AGLI Recortes de Prensa    Lunes 6  Febrero 2017

Electricidad: el mayor robo de la historia industrial
Roberto Centeno elconfidencial.com  6 Febrero 2017

Los precios de la electricidad en España, los más elevados no solo de Europa sino de toda la OCDE, son, junto con la presión fiscal a las familias, el claro exponente del mayor expolio de toda nuestra historia industrial y fiscal. En 1975, el sector eléctrico español, totalmente regulado (es decir, los precios al público se establecían en función de los costos más un beneficio razonable para las empresas) eran los más bajos de Europa. Estos precios eran consecuencia de un sistema de generación extremadamente eficiente —hidráulico ( 32%), nuclear (10%), carbón y 'fuel oil' (58 %)—, con un coste de producción en valor actual de 21 euros/Mwh, y de la imposibilidad de la empresas eléctricas de ejercer su poder monopolista, al corresponder al Gobierno el sistema de fijación de tarifas.

En 1977, después de la desastrosa gestión económica de Suárez, con una inflación del 40% y un desequilibrio exterior insostenible, España se encontraba al borde mismo del abismo. Tanto, que de muy mala gana tuvieron que recurrir al gran artífice del Plan de Estabilización en 1959, que había permitido sacar a nuestro país del subdesarrollo secular y convertirlo en la octava potencia económica del mundo en solo 15 años, Enrique Fuentes Quintana. Él elabora un paquete de medidas urgentes contra la inflación y el desequilibrio exterior que se aprueban en octubre 1977, con el nombre de Pactos de la Moncloa.

Dentro de este paquete se integraba un Plan Energético Nacional que tuviera en cuenta los nuevos precios del petróleo, y cuyo objetivo era precisamente basar nuestro desarrollo futuro en energías distintas a los hidrocarburos. Fuentes Quintana me responsabilizaría a mi de la realización de ese plan, el cual se basaba en dos ejes esenciales: energía nuclear para la generación y, además, nacionalización de la red de alta tensión para garantizar la eficacia del funcionamiento del sistema de transporte, fuertemente fragmentado en las redes eléctricas de cada empresa.

La patronal eléctrica, apoyada por el ministro de Industria Oliart, se opondría frontalmente. A la nuclear, no por la energía en sí misma, sino porque el plan pretendía poner fin al dislate de que cada empresa construyera la central nuclear que le viniera en gana, lo que había llevado a que España tuviera todas la tecnologías nucleares existentes en el mundo con unas deseconomías de escala brutales, exigiendo que se pactara una tecnología única. Y lo de unificar las redes de alta tensión, que erróneamente veían como un primer paso para la nacionalización del sector, ya ni les cuento.

Sea como fuere, Enrique Fuentes, que estaba harto de la frivolidad e incompetencia de los ministros económicos de Suárez —Garrigues Walker, Oliart, Jiménez de Parga y Sánchez de León—: “¡Qué diferencia con los ministros de los años sesenta! Van a los suyo en forma escandalosa, ¡apañada va España con estos inútiles y con un presidente que es un cortoplacista ignorante hasta la náusea y sin el menor sentido del Estado!”, me diría indignado. Presentaría la dimisión irrevocable a los ocho meses de haber aceptado el cargo. La gota que colmó el vaso fue su enfrentamiento con Oliart por la red de alta tensión.

La moratoria nuclear y las renovables
En octubre de 1982, Felipe González arrasaría en las elecciones generales, acabando con UCD y con Suárez, el político que más daño ha hecho a España en siglos, con su disparatado "café para todos” y el Estado de las autonomías, fuente de todo nepotismo —entrarían cientos de miles de enchufados entre parientes y amigos y correligionarios—, despilfarro y corrupción. Desde entonces, España crecería muy por debajo de su potencial y se empobrecería frente al resto del mundo. Por no hablar de que nos robó la democracia, imponiéndonos una oligarquía de partidos con el control del poder legislativo y el poder judicial, esto ultimo cada vez más escandaloso con la ampliación de funciones a la Fiscalía. Que el aeropuerto de Barajas se llame Adolfo Suárez es un insulto a todos los españoles.

Felipe González tuvo una oportunidad de oro para cambiar este estado de cosas, pero no lo hizo. Antes al contrario, tomó decisiones que convirtieron lo que era una pujante economía industrial (representaba el 36% del PIB en 1975) en una economía de enchufados públicos, especuladores (Solchaga sería el gran apóstol de la cultura del pelotazo) y camareros. Su reconversión industrial fue, sencillamente, el desmantelamiento industrial de España a mayor gloria de Alemania y Francia y, en el tema que nos ocupa, la 'moratoria nuclear' fue lo que culminó nuestro desastre industrial. Se desmantelaron cuatro centrales prácticamente terminadas y se paralizó la instalación de otras cuatro iniciadas.

El costo para los consumidores de dicho desmantelamiento, ya que hubo que compensar a las empresas los costos incurridos, llevamos pagándolo décadas en concepto de 'moratoria nuclear'. Pero lo peor es que ocho centrales con una potencia conjunta de 8.000 Mw —que de haberse construido estarían generando hoy unos 60.000 millones de kwh, más que toda la energía eólica— y a un precio de 20 euros Mwh, permitirían reducir el precio del 'pool' (el precio del 'pool' más la subvenciones constituye el precio total) un 14%. Un disparate histórico que pagamos muy caro todos los españoles y no solo los marxista-ecologistas.

Pero lo peor vino después, y esta vez de manos de la derecha, los 'golfo-ecologistas'. En noviembre 1997, se promulga una Ley del Sector Eléctrico, donde de un lado se decía que se iniciaba el 'proceso de liberación', que efectivamente fue así, pero no porque se permitiera la competencia, si no porque se pasó de un oligopolio con precios administrados a otro con precios libres, igual que ocurrió con el petróleo y el gas. Un expolio gigantesco a favor de los oligopolios del Gobierno Aznar donde, en el eléctrico, la introducción de un denominado Régimen Especial encubriría el mayor robo legal a los consumidores de la historia industrial de España y de Europa.

El Régimen Especial supondría una serie de escandalosas subvenciones a las energías renovables que, además, y en contra de toda lógica, se mantenían intactas en el tiempo sin tener en cuenta, como en el resto del mundo, la mejoras tecnológicas que iban a producirse. La magnitud de los 'pelotazos' que han llevado el recibo de la luz al nivel más elevado de la OCDE fue de miles de millones por quienes, a pachas con el poder político —para mayor dislate, las concesiones fueron transferidas por Zapatero a las autonomías—, obtuvieron las concesiones. Ríanse ustedes de Pujol, Rato, Blesa o Granados.

Para cuantificar el expolio, la subvenciones: a día de hoy, son de 41 euros/Mwh la eólica, 390 euros la fotovoltaica, 240 la termosolar y 46 euros la cogeneración. Eso por encima del precio del 'pool', que hoy está en torno a los 50 euros/Mwh. Ninguna de estas energías necesita hoy subvención alguna. El coste de la eólica se ha reducido en un 30% y la fotovoltaica, en un 90%. Los últimos parques en desarrollo en México y Marruecos generan esta energía a 36 euros Mwh, la misma que nosotros pagamos a 390+50= 440 euros/Mwh. Que en estas condiciones el ministro de Energía, que todo lo que sabe de energía es que empieza por E y termina por A, nos diga que el recibo de la luz sube porque hace frío, simplemente no tiene pase. Nadal une al expolio masivo el insulto a los consumidores.

En conjunto, las subvenciones a las renovables suponen hoy el 24% del recibo de la luz; si unimos las consecuencias de la moratoria nuclear y los mayores impuestos de Europa, los españoles estamos pagando un 47,5% de más por el sectarismo, la incompetencia y la corrupción masiva. La señora Merkel suprimió el año pasado la casi totalidad de subvenciones a las renovables en Alemania, y lo mismo ha ocurrido en el resto del mundo. Justo en sentido contrario, Rajoy no solo ha mantenido el grueso de las subvenciones, además ha impedido por ley la autogeneración, lo que permitiría a familias y pequeñas y medianas empresas reducir a la mitad el coste del suministro eléctrico. Afirmar que ha hecho todo lo posible por bajar el precio es una de las mentiras más inauditas de un personaje que no ha dicho una sola verdad en toda su vida pública.

El impuesto al sol y la pila Tesla
La fulgurante caída de precios de los paneles fotovoltaicos, un 90%, hizo que desde 2014 su instalación permitiera a familias y empresas reducir sustancialmente el recibo de la luz, ya que generan electricidad a mitad del precio de dicho recibo. El problema es que, durante las horas de sol, estos paneles producen más electricidad de la que se consume y no producen nada durante la noche. En el resto de Europa, y particularmente en Alemania y Reino Unido, que van a la cabeza de este tipo de energía, las empresas eléctricas están obligadas a comprar los excedentes y a vender la parte no producida en condiciones de mercado.

Y aquí es donde Rajoy y el PP se han quitado la careta. Paradigma universal de la cobardía ante los separatistas, demuestra su despotismo intimo con los indefensos. A final de 2015, y al objeto de impedir el autoconsumo, sacó un real decreto que impone lo que denomina 'peaje de respaldo' al autoconsumo energético, según la terminología de Iberdrola, que es la redactora del decreto. Es el denominado coloquialmente 'impuesto al sol'. El indigno ministro Soria, tan ayuno de conocimientos que no sabía distinguir una placa fotovoltaica de otra para calentar agua, dijo: “Los consumidores deben pagar los peajes de transporte y distribución porque si no les estaríamos subvencionando”. ¡Vergonzoso! ¿Acaso ignoraba este inepto que en el recibo de la luz ya están incluidos todos los costos?

Este 'peaje de respaldo', que carece de justificación alguna y es solo un robo puro y duro, está calculado para impedir el autoconsumo. No es de extrañar que mientras que otros países, familias y empresas instalan miles de Mwh para el autoconsumo, en España apenas hay unas decenas. Pero si alguien creía que esto era todo, se equivocaba, la vileza de Rajoy para con lo débiles no tiene fronteras. En 2016, Tesla, la empresa que fabrica los mejores coches eléctricos del mundo, puso en el mercado un acumulador de litio que hace innecesaria la conexión a la red. La respuesta de Rajoy: prohibir bajo pena de fuertes multas su instalación. Algo propio de un capo mafioso y no de un jefe de Gobierno.

¿Y cuál es la solución a este expolio sin precedentes? Pues bien sencilla. El expolio ha sido una decisión política, es por tanto política su solución. ¿Hasta cuándo piensa el Gobierno hacer pagar a los españoles 440 euros Mw/hora por la fotovoltaica cuando su coste actual es de menos de 50? ¿Hasta cuándo va a seguir el BOE en manos del oligopolio eléctrico? ¿Hasta cuándo el Gobierno del PP, que ha convertido España en un infierno fiscal para la clase trabajadora y la clase media, va a mantener las fiscalidad sobre el consumo eléctrico mas alta de Europa?

Cualquier modelo europeo, excepto el de Italia, es mejor para España, el más rápido de implantar sería el de Alemania: fin del 'impuesto al sol' para el desarrollo masivo del autoconsumo por familias y empresas, fin de la mayoría de subvenciones a las renovables, como acaba de hacer Merkel, fiscalidad en la media europea y acabar con el oligopolio eléctrico —para que exista competencia, las tres primeras empresas no pueden tener más del 35% del mercado, aquí tienen el 73% directo y el 90% sumando las comercializadoras, que dependen de ellas—, y hasta que se consiga se vuelve a un sistema de precios regulados 'cost plus fee'. Solo se necesita una cosa: voluntad política.

Lo de "iguales" en la Constitución ES MENTIRA
Antonio García Fuentes Periodista Digital  6 Febrero 2017

Como en Andalucía los que aquí la mangonean llevan ya cuarenta años, han vuelto a instaurar las 35 horas de trabajo (“u lo que sea lo que muchos hacen”) y pese a como está “el cortijo” o región española; he encontrado el texto que abajo reproduzco, por cuanto la sensatez (cosa rara) de un tribunal superior, ha decretado nula esa medida que también la han tomado en la comunidad de Madrid y vete tú a saber en cuantos departamentos más; aunque aquí en lo oficial no se va al trabajo muchas veces; más bien se va a fichar y luego salir a tomar café, desayunar o ir a “asuntos particulares” para volver sin prisas y seguir leyendo el periódico o ver en Internet “aquello que place”´.

Y he dicho lo de salir “de paseo”, puesto que me han asegurado que aquí donde nací y vivo; se suele emplear el subterfugio, de dejar las tarjetas de fichar, a uno/una de la oficina que se queda con ellas y pasa el control de todos; y si se espera “visita peliaguda”, para eso están “los telefonines” (que yo les denomino a los móviles) y se avisa con tiempo para que al llegar la visita, estén ocupadas las mesas, la mayor parte del tiempo vacías.

O sea, todo un “progreso” para salir de la bancarrota que avanza por un país que se sigue denominando España y el que se cuida con “estos esmeros”.
En mi ayuntamiento, que ha sido catalogado como el más endeudado de los de toda España y que su realidad es ya estar en quiebra; también imperan las 35 horas semanales y la ciudad, está tan abandonada que para verla, no hay más que venir y estar aquí una jornada observando “los bienes públicos”.

El texto que arriba cito es el siguiente:
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensión cautelar de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid para estipular a los funcionarios municipales la jornada de 35 horas en lugar de las 37,5 horas de trabajo semanales, una medida adoptada el 30 de junio de 2016 y que había sido recurrida por la Abogacía del Estado. http://www.vozpopuli.com/actualidad/suspenden-cautelar-acuerdos-Madrid-laboral_0_995601488.htmlÇ

Y como todo lo que funciona en este planeta, es sobre la base del orden, la disciplina, la austeridad y la buena administración; se explica el porqué y el cómo va mi municipio, mi país y en general gran parte del “mundo mundial”; tan cargado de parásitos, que terminarán con todo… “incluso comiéndose los unos a los otros”.

¿Para qué entonces una Constitución y demás leyes? Algo que nunca entenderé. Privilegios abusivos cuando en la constitución se dice que somos iguales, que somos todos menos el rey (que también debiera ser igual puesto que igual ha sido parido por mujer) y si la jornada de trabajo son cuarenta horas semanales, deben ser para todos los trabajadores... ¿por qué los que trabajan en trabajos oficiales han de trabajar menos, si de hecho muchos de ellos y dentro de su destino no hacen "ni el huevo"? Bastante tienen con el puesto seguro que tienen con ese chollo. La Administración del Estado necesita una revisión a fondo y que de él ejemplo que debe dar, ya está bien de abusos, aparte de la ruina que han acumulado y que si sigue aumentando acabará como es fácil imaginar.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

La razón de ser de Ciudadanos
EDITORIAL Libertad Digital  6 Febrero 2017

Ciudadanos ha celebrado en la localidad madrileña de Coslada su IV Asamblea General, en la que ha redefinido su ideario según los deseos de su líder, Albert Rivera. La pugna entre los partidarios de mantener las tesis socialdemócratas, encabezados por Jordi Cañas, y la apuesta orgánica por acercarse a las ideas liberales se ha saldado con una rotunda victoria del aparato, como suele ocurrir cuando se suscitan debates de esta naturaleza en el seno de las formaciones políticas.

Ahora bien, más allá del perfil ideológico general adoptado en este auténtico congreso refundacional de C's, no puede olvidarse por qué nació este partido y qué llevó a tantos votantes de centro-derecha a depositarle su confianza, lo que se tradujo en un vuelco electoral que puso por fin a la formación naranja en el primer plano de la política nacional.

Por más que ahora sea un partido con una notable implantación territorial, con 1.500 concejales en toda España y 32 diputados en las Cortes, lo cierto es que Ciudadanos tiene una muy clara misión de origen que debería seguir vertebrando su ideario. El partido de Albert Rivera nació para acometer la empresa, tan dura como necesaria, de plantar cara al nacionalismo catalán cuando resultó miserablemente evidente que ni el PP ni el PSOE iban a dar de manera decidida esa batalla. La orfandad de miles de votantes catalanes de uno y otro partido, hartos de los abusos del separatismo y de la displicencia, cuando no de colaboración activa, de las franquicias territoriales de ambas formaciones, les llevó a confiar en esas nuevas siglas. Así se forjó el éxito de Ciudadanos en Cataluña, lo que sirvió de espléndida plataforma para que Rivera diera el salto a la política nacional.

Hoy, Ciudadanos pretende consolidarse como alternativa sensata para toda España con aspiraciones de gobernar; pero por desgracia está empezando a adoptar los peores vicios de los partidos a los que pretende sustituir: la contemporización de sus dirigentes en Cataluña, con Inés Arrimadas a la cabeza, ante los embates de un separatismo cada vez más envalentonado y golpista es sin duda el más alarmante ejemplo.

C's es una apuesta de futuro para toda España y no debería abandonar los principios que le otorgan su razón de ser. Su desempeño en Cataluña es una prueba de fuego de la que depende, en gran medida, que el proyecto político de Albert Rivera en el resto del país se consolide como una opción merecedora de la confianza de los ciudadanos que, además de tener una visión liberal de la economía, quieren una España unida de ciudadanos libres e iguales.

Cataluña: poder y ley
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo  6 Febrero 2017

Aunque los adoro, yo no reivindicaría tan alegremente como Rivera a los liberales de Cádiz, un tercio de los cuales eran clérigos y cuya criatura constitucional empieza de forma poco aconfesional ("En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo"), amén de crear tal desequilibrio de poderes que el Legislativo hizo imposible la acción del Ejecutivo, con fatales consecuencias. Más instructivo es atender al conflicto suscitado en los USA tras vetar un tribunal un decreto del presidente y tener que acudir, ambos, Ejecutivo y Judicial, al tribunal correspondiente -el Supremo- para dirimir un conflicto de competencias. No es que, a su forma zarrapastrosa, Trump haya atropellado los derechos humanos -eso lo hizo Obama, sin que nadie se pusiera el hiyab, al derogar la ley de asilo a los balseros cubanos- sino que pone a prueba la división de poderes. Ojalá no haya un atentado islamista mientras esto se resuelve, que sería malo para la Justicia, pero, salvo lo único que merece el impeachment, el Twitter de Trump, en USA todo está funcionando allí como debe: los tres poderes sometidos a la ley.

Pero en Cataluña, tierra de Rivera y solar histórico de C's, cuya capital constitucional también es Cádiz, sucede algo que ni Montesquieu ni nadie pudo prever y a lo que, tras los fastos congresuales, el líder de Ciudadanos debe enfrentarse, porque debe y porque si no lo hace él, nadie lo hará. Desde el origen del Estado autonómico, a la Generalidad catalana se le fue entregando un poder no sujeto a la ley (como en los USA y cualquier Estado de Derecho) del que abusa clamorosamente. Allí, la ley es la Constitución, el Estatuto que de ella emana, y todos los Tribunales, cuyas sentencias deben cumplirse igual que en toda España.

No es así. El poder que de forma fraudulenta (Ley del Catalán del TC) se dio a la Generalidad la ha convertido en un alien abocado a destruir España o ser destruido por ella, porque tiene una sola razón de ser: liquidar el orden constitucional y fundar su propia ley en el abuso de poder. Los Gobiernos de Madrid concedieron ese poder a la Generalidad y se reservaron acudir a la ley (Constitucional, Supremo) si se excedía. Y tanto, tantísimo se ha excedido que el Ejecutivo debería actuar. Pero no se atreve. Si Rivera se atreviese, España, como Lázaro, podría levantarse... y andar.

¿Qué hizo el banco de España durante la crisis?
Los consumidores no deberían confiar nunca en los números que presenta la banca, y ser muy cuidadosos con sus inversiones financieras. Tienen que saber que todas las instituciones que han de velar por la seguridad de sus inversiones siempre están al servicio de la banca, nunca velarán por nosotros.
Alejandro Inurrieta vozpopuli.es  6 Febrero 2017

El papel del Banco de España antes y durante la crisis financiera reciente es objeto de controversia, incluso 8 años después de su inicio. La situación de la banca tras el descalabro y posterior rescate de algunas entidades emblemáticas, sigue siendo un misterio, propio de un modelo de banca caduco, y sobre todo opaco. Esta constatación provoca cierta sensación de incredulidad entre expertos, pero sobre todo lo que revela es que las instituciones que, teóricamente, deberían defender a consumidores y usuarios, han estado más preocupados por esconder gran parte de la basura financiera que las entidades han ido incorporando a los balances.

La primera muestra de cómo el Banco de España tuvo un comportamiento cuanto menos mejorable, lo demuestra el hecho de que prohibiese a sus titulados escribir sobre la burbuja inmobiliaria, término que fue desterrado del lenguaje hablado y escrito, para no alarmar a una población que participaba de una orgía consentida y favorecida por la máxima autoridad de supervisión. Este hecho, que es poco conocido por la población, denota un estado pseudo policial dentro de la institución que contrasta con la vehemencia con la que su gobernador, a la sazón Ordoñez, dictaba lecciones magistrales sobre la moderación salarial.

La manga ancha con la que el supervisor permitió a las entidades el sobreendeudamiento, incluso con prácticas fraudulentas como los avales cruzados solo se puede explicar por una connivencia con el poder económico y un desprecio absoluto para con los máximos afectados a posteriori, precisamente los que han sufrido la moderación salarial, pero también las practicas fraudulentas que ahora están empezando a salir todas en bloque. No hay que olvidar que las preferentes, pero también todos los aspectos de la ley hipotecaria en discusión hoy día, pasaron el tamiz del supervisor, sin que alertaran en ningún caso de los elementos más negativos para con el eslabón más débil: los consumidores.

Pero si esto ha sido un escándalo, bueno lo debería ser en cualquier país civilizado, lo peor de todo es que no se ha logrado dar estabilidad a un sector como el bancario que atraviesa otra fase aguda de pérdida de reputación y negocio, fruto, sin duda, de una cúpula muy preocupada por sus pensiones y cómo esquilmar los fondos de accionistas, en el caso de la banca privada, o los partícipes en el caso de las extintas Cajas de Ahorro. La banca ha seguido arrastrando la pesada carga de ser un oligopolio sin competencia hace menos de 10 años, pero hoy las nuevas formas de banca, caso Facebook u otras que están surgiendo, probablemente dejarán muy tocada la banca minorista. Frente a esto, el supervisor también está arrastrando los pies y no se aprecia un desarrollo normativo y supervisor que evite fraudes o estafas, similares a las que ejercieron los bancos con las preferentes o cláusulas suelo, por más que les duela a algún Presidente de gran banco.

En este sentido, y tras quebrar Bankia, de nuevo salen a colación la actuación del supervisor en materia contable. Todo el mundo sabe que la contabilidad es un código de conveniencia que puede ser manipulado y maquillado para que incautos inviertan gran parte de sus ahorros en comprar acciones de una entidad como Bankia, cuyas cuentas se ha demostrado que estaban trucadas, sin el supervisor lo detectase, algo que tampoco hizo la CNMV. Lo más gordo fue que a la banca se le permitió, diferir la contabilización de la enorme morosidad que por aquel entonces se sufría en España. Ello contribuía a trufar un balance insano y convertirlo en uno insano, aprovechando el escaso conocimiento financiero que tiene la población, pero también para que muchos de los analistas del mercado, tan ciegos, como indocumentados en materia contable y financiera, y así engordar la cotización fraudulenta de Bankia. Esto da idea en qué manos estamos los consumidores, que tenemos que fiarnos de las instituciones y de los supuestos expertos en el mercado bancario, que son incapaces de leer un balance trufado.

Esta flexibilidad para con la morosidad, pero también para la valoración de activos tóxicos como los suelos sin calificar que eran valorados a precio desorbitado, han creado una película falsa alrededor de la banca que ahora va a ser difícil de digerir. Los problemas del Banco Popular, pero también otros, son reflejo de esta relajación normativa y de un modelo de rescate bancario que anteponía los derechos dela cúpula, que la de los consumidores.

Al Banco de España le vendría bien estudiar el modelo de resolución de crisis bancaria que llevó a cabo Suecia en los años 90. El supervisor fue implacable con la cúpula bancaria, varios acabaron en prisión, y se limpió el balance antes de inyectar dinero público. Aquí seguimos con los balances trucados llevándose pérdidas hacia el futuro, y encima con la inestimable ayuda fiscal de los créditos fiscales, calculados de forma que la banca siempre gana. El miedo a la caída de entidades grandes encoge el papel del supervisor y les hace ser muy comprensivo y laxo para que la pelota se pueda llevar siempre hacia adelante.

Por estas razones, los consumidores no deberían confiar nunca en los números que presenta la banca, y ser muy cuidadosos con sus inversiones financieras. Tienen que saber que todas las instituciones que han de velar por la seguridad de sus inversiones siempre están al servicio de la banca, nunca velarán por nosotros. Por supuesto, tampoco se fíen de los mal llamados analistas independientes, en salvo excepciones, también juegan a caballo ganador y prefieren el glamour de los bonus anuales, a decir la verdad a sus clientes finales, especialmente los minoristas.

'Está en juego la continuidad de Francia como nación libre'
Le Pen: 'No queremos vivir bajo la amenaza del islamismo'

A. B gaceta.es  6 Febrero 2017

La líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha manifestado que "no quieren vivir bajo la amenaza del islamismo" y que si es presidenta cerrará los lugares de predicación islamista, y los "sembradores de odio" serán condenados y deportatados. "No vamos a pedir a los franceses que se acostumbren a vivir con el horror del terrorismo islámico", ha dicho.

En la Convención Nacional que su partido ha celebrado este fin de semana en Lyon, Le Pen ha incidido en la importancia de los comicios puesto que "está en juego la continuidad de Francia como una nación libre y la existencia como pueblo" y ha confiado en su victoria. "Una gran mayoría de franceses comparte nuestra visión del hombre y de la nación".

Ha alabado el "histórico despertar de los pueblos" -en referencia a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la victoria del Brexit en Reino Unido y los buenos augurios de las formaciones de derecha alternativa en Austria e Italia-, y ha reivindicado la importancia del "patriotismo". "Los comicios enfrentarán dos visiones de Francia: la mundialista que quiere destruir los equilibrios económicos y sociales, y la patriota que pone la defensa de la nación en el núcleo de toda decisión". En este sentido, ha abogado por una educación que "transmita a los futuros ciudadanos el amor de nuestra cultura".

Asimismo, Le Pen, que tiene como objetivo "unir a todos los franceses en un proyecto común de futuro", se ha comprometido a dar "prioridad" en vivienda y empleo a los franceses, terminar con "la política social y fiscal que empobrece a las clases medias y populares, enriquece a las multinacionales y dilapida los fondos públicos a través de una inmigración descontrolada", "restablecer la moneda nacional", salir de la Unión Europea -a través de un referéndum-, abandonar el espacio Schengen y mantener la semana laboral de 35 horas.

La candidata de la derecha alternativa es la principal favorita para ganar la primera vuelta en un momento en que crecen las dudas sobre la continuidad de François Fillon como candidato de Los Republicanos al estar afectado por un supuesto caso de corrupción. Según un sondeo de diario financiero "Les Echos" publicano esta semana, ganaría con el 26-27% y el ex ministro de Economía Emmanuel Macron desbancaría por primera vez a Fillon de la segunda vuelta. El hacedor de la política económica de François Hollande lograría el 22-23%, y Fillón el 19-20%.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La ley está por encima de la calle
Editorial La Razon  6 Febrero 2017

Conviene de entrada desenredar los entuertos semánticos a los que es tan aficionado el lenguaje del nacionalismo catalán. En primer lugar, el juicio que empieza hoy al ex presidente Artur Mas por desobediencia al Tribunal Constitucional al convocar un referéndum independentista ilegal no es un juicio a «todos los catalanes», ni tan siquiera a aquellos que les apoyan. La Justicia no ha abierto un proceso colectivo contra el independentismo, sino a unos responsables públicos cuya misión era cumplir y hacer cumplir la Ley y no lo hicieron, a sabiendas de que estaban incumpliendo este mandato para el que habían sido elegidos.

Nadie impide que los catalanes voten, como es fácil demostrar, pues son convocados ininterrumpidamente a las urnas, como todos los españoles, para elegir los diputados a Cortes desde 1977 (trece veces), autonómicos desde 1980 (once ocasiones) y diez veces en las municipales. Lo que está fuera de la Ley, y así lo dejó claro el TC, es que no se puede convocar un referéndum para destruir la unidad territorial de España, como otros altos tribunales han dejado claro en Alemania o Italia.

La supuesta «audacia» de Mas no era más que una burda mentira que dejó clara la misma noche del 9 de noviembre cuando se jactó con una arrogancia insoportable de que el responsable de aquella «consulta» era él, el presidente de la Generalitat, y no las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, fieles estructuras de movilización, y que no tenía otro objetivo que preguntar sobre la independencia de Cataluña.

Este comportamiento de Mas no debe extrañarnos: hasta la reciente investigación y posterior detención de algunos militantes de la vieja Convergència por el caso de las comisiones del 3% también ha sido interpretado como un ataque a toda Cataluña. Pero vayamos hasta el momento fundacional de este victimismo usado como herramienta política: Jordi Pujol fue reelegido presidente de la Generalitat el 30 de mayo de 1984 en plena querella por el asunto de Banca Catalana y, como no podía ser de otra manera, 50.000 personas le vitorearon en las puertas del Parlament y, más tarde, en Sant Jaume. La calle, como siempre, por encima de Ley.

Por lo tanto, no es de extrañar que en la reacción de Mas ante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quiera esconder, de paso, su responsabilidad política en el caso 3%. Mas era un político dado por muerto, que ha llevado a su histórico partido a la ruina electoral y que acabará entregando el poder de la Generalitat a ERC, además de vivir la humillación –sobre todo la de la institución que representa– que supuso que diez diputados de los antisistema de la CUP exigieran su cabeza. Y se les dio. El juicio que empieza hoy es una oportunidad para relanzar su carrera, si antes no es inhabilitado, con la gasolina que suele emplear el nacionalismo: victimismo de alto octanaje. Lo que vamos a vivir hoy en Barcelona va más allá de lo admisible en una sociedad plenamente libre en la que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.

De nuevo, la Generalitat se ha puesto al servicio de una movilización ofreciendo la posibilidad de que los funcionarios puedan cogerse el día libre para acudir a la manifestación, un método que, para definirlo sin recurrir a ningún eufemismo, definiremos como propio de los regímenes totalitarios. ¿Pretenden presionar sobre la decisión de los jueces? Se equivocan. El Estado de Derecho debe demostrar que funciona con plena libertad de ejercicio, por lo que es inadmisible que se manifiesten a las puertas de un tribunal con el objetivo de deslegitimarlo al grito de «nos juzgan a todos los catalanes». Mal van las cosas en el «proceso» si se ven obligados a operaciones tan manipuladoras.

La marcha estelada.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  6 Febrero 2017

Hoy tres de los principales, que no los únicos, responsables de haber desobedecido una sentencia del Tribunal Constitucional prohibiendo la celebración del referéndum, disfrazado de “consulta, sobre la posible independencia de Cataluña, se presentan ante el Tribunal Supremo para declarar como acusados. Pero como ya es habitual en este tipo de comparecencias, vuelven a rodearse de fieles secesionistas, según ellos unos cuarenta mil, que les acompañarán, más bien impedirán su acceso al Tribunal en otro claro desafío a la legalidad. Porque no olvidemos que su deber es presentarse ante el juez y no evitarlo de forma cobarde escudándose en una muchedumbre belicosa, copiando a otros prófugos de la Justicia del mundo etarra en el País Vasco arropados por los abertzales impidiendo su detención.

Porque se es muy valiente a la hora de enaltecer a las masas, de firmar pública y mediáticamente con todo el boato convocatorias ilegales, de aprobar gastos de fondos públicos malversando. La cobardía viene cuando esto termina sentándose en el banquillo de los acusados ante un Tribunal. Tampoco falla el que cuando se ven perdidos se envuelvan en las banderas, se declaren víctimas de persecución por ser “demócratas” y enaltezcan a una masa de fanatizados para que les defiendan y protejan. Y lo peor es su nulo sentido de arrepentimiento cuando insisten en que hicieron lo que era su deber y que llegado el caso, lo volverían a hacer. Un claro desafío en la creencia de que finalmente ningún Tribunal se atreverá a condenarles, además de que están dispuestos a esparcir su mierda por todas las Salas internacionales denunciando a la ´pérfida y anti demócrata España que les impide pronunciarse en las urnas.

Hoy vamos a asistir a otro esperpento nacional, en el que otra vez se intentará violar el Estado de Derecho en Cataluña. Y todo bajo la pasividad de quienes tienen el deber de velar por su cumplimiento. Hoy es posible que estos delincuentes: Mas, Rigau y Ortega, terminen evitando acudir ante el Tribunal que les va a juzgar. Es posible que las Fuerzas de seguridad hoy no puedan impedirlo despejando los accesos ante el Tribunal, porque aún no han sido declarados prófugos de la Justicia. Sin embargo, mañana sí lo serán y no sé si podrán volver a repetir este circo de simpatizantes. Porque lo que deben de tener claro es que se sentarán ante el juez y no es buen comienzo desobedecer también al Tribunal Supremo que debe juzgarles. Una estrategia equivocada.

Lo que no se dan cuenta estos embaucadores es que su soñada “república” solo existe en sus enfermizas mentes y solo subsiste por la complicidad de apátridas de partidos de izquierda y de ultra izquierda desquiciados por el auge de una derecha europea cada vez más fuerte dispuesta a terminar con el “buenismo” y las políticas de suicidio social promovidas por quienes promulgan el gasto descontrolado y la quiebra nacional por impago de la deuda. Porque el populismo y la demagogia afecta a todos por igual y solo fructifica en las gentes ilusas y crédulas de un mundo mejor que solo es una quimera y un desengaño, excepto para aquellos que lo proclaman y piensan beneficiarse enriqueciéndose a costa de la ilusión de los demás.

El nacionalismo burgués de estos sujetos ha prosperado solo por la dejadez de los diferentes Gobiernos de España que han mirado para otro lado y han permitido que se robe con total impunidad a los españoles. PP y PSOE son cómplices y parte fundamental del grave problema que tiene España ante la amenaza de estos sediciosos. Por eso, PP y PSOE deben solucionarlo de una vez y acabar con la insumisión, la desobediencia a los Tribunales de España y recuperar el Estado de Derecho y las garantías constitucionales para una parte de la sociedad española sometida durante décadas por el simple hecho de ser y considerarse españoles.

Va siendo hora de que se imponga el imperio de la Ley no permitiendo algaradas callejeras ni tumultos donde se cobijen delincuentes como estos tres despreciables representantes de la Soberanía Nacional a la que traicionaron. Sus intenciones ya las han dejado claras, queda por ver qué harán las FFyCCSE para impedirlo.

¡Que pasen un buen día!

El tonto útil Pablo Iglesias
José García Domínguez Libertad Digital  6 Febrero 2017

¿Recuerdas, Pablo, cuando la gente en las plazas gritaba aquello de que no hay pan para tanto chorizo? Seguro que lo recuerdas. Como seguro que también recuerdas lo que por aquel entonces garabateó el líder de la izquierda supremacista catalana en tiempos del tripartito, Carod Rovira, sobre esa misma gente, la tuya por más señas, que andaba acampada en la Plaza de Cataluña. Esto decía de ellos y de ti mismo por extensión:

[Los indignados] tienen, como españoles, todo el derecho del mundo a indignarse. Pero si quieren hacerlo como españoles, lo mejor es que no se equivoquen en el mapa y se manifiesten, se indignen, se meen, pinten, chillen e insulten allí donde les corresponde, en su país, España.

Sí, Pablo, sí, esos socios de los ladrones del 3% con los que el lunes te abrazarás al fraternal modo ante el Palacio de Justicia de Barcelona para tratar de coaccionar a los jueces de un Estado de Derecho son los mismos xenófobos, con su puntito racista y todo, que te dijeron que te fueras a mear a España el 15-M.

Soltó Pujol el otro día, te supongo enterado, que él solito cargaría con toda la mierda de esa tropa, que es mucha y muy pestilente, como sabes. Pero veo que tú, buen samaritano de la progresía mesetaria que nunca se entera de nada, te propones ser solidario con ellos y mancharte de grado con un poco de su caquita soberanista. Adelante, Pablo, llénate tú también de su mierda. Aplaude a los chorizos de Convergència para que sigan llevándose hasta el plomo de las tuberías para revenderlo en los Encantes. Abrázate a los nietos de Dencàs y los hermanos Badia, aquellos protofascistas del Estat Català que tan aficionados eran también a perseguir y acosar a los magistrados y jueces en tiempos de la República. ¿Sabías que Miquel Badia, el jefe superior de la Policía de la Generalitat en 1934, detuvo a un fiscal en medio de un juicio y lo mandó con la toga puesta al calabozo de una comisaría de los Mozos? ¿Y sabías que Junqueras presidió hace escasos meses un homenaje público en recuerdo de su obra al cumplirse otro aniversario de su muerte a manos del anarquista Justo Bueno? Porque no creas, Pablo, que toda esa mierda liberticida es nueva. Al contrario, viene de lejos e irá mucho más lejos aún si los pardillos de Madrid, como tú, lo acabasen permitiendo.

Va a ser todo un acontecimiento planetario, Pablo, verte en el Paseo Lluís Companys, que cuando yo era niño se llamaba Salón de Victor Pradera, codo a codo con los convergentes que todavía esperan el juicio oral por el desfalco del Palau de la Música. Será glorioso verte, sí, entre tanto cantimpalo cuatribarrado. ¿No te das cuenta, Pablo, de que eres su tonto útil? ¿O tampoco sabes lo que hicieron ellos, con Artur Mas a la cabeza, cuando tus indignados fueron a armar bronca en la puerta del Parlament? ¿Quieres que te recuerde las palabras de un tal Francesc Homs celebrando las condenas a prisión que les impuso a ocho de ellos el Tribunal Supremo de la odiosa España? Mira, dijo esto:

Una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña no entendía que se quedara en nada lo que pasó en el Parlament años atrás, en que hubo expresiones violentas e intimidación.

Estaban encantados de que los tuyos fuesen al trullo por hacer algo similar a lo que tenéis previsto cometer juntitos este lunes. ¿Y sabes por qué condenó el Supremo a esos ocho de los tuyos? Los condenó porque el partido de Artur Mas, CDC, había instado al Parlament para que recurriese una sentencia absolutoria previa de la Audiencia Nacional.

Sí, Pablo, sí, eres su tonto útil. Apenas eso.

El escrache institucional, el referéndum y el 155
Melchor Miralles Republica  6 Febrero 2017

Lo tienen todo preparado para el escrache institucional. Muchos se van a coger el día libre, entre ellos los consejeros y altos cargos de la Generalitat, que espero no lo cobren. Mañana a las 8 de la mañana están citados los consejeros en el Palau de la Generalitat por el presidente Carles Puigdemont, que tiene previsto hacer una declaración institucional. Allí recibirán a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Todos juntos, en unión, caminarán hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde estos tres últimos han de comparecer a las 9 para el inicio del juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación, por organizar la prohibida consulta independentista en el famoso 9-N de 2014. En la puerta del TSJ estarán ya las masas, con pancartas y gritos con el lema “nos juzgan a todos”. La ANC, Omnium y la Asociación de Municipios por la Independencia fletan más de 120 autobuses. Dicen que ya se han apuntado al jolgorio más de 40.000 personas. No sé si el viaje incluye bocata. Doy por supuesto que la pasta que cuesta el escrache la pagan todos, no ellos. Entre los asistentes cuentan con la inestimable presencia y colaboración de EH Bildu, que desplaza de Euskadi a la diputada Marian Beitialarrangoitia. También se han apuntado los sindicatos CCOO y UGT. Lo mejor de cada casa.

Vaya por delante que defiendo con convicción el derecho de cada quien a defender y apoyar a cualquier acusado por cualquier delito. Solo faltaría. La libertad de expresión es esencial en un Estado de Derecho. Lo que no es aceptable es que, una vez más, los nacionalistas, soberanistas e independentistas catalanes, con el apoyo de las instituciones que controlan, se monten un escrache institucional en toda regla, con una evidente intención de intimidar, organizada por unos cargos públicos que violan sistemáticamente la ley y pretenden ser tratados como ciudadanos diferentes, privilegiados, a quienes la legislación vigente no debe aplicárseles. Pero no, todos los ciudadanos, y también los poderes legislativo y ejecutivo están sometidos al cumplimiento de las leyes. Lo suyo es puro matonismo arrogándose el sentimiento de una mayoría de catalanes que no se sienten sedicionistas ni quieren separarse de España.

Llevan años celebrando cada día actos, sufragados con dinero público, en el que los cerebros de la desconexión van inoculando la ideología patriótica pueblo por pueblo. Las afirmaciones delictivas de Sergio Vidal, a quien ahora han aparcado, porque además son muy cobardes, no fueron un calentón o unas manifestaciones de desahogo personal. Formaban parte de una estrategia. Vidal era, y va a seguir siéndolo en la sombra, uno de los arquitectos del plan independentista. No se cortan un pelo. Lo tienen todo preparado. El dislate no tiene fin. Se la suda a todos abocar a los catalanes al precipicio, a una zona oscura sin retorno. Están en el cuanto peor, mejor. Hay muchos como Vidal. Por ejemplo Vicent Partal, director del digital Vilaweb, que el 7 de octubre pasado dijo en una charleta en Bellaterra: “La mayor parte de la vida de los catalanes ya la controla la Generalitat y solo se necesita un plus, un porcentaje pequeño, para la independencia…Todo está preparado y no hará falta que nadie haga nada, ningún catalán será llamado a hacer nada insólito, será todo muy normal, muy tranquilo… Por ejemplo, el Instituto Nacional Cartográfico está delimitando la frontera con España, se ha nombrado ya a un encargado para un laboratorio de pruebas animales porque lo exige la UE… Nos la jugaremos en dos días. Si declaramos la independencia y, al día siguiente, España sigue mandando, habremos hecho el ridículo. Para evitarlo, en el minuto que toque, todos los concejales, directores de empresas públicas recibirán un protocolo que les dirá qué deben hacer mañana”. Y en este plan.

O sea, que entre escrache y escrache (lo gordo, el punto de inflexión, va a ser la suspensión de su cargo, si se produce, de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell), ellos van acelerando. Como aceleran las investigaciones judiciales sobre lo que han robado a manos llenas algunos de ellos con la complicidad del establishment y la pasividad de los Gobiernos de Madrid hasta antes de ayer. Y se han metido en un lío. Lo que va a acelerarse es la celebración, o al menos convocatoria, de un referéndum sobre la independencia. El proceso se ha agotado, no se puede estirar más, y se lo van a jugar todo. Y si sale mal, a convocar elecciones aprovechando el rebufo y el victimismo de siempre. No creo que decidan celebrar elecciones camuflando el mismo día el referéndum. No les conviene.

Se acerca, pues, el momento de la verdad, también para el Gobierno. Tras el evidente fracaso de la “Operación diálogo”, el Ejecutivo se esmera ahora en apretar con una agenda de inversiones millonarias, inauguraciones y festejos. Quizá es que creen que esto se va a arreglar con dinero en infraestructuras. Y no. Los independentistas están a otra, y la pasta que les interesa es la que es útil para el procés, no para los ciudadanos. Y desde Presidencia del Gobierno y desde el PP lo que se dice es claro: “El presidente está tranquilo. Se va a cumplir la ley. Que nadie lo dude. Cada paso que den tendrá una respuesta proporcional. Deben tenerlo claro”. A la pregunta de si se aplicará el artículo 155 de la Constitución la respuesta que me dan en Moncloa y Génova es la misma: “Si ha de aplicarse, se aplicará. Por supuesto”.

Llegado este punto, conviene que el personal sepa lo que dice el famoso 155, del que todos hablan diciendo que suspende una Autonomía, y no es así. Ahí lo tienen, literal, para que cada uno saque sus conclusiones: “

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Pues eso. Bueno, y una cosa más. El PP tiene 168 senadores de 254, o sea, la mayoría absoluta en el Senado. Un dato muy a tener en cuenta.

La actitud de Mas es un intolerable desafío al Estado de Derecho
EDITORIAL El Mundo  6 Febrero 2017

Con su habitual tono altivo y desafiante, Artur Mas aprovechó su comparecencia de ayer para reafirmar su inadmisible actitud de desobediencia a la Justicia. "Hicimos lo que teníamos que hacer, lo volveríamos a hacer y entraremos en el tribunal con la cara bien alta", sentenció el ex president de la Generalitat, que pretende pasar a la historia como un héroe o un mártir del nacionalismo catalán cuando no es más que un político irresponsable que ha provocado una innecesaria tensión social y política en Cataluña. De manera ridículamente épica, sentenció: "Nos querían de rodillas y con la cabeza baja y nos encontrarán de pie y con la mirada firme". Es decir, en la víspera del juicio al que se enfrenta desde hoy, junto a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau, por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) el 9-N, Mas volvió a presentarse como la víctima de una persecución política que va a ser juzgado "por poner las urnas". Nada más lejos de la realidad.

Como él mismo reconoce, Artur Mas es el máximo responsable de impulsar desde la Generalitat, financiar con dinero de todos y organizar en colegios públicos un simulacro de referéndum por la independencia de Cataluña que, como perfectamente sabía, había sido declarado inconstitucional por el TC. No se trata, por tanto, de un juicio político. Desde la aprobación de la Constitución, en España nunca han sido criminalizadas las ideas políticas aunque, como las independentistas, pretendan el desmembramiento territorial del país. Los tres responsables políticos van a ser juzgados por un delito de desobediencia a un fallo del máximo tribunal de nuestro sistema jurídico, porque en un Estado de Derecho no puede existir la impunidad. Es más, los representantes políticos son los primeros responsables en cumplir y hacer cumplir las leyes emanadas del Parlamento, que representa la voluntad de todos los españoles. Consciente de estar cometiendo un delito, Mas pretende que la defensa de su delirante proyecto soberanista esté por encima de la ley, razón por la cual debería ser inhabilitado para volver a ejercer un cargo público, ya que esa es la máxima pena a la que podría ser condenado en este proceso.

Pero la deslealtad de Mas con las instituciones del Estado fue ayer más allá. Con la intención de presionar e intimidar a la Justicia, justificó la concentración organizada por las entidades soberanistas, a la que ya se han inscrito más de 40.000 personas, frente al Palacio de Justicia de Barcelona, donde se celebrará el juicio. Como ya hiciera su padrino político y antecesor en la presidencia autonómica, Jordi Pujol, Artur Mas se envuelve en la estelada para identificar el proceso independentista con su persona y movilizar a la facción más radicalizada de la sociedad para que salga en su ayuda. De esta manera, quiere convertir el juicio en un acto político que sirva para reforzar las tesis independentistas, explotar el victimismo y echar un órdago definitivo al Estado. Sometidos al constante chantaje de la CUP, los dirigentes nacionalistas quieren acelerar el proceso de declaración unilateral de independencia y adelantar la fecha de una nueva consulta, que sería igual de inconstitucional que la anterior. Por eso es necesario que la respuesta del Estado de Derecho sea clara y contundente para que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sepa a lo que se enfrenta si decide volver a escenificar el simulacro de referéndum.

La democracia no consiste en poner urnas en los colegios públicos, como pretende el discurso populista que enarbolan los dirigentes del que fuera el partido del centro derecha en Cataluña. La democracia es el sometimiento al orden constitucional garantizado por los tres poderes del Estado y el reconocimiento de que la soberanía reside en todo el pueblo español, no una parte del mismo escindida en virtud de unos supuestos derechos históricos. Los territorios no tiene derechos, los tienen los ciudadanos y la legislación española consagra como un principio inviolable la igualdad de todos los españoles ante ley.

A partir de hoy, las fuerzas independentistas intentarán convertir el juicio a Mas, Ortega y Rigau en una agresiva ofensiva contra el Estado, ante la que éste no puede ceder. Tanto el tribunal que los juzga como el Gobierno, que ha anunciado la adopción de "medidas drásticas" dentro del marco legal contra el desafío soberanista, han de mantenerse firmes y acabar con una situación insostenible que ha durado ya demasiados meses.

La debilidad dialéctica del Gobierno
José Luis Meilán Gil La Voz  6 Febrero 2017

No es suficiente con tener la razón; hay que argumentarla. Un principio que conocen bien todos los juristas y es fundamental en cualquier civilizada controversia. Es de aplicación a lo que viene siendo la arrastrada cuestión catalana, hoy un problema político de primer orden. Ha llegado al conocimiento público que en la Generalitat se tiene adelantada una serie de leyes para el momento en que se alcanzare la pretendida independencia o su desconexión, uno de tantos eufemismos que se imponen como una moda para encubrir la realidad en otros asuntos de no menor cuantía. Se trataría de que no hubiese ningún vacío después del favorable referendo, para lo que se ha fijado fecha y se amaga con adelantarla. No estamos ante una improvisación; detrás hay trabajo capitaneado por un reconocido jurista que fue vicepresidente en los comienzos del Tribunal Constitucional. A los ahora independentistas puede achacárseles deslealtad constitucional; pero no gandulería. En ese proceso han llevado la iniciativa poniendo el acento en lo que les conviene; por ejemplo, en el derecho del pueblo catalán a decidir. Con esa fórmula se consigue el apoyo de los Podemos catalanes, que buscan réditos electorales y en principio no se declaran independentistas.

La respuesta que se da desde el Gobierno, reiterada por la vicepresidenta, es el respeto de ley. Para hacerla cumplir no se requiere ningún plan; en eso tiene razón. Un argumento consistente, sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional alemán, que para los secesionistas llega tarde porque no quieren estar en el futuro al amparo de esa ley. Esta es la madre del cordero. En una separación, quien la plantea, aunque no tenga razón, no carece de argumentos y el tiempo que ha llevado a esa decisión no es irrelevante. La promesa de Zapatero y del PSC y la discutible sentencia del tribunal sobre el Estatuto aceleró la actual deriva secesionista. El problema se ha agravado durante la presidencia de Rajoy, parapetado en la defensa de la ley, y culminada paradójicamente en el pésimo manejo jurídico del simulacro de referendo del 9N del 2014, cuyas consecuencias están coleando con el proceso de Mas.

No hay ocasión para ninguna consulta. Hubiera sido posible y eficaz, sin vincularla a la soberanía, según el Tribunal Constitucional, si no se hubiese dejado que las cosas llegaran a donde se encuentran. Tampoco para una mínima reforma constitucional. La aplicación de la ley requiere que sea realizada con mesura y sin precipitación. No hay que descontar engaños que inciten a la embestida. En este momento los secesionistas son los legítimos representantes del pueblo catalán. Está por ver en qué termina el proceso de Mas y compañeros, víctimas a pesar del tres por ciento.

La Historia se repite
Regino García-Badell Libertad Digital 6 Febrero 2017

"De Pujol se podrá pensar que ha sido un mal banquero, que es de la derecha camuflada o que es feo, pero nadie, absolutamente nadie en Cataluña, sea del credo que sea, puede llegar a la más leve sombra de sospecha de que sea un ladrón". Con esta contundencia se expresaba Manuel Vázquez Montalbán, el oráculo máximo que ha tenido la izquierda en Cataluña, el 29 de mayo de 1984 en las páginas de opinión de El País. En aquel momento el entonces Honorable Pujol se veía en graves apuros porque la fiscalía quería actuar contra él por su actuación en Banca Catalana

"Artur Mas no es un delincuente" titula a toda página, también en página de opinión, El País del 3 de febrero de 2017, para introducir un artículo de Xavier Vidal-Folch. Justo cuando el ex Honorable Mas también se ve en apuros porque la Fiscalía está procediendo contra él por su actuación en la farsa del referéndum del 9 de noviembre de 2014.

Me ha resultado inevitable relacionar estos dos artículos, escritos con voluntad de exculpar a dos presidentes de la Generalidad en difíciles situaciones judiciales, y publicados en las páginas de opinión del mismo periódico.

Es significativo que Vázquez y Vidal-Folch inicien sus razonamientos con concesivas, como si quisieran cargarse de razón para soltar después la rotunda afirmación exculpatoria. El viejo leninista que era Vázquez empieza diciendo que de Pujol se podrían criticar muchas cosas, pero que no era un ladrón. Vidal-Folch, que no es leninista, empieza su artículo concediendo que Artur Mas ha sido el peor presidente de la Generalidad, pero que no ha cometido ningún delito en todo lo que se refiere al 9-N.

La diferencia en sus razonamientos exculpatorios estriba en que Vidal llena la sábana de El País en defensa de Mas con argumentos de leguleyo, mientras que el creador del detective Carvalho basa su defensa de la honradez de Pujol en su mera percepción de que en Cataluña nadie, absolutamente nadie, lo considera un ladrón.

Resulta poco inocente titular a cuatro columnas que Mas no es un delincuente el mismo día, el 3 de febrero, en que la noticia más importante era que habían sido detenidos sus hombres de confianza por un asunto, el del 3%, que sí que conocía todo el mundo en Cataluña desde tiempo inmemorial, es decir, desde que Pujol llegó al poder, en 1980.

No me atrevo a sospechar lo que ha movido a Vidal a escribir su artículo exculpatorio, que estoy convencido de que no va a caer en el olvido porque todo el mundo sabe que el horizonte penal de Mas no se limita al 9-N, y hay fundadas sospechas de que la lenta Justicia española acabará juzgando los delitos del 3% que cometieron los dirigentes de CiU, donde Mas ha sido hombre clave. Y afirmar rotundamente su inocencia parece muy aventurado.

Pero sí me atrevo a describir el entorno y las causas que movieron al inteligente y brillante Vázquez Montalbán, que estaba al cabo de la calle de las tropelías financieras de Pujol, a escribir el suyo, que, 34 años después, se nos aparece como una muestra acabada del cinismo más depurado.

Todo empezó cuando, en 1960, el joven médico Jordi Pujol lanzó en el Palau de la Música de Barcelona unas octavillas con reivindicaciones nacionalistas. La Dictadura respondió a las octavillas llevando a su autor ante un Consejo de Guerra que lo condenó a siete años de cárcel, de los que cumplió más de dos, saliendo luego en libertad provisional.

No es aventurado suponer que en la cárcel tuvo tiempo para reflexionar sobre el estado real en que se encontraba ese catalanismo católico y de derechas que él pretendía liderar contra el franquismo. Y su reflexión le llevó, sin duda, a reconocer que todo lo que había representado la Lliga de Cambó, que podría haber sido su modelo, estaba inequívocamente con Franco. Desde el alcalde Porcioles hasta el ministro Gual Villabí, pasando por muchos de los inspiradores intelectuales del Plan de Estabilización del 59, como Sardá o Perpiñá, habían sido de la Lliga. La conclusión del joven Pujol fue que nada se podía esperar del viejo catalanismo para resucitar el nuevo.

Pero al mismo tiempo que veía cómo se cerraba esa puerta para sus planes de reconstrucción del nacionalismo catalán, la cárcel le abrió otra. Ahí debió de conocer de primera mano a militantes comunistas del PSUC. Y ahí descubrió que los comunistas catalanes sí que defendían las reivindicaciones nacionalistas, con muchísimo más ardor que los viejos militantes de la Lliga.

Pujol llegó a la conclusión de que los comunistas, y, en general, la izquierda, podrían serle muy útiles para sus planes de resucitar el catalanismo militante y combativo. De ahí que, conseguida la libertad en 1962, el hoy ex Honorable pusiera todo su interés y, con frecuencia, muchos recursos económicos en apoyar iniciativas que provenían de la izquierda.

Desde su Banca Catalana, Pujol ayudó a crear y desarrollar empresas editoriales, musicales, como la Nova Cançó, o periodísticas, en las que los militantes o simpatizantes de la izquierda encontraron un privilegiado púlpito para expresar sus ideas, entre las que se encontraba, claro está, la reivindicación del reconocimiento de Cataluña como una nación.

No hay que ser muy retorcido para comprender que ese apoyo a las empresas y a las iniciativas de los partidos de la izquierda catalana es la razón última del artículo de Vázquez Montalbán, que mostró así a Pujol su agradecimiento; aunque, para escribirlo, tuviera que olvidarse de la verdad.

La alianza contra natura del nacionalismo, que es en esencia un movimiento reaccionario, con la izquierda ha sido, sin duda, una de las causas del auge de los nacionalismos, como hábilmente intuyó Pujol. Los nacionalismos son los que han salido beneficiados de la alianza, mientras que los partidos de izquierda (y ahí está el eterno conflicto entre PSC y PSOE) no parecen capaces de encontrar su identidad al margen, o enfrente, de las ensoñaciones nacionalistas.

Falta perspectiva para juzgar en toda su extensión el artículo de Vidal-Folch, pero el paralelismo con el de Vázquez a mí me parece evidente y alarmante.


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