AGLI Recortes de Prensa    Martes 7  Febrero 2017

La cobardía del separatismo catalán y del Gobierno español
EDITORIAL Libertad Digital 7 Febrero 2017

La primera jornada del juicio contra el sedicioso Artur Mas y dos de sus consejeras por el referéndum ilegal del 9-N se ha saldado con el cobarde rechazo de cualquier responsabilidad por parte de los tres acusados. Artur Mas admitió estar detrás de la idea del referéndum, pero achacó a los voluntarios de las asociaciones independentistas la ejecución directa de la consulta liberticida. Joana Ortega y Irene Rigau siguieron el mismo guión infame y también eludieron cualquier responsabilidad, a pesar de que la referida votación se llevó a cabo con medios pertenecientes a la Generalidad y gestionados por sus respectivos departamentos.

La actitud de Mas y sus segundonas refleja nuevamente la cobardía de los golpistas cuando tienen que asumir las consecuencias de sus desmanes. Por desgracia, rara vez se tienen que ver en esa tesitura.

El tercermundista y liberticida aquelarre del 9-N no fue un suceso aislado. En los últimos años, el secesionismo ha perpetrado ilegalidades sin cuento y desafiado a la Justicia con escandalosa impunidad, ante la indiferencia rayana en la complicidad del Gobierno de la Nación. Por culpa de esta connivencia tácita, tan cobarde, los españoles están financiando el golpe de Estado que desde las propias instituciones del Estado está dando el separatismo catalán. Repugnante y vergonzoso.

El propio Artur Mas ha dejado claro el infausto papel del Gobierno Rajoy en el único gesto de sinceridad que ha tenido a lo largo de su deposición. Y es que, en efecto, la consulta ilegal y golpista se llevó a cabo porque el Gobierno no la impidió. Ni más ni menos. Rajoy trasladó su vez su propia responsabilidad como garante del Estado de Derecho al Tribunal Constitucional, que saldó con una advertencia por escrito su participación en este asunto.

La cobardía de los secesionistas corre pareja a la del Gobierno. Ambos son responsables del circo organizado en torno a un juicio que, dado su cariz político y la funesta politización de la Justicia, se saldará con penas irrisorias para los acusados, si es que los magistrados se atreven siquiera a eso contra enemigos activos y declarados de la Nación que, en un acto de traición especialmente grave, se han servido de su condición de servidores del Estado para tratar de hacer saltar por los aires el propio Estado junto con su régimen de libertades.

Si hay café (amargo), que sea para todos
OKDIARIO  7 Febrero 2017

La España del futuro sólo será creíble si los partidos políticos dan un ejemplo inmaculado. Tras años de comprensible desencanto ciudadano debido a los constantes casos de corrupción, uno de los aspectos fundamentales para que las distintas formaciones se ganen el respeto de los españoles es mostrar una total transparencia en sus cuentas. En ese sentido, por ahora, todos los partidos deben guardar silencio. De ahí que la ‘Comisión Bárcenas’ que propone Ciudadanos no sólo deba atañer al extesorero y, por lo tanto, a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Lo ideal sería una gran comisión, con voluntad de profundidad y honestidad en sus diligencias, que se ocupara de analizar, escrutar y poner negro sobre blanco todos los números de los partidos políticos. Bien es cierto que el caso Gürtel en general, y la figura de Luis Bárcenas en particular, han supuesto un escándalo incuestionable dentro de la sociedad española. Junto a la Púnica, se estiman más de 420 millones de euros defraudados. Eso sí, es el caso más judicializado y en el que menos sentido tendría crear una comisión de investigación.

No obstante, el del PP no es, ni mucho menos, el único caso de corrupción asociado a un partido político que ha acaecido durante los últimos años. El Partido Socialista, por ejemplo, sobrepasaría los 3.200 millones en Andalucía con el caso de los ERE y el de los cursos de formación. Tampoco se escapa la autodenominada nueva política: los líderes podemitas cargan con la alargada sombra de la sospecha por su connivencia económica con el régimen teocrático de Irán y con la dictadura chavista de Venezuela. Una sospecha con claras evidencias que en el caso particular de CIU es palmaria realidad. Los padres ideológicos y económicos de los actuales secesionistas están metidos hasta el cuello en las mordidas del 3%. Un fraude que, unido siempre al apellido Pujol, se va a más de 3.000 millones de euros. En ninguno de estos particulares, el dinero fue a sanidad, educación, investigación o infraestructuras, sino a los bolsillos de personas que hicieron de la política su negocio privado. Una práctica a erradicar si España quiere ser un país creíble dentro y fuera de sus fronteras.

Nacionalistas contra la democracia
Gorka ManeiroLa Razon 7 Febrero 2017

Ayer los independentistas catalanes se posicionaron en contra de cumplir la legalidad vigente y contra el Estado de Derecho, es decir, a favor de seguir saltándose nuestra Constitución Española y las resoluciones del TC o, dicho de otro modo: al insistir en su vía ilegal y defender la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 y apoyar a Mas, se posicionaron contra la democracia que sustenta nuestra convivencia.

Siendo esto así (y lleva siendo así demasiado tiempo), el Gobierno de España y todos los partidos políticos deberían ser contundentes ante este desafío que, lejos de atenuarse, se incrementa. Y ser contundente es ser claro. Y, más allá de las acciones concretas que correspondan, desplegar argumentos jurídicos y políticos para defender los derechos de ciudadanía. Cuando hablo de desplegar argumentos políticos no me refiero a sumarnos a la moda de tratar de contentar a los insaciables nacionalistas sino, precisamente, a cumplir y hacer cumplir la ley y ganar la batalla política y, además, llevar a cabo las reformas políticas, institucionales y constitucionales que correspondan... para defender la igualdad y el Estado frente a quienes quieren lograr más ventajas políticas y privilegios económicos cuando no, directamente, romper nuestro marco de convivencia.

Llama la atención la obsesión que determinados dirigentes políticos muestran últimamente por hablar de las infraestructuras que necesita Cataluña: el corredor mediterráneo por aquí o una nueva (y mejor, claro) financiación por allá, cuando no la sandez de llevar el Senado a Barcelona u ocurrencias semejantes. Algunos partidos políticos parece que comparten argumentarios mañaneros y otros, que además se llaman progresistas, ni están ni se les espera: el PSOE defiende el Estado Federal asimétrico o que España sea una nación de naciones y Podemos es ya nacionalista en buena parte de España. No es ese el camino correcto (el de intentar caer simpático a los que pretenden romper el Estado y mucho menos a los que han hecho del incumplimiento de la ley su forma habitual de comportarse en política) sino el de denunciar y evidenciar sus falacias, dicho con toda humildad pero con toda claridad.

Debemos explicar, sin complejos que nos amilanen, que nuestras ideas son mejores ideas que las ideas nacionalistas y que nuestros argumentos son mejores que los argumentos nacionalistas. Que es mejor derribar fronteras que levantarlas y que es mejor unir que separar. Que, en el mundo globalizado en el que vivimos, el futuro es ampliar nuestro espacio de convivencia en lugar de parcelarlo para darnos mutuamente la espalda. Y que no hay nada más reaccionario que pretender separar a conciudadanos que pretenden vivir juntos. Que la ley es igual para todos y que todos debemos cumplirla, más allá de que legítimamente quiera cambiarse. Que no hay Estado del Bienestar sin Estado y que lo que nos afecta a todos lo decidimos entre todos.

Sin duda, una tarea apasionante la que nos queda por delante: no es la única pero, seguramente, la más importante de todas las que tenemos entre manos.

Cataluña, humillada
Vicente Torres Periodista Digital 7 Febrero 2017

Ha comenzado el juicio a tres significados líderes catalanes, lo cual, evidentemente, es una humillación para Cataluña; mucho más, si se tiene en cuenta que un nutrido grupo de ciudadanos se ha manifestado en apoyo de los personajes que están siendo juzgados. Es un hecho gravísimo, del que va a tener noticia todo el mundo.

Hay que repasar un poco las ideas sobre las leyes. En las dictaduras de todo tipo la legislación es obra del gobierno dictatorial y su finalidad principal es la defenderse del pueblo sobre el que gobierna. Los ciudadanos la cumplen porque tienen miedo, pero éste puede disminuir o acabar, momento en que no se ve la necesidad someterse a ella.
En democracia, las leyes surgen del pueblo y sirven, entre otras cosas, para proteger a los ciudadanos de los desmanes de los poderosos. En democracia, existe el imperativo moral de cumplir las leyes y quienes no lo hacen son inmorales, insolidarios, delincuentes y enemigos del pueblo.

La posibilidad de que los representantes de los catalanes hayan cometido los delitos de los que se les acusa es una humillación para Cataluña. Esas personas han hecho un daño enorme a los catalanes, del que quizá no se recuperen nunca. El mero hecho de que se sienten en el banquillo ya es muy grave. Su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. El modo en que los catalanes van a ser vistos a partir de ahora en el mundo va a diferir sustancialmente de lo que durante tiempo se ha pensado de ellos.

El caso es que Mas es un irresponsable que no se da cuenta del daño que está haciendo a quienes tuvo la obligación de cuidar. Su actitud da a entender que piensa que pasará a la historia como un héroe, cuando lo suyo es propio de un payaso mediocre y sin gracia. Cuando los catalanes comiencen a notar en sus bolsillos los efectos de la política de Mas verán las cosas de otra manera.

Suspender la autonomía
LUIS MARÍA ANSON El Mundo 7 Febrero 2017

En cuatro ocasiones distintas se suspendió la autonomía de Irlanda del Norte para preservar el orden jurídico del Reino Unido. En el año 2001, y conviene que Puigdemont lea esto con atención, el primer ministro socialista Tony Blair acordó la suspensión autonómica precisamente para cancelar la convocatoria de elecciones anticipadas. Al mejor estilo trilero, Junqueras y sus cómplices proyectan engañar a Rajoy y a las Sorayas, sorprendiendo a todos con la convocatoria simultánea del referéndum soberanista y las elecciones autonómicas. Colocarían, no ya al Gobierno también al Estado, en una situación límite. Y no se trata de una finta sino de un propósito meditado y desafiante.

Algunos dirigentes secesionistas catalanes sienten sinceramente el independentismo. La mayoría, sin embargo, a lo que aspiran es, por un lado, a mandar más, controlando la distribución de las mamandurrias a parientes, amiguetes y paniaguados; y, por el otro lado, a paralizar la maquinaria de la Justicia que les ha cercado en su albañal de corrupción.

Cuentan los secesionistas con la debilidad de un Gobierno respaldado solo por 137 escaños, al que no le queda otro remedio que hincar la rodilla para sacar adelante, de hinojos, sus proyectos legislativos. La política catalana, por su parte, está haciendo equilibrios sobre los alambres del caos interno y si Rajoy negocia con los partidos constitucionalistas puede alinear un frente común que impida el descuartizamiento de España. Tal y como está la situación, salvo el milagro de que Soraya resucite el sentido común de Puigdemont, Junqueras y demás compinches, se hará inevitable, como en el Reino Unido de Blair, suspender total o parcialmente la Autonomía catalana, cumpliendo con el artículo 155 de la Constitución.

Y, por cierto, nada nuevo bajo el sol. Hace solo 140 años, España padeció también una cascada de despropósitos, asistiendo incluso a la proclamación de las independencias más insólitas como Jumilla o Cartagena. La República de Jumilla, por ejemplo, manifestó su deseo de buena relación con Murcia, advirtiendo a los murcianos de que si osaban agredirles traspasando sus fronteras, los jumillanos no dejarían en Murcia "piedra sobre piedra".

De la misma manera que Junqueras pretende precipitar la doble convocatoria electoral, sorprendiendo a Rajoy, el Gobierno también cambiaría el pie a los secesionistas, anticipándose a suspender parcial o totalmente la Autonomía de Cataluña. Está claro que la solución a un problema que debió evitarse sería encontrar una fórmula negociada que devolviera a Puigdemont y a sus secesionistas al cauce constitucional. Como esa fórmula cada día parece más lejana, lo que conviene a la salud de España es que el Gobierno salga de su debilidad y, de acuerdo con los partidos constitucionalistas, cumpla con lo establecido en el artículo 155 de la Constitución. En el entorno de Moncloa se piensa que todavía se puede evitar el choque de trenes. Desconozco en qué se basa esa presunción. Habrá que tener todo dispuesto, en cualquier caso, para que no nos arrolle el vendaval secesionista catalán, a punto de desbaratar el espíritu de la Transición y de fracturar la unidad nacional mantenida desde hace cinco siglos. Estremece pensar que puedan caer otra vez ensangrentadas las páginas de la Historia de España.

Luis María Anson, de la Real Academia Española.

Sedición, coacción y seducción
Iván Vélez gaceta.es 7 Febrero 2017

Mañana, lunes 6 de febrero de 2017, la ciudad de Barcelona volverá a vivir una nueva jornada de coacción al poder judicial en defensa de quien en su momento fuera máxima autoridad del Estado en tal región, Arturo Mas, quien deberá comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto a las exconsejeras Ortega y Rigau, todos ellos acusados por delitos relacionados con la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014.

Un importante despliegue de las televisiones alimentadas por el gobierno catalán ofrecerá, probablemente, el ceremonioso y victimista paseíllo de la sediciosa terna, que se abrirá paso entre una multitud de fieles cuya cifra, si hemos de creer a otra terminal del catalanismo, la Asamblea Nacional de Cataluña, se aproximará a los 30.000 individuos marcados por una hispanofobia administrada desde la más tierna infancia en las aulas dejadas de la mano del Estado. En el límite del fanatismo, hay quien ha sugerido que la provinciana turba, desplazada a la Ciudad Condal en 120 autobuses, pudiera incluso impedir que los citados accedieran a las dependencias judiciales, posibilidad ya apuntada por Cataluña Radio hace meses, cuando lanzó una encuesta en Twitter para saber si sus fieles oyentes estarían dispuestos a impedir «físicamente» que se celebrara el juicio. La iniciativa no es nueva, pues Cataluña es desde hace años escenario de cadenas humanas cuya tensión ha producido una grave fractura social, si bien, nunca se había planteado un bloqueo institucional semejante.

Así las cosas, todo parece indicar que el Tribunal se verá asediado, recordando lo ocurrido en Madrid bajo el lema «Rodea el Congreso», cuando los bloqueados no eran los jueces sino los miembros electos de la partitocracia española, confinados tras los leones de la Carrera de san Jerónimo. Seguro en tal asedio, Pablo Manuel Iglesias Turrión, lanzaba guiños al exterior. Al cabo, en consonancia con su personalísima percepción de la realidad, él se hallaba poco menos que bilocado, dentro y fuera a la vez. Simple herramienta de «la gente», es decir, de sus votantes, Iglesias, adalid de la decencia, ocupa un escaño para dar voz a los sin voz, para dar cauce a la verdadera democracia secuestrada en ese mismo edificio. Cómodo durante el asedio congresil, es lógico que quien ahora se disputa la cúspide piramidal de Podemos con su amigo Íñigo (Errejón), en compañía, entre otros, de su tocayo Pablo (Echenique) y de novia Irene (Montero), no es de extrañar que Iglesias se haya puesto también del lado de los hostigadores de Barcelona, máxime después de que desde el Gobierno se haya filtrado la posibilidad del empleo de «medidas coercitivas» para impedir la repetición de un nuevo 9-N. Repare el lector en el hecho de que el Gobierno que en su día, por boca del mismísimo Rajoy dijo que no se había celebrado la consulta, habla ahora de repetición…

En este contexto, Iglesias, solemne y grave, ha manifestado que tales medidas constituyen una «barbaridad», motivo por el cual ha llamado a la movilización en las calles, situándose, al igual que la Colau, como aliado objetivo de quienes han saqueado durante décadas las arcas públicas, corrompiendo ideológicamente hasta extremos indecibles a la sociedad catalana.

Siempre al servicio de una idea absurda como la de la «nación de naciones» de envoltura federalizante que humedecía los sueños políticos de Zapatero de la misma forma que lo hace con el resucitado Pedro Sánchez, Iglesias siente pavor por la simple insinuación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite la asunción por parte del Gobierno, de determinadas competencia autonómicas cuya gestión por parte de los gobiernos regionales nos ha llevado a la distáxica situación actual.

La cuestión no es en absoluto novedosa, pues el líder morado ha exhibido en numerosas ocasiones su rechazo a la unidad nacional, que identifica paulovianamente con el franquismo, con una guerra civil de la que, a pesar de haber nacido en 1978, se siente perdedor. Lastrado por semejantes prejuicios, Iglesias se ha mostrado firme partidario de la balcanización de España, empleando para ello las urnas y las movilizaciones que llama populares. En definitiva, el político profesional madrileño, no es sino un rigorista de la ideología en la que se sustenta el régimen del 78, de un estado autonómico de objetivos no sólo federales, sino incluso confederales. Aferrado a esa oscura certeza, la de unas naciones eternas que deben sacudirse el yugo español, el podemita trabaja al servicio de las oligarquías y redes clientelares autonómicas, dando siempre un paso más en el vaciamiento de poder del Estado y apuntando a una solución para el problema territorial: las consultas de autodeterminación para cualquier región previamente encajada en el sistema autonómico, en las junturas naturales diseñadas durante el tardofranquismo. Un as se oculta, no obstante, en la arremangada camisa de Iglesias, un recurso relacionado con el culto a su propia personalidad: una vez colocadas las urnas, los consultados no abandonarían una España por él dirigida, incapaces de resistirse a su magnética seducción.

POR LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
Jiménez Losantos le da una lección de historia a Albert Rivera
Está convencido de que el líder de Ciudadanos "no se ha leído 'la Pepa', y eso que es cortita"
M. A. Estrella Digital 7 Febrero 2017

Que Albert Rivera se comparara con los liberales que crearan la Constitución liberal popularmente conocida como 'La Pepa' parece que no le ha sentado nada bien a Federico Jiménez Losantos, que este mismo lunes le ha terminado dando una lección de historia, una clase gratis, al líder de Ciudadanos.

Después de que éste afirmara este domingo que "los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar", enarbolando durante el Congreso refundacional de Ciudadanos el estandarte liberal surgido en 1812 en esa localidad andaluza, ha hecho que el conductor de Es la mañana, en esRadio, le dedicara su editorial.

Según él, Rivera es "el hombre que acaba de descubrir las Cortes de Cádiz por supuesto sin leerlas, esto es una ventaja que hay en España, puedes hablar de las cosas sin saber de lo que hablas". Por eso le recordó que "los liberales de Cádiz eran de su padre y de su madre, deberías saber Albert, que da la impresión que no has leído la Pepa, que es cortita, que un tercio eran eclesiásticos".

Jiménez Losantos subrayó que "el problema de las Cortes de Cádiz es que hicieron un país inviable porque el control del legislativo sobre el Ejecutivo era tal que no había manera de ejecutar nada, y se puso al país en manos de la reacción, Fernando VII. Los liberales de Cádiz como reacción nacional ante el invasor francés son una cosa admirable".

Ya en plena clase histórica, indicó que "Albert Rivera ha decidido recordar cosas que nadie recuerda para no comprometerse con nada. Lo de los liberales de Cádiz suena bonito. ¿Como que qué bonito? Los liberales de Cádiz estaban en guerra con Napoleón. ¿Estamos en guerra con los enemigos de España? ¿Está Ciudadanos en guerra con los separatistas? Yo diría que no. Estamos en el Partit Conyugal Catalá".

Y en referencia a la frase de Rivera sobre que "en el centro está la virtud", el locutor se preguntó "¿en el centro de qué? ¿y qué es la virtud? La virtud es la indepedencia? No será en el Consejo de Ciudadanos, de 125 los 125 están a favor del líder. Los liberales de Cádiz luchaban por España, ¿cómo va a luchar por España Rivera?".

Por ese motivo le hizo una recomendación, "el último libro de Pedrojota te lo tienes que leer entero, las 900 páginas, y te das cuenta que en las Cortes de Cádiz salió un Régimen imposible, y hay que hacer un Régimen posible, empezando por un Ejecutivo que ponga la Ley por encima de todos los poderes, empezando por los poderes locales como los de tu tierra natal, Cataluña".

Juicio 9-N: El primer testigo desmonta las coartadas de Mas, Ortega y Rigau
El inspector de Educación Josep Alsina relata las presiones a los directores de instituto de los altos cargos de la consejería que ostentaba Rigau.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 7 Febrero 2017

La segunda sesión del juicio del 9-N empieza a arrojar algo de luz sobre el peculiar sentido del voluntariado implantado en la Generalidad de Cataluña, las maniobras para llevar a cabo el referéndum sin que hubiera consecuencias legales, la negativa de los altos cargos a dar órdenes por escrito para cubrirse las espaldas y las presiones a los directores de instituto para que facilitaran las llaves de sus centros sin recibo ni garantías jurídicas.

El primer testigo de la Fiscalía, el inspector de Educación Josep Alsina, ha desmontado con su testimonio las coartadas expuestas ayer por los abogados de Mas, Ortega y Rigau sobre el carácter espontáneo y a cargo de voluntarios del referéndum. Pretenden demostrar que la Generalidad no tuvo nada que ver, que los preparativos, la cesión de los institutos de secundaria como sedes electorales y las tareas de organización fueron cosa de voluntarios ajenos a la administración.

Alsina, sin embargo, ha advertido de la implicación de la directora de los servicios territoriales de Educación en Barcelona, Montserrat Llobet, así como de otros altos funcionarios del departamento que entonces dirigía Irene Rigau, en la comunicación de instrucciones precisas, aunque nunca por escrito, sobre la obligatoriedad de prestar las instalaciones para el referéndum y la conveniencia de prestar toda la colaboración posible para el éxito del referéndum.

Mal tono de la defensa
A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el inspector de Educación desgranó al detalle las presiones, igual que Jesús Rull, otro inspector del departamento, en su caso jubilado. Los letrados de las defensas intentaron desacreditar ambos testimonios. Destacó el mal tono de Rafael Entrena con los testigos ajenos y el "interrogatorio" de Jordi Pina, centrado en convencer al tribunal de que Alsina se excedió en sus funciones de exigir las órdenes por escrito y que trasladó parte al Ministerio de Educación.

El cumplimiento de sus obligaciones lo habría convertido a ojos de la defensa en un chivato y un aguafiestas en medio de una celebración general del voluntariado en la que los directores de los institutos no tenían ningún problema en ceder las instalaciones a pesar de la requisitoria del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre que prohibía la votación, fuera referéndum, proceso participativo, consulta o encuesta.

En tercer lugar compareció la responsable comarcal de Educación de la Generalidad en Barcelona, Montserrat Llobet, que negó haber dado instrucciones. Dijo que se limitó a informar a los directores. Antes del primer receso dio tiempo a que testificara la directora del instituto Pompeu Fabra, que negó las presiones pero admitió que pidió un recibo para dar las llaves que le fue entregado al secretario del centro. El papel lleva membrete de la Generalidad, pero no está firmado. Según esa docente, el encargado de recoger las llaves y sellar el documento fue un alto cargo del departamento, el responsable de la selección de personal para los centros de secundaria de Badalona. Supuso que actuaba en calidad de voluntario.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Acostumbrados a la impunidad
Guillermo Dupuy Libertad Digital 7 Febrero 2017

A nadie debería sorprender que el PSC considere un "despropósito" el juicio contra Mas, Ortega y Rigau, si recordamos, entre muchas otras cosas, que los socialistas catalanes ya en 2010 pactaron con CiU su abstención a la primera investidura de Artur Mas sobre la base de hacer caso omiso a la ya entonces enésima sentencia del Tribunal Supremo que consideraba ilegal la inmersión lingüística que, a día de hoy, sigue perpetrándose en Cataluña. Eso, por no hablar del discurso del nuevo molt honorable, en el que el hoy acusado ya proclamó la "transición nacional" de Cataluña basado en esa ilegal engañifa del mal llamado derecho a decidir.

Antes de eso, al PSC también le debió de parecer un "despropósito" que a Pasqual Maragall se le escapara en el Parlamento autonómico aquella denuncia de la corrupción del 3%, si tenemos en cuenta que el socialista tuvo que retractarse pocas horas después.

El caso es que los mandatarios nacionalistas han gozado de tal impunidad, tanto a la hora de robar como a la hora de hacer caso omiso a cuanto se interpusiera en su ilegal proceso de construcción nacional, que cualquier intento, por pequeño, tardío y timorato que sea, de someter a alguno de ellos al imperio de la ley les parece un "despropósito" o una execrable "judicialización de la política".

El auténtico despropósito en este caso lo constituye, sin embargo, el tiempo que se ha tardado en juzgar una desobediencia tan clamorosa como la relativa a la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014. El despropósito es que esta causa se iniciara gracias a un fiscal general del Estado como Eduardo Torres Dulce, que vio oportuno dimitir tras ver cómo el Gobierno de Rajoy ofrecía una versión de los hechos que favorecía a los imputados, a quienes, al mismo tiempo, ofrecía diálogo y acuerdos. El despropósito fue que poco tiempo después la Fiscalía retirara la acusación de malversación de fondos públicos –único de los delitos penados con cárcel–, cuando era obvio que los costes de la ilegal consulta secesionista no los habían pagado los golpistas de sus bolsillos sino el contribuyente.

El "despropósito" es que sólo se juzgue la desobediencia del 9-N y no las numerosísimas desobediencias perpetradas por el Parlamento autonómico al dar trámite a las "leyes de desconexión" o al hacer caso omiso a otras sentencias relativas a las "estructuras de Estado" que la Generalidad viene ostentosamente haciendo caso omiso. El "despropósito" es que no se aplique el artículo 155 de la Constitución y, por el contrario, se deje a unos golpistas al frente de la Administración autonómica y en abierta y confesa rebeldía. El despropósito es que los costes del ilegal proceso separatista los esté pagando, de forma indirecta pero decisiva, el Fondo de Liquidez Autonómica. El despropósito es que ni siquiera se recurriera la creación en 2012 de una estructura de Estado como el "Consejo Asesor para la Transición Nacional" de Cataluña, cuyas pretensiones de hacer añicos la Constitución no oculta ni su nombre.

No sabemos si al PSC también le parecerá un "despropósito" el hecho de que Jordi Pujol todavía no haya sido juzgado, o que Puigdemont pretenda repetir el delito de su antecesor. Tampoco sabemos en qué acabará el juicio de Mas, Ortega y Rigau. De lo que podemos estar seguros es de que necesitaremos muchas más resoluciones judiciales –y que estas se hagan cumplir– para acabar con la impunidad a la que los nacionalistas se han acostumbrado.

Nacionalismo cobarde

EDITORIAL ABC 7 Febrero 2017

El acoso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la declaración del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, es la foto fija de la quiebra en la que se encuentra el respeto a la democracia constitucional en esa comunidad autónoma. Anegada por casos de corrupción de partidos y personas que han sido y son santo y seña del nacionalismo, la sociedad que se moviliza en la calle guarda silencio frente a los corruptos y apoya sin rubor a tres acusados de prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional. Hay un fallo estructural en el sentido de la ética política y del valor de la legalidad que condiciona la percepción por los catalanes nacionalistas de lo que es y no es correcto. Y cuando una sociedad no sabe distinguir una cosa de otra, el diagnóstico es muy grave, porque el siguiente paso es el totalitarismo. Artur Mas y sus compañeras de banquillo alegaron que no fueron advertidos por el TC de las consecuencias de ignorar su decisión de suspender el 9-N. Hay algo peor que ser ignorante: aparentarlo a propósito. Si Mas no sabía que toda suspensión cautelar debe ser respetada, se explica por qué ha conducido a Cataluña a esta situación de ilegalidad en la que se mueven la Generalitat, el Parlamento y los partidos nacionalistas. Mantener el 9-N fue un acto de desobediencia y, además, una prevaricación. Por algo Rodríguez Zapatero derogó, en cuanto llegó a La Moncloa, el delito de convocatoria ilegal de referéndum, como aportación al Pacto del Tinell. Ahora se ve el error de no haber recuperado ese delito en cuanto el Partido Popular logró la mayoría absoluta en 2011. También roza el cinismo que Mas se preguntara por qué el TC y la Fiscalía no impidieron el 9-N. Los delitos de prevaricación y de desobediencia, para entonces, ya estaban cometidos, así que la concreta celebración del falso referendo no sumó nada a la ilicitud penal de las conductas que se imputan a Mas.

Hay otro problema político, que es la falta de pudor con la que el nacionalismo ha sumado voces a su protesta callejera ante la sede judicial. PNV, UGT y CC.OO., Bildu, Ada Colau y otros representantes de la coalición anticonstitucional o abducidos por ella jalearon no sólo a tres acusados por delitos especialmente graves, sino también lo que representan de ruptura constitucional. El Estado tiene que ser mucho más explícito y efectivo en sus reacciones, empezando por una reforma penal que castigue como delito contra la independencia judicial manifestaciones ante tribunales mientras ejercen su función. Ayer se echaron de menos declaraciones –salvo la honrosa del ministro de Justicia– de apoyo a los tres magistrados del tribunal. O se toma en serio el nivel que ha adquirido la ofensiva secesionista, o irá a más la insolencia del separatismo.

Mas acaudilla un esperpento para coaccionar a la Justicia
EDITORIAL El Mundo 7 Febrero 2017

El independentismo convirtió ayer el inicio del juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en un alegato secesionista y en un espectáculo esperpéntico cuyo fin no es otro que el de condicionar la acción de la Justicia. Tratar de influir en la labor de un tribunal constituye un abierto desafío al Estado de Derecho. Una pretensión inadmisible y propia de una república bananera, que ayer frenó en seco el presidente del tribunal ante los intentos de Mas de politizar su comparecencia en calidad de acusado.

Tanto el ex presidente de la Generalitat como la ex vicepresidenta y la ex consellera de Educación declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusados de desobediencia y prevaricación por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Los encausados comparecieron ante el tribunal con casi media hora de retraso, después de un largo paseo de 75 minutos desde la sede de la Generalitat hasta el Palacio de Justicia, pasando por el Borne y el Fossar de les Moreres, dos emplazamientos emblemáticos en el acervo mitológico del separatismo catalán. Los organizadores de la marcha cifraron en 40.000 las personas que arroparon a Mas. Los asistentes corearon gritos en favor de la independencia de Cataluña y agitaron miles de esteladas, al tiempo que Mas, Ortega y Rigau saludaban a la muchedumbre. Todo ello, además, mientras los tres eran entrevistados ante las cámaras de TV3, que ayer realizó un despliegue especial trufado con el sesgo informativo que ya es costumbre en la televisión que pagan todos los catalanes.

Y, siendo extraordinariamente grave la maniobra del nacionalismo para coaccionar a los jueces, lo es aún más teniendo en cuenta que Puigdemont y Forcadell se sumaron a tal despropósito. Que los presidentes de un Gobierno y un Parlamento democráticos participen en una patochada de esta calaña constituye una conducta a todas luces reprobable. No obstante, certifica la estrategia frentista y rupturista orquestada por el independentismo, cuya pretensión es quebrar la legalidad alentando el llamado derecho a decidir. Un eufemismo -apoyado irresponsablemente por Podemos- que, no hay que engañarse, abriría la puerta a la secesión de Cataluña. Esta pretensión, además de ser incompatible con la Constitución, resulta falaz: el impulso de las leyes de desconexión y la creación de estructuras de Estado demuestran que el independentismo ya parece tener decidido el futuro de Cataluña. Las formaciones soberanistas alardean de voluntad democrática, pero nada hay más antidemocrático que no respetar la legalidad.

Mas dijo el domingo por la noche en una entrevista en la televisión pública catalana que no tiene vocación de mártir. Pero tanto su actitud como la de su partido reflejan lo contrario. El ex president, heredero del tradicional victimismo de los líderes nacionalistas, parece cómodo en su papel de protagonista de un martirologio exacerbado a mayor gloria de la causa separatista. Y ello con un doble objetivo. Por un lado, alimentar la posibilidad de su eventual regreso a la primera línea. Y, por otro, seguir desviando la atención sobre la montaña de corrupción que anega a la extinta Convergència.

Pese a sus soflamas propagandísticas, cabe reiterar que Mas no se sienta en el banquillo por sus ideas, sino por no cumplir la ley. El ex presidente del Govern, que se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular, se declaró único impulsor de la pseudoconsulta, aunque rechazó que incurriera en un delito de desobediencia porque obedecía a un mandato "democrático" del Parlament.

La realidad es que el Tribunal Constitucional suspendió el "proceso participativo" que derivó, cuatro días después, en el 9-N. Mas sostuvo que, tras el veto del TC, la Generalitat puso la organización en manos de 42.000 voluntarios. Y añadió que el Constitucional no advirtió de las consecuencias que podía tener seguir con la consulta.

La declaración de Mas puso de manifiesto la falsa dicotomía en la que asienta el discurso secesionista. El ex president situó el deber de respetar la votación del Parlament que exhortaba a celebrar una consulta por encima de la obligación de acatar las resoluciones de la Justicia. Es la base de la ilegal y disparatada estrategia de desobediencia con la que el independentismo conduce a Cataluña a un callejón sin salida. Sólo desde el respeto a la ley, la firmeza democrática y la actitud política responsable se está aún a tiempo de evitar un choque institucional cuyas consecuencias son ahora mismo imprevisibles.

Mas, Rajoy y la cobardía de la gran renuncia
Jesús Cacho vozpopuli.es 7 Febrero 2017

La performance con la que ayer Artur Mas obsequió a catalanes y españoles resultó más bien modesta. Es verdad que si uno seguía el evento por TV3, la televisión soberanista que lleva perdidos cerca de 100 millones en los tres últimos años, parecía que millones de catalanes se habían echado a la calle en defensa de unos señoritos, presuntos corruptos, de la derecha nacionalista catalana llamados a declarar ante un juez. Y no, ni mucho menos.

Para haber fletado autobuses en toda Cataluña, la cosa resultó más bien modesta, incluso pobretona, por decirlo alto y claro, ello sin contar con que entre políticos de los distintos partidos pro prusés, más alcaldes, más concejales, más asesores, más los que viven del momio, los que pastan en el Presupuesto, que diría Galdós, entre todos bien podrían haber desfilado ayer por el paseo del Borne no menos de 200.000, un suponer, porque hay mucha gente que ha hecho del victimismo clientelar su medio de vida y no es cosa de ponerse ahora a buscar un trabajo exigente en el libre mercado, con el frío que hace lejos del paraguas del glorioso Moviment Nacional de Catalunya.

Fiasco, pues. Menos de 40.000 fieles. Unos pocos que parecen muchos y muchos que parecen poco. La puesta en escena recordaba aquellas bonitas concentraciones que la dictadura –ya se sabe que todo nacionalismo es en esencia un movimiento reaccionario- preparaba en la plaza de Oriente de Madrid a mayor gloria del Generalísimo, plaza de Oriente convertida ahora en caminata abigarrada por el frío entre Sant Jaume y el paseo de San Juan, Arco del Triunfo, las banderas, los gritos, todo esperado, todo manoseado, todo trucado de adhesión inquebrantable a este personaje de cartón piedra que ya está kaput (Pujoldixit) aunque trata de disimularlo, que no era independentista, nunca lo fue, hasta que una tarde de septiembre de 2012 se asomó a la ventana de su despacho y se asustó al ver el gentío reunido en Paseo de Gracia esquina Gran Vía de les Corts, que ahí mismo decidió el galán subirse a ese tren en marcha sin saber dirección, Mas, la famiglia, el pinyol, el Moviment, todos decidieron jugar fuerte porque, en plena brutal crisis, Espanya estaba morta.

Absurdo, ridículo personaje, presunto chorizo repleto de una vanidad inabarcable, que en rueda de prensa en el Museu d'Història de Catalunya, qué menos para tamaño prócer, declaraba días atrás que “Hicimos lo que teníamos que hacer, lo volveríamos a hacer y entraremos en el tribunal con la cara bien alta. Nos querían arrodillados y nos encontrarán de pie”, que el pájaro de la Barcelona alta, la elitista, la rica, no tiene empacho en trasegar citas del Che Guevara, reconocido asesino aureolado por la izquierda mundial.

“No debemos pedir perdón por nada”, dijo también un valiente que ayer necesitó la escolta de 40.000, que solo contestó a las preguntas de su abogado y que se excusó en el desconocimiento, Ignorantia legis neminem excusat, porque toda su defensa consistió en preguntar con cinismo impostado que “Si tan evidente era que era un delito [no obedecer al TC], ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”.

Los héroes de cartón piedra que produce un nacionalismo acostumbrado a jugar en casa y sin equipo contrario, se vienen abajo en cuanto los Justicias se meten de por medio. Héroes de pacotilla. Y sí, 40.000 personas, dos millones como poco para TV3, la revolución, los disparos, las iglesias ardiendo de los años treinta, y la absoluta normalidad en la calle y en la oficina y en la fábrica y en el colegio… La gente admirando pasmada por televisión la parafernalia de unos tipos que perdieron la vergüenza hace mucho tiempos reclamando un Estadito a la medida en el que no tuvieran necesidad de rendir cuentas a nadie.

Pretendieron dividir Cataluña con un muro, a un lado los patriotas, a otros los traidores, y trataron de mantener henchida la vela de un viento de odio que ha empezado a perder tensión, que la erección nacionalista apunta ya a la flaccidez nacional de una derecha ladrona cuyo gaznate aprieta hoy la izquierda comunista y antisistema de la CUP. Justo premio a su desvarío.

Ubú president y su cuadrilla
Basta echar un vistazo a la prensa catalana no adicta al régimen fundado por Don Pujolone –“toda la mierda para mí”, reclama el jefe del estercolero-, para darse cuenta de que cada día se anima más gente a desafiar a cara descubierta a los tigres de papel maché del independentismo. Muchos catalanes están reparando en algo que sabían tenían al lado pero no osaban denunciar por miedo a la exclusión social: han descubierto que durante casi 40 años han convivido con un elefante en la habitación, Ubú president y su cuadrilla, y se han dicho que ya es hora de empezar a hacer limpieza.

La comedia ha durado cinco años, y el suflé empieza a ceder porque cuando los ciudadanos en número creciente empiezan a darse cuenta del engaño, el cambio está a punto de llegar. La farsa a punto de caer. El tiempo del miedo se está acabando. “Everything happens to everybody sooner or later if there is time enough”, que dijo el gran Bernard Shaw.

Mucho antes hubiera caído de no haber sido por el respaldo que la izquierda podemita y las comadres del charneguismo institucional –corramos un estúpido velo sobre el PSC y asimilados- han venido prestando a esta colla de señoritos protodelincuentes que desprecia su identidad. Pocas cosas hay más ridículamente estúpidas que contemplar a un individuo que se considera de “izquierdas” oficiando de comparsa, de tonto útil de un supremacista de derechas –catalán o bosnio- que le desprecia porque “no es de los nuestros”.

De la alianza contra natura entre una izquierda incapaz de resistir las ensoñaciones identitarias y el nacionalismo reaccionario no ha salido nadie ganador. El resultado a la vista está: la izquierda está hecha unos zorros y el nacionalismo catalán, el de Pujol y compañía, el nacionalismo burgués, en el desguace, arrollado por el avance de la izquierda radical y antisistema… Un gran negocio el de Rodés, Carulla, Sumarroca & Cia.

Nada hubiera sido igual si en Madrid no hubieran pastado Gobiernos irresponsables que, anteponiendo el interés de partido a los generales de España y los españoles, se dedicaron a amamantar al monstruo de un nacionalismo hoy salido de madre. Al final, Mariano tendrá su parte de razón (¿la fortuna ayuda ahora a los cobardes?, se preguntaría un retorcido Virgilio), porque tal vez la mejor solución, sin Eneida de por medio, consista en permitir que el nacionalismo disgregador se autodestruya.

Nunca, sin embargo, deberíamos dejar de pasar factura al político cuya congénita cobardía, con mayoría absoluta desbordante, consintió el atropello cometido estos años contra millones de catalanes no nacionalistas. En el Canto III del Inferno, Dante proclama aquello de "Che fece per viltade il gran rifiuto" en bofetada a Celestino V, el único papa que renunció a usar el inmenso poder de la curia vaticana. Mariano ha resultado ser nuestro Celestino V que, por cobardía, perpetró la renuncia (rifiuto) a cambiar España de arriba abajo. A democratizar Cataluña y el resto de España. Que ese y no otro es el problema de Cataluña y del resto de España.

El escaqueo del Gobierno en Cataluña y la irritación de magistrados y fiscales
El Gobierno debería haber intentado la negociación política, y si esta no resultase posible, tomar el toro por los cuernos y utilizar la coerción prevista en el artículo 155 de la Constitución
José Antonio Zarzalejos elconfidencial.com 7 Febrero 2017

El proceso soberanista en Cataluña está poniendo en el disparadero al Tribunal Constitucional y a los tribunales ordinarios en aquella comunidad autónoma. Los hechos de ayer en Barcelona han activado las alarmas y agudizado la irritación de los integrantes del órgano de garantías constitucionales y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También los fiscales están alterados. La estrategia del Gobierno consiste en utilizar estas instancias sin reparar en su desgaste, al tiempo que el Gabinete evita desplegar las competencias que la Constitución le atribuye. La lógica institucional se ha pervertido.

Se trata de una práctica, sostenida en el tiempo, en función de la cual la fuerza de choque contra el secesionismo es la judicial y no la política. Después del 9-N de 2014, la junta de fiscales del Tribunal Superior catalán ya se negó a interponer querellas criminales por los delitos que ayer comenzaron a enjuiciarse en Barcelona. Eduardo Torres Dulce, a la sazón fiscal general del Estado, ordenó directamente la querella y después dimitió. Quedó pinzado entre la instrucción del Gobierno y la negativa de sus subordinados.

La judicialización de la política es una expresión que no profundiza en su auténtico significado. El Gobierno —si asumiese sus responsabilidades y no se limitase ni solo ni principalmente a emplearlas en exigir respuestas del Constitucional, querellas del Ministerio Público y sentencias de los tribunales— debería haber intentado la negociación política, y si esta no resultase posible, tomar el toro por los cuernos y utilizar medidamente la coerción prevista en el artículo 155 de la Constitución, que prevé su intervención en supuestos que no se alejan de los que concurren en Cataluña.

Este precepto constitucional resulta especialmente desconocido. Reproduce el 37 de la Ley Fundamental de Bonn y emplaza al Gobierno, ateniéndose al procedimiento establecido por el artículo 189 del reglamento del Senado, a consumar los siguientes pasos:

1) Valorar si las autoridades de la comunidad autónoma catalana está incumpliendo las obligaciones que imponen la Constitución y otras leyes o sus responsables están atentando contra el interés general de España.

2) Si es así, el Gobierno requerirá formalmente al presidente de la comunidad autónoma que cese el incumplimiento.

3) Si no atiende el requerimiento (no hay plazo para que lo haga), el Gobierno puede plantear medidas de intervención —no necesariamente la suspensión de la autonomía— para evitar la conculcación de la Constitución y de las leyes y el perjuicio al interés general de España.

4) Estas medidas se plantean ante el Senado y son informadas por la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que reclamará del Gobierno catalán las alegaciones pertinentes y la presencia de un representante.

5) Finalmente, las propuestas del Gobierno se someterán al pleno del Senado, que debe respaldarlas por mayoría absoluta de sus miembros, mayoría con la que ahora cuenta el Partido Popular.

6) El Gobierno de la Generalitat de Cataluña podría recurrir estas medidas ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Rajoy no ha transitado por este itinerario. Es de su competencia hacerlo. Ha preferido no desgastarse en el recorrido de ese camino, dejando que el conflicto lo traten de resolver el Tribunal Constitucional, el Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo, instancias sobre las que está recayendo una enorme presión ambiental y social allí, y la asunción de un papel decisor que no es el subsidiario que les corresponde cuando el Gobierno ha agotado los recursos de negociación política y de aplicación de sus facultades coercitivas en una medida que ha de ser proporcional y lo menos invasiva posible.

No es cierto, mantienen togados consultados, que la aplicación de medidas al amparo del 155 de la Constitución “cree más crispación que la judicialización”. Por el contrario, consideran que los juicios penales, como el que ayer comenzó en Barcelona, al que seguirán los de Francesc Homs en el Supremo y de Carme Forcadell en el Superior de Justicia catalán, crispan tanto o más que la acción gubernamental, porque implican sanciones penales de carácter personal con eventuales inhabilitaciones que retirarían de la vida política institucional a los ahora acusados y, quizá, mañana condenados. Y añaden: “Nuestras resoluciones en la jurisdicción ordinaria, agotadas las instancias de recurso, son revisables por la justicia europea, en tanto que las decisiones políticas no lo son”. Y crean 'mártires'.

El independentismo arropa a Artur Mas
El Gobierno de Rajoy está ante su asignatura más importante, la políticamente más relevante. Debe intentar (el domingo, Puigdemont pedía en 'La Vanguardia' una interlocución con Rajoy al margen del referéndum) la negociación en serio —no como la operación diálogo—, y si esta es infructuosa y persiste el desafío, al menos requerir a la Generalitat como prevé la Constitución y actuar posteriormente en función de como responda.

De lo contrario, es seguro que la cohesión del Constitucional se va a deteriorar y es muy probable que los tribunales hagan como el juez de Badalona que consideró la desobediencia al cierre cautelar del ayuntamiento de aquella ciudad el 12 de octubre pasado como una 'performance' y no como un delito, porque entiendan que se les reclama para una función de carácter más político que jurisdiccional. O sea, no es descartable que se produzca una resistencia judicial razonada en sus resoluciones ante el escaqueo del Gobierno en la asunción de sus competencias constitucionales en la cuestión catalana. Lo vamos a comprobar sin demasiada tardanza.

Y todo esto del independentismo, ¿quién lo paga?
Gonzalo Bareño La Voz 7 Febrero 2017

En agosto del año 1954, el escritor catalán Josep Pla visitó la ciudad de Nueva York. Recién llegado a la gran urbe, sus anfitriones quisieron mostrarle el esplendor de la megalópolis con un paseo nocturno por las enormes avenidas. Pla quedó fascinado por la iluminación resplandeciente de los rascacielos y el fulgor parpadeante de las luces de neón. Pero, tras unos segundos de recogimiento ante el espectáculo, retomó su trabajada pose de ingenuo payés para desarmar a sus orgullosos amigos con una sola pregunta: «Y todo esto, ¿quién lo paga?». Ayer, al presenciar el enésimo despliegue de pretenciosa coreografía de masas orquestado por el independentismo catalán para amedrentar a los magistrados encargados de juzgar a Artur Mas por un delito tan feo como el de prevaricación y otro de desobediencia, me acordé del escritor ampurdanés, que hizo más por Cataluña, por cierto, que todos los pujoles y rufianes juntos.

¿Quién paga todo esto? ¿Quién paga los doscientos autobuses fletados para que el presunto delincuente se sintiera arropado? ¿Quién paga los viajes, la estancia en Barcelona y las horas de trabajo perdidas por los miles de cargos públicos, incluido el presidente de la Generalitat, que ayer, en un día laborable, se dedicaban a agitar banderitas y a cerrar los ojitos cantando Els Segadors a la mayor gloria del presunto prevaricador? ¿Quién paga el gasto en seguridad que requirió el patético desfile? No contentos con malgastar el dinero de todos los catalanes en promover la consulta ilegal por la que están siendo juzgados, lo derrochan ahora en glorificar a sus máximos responsables.

Si Artur Mas y sus conmilitones hubieran dedicado a la labor de gestionar y gobernar en Cataluña el mismo esfuerzo y los mismos recursos que han destinado a esa afectada liturgia independentista capaz de donar a un museo la pluma Inoxcrom con la que se firmó la convocatoria de una consulta ilegal, no estarían hoy sentados en el banquillo. Por lo demás, la declaración de Mas solo fue la enésima demostración de cobardía de quien tira la piedra y esconde la mano para que la machada le salga gratis, porque no tiene ni siquiera el coraje de asumir las consecuencias de sus actos. Muchos golpes en el pecho para adjudicarse las responsabilidades políticas, pero a la hora de dirimir las penales, que son las que duelen porque lo inhabilitarían para seguir en el machito, el astuto se acoquina y carga el muerto a los voluntarios. Y, en lugar de jactarse de su desobediencia al Constitucional, como hizo afuera delante de su clan, en presencia del juez solo balbuceó que él nunca tuvo intención de desobedecer y que lo que sucedió es que no entendió la resolución de los magistrados porque era demasiado «genérica». El perfecto retrato de un cagueta que solo busca salvar su pellejo.

El problema no es solo que nos tomen por tontos y que quieran irse ahora de rositas tras violar la ley, sino que pretendan además, como diría Pla, que sus fiestones independentistas los paguemos entre todos.

Juicio charlotada
Pablo Planas Libertad Digital 7 Febrero 2017

Llamar juicio a lo de Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es como decir que Corea del Norte es una de las democracias más avanzadas del mundo. El retraso de más de media hora de los acusados, la procesión de 75 minutos por las calles de Barcelona con paradas en el Fossar de les Moreres, el Borne y el Arco del Triunfo y la rave a las puertas del juzgado eran motivos más que suficientes para suspender la vista.

El tribunal prefirió hacer la vista gorda tal vez para evitar males mayores si resultaba perjudicado el derecho al espectáculo de los manifestantes, la perfecta coreografía de la épica entrada al juzgado de Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, su homérica salida, la arenga del mártir desde una plataforma frente al edificio donde se le juzga y la demostración de chulería a preguntas de su abogado. Chulería relativa porque a efectos políticos se consideró autor intelectual del 9-N, pero no a efectos penales. Los ejecutores fueron los demás, otros, los "voluntarios". La Asamblea Nacional Catalana de Fuenteovejuna se ocupó de todo.

Fue el torero catalán Carmelo Tusquellas, que debutó de novillero en la plaza de Vich con el apodo de el Relojero, quien popularizó en 1917 el término charlotada. Tusquellas se había decantado por el toreo bufo y disfrazado de Charlot consiguió una fama internacional extraordinaria. Viene a colación Tusquellas porque lo más contenido que se puede decir del conjunto de circunstancias del juicio es que confluyeron en una charlotada, con perdón de los que se dediquen al torero bufo si es que queda alguno.

Si los magistrados hubieran privado al numeroso público (menos del que declara la empresa y mucho concejal, que los hay a miles) del espectáculo, lo mismo se monta la de Barrabás o la del 25 de julio de 1835, la bullanga de Santiago, cuando el público de la plaza de toros de la Barceloneta se lió a quemar conventos y perseguir frailes a modo de protesta por la falta de casta del ganado de la corrida del día.

Aquella vez, por cierto, las autoridades también hicieron la vista gorda. Algunos militares y policías se unieron a la revuelta porque el clero no gozaba de gran popularidad y los bomberos municipales aparecieron horas más tarde para refrescar las cenizas. Hubo un par de detenidos días después, pero nunca fueron juzgados. Y eso es precisamente de lo que se trata.

Caos nacionalista. Democracia a la carta para Cataluña
“El navío de la democracia, después de haber capeado tantos temporales, puede irse al fondo en un motín de los que van a bordo” S. Grover Cleveland
Miguel Massanet diariosigloxxi.com 7 Febrero 2017

El problema señores, radica en algo tan simple como tener una idea clara de lo que representa el concepto de democracia, cuáles son sus embriones, cuales los deberes y derechos que emanan de su puesta en práctica y de la correcta y lógica valoración de cuáles son sus límites en cuanto a la magnitud de los colectivos a los que puede afectar y a la necesidad de que, los integrantes de estos, se atengan a las leyes emanadas del propio pueblo, a las que están obligados a atenerse. En realidad, algo tan simple en ocasiones, cuando existen intereses espurios de por medio, no resulta ni fácil ni mucho menos comprensible cuando, de forma torticera quiere extenderse a minorías en detrimento de los derechos de la totalidad de la comunidad, regida por un gobierno democrático.

Y, precisamente, como muestra de que se puede intentar usar el concepto de democracia para amparar causas ilegales, ambiciones personales, objetivos fraudulentos y pretensiones éticamente incalificables; tenemos lo que está sucediendo, desde hace algunos años, en la comunidad catalana dónde, por una parte, la incuria de los sucesivos gobiernos de la democracia; las cesiones que, por razones políticas, se han venido haciendo a los políticos nacionalistas catalanes ( Estatuto de autonomía), amén de la habilidad con la que estos han sabido ir jugando sus cartas haciendo que, mediante sucesivas demandas y puntuales exigencias, los distintos ejecutivos nacionales, para mantenerse en el poder, hayan ido permitiendo que la pelota de nieve del nacionalismo en Cataluña haya ido haciéndose grande hasta que, como está sucediendo ahora, haya llegado un punto en el que, difícilmente va a ser posible detener su crecimiento si no se utilizan métodos expeditivos para conseguirlo.

Sería cómico si, lo que subyace debajo de esta payasada organizada por los independentistas, escenificando lo que muy bien se podría calificar como un sainete cómico, con la teatral salida de Más, Ortega y Rigau del Palacio de la Generalitat para acudir, pedibus andando, en medio de muestras de apoyo por parte de unos cuantos miles de personas fanáticas, completamente entregadas a la causa nacionalista que, evidentemente, no han representado a la totalidad del pueblo catalán que, como se sabe, sólo una parte pequeña de él quiere la separación o independencia de Cataluña de España, aunque sí es cierto que muchos quisieran más autonomía para los catalanes; no encubriera un desafío directo y cargado de odio contra España y el resto de españoles del resto del país.

Estos señores que hoy, con evidentes muestras de estar representando una actuación de cara al público, especialmente dedicada a la TV catalana y a los medios informativos, con la pretensión de que tenga repercusión internacional; han querido que todo saliera a la perfección, lo que se demuestra si se observa que, para sincronizar la salida de los encausados por el episodio del 9N, tenían su propio maestro de ceremonias que se movía diligentemente para que las filas no se rompieran y los protagonistas representaran a la perfección sus respectivos papeles en la función. Todas las paradas, en un trayecto de menos de un kilómetro, estaban perfectamente previstas y pautadas e, incluso, en un punto determinado del recorrido, todos se han parado para entonar el himno nacional de Cataluña. Es curioso que, al final, si la cita era para las 9h a/m, ignoramos si premeditadamente o por otras razonas, se haya retrasado más de media hora. Esperamos que, como es su obligación, el TSJC no se deje amilanar por tales demostraciones y depure las responsabilidades que, a cada uno de los encausados, le puedan corresponder si, en pura ley, resultan ser culpables de los delitos de desobediencia y prevaricación que pesan sobre ellos.

Pero lo que es importante es que, todos estos señores que llevan años incumpliendo las leyes estatales, que se han pasado por el Arco del Triunfo las sentencias de los tribunales, incluso del TC y han ido desobedeciendo sus requerimientos respecto a sus actividades en lo que ellos llaman “el process”; entre ellas el que no permitiera la votación ilegal de la consulta del 9N; se apoyan para ello en lo que insisten en calificar como “el derecho democrático de los catalanes de decidir sobre si quieren o no seguir perteneciendo a España”. Evidentemente, aquí es donde radica el quid de la cuestión porque, para ellos, el hecho de formar parte integrante de un país democrático, plenamente reconocido por el resto de democracias del mundo y provisto de una Constitución mayoritariamente consensuada por todos los españoles, incluso en Cataluña; no es óbice para intentar hacer valer la opinión de una parte ( apenas el 50%) de los ciudadanos catalanes ( las últimas encuestas señalan que los separatistas van en retroceso) que ellos intentan presentar, cuando se dirigen a su parroquia, como si fuesen la totalidad de los catalanes, cuando ello no es cierto.

Pero, aunque se tratara de los siete millones de catalanes fueran los que quisieran ejercer su derecho a decidir, no les quedaría otro remedio que contar con la opinión del resto de españoles que, como un pueblo que habita dentro de una misma nación, que lleva unida seiscientos años (los EE. UU de América no llegan a los 300), compartiendo el mismo destino y afrontando todas las dificultades juntos (incluida una guerra civil) tendría todo su derecho a ello. España tiene una población de unos 48 millones de personas y, en este caso, para que se pudiera modificar la Constitución y pudiera acordarse la desmembración de una parte, como es Cataluña, del resto de la nación, debería convocarse un referéndum nacional para que, todos los españoles, pudieran opinar sobre ello. Dos millones y pico de votantes, como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y municipales, que votaron a los partidos nacionalistas no son quorum suficiente para que España, que no aceptaría nunca que aquellas elecciones fueran plebiscitarias, pudiera, ni siquiera, plantearse utópicamente el tomarse en serio semejante petición.

No se puede entender que, unilateralmente, con todas las instituciones del Estado en contra, solamente con el apoyo (en último momento) de los comunistas de Podemos, o puede que solamente de los que apoyan al señor Pablo Iglesias ( su presencia en los Goya vestido de etiqueta, ya parece que se ha convertido en una costumbre que no puede interpretarse más que como una de sus habituales payasadas, aunque aprovechó la ocasión para olvidarse de que estaba en un acto cultural para lanzar su artillería contra el Gobierno y los socialistas, últimamente convertidos, con excepción del señor Sánchez, en el objetivo de todas sus críticas) que parece no haberse dado cuenta de que forma parte de una de las instituciones básicas del Estado español, el Parlamento, al que debe fidelidad, lo mismo que a la Constitución, que prometió respetar y que, si tenemos en cuenta sus declaraciones, es evidente que no piensa, ni por un momento, cumplir con lo prometido; los partidos nacionalistas y separatistas catalanes puedan intentar justificar que tienen una democracia propia que está por encima de la que tenemos el resto de españoles , a no ser que pretendan, reduciendo el tema al absurdo que llegue un momento en que dos o tres ciudadanos argumentaran su derecho democrático a tener su propia nación en su propio domicilio. Absurdo, ¿no? Pues veamos quién es el majo que establece un límite para que, siguiendo la teoría de los catalanes, le ponga un tope mínimo al famoso “derecho a decidir”.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, debemos de echar nuestro cuarto a espadas para rechazar la pretensión de los cabecillas subversivos de Cataluña, en cuanto a presentarse como demócratas cuando, la realidad, evidencia que no son más que un puñado de rebeldes, aferrados a una serie de leyendas imaginarias, que pretenden aprovecharse de unos momentos en los que España pasa por unos momentos de incertidumbre para, como lo hicieron en las anteriores ocasiones en las que intentaron lo mismo( con Maciá y Companys), buscar su emancipación de España. Pero lo peor es que, señores, estos sujetos están convencidos de que van a ser aceptados como miembros de la UE cuando, como confirman la legislación europea y las declaraciones de todos los mandatarios de la CE, es de todo punto imposible que ello suceda por mucho empeño que pusiera en intentarlo. Las leyes comunitarias así lo especifican lo mismo que lo hace, en el caso de España, nuestra Constitución.

¿Pedirá perdón el Gobierno vasco por las matanzas en Bilbao?
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 7 Febrero 2017

Los senadores de PNV reclaman al Gobierno nacional que pida perdón por el bombardeo de Guernica. Lo primero que llama la atención es que el PNV de 2017 considere legítimo al bando nacional mientras libraba una guerra contra el Gobierno del que formaba par
Seguir a @pfbarbadillo

Desde hace unos 200 años, España marcha con retraso en los grandes movimientos políticos y culturales europeos. Uno de las manifestaciones de ese retardo es el trato que reciben las víctimas de las grandes convulsiones del siglo XX. Durante gran parte del régimen franquista los muertos inocentes del bando del Frente Popular no existieron en el discurso público, olvido que fue atenuándose en sus últimos años. Hoy el Gobierno español y todos los gobiernos autonómicos han eliminado de la historia oficial a las víctimas de la izquierda y los nacionalistas desde 1934 hasta los estertores del maquis.

Este comportamiento es propio de la desaparecida URSS. Los soviéticos no sólo borraron –al menos durante unas décadas- a sus víctimas de la historia y sus vergüenzas (se reprimió hasta el hecho de que los alemanes bombardearon Moscú), sino sus genocidios. Stalin consiguió que los demás aliados aceptasen condenar a los alemanes por la matanza de polacos en Katyn. En las décadas siguientes, los comunistas y sus ‘compañeros de viaje’ llamaban neo-nazis a quienes acusaban a los soviéticos de haber asesinado a 22.000 militares polacos.

Moción en el Senado del ‘Grupo Vasco’
Por obra de la Ley de ‘memoria histórica’, ya es oficial que las instituciones sólo recuerden a un sector de víctimas de la guerra civil. Una democracia, que por definición incluye y representa a todos los ciudadanos, se está comportado como el franquismo, a fin de cuentas un régimen legitimado por la victoria militar en una guerra civil y una dictadura. En el Senado del Reino de España vamos a asistir al último episodio de este sectarismo.

Llama la atención es que el PNV de 2017 considere legítimo al bando nacional mientras libraba una guerra contra el Gobierno del que formaba parte hace 80 años.

Los senadores de PNV, a los que desde la constitución de las Cortes de 1977 la mesa les permite llamarse en el Senado y el Congreso Grupo Vasco, como si no hubiera otros parlamentarios vascos, sigue dando la tabarra con el bombardeo de Guernica para alimentar el victimismo y su peculiar superioridad. Cuando no reclama el traslado del cuadro Guernica a Guernica (curiosamente el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, lo calificó de "birria"), reclama que el Gobierno nacional pida perdón por el ataque aéreo de abril de 1937.

La moción, que se debatirá esta semana, propone que el Senado inste al Estado español a que reconozca la "responsabilidad del Estado" en el bombardeo de Guernica y "muestre sus disculpas al pueblo de Guernica por todo el sufrimiento injustamente causado". Lo primero que llama la atención es que el PNV de 2017 considere legítimo al bando nacional mientras libraba una guerra contra el Gobierno del que formaba parte hace 80 años. Aunque semejante delirio es comprensible, porque las organizaciones alavesa y navarra del PNV expresaron su respaldo al 18 de julio.

Bien podría el PNV predicar con el ejemplo y pedir disculpas por su responsabilidad en las matanzas de casi 230 presos indefensos ocurridas en Bilbao el 4 de enero de 1937 y que superan en mucho los muertos en Guernica, que una asociación local calcula en algo más de 150.

Las matanzas silenciadas
Y es que en Guipúzcoa, donde los rebeldes fueron derrotados por las milicias de izquierdas en el sitio del Cuartel de Loyola, y Vizcaya, donde no hubo más que unas escaramuzas, se produjeron diversas matanzas de civiles y prisioneros bajo custodia.
El PNV podía predicar con el ejemplo y pedir disculpas por su responsabilidad en la matanza de casi 230 presos indefensos ocurrida en Bilbao en enero de 1937.

En San Sebastián, ocupada por las tropas del general Mola el 13 de septiembre de 1936, las izquierdas y los penevistas tuvieron tiempo de ‘ajustar cuentas’. Por ejemplo, fueron asesinados Joaquín Beunza Redín, jefe de la Minoría Vasco-Navarra en las Cortes Constituyentes, en la que participó el PNV, y partidario de conceder el voto a las mujeres; Víctor Pradera, pensador tradicionalista y ex diputado, al que no sirvió de nada su inmunidad como miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República; y el hijo de éste, Javier Pradera, no implicado en política.

A Víctor Pradera le hizo detener y encarcelar en Ondarreta el consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, Telesforo Monzón (peneuvista que en la Transición se pasó a Herri Batasuna), al que Pradera había ridiculizado como maketo según la doctrina de Sabino Arana.

En Bilbao, cientos de implicados en el alzamiento y simples sospechosos fueron detenidos por orden del gobernador civil, José Echevarría Novoa (Izquierda Republicana) y los milicianos. Se les encerró en dos barcos-prisión: el Cabo Quilates y el Altuna Mendi, anclados en la ría (posteriormente, llegó de San Sebastián el Arantzazu Mendi con más presos).

Con la excusa de los bombardeos sobre la población civil (los primeros bombardeos aéreos y navales sobre objetivos civiles en la guerra los ordenó el Gobierno del Frente Popular) y en violación de todas las leyes de guerra, los milicianos socialistas, comunistas y anarquistas y la marinería del acorazado Jaime I asesinaron a 125 personas entre finales de agosto y finales de octubre. Además, el 25 de septiembre, después de un bombardeo sobre Durango, los milicianos del Batallón Rusia (JSU) sacaron de los calabozos de esta villa a 22 detenidos y los fusilaron sin juicio en el cementerio local.

De los barcos-prisión a cárceles en tierra
Después de negociar simultáneamente con el Gobierno de Madrid y con Mola para vender su apoyo, lo que quedaba del PNV optó por el Frente Popular, que le daba más. El 7 de octubre se formó el Gobierno vasco, de coalición de todos los partidos y presidido por José Antonio Aguirre; las competencias de Policía las asumió la Consejería de Gobernación, dirigida por el ya citado Monzón, y las de Justicia (y Cultura) la Consejería de Jesús María de Leizaola. Los tres citados eran del PNV.

Los presos supervivientes y los que iban llegando fueron traslados a cuatro cárceles en Bilbao, la provincial de Larrínaga, y otras tres improvisadas: el convento de El Carmelo, el convento de los Ángeles Custodios y la Casa Galera. El PNV, que siempre se sintió incómodo con sus aliados de izquierdas (de los mercados bursátiles que había en España sólo permaneció abierto el de Bilbao y una vez perdida Vizcaya negoció la rendición de sus tropas en Santander con los fascistas italianos), empleó los presos para canjes con otros en poder del enemigo.

El avance de las tropas de Mola se detuvo en septiembre de 1936 y el frente, en la linde entre Vizcaya y Guipúzcoa (Ondárroa bajo control de los nacionales y Eibar bajo el de los republicanos), se convirtió en estático. La única operación militar hasta marzo de 1937 fue la ofensiva de Villarreal, con la que Aguirre y el general Llano de la Encomienda querían romper el frente sur y amenazar Vitoria, acabó en desastre.

Las novedades se producían en el mar y el aire, y en tierra la delirante construcción del Cinturón de Hierro, que no sirvió para nada.

La incompetencia del Gobierno vasco
El 4 de enero de 1937 a las 3 de la tarde se produjeron una batalla aérea sobre la zona de Bilbao y la ría entre las dos aviaciones y un bombardeo en el que murieron sólo cinco personas. La caza republicana abatió un trimotor de la Legión Cóndor; dos pilotos alemanes se pudieron lanzar en paracaídas sobre Bilbao y mientras uno fue capturado vivo el otro fue linchado.

A continuación una multitud encabezadas por oficiales y soldados de los batallones Malatesta de la CNT y Castilla de las JSU se dirigió ‘espontáneamente’ a las cárceles. La primera en ser asaltada fue la de Larrínaga, donde la chusma penetró gracias a que dos funcionarios abrieron los rastrillos. Allí los asaltantes mataron a los presos que encontraban en las celdas y la enfermería. En total murieron 55 personas.

Lo primero que hizo el Gobierno de Aguirre fue prohibir que la prensa de Bilbao publicase noticias sobre la matanza.

En El Carmelo, aunque también los funcionarios desleales abrieron las puertas, los presos, casi 1.500, entre los que había numerosos militares, organizaron una defensa y rechazaron a los sicarios. Sólo murieron siete presos.

En los Ángeles Custodios se produjo la mayor matanza ese día, pero la cometieron miembros del batallón Asturias, de la UGT, al que la Consejería de Gobernación había pedido ayuda. Una vez dentro del convento, los socialistas asesinaron a los presos en sus celdas y a otros los fusilaron de cinco en cinco en el patio. Los caídos fueron 109.

La matanza de la Casa Galera también la cometió el batallón Asturias: 53 personas. La mortandad habría sido mayor si el director de la cárcel no hubiera abierto una puerta trasera por la que escaparon muchos presos.

En las cuatro cárceles los cadáveres fueron saqueados, hasta el punto de que algunos de ellos aparecieron con los dedos cortados para robarles los anillos.

Lo primero que hizo el Gobierno de Aguirre fue prohibir que la prensa de Bilbao publicase noticias sobre la matanza. A la semana siguiente, la Consejería de nombró un juez especial, Julio Jáuregui, que en marzo dictó autos de procesamiento y prisión contra más de un centenar de participantes en las matanzas. El Gobierno que se llamaba a sí mismo legítimo no juzgó a nadie. Los nacionales entraron en Bilbao el 19 de junio siguiente.

Después de 40 años de autogobierno, ya no queda ningún monumento o acto que recuerde esta matanza.

Uno de los supervivientes del asalto a la cárcel del Carmelo fue Javier Ybarra de Bergé (1913-1977). Cuando el Gobierno vasco, la Gudaroste y las milicias de retiraron de Bilbao ante el empuje de los nacionales, cuya punta de lanza eran las Brigadas de Navarra, formadas por requetés, se les llevaron él y a otros encarcelados en dirección a Santander. Temiendo ser asesinado, huyó en Trucíos el 21 de junio; el 12 de julio estaba encuadrado en un batallón en la IV Brigada de Navarra; y en agosto de 1938 una herida en el frente del Ebro le causó una cojera permanente. En la posguerra desempeñó varios cargos empresariales y también políticos. Quien había sobrevivido a la guerra, como preso y como combatiente, murió a manos de los terroristas. Unos etarras le secuestraron en su casa el 2º de mayo de 1977; el cadáver de Javier Ybarra se halló el 22 de junio, después de las elecciones generales celebradas el día 15.

Jueces denuncian la presión de la Generalitat sobre los funcionarios para que apoyen a Mas
Califican la manifestación de apoyo como una "romería" para intimidar al tribunal
Europa Press lavozlibre 7 Febrero 2017

Madrid.- La sección catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura ha advertido en un comunicado que la Generalitat de Cataluña ha empleado su "posición de preeminencia" sobre los empleados públicos para pedir públicamente que participaran en las concentraciones ante el Palacio de Justicia en apoyo al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N.

Dos asociaciones de jueces han calificado este lunes la manifestación como una "romería" dirigida a intimidar al tribunal encargado de juzgarles. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura Celso Rodríguez, ha criticado la actuación, y ha recordado este tipo de acciones "que intentan influir en el ejercicio de la jurisdicción de un tribunal" no resultan concebibles en un Estado de Derecho.

"Esto es un intento de presión", ha asegurado rotundamente Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria que ha advertido a los concentrados que deseo y realidad no van de la mano en esta ocasión. "Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se va a conseguir", ha señalado y destacado que el tribunal no cederá al chantaje moral. Ambas asociaciones han recordado que los tres acusados se sientan este lunes en el banquillo de los acusados después de un proceso de instrucción que ha contado con todas las garantías.

Gozan -han dicho- de su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Por ello, este rechazo público, ya habitual en decisiones judiciales que atañen a Cataluña y su desafío independentista, ahonda en la falta de respeto y resulta inadmisible, han dicho. Para Prado la manifestación recuerda a la "romería habitual" y es intolerable. La Francisco de Vitoria ha reclamado, además, el apoyo "moral e institucional" del Consejo General del Poder Judicial en defensa de los magistrados y contra este tipo de injerencias en su independencia.

La sección de Cataluña de la APM ha denunciado, además, en su nota la "tergiversación del objeto del juicio" y destacado que no es, como interesadamente se ha repetido una y otra vez, "ni un juicio a la democracia ni un juicio por poner la urnas el 9N de 2014, sino la acusación por desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional y por prevaricación administrativa en cuanto a las decisiones adoptadas, dirigida por el Ministerio Fiscal y diversos colectivos contra las tres personas antes mencionadas. Rechaza así expresiones como "juicio político", "juicio a la democracia" o "juicio franquista auspiciado por un GAL político", dirigidas, en su opinión a deslegitimar la actuación del Poder Judicial con carácter previo a la adopción de su decisión.

AMONESTACIÓN DEL TRIBUNAL
La manifestación de apoyo a los acusados ha perturbado el inicio de la vista oral, que ha comenzado con un retraso de media hora. Según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el tribunal encargado de juzgarles puede amonestar a los acusados si considera que su actitud ha supuesto una perturbación del orden del juicio. Según recoge la norma en su artículo 191 y posteriores, los que perturbaren la vista de algún proceso pueden ser amonestados en la vista por quien presida. El presidente del tribunal puede, también, aplicar multas si considera que se ha faltado a la consideración, respeto y obediencia debida.

Fracasa en su intento de librarse de una multa por estar en gallego
La conductora recurrió la sanción alegando que la tramitación en gallego le había generado indefensión
López Penide. Pontevedra / la voz  7 Febrero 2017

Recurrió una multa de la Policía Local de Pontevedra por estacionar indebidamente en la ciudad y alegó, entre otros motivos, que la tramitación administrativa de la misma se había realizado en gallego, una circunstancia que consideraba le había generado indefensión. Tal argumento acaba de ser descartado de plano por la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra, quien ha confirmado los 100 euros de multa impuestos en la ciudad del Lérez.

La denuncia se cursó en junio del 2015 y en ella se hizo constar que era como consecuencia de una infracción a la hora de aparcar en una zona no autorizada del casco urbano. Disconforme con la sanción, la propietaria del vehículo, en un primer momento, interpuso ante la concejalía de Protección Cidadá, de la que depende el Negociado de Multas de Tráfico, un recurso que fue rechazado, lo que determinó que decidiese acudir a la vía judicial.

Fue entonces cuando argumentó ya no solo que «se causa indefensión porque la denuncia y el expediente se tramitaron en gallego», sino que llegó a sostener que «los hechos no son ciertos». Asimismo, mantuvo que existió «vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva, que se vulneró el principio de responsabilidad, que no se aportó al expediente el documento gráfico que acreditaba la infracción, que había falta de motivación de la resolución recurrida y que se produjo indefensión, y que había falta de tipicidad en los hechos denunciados».

Sin fundamento
Frente a tal retahíla de argumentos, la magistrada pontevedresa «rexeita, á vista do expediente, todas e cada unha das queixas da actora», resaltaron ayer desde el Concello de Pontevedra. «Non tiñan maior fundamento», añadieron al respecto los servicios jurídicos municipales.

La sentencia ha sido declarada firme tras haber sido desestimado el recurso de la conductora. En este punto, en el seno del Concello destacaron que la decisión judicial ha venido a confirmar la actuación municipal impugnada, es decir, puesta en duda por la conductora.

 


Recortes de Prensa   Página Inicial