|
La cobardía del separatismo catalán y del
Gobierno español
EDITORIAL Libertad Digital 7 Febrero 2017
La primera jornada del juicio contra el sedicioso Artur Mas y dos de
sus consejeras por el referéndum ilegal del 9-N se ha saldado con el
cobarde rechazo de cualquier responsabilidad por parte de los tres
acusados. Artur Mas admitió estar detrás de la idea del referéndum,
pero achacó a los voluntarios de las asociaciones independentistas
la ejecución directa de la consulta liberticida. Joana Ortega y
Irene Rigau siguieron el mismo guión infame y también eludieron
cualquier responsabilidad, a pesar de que la referida votación se
llevó a cabo con medios pertenecientes a la Generalidad y
gestionados por sus respectivos departamentos.
La actitud de Mas y sus segundonas refleja nuevamente la cobardía de
los golpistas cuando tienen que asumir las consecuencias de sus
desmanes. Por desgracia, rara vez se tienen que ver en esa tesitura.
El tercermundista y liberticida aquelarre del 9-N no fue un suceso
aislado. En los últimos años, el secesionismo ha perpetrado
ilegalidades sin cuento y desafiado a la Justicia con escandalosa
impunidad, ante la indiferencia rayana en la complicidad del
Gobierno de la Nación. Por culpa de esta connivencia tácita, tan
cobarde, los españoles están financiando el golpe de Estado que
desde las propias instituciones del Estado está dando el separatismo
catalán. Repugnante y vergonzoso.
El propio Artur Mas ha dejado claro el infausto papel del Gobierno
Rajoy en el único gesto de sinceridad que ha tenido a lo largo de su
deposición. Y es que, en efecto, la consulta ilegal y golpista se
llevó a cabo porque el Gobierno no la impidió. Ni más ni menos.
Rajoy trasladó su vez su propia responsabilidad como garante del
Estado de Derecho al Tribunal Constitucional, que saldó con una
advertencia por escrito su participación en este asunto.
La cobardía de los secesionistas corre pareja a la del Gobierno.
Ambos son responsables del circo organizado en torno a un juicio
que, dado su cariz político y la funesta politización de la
Justicia, se saldará con penas irrisorias para los acusados, si es
que los magistrados se atreven siquiera a eso contra enemigos
activos y declarados de la Nación que, en un acto de traición
especialmente grave, se han servido de su condición de servidores
del Estado para tratar de hacer saltar por los aires el propio
Estado junto con su régimen de libertades.
Si hay café (amargo), que sea para todos
OKDIARIO 7 Febrero 2017
La España del futuro sólo será creíble si los partidos políticos dan
un ejemplo inmaculado. Tras años de comprensible desencanto
ciudadano debido a los constantes casos de corrupción, uno de los
aspectos fundamentales para que las distintas formaciones se ganen
el respeto de los españoles es mostrar una total transparencia en
sus cuentas. En ese sentido, por ahora, todos los partidos deben
guardar silencio. De ahí que la ‘Comisión Bárcenas’ que propone
Ciudadanos no sólo deba atañer al extesorero y, por lo tanto, a la
presunta financiación ilegal del Partido Popular. Lo ideal sería una
gran comisión, con voluntad de profundidad y honestidad en sus
diligencias, que se ocupara de analizar, escrutar y poner negro
sobre blanco todos los números de los partidos políticos. Bien es
cierto que el caso Gürtel en general, y la figura de Luis Bárcenas
en particular, han supuesto un escándalo incuestionable dentro de la
sociedad española. Junto a la Púnica, se estiman más de 420 millones
de euros defraudados. Eso sí, es el caso más judicializado y en el
que menos sentido tendría crear una comisión de investigación.
No obstante, el del PP no es, ni mucho menos, el único caso de
corrupción asociado a un partido político que ha acaecido durante
los últimos años. El Partido Socialista, por ejemplo, sobrepasaría
los 3.200 millones en Andalucía con el caso de los ERE y el de los
cursos de formación. Tampoco se escapa la autodenominada nueva
política: los líderes podemitas cargan con la alargada sombra de la
sospecha por su connivencia económica con el régimen teocrático de
Irán y con la dictadura chavista de Venezuela. Una sospecha con
claras evidencias que en el caso particular de CIU es palmaria
realidad. Los padres ideológicos y económicos de los actuales
secesionistas están metidos hasta el cuello en las mordidas del 3%.
Un fraude que, unido siempre al apellido Pujol, se va a más de 3.000
millones de euros. En ninguno de estos particulares, el dinero fue a
sanidad, educación, investigación o infraestructuras, sino a los
bolsillos de personas que hicieron de la política su negocio
privado. Una práctica a erradicar si España quiere ser un país
creíble dentro y fuera de sus fronteras.
Nacionalistas contra la democracia
Gorka ManeiroLa Razon 7 Febrero 2017
Ayer los independentistas catalanes se posicionaron en contra de
cumplir la legalidad vigente y contra el Estado de Derecho, es
decir, a favor de seguir saltándose nuestra Constitución Española y
las resoluciones del TC o, dicho de otro modo: al insistir en su vía
ilegal y defender la consulta independentista del 9 de noviembre de
2014 y apoyar a Mas, se posicionaron contra la democracia que
sustenta nuestra convivencia.
Siendo esto así (y lleva siendo así demasiado tiempo), el Gobierno
de España y todos los partidos políticos deberían ser contundentes
ante este desafío que, lejos de atenuarse, se incrementa. Y ser
contundente es ser claro. Y, más allá de las acciones concretas que
correspondan, desplegar argumentos jurídicos y políticos para
defender los derechos de ciudadanía. Cuando hablo de desplegar
argumentos políticos no me refiero a sumarnos a la moda de tratar de
contentar a los insaciables nacionalistas sino, precisamente, a
cumplir y hacer cumplir la ley y ganar la batalla política y,
además, llevar a cabo las reformas políticas, institucionales y
constitucionales que correspondan... para defender la igualdad y el
Estado frente a quienes quieren lograr más ventajas políticas y
privilegios económicos cuando no, directamente, romper nuestro marco
de convivencia.
Llama la atención la obsesión que determinados dirigentes políticos
muestran últimamente por hablar de las infraestructuras que necesita
Cataluña: el corredor mediterráneo por aquí o una nueva (y mejor,
claro) financiación por allá, cuando no la sandez de llevar el
Senado a Barcelona u ocurrencias semejantes. Algunos partidos
políticos parece que comparten argumentarios mañaneros y otros, que
además se llaman progresistas, ni están ni se les espera: el PSOE
defiende el Estado Federal asimétrico o que España sea una nación de
naciones y Podemos es ya nacionalista en buena parte de España. No
es ese el camino correcto (el de intentar caer simpático a los que
pretenden romper el Estado y mucho menos a los que han hecho del
incumplimiento de la ley su forma habitual de comportarse en
política) sino el de denunciar y evidenciar sus falacias, dicho con
toda humildad pero con toda claridad.
Debemos explicar, sin complejos que nos amilanen, que nuestras ideas
son mejores ideas que las ideas nacionalistas y que nuestros
argumentos son mejores que los argumentos nacionalistas. Que es
mejor derribar fronteras que levantarlas y que es mejor unir que
separar. Que, en el mundo globalizado en el que vivimos, el futuro
es ampliar nuestro espacio de convivencia en lugar de parcelarlo
para darnos mutuamente la espalda. Y que no hay nada más
reaccionario que pretender separar a conciudadanos que pretenden
vivir juntos. Que la ley es igual para todos y que todos debemos
cumplirla, más allá de que legítimamente quiera cambiarse. Que no
hay Estado del Bienestar sin Estado y que lo que nos afecta a todos
lo decidimos entre todos.
Sin duda, una tarea apasionante la que nos queda por delante: no es
la única pero, seguramente, la más importante de todas las que
tenemos entre manos.
Cataluña, humillada
Vicente Torres Periodista Digital 7 Febrero 2017
Ha comenzado el juicio a tres significados líderes catalanes, lo
cual, evidentemente, es una humillación para Cataluña; mucho más, si
se tiene en cuenta que un nutrido grupo de ciudadanos se ha
manifestado en apoyo de los personajes que están siendo juzgados. Es
un hecho gravísimo, del que va a tener noticia todo el mundo.
Hay que repasar un poco las ideas sobre las leyes. En las dictaduras
de todo tipo la legislación es obra del gobierno dictatorial y su
finalidad principal es la defenderse del pueblo sobre el que
gobierna. Los ciudadanos la cumplen porque tienen miedo, pero éste
puede disminuir o acabar, momento en que no se ve la necesidad
someterse a ella.
En democracia, las leyes surgen del pueblo y sirven, entre otras
cosas, para proteger a los ciudadanos de los desmanes de los
poderosos. En democracia, existe el imperativo moral de cumplir las
leyes y quienes no lo hacen son inmorales, insolidarios,
delincuentes y enemigos del pueblo.
La posibilidad de que los representantes de los catalanes hayan
cometido los delitos de los que se les acusa es una humillación para
Cataluña. Esas personas han hecho un daño enorme a los catalanes,
del que quizá no se recuperen nunca. El mero hecho de que se sienten
en el banquillo ya es muy grave. Su obligación es cumplir y hacer
cumplir la ley. El modo en que los catalanes van a ser vistos a
partir de ahora en el mundo va a diferir sustancialmente de lo que
durante tiempo se ha pensado de ellos.
El caso es que Mas es un irresponsable que no se da cuenta del daño
que está haciendo a quienes tuvo la obligación de cuidar. Su actitud
da a entender que piensa que pasará a la historia como un héroe,
cuando lo suyo es propio de un payaso mediocre y sin gracia. Cuando
los catalanes comiencen a notar en sus bolsillos los efectos de la
política de Mas verán las cosas de otra manera.
Suspender la autonomía
LUIS MARÍA ANSON El Mundo 7 Febrero 2017
En cuatro ocasiones distintas se suspendió la autonomía de Irlanda
del Norte para preservar el orden jurídico del Reino Unido. En el
año 2001, y conviene que Puigdemont lea esto con atención, el primer
ministro socialista Tony Blair acordó la suspensión autonómica
precisamente para cancelar la convocatoria de elecciones
anticipadas. Al mejor estilo trilero, Junqueras y sus cómplices
proyectan engañar a Rajoy y a las Sorayas, sorprendiendo a todos con
la convocatoria simultánea del referéndum soberanista y las
elecciones autonómicas. Colocarían, no ya al Gobierno también al
Estado, en una situación límite. Y no se trata de una finta sino de
un propósito meditado y desafiante.
Algunos dirigentes secesionistas catalanes sienten sinceramente el
independentismo. La mayoría, sin embargo, a lo que aspiran es, por
un lado, a mandar más, controlando la distribución de las
mamandurrias a parientes, amiguetes y paniaguados; y, por el otro
lado, a paralizar la maquinaria de la Justicia que les ha cercado en
su albañal de corrupción.
Cuentan los secesionistas con la debilidad de un Gobierno respaldado
solo por 137 escaños, al que no le queda otro remedio que hincar la
rodilla para sacar adelante, de hinojos, sus proyectos legislativos.
La política catalana, por su parte, está haciendo equilibrios sobre
los alambres del caos interno y si Rajoy negocia con los partidos
constitucionalistas puede alinear un frente común que impida el
descuartizamiento de España. Tal y como está la situación, salvo el
milagro de que Soraya resucite el sentido común de Puigdemont,
Junqueras y demás compinches, se hará inevitable, como en el Reino
Unido de Blair, suspender total o parcialmente la Autonomía
catalana, cumpliendo con el artículo 155 de la Constitución.
Y, por cierto, nada nuevo bajo el sol. Hace solo 140 años, España
padeció también una cascada de despropósitos, asistiendo incluso a
la proclamación de las independencias más insólitas como Jumilla o
Cartagena. La República de Jumilla, por ejemplo, manifestó su deseo
de buena relación con Murcia, advirtiendo a los murcianos de que si
osaban agredirles traspasando sus fronteras, los jumillanos no
dejarían en Murcia "piedra sobre piedra".
De la misma manera que Junqueras pretende precipitar la doble
convocatoria electoral, sorprendiendo a Rajoy, el Gobierno también
cambiaría el pie a los secesionistas, anticipándose a suspender
parcial o totalmente la Autonomía de Cataluña. Está claro que la
solución a un problema que debió evitarse sería encontrar una
fórmula negociada que devolviera a Puigdemont y a sus secesionistas
al cauce constitucional. Como esa fórmula cada día parece más
lejana, lo que conviene a la salud de España es que el Gobierno
salga de su debilidad y, de acuerdo con los partidos
constitucionalistas, cumpla con lo establecido en el artículo 155 de
la Constitución. En el entorno de Moncloa se piensa que todavía se
puede evitar el choque de trenes. Desconozco en qué se basa esa
presunción. Habrá que tener todo dispuesto, en cualquier caso, para
que no nos arrolle el vendaval secesionista catalán, a punto de
desbaratar el espíritu de la Transición y de fracturar la unidad
nacional mantenida desde hace cinco siglos. Estremece pensar que
puedan caer otra vez ensangrentadas las páginas de la Historia de
España.
Luis María Anson, de la Real Academia Española.
Sedición, coacción y seducción
Iván Vélez gaceta.es 7 Febrero 2017
Mañana, lunes 6 de febrero de 2017, la ciudad de Barcelona volverá a
vivir una nueva jornada de coacción al poder judicial en defensa de
quien en su momento fuera máxima autoridad del Estado en tal región,
Arturo Mas, quien deberá comparecer ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, junto a las exconsejeras Ortega y Rigau, todos
ellos acusados por delitos relacionados con la consulta realizada el
9 de noviembre de 2014.
Un importante despliegue de las televisiones alimentadas por el
gobierno catalán ofrecerá, probablemente, el ceremonioso y
victimista paseíllo de la sediciosa terna, que se abrirá paso entre
una multitud de fieles cuya cifra, si hemos de creer a otra terminal
del catalanismo, la Asamblea Nacional de Cataluña, se aproximará a
los 30.000 individuos marcados por una hispanofobia administrada
desde la más tierna infancia en las aulas dejadas de la mano del
Estado. En el límite del fanatismo, hay quien ha sugerido que la
provinciana turba, desplazada a la Ciudad Condal en 120 autobuses,
pudiera incluso impedir que los citados accedieran a las
dependencias judiciales, posibilidad ya apuntada por Cataluña Radio
hace meses, cuando lanzó una encuesta en Twitter para saber si sus
fieles oyentes estarían dispuestos a impedir «físicamente» que se
celebrara el juicio. La iniciativa no es nueva, pues Cataluña es
desde hace años escenario de cadenas humanas cuya tensión ha
producido una grave fractura social, si bien, nunca se había
planteado un bloqueo institucional semejante.
Así las cosas, todo parece indicar que el Tribunal se verá asediado,
recordando lo ocurrido en Madrid bajo el lema «Rodea el Congreso»,
cuando los bloqueados no eran los jueces sino los miembros electos
de la partitocracia española, confinados tras los leones de la
Carrera de san Jerónimo. Seguro en tal asedio, Pablo Manuel Iglesias
Turrión, lanzaba guiños al exterior. Al cabo, en consonancia con su
personalísima percepción de la realidad, él se hallaba poco menos
que bilocado, dentro y fuera a la vez. Simple herramienta de «la
gente», es decir, de sus votantes, Iglesias, adalid de la decencia,
ocupa un escaño para dar voz a los sin voz, para dar cauce a la
verdadera democracia secuestrada en ese mismo edificio. Cómodo
durante el asedio congresil, es lógico que quien ahora se disputa la
cúspide piramidal de Podemos con su amigo Íñigo (Errejón), en
compañía, entre otros, de su tocayo Pablo (Echenique) y de novia
Irene (Montero), no es de extrañar que Iglesias se haya puesto
también del lado de los hostigadores de Barcelona, máxime después de
que desde el Gobierno se haya filtrado la posibilidad del empleo de
«medidas coercitivas» para impedir la repetición de un nuevo 9-N.
Repare el lector en el hecho de que el Gobierno que en su día, por
boca del mismísimo Rajoy dijo que no se había celebrado la consulta,
habla ahora de repetición…
En este contexto, Iglesias, solemne y grave, ha manifestado que
tales medidas constituyen una «barbaridad», motivo por el cual ha
llamado a la movilización en las calles, situándose, al igual que la
Colau, como aliado objetivo de quienes han saqueado durante décadas
las arcas públicas, corrompiendo ideológicamente hasta extremos
indecibles a la sociedad catalana.
Siempre al servicio de una idea absurda como la de la «nación de
naciones» de envoltura federalizante que humedecía los sueños
políticos de Zapatero de la misma forma que lo hace con el
resucitado Pedro Sánchez, Iglesias siente pavor por la simple
insinuación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que
permite la asunción por parte del Gobierno, de determinadas
competencia autonómicas cuya gestión por parte de los gobiernos
regionales nos ha llevado a la distáxica situación actual.
La cuestión no es en absoluto novedosa, pues el líder morado ha
exhibido en numerosas ocasiones su rechazo a la unidad nacional, que
identifica paulovianamente con el franquismo, con una guerra civil
de la que, a pesar de haber nacido en 1978, se siente perdedor.
Lastrado por semejantes prejuicios, Iglesias se ha mostrado firme
partidario de la balcanización de España, empleando para ello las
urnas y las movilizaciones que llama populares. En definitiva, el
político profesional madrileño, no es sino un rigorista de la
ideología en la que se sustenta el régimen del 78, de un estado
autonómico de objetivos no sólo federales, sino incluso
confederales. Aferrado a esa oscura certeza, la de unas naciones
eternas que deben sacudirse el yugo español, el podemita trabaja al
servicio de las oligarquías y redes clientelares autonómicas, dando
siempre un paso más en el vaciamiento de poder del Estado y
apuntando a una solución para el problema territorial: las consultas
de autodeterminación para cualquier región previamente encajada en
el sistema autonómico, en las junturas naturales diseñadas durante
el tardofranquismo. Un as se oculta, no obstante, en la arremangada
camisa de Iglesias, un recurso relacionado con el culto a su propia
personalidad: una vez colocadas las urnas, los consultados no
abandonarían una España por él dirigida, incapaces de resistirse a
su magnética seducción.
POR LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
Jiménez Losantos le da una lección de
historia a Albert Rivera
Está convencido de que el líder de Ciudadanos "no se ha leído 'la
Pepa', y eso que es cortita"
M. A. Estrella Digital 7 Febrero 2017
Que Albert Rivera se comparara con los liberales que crearan la
Constitución liberal popularmente conocida como 'La Pepa' parece que
no le ha sentado nada bien a Federico Jiménez Losantos, que este
mismo lunes le ha terminado dando una lección de historia, una clase
gratis, al líder de Ciudadanos.
Después de que éste afirmara este domingo que "los liberales de
Cádiz han vuelto para gobernar", enarbolando durante el Congreso
refundacional de Ciudadanos el estandarte liberal surgido en 1812 en
esa localidad andaluza, ha hecho que el conductor de Es la mañana,
en esRadio, le dedicara su editorial.
Según él, Rivera es "el hombre que acaba de descubrir las Cortes de
Cádiz por supuesto sin leerlas, esto es una ventaja que hay en
España, puedes hablar de las cosas sin saber de lo que hablas". Por
eso le recordó que "los liberales de Cádiz eran de su padre y de su
madre, deberías saber Albert, que da la impresión que no has leído
la Pepa, que es cortita, que un tercio eran eclesiásticos".
Jiménez Losantos subrayó que "el problema de las Cortes de Cádiz es
que hicieron un país inviable porque el control del legislativo
sobre el Ejecutivo era tal que no había manera de ejecutar nada, y
se puso al país en manos de la reacción, Fernando VII. Los liberales
de Cádiz como reacción nacional ante el invasor francés son una cosa
admirable".
Ya en plena clase histórica, indicó que "Albert Rivera ha decidido
recordar cosas que nadie recuerda para no comprometerse con nada. Lo
de los liberales de Cádiz suena bonito. ¿Como que qué bonito? Los
liberales de Cádiz estaban en guerra con Napoleón. ¿Estamos en
guerra con los enemigos de España? ¿Está Ciudadanos en guerra con
los separatistas? Yo diría que no. Estamos en el Partit Conyugal
Catalá".
Y en referencia a la frase de Rivera sobre que "en el centro está la
virtud", el locutor se preguntó "¿en el centro de qué? ¿y qué es la
virtud? La virtud es la indepedencia? No será en el Consejo de
Ciudadanos, de 125 los 125 están a favor del líder. Los liberales de
Cádiz luchaban por España, ¿cómo va a luchar por España Rivera?".
Por ese motivo le hizo una recomendación, "el último libro de
Pedrojota te lo tienes que leer entero, las 900 páginas, y te das
cuenta que en las Cortes de Cádiz salió un Régimen imposible, y hay
que hacer un Régimen posible, empezando por un Ejecutivo que ponga
la Ley por encima de todos los poderes, empezando por los poderes
locales como los de tu tierra natal, Cataluña".
Juicio 9-N: El primer testigo desmonta las coartadas de Mas, Ortega
y Rigau
El inspector de Educación Josep Alsina
relata las presiones a los directores de instituto de los altos
cargos de la consejería que ostentaba Rigau.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 7 Febrero 2017
La segunda sesión del juicio del 9-N empieza a arrojar algo de luz
sobre el peculiar sentido del voluntariado implantado en la
Generalidad de Cataluña, las maniobras para llevar a cabo el
referéndum sin que hubiera consecuencias legales, la negativa de los
altos cargos a dar órdenes por escrito para cubrirse las espaldas y
las presiones a los directores de instituto para que facilitaran las
llaves de sus centros sin recibo ni garantías jurídicas.
El primer testigo de la Fiscalía, el inspector de Educación Josep
Alsina, ha desmontado con su testimonio las coartadas expuestas ayer
por los abogados de Mas, Ortega y Rigau sobre el carácter espontáneo
y a cargo de voluntarios del referéndum. Pretenden demostrar que la
Generalidad no tuvo nada que ver, que los preparativos, la cesión de
los institutos de secundaria como sedes electorales y las tareas de
organización fueron cosa de voluntarios ajenos a la administración.
Alsina, sin embargo, ha advertido de la implicación de la directora
de los servicios territoriales de Educación en Barcelona, Montserrat
Llobet, así como de otros altos funcionarios del departamento que
entonces dirigía Irene Rigau, en la comunicación de instrucciones
precisas, aunque nunca por escrito, sobre la obligatoriedad de
prestar las instalaciones para el referéndum y la conveniencia de
prestar toda la colaboración posible para el éxito del referéndum.
Mal tono de la defensa
A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el inspector de
Educación desgranó al detalle las presiones, igual que Jesús Rull,
otro inspector del departamento, en su caso jubilado. Los letrados
de las defensas intentaron desacreditar ambos testimonios. Destacó
el mal tono de Rafael Entrena con los testigos ajenos y el
"interrogatorio" de Jordi Pina, centrado en convencer al tribunal de
que Alsina se excedió en sus funciones de exigir las órdenes por
escrito y que trasladó parte al Ministerio de Educación.
El cumplimiento de sus obligaciones lo habría convertido a ojos de
la defensa en un chivato y un aguafiestas en medio de una
celebración general del voluntariado en la que los directores de los
institutos no tenían ningún problema en ceder las instalaciones a
pesar de la requisitoria del Tribunal Constitucional del 4 de
noviembre que prohibía la votación, fuera referéndum, proceso
participativo, consulta o encuesta.
En tercer lugar compareció la responsable comarcal de Educación de
la Generalidad en Barcelona, Montserrat Llobet, que negó haber dado
instrucciones. Dijo que se limitó a informar a los directores. Antes
del primer receso dio tiempo a que testificara la directora del
instituto Pompeu Fabra, que negó las presiones pero admitió que
pidió un recibo para dar las llaves que le fue entregado al
secretario del centro. El papel lleva membrete de la Generalidad,
pero no está firmado. Según esa docente, el encargado de recoger las
llaves y sellar el documento fue un alto cargo del departamento, el
responsable de la selección de personal para los centros de
secundaria de Badalona. Supuso que actuaba en calidad de voluntario.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Acostumbrados a la impunidad
Guillermo Dupuy Libertad Digital 7 Febrero 2017
A nadie debería sorprender que el PSC considere un "despropósito" el
juicio contra Mas, Ortega y Rigau, si recordamos, entre muchas otras
cosas, que los socialistas catalanes ya en 2010 pactaron con CiU su
abstención a la primera investidura de Artur Mas sobre la base de
hacer caso omiso a la ya entonces enésima sentencia del Tribunal
Supremo que consideraba ilegal la inmersión lingüística que, a día
de hoy, sigue perpetrándose en Cataluña. Eso, por no hablar del
discurso del nuevo molt honorable, en el que el hoy acusado ya
proclamó la "transición nacional" de Cataluña basado en esa ilegal
engañifa del mal llamado derecho a decidir.
Antes de eso, al PSC también le debió de parecer un "despropósito"
que a Pasqual Maragall se le escapara en el Parlamento autonómico
aquella denuncia de la corrupción del 3%, si tenemos en cuenta que
el socialista tuvo que retractarse pocas horas después.
El caso es que los mandatarios nacionalistas han gozado de tal
impunidad, tanto a la hora de robar como a la hora de hacer caso
omiso a cuanto se interpusiera en su ilegal proceso de construcción
nacional, que cualquier intento, por pequeño, tardío y timorato que
sea, de someter a alguno de ellos al imperio de la ley les parece un
"despropósito" o una execrable "judicialización de la política".
El auténtico despropósito en este caso lo constituye, sin embargo,
el tiempo que se ha tardado en juzgar una desobediencia tan
clamorosa como la relativa a la consulta secesionista del 9 de
noviembre de 2014. El despropósito es que esta causa se iniciara
gracias a un fiscal general del Estado como Eduardo Torres Dulce,
que vio oportuno dimitir tras ver cómo el Gobierno de Rajoy ofrecía
una versión de los hechos que favorecía a los imputados, a quienes,
al mismo tiempo, ofrecía diálogo y acuerdos. El despropósito fue que
poco tiempo después la Fiscalía retirara la acusación de
malversación de fondos públicos –único de los delitos penados con
cárcel–, cuando era obvio que los costes de la ilegal consulta
secesionista no los habían pagado los golpistas de sus bolsillos
sino el contribuyente.
El "despropósito" es que sólo se juzgue la desobediencia del 9-N y
no las numerosísimas desobediencias perpetradas por el Parlamento
autonómico al dar trámite a las "leyes de desconexión" o al hacer
caso omiso a otras sentencias relativas a las "estructuras de
Estado" que la Generalidad viene ostentosamente haciendo caso omiso.
El "despropósito" es que no se aplique el artículo 155 de la
Constitución y, por el contrario, se deje a unos golpistas al frente
de la Administración autonómica y en abierta y confesa rebeldía. El
despropósito es que los costes del ilegal proceso separatista los
esté pagando, de forma indirecta pero decisiva, el Fondo de Liquidez
Autonómica. El despropósito es que ni siquiera se recurriera la
creación en 2012 de una estructura de Estado como el "Consejo Asesor
para la Transición Nacional" de Cataluña, cuyas pretensiones de
hacer añicos la Constitución no oculta ni su nombre.
No sabemos si al PSC también le parecerá un "despropósito" el hecho
de que Jordi Pujol todavía no haya sido juzgado, o que Puigdemont
pretenda repetir el delito de su antecesor. Tampoco sabemos en qué
acabará el juicio de Mas, Ortega y Rigau. De lo que podemos estar
seguros es de que necesitaremos muchas más resoluciones judiciales
–y que estas se hagan cumplir– para acabar con la impunidad a la que
los nacionalistas se han acostumbrado.
Nacionalismo cobarde
EDITORIAL ABC 7 Febrero 2017
El acoso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la
declaración del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, es la
foto fija de la quiebra en la que se encuentra el respeto a la
democracia constitucional en esa comunidad autónoma. Anegada por
casos de corrupción de partidos y personas que han sido y son santo
y seña del nacionalismo, la sociedad que se moviliza en la calle
guarda silencio frente a los corruptos y apoya sin rubor a tres
acusados de prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional. Hay
un fallo estructural en el sentido de la ética política y del valor
de la legalidad que condiciona la percepción por los catalanes
nacionalistas de lo que es y no es correcto. Y cuando una sociedad
no sabe distinguir una cosa de otra, el diagnóstico es muy grave,
porque el siguiente paso es el totalitarismo. Artur Mas y sus
compañeras de banquillo alegaron que no fueron advertidos por el TC
de las consecuencias de ignorar su decisión de suspender el 9-N. Hay
algo peor que ser ignorante: aparentarlo a propósito. Si Mas no
sabía que toda suspensión cautelar debe ser respetada, se explica
por qué ha conducido a Cataluña a esta situación de ilegalidad en la
que se mueven la Generalitat, el Parlamento y los partidos
nacionalistas. Mantener el 9-N fue un acto de desobediencia y,
además, una prevaricación. Por algo Rodríguez Zapatero derogó, en
cuanto llegó a La Moncloa, el delito de convocatoria ilegal de
referéndum, como aportación al Pacto del Tinell. Ahora se ve el
error de no haber recuperado ese delito en cuanto el Partido Popular
logró la mayoría absoluta en 2011. También roza el cinismo que Mas
se preguntara por qué el TC y la Fiscalía no impidieron el 9-N. Los
delitos de prevaricación y de desobediencia, para entonces, ya
estaban cometidos, así que la concreta celebración del falso
referendo no sumó nada a la ilicitud penal de las conductas que se
imputan a Mas.
Hay otro problema político, que es la falta de pudor con la que el
nacionalismo ha sumado voces a su protesta callejera ante la sede
judicial. PNV, UGT y CC.OO., Bildu, Ada Colau y otros representantes
de la coalición anticonstitucional o abducidos por ella jalearon no
sólo a tres acusados por delitos especialmente graves, sino también
lo que representan de ruptura constitucional. El Estado tiene que
ser mucho más explícito y efectivo en sus reacciones, empezando por
una reforma penal que castigue como delito contra la independencia
judicial manifestaciones ante tribunales mientras ejercen su
función. Ayer se echaron de menos declaraciones –salvo la honrosa
del ministro de Justicia– de apoyo a los tres magistrados del
tribunal. O se toma en serio el nivel que ha adquirido la ofensiva
secesionista, o irá a más la insolencia del separatismo.
Mas acaudilla un esperpento para coaccionar
a la Justicia
EDITORIAL El Mundo 7 Febrero 2017
El independentismo convirtió ayer el inicio del juicio contra Artur
Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en un alegato secesionista y en un
espectáculo esperpéntico cuyo fin no es otro que el de condicionar
la acción de la Justicia. Tratar de influir en la labor de un
tribunal constituye un abierto desafío al Estado de Derecho. Una
pretensión inadmisible y propia de una república bananera, que ayer
frenó en seco el presidente del tribunal ante los intentos de Mas de
politizar su comparecencia en calidad de acusado.
Tanto el ex presidente de la Generalitat como la ex vicepresidenta y
la ex consellera de Educación declararon ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC), acusados de desobediencia y
prevaricación por la organización de la consulta del 9 de noviembre
de 2014. Los encausados comparecieron ante el tribunal con casi
media hora de retraso, después de un largo paseo de 75 minutos desde
la sede de la Generalitat hasta el Palacio de Justicia, pasando por
el Borne y el Fossar de les Moreres, dos emplazamientos emblemáticos
en el acervo mitológico del separatismo catalán. Los organizadores
de la marcha cifraron en 40.000 las personas que arroparon a Mas.
Los asistentes corearon gritos en favor de la independencia de
Cataluña y agitaron miles de esteladas, al tiempo que Mas, Ortega y
Rigau saludaban a la muchedumbre. Todo ello, además, mientras los
tres eran entrevistados ante las cámaras de TV3, que ayer realizó un
despliegue especial trufado con el sesgo informativo que ya es
costumbre en la televisión que pagan todos los catalanes.
Y, siendo extraordinariamente grave la maniobra del nacionalismo
para coaccionar a los jueces, lo es aún más teniendo en cuenta que
Puigdemont y Forcadell se sumaron a tal despropósito. Que los
presidentes de un Gobierno y un Parlamento democráticos participen
en una patochada de esta calaña constituye una conducta a todas
luces reprobable. No obstante, certifica la estrategia frentista y
rupturista orquestada por el independentismo, cuya pretensión es
quebrar la legalidad alentando el llamado derecho a decidir. Un
eufemismo -apoyado irresponsablemente por Podemos- que, no hay que
engañarse, abriría la puerta a la secesión de Cataluña. Esta
pretensión, además de ser incompatible con la Constitución, resulta
falaz: el impulso de las leyes de desconexión y la creación de
estructuras de Estado demuestran que el independentismo ya parece
tener decidido el futuro de Cataluña. Las formaciones soberanistas
alardean de voluntad democrática, pero nada hay más antidemocrático
que no respetar la legalidad.
Mas dijo el domingo por la noche en una entrevista en la televisión
pública catalana que no tiene vocación de mártir. Pero tanto su
actitud como la de su partido reflejan lo contrario. El ex
president, heredero del tradicional victimismo de los líderes
nacionalistas, parece cómodo en su papel de protagonista de un
martirologio exacerbado a mayor gloria de la causa separatista. Y
ello con un doble objetivo. Por un lado, alimentar la posibilidad de
su eventual regreso a la primera línea. Y, por otro, seguir
desviando la atención sobre la montaña de corrupción que anega a la
extinta Convergència.
Pese a sus soflamas propagandísticas, cabe reiterar que Mas no se
sienta en el banquillo por sus ideas, sino por no cumplir la ley. El
ex presidente del Govern, que se negó a responder a las preguntas de
la Fiscalía y de la acusación popular, se declaró único impulsor de
la pseudoconsulta, aunque rechazó que incurriera en un delito de
desobediencia porque obedecía a un mandato "democrático" del
Parlament.
La realidad es que el Tribunal Constitucional suspendió el "proceso
participativo" que derivó, cuatro días después, en el 9-N. Mas
sostuvo que, tras el veto del TC, la Generalitat puso la
organización en manos de 42.000 voluntarios. Y añadió que el
Constitucional no advirtió de las consecuencias que podía tener
seguir con la consulta.
La declaración de Mas puso de manifiesto la falsa dicotomía en la
que asienta el discurso secesionista. El ex president situó el deber
de respetar la votación del Parlament que exhortaba a celebrar una
consulta por encima de la obligación de acatar las resoluciones de
la Justicia. Es la base de la ilegal y disparatada estrategia de
desobediencia con la que el independentismo conduce a Cataluña a un
callejón sin salida. Sólo desde el respeto a la ley, la firmeza
democrática y la actitud política responsable se está aún a tiempo
de evitar un choque institucional cuyas consecuencias son ahora
mismo imprevisibles.
Mas, Rajoy y la cobardía de la gran
renuncia
Jesús Cacho vozpopuli.es 7 Febrero 2017
La performance con la que ayer Artur Mas obsequió a catalanes y
españoles resultó más bien modesta. Es verdad que si uno seguía el
evento por TV3, la televisión soberanista que lleva perdidos cerca
de 100 millones en los tres últimos años, parecía que millones de
catalanes se habían echado a la calle en defensa de unos señoritos,
presuntos corruptos, de la derecha nacionalista catalana llamados a
declarar ante un juez. Y no, ni mucho menos.
Para haber fletado autobuses en toda Cataluña, la cosa resultó más
bien modesta, incluso pobretona, por decirlo alto y claro, ello sin
contar con que entre políticos de los distintos partidos pro prusés,
más alcaldes, más concejales, más asesores, más los que viven del
momio, los que pastan en el Presupuesto, que diría Galdós, entre
todos bien podrían haber desfilado ayer por el paseo del Borne no
menos de 200.000, un suponer, porque hay mucha gente que ha hecho
del victimismo clientelar su medio de vida y no es cosa de ponerse
ahora a buscar un trabajo exigente en el libre mercado, con el frío
que hace lejos del paraguas del glorioso Moviment Nacional de
Catalunya.
Fiasco, pues. Menos de 40.000 fieles. Unos pocos que parecen muchos
y muchos que parecen poco. La puesta en escena recordaba aquellas
bonitas concentraciones que la dictadura –ya se sabe que todo
nacionalismo es en esencia un movimiento reaccionario- preparaba en
la plaza de Oriente de Madrid a mayor gloria del Generalísimo, plaza
de Oriente convertida ahora en caminata abigarrada por el frío entre
Sant Jaume y el paseo de San Juan, Arco del Triunfo, las banderas,
los gritos, todo esperado, todo manoseado, todo trucado de adhesión
inquebrantable a este personaje de cartón piedra que ya está kaput
(Pujoldixit) aunque trata de disimularlo, que no era
independentista, nunca lo fue, hasta que una tarde de septiembre de
2012 se asomó a la ventana de su despacho y se asustó al ver el
gentío reunido en Paseo de Gracia esquina Gran Vía de les Corts, que
ahí mismo decidió el galán subirse a ese tren en marcha sin saber
dirección, Mas, la famiglia, el pinyol, el Moviment, todos
decidieron jugar fuerte porque, en plena brutal crisis, Espanya
estaba morta.
Absurdo, ridículo personaje, presunto chorizo repleto de una vanidad
inabarcable, que en rueda de prensa en el Museu d'Història de
Catalunya, qué menos para tamaño prócer, declaraba días atrás que
“Hicimos lo que teníamos que hacer, lo volveríamos a hacer y
entraremos en el tribunal con la cara bien alta. Nos querían
arrodillados y nos encontrarán de pie”, que el pájaro de la
Barcelona alta, la elitista, la rica, no tiene empacho en trasegar
citas del Che Guevara, reconocido asesino aureolado por la izquierda
mundial.
“No debemos pedir perdón por nada”, dijo también un valiente que
ayer necesitó la escolta de 40.000, que solo contestó a las
preguntas de su abogado y que se excusó en el desconocimiento,
Ignorantia legis neminem excusat, porque toda su defensa consistió
en preguntar con cinismo impostado que “Si tan evidente era que era
un delito [no obedecer al TC], ¿cómo puede ser que el Constitucional
no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”.
Los héroes de cartón piedra que produce un nacionalismo acostumbrado
a jugar en casa y sin equipo contrario, se vienen abajo en cuanto
los Justicias se meten de por medio. Héroes de pacotilla. Y sí,
40.000 personas, dos millones como poco para TV3, la revolución, los
disparos, las iglesias ardiendo de los años treinta, y la absoluta
normalidad en la calle y en la oficina y en la fábrica y en el
colegio… La gente admirando pasmada por televisión la parafernalia
de unos tipos que perdieron la vergüenza hace mucho tiempos
reclamando un Estadito a la medida en el que no tuvieran necesidad
de rendir cuentas a nadie.
Pretendieron dividir Cataluña con un muro, a un lado los patriotas,
a otros los traidores, y trataron de mantener henchida la vela de un
viento de odio que ha empezado a perder tensión, que la erección
nacionalista apunta ya a la flaccidez nacional de una derecha
ladrona cuyo gaznate aprieta hoy la izquierda comunista y
antisistema de la CUP. Justo premio a su desvarío.
Ubú president y su cuadrilla
Basta echar un vistazo a la prensa catalana no adicta al régimen
fundado por Don Pujolone –“toda la mierda para mí”, reclama el jefe
del estercolero-, para darse cuenta de que cada día se anima más
gente a desafiar a cara descubierta a los tigres de papel maché del
independentismo. Muchos catalanes están reparando en algo que sabían
tenían al lado pero no osaban denunciar por miedo a la exclusión
social: han descubierto que durante casi 40 años han convivido con
un elefante en la habitación, Ubú president y su cuadrilla, y se han
dicho que ya es hora de empezar a hacer limpieza.
La comedia ha durado cinco años, y el suflé empieza a ceder porque
cuando los ciudadanos en número creciente empiezan a darse cuenta
del engaño, el cambio está a punto de llegar. La farsa a punto de
caer. El tiempo del miedo se está acabando. “Everything happens to
everybody sooner or later if there is time enough”, que dijo el gran
Bernard Shaw.
Mucho antes hubiera caído de no haber sido por el respaldo que la
izquierda podemita y las comadres del charneguismo institucional
–corramos un estúpido velo sobre el PSC y asimilados- han venido
prestando a esta colla de señoritos protodelincuentes que desprecia
su identidad. Pocas cosas hay más ridículamente estúpidas que
contemplar a un individuo que se considera de “izquierdas” oficiando
de comparsa, de tonto útil de un supremacista de derechas –catalán o
bosnio- que le desprecia porque “no es de los nuestros”.
De la alianza contra natura entre una izquierda incapaz de resistir
las ensoñaciones identitarias y el nacionalismo reaccionario no ha
salido nadie ganador. El resultado a la vista está: la izquierda
está hecha unos zorros y el nacionalismo catalán, el de Pujol y
compañía, el nacionalismo burgués, en el desguace, arrollado por el
avance de la izquierda radical y antisistema… Un gran negocio el de
Rodés, Carulla, Sumarroca & Cia.
Nada hubiera sido igual si en Madrid no hubieran pastado Gobiernos
irresponsables que, anteponiendo el interés de partido a los
generales de España y los españoles, se dedicaron a amamantar al
monstruo de un nacionalismo hoy salido de madre. Al final, Mariano
tendrá su parte de razón (¿la fortuna ayuda ahora a los cobardes?,
se preguntaría un retorcido Virgilio), porque tal vez la mejor
solución, sin Eneida de por medio, consista en permitir que el
nacionalismo disgregador se autodestruya.
Nunca, sin embargo, deberíamos dejar de pasar factura al político
cuya congénita cobardía, con mayoría absoluta desbordante, consintió
el atropello cometido estos años contra millones de catalanes no
nacionalistas. En el Canto III del Inferno, Dante proclama aquello
de "Che fece per viltade il gran rifiuto" en bofetada a Celestino V,
el único papa que renunció a usar el inmenso poder de la curia
vaticana. Mariano ha resultado ser nuestro Celestino V que, por
cobardía, perpetró la renuncia (rifiuto) a cambiar España de arriba
abajo. A democratizar Cataluña y el resto de España. Que ese y no
otro es el problema de Cataluña y del resto de España.
El escaqueo del Gobierno en Cataluña y la
irritación de magistrados y fiscales
El Gobierno debería haber intentado la negociación política, y si
esta no resultase posible, tomar el toro por los cuernos y utilizar
la coerción prevista en el artículo 155 de la Constitución
José Antonio Zarzalejos elconfidencial.com 7 Febrero 2017
El proceso soberanista en Cataluña está poniendo en el disparadero
al Tribunal Constitucional y a los tribunales ordinarios en aquella
comunidad autónoma. Los hechos de ayer en Barcelona han activado las
alarmas y agudizado la irritación de los integrantes del órgano de
garantías constitucionales y del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. También los fiscales están alterados. La estrategia del
Gobierno consiste en utilizar estas instancias sin reparar en su
desgaste, al tiempo que el Gabinete evita desplegar las competencias
que la Constitución le atribuye. La lógica institucional se ha
pervertido.
Se trata de una práctica, sostenida en el tiempo, en función de la
cual la fuerza de choque contra el secesionismo es la judicial y no
la política. Después del 9-N de 2014, la junta de fiscales del
Tribunal Superior catalán ya se negó a interponer querellas
criminales por los delitos que ayer comenzaron a enjuiciarse en
Barcelona. Eduardo Torres Dulce, a la sazón fiscal general del
Estado, ordenó directamente la querella y después dimitió. Quedó
pinzado entre la instrucción del Gobierno y la negativa de sus
subordinados.
La judicialización de la política es una expresión que no profundiza
en su auténtico significado. El Gobierno —si asumiese sus
responsabilidades y no se limitase ni solo ni principalmente a
emplearlas en exigir respuestas del Constitucional, querellas del
Ministerio Público y sentencias de los tribunales— debería haber
intentado la negociación política, y si esta no resultase posible,
tomar el toro por los cuernos y utilizar medidamente la coerción
prevista en el artículo 155 de la Constitución, que prevé su
intervención en supuestos que no se alejan de los que concurren en
Cataluña.
Este precepto constitucional resulta especialmente desconocido.
Reproduce el 37 de la Ley Fundamental de Bonn y emplaza al Gobierno,
ateniéndose al procedimiento establecido por el artículo 189 del
reglamento del Senado, a consumar los siguientes pasos:
1) Valorar si las autoridades de la comunidad autónoma catalana está
incumpliendo las obligaciones que imponen la Constitución y otras
leyes o sus responsables están atentando contra el interés general
de España.
2) Si es así, el Gobierno requerirá formalmente al presidente de la
comunidad autónoma que cese el incumplimiento.
3) Si no atiende el requerimiento (no hay plazo para que lo haga),
el Gobierno puede plantear medidas de intervención —no
necesariamente la suspensión de la autonomía— para evitar la
conculcación de la Constitución y de las leyes y el perjuicio al
interés general de España.
4) Estas medidas se plantean ante el Senado y son informadas por la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, que reclamará del
Gobierno catalán las alegaciones pertinentes y la presencia de un
representante.
5) Finalmente, las propuestas del Gobierno se someterán al pleno del
Senado, que debe respaldarlas por mayoría absoluta de sus miembros,
mayoría con la que ahora cuenta el Partido Popular.
6) El Gobierno de la Generalitat de Cataluña podría recurrir estas
medidas ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Rajoy no ha transitado por este itinerario. Es de su
competencia hacerlo. Ha preferido no desgastarse en el recorrido de
ese camino, dejando que el conflicto lo traten de resolver el
Tribunal Constitucional, el Superior de Justicia de Cataluña y el
Supremo, instancias sobre las que está recayendo una enorme presión
ambiental y social allí, y la asunción de un papel decisor que no es
el subsidiario que les corresponde cuando el Gobierno ha agotado los
recursos de negociación política y de aplicación de sus facultades
coercitivas en una medida que ha de ser proporcional y lo menos
invasiva posible.
No es cierto, mantienen togados consultados, que la aplicación de
medidas al amparo del 155 de la Constitución “cree más crispación
que la judicialización”. Por el contrario, consideran que los
juicios penales, como el que ayer comenzó en Barcelona, al que
seguirán los de Francesc Homs en el Supremo y de Carme Forcadell en
el Superior de Justicia catalán, crispan tanto o más que la acción
gubernamental, porque implican sanciones penales de carácter
personal con eventuales inhabilitaciones que retirarían de la vida
política institucional a los ahora acusados y, quizá, mañana
condenados. Y añaden: “Nuestras resoluciones en la jurisdicción
ordinaria, agotadas las instancias de recurso, son revisables por la
justicia europea, en tanto que las decisiones políticas no lo son”.
Y crean 'mártires'.
El independentismo arropa a Artur Mas
El Gobierno de Rajoy está ante su asignatura más importante, la
políticamente más relevante. Debe intentar (el domingo, Puigdemont
pedía en 'La Vanguardia' una interlocución con Rajoy al margen del
referéndum) la negociación en serio —no como la operación diálogo—,
y si esta es infructuosa y persiste el desafío, al menos requerir a
la Generalitat como prevé la Constitución y actuar posteriormente en
función de como responda.
De lo contrario, es seguro que la cohesión del Constitucional se va
a deteriorar y es muy probable que los tribunales hagan como el juez
de Badalona que consideró la desobediencia al cierre cautelar del
ayuntamiento de aquella ciudad el 12 de octubre pasado como una
'performance' y no como un delito, porque entiendan que se les
reclama para una función de carácter más político que
jurisdiccional. O sea, no es descartable que se produzca una
resistencia judicial razonada en sus resoluciones ante el escaqueo
del Gobierno en la asunción de sus competencias constitucionales en
la cuestión catalana. Lo vamos a comprobar sin demasiada tardanza.
Y todo esto del independentismo, ¿quién lo
paga?
Gonzalo Bareño La Voz 7 Febrero 2017
En agosto del año 1954, el escritor catalán Josep Pla visitó la
ciudad de Nueva York. Recién llegado a la gran urbe, sus anfitriones
quisieron mostrarle el esplendor de la megalópolis con un paseo
nocturno por las enormes avenidas. Pla quedó fascinado por la
iluminación resplandeciente de los rascacielos y el fulgor
parpadeante de las luces de neón. Pero, tras unos segundos de
recogimiento ante el espectáculo, retomó su trabajada pose de
ingenuo payés para desarmar a sus orgullosos amigos con una sola
pregunta: «Y todo esto, ¿quién lo paga?». Ayer, al presenciar el
enésimo despliegue de pretenciosa coreografía de masas orquestado
por el independentismo catalán para amedrentar a los magistrados
encargados de juzgar a Artur Mas por un delito tan feo como el de
prevaricación y otro de desobediencia, me acordé del escritor
ampurdanés, que hizo más por Cataluña, por cierto, que todos los
pujoles y rufianes juntos.
¿Quién paga todo esto? ¿Quién paga los doscientos autobuses fletados
para que el presunto delincuente se sintiera arropado? ¿Quién paga
los viajes, la estancia en Barcelona y las horas de trabajo perdidas
por los miles de cargos públicos, incluido el presidente de la
Generalitat, que ayer, en un día laborable, se dedicaban a agitar
banderitas y a cerrar los ojitos cantando Els Segadors a la mayor
gloria del presunto prevaricador? ¿Quién paga el gasto en seguridad
que requirió el patético desfile? No contentos con malgastar el
dinero de todos los catalanes en promover la consulta ilegal por la
que están siendo juzgados, lo derrochan ahora en glorificar a sus
máximos responsables.
Si Artur Mas y sus conmilitones hubieran dedicado a la labor de
gestionar y gobernar en Cataluña el mismo esfuerzo y los mismos
recursos que han destinado a esa afectada liturgia independentista
capaz de donar a un museo la pluma Inoxcrom con la que se firmó la
convocatoria de una consulta ilegal, no estarían hoy sentados en el
banquillo. Por lo demás, la declaración de Mas solo fue la enésima
demostración de cobardía de quien tira la piedra y esconde la mano
para que la machada le salga gratis, porque no tiene ni siquiera el
coraje de asumir las consecuencias de sus actos. Muchos golpes en el
pecho para adjudicarse las responsabilidades políticas, pero a la
hora de dirimir las penales, que son las que duelen porque lo
inhabilitarían para seguir en el machito, el astuto se acoquina y
carga el muerto a los voluntarios. Y, en lugar de jactarse de su
desobediencia al Constitucional, como hizo afuera delante de su
clan, en presencia del juez solo balbuceó que él nunca tuvo
intención de desobedecer y que lo que sucedió es que no entendió la
resolución de los magistrados porque era demasiado «genérica». El
perfecto retrato de un cagueta que solo busca salvar su pellejo.
El problema no es solo que nos tomen por tontos y que quieran irse
ahora de rositas tras violar la ley, sino que pretendan además, como
diría Pla, que sus fiestones independentistas los paguemos entre
todos.
Juicio charlotada
Pablo Planas Libertad Digital 7 Febrero 2017
Llamar juicio a lo de Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) es como decir que Corea del Norte es una de las
democracias más avanzadas del mundo. El retraso de más de media hora
de los acusados, la procesión de 75 minutos por las calles de
Barcelona con paradas en el Fossar de les Moreres, el Borne y el
Arco del Triunfo y la rave a las puertas del juzgado eran motivos
más que suficientes para suspender la vista.
El tribunal prefirió hacer la vista gorda tal vez para evitar males
mayores si resultaba perjudicado el derecho al espectáculo de los
manifestantes, la perfecta coreografía de la épica entrada al
juzgado de Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, su homérica salida, la
arenga del mártir desde una plataforma frente al edificio donde se
le juzga y la demostración de chulería a preguntas de su abogado.
Chulería relativa porque a efectos políticos se consideró autor
intelectual del 9-N, pero no a efectos penales. Los ejecutores
fueron los demás, otros, los "voluntarios". La Asamblea Nacional
Catalana de Fuenteovejuna se ocupó de todo.
Fue el torero catalán Carmelo Tusquellas, que debutó de novillero en
la plaza de Vich con el apodo de el Relojero, quien popularizó en
1917 el término charlotada. Tusquellas se había decantado por el
toreo bufo y disfrazado de Charlot consiguió una fama internacional
extraordinaria. Viene a colación Tusquellas porque lo más contenido
que se puede decir del conjunto de circunstancias del juicio es que
confluyeron en una charlotada, con perdón de los que se dediquen al
torero bufo si es que queda alguno.
Si los magistrados hubieran privado al numeroso público (menos del
que declara la empresa y mucho concejal, que los hay a miles) del
espectáculo, lo mismo se monta la de Barrabás o la del 25 de julio
de 1835, la bullanga de Santiago, cuando el público de la plaza de
toros de la Barceloneta se lió a quemar conventos y perseguir
frailes a modo de protesta por la falta de casta del ganado de la
corrida del día.
Aquella vez, por cierto, las autoridades también hicieron la vista
gorda. Algunos militares y policías se unieron a la revuelta porque
el clero no gozaba de gran popularidad y los bomberos municipales
aparecieron horas más tarde para refrescar las cenizas. Hubo un par
de detenidos días después, pero nunca fueron juzgados. Y eso es
precisamente de lo que se trata.
Caos nacionalista. Democracia a la carta
para Cataluña
“El navío de la democracia, después de haber capeado tantos
temporales, puede irse al fondo en un motín de los que van a bordo”
S. Grover Cleveland
Miguel Massanet diariosigloxxi.com 7 Febrero 2017
El problema señores, radica en algo tan simple como tener una idea
clara de lo que representa el concepto de democracia, cuáles son sus
embriones, cuales los deberes y derechos que emanan de su puesta en
práctica y de la correcta y lógica valoración de cuáles son sus
límites en cuanto a la magnitud de los colectivos a los que puede
afectar y a la necesidad de que, los integrantes de estos, se
atengan a las leyes emanadas del propio pueblo, a las que están
obligados a atenerse. En realidad, algo tan simple en ocasiones,
cuando existen intereses espurios de por medio, no resulta ni fácil
ni mucho menos comprensible cuando, de forma torticera quiere
extenderse a minorías en detrimento de los derechos de la totalidad
de la comunidad, regida por un gobierno democrático.
Y, precisamente, como muestra de que se puede intentar usar el
concepto de democracia para amparar causas ilegales, ambiciones
personales, objetivos fraudulentos y pretensiones éticamente
incalificables; tenemos lo que está sucediendo, desde hace algunos
años, en la comunidad catalana dónde, por una parte, la incuria de
los sucesivos gobiernos de la democracia; las cesiones que, por
razones políticas, se han venido haciendo a los políticos
nacionalistas catalanes ( Estatuto de autonomía), amén de la
habilidad con la que estos han sabido ir jugando sus cartas haciendo
que, mediante sucesivas demandas y puntuales exigencias, los
distintos ejecutivos nacionales, para mantenerse en el poder, hayan
ido permitiendo que la pelota de nieve del nacionalismo en Cataluña
haya ido haciéndose grande hasta que, como está sucediendo ahora,
haya llegado un punto en el que, difícilmente va a ser posible
detener su crecimiento si no se utilizan métodos expeditivos para
conseguirlo.
Sería cómico si, lo que subyace debajo de esta payasada organizada
por los independentistas, escenificando lo que muy bien se podría
calificar como un sainete cómico, con la teatral salida de Más,
Ortega y Rigau del Palacio de la Generalitat para acudir, pedibus
andando, en medio de muestras de apoyo por parte de unos cuantos
miles de personas fanáticas, completamente entregadas a la causa
nacionalista que, evidentemente, no han representado a la totalidad
del pueblo catalán que, como se sabe, sólo una parte pequeña de él
quiere la separación o independencia de Cataluña de España, aunque
sí es cierto que muchos quisieran más autonomía para los catalanes;
no encubriera un desafío directo y cargado de odio contra España y
el resto de españoles del resto del país.
Estos señores que hoy, con evidentes muestras de estar representando
una actuación de cara al público, especialmente dedicada a la TV
catalana y a los medios informativos, con la pretensión de que tenga
repercusión internacional; han querido que todo saliera a la
perfección, lo que se demuestra si se observa que, para sincronizar
la salida de los encausados por el episodio del 9N, tenían su propio
maestro de ceremonias que se movía diligentemente para que las filas
no se rompieran y los protagonistas representaran a la perfección
sus respectivos papeles en la función. Todas las paradas, en un
trayecto de menos de un kilómetro, estaban perfectamente previstas y
pautadas e, incluso, en un punto determinado del recorrido, todos se
han parado para entonar el himno nacional de Cataluña. Es curioso
que, al final, si la cita era para las 9h a/m, ignoramos si
premeditadamente o por otras razonas, se haya retrasado más de media
hora. Esperamos que, como es su obligación, el TSJC no se deje
amilanar por tales demostraciones y depure las responsabilidades
que, a cada uno de los encausados, le puedan corresponder si, en
pura ley, resultan ser culpables de los delitos de desobediencia y
prevaricación que pesan sobre ellos.
Pero lo que es importante es que, todos estos señores que llevan
años incumpliendo las leyes estatales, que se han pasado por el Arco
del Triunfo las sentencias de los tribunales, incluso del TC y han
ido desobedeciendo sus requerimientos respecto a sus actividades en
lo que ellos llaman “el process”; entre ellas el que no permitiera
la votación ilegal de la consulta del 9N; se apoyan para ello en lo
que insisten en calificar como “el derecho democrático de los
catalanes de decidir sobre si quieren o no seguir perteneciendo a
España”. Evidentemente, aquí es donde radica el quid de la cuestión
porque, para ellos, el hecho de formar parte integrante de un país
democrático, plenamente reconocido por el resto de democracias del
mundo y provisto de una Constitución mayoritariamente consensuada
por todos los españoles, incluso en Cataluña; no es óbice para
intentar hacer valer la opinión de una parte ( apenas el 50%) de los
ciudadanos catalanes ( las últimas encuestas señalan que los
separatistas van en retroceso) que ellos intentan presentar, cuando
se dirigen a su parroquia, como si fuesen la totalidad de los
catalanes, cuando ello no es cierto.
Pero, aunque se tratara de los siete millones de catalanes fueran
los que quisieran ejercer su derecho a decidir, no les quedaría otro
remedio que contar con la opinión del resto de españoles que, como
un pueblo que habita dentro de una misma nación, que lleva unida
seiscientos años (los EE. UU de América no llegan a los 300),
compartiendo el mismo destino y afrontando todas las dificultades
juntos (incluida una guerra civil) tendría todo su derecho a ello.
España tiene una población de unos 48 millones de personas y, en
este caso, para que se pudiera modificar la Constitución y pudiera
acordarse la desmembración de una parte, como es Cataluña, del resto
de la nación, debería convocarse un referéndum nacional para que,
todos los españoles, pudieran opinar sobre ello. Dos millones y pico
de votantes, como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y
municipales, que votaron a los partidos nacionalistas no son quorum
suficiente para que España, que no aceptaría nunca que aquellas
elecciones fueran plebiscitarias, pudiera, ni siquiera, plantearse
utópicamente el tomarse en serio semejante petición.
No se puede entender que, unilateralmente, con todas las
instituciones del Estado en contra, solamente con el apoyo (en
último momento) de los comunistas de Podemos, o puede que solamente
de los que apoyan al señor Pablo Iglesias ( su presencia en los Goya
vestido de etiqueta, ya parece que se ha convertido en una costumbre
que no puede interpretarse más que como una de sus habituales
payasadas, aunque aprovechó la ocasión para olvidarse de que estaba
en un acto cultural para lanzar su artillería contra el Gobierno y
los socialistas, últimamente convertidos, con excepción del señor
Sánchez, en el objetivo de todas sus críticas) que parece no haberse
dado cuenta de que forma parte de una de las instituciones básicas
del Estado español, el Parlamento, al que debe fidelidad, lo mismo
que a la Constitución, que prometió respetar y que, si tenemos en
cuenta sus declaraciones, es evidente que no piensa, ni por un
momento, cumplir con lo prometido; los partidos nacionalistas y
separatistas catalanes puedan intentar justificar que tienen una
democracia propia que está por encima de la que tenemos el resto de
españoles , a no ser que pretendan, reduciendo el tema al absurdo
que llegue un momento en que dos o tres ciudadanos argumentaran su
derecho democrático a tener su propia nación en su propio domicilio.
Absurdo, ¿no? Pues veamos quién es el majo que establece un límite
para que, siguiendo la teoría de los catalanes, le ponga un tope
mínimo al famoso “derecho a decidir”.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
debemos de echar nuestro cuarto a espadas para rechazar la
pretensión de los cabecillas subversivos de Cataluña, en cuanto a
presentarse como demócratas cuando, la realidad, evidencia que no
son más que un puñado de rebeldes, aferrados a una serie de leyendas
imaginarias, que pretenden aprovecharse de unos momentos en los que
España pasa por unos momentos de incertidumbre para, como lo
hicieron en las anteriores ocasiones en las que intentaron lo mismo(
con Maciá y Companys), buscar su emancipación de España. Pero lo
peor es que, señores, estos sujetos están convencidos de que van a
ser aceptados como miembros de la UE cuando, como confirman la
legislación europea y las declaraciones de todos los mandatarios de
la CE, es de todo punto imposible que ello suceda por mucho empeño
que pusiera en intentarlo. Las leyes comunitarias así lo especifican
lo mismo que lo hace, en el caso de España, nuestra Constitución.
¿Pedirá perdón el Gobierno vasco por las
matanzas en Bilbao?
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 7 Febrero 2017
Los senadores de PNV reclaman al Gobierno nacional que pida perdón
por el bombardeo de Guernica. Lo primero que llama la atención es
que el PNV de 2017 considere legítimo al bando nacional mientras
libraba una guerra contra el Gobierno del que formaba par
Seguir a @pfbarbadillo
Desde hace unos 200 años, España marcha con retraso en los grandes
movimientos políticos y culturales europeos. Uno de las
manifestaciones de ese retardo es el trato que reciben las víctimas
de las grandes convulsiones del siglo XX. Durante gran parte del
régimen franquista los muertos inocentes del bando del Frente
Popular no existieron en el discurso público, olvido que fue
atenuándose en sus últimos años. Hoy el Gobierno español y todos los
gobiernos autonómicos han eliminado de la historia oficial a las
víctimas de la izquierda y los nacionalistas desde 1934 hasta los
estertores del maquis.
Este comportamiento es propio de la desaparecida URSS. Los
soviéticos no sólo borraron –al menos durante unas décadas- a sus
víctimas de la historia y sus vergüenzas (se reprimió hasta el hecho
de que los alemanes bombardearon Moscú), sino sus genocidios. Stalin
consiguió que los demás aliados aceptasen condenar a los alemanes
por la matanza de polacos en Katyn. En las décadas siguientes, los
comunistas y sus ‘compañeros de viaje’ llamaban neo-nazis a quienes
acusaban a los soviéticos de haber asesinado a 22.000 militares
polacos.
Moción en el Senado del ‘Grupo Vasco’
Por obra de la Ley de ‘memoria histórica’, ya es oficial que las
instituciones sólo recuerden a un sector de víctimas de la guerra
civil. Una democracia, que por definición incluye y representa a
todos los ciudadanos, se está comportado como el franquismo, a fin
de cuentas un régimen legitimado por la victoria militar en una
guerra civil y una dictadura. En el Senado del Reino de España vamos
a asistir al último episodio de este sectarismo.
Llama la atención es que el PNV de 2017 considere legítimo al bando
nacional mientras libraba una guerra contra el Gobierno del que
formaba parte hace 80 años.
Los senadores de PNV, a los que desde la constitución de las Cortes
de 1977 la mesa les permite llamarse en el Senado y el Congreso
Grupo Vasco, como si no hubiera otros parlamentarios vascos, sigue
dando la tabarra con el bombardeo de Guernica para alimentar el
victimismo y su peculiar superioridad. Cuando no reclama el traslado
del cuadro Guernica a Guernica (curiosamente el presidente del
Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, lo calificó de "birria"),
reclama que el Gobierno nacional pida perdón por el ataque aéreo de
abril de 1937.
La moción, que se debatirá esta semana, propone que el Senado inste
al Estado español a que reconozca la "responsabilidad del Estado" en
el bombardeo de Guernica y "muestre sus disculpas al pueblo de
Guernica por todo el sufrimiento injustamente causado". Lo primero
que llama la atención es que el PNV de 2017 considere legítimo al
bando nacional mientras libraba una guerra contra el Gobierno del
que formaba parte hace 80 años. Aunque semejante delirio es
comprensible, porque las organizaciones alavesa y navarra del PNV
expresaron su respaldo al 18 de julio.
Bien podría el PNV predicar con el ejemplo y pedir disculpas por su
responsabilidad en las matanzas de casi 230 presos indefensos
ocurridas en Bilbao el 4 de enero de 1937 y que superan en mucho los
muertos en Guernica, que una asociación local calcula en algo más de
150.
Las matanzas silenciadas
Y es que en Guipúzcoa, donde los rebeldes fueron derrotados por las
milicias de izquierdas en el sitio del Cuartel de Loyola, y Vizcaya,
donde no hubo más que unas escaramuzas, se produjeron diversas
matanzas de civiles y prisioneros bajo custodia.
El PNV podía predicar con el ejemplo y pedir disculpas por su
responsabilidad en la matanza de casi 230 presos indefensos ocurrida
en Bilbao en enero de 1937.
En San Sebastián, ocupada por las tropas del general Mola el 13 de
septiembre de 1936, las izquierdas y los penevistas tuvieron tiempo
de ‘ajustar cuentas’. Por ejemplo, fueron asesinados Joaquín Beunza
Redín, jefe de la Minoría Vasco-Navarra en las Cortes
Constituyentes, en la que participó el PNV, y partidario de conceder
el voto a las mujeres; Víctor Pradera, pensador tradicionalista y ex
diputado, al que no sirvió de nada su inmunidad como miembro del
Tribunal de Garantías Constitucionales de la República; y el hijo de
éste, Javier Pradera, no implicado en política.
A Víctor Pradera le hizo detener y encarcelar en Ondarreta el
consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Guipúzcoa,
Telesforo Monzón (peneuvista que en la Transición se pasó a Herri
Batasuna), al que Pradera había ridiculizado como maketo según la
doctrina de Sabino Arana.
En Bilbao, cientos de implicados en el alzamiento y simples
sospechosos fueron detenidos por orden del gobernador civil, José
Echevarría Novoa (Izquierda Republicana) y los milicianos. Se les
encerró en dos barcos-prisión: el Cabo Quilates y el Altuna Mendi,
anclados en la ría (posteriormente, llegó de San Sebastián el
Arantzazu Mendi con más presos).
Con la excusa de los bombardeos sobre la población civil (los
primeros bombardeos aéreos y navales sobre objetivos civiles en la
guerra los ordenó el Gobierno del Frente Popular) y en violación de
todas las leyes de guerra, los milicianos socialistas, comunistas y
anarquistas y la marinería del acorazado Jaime I asesinaron a 125
personas entre finales de agosto y finales de octubre. Además, el 25
de septiembre, después de un bombardeo sobre Durango, los milicianos
del Batallón Rusia (JSU) sacaron de los calabozos de esta villa a 22
detenidos y los fusilaron sin juicio en el cementerio local.
De los barcos-prisión a cárceles en tierra
Después de negociar simultáneamente con el Gobierno de Madrid y con
Mola para vender su apoyo, lo que quedaba del PNV optó por el Frente
Popular, que le daba más. El 7 de octubre se formó el Gobierno
vasco, de coalición de todos los partidos y presidido por José
Antonio Aguirre; las competencias de Policía las asumió la
Consejería de Gobernación, dirigida por el ya citado Monzón, y las
de Justicia (y Cultura) la Consejería de Jesús María de Leizaola.
Los tres citados eran del PNV.
Los presos supervivientes y los que iban llegando fueron traslados a
cuatro cárceles en Bilbao, la provincial de Larrínaga, y otras tres
improvisadas: el convento de El Carmelo, el convento de los Ángeles
Custodios y la Casa Galera. El PNV, que siempre se sintió incómodo
con sus aliados de izquierdas (de los mercados bursátiles que había
en España sólo permaneció abierto el de Bilbao y una vez perdida
Vizcaya negoció la rendición de sus tropas en Santander con los
fascistas italianos), empleó los presos para canjes con otros en
poder del enemigo.
El avance de las tropas de Mola se detuvo en septiembre de 1936 y el
frente, en la linde entre Vizcaya y Guipúzcoa (Ondárroa bajo control
de los nacionales y Eibar bajo el de los republicanos), se convirtió
en estático. La única operación militar hasta marzo de 1937 fue la
ofensiva de Villarreal, con la que Aguirre y el general Llano de la
Encomienda querían romper el frente sur y amenazar Vitoria, acabó en
desastre.
Las novedades se producían en el mar y el aire, y en tierra la
delirante construcción del Cinturón de Hierro, que no sirvió para
nada.
La incompetencia del Gobierno vasco
El 4 de enero de 1937 a las 3 de la tarde se produjeron una batalla
aérea sobre la zona de Bilbao y la ría entre las dos aviaciones y un
bombardeo en el que murieron sólo cinco personas. La caza
republicana abatió un trimotor de la Legión Cóndor; dos pilotos
alemanes se pudieron lanzar en paracaídas sobre Bilbao y mientras
uno fue capturado vivo el otro fue linchado.
A continuación una multitud encabezadas por oficiales y soldados de
los batallones Malatesta de la CNT y Castilla de las JSU se dirigió
‘espontáneamente’ a las cárceles. La primera en ser asaltada fue la
de Larrínaga, donde la chusma penetró gracias a que dos funcionarios
abrieron los rastrillos. Allí los asaltantes mataron a los presos
que encontraban en las celdas y la enfermería. En total murieron 55
personas.
Lo primero que hizo el Gobierno de Aguirre fue prohibir que la
prensa de Bilbao publicase noticias sobre la matanza.
En El Carmelo, aunque también los funcionarios desleales abrieron
las puertas, los presos, casi 1.500, entre los que había numerosos
militares, organizaron una defensa y rechazaron a los sicarios. Sólo
murieron siete presos.
En los Ángeles Custodios se produjo la mayor matanza ese día, pero
la cometieron miembros del batallón Asturias, de la UGT, al que la
Consejería de Gobernación había pedido ayuda. Una vez dentro del
convento, los socialistas asesinaron a los presos en sus celdas y a
otros los fusilaron de cinco en cinco en el patio. Los caídos fueron
109.
La matanza de la Casa Galera también la cometió el batallón
Asturias: 53 personas. La mortandad habría sido mayor si el director
de la cárcel no hubiera abierto una puerta trasera por la que
escaparon muchos presos.
En las cuatro cárceles los cadáveres fueron saqueados, hasta el
punto de que algunos de ellos aparecieron con los dedos cortados
para robarles los anillos.
Lo primero que hizo el Gobierno de Aguirre fue prohibir que la
prensa de Bilbao publicase noticias sobre la matanza. A la semana
siguiente, la Consejería de nombró un juez especial, Julio Jáuregui,
que en marzo dictó autos de procesamiento y prisión contra más de un
centenar de participantes en las matanzas. El Gobierno que se
llamaba a sí mismo legítimo no juzgó a nadie. Los nacionales
entraron en Bilbao el 19 de junio siguiente.
Después de 40 años de autogobierno, ya no queda ningún monumento o
acto que recuerde esta matanza.
Uno de los supervivientes del asalto a la cárcel del Carmelo fue
Javier Ybarra de Bergé (1913-1977). Cuando el Gobierno vasco, la
Gudaroste y las milicias de retiraron de Bilbao ante el empuje de
los nacionales, cuya punta de lanza eran las Brigadas de Navarra,
formadas por requetés, se les llevaron él y a otros encarcelados en
dirección a Santander. Temiendo ser asesinado, huyó en Trucíos el 21
de junio; el 12 de julio estaba encuadrado en un batallón en la IV
Brigada de Navarra; y en agosto de 1938 una herida en el frente del
Ebro le causó una cojera permanente. En la posguerra desempeñó
varios cargos empresariales y también políticos. Quien había
sobrevivido a la guerra, como preso y como combatiente, murió a
manos de los terroristas. Unos etarras le secuestraron en su casa el
2º de mayo de 1977; el cadáver de Javier Ybarra se halló el 22 de
junio, después de las elecciones generales celebradas el día 15.
Jueces denuncian la presión de la
Generalitat sobre los funcionarios para que apoyen a Mas
Califican la manifestación de apoyo como una "romería" para
intimidar al tribunal
Europa Press lavozlibre 7 Febrero 2017
Madrid.- La sección catalana de la Asociación Profesional de la
Magistratura ha advertido en un comunicado que la Generalitat de
Cataluña ha empleado su "posición de preeminencia" sobre los
empleados públicos para pedir públicamente que participaran en las
concentraciones ante el Palacio de Justicia en apoyo al expresidente
de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la
exconsellera Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N.
Dos asociaciones de jueces han calificado este lunes la
manifestación como una "romería" dirigida a intimidar al tribunal
encargado de juzgarles. En declaraciones a Europa Press, el portavoz
de la Asociación Profesional de la Magistratura Celso Rodríguez, ha
criticado la actuación, y ha recordado este tipo de acciones "que
intentan influir en el ejercicio de la jurisdicción de un tribunal"
no resultan concebibles en un Estado de Derecho.
"Esto es un intento de presión", ha asegurado rotundamente Raimundo
Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria que ha
advertido a los concentrados que deseo y realidad no van de la mano
en esta ocasión. "Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se va a
conseguir", ha señalado y destacado que el tribunal no cederá al
chantaje moral. Ambas asociaciones han recordado que los tres
acusados se sientan este lunes en el banquillo de los acusados
después de un proceso de instrucción que ha contado con todas las
garantías.
Gozan -han dicho- de su derecho constitucional a la presunción de
inocencia. Por ello, este rechazo público, ya habitual en decisiones
judiciales que atañen a Cataluña y su desafío independentista,
ahonda en la falta de respeto y resulta inadmisible, han dicho. Para
Prado la manifestación recuerda a la "romería habitual" y es
intolerable. La Francisco de Vitoria ha reclamado, además, el apoyo
"moral e institucional" del Consejo General del Poder Judicial en
defensa de los magistrados y contra este tipo de injerencias en su
independencia.
La sección de Cataluña de la APM ha denunciado, además, en su nota
la "tergiversación del objeto del juicio" y destacado que no es,
como interesadamente se ha repetido una y otra vez, "ni un juicio a
la democracia ni un juicio por poner la urnas el 9N de 2014, sino la
acusación por desobediencia a las decisiones del Tribunal
Constitucional y por prevaricación administrativa en cuanto a las
decisiones adoptadas, dirigida por el Ministerio Fiscal y diversos
colectivos contra las tres personas antes mencionadas. Rechaza así
expresiones como "juicio político", "juicio a la democracia" o
"juicio franquista auspiciado por un GAL político", dirigidas, en su
opinión a deslegitimar la actuación del Poder Judicial con carácter
previo a la adopción de su decisión.
AMONESTACIÓN DEL TRIBUNAL
La manifestación de apoyo a los acusados ha perturbado el inicio de
la vista oral, que ha comenzado con un retraso de media hora. Según
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el tribunal encargado
de juzgarles puede amonestar a los acusados si considera que su
actitud ha supuesto una perturbación del orden del juicio. Según
recoge la norma en su artículo 191 y posteriores, los que
perturbaren la vista de algún proceso pueden ser amonestados en la
vista por quien presida. El presidente del tribunal puede, también,
aplicar multas si considera que se ha faltado a la consideración,
respeto y obediencia debida.
Fracasa en su intento de librarse de una
multa por estar en gallego
La conductora recurrió la sanción alegando que la tramitación en
gallego le había generado indefensión
López Penide. Pontevedra / la voz 7 Febrero 2017
Recurrió una multa de la Policía Local de Pontevedra por estacionar
indebidamente en la ciudad y alegó, entre otros motivos, que la
tramitación administrativa de la misma se había realizado en
gallego, una circunstancia que consideraba le había generado
indefensión. Tal argumento acaba de ser descartado de plano por la
magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de
Pontevedra, quien ha confirmado los 100 euros de multa impuestos en
la ciudad del Lérez.
La denuncia se cursó en junio del 2015 y en ella se hizo constar que
era como consecuencia de una infracción a la hora de aparcar en una
zona no autorizada del casco urbano. Disconforme con la sanción, la
propietaria del vehículo, en un primer momento, interpuso ante la
concejalía de Protección Cidadá, de la que depende el Negociado de
Multas de Tráfico, un recurso que fue rechazado, lo que determinó
que decidiese acudir a la vía judicial.
Fue entonces cuando argumentó ya no solo que «se causa indefensión
porque la denuncia y el expediente se tramitaron en gallego», sino
que llegó a sostener que «los hechos no son ciertos». Asimismo,
mantuvo que existió «vulneración de la presunción de inocencia y del
derecho a la tutela judicial efectiva, que se vulneró el principio
de responsabilidad, que no se aportó al expediente el documento
gráfico que acreditaba la infracción, que había falta de motivación
de la resolución recurrida y que se produjo indefensión, y que había
falta de tipicidad en los hechos denunciados».
Sin fundamento
Frente a tal retahíla de argumentos, la magistrada pontevedresa
«rexeita, á vista do expediente, todas e cada unha das queixas da
actora», resaltaron ayer desde el Concello de Pontevedra. «Non tiñan
maior fundamento», añadieron al respecto los servicios jurídicos
municipales.
La sentencia ha sido declarada firme tras haber sido desestimado el
recurso de la conductora. En este punto, en el seno del Concello
destacaron que la decisión judicial ha venido a confirmar la
actuación municipal impugnada, es decir, puesta en duda por la
conductora.
Recortes
de Prensa Página
Inicial
|