AGLI Recortes de Prensa    Jueves 2  Febrero 2017

Desafío separatista: el Gobierno maquilla una cobardía rayana en la complicidad
EDITORIAL Libertad Digital  2 Febrero 2017

Mientras Rajoy y sus ministros siguen sin atreverse a concretar, pública y abiertamente, cómo piensan impedir una nueva consulta secesionista en Cataluña, fuentes gubernamentales han asegurado este miércoles a numerosos medios de comunicación que el Ejecutivo "no descarta recurrir a medidas coercitivas" para forzar el cumplimiento de la ley en esa comunidad autónoma, cuyos gobernantes –conviene recordar– vienen declarándose en rebeldía desde el año 2012.

Ni que decir tiene que ninguna de esas medidas pasa por suspender la autonomía ante tan clamorosos y gravísimos delitos de desobediencia; ni siquiera consisten en condicionar la financiación extraordinaria del FLA a un público e inmediato acatamiento del orden constitucional por parte de los gobernantes regionales; ni siquiera en advertir, al menos, de las consecuencias penales que tendría el perpetrar una nueva consulta separatista ilegal, cuya financiación ya contemplan los presupuestos autonómicos de este año.

No. A lo más que llegan las "fuentes gubernamentales" es a decir que se baraja "precintar los colegios electorales", incluso "tomar el control de la Consejería de Educación". Y mientras La Moncloa sigue empeñada en hacer creer a la ciudadanía que "lo planeado ahora nada tiene que ver con lo ocurrido en 2014".

Esas "fuentes de Moncloa" quieren que se olvide que el Gobierno de este irreconocible PP ya fracasó en 2014 a la hora de impedir lo que Rajoy había asegurado que no se iba a producir. Pero que digan ahora que la consulta del 9-N "estaba convocada por asociaciones independentistas sin un Gobierno detrás dando soporte" es una colosal mentira que sólo trata de justificar la pasividad de Rajoy, y que para colmo deja en pésimo lugar el proceso judicial abierto contra Mas, Ortega y Rigau.

Ante estas informaciones, resulta patético que Rajoy se haya atrevido a considerar "absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Eso no tiene sentido". Lo que es absurdo, si se tiene en cuenta la multitud de delitos que a diario se perpetran en España, es considerar que algo no se pueda producir por el mero hecho de que sea ilegal. Lo cierto es que los secesionistas catalanes han cruzado hace años y a la vista de todos la línea roja de la legalidad, por mucho que el Estado no se atreva a considerarlos como los golpistas que son. Lo cierto es que la consulta secesionista del 9-N se celebró, por mucho que fuera tan ilegal como la que se pretende celebrar este año.

En cualquier caso, tan bochornosa y timorata respuesta, tanto del Gobierno como de sus fuentes, al gravísimo desafío al ordenamiento jurídico que nuevamente plantean los separatistas catalanes sólo puede ser considerada "proporcional" por esa indolente y mediocre clase política y mediática española que confunde proporcionalidad con tibieza; la misma que desde 2012 quita gravedad a lo que está pasando en Cataluña para excusar que el Gobierno de la Nación jamás haya reaccionado ante ella con proporcional contundencia. Es esa misma clase política y mediática que avaló a Rajoy cuando en 2014 dijo que tenía preparadas "todas las medidas" para impedir la consulta del 9-N; y la misma que las calificó de "proporcionales" aun cuando habían acreditado su inutilidad para impedir que la consulta se celebrara.

El futuro, es verdad, siempre está abierto. Pero es harto dudoso que el ordenamiento constitucional en Cataluña sea restablecido mientras el Gobierno tenga más miedo a hacer cumplir la ley que el que tienen los separatistas a violarla.

Columna Liberal
Juan Gonzalo Ospina okdiario  2 Febrero 2017

Hace más de 80 años, en su España invertebrada, Ortega y Gasset nos enseñó que cuando los dirigentes políticos no tienen un proyecto de país, el resultado inevitable es y será el resquebrajamiento de la nación. Entonces, ¿cuál es el proyecto de nuestros líderes políticos más allá que el de ostentar el poder?

Cuando Washington, Jefferson, Franklin o Adams, redactaron la Constitución estadunidense en 1787, tenían una clara visión: construir una gran nación, libre y democrática; que hiciera valer, por encima de la supremacía de un monarca absoluto, el poder de la gente a través de la ley. El proyecto de aquellos líderes construyó las bases de la que hoy es una superpotencia mundial. De la misma manera, cuando Locke, Voltaire o Montesquieu escribieron sus tratados filosóficos, fueron ellos quienes desde su proyecto político encenderían la llama de todas las revoluciones liberales. Igualmente Churchill, Adenauer y Mitterrand se reunieron con un proyecto común en el Congreso de la Haya de 1948, para firmar los acuerdos de lo que hoy es la Unión Europea.

Desafortunadamente, en pleno siglo XXI carecemos de un proyecto común, ya que nuestros líderes políticos están más preocupados por el poder que por los principios y valores que impulsaron las revoluciones liberales. Han olvidado la esencia de las mismas, que no es otra que la defensa de los derechos fundamentales. Nos encontramos ante la victoria del relativismo moral; del todo vale. Este nuevo actuar infecta nuestras leyes, descafeinando los derechos fundamentales, inherentes a cada ser humano. Tales derechos se han ido mermando, no sólo porque los líderes políticos están más preocupados por el poder, sino porque quienes dicen ser liberales actúan como su peor enemigo al legislar contra los mismos.

Por ello nace esta ‘Columna Liberal’: para reivindicar sin ataduras nuestros derechos y garantías fundamentales, para criticar a aquellos que falsamente dicen llamarse liberales y para buscar constructivamente un análisis a las políticas que al limitar los referidos derechos nos limitan como proyecto político y como sociedad. ‘Columna Liberal’ inspirada en Ortega y Gasset, reivindica que la sociedad civil reconstruya y sea el motor de un país más libre, más justo y más igual.

Mareas políticas
Vicente Baquero gaceta.es  2 Febrero 2017

En el mundo económico existen los ciclos, realidad que se viene produciendo indefectiblemente desde hace siglos, y cuyas causas, frecuencias y amplitud ha dado lugar a la publicación de bibliotecas, sin haber conseguido todavía dominar el tema con la suficiente efectividad como para prever sus tiempos precisos ni descubrir posibles soluciones eficaces a sus fases depresivas. Una y otra vez, parece que no hay escapatoria, es como el latido del corazón, parece una constante de la vitalidad económica, casi biológica. Al fin y al cabo tampoco debería extrañarnos, ya que la economía es una actividad humana y como tal está sometida en última instancia a sus reglas: nacer, crecer, reproducirse y morir, con fases alternativas de euforia y depresión.

En el mundo de la política observamos igualmente que a lo largo de la historia se producen variaciones en la percepción de la realidad, cambios en las posturas y preferencias de los ciudadanos en función de la coyuntura y los desafíos percibidos por los mismos. Evidentemente tienen mucha influencia las ideologías predominantes en los medios de difusión y las bases culturales imperantes en un determinado conjunto social, lo cual no quiere decir, al igual que en economía dentro de un ciclo bajista puede haber personas que alcancen el éxito, que todos estén de acuerdo con la nueva tendencia, siempre habrá discrepancias, y es en la lucha entre esas mismas facciones, la que determinará el triunfo o fracaso de la nueva ola.

Es en este marco, acertada o equivocadamente, creo percibir un cambio de tendencia en amplios sectores de la sociedad Occidental, una resistencia a la marcha ideológica en el sentido previsto por el “establishment” oficial, invertir la ideología hasta ahora dominante, al menos en los medios y organismos nacionales e internacionales: el pensamiento único, la solución y aproximación única a una multitud de problemas que van desde el tratamiento de la presencia de grupos de culturas no afines en su seno, el mayor control de la delincuencia, pasando por las formas sociales de convivencia, cuyo punto de confluencia es la descalificación de aquellos principios que en el pasado habían constituido la columna vertebral de la filosofía propia de la cultura occidental, con intención de eliminarla, directamente unas veces y subrepticiamente otras.

En Europa se pretende llegar a una Unión Europea de diseño obviando los valores que constituyen la esencia de la misma, un modelo que no toma en consideración las opiniones de sus habitantes, por ejemplo: cuando se rechazó la constitución en varios países clave, por la puerta de atrás se puso en marcha un nuevo tratado olvidándose de la anterior consulta popular; guardando las distancias, fue como el paripé del referéndum en Colombia, al que se ignoró descaradamente por un acuerdo de espaldas al pueblo.

Observo un movimiento revulsivo, todavía incipiente y limitado a expresiones directas por parte de colectivos sociales dentro de la propia sociedad occidental, muy constreñidos de momento, por constituir una desviación herética frente a ese pensamiento único. Es una resistencia frente esa dictadura ideológica “panfílica”, que incluso los medios conservadores no se atreven a apoyar, hasta los condenan, no tanto por sus puntos concretos o propuestas concretas, sino descalificando “urbi et orbe” el movimiento en sí, destacando aristas peyorativas, conceptos falseados incluso, exagerados, manipulados.

Dichos movimientos, todavía débiles e inconexos, probablemente discrepantes entre sí en una serie de puntos, tienen en común el rechazo del modelo de estado y sociedad que busca imponer la cúpula política y económica mundial en estos momentos. Está surgiendo una tremenda resistencia en una mayoría normalmente silenciosa de la sociedad. No cabe duda de que muchos extremos de dicha reacción tengan connotaciones negativas, pero de lo que tampoco cabe duda es que en muchas cuestiones tienen la razón.

Lo que es evidente es que el actual aparato político e ideologías afines se lo están tomando muy en serio, pues su reacción frente a dichos movimientos está siendo virulenta, desproporcionada. Si solo nos atuviéramos al contenido de los programas, no habría razón para tal grado de animadversión, ya que en principio, nadie debería escandalizarse con tal intensidad porque unos grupos políticos quieran reforzar las fronteras europeas, busquen eliminar la delincuencia de una forma más efectiva, se opongan a la inmigración ilegal, a la difusión de ideologías que quebranten los principios del derecho y costumbres del Occidente cristiano, o quieran imponer restricciones al tráfico económico de países que no cumplen las normas laborales más elementales existentes en la propia UE o EE.UU. ¿Será que adivinan que tras dichos movimientos se asoma la posibilidad de volver a reafirmar una ideología contraria a sus intereses? ¿A los intereses de quien? ¿Es que interesa reponer y sustituir a la población, por otra más dócil al dictado de la “Intelligentsia” o la autodenominada “elite” de cartón piedra.…

La característica común de muchos de estos movimientos es el conservadurismo, que no es más que el instinto básico de retener bajo el control personal aquellos bienes y derechos adquiridos, en paz y sin más injerencias que las que exija una ley que respete la propiedad privada, la conciencia, las costumbres y forma de vida de su entorno, es decir la derecha tradicional, algunos a su vez defienden un liberalismo entendido en sentido clásico.

Son movimientos que pretenden invertir la marcha que nos estaba llevando hacia un socialismo generalizado, igualitario de resultados, la eliminación de la identidad frente la diversidad, a una deriva descarada que ha permeado toda la política occidental y que curiosamente también coincide, parece ser, por su claro apoyo a este modelo de “establishment” global y colectivizado, con los intereses económicos de grupos muy poderosos a nivel mundial, grupos que nada tiene que ver con el socialismo o con los intereses verdaderos de una comunidad internacional.

Este cambio de tendencia sí que representaría una amenaza seria para la consecución de esos objetivos no declarados y sin embargo perseguidos y apoyados con determinación por unas minorías ideológicas camufladas tras el sistema oficialista hoy predominante en el Occidente.

Creo que esta inversión de tendencia por parte de una parte de la sociedad, de momento no mayoritaria, en todas las naciones de Occidente, tardará en alcanzar el poder, si es que lo consigue, las fuerzas opositoras son muchas y muy poderosas, pues estos centros de poder incrustados ya en el sistema se están jugando unos intereses sustanciales a la vez que se están cuestionando unos criterios o ideales considerados como verdades incontrovertibles por una buena parte de la población, una sociedad a la que se le ha estado indoctrinado sistemáticamente con el evangelio “políticamente correcto” durante décadas (parecido social y psicológicamente a lo ocurrido con el fenómeno del nacionalismo en Cataluña y País Vasco en España). Creo que la oposición será tan violenta verbal, mediática y agresiva por parte de esos intereses creados que no excluyo en un futuro la posibilidad de una confrontación de radicalizarse de verdad esta nueva derecha.

En cuanto a España, de consolidarse esta nueva situación, la de un giro a la derecha, equivalente a la que en su día se designó como “giro a la izquierda”, lo que daría lugar al nacimiento de un nuevo ciclo entre muchas naciones de Occidente, por lo que puede deducirse del actual panorama de nuestras querencias políticas y el actual grado de descomposición del sentido de nación, así como la falta de convicción de nuestro principal partido conservador que debería representar a esa derecha, nos quedaremos una vez más anclados en una izquierda anacrónica, una postura que creímos olvidada cuando Felipe Gonzalez renunció en su día al marxismo y que ahora, como una caduca ave fénix, vuelve a renacer de sus cenizas en contraposición a los nuevos aires que vienen de la Europa del Norte.

El impuesto de los burócratas fúnebres
Cristina Seguí okdiario  2 Febrero 2017

El 1 de julio del 87, Juan Domingo Perón se volvió a morir 13 años después de estirar la pata. El Partido Justicialista argentino recibió una carta anónima explicando que sus manos habían sido robadas de la tumba. La misiva exigía, además, que el partido pagase 8 millones de dólares en rescate por su restitución a los profanadores que, a tenor del macabro rapto, debían estar pasando más hambre que Carpanta. Qué delicioso acto de homenaje al excelentísimo referente de los illuminati de la redistribución. Ofrenda del empoderamiento de las masas que, aunque famélicas, dejaron la mayor parte del botín en el féretro en solidaridad con otros camaradas socialistas que llegarían más tarde para repartir con el resto de la camada. Otra serie de negocios con difuntos precedieron a éste en la historia en los que, frente al colectivo, el individuo no significaba nada. Nichos profanados por empresarios fúnebres como los actuales burócratas que piden rescates a viudas desoladas en nombre del Estado. En nombre de ese constructo hitleriano que afirmaba que “las necesidades de la sociedad vienen antes que las del individuo”. Lo que llaman el “bien común”, vamos.

Muchas décadas más tarde aquellas conquistas históricas del colectivismo siguen vigentes en España. El robo por la vía legal a los muertos y a sus familias ha sido oficializado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones reivindicado por todos los partidos, que han construido un discurso de pedagogía de la coacción para sustentar y engordar todos los privilegios políticos. Legitimar la inmoral idea de que los ciudadanos pueden perder las propiedades ganadas por sus padres. Dejarse robar por solidaridad. Por su propio bien. Por el bien de otros. Con toda la violencia con la que es capaz de actuar la maquinaria del Estado frente al individuo que, en obvia minoría e indefensión, sólo puede acatar. Aunque, para nuestro consuelo, llegaron Podemos y Ciudadanos. Ellos no roban, armonizan. Que no se quedan con su dinero, sino que lo redistribuyen. Que lloran en platós con las familias agraviadas por el hurto, mientras lo justifican para luchar contra el fraude fiscal. Socialistas que deciden a partir de qué umbral se le pueden arrebatar sus propiedades a sus ciudadanos.

El 3 de septiembre del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya determinó que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España viola la legislación comunitaria al establecer una diferencia de trato entre los residentes y no residentes a la hora de aplicar reducciones fiscales. El artículo 33.1 de la Constitución reconoce como derechos la propiedad privada y la herencia, y en su artículo 31 precisa que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

A pesar de ello seguimos escuchando a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, justificar el expolio por motivos de “justicia social y redistribución de la riqueza”. Y a la diputada en el Congreso de la misma formación, Marta Marbán, asegurar que “la Comunidad de Madrid ha de dejar de ser atractiva para venir a morir por bonificación fiscal”. Nadie se trasladaría a morir a Madrid si pudiera hacerlo en su puñetera casa. 8.000 familias han tenido que renunciar a su herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones mientras la cueva de ladrones más honda de Europa, la Junta de Andalucía, ha recaudado 330 millones de euros. Y Ciudadanos tiene la oportunidad histórica de dejar de hacer política de salita acabando con el atraco bien apartando el estilete del PSOE de la espalda del ciudadano o bien dejando caer a Susana Díaz.

O fronteras o barbarie
Óscar Elía gaceta.es  2 Febrero 2017

Las fronteras no solo delimitan países. Los historiadores de la antigüedad cuentan que el limes romano no sólo marcaba los límites de una jurisdicción: marcaba los límites de la civilización. Civilización en sentido estricto. Sólo dentro de las fronteras florecían dos características que hacían de Roma, como antes de Grecia y del Antiguo Israel, pequeños milagros humanos: por un lado el imperio del derecho, de la ley, de las instituciones. Por otro el bienestar económico y material de sus habitantes. Éste era la consecuencia de un espacio regido por aquel determinado orden. Cuando los romanos fueron incapaces de cuidar sus fronteras, el orden se vino abajo y iniciándose una época de oscuridad en todo el territorio imperial, que acabó sólo cuando su legado por recogido por los nuevos reinos europeos.

Durante siglos, las fronteras de los países de Europa han sido las fronteras de una forma de entender la civilización: la de la libertad a través el orden, o del orden ejercido en libertad. El progreso económico, el desarrollo tecnológico occidental ha sido posible únicamente porque ha existido este orden y no otro. Solo en él diversas actividades han podido desarrollarse, entre ellas la economía moderna, tan de interés para el europeo actual. Este hecho es fundamental, porque significa que, por un lado, fuera de las fronteras occidentales –en sentido geográfico o en sentido cultural- el desarrollo económico auténtico es imposible. Y significa, por otro lado, que sin ese orden delimitado y definido por las fronteras europeas, el bienestar europeo o no tendría sentido, o no tendría futuro.

Desde este punto de vista, debilitar las fronteras o hacerlas permeables equivale a debilitar el orden europeo, y con él el bienestar de futuras generaciones. Unas fronteras fuertes son condición de posibilidad de una Europa que, al menos, sobreviva durante el siglo XXI.

No sólo la existencia y la defensa de fronteras es condición necesaria para el bienestar económico europeo. De la existencia de fronteras se deriva además otro aspecto europeo esencial: el derecho y el deber de cada unidad política de discriminar quién y cómo entra a formar parte de la comunidad. La sociedad es algo más que un grupo de personas viviendo separados en el mismo espacio: es una comunidad de valores compartidos que aspira a perpetuarse. Valores de los que se derivan las instituciones políticas: la democracia representativa, orgullo occidental, sólo tiene sentido porque durante siglos los europeos han compartido los valores del cristianismo. Durante siglos, las enormes diferencias entre europeos –políticas, morales, ideológicas- han encontrado sustrato en esos valores comunes, que han permitido que pese a guerras y catástrofes, Europa haya seguido siendo el espejo en el que medio mundo se mirase.

Por eso además no sólo es relevante quién forma parte de ella y quien no, quien es admitido y quien no: es fundamental y esencial. Pensar que la entrada en los países europeos de cientos de miles de musulmanes no va a cambiar estos países de acogida, que no va a trastocar los valores sociales y por consiguiente cambiar el futuro institucional y político es de una gravedad extrema. No sólo el sentido común: la experiencia acumulada en barrios y ciudades europeas muestra que la religión y la cultura, no sólo son relevantes en la convivencia y el orden social, sino cada vez más en el orden institucional y político. Ni la religión es una cuestión exclusivamente privada ni todas las religiones son iguales en relación con el orden democrático. Unas lo favorecen. Otras lo erosionan.

La frontera es garantía de libertad y orden. Sin embargo, el ataque desde dentro a las fronteras europeas es continuo, y goza de buena salud. Viene protagonizado por dos sectores del stablishment europeo bien delimitados. Por un lado, están quienes simplemente odian Europa y lo que significa: su religión, sus tradiciones, su historia, su desarrollo económico. Unos ven en las oleadas de inmigrantes una suerte de venganza histórica de los pobres contra la rica Europa, de los desheredados de la tierra contra el opulento hombre blanco: cualquier crimen, cualquier desorden, es disculpado por la izquierda cuando tiene como objetivo la civilización occidental. Para este tipo de izquierda y de ciertas ONGs, una Europa disuelta y desdibujada sería una suerte de justicia histórica. Otros, como la Unión Europea o distintos organismos de Naciones Unidas, ven en la avalancha o el goteo migratorio la posibilidad de construir partiendo de cero a un nuevo hombre europeo: multicultural, hecho de retazos minúsculos, sometido a una burocracia omnipotente y caracterizado por su falta de valores, de alma, de identidad. Un hombre light y gris para un superestado tecnocrático europeo.

Por otro lado están aquellos incapaces de enfrentarse a esta ofensiva antieuropea: aquí se incluyen los principales líderes europeos. Inanes ante la corrección política, incapaces de pensar más allá del corto plazo, se muestran insensibles ante la responsabilidad depositada en sus manos: dejan hacer a los primeros y se dejan arrastrar por la corriente, pese a que son perfectamente conscientes de los efectos de su inacción. Su responsabilidad es aún mayor, porque a diferencia de aquellos, éstos si son conscientes de las pésimas consecuencias, pero parece darles igual. Éste parece ser el caso de Rajoy: tiene a cientos de guardias civiles atacados a pedradas en la frontera sur de España, en defensa del limes, del orden, de la civilización de la que el es producto y guardián al mismo tiempo. En fin: no es que el presidente del Gobierno no crea en las fronteras ni piense que la Guardia Civil no hace un buen trabajo: es que prefiere obviar todo esto por el coste personal y partidista de enfrentarse a la corrección política que arrasa en la opinión pública y los medios de comunicación.

Lo cual nos llevaría al problema de la ausencia de liderazgo en los países europeos, y a la aparente incapacidad de las sociedades europeos para conseguir líderes auténticos, con una concepción histórica de Europa y con la fortaleza necesaria para defenderla. En una época en la que la inestabilidad y el desorden se extienden por medio mundo, en el que los cambios bruscos se suceden en el entorno europeo y las amenazas se acumulan al este y al sur del continente, es necesario reconocer que las fronteras son lo que separan el orden del desorden, y las que garantizan las libertades y el bienestar europeo. Como en tiempos del limes romano, son lo que separan la civilización de la barbarie.

¿Es posible la regeneración del centro-derecha?
Jorge Vilches vozpopuli.com  2 Febrero 2017

El título remite a una pregunta que me ha formulado la Red Floridablanca, un think tank dedicado a analizar la política y a tratar de influir en la sociedad. Son parte de esa batalla contra la hegemonía cultural de la izquierda, que debería definir a un país como abierto, plural y libre. La preocupación por la deriva política, sobre todo de las nuevas generaciones, en especial los millennials, ha llevado a dicha Red a organizar unas jornadas en las que moderaré una mesa sobre la situación y el futuro del centro-derecha español.

He de decir que la palabra “regeneración” no me convence; quizá sea un prejuicio profesional. Su uso remite a la reconstrucción de algo degenerado o en decadencia; y tomar su significado biologicista me satisface aún menos. En la historia del pensamiento español el término “regeneracionismo” supuso en su casi totalidad una traición a la libertad (léase a José María Marco), y el abrazo a soluciones autoritarias o dictatoriales. Basta con leer lo que escribían a principios del siglo XX “nuestros” regeneracionistas: Joaquín Costa, Ortega, Azaña, Unamuno, y adheridos como Julián Besteiro, Araquistáin y tantos otros. Su regeneracionismo fue, simple y llanamente, demolición a golpe de visionario, de ingeniero social. Todo parecía posible derribando lo existente y revolucionando. Fracasaron, y crearon la frustración, el complejo de inferioridad, la inquina al otro y ese regurgitar periódico de la historia del cainismo patrio que nos acompaña desde entonces.

El concepto de “regeneracionismo” puesto en la agenda política por los nuevos partidos, en especial por Ciudadanos, tan moralizante, aleccionador y adánico, no ha arreglado nada. Es más; solo ha servido para crear el espíritu general, el Zeitgeist, de que todo está mal, que es preciso reformar la Constitución sin saber el qué, o que únicamente un cirujano telegénico de hierro nos puede salvar. Ese discurso regeneracionista es perfecto para una sociedad del espectáculo e infantil, de eslóganes huecos, emotivos y sonoros que sirven de combustible a esta democracia sentimental. En consecuencia, es preferible y más ajustado hablar de actualización y ajuste.

La derecha que no se ha rendido al consenso socialdemócrata, la liberal, se pregunta cómo puede actualizar las cuatro claves de una opción plausible de gobierno; es decir, el proyecto político y la organización, así como adecuar el tipo de liderazgo y el discurso. El asunto no es baladí, ya que nos debatimos en Occidente entre el comunitarismo populista –tanto nacionalista como socialista- y la democracia liberal.

El programa político, por ende, debería ser lo primero. La vuelta al liberalismo como norma de conducta y código moral, sin ánimo fabulador ni utópico o totalizador, que devuelva al hombre el valor de su individualidad, incluso en el sentido thatcheriano, es la clave. Frente a la ingeniería social del Estado paternalista y omnipresente, o Minotauro que escribió Jouvenel, la derecha liberal debería hablar de la resurrección del individuo y del fin del miedo a las consecuencias de la libertad.

El discurso que ha de acompañar a dicho proyecto no puede olvidar la retórica que se ha perdido con el giro tecnocrático y economicista del último decenio. Sí; debe recuperar una retórica ilusionante, movilizadora, que genere identidad, capaz de pasar del voto del miedo al de la esperanza. Estamos en el reino de las emociones políticas, y el combate de los números es ineficaz si no va de la mano de un conjunto sólido y actual de ideas-fuerza.

La adaptación organizativa al nuevo tiempo político parece que pasa por lo que llaman “democracia interna”. Los métodos y resultados en el PSOE y Podemos no son precisamente edificantes; y los adoptados en Ciudadanos son contradictorios. El problema es la confusión entre elección y democracia. Votar al representante es parte de la democracia, pero no lo es todo, ni siquiera lo más importante. Si únicamente se trata de depositar una papeleta en la urna y, a partir de ahí mantener el poder casi omnímodo del electo será reproducir la ley de hierro de las oligarquías.

La democratización pasa por garantizar procedimientos de participación en rango de igualdad en los procesos selectivos y de toma de decisiones, con libertad de expresión y agrupación, para conformar una dirección o un programa. Pero todo esto se queda corto si la dirección no es fiscalizada. Esto sí es democracia interna; lo otro solo es elección. ¿Serán capaces las tradicionales estructuras del centro-derecha español de acometer una democratización real? Entre el control y la incertidumbre –a la vista del caos en Francia, por ejemplo- optarán por lo primero.

Karl Popper
Por último, en tiempos de una crisis de paradigma, tan parecida a la que ocurrió hace cien años, el tipo de liderazgo es básico. No me refiero a la orteguiana efebocracia, ni a los castings como método de reclutamiento político, sino a la capacidad e inteligencia de una persona para encarnar un proyecto y pronunciar un discurso singular, ilusionante e identificativo, que sepa aunar esfuerzos, fraguar acuerdos y crear lealtades. En terminología de James MacGregor Burns sería el “líder transaccional”, aquel capaz de manejarse entre los adversarios, negociar y vencer, y, al tiempo, fortalecer la unidad interna. Sí, es mucho pedir, pero hay que abrir el partido a la sociedad para encontrarlo o al menos acercarse al modelo.

Estos son solo cuatro apuntes de un debate que tendremos este 2 de febrero, y que a buen seguro no quedará cerrado. Ya dijo Karl Popper que “hay que estar dispuesto a exponer las ideas a la aventura de la refutación”, máxime si la batalla cultural no ha hecho más que comenzar.

La miseria de la Unión Europea
Amando de Miguel Libertad Digital  2 Febrero 2017

La idea fue muy buena: constituir una especie de federación europea, algo así como los Estados Unidos de América. Pero el empeño se ha quedado en agua de borrajas, esto es, sin sustancia. ¿Cómo se puede llamar Unión Europea sin que participen en ella el Reino Unido o Rusia? De momento, lo que rige es una gigantesca burocracia intervencionista y proteccionista tan cara como ineficiente. Las grandes decisiones se toman con el procedimiento de reunir en costosas cumbres a los jefes de Gobierno o a los ministros correspondientes. El procedimiento no puede ser más engorroso. Solo hay que imaginar el equivalente norteamericano, por el que tuvieran que reunirse los gobernadores de los estados federados para decidir cualquier cosa. Al menos hasta ahora ha venido funcionando una alianza entre los Estados Unidos y la Unión Europea, en una especie de guerra fría contra la antigua Unión Soviética, hoy Rusia. Pero el esquema ha llegado a su fin. Se avecina ahora un insólito entendimiento entre los Estados Unidos y Rusia que marginaría todavía más a la Unión Europea.

El propósito federativo de la Unión Europea no puede prosperar porque los Estados nacionales que la componen siguen teniendo una fuerte personalidad, producto de una larga historia. Cierto es que comparten el éxito de una moneda común, pero en todo lo demás prima lo específico de cada nación. La moneda común beneficia sobre todo a Alemania, donde se sitúa el banco central europeo. Ni siquiera se contempla la sustitución de 27 embajadas por una sola en cada uno de los países ajenos a la Unión Europea.

Durante los últimos siglos, un rasgo peculiar de Europa (incluidos Rusia y el Reino Unido, naturalmente) ha sido el cultivo de la ciencia. De momento, las universidades europeas siguen siendo formidables canteras de científicos, pero muchos de estos emigran hacia los Estados Unidos y otros países extraeuropeos.

El gran fallo de la Unión Europea es que la productividad no crece lo suficiente y hasta parece que se estanca o mengua. Un hecho tan sorprendente se debe a la primacía de la fórmula conocida como Estado de Bienestar y a la decadencia de la ética del esfuerzo. Una desilusión en todo el mundo ha sido que las nuevas tecnologías no han acelerado la productividad, como en su día lo hizo la primera revolución industrial.

Una novedad en la actual situación europea es que se ha visto obligada a admitir a millones de inmigrantes y refugiados, procedentes del resto del mundo en vías de desarrollo (etiqueta sarcástica). Esa pacífica invasión ha dado lugar al refuerzo del nacionalismo y de las ideologías xenófobas. El caso más dramático está siendo el trágico auge del terrorismo islamista.

Cierto es que dentro de la Unión Europea ya no hay guerras, como las hubo siempre, especialmente en el sangriento siglo XX. Se trata de un gran logro histórico. Sin embargo, todavía está lejos la posibilidad de un Ejército de la Unión Europea mínimamente comparable con el norteamericano, el ruso o el chino. Los ejércitos actuales son la expresión máxima de la organización y la técnica. En ambos aspectos la Unión Europea se rezaga.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

EEUU y Rajoy
Agapito Maestre Libertad Digital  2 Febrero 2017

No creo que la nueva Administración norteamericana esté preocupada por las declaraciones de Rajoy contra las medidas sobre el control de fronteras adoptadas por Trump. Sospecho que ni siquiera le preocupa la torrentera de quejas y jeremiadas vertidas en los últimos días por unos líderes europeos, que casi son desconocidos para la inmensa mayoría de la población europea, contra Donald Trump. ¿O alguien sabría decir quién es el jefe del Consejo Europeo? Más aún, creen que existen muchos ciudadanos en Europa que sepan qué es el Consejo Europeo. ¿Es un organismo internacional o ultranacional? ¡Quién sabe! Me temo lo peor. Ni nadie sabe qué es exactamente la UE ni a Trump le preocupa demasiado lo que digan unos dirigentes políticos desconocidos incluso en sus naciones. Esas dos negaciones jamás se convertirán en una afirmación. Es la tragedia de la UE.

Habrá que repetir, insistir y reiterar incluso hasta hacernos pesados que el mayor fracaso de la UE es no haberse hecho creíble para sus propios ciudadanos. Los dirigentes políticos europeos han fracasado a la hora de explicar las bondades y sacrificios de la Unión. Por eso, para que nadie se llame a engaño, habrá que recordar cosas muy elementales y sencillas sobre el fracaso de la UE. Sí, querido lector, porque la capacidad de autoengaño es infinita entre los humanos, especialmente si han nacido en Europa y se han maleducado en el idealismo alemán y el racionalismo francés, es menester insistir en asuntos de hechos, que se convierten fácilmente en grande verdades. Toda vez que nadie puede cambiarlos. Sí, querido lector, repitamos que, más allá de los deseos utópicos sobre un futuro Estado Supranacional, hoy por hoy, Europa no es, por desgracia, creíble para sus propios ciudadanos, porque no sabemos quién ejerce el poder.

El surgimiento de Trump ha venido a recordarnos que hemos perdido, en los últimos lustros, cien oportunidades para construir un Estado Europeo. Nadie sabe muy bien cuál es el vínculo, el poder político, que une a la UE. El dominante afán de beneficio y rapiña de cada uno de sus socios ha desvirtuado el propio ideal de una Europa Unida, que no era otro, como manifestó Ortega y Gasset, que superar las identidades nacionales como forma más perfecta de vida colectiva. Eran certeros el diagnóstico y el pronóstico del filósofo español, uno de los más grandes padres espirituales de una Europa unida, ofrecido en pleno proceso de reconstrucción de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en un Berlín dividido en cuatro zonas. Entonces como ahora, los máximos responsables, en realidad, culpables de no haber conseguido ese salto cualitativo en la política mundial, es decir, transitar del Estado-Nación al Estado Supranacional tuvo un nombre: "las minorías políticas dirigentes". Tampoco en esto se equivocó Ortega y Gasset.

La baja calidad de los dirigentes políticos no han conseguido hacer creíble la UE para sus propios ciudadanos. Han sido incapaces de hacerse cargo y explicar a la ciudadanía los problemas y las ventajas de un proceso, sin duda alguna apasionante, que debería habernos conducido a los europeos desde las nacionalidades clásicas a una identidad colectiva de carácter supranacional. Por desgracia, ese proceso está estancado hace más dos décadas, paradójicamente, por una casta política cada vez más envilecida y degenerada por los falsos apetitos de las masas. Nuestros políticos quieren ser dirigidos antes que dirigentes. Nada han hecho, salvo esconderse en Convenios Internacionales jamás ratificados de modo contundente por las poblaciones, por crear nuevas formas de identidad política y, además, han deteriorado, cuando no destruido, identidades colectivas de carácter nacional, que parecían fuertes y seguras.

Y ahora, cuando llega Trump y dice que no quiere negociar con la UE sino con cada uno de sus socios, se ponen todos muy nerviosos. Es para estarlo. Imagínense que EEUU elige a Marruecos, en vez de España, como socio prioritario en el sur de Europa y norte de África. No es necesario que les exprese y justifique mi desazón ante esa cuestión, que requiere una respuesta urgente de todos los actores políticos de España, especialmente de su gobierno… Sin embargo, ante ese dramático escenario que pudiera plantearse más pronto que tarde, va el presidente de Gobierno de España y, en vez de callarse como acostumbra, eleva la voz y se une al coro de artistas y moralistas contra Trump. Terrible. La audacia de este señor podríamos pagarla todos los españoles.

EQUIPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO
Militares heridos en acto de servicio recusan a un juez europeo por su demanda de pensiones
El juez, propuesto por Andorra, no ha admitido a trámite la demanda presentada. Los demandantes -policías, militares, y guardias civiles heridos en actos de servicio- piden que se elimine el límite máximo de pensiones y que se igualen sus pensiones a las de víctimas del terrorismo
EFE Estrella Digital   2 Febrero 2017

Policías, militares y guardias civiles han recusado al juez Pere Pastor Vilanova, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y propuesto por Andorra, en su reclamación para pedir que se elimine el límite impuesto a sus pensiones desde hace 33 años.

El abogado sevillano Fernando Osuna, que lleva la demanda, ha explicado que la cuestión de fondo que plantean los policías y militares es la discriminación de sus pensiones con respecto a las víctimas del terrorismo.

Estas víctimas cobran las pensiones íntegras, mientras que los militares, policías y guardias civiles sufren un recorte en las pensiones por lesiones en acto de servicio, que en algunos casos puede ser de 900 euros al mes, según la demanda del abogado.

La recusación se ha presentado una vez que el juez no ha admitido a trámite la demanda presentada, lo que se ha resuelto "en dos líneas" y sin más explicación, critica el abogado.

"No es legal que un juez de un estado resuelva demandas de su propio estado, es decir, un juez español integrado en el TEDH no puede tratar ni resolver materias o litigios en los que intervenga España", concluye la recusación presentada.

El abogado afirma que representa a demandantes de Valencia, Zaragoza, A Coruña, Madrid, Barcelona, Asturias, Murcia, Badajoz, Las Palmas, Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería, Córdoba, Burgos y Toledo.

Aunque el juez no ha sido propuesto por España, añade la demanda, es conocida la relación de Andorra con el Estado español y su "dependencia administrativa en diversas cuestiones".

Así, afirma que esta dependencia se extiende a materias de educación, de defensa y militar, e incluso los jefes de Estado del Principado de Andorra son los Copríncipes, uno de los cuales es el Obispo de Seo de Urgel (Lérida-España), de nacionalidad española.

Además, Pastor Vilanova forma parte de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, formada por siete jueces, de la que forma parte y es presidente el juez propuesto por España Luis López Guerra.

Esto quiere decir, indica el abogado, que el juez Pastor Vilanova está bajo la directa dependencia de Luis López Guerra, que es el juez propuesto por la Alta Parte Contratante contra la que se interpone la demanda, con el que comparte Sala.

Por ello, el abogado considera que, en este asunto, "el principio de independencia e imparcialidad judicial del TEDH respecto al poder político quedaría cuestionado", y solicita que la declaración de no admisión de la demanda, que se produjo el 1 de diciembre de 2016, debe declararse nula.

La merienda de negros (perdón) del TEDH
Nota del Editor  2 Febrero 2017

A ver si tienen suerte, porque por aquí ya sufrimos la primera fase (inadmisión de la demanda por un juez holandés asistido por una letrada catalana, sin razón alguna). Y la carta de queja enviada al presidente del TEDH no tuvo efecto, ni siquiera respondió sugiriendo que podíamos recusar al juez).


Foto actualizada de la deuda de España
La deuda externa supera los 1,17 billones de euros, cifra que representa el 107% del PIB español. Esta cantidad significa el 28% de la deuda en su conjunto de la economía española.
Juan Laborda vozpopuli.es  2 Febrero 2017

La semana pasada se “revelaron” dos fotos instantáneas sobre la realidad social y económica española, la situación financiera de las familias patrias y del mercado laboral. Las conclusiones, muy alejadas de la algarabía mediática: España no es un país para jóvenes, pero, además, bajo la actual súper-estructura, es un país sin futuro. Este análisis lo completamos hoy con una instantánea actualizada de la deuda patria, obtenida a partir de los datos publicados por Banco de España. Sin soberanía monetaria somos rehenes de una deuda impagable.

La excesiva deuda total (4,13 billones de euros) y externa (1,17 billones de euros) nos hace tremendamente vulnerables a un aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros y/o a un cierre del grifo del BCE

La excesiva deuda total (4,13 billones de euros) y externa (1,17 billones de euros) nos hace tremendamente vulnerables a un aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros y/o a un cierre del grifo del BCE. En ese caso España entraría en un círculo vicioso. En el trasfondo de todo, la salida en falso de la actual crisis sistémica. En su momento no se hizo aquello que era óptimo y eficiente, económica y socialmente, para hacer frente a los orígenes y las causas que llevaron a la economía mundial a la actual crisis sistémica. Se prefirió ganar tiempo y defender los intereses de quienes la generaron, la élite bancaria. Por eso ahora estamos en una situación parecida a 2007 y, al igual que entonces, el pensamiento gregario dominante tiene un carácter destructivo al imponer recetas cuyos supuestos macroeconómicos fundamentales no se basan en la realidad. Lo último, la retahíla de chorradas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.

Los datos actualizados de la deuda de España

En los cuadros 1-4 presentamos los datos actualizados a partir de los datos publicados por Banco de España y recogidos, dentro del apartado de estadísticas, en el epígrafe cuentas financieras de la economía española, concretamente en el capítulo 2. Son los correspondientes al tercer trimestre de 2016.

Cuadro 1.- Evolución Deuda de España por sectores, 2008-actualidad (millones de euros).

Cuadro 1.- Evolución Deuda de España por sectores, 2008-actualidad (millones de euros). J. Laborda

En el cuadro 1 se recoge la evolución Deuda de España por sectores en millones de euros. Se observa como desde 2008 la deuda privada se ha reducido en casi 754.000 millones de euros, normal en un proceso de desapalancamiento de familias, empresas y entidades financieras. Por el contrario, se ha producido un fuerte incremento de la deuda pública, en casi 1 billón de euros. Ello se debe básicamente a dos razones. Por un lado, la intensa recesión de balances acelerada por las políticas económicas implementadas desde mayo de 2010, y que activaron los estabilizadores automáticos. Por otro, a un incremento del stock de deuda pública correspondiente a fondos que se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros (rescate bancario).

En el cuadro 2 se recoge y estudian dos fotos fijas para analizar la evolución de los acreedores de nuestra deuda pública: por un lado cierre de 2008; por otro, el último dato disponible correspondiente al tercer trimestre de 2016. En él se pueden observar varias tendencias interesantes e inquietantes.

Cuadro 2.- Acreedores de la Deuda Pública de las Administraciones Públicas.

Cuadro 2.- Acreedores de la Deuda Pública de las Administraciones Públicas. J. Laborda

En el momento actual el mayor acreedor de las administraciones públicas es el sistema financiero español, cuya posición acreedora con las AA.PP. representa el 47,5% del total. El segundo mayor acreedor de las AA.PP. es el resto del mundo, casi el 38% del total. El Estado Central se ha convertido en el principal acreedor del resto de administraciones públicas –CC.AA. y ayuntamientos- en términos de préstamos concedidos.

En los cuadros 3 y 4 se recogen y estudian dos fotos fijas, cierre de 2008 y el último dato disponible, tercer trimestre de 2016, para ver cómo ha evolucionado lo que debemos al resto del mundo, nuestra deuda externa, su cuantía y qué sectores patrios son quienes tienen esas deudas con el exterior.

Cuadro 3.- Deuda Externa España a cierre de 2008.

Cuadro 3.- Deuda Externa España a cierre de 2008. J. Laborda

Cuadro 4.- Deuda Externa España a cierre de tercer trimestre de 2016.

Cuadro 4.- Deuda Externa España a cierre de tercer trimestre de 2016. J. Laborda

La deuda externa supera los 1,17 billones de euros, cifra que representa el 107% del PIB español. Esta cantidad significa el 28% de la deuda en su conjunto de la economía española. El resto es deuda entre sectores residentes. La cifra es muy parecida a 2008, un poco más alta, pero la composición ha variado drásticamente. El 48% de la deuda externa corresponde ahora al sector público, frente al 20% de 2008. Por el contrario, las deudas que nuestras entidades financieras deben al exterior representan “solamente” el 26% del total de nuestra deuda externa, frente al 54% en 2008. Mientras, la deuda externa de las sociedades no financieras representa el 26% del total de la deuda patria con el exterior, cifra casi idéntica a 2008. Lo que estos datos confirman es por qué desde el exterior, con el apoyo entusiasta de las élites bancarias, se impuso una política de austeridad. Se trataba de disponer recursos públicos para destinarlos a financiar a terceros, a ellos.

El problema es que a fecha de hoy sigue sin entenderse la naturaleza endógena del dinero

El problema es que a fecha de hoy sigue sin entenderse la naturaleza endógena del dinero, y una máxima que introdujo el profesor Amir Sufi, coautor del libro House of Debt, en su comparecencia, el 17 de septiembre de 2015, ante el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, donde afirmó que “el crecimiento del crédito sin crecimiento de la renta es una receta para el desastre”. En este sentido, las causas que originaron la actual crisis económica no solo no se han corregido sino que han empeorado. La carga de la deuda en los países desarrollados se ha convertido en un evento extremo utilizando cualquier medida histórica y requerirá una ola de condonaciones de deuda, negociadas o no. Ello es especialmente cierto en países que carecen de soberanía monetaria, entre ellos los que forman parte de la zona Euro. En este caso la deuda se acaba convirtiendo en un arma de destrucción masiva y de imposición de políticas al dictado de los acreedores.

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El elefante separatista en la habitación
Aleix Vidal-Quadras gaceta.es  2 Febrero 2017

En particular el Gobierno de la Nación y su impávido Presidente se han puesto a la cabeza de este silencio ominoso, que contrasta con el estrépito que el voluminoso cuadrúpedo arma cada día en los medios.

Es conocida la expresión inglesa “an elephant in the room”, un elefante en la habitación, que alude a la existencia de un problema de considerable magnitud que todo el mundo percibe, pero que resulta tan difícil e incómodo, que nadie habla de él y al fingir que no existe se va demorando la solución, de tal forma que a medida que pasa el tiempo el animal se va haciendo cada vez mayor hasta el punto en que ocupa la totalidad del espacio disponible y el edificio, incapaz de ya de albergarlo, estalla y se rompe en pedazos. Pues bien, desde hace tres años en España tenemos un gigantesco proboscídeo en nuestro territorio, concretamente en la esquina noroccidental de la península, cuyo tamaño se va incrementando y que las elites políticas del país ignoran deliberadamente porque su envergadura las amedrenta y no se atreven a tomar las medidas necesarias para acabar con la amenaza que representa.

En particular el Gobierno de la Nación y su impávido Presidente se han puesto a la cabeza de este silencio ominoso, que contrasta con el estrépito que el voluminoso cuadrúpedo arma cada día en los medios, en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, en la sociedad civil catalana y en el palacio de la Generalitat, ruido ensordecedor que se oye hasta en el último rincón de España menos curiosamente en las sedes de los dos grandes partidos nacionales y en La Moncloa. La estrategia frente al tsunami político que se divisa en el horizonte y que avanza inexorable hacia nuestras playas ha consistido hasta ahora por parte del PSOE en proponer por una parte una vaga fórmula federal asimétrica que, por supuesto, ha sido rechazada sin paliativos por los independentistas y, por otra, en asistir impotente a los coqueteos oscilantes de su socio el PSC con los nacionalistas. En cuanto al PP se ha refugiado en la acción de los tribunales promovida por la fiscalía y por la abogacía del Estado y se ha limitado a contemplar sumido en la parálisis como desde el bando secesionista se desobedecen sistemáticamente las sentencias y se reitera que sus planes de construcción de una nación soberana desgajada de España no se detendrán diga lo que diga el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o cualquier toga que se les ponga por delante.

Cada vez que Puigdemont, Munté, Junqueras, Homs, Forcadell, Rufían, Tardá, Mas, o cualquiera de los numerosos portavoces del separatismo rampante anuncian con complacida insolencia que la consulta tendrá lugar antes de Septiembre de este año y que se convocará y llevará a cabo con o sin el consentimiento de las instancias centrales del Estado, la reacción del Gobierno en boca de su máximo responsable o de la Vicepresidenta o del ministro de Justicia -el actual titular de Exteriores es afortunadamente más discreto en este tema que su locuaz predecesor- consiste invariablemente en recordar que tal iniciativa desborda la Constitución y que, por tanto, no ocurrirá, como si el texto de nuestra Carta Magna tuviera por sí solo virtudes taumatúrgicas capaces de hacer entrar en razón a las fuerzas centrífugas desatadas en Cataluña.

La realidad es que dos trenes que circulan por la misma vía en sentidos opuestos acaban chocando aunque uno de los dos esté parado, a no ser que alguien pise el freno o active un desvío antes de la fatal colisión. En otras palabras, la ley no se cumple por el mero hecho de que los magistrados dicten una sentencia, ha de actuar también un poder efectivo de naturaleza física que la haga cumplir. Si un delincuente es enviado a prisión por un juez tras

el correspondiente proceso, es indispensable que unos policías lo esposen, lo metan en un furgón y lo transporten a la institución penitenciaria donde cumplirá su pena. Allí unos funcionarios lo conducirán a su celda y velarán por que no se escape. Pues bien, con el elefante separatista que el Gobierno se niega a ver, sucede lo mismo.

Llegado el momento, cuando la Generalitat publique los censos, disponga los colegios electorales, imprima las papeletas, distribuya las urnas que en esta ocasión no serán precisamente de cartón, despliegue los Mossos para velar por el buen orden de la operación y anime en TV3 en prime time a los ciudadanos a participar, no bastará con que el Tribunal Constitucional invalide la convocatoria ni con que Soraya Sáenz de Santamaría con su aire de alumna aplicada advierta de la ilegalidad del montaje. Todo eso a los separatistas les da igual, seguirán adelante y además harán mofa y befa del Gobierno, del poder judicial y del resto de españoles que contemplarán atónitos el espectáculo de la trituración del Estado de Derecho.

El Gobierno, si quiere evitar la liquidación de España como Nación con cinco siglos de historia, deberá utilizar, además de las herramientas constitucionales y jurídicas a su disposición, los instrumentos efectivos con los que cuenta, tanto si le gusta como si no, y habrá de sacar el coraje necesario para hacer valer su autoridad y el imperio de la ley. Concretamente, tendrá que ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía autonómica catalana incluida, que impidan la votación cerrando los colegios, barrando el acceso a los mismos y deteniendo a aquellos que se resistan violentamente, si tal hecho se diera. Por supuesto, es aconsejable que tenga preparada una respuesta adecuada a las posibles algaradas que se monten en esa fecha nefasta.

El elefante está ahí ante nuestros ojos y no desaparecerá por mucho que juntemos los párpados. Más vale aceptarlo y actuar en consecuencia o resignarse cobardemente a que la matriz de nuestros derechos y libertades y de nuestra presencia en el mundo se disuelva y sólo quede de ella, en melancólica imagen orteguiana, un rastro de polvo que el tiempo disipará hasta borrar su recuerdo.

Financiación autonómica: asunto pendiente
José María Gay de Liébana okdiario  2 Febrero 2017

Días atrás se celebraba en Madrid la cumbre de presidentes de comunidades autónomas bajo la batuta de Mariano Rajoy, con la presencia de Felipe VI y con la ausencia de los presidentes de la Generalitat de Catalunya, Carles Puidemont, y del lendakari Iñigo Urkullu. Decía Puigdemont, intentado justificar su ausencia a la reunión – injustificable a todas luces cuando de lo que se trata es de intentar poner los primeros cimientos para solventar una descompensación financiera crónica – que la convocatoria venía a ser una mera puesta en escena y que poco jugo tangible se podía sacar. No obstante, había que interpretar esa cumbre como una primera toma de contacto que marcara las necesarias líneas de la financiación autonómica y las bases para dotar a las autonomías de los fondos suficientes con los que cuadrar sus golpeadas cuentas.

La financiación autonómica se ha ido convirtiendo en ese puzzle pendiente de resolver que crea tiranteces, agita tensiones y sobre el que cada cual tiene su propia opinión formada y no está dispuesto a ceder ni un ápice de terreno para empatizar con sus interlocutores. La descentralización del Estado, que es buena para un adecuado funcionamiento de sus estructuras y en teoría – solo en teoría – para un acercamiento de la Administración a la ciudadanía, ha ido engendrando, a través de la división territorial de España, una suerte de conglomerado de regiones en donde algunas de ellas se sienten dueñas y señoras de sus respectivas parcelas geográficas y sus máximos mandatarios se erigen en algo así como jefes de estado al socaire de la potestad normativa que el despliegue autonómico ha facilitado a lo largo de todos esos años. Los egos se agudizan y se difumina la mentalidad de que todos estamos en el mismo carro. En determinados casos, como el de Cataluña, los nacionalismos han devenido en posturas más radicales que, por el bien de todos, España y sus regiones, tienen que acompasarse y modularse sabiendo pensar con altura de miras, huyendo de esas fragmentaciones que en un momento en el que cada vez más se necesitarán bloques geopolíticos potentes y fuertes, se torna en obsesión única por parte de algunos mandatarios regionales.

Se hace preciso buscar, entre todos, soluciones para arreglar esos enfrentamientos que en nada ayudan a que España vaya adelante. Concentrar excesivos esfuerzos en discusiones intestinas no es bueno para el conjunto de la nación. Las exigencias tendrían que imponer a nuestros gobernantes, estatales y autonómicos, una dedicación intensa a la tarea de hacer de España una referencia en el panorama europeo y occidental, dejándose de discusiones que son más propias de patio de colegio. En cualquier caso, la financiación de nuestras autonomías era el meollo nuclear de esa cumbre presidencial, si bien se atisban otros puntos conflictivos más o menos relacionados con el tema de los dineros. Los problemas demográficos en todas las comunidades son de un tinte parecido aun cuando conviene distinguir el tipo de población residente y el uso de servicios públicos que se hace. No es lo mismo, en este aspecto, una comunidad cuya tasa de inmigración sea muy alta que otra en la que sea muy baja, no solo por el número de habitantes sino por el uso, más o menos intensivo, que los habitantes hagan de lo que conocemos como estado de bienestar. La sanidad, sin duda, constituye el máximo exponente de lo que decimos. Y también el coste de la educación sin dejar de lado otros extremos como la dependencia, las inversiones en infraestructuras, la situación de desempleo, los bonos sociales a fin de mitigar las tristes consecuencias de la pobreza energética y la propuesta de una tarjeta social que recoja ayudas y prestaciones sociales. Además, el siempre polémico asunto de la unidad de mercado y política funcionarial.
Trajes a medida

La agenda de la cumbre de presidentes de nuestras comunidades autónomas con el titular del Gobierno, bajo la mirada del rey, prometía. Cuando menos en el sentido de disputas sutiles de trasfondo áspero propiciadas, un día lejano, por aquello del café para todos. A veces, no todo el mundo puede tener el mismo trato y se hace preciso que un buen sastre haga un traje a la medida de cada cual. Quizás eso es lo que en su día falló en el planteamiento autonómico. Se diseñó con un prêt-à-porter que a la larga ha provocado demasiados litigios. Tras esta introducción, es preciso poner sobre la mesa los números de nuestras comunidades autónomas que se vienen saldando en términos deficitarios durante los últimos cuatro años a razón de unos 18.000 millones de euros anuales en promedio. La primera reflexión, a la vista de esos descuadres, es que el actual modelo de financiación autonómica es inviable. Desde la ortodoxia contable cabe arremeter contra el desajuste autonómico que en 2015 se cerró, según números definitivos de la Intervención General de la Administración del Estado, con unos ingresos por parte del conjunto de las autonomías de 152.104 millones de euros y unos gastos de 170.066 millones, arrojando un déficit de 17.962 millones.

Cuando la historia de descuadre contable se repite año tras año, es incuestionable que algo no funciona. Es cierto que las comunidades llegaron a gastar en total 193.552 millones de euros en 2011 y 191.252 millones en 2012, con unos ingresos, respectivamente, de 138.684 millones y 171.805 millones, y que desde 2013 han sufrido un recorte en las cantidades ingresadas (148.050 millones de euros en 2013 y 146.447 millones en 2014) que son consecuencia de esos años de crisis. El insolente problema de las cuentas públicas radica en que los gobernantes gastan y gastan y al ver sus volúmenes de dispendio, fuerzan hasta la extenuación la máquina de los ingresos que, en román paladino, son los impuestos y las cotizaciones sociales. A partir de ese punto, irrumpen las situaciones de excesiva presión fiscal que acaba por asfixiar y estrangular a los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas. En cualquier economía familiar y empresarial las cosas se hacen, a diferencia de nuestro Estado, con sentido común. Primero se parte de los ingresos presupuestados en condiciones normales y no al buen tuntún. Y a continuación se ve lo que se puede gastar. Si los gastos andan desproporcionados sobre los ingresos, la lógica dice que se han de recortar gastos. La cordura, acto seguido, lleva a podar aquellos gastos que cabe tildar como de superfluos. ¿Por qué estos postulados tan elementales no se dan en nuestras finanzas públicas? Porque los políticos, y menos aún nuestros gobernantes, no están por la labor, porque existen intereses creados en cuanto al aparato del gasto público, porque no hay voluntad de que voces independientes indiquen el camino a seguir para reajustar los gastos.

Dos son los grandes gastos en que incurren, por sus propias competencias, las comunidades autónomas: sanidad y educación. En 2016 el gasto por sanidad del conjunto de las comunidades ascendió a 55.932 millones de euros, representando el 33,15% del gasto total presupuestado de las autonomías (no se incluyen aquí las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otras pequeñas diferencias inherentes al reparto autonómico). En 2016, también, el gasto total por educación asumido por las comunidades se elevó a 36.185 millones de euros, equivalente al 21,45% del gasto total de las comunidades. Sólo estas dos partidas, sanidad y educación, absorben más de 92.000 millones de euros y consumen casi el 55% del conjunto de los presupuestos autonómicos. Seguridad y protección social es otra partida que juega un papel destacado en las finanzas autonómicas con más de 11.389 millones de euros, representativos del 6,75% de los gastos totales. Con todo, dos son las partidas que exigen por parte de nuestras comunidades un singular esfuerzo desde el frente del gasto: deuda pública, incluyendo intereses – muy a la baja y condonados en buena parte en el transcurso de estos últimos tiempos por el gobierno de Madrid – y el resto de funciones o políticas, a modo de cajón de sastre del gasto autonómico no especificado.

En lo que respecta a la deuda pública, las devoluciones de dineros prestados en años anteriores van sumando así como el pago por utilización del capital, el monto con el que en 2016 han tenido que apechugar las autonomías supera los 27.000 millones de euros, lo que supone que el 16% del gasto de las comunidades se aplica al servicio de deuda. Y el resto de funciones o políticas, ese comodín de los conceptos del gasto autonómico, con 38.145 millones de euros succiona el 22,61% de los recursos empleados por las comunidades. La necesidad de dotar de fondos adecuados a las autonomías es una exigencia que no se puede posponer más. Para ello, es preciso que se establezca un pacto de Estado con la vista puesta a largo plazo, que sea estructural y alejado de los vaivenes puntuales que vayan surgiendo a causa de impulsos políticos o acaso electoralistas. Desde la posición de Cataluña, al margen de pretensiones soberanistas cuya cristalización está por ver, es absolutamente imprescindible y apremia que se llegue a un acuerdo tanto satisfactorio para los políticos catalanes como aceptable para el resto de España. No se trata de insistir en ese pulso inacabable entre Madrid y Barcelona, o Barcelona y Madrid, y sí de encontrar soluciones que permitan concentrar todos los esfuerzos en empujar el carro de nuestra economía.
Una factura muy cara

El desgaste de tanta discusión, declaración, escenas teatrales, del toma y daca entre unos y otros, a la corta o a la larga pasa factura y es el país el que acaba perdiendo. Cataluña es la comunidad autónoma que tiene un mayor gasto con 29.500 millones de euros en números redondos, en la que se da una serie de circunstancias: su gasto en sanidad representa el 28,04%, bastante por debajo del resto de autonomías, excepto Navarra (24,41%); su gasto en educación es el más bajo de todo el mosaico autonómico, 17,27%, después de Navarra (15.01%); los fondos asignados a seguridad y protección social representan el 6,21% sobre el gasto total de Cataluña, situándose en la banda baja de la horquilla autonómica; destina la mayor parte de sus recursos al servicio de la deuda pública (23,78%) siendo la comunidad que más fondos emplea para cubrir su endeudamiento; y, en lo concerniente al resto de funciones o políticas se halla entre el grupo de comunidades que más dinero aplica a las mismas, con el 24,68% de su gasto total.

Por consiguiente, urge equilibrar las cuentas de Cataluña dotándola de los recursos suficientes para que pueda atender en adecuadas condiciones sus gastos operativos y de funcionamiento como comunidad autónoma, a la vez que se tiene que exigir un adecuado control del gasto público que evite desequilibrios convertidos en déficit que a la larga restan, valga la expresión, auténtica autonomía financiera.

El disparate de las autonomías
Nota del Editor  2 Febrero 2017

Afirmar que "la descentralización del Estado, que es buena para un adecuado funcionamiento de sus estructuras" sin dar razones para sustentarlo es otro intento de echar humo sobre el verdadero problema que es la propia descentralización que por deficinión incurre en un espiral de ineficacia insostenible.

Si la descentralización fuera buena, estariamos todos muy contentos porque habría llegado a nuestros bolsillos, nada de intermediarios ni de representantes, el poder en el individuo que además es, para la mayoría ciudadana, quien sin duda conoce sus posibilidades, deseos y necesidades.

Lo que cualquier grupo, con excepción de los profesionales de la política, necesita es eficacia en la aplicación de los ahorros extraídos de nuestro bolsillo para atender las necesidades del estado de derecho.

El grupo de profesionales de la política lleva muchos años funcionando en el límite más alto de la eficacia en su propio beneficio del aplastamiento de los derechos y propiedades de los ciudadanos, especialmente los de cuarta clase (españoles en regiones donde el español es lengua impropia).

Referéndum antidemocrático
Editorial La Razon  2 Febrero 2017

La revelación por parte del ex juez y ex senador Santiago Vidal de que la Generalitat estaba empleando medios ilegales para obtener datos fiscales de los catalanes ha acelerado el «proceso», al punto de que los independentistas parece que han optado por el tan traído «choque de trenes» para parar una locomotora que, en estos momentos, circula enloquecida dispuesta a destruir todo cuanto está a su paso. Aunque parezca una solución dramática, sería la única que contentaría al imaginario nacionalista, lugar en el que habitan los fantasmas de otras quimeras históricas.

Pero aquí no se trata de repetir la historia, sino de aprender de ella: Cataluña sólo ha prosperado y ha ejercido sus plenos derechos como parte fundamental de España. Habría otra solución: convocar nuevas elecciones. Incluso una intermedia: elecciones y referéndum a la vez. Pero el problema planteado en estos momentos es otro y la solución no pasa por tacticismos imaginativos. Ante la situación planteada de celebrar un referéndum ilegal y de declarar la independencia unilateral de Cataluña no puede haber más solución que el respeto a la Constitución.

Sin aceptar este principio, será difícil encontrar una solución duradera y estable. Poner en marcha el referéndum para antes del verano, como no descartan los líderes independentistas, es despreciar la mano tendida que se ha ofrecido desde el Gobierno. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría lo hijo ayer en la sesión de control del Congreso: la Constitución «pone freno a los abusos de los gobernantes». Y, en estos momentos, los que gobiernan en la Generalitat están abusando de su poder –que no corresponde a la mayoría de la sociedad catalana– para imponer la secesión, se esté o no a favor.

En la hoja de ruta del independentismo no hay margen para el diálogo y hace tiempo que se descartó un acuerdo sobre bases realistas y factibles. Hasta ahora, el Gobierno ha hecho cumplir la Ley, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional aquellas medidas que infringían directamente la legalidad y en ningún momento ha tomada esas medidas «excepcionales» que el nacionalismo rogaba que se aplicase para dar alas a sus coartadas. Sin duda, estamos ante un desafío inédito en nuestra democracia –si no contamos algún momento de grotesco golpismo– y, por lo tanto, ésta debe actuar con las leyes que le son dadas para defenderse. Rajoy dijo ayer que es «absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar», cuando hay medios legales –que son los que debe utilizar el Estado– para impedirlo, incluso con medidas coarcitivas de manera proporcionada, pero que asegure el cumplimiento de la normas.

La deriva que está llevando a cabo la Generalitat en los últimos días ha decepcionado al Gobierno porque frustra la estrategia de mantener puentes abiertos, pero que nadie se lleve a engaño: el plan soberanista está diseñado para llevarse a cabo. El Gobierno no puede renunciar al diálogo por más complicada que esté la situación en estos momentos, porque el independentismo sólo podrá frenarse desde la propia sociedad catalana. La Generalitat niega cualquier diálogo porque esconde su debilidad precisamente en el extremismo de sus últimos pasos. El «caso Vidal» sólo ha sacado a la luz un plan que estaba diseñado hace tiempo. Ya en febrero de 2014, el propio Mas presentó un acuerdo con las cuatro diputaciones como el camino para disponer de una Hacienda propia. Si se confirma que se han empleado medios ilegales para acceder a los datos de los contribuyentes, debe ser recurrida de inmediato. El referéndum será también recurrido ante el TC y hay que impedir su realización y debe ser denunciado como la última estratagema para mantener vivo un conflicto en el que nos jugamos el futuro de todos los españoles.

Golpe de Estado permanente
JORGE DE ESTEBAN El Mundo  2 Febrero 2017

Adopto como título de este artículo el de la famosa obra del poliédrico François Mitterrand en su alegato contra el general De Gaulle, aunque naturalmente lo que digo aquí no tiene nada que ver con aquella controversia. Pero me parece que ese enunciado es enormemente expresivo de lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace ya muchos años.

Ahora bien, el concepto de golpe de Estado ha ido evolucionando desde sus primeras enunciaciones hasta llegar a esta nueva forma catalana de hacerse con el poder y, consecuentemente, de lograr la independencia. En efecto, el francés Gabriel Naudé, uno de los primeros autores que se ocuparon de este concepto en el siglo XVII, en su libro Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, lo define en plural, afirmando que "son acciones osadas y extraordinarias que los príncipes están obligados a realizar en los negocios difíciles, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimiento ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el bien público". En tal caso, sería mejor definir esta modalidad como autogolpe, pues en definitiva es el mismo sujeto quien sigue ejerciendo el poder. Pero esta primera acepción cambiará en parte de sentido para pasar a definir la que es hoy habitual y que popularizó especialmente Curzio Malaparte en su famosa obra Técnicas de golpe de Estado. Sea como fuere, esta segunda versión del concepto de golpe de Estado se podría definir como una acción violenta y repentina por medio de la cual un grupo de personas, normalmente militares, se apodera del poder al margen de las reglas constitucionales. Semejante procedimiento es, curiosamente, el modo de cambio de la autoridad más frecuente tanto en la Historia como en el mundo moderno. En efecto, se pueden contabilizar más de 100 golpes de Estado en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI se señala que ya han se han producido más de 30 de este tipo. Podemos apuntar como elementos fijos de un golpe de Estado los cuatro siguientes: es un método violento, repentino en el sentido de que no se advierte su preparación, que se realiza violando las normas constitucionales y es protagonizado, en todo o en parte, por militares, sin que sea necesario que se cuente con el apoyo de una gran parte de la población, más bien al contrario.

Dicho lo cual, nos encontramos en la actualidad con una categoría nueva de golpe de Estado, dirigido a la secesión de una parte del territorio nacional de España, con la idea de crear un nuevo Estado dirigido por los nacionalistas catalanes. El objetivo es el mismo de todos los golpes de Estado, esto es, apoderarse del poder, pero las diferencias son sustanciales. En primer lugar, el poder lo seguirán ejerciendo los mismos que lo ejercen ahora, pero el marco de actuación ya no será el mismo, pues se pasaría de una comunidad autónoma a un auténtico Estado. En segundo lugar, el golpe no es repentino, sino que lleva gestándose muchos años de forma escalonada. En tercer lugar, el golpe no es violento ni está protagonizado por militares, sino que su fuerza se basa en los votos de una parte de la población catalana que, en cualquier caso, no supera el 50% .

Sea lo que sea, la cuestión consiste en saber por qué y en qué momento comenzó a labrarse el señalado golpe de Estado a la catalana. La razón de por qué surge es muy sencilla, puesto que nos la facilita la Historia. Creo que no admite discusión que por diversas razones, comenzando por la lengua, Cataluña -y, en menor medida, el País Vasco- posee una singularidad que la hace sobresalir de las demás regiones españolas, lo cual no significa que los catalanes deban tener más derechos que el resto de los españoles, pero sí que su autogobierno debe ser reconocido específicamente, pero dentro de un Estado unitario para toda España. Es más: algún historiador mantiene que "en inmensa medida, el modelo catalán, mediante la Casa de Aragón, conforma España" porque a través del pactismo adoptado por los Reyes Católicos se constituyó la unidad en la diversidad de España, puesto que cada territorio se administraba a sí mismo. Cuando se proclamó la II República en 1931, esos antecedentes históricos condicionaron el hecho de que la autonomía de Cataluña fuese una de las primeras medidas adoptadas en el nuevo Estado.

No es, por tanto, extraño que Adolfo Suárez, respaldado por el Rey, llegase a la conclusión, apenas tres meses después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, de que era necesario restablecer la Generalitat a cuyo frente estaba el presidente Tarradellas. En consecuencia, el 5 de octubre de 1977 se restituye el autogobierno provisional de Cataluña mediante un Real Decreto-Ley en el que se dice que "hasta que se promulgue la Constitución, no será posible el establecimiento estatutario de las autonomías". En ese momento lo único seguro es que Cataluña podrá disponer de autonomía, pero sin más detalles. El propio Tarradellas, que fue presidente de la Generalitat en el exilio durante 26 años, opinaba lo siguiente: "Si no me he cansado de repetir mi convicción de que la autonomía política de los catalanes no tiene nada que ver con las aspiraciones autonómicas de otros pueblos de España es porque no tengo conocimiento de que su historia los determine interiormente a la autonomía con la intensidad y las característica a que estamos acostumbrados los catalanes. Los catalanes no renunciaremos nunca a nuestros derechos, a nuestras instituciones y libertades. Y no renunciaremos a ellos dentro de España".

Pues bien, como es sabido, Tarradellas cesa en 1980 como presidente de la Generalitat y su sucesor es Jordi Pujol. A partir de ese momento, Pujol, que venía precedido por el escándalo de Banca Catalana, irá construyendo un régimen que permitiría ir dando pasos para instalar el golpe de Estado permanente, con el objetivo de lograr algún día la independencia de Cataluña, y que además le sirvió presuntamente para levantar una inmensa fortuna familiar. Algo intuyó Tarradellas porque antes de morir llegó a sentenciar que Pujol había instaurado en Cataluña una "dictadura blanca", ya que nada se movía en el Principado sin que él lo supiese. Pero, como digo, el deseo más ferviente de Pujol, aunque lo disimulase, era seguramente separarse del resto de autonomías para acabar algún día construyendo un Estado propio. Es sintomático a este respecto el comentario que Pujol formuló a Ardanza, del que estaba celoso por sus mejores datos teóricos para una posible independencia: "Es que los vascos tenéis derechos históricos, concierto económico y ETA". Sin comentarios.

Así las cosas, la autonomía se fue transformando paulatinamente en soberanía, apareciendo los llamados soberanistas, eufemismo que recoge a los separatistas que irán incrementándose entre los jóvenes gracias a la enseñanza y al control de los medios. Los avances en el golpe de Estado permanente parecía que se iban a congelar con la llegada de un nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, al que le sucedería también otro socialista, José Montilla. Pero, paradójicamente, iba a ocurrir lo contrario, pues se elaboró un nuevo Estatuto que, sin ser necesario, desbordó ampliamente el marco constitucional y aceleró las etapas hacia la reivindicación de la independencia por parte de los soberanistas, apoyados por menos de la mitad de la población catalana. A Montilla le sucede Artur Mas, que insiste en que se reconozca el "derecho de autodeterminación", bajo el disfraz del inexistente "derecho a decidir". Así llegamos al 9-N, fecha en que se celebra un referéndum ilegal y prohibido expresamente por el Estado, pero que, sin embargo, el Gobierno de Rajoy lo permite mirando hacia otro lado. Todo lo que ocurre a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y de las manifestaciones de la Diada de 2012 no es más que un descaro inconstitucional para ir creando las estructuras del nuevo Estado catalán que la autoridad de Madrid parecía desconocer o, lo que es peor, permitir de forma suicida. Un colega mío, ex vicepresidente del TC, Carles Viver, es el cerebro que tiene todo planificado ante la pasividad del Gobierno de Rajoy y el pánico de los catalanes que no son independentistas y que se encuentran indefensos.

Las declaraciones que hizo un insensato ex juez hace unos meses nos reiteran muy claro que el golpe de Estado permanente ya se acerca a su fin porque el referéndum ilegal que piensan organizar, si se les deja, previsto para septiembre, se quiere adelantar ahora a antes del verano a causa del eco de la verborrea del juez constituyente que ha destapado el pastel. Según este jurista de pacotilla, para conseguir ese objetivo no hay más camino que no cumplir las leyes y la Constitución, algo que el Gobierno de Madrid ha tratado de impedir hasta ahora con pellizcos de monja. Ahora bien, los gobernantes catalanes siguen hablando de realizar el referéndum, pero lo curioso es que como no lo pueden hacer con la legalidad vigente, se inventarán unas normas hechas a su medida, siguiendo aquel lema de los almacenes modernos que decía: "Sírvase Ud. mismo".

Hemos llegado a la hora de la verdad y el Gobierno del PP, junto con los demás partidos que defienden la Constitución, tienen que sopesar qué medidas tomar, entre las varias que hay, para desarmar un mecano que se ha venido construyendo desde hace años y que si se mantiene el futuro de España será muy problemático.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.El final del procés no será 'pacífico'


Rumbo de colisión en Cataluña

Pablo Planas Libertad Digital  2 Febrero 2017

El frente nacionalista ha aprovechado la pasividad gubernamental para intensificar hasta extremos nunca vistos las tareas de agitación y propaganda.

Parece que Mariano Rajoy se ha enterado al fin de la gravedad del expediente catalán. Y, visto lo de la sesión de control entre el diputado de ERC Joan Tardà y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, queda meridiano que no hacía falta montar un despacho en la Delegación de Gobierno de Cataluña para calibrar el alcance de las intenciones separatistas. Cuando Artur Mas empezó con la caraja, Rajoy decidió que lo mejor era ignorar las amenazas, estrategia que culminó dos días después del referéndum del 9-N de 2014 en una rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno respondió "¿Qué referéndum?" a una pregunta sobre el referéndum y la prohibición del mismo por parte del Tribunal Constitucional.

La vacilada de Rajoy, ese improvisado ninguneo de que aquí no ha pasado nada, es precisamente el argumento de la defensa de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau de cara al juicio que en teoría se tiene que celebrar el próximo lunes 6 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El "en teoría" se funda en la hipótesis de que, ante la masiva manifestación a las puertas del juzgado, los encausados no puedan acceder "físicamente" al banquillo. No hace tanto (octubre del año pasado) que Catalunya Ràdio organizaba una encuesta sobre el particular. "¿Estáis dispuestos a impedir físicamente que se juzgue a Mas, Ortega y Rigau?", preguntaron a su audiencia. Ganó el no, pero la Asamblea Nacional Catalana asegura que ya dispone de más de quince mil voluntarios para rodear el juzgado, bloquear el paso y amedrentar a los jueces. Tampoco es un factor menor que la jefa de los funcionarios autonómicos, la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, haya recomendado a todos sus subordinados con aspiraciones que pidan un día de asuntos propios para retratarse en el selfie del #todossomosarturmas.

Entre las causas de este calentón separatista no es menor la relacionada con la actitud del Gobierno. El frente nacionalista ha aprovechado la pasividad gubernamental para intensificar hasta extremos nunca vistos las tareas de agitación y propaganda, al tiempo que se ha agenciado las contraseñas y claves necesarias para el día después de la desconexión y de datos de toda índole, desde la ideológica a la económica, de los ciudadanos de Cataluña.

Las burdas y obscenas maniobras de la Generalidad y los partidos que gobiernan la Generalidad desveladas en el affaire Vidal se han practicado en el terreno abonado de la inmersión lingüística, la manipulación mediática y la asimilación del dogma del hecho diferencial incluso fuera de Cataluña. De ahí la operación Diálogo del Gobierno, enésima reposición del beatífico propósito de saciar la voracidad de los caciques catalanistas.

Ante la reacción ultramontana del Consell Executiu a su oferta de refinanciación autonómica, el Ejecutivo asegura que no descarta adoptar "medidas coercitivas" para impedir el referéndum o referéndum del que ya hay un precedente. Nunca es tarde, sostiene Rajoy. Sin embargo, el maquinista del proceso cree que a buenas horas y ha dado la orden de más carbón que es la revolución. Mas, Puigdemont, Junqueras y Anna Gabriel mascullan "ya te apartarás" mientras fijan el rumbo de colisión.

La alarmante vocación violenta de las CUP
La pulsión violenta (y mal disimulada) de las CUP no es nueva. Hay ejemplos actuales, pero también antiguos como los carteles en los que golpean al conseller de Sanidad, pero también antiguos. Algunos verdaderamente preocupantes.
Rafael Núñez Huesca \ R.Moreno gaceta.es  2 Febrero 2017

El tramo final del proceso separatista no será "pacífico". Así lo advertía la portavoz de las CUP Anna Gabriel en una entrevista publicada en el diario independentista y subvencionado Nació Digital.

La líder anticapitalista decía así: "Incluso en el caso de ganar un referéndum [independentista], se abre un proceso de confrontación democrática. Y es mejor que nos situemos en este escenario y no que la gente crea que su papel es de mera espectadora y que podrá asistir a un proceso que irá de forma pacífica, de ley a ley”. La única posibilidad de garantizar una secesión pacífica sería “que el Estado español decidiese sentarse en una mesa a intentar negociar el traspaso de activos y pasivos".

El "terrorista" García Oliver, un ejemplo a seguir para Anna Gabriel
El coqueteo de las CUP con la violencia no es una novedad. Hace pocas fechas Gabriel reivindicaba "con orgullo", en una charla con varios periodistas de la revista Mongolia, la figura de García Oliver y su grupo de anarquistas, autodenominados "los reyes de la pistola obrera de Barcelona". La diputada de las CUP quiso poner públicamente en valor a un grupo que ella misma calificó de “terroristas”.

Los carteles de la "vergüenza" que "banalizan la violencia"
En estos momentos Endavant, una sectorial dependiente de la formación, ha realizado varios carteles en los que una mujer, bajo el eslogan “¡Plantemos cara!”, golpea al conseller de Sanidad, Toni Comín. Se aprecia incluso salpicaduras de sangre.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha puesto rápidamente un tuit en el que califica de “vergüenza” y expresaba “todo su apoyo” al conseller de Sanidad: “Hacen un pésimo favor a la causa que dicen defender". También la portavoz del Govern, Neus Munté, ha expresado “vergüenza e indignación” por el cartel.

Incluso el propio afectado por las ilustraciones, Toni Comín, se ha pronunciado en una radio catalana: "Un cartel así es peligroso porque cualquier persona poco sensata se puede sentir legitimada por este cartel por tener actitudes agresivas". Además ha pedido que Endavant retire el cartel por suponer una “banalización de la violencia”.

La organización integrada en las CUP, por su parte, ha respondido que "violencia es lo que lleváis haciendo con los recortes en la sanidad pública. No os vemos tan indignados con los pasillos llenos de enfermos".

"Habrá hostias que parirán terror"
Aunque el presidente de la Generalitat insista en que el procés separatista es un “proceso de naturaleza pacífica y democrática”, el radicalismo de algunos sectores del separatismo catalán está derivando en numerosos gestos amenazantes y actos violentos, que lo desmienten.

"Que la gente se prepare que aquí habrá unas hostias que parirán terror". Así lo ha asegurado Montse Venturós, alcaldesa de la localidad barcelonesa de Berga. "Lo que está pasando son los primeros embates que vamos a tener con el Estado español (...) Cuando se despierte el monstruo no estaremos hablando de si vamos a declarar o no. (…) Nosotros partimos de un concepto muy básico y clásico que es la lucha de clases", ha dicho este pasado diciembre. En noviembre fue detenida tras humillar a la Justicia 'españolista'. Hasta en dos ocasiones ha plantado al juez que la investiga por mantener la estelada en la fachada del Consistorio.

Desde quemar el Constitucional a guillotinar al Rey
Por otra parte, Arran, una organización de jóvenes separatistas que integra la CUP, extendida por Cataluña, Valencia y Baleares, ha pedido quemar el Tribunal Constitucional, según ha publicado Dolça Catalunya, que ha difundido el cartel donde reivindica esta acción. “Contra la represión del Estado, quememos el TC. Avancemos hacia la ruptura”, dice el panfleto.

En noviembre a quien puso Arran en el punto de mira fue al Rey y al presidente del Gobierno. Y les 'disparó' en la frente

A esto se suma que tras la detención de cinco antisistema por negarse a declarar ante la Audiencia Nacional tras quemar fotos del Rey en la Diada, los cuperos han protagonizado auténticas salvajadas este pasado diciembre, que van desde guillotinar al Rey a asediar a la Guardia Civil, con las que una vez más han demostrado la naturaleza de esta formación a la que los catalanes otorgaron 10 escaños en las elecciones de 2015 y que marca la agenda. La misma que tacha a la Policía y Guardia Civil de "represivas y peligrosas".

Las provocaciones de la izquierda separatista por los arrestos a sus colegas comenzaron en el Parlament, cuando varios diputados de la CUP dieron una rueda de prensa para romper las fotografías del Rey Felipe VI, exigir "más valentía" al resto de fuerzas separatistas, y reclamar la destitución del conseller de Interior, Jordi Jané.

Las protestas se trasladaron después a una quincena de plazas de Cataluña, donde bajo el lema Ni Rey ni miedo. Desobedezcamos, diputados y concejales de la CUP volvieron a quemar imágenes del Monarca, y llamaron a "desobedecer" al Estado.

Entre los cuperos que las secundaron están las diputadas de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant y Mireia Vehí, así como los concejales en el Ayuntamiento de Barcelona Maria Rovira y Josep Garganté, el concejal skin de la CUP, partidario de suprimir todas las policías, y que luce camisetas con las siglas A.C.A.B -“All Cabs Are Bastards” (Todos los policías son bastardos)-, el lema empleado por los grupos radicales políticos y los ultras del fútbol para insultar a la Policía Nacional.

Además, Garganté y Rovira han colgado un vídeo en el que guillotinan al Monarca.
Cabe recordar que hace justo un año, durante la comisión que debatía si retirar a la infanta Cristina la Medalla de Oro de la ciudad por su imputación en el Caso Nóos, Garganté manifestó que "si el Rey quiere corona, corona le daremos, que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos".

Este sujeto iba a ser juzgado en diciembre por un delito leve de coacciones al haber presionado supuestamente un médico para que modificara el informe de lesiones de un mantero y las atribuyera a un empujón de un policía local, pese a que la propia víctima afirmó que se había caído sin que nadie le hubiera empujado. Una acusación que el partido niega, aunque hay un vídeo que muestra a Garganté reclamando al doctor que cambie su informe, y que publicó en exclusiva El Periódico. Puede verlo pinchando aquí.

Finalmente, fue absuelto de coacciones porque el médico no denunció. Y tendrá que volverá a pisar los juzgados, aunque en esta ocasión como denunciante. Ha presentado una querella contra un agente de los antidisturbios que le pegó un porrazo durante una protesta de okupas ante el llamado Banc Expropiat tras desobeder una orden directa: desalojar la zona.

Asedio a la Guardia Civil
Por si fuera poco, a mediados de este diciembre un centenar de miembros de la izquierda separatista ha asediado el cuartel de la Guardia Civil de Manresa (Barcelona), han lanzado bolas de pintura contra él, y ha hecho otra quema de fotos del Rey.

La protesta fue convocada por la organización Arran Manresa y los congregados lanzaron gritos de "independencia" y "fuera las fuerzas de ocupación"

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles han pedido "contundencia" para para atajar estos actos vandálicos y que los agentes no vivan en Cataluña "otro País Vasco" . "Resulta absolutamente intolerable que en un Estado democrático se produzcan estas acciones contra los trabajadores de la seguridad pública y sus familias", han señalado.

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles, ha calificado de "xenófobos" y "cobardes" estos hechos. "Parece ser que se están imponiendo estos actos antidemocráticos y que rayan la ilegalidad, consistentes en el amedrentamiento de personas que lo único que hacen es cumplir con su trabajo, que incitan a una parte de la población al odio tanto a los guardias civiles como a sus familias", ha denunciado.

Ante tal situación, los sindicatos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Foral de Navarra, Mossos de Esquadra y policías locales de toda España convocaron el pasado 17 de enero una concentración en Barcelona para decir "¡Basta!" ante los ataques de la izquierda. Congregó a entre 1.500 agentes -según la Guardia Urbana- y 3.000 -según la organización-, que iban vestidos de negro, con un brazalete rojo en el brazo y en silencio. VOX fue el único partido político que quiso participar en ella.

EL PRÓXIMO 26 DE FEBRERO EN BARCELONA
SCC se manifiesta contra la 'amenaza' del separatismo a la libertad de los ciudadanos
La Gaceta  2 Febrero 2017

El presidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, y el vicepresidente de la entidad, José Domingo, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa para explicar todos los detalles de la denuncia que ha presentado la asociación ante la Fiscalía por el presunto uso fraudulento de datos personales de los ciudadanos por parte del Gobierno de la Generalitat.

Domingo ha explicado que lo que la entidad expone en la denuncia es que, de acuerdo con las declaraciones que ha realizado recientemente el exsenador de Esquerra Republicana de Cataluña, Santiago Vidal, y otros altos cargos del Ejecutivo catalán, se están produciendo delitos de “desobediencia y prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la intimidad y la libertad ideológica”. Según lo que ha asegurado Vidal, se estaría llevando a cabo “una preparación de bases de datos más allá de lo que permite la ley”. Además, ha señalado que “han sido corroboradas por el señor Josep Lluís Salvadó en una conferencia impartida en el mes de febrero, e incluso por declaraciones del señor Junqueras, en el programa de radio El Món a RAC1”.

El vicepresidente ha dejado claro que “estamos ante una situación especialmente grave”. En este sentido ha recordado que el Tribunal Constitucional fue tajante en el momento en que publicó su resolución sobre el 9N. En aquel documento se prohibía la realización de acciones con el objetivo de cumplir la hoja de ruta y, sin ir más lejos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “ha reconocido en el Parlament que tiene preparadas las estructuras de Estado”. Un hecho que demuestra que “está vulnerando la sentencia del Tribunal Constitucional”.

“La Generalitat está incumpliendo el principio de neutralidad básica. Está reconociendo implícitamente que vulnera los derechos y libertades de los ciudadanos. Construye estructuras de Estado sin tener competencias para hacerlo y en contra del ordenamiento jurídico. Nos están metiendo en un callejón sin salida”, ha afirmado. De hecho, ha destacado que “estamos ante un Gobierno catalán tramposo” que está produciendo una situación “de clara amenaza a los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Por este motivo, Domingo ha anunciado que Societat Civil Catalana también ha presentado dos quejas ante la Agencia Española de Protección de Datos y la Autoridad Catalana de Protección de Datos en relación a los “gravísimos hechos” desvelados por las declaraciones de Santiago Vidal, con la intención de que “se abra una investigación para esclarecer lo que está ocurriendo”.

Además ha concluido que esta situación demuestra, una vez más, que “no existen los mínimos estándares democráticos para que se pueda celebrar un referéndum” y que la Generalitat debe “abandonar la idea de llevarlo a cabo por salud democrática”.

Mariano Gomà, por su parte, ha lamentado que la Generalitat “esté entrando en la intimidad de las personas. Están entrando en nuestras casas, en los datos personales de la gente”. Un hecho que da “miedo”, como “la elaboración de listas, listas de afines. De aquellos que están de acuerdo o no con la independencia. Este es un hecho insólito y grave”.
El día 26 de febrero, manifestación

En relación a esta situación, Gomà ha anunciado que Societat Civil Catalana está organizando una manifestación para el 26 de febrero, desde plaza Urquinaona hasta plaza Sant Jaume, “en defensa de la democracia. Nos encontramos en una situación en la que la Generalitat está poniendo en peligro nuestro sistema democrático. Por eso nos vamos a manifestar”, ha asegurado.

Por qué la Guerra Civil sigue siendo actual, como una pesadilla
Blog II: Función del estado liberal. Para debate: www.piomoa.es
Pío Moa gaceta.es  2 Febrero 2017

**Próximo sábado, 10 de la noche en Radio Inter, llevaré un nuevo programa Una hora con la Historia, con Kiko Méndez Monasterio
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Pasemos entonces al segundo libro que ha publicado ud hace meses, La guerra civil y la democracia. Ese sí lo he leído. He sacado la conclusión de que se trata de un ensayo contra la democracia, y creo que otros opinarán lo mismo.

No, mire, todos hablan de democracia y se dicen demócratas, sean los comunistas o comunistoides de Podemos, los etarras, el PSOE o el PP. En realidad, en España no existe un pensamiento democrático ni en la izquierda ni en la derecha, por lo que se ha convertido en una palabra mágica utilizada arbitrariamente...

Es evidente, pero la democracia, aparte de quien o como use la palabra, tiene un valor, un significado objetivo.

Cierto, siempre que no creamos que significa lo que etimológicamente indica, es decir, “poder del pueblo” o “gobierno del pueblo”. Pero antes quiero hablar de la guerra civil, porque, ahí hay un problema muy relacionado con la democracia. Según versiones muy extendidas, entonces contendieron unas formas democráticas, las del Frente Popular, con otras fascistas o reaccionarias o en cualquier caso antidemocráticas. Esto, ya lo he demostrado, es radicalmente falso, y no voy ahora a insistir en ello: basta ver la composición de los partidos contrarios a los nacionales para comprobar que no había uno solo democrático, que lo eran menos que los nacionales. Pero la cuestión es esta: durante décadas, empezando ya antes de la transición, la idea que se impuso en España masivamente fue la que he dicho, una lucha entre demócratas y fascistas. Los principales divulgadores de esa versión han sido los comunistas y marxistas en general, y con eso está dicho todo. Sin embargo esa versión se impuso no solo en la universidad, sino en los medios de difusión y en las Cortes, cuando la derecha fue asumiendo en el Congreso las exigencias izquierdistas, bendiciendo a las Brigadas Internacionales, que fueron una especie de ejército particular de Stalin, o condenando el alzamiento de julio del 36, o finalmente la ley de memoria histórica, que por si misma es totalitaria y en el detalle una apología de los chekistas y asesinos de izquierdas, a quienes valora como “víctimas” y “luchadores por la libertad”. Esta sarta de barbaridades ha sido posible por la extrema debilidad intelectual de la derecha, que no ha sabido restablecer la verdad, o lo ha hecho mal, y finalmente ha colaborado en la falsificación de la historia. Esa debilidad vuelve también sumamente cobarde a esa derecha. Moralmente muy cobarde.

Admitirá ud que si la derecha ha aceptado las versiones de la izquierda ha de ser por algo. Quizá porque la izquierda tenía más datos y argumentos.

Por supuesto, así ha sido. Los datos y argumentos de la izquierda son casi siempre falsedades o falacias, pero la derecha era incapaz de distinguirlos. Un ejemplo: la ofensiva para destruir o cambiar de signo el Valle de los Caídos comenzó con el invento de que lo habían construido veinte mil presos republicanos. Basta un poco de sentido común para darse cuenta de que eso es un disparate, pero el monárquico ABC, principal periódico de la derecha por entonces, lo reprodujo tal cual, lo mismo la televisión, etc. Aparte del elemento de ignorancia, porque la derecha española es sorprendentemente ignorante... no sé si ya le dije lo de Fernández de la Mora, quejándose de que la derecha no leía... y por derecha se refería a los políticos y periodistas en primer lugar... Bueno, la derecha es también muy oportunista, tiende a creer que la historia empieza ahora y que “hay que mirar al futuro”. Eso significa no aprender nada. Puro oportunismo de ocasión. Es además una derecha poco inteligente. La izquierda es mucho más inteligente: comprende muy bien el valor político actual que puede tener una versión de la historia y ha sacado enormes rentas políticas de su “Himalaya de falsedades” como lo calificaba Besteiro. Con esto se ha llegado a una verdadera degradación social: izquierdas y separatistas imponen su versión del pasado, y la derecha pretende privar a los españoles de su historia con el pretexto ese de “mirar al futuro”. Un futuro que nunca se deja ver, por mucho que se le mire, a no ser que crean en las pitonisas, que tampoco me extrañaría. La guerra civil sigue siendo actual porque no ha sido asumida sino falsificada o tergiversada radicalmente, y por eso permanece como una especie de pesadilla sobre la convivencia española.

Ud afirma que en la guerra ganaron “los buenos”, pese a que no eran demócratas.

Si lo quiere decir así... La guerra se planteó como una lucha entre los que querían disgregar a España o eran indiferentes ante ello, los que querían implantar una revolución de tipo más o menos comunista, los que querían exterminar a la Iglesia y cultura católica... y los contrarios, que querían mantener la unidad de España, la religión y la cultura cristiana, la propiedad privada, etc. ¿Quiénes eran los buenos? Depende de con quienes se alinee usted. Y es cierto que no eran demócratas los ganadores, por lo que la democracia no desempeñó el menor papel en la contienda. Es decir, desempeñó un papel engañoso, propagandístico, por parte de los perdedores, que para llevar adelante sus designios tuvieron que destruir la legalidad republicana. Ellos mismos habían implantado la legalidad republicana, que era democrática a medias, y que por eso mismo les suponía un obstáculo a sus fines revolucionarios o disgregadores. Por eso asaltaron violentamente la república en octubre de 1934. Fracasaron, y en febrero de 1936, aprovechando la debilidad política y el miedo de la derecha, se impusieron mediante unas elecciones fraudulentas, a continuación de las cuales ya destruyeron sistemáticamente la legalidad, lo que esta tenía de republicana. Pese a ello se les sigue llamando “republicanos” con el mayor desparpajo. Por entonces eran menos hipócritas que ahora y ellos mismos solían autodenominarese “rojos”. La rebelión de los nacionales no se produjo contra una democracia inexistente, sino porque la democracia había sido destruida. Ahora bien, entonces ya era imposible volver a un régimen democrático o crear otro más puro que la república. Era imposible porque una democracia no puede funcionar cuando varios de los principales partidos están dispuestos a asaltar el poder y entienden la democracia como su propio poder ilimitado. Una democracia no funciona en un país cargado de odios políticos y de miseria, que es lo que trajo la república y sobre todo el Frente Popular. Pero por lo visto hay una resistencia encarnizada a la evidencia.

Veo una contradicción entre su afirmación de que la derecha es inane intelectualmente y cobarde moralmente, y la pretensión de que en la guerra civil fue capaz de sublevarse, y en condiciones muy penosas contra una tiranía, según usted, y para defender una cultura .

Bien, no siempre fue tan cobarde ni tan inane como ahora, eso está claro. Pero antes de seguir con ese tema déjeme ahora rebatir su implicación de que los buenos solo pueden ser demócratas. Para mí, la defensa de la nación, de la cultura cristiana, que es la raíz de Europa, de la propiedad privada, etc., son valores esenciales y previos a la democracia. Con haber derrotado a sus contrarios en unas condiciones extremas, los vencedores, Franco, ya se justifican históricamente. Y se justifican mucho más porque dejaron un país más próspero que nunca, más reconciliado que nunca, en que los irreconciliables, separatistas, terroristas, etc., eran muy pocos. Si luego fue posible una democracia fue por las condiciones sociales, económicas y políticas creadas por los vencedores, de ninguna manera la crearon de la nada unos políticos de tan poco fuste como los que gobernaron la transición, o los socialistas, que ni siquiera hicieron oposición real a Franco; no digamos los separatistas que por entonces querían engañar presentándose solo como autonomistas... Precisamente toda esa gente, que se dice demócrata, ha sembrado el país de corrupción, ha practicado un terrorismo y un infame apoyo al terrorismo, se ha empeñado en recuperar los odios de la república, ha premiado política y económicamente los asesinatos de la ETA, la ha rescatado de la ruina a que la habían llevado Aznar y Mayor Oreja, pretende imponer desde el poder su versión de la historia... Pero ¿qué clase de demócratas son esos? Son los herederos de aquel Frente Popular, y es preciso frenarlos. Una de las maneras principales de hacerlo es precisamente establecer la verdad histórica, y en esa tarea estoy, a esa tarea responde La guerra civil y los problemas de la democracia en España. Por cierto que no es solo en España. Porque aunque la verdad absoluta resulte inalcanzable, hay aproximaciones a ella y alejamientos de ella. Y desde hace décadas el alejamiento ha sido escandaloso. Y sus consecuencias políticas las palpamos a diario.


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