escaso uso que la Universitat de València ha hecho de esta figura: el número de Profesores Visitantes en equivalente a tiempo completo en 2014 era de 4,6 según el Sistema de Información de las Universidades Valencianas Públicas (SIUVP).

Por lo que respecta a la figura de Profesor Asociado, la misma ley orgánica referida anteriormente estipula que esta figura está dirigida a la contratación de especialistas que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico, con el objetivo de que aporten sus conocimientos y experiencia profesional a la universidad. No se trata por tanto de una figura para la contratación de Personal Docente e Investigador que pretenda llevar a cabo una carrera docente e investigadora en el seno de la Universitat de València. Por ello, parece obvio que ni la figura de Profesor Visitante ni la de Profesor Asociado son las vías para la contratación de Personal Docente e Investigador en la universidad.

Nos gustaría finalizar este artículo recordando que el espíritu de una universidad es mucho más que el ser un instrumento al servicio de una política lingüística. Y eso, un gran colectivo de profesores y de investigadores lo sabemos, y es algo que nos une a nivel global, porque la ciencia es y ha de ser universal. Ponerle barreras a la ciencia con el único objetivo de potenciar la lengua autóctona puede tener consecuencias no deseadas, tanto para la universidad como para la sociedad en la que revierten sus frutos.

¿No es triste que en una situación de recorte de fondos destinados a la universidad, y de casi absoluta congelación de su plantilla docente e investigadora, la respuesta institucional de la Universitat de València haya sido el establecimiento de una barrera a la entrada en forma de requisito lingüístico para la contratación/promoción de sus profesores-investigadores? ¿Dónde está la respuesta que la sociedad demanda sobre cuestiones como la internacionalización y la necesidad de atraer y retener talento fugado o con incentivos a la fuga en la Universitat de València? (véase el artículo en el diario Levante). No nos atemos las manos a la hora de elegir profesorado para la Universitat de València; ésta no es una buena estrategia para el futuro de nuestra universidad.

 


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